El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defendido el diálogo y la negociación para abordar la situación política de Cataluña, y ha garantizado: "El futuro de Escocia lo decidirá el pueblo escocés, y el futuro de Cataluña, igual".

"Las aspiraciones de Cataluña no se pueden resolver sólo con el Gobierno español rechazando todas las propuestas, así que tenemos que negociar", ha añadido en una entrevista al periódico escocés 'The Herald' realizada en el marco de la XXVI Cumbre del Clima de la ONU --COP26-- en Glasgow, a la que asistió Aragonès.

El presidente del Govern, que el domingo se reunió con la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha destacado: "Si nuestra experiencia puede ser útil para cualquier otra nación, estamos felices de compartir nuestros pensamientos y experiencia".

Sobre la posibilidad de que Escocia convoque otro referéndum de independencia, tras el de 2014, Aragonès ha garantizado que "decida lo que decida el pueblo escocés, Cataluña apoyará a Escocia", y ha agradecido el apoyo que ve de los escoceses hacia Cataluña, también durante el 1-O.

Y ha querido expresar su agradecimiento por la "solidaridad del pueblo escocés cuando el Tribunal Supremo decidió el encarcelamiento" de dirigentes independentistas ahora indultados, y ha asegurado que solo tiene palabras de gratitud para los escoceses.

CAMBIO CLIMÁTICO

Ha apostado por colaborar con el Gobierno de Sturgeon, ya que considera que sus políticas sociales y su compromiso contra el cambio climático lo convierten en un "referente para todos los gobiernos progresistas de las naciones sin Estado".

Así, Aragonès ha explicado que en la reunión abordaron no sólo la situación política de ambos territorios, sino también ámbitos en los que Escocia ejerce "un fuerte liderazgo" y problemáticas compartidas, como la transformación de sectores económicos.

El senador del Partido Popular, Francisco Cañizares, ha recordado este martes que el PP-CLM sigue a la espera de que el jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, responda a la petición del presidente regional del PP, Paco Núñez, para abordar de manera conjunta un nuevo modelo de financiación autonómico para nuestra tierra.

Así se ha pronunciado Cañizares, en rueda de prensa, donde ha asegurado que el resultado final de esta reunión pasa por que Castilla-La Mancha tenga una financiación adecuada acorde con su situación actual.

De esta manera, ha señalado que el PP regional "no se fía de las negociaciones de García-Page, ya que se necesita un nuevo modelo de financiación que compense "el destrozo" que hicieron los socialistas en tiempos de Zapatero.

En este sentido, "espera" que García-Page tenga un hueco "entre foto y foto" y llame al PP para hablar sobre la estrategia que se va a seguir de cara a esta negociación, ya que son muchos los factores a tener en cuenta, y ha avisado que "no nos vamos a dejar engañar" porque ya "conocemos el truco de los socialistas".

Asimismo, Cañizares ha insistido en que Paco Núñez ha ofrecido una colaboración "sincera y contundente" en defensa de los intereses de Castilla-La Mancha, pero ha advertido que "no se trata de un cheque en blanco", puesto que ya nos la jugó con el modelo de financiación actual en el que perdemos mil millones de euros al año.

El dirigente popular ha señalado que "esto no puede volver a suceder", y que, por ello, el PP regional ha mostrado su ofrecimiento para defender los intereses de esta tierra, pero, exigiendo, a su vez, conocer qué dinero va a recibir esta región. Un dinero, ha recalcado, que es muy necesario para destinarlo a educación y sanidad, para recuperar población en el mundo rural, para infraestructuras, y para nuestra agricultura y ganadería.

Por todo lo anterior, Cañizares ha destacado que el PP-CLM sigue a la espera con total sinceridad y claridad y que, si García-Page está en esta dinámica de defender los intereses de los castellanomanchegos va a tener toda la colaboración de Núñez para trabajar juntos por un sistema de financiación justo para esta tierra.

Por otra parte, ha lamentado que el PSOE esté más preocupado por incrementar el número de diputados y de políticos en las Cortes que en ayudar al tejido productivo de la región, ya que, así quedó demostrado en su pasado Congreso regional en el que se aprobó un texto para reformar la Ley Electoral.

Frente a ello, ha dicho que el PP está en contra de que el dinero termine en políticos, ya que queremos que ese dinero se invierta en la sociedad castellanomanchega y al servicio de los ciudadanos para ayudar a los sectores económicos que tan mal lo están pasando, como el sector agroalimentario.

La Plataforma por la Libertad de Información (PLI) presentará este miércoles un escrito en el Congreso de los Diputados reclamando a los grupos parlamentarios una derogación "amplia" de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como 'Ley Mordaza', porque consideran que la reforma que se plantea es "muy limitada y no resuelve la amenaza que esta norma representa para la libertad de expresión y de información".

Desde la Plataforma lamentan que "los artículos más lesivos de esta norma se van a mantener permitiendo que se sigan recortando derechos fundamentales en vía administrativa en base a conceptos difusos, sin las suficientes garantías y sin la exigible intervención judicial".

Así, destaca que las multas contra periodistas, manifestantes o artistas han sido principalmente por "desobediencia a la autoridad" o "faltas de respeto", dos artículos que "podrían mantenerse y que no se encuentran entre los que han sido revisados por el Tribunal Constitucional que ya declaró inconstitucional el artículo 36.23 sobre la autorización para captar imágenes a la Policía".

La PLI denuncia que "conceptos genéricos como desobediencia a la autoridad o faltas de respeto son inaceptables para recortar derechos fundamentales, según los estándares internacionales".

Según recoge la Plataforma en su última memoria anual, "el artículo 37.4 sobre faltas de respeto a la Policía fue el tercer motivo de sanción (solo tras consumo/tenencia de drogas en vía pública y tenencia de armas), con un total de 18.687 multas con una cuantía total de 2.813.790 euros".

Le sigue, según indica, "el artículo 36.6, sobre desobediencia o resistencia o negativa a identificarse, que representó, en 2019, 12.645 sanciones con una cuantía de 7.787.554 euros (615 euros multa media), mientras que el artículo 36.23, que fue declarado nulo, provocó 'solo' 38 sanciones por 25.036 euros (660 euros es la cuantía de la multa media)".

Junto con las sanciones, la PLI también señala "otro problema grave" de la Ley: "el principio de veracidad de los agentes y que ha tenido consecuencias muy graves". En concreto, pone como ejemplo el caso del reciente juicio contra el fotógrafo de El País, Albert García, cuya detención y posterior acusación fueron denunciadas por la PLI y otras organizaciones de periodistas.

La PLI señala que sus quejas por las sanciones en aplicación de esta Ley han sido recogidas en los informes anuales del Defensor del Pueblo y destaca que ha logrado que algunas de estas multas a periodistas sean revocadas o suspendidas.

Por todo ello, se dirige a los grupos parlamentarios para subrayar que "los límites al ejercicio de derechos fundamentales, como es la libertad de información, deben de ser establecidos, interpretados y aplicados de forma restrictiva".

Estas carencias también las elevó la PLI ante Naciones Unidas en un informe impulsado por la Plataforma y presentado ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en el marco del tercer Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU a España. Las conclusiones de este examen, según precisa, incluían una veintena de advertencias sobre libertad de expresión.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, cerrará el 14 Congreso del PSPV-PSOE este domingo en Benidorm. El cónclave de los socialistas valencianos tendrá como lema 'Per a la majoria, la nova via valenciana' y el secretario general, Ximo Puig, revalidará su cargo por tercera vez.

Así lo ha explicado el secretario de Organización, José Muñoz, en una rueda de prensa que ha ofrecido este martes para presentar las líneas generales y el programa del cónclave. Tras confirmarse este lunes que repetirá en su cargo, Muñoz ha defendido que este Congreso estará "basado en la unidad" y contará con "la mayor participación de la historia del socialismo valenciano".

En concreto, habrá 475 delegados, de los que 17 vienen por las sectoriales; 21 de Joves Socialistes y 10 de Izquierda Socialista. Además, se contará con unos 900 invitados.

El Congreso se celebrará entre el viernes y el domingo en el Gran Hotel Bali, aunque el jueves habrá un homenaje al exalcalde de Benidorm, Agustí Navarro en el Centre Social la Torreta. Dentro de las instalaciones del hotel se instalarán tres espacios: el Espai Mediterrani, que acogerá las charlas y actividades complementarias; el Espai Maria Cambrils, donde se celebrará el plenario, y el Espai Willy Brandt, donde habrá entrevistas. Los actos de "retrobament" al final del día se celebrarán en 'La Plaça', en el exterior.

El viernes por la tarde intervendrá el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, junto a la exministra Leire Pajín. Este será el último acto del Espai Mediterrani del viernes. La jornada comenzará con un foro sobre turismo y con el Consell Territorial 'La veu de les comarques'.

Por la tarde, se inaugurará la exposición 'Origens socialistes', sobre los 135 años del socialismo valenciano y se celebrará la charla 'Paraula de secretari general', con los anteriores líderes del PSPV-PSOE. A las 20.30 horas, en la Plaça, habrá un homenaje a los 50 años de la canción 'Mediterráneo'.

El sábado será la jornada de trabajo en las comisiones y arrancará con el informe de gestión del secretario general, Ximo Puig. La ministra de Ciencia, Diana Morant, y la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, abrirán y cerrarán la sección de 'Saludos fraternales', donde también intervendrá el líder de la CEV, Salvador Navarro, y representantes de los sindicatos.

Durante el día habrá entrevistas en el Espacio Willy Brandt. En el Espai Mediterrani se celebrará un foro municipalista, y otros foros sobre Sanidad, Trabajo y Sostenibilidad. Las comisiones, que tratarán estos mismos temas y los estatutos, arrancarán a las 17.00 horas y la votación del dictamen se producirá a las 20.30 horas.

A primera hora del domingo se votarán los órganos nacionales del PSPV-PSOE, y se proclamarán los resultados a las 11.30 horas, justo antes de las intervenciones de Puig y Sánchez. Está previsto que el domingo asistan el secretario de Organización, Santos Cerdán, y la ministra de Educación, Pilar Alegría.

El recinto en el que se celebrará la clausura tiene capacidad para 1.300 personas, aunque Muñoz ha apuntado que se podría ampliar fuera en caso de que haya más asistentes. No obstante, ha remarcado que "no es un mitin en un sentido estricto".

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Santa Cruz de Tenerife a un ciudadano chino de 42 años, administrador de varias empresas, que importaba productos falsos de China para la venta en los establecimientos que regentaba.

La investigación de la Policía Nacional se inició tras tener conocimiento, a través de la autoridad judicial, de la posible existencia de un establecimento en la capital tinerfeña que comerciaba con productos falsificados a una escala importante, una operación iniciada por la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, que realizó hasta un año de seguimiento.

Los policías nacionales, durante la investigación, determinaron que en el citado comercio existían más de 123.000 productos falsos debido a su ausencia de etiquetado y otras características.

Eran, principalmente, juguetes, textiles y perfumes que aparentaban ser productos de marcas prestigiosas. Los artículos, en el mercado, alcanzarían un valor cercano a 2 millones de euros.

Los policías nacionales detuvieron a un ciudadano chino de 42 años como presunto autor del delito contra la propiedad industrial que habían investigado.

Este individuo tomaba ciertas medidas de seguridad dado que, si sospechaba que era investigado por sus actividades, las cesaba para intentar evitar las consecuencias que se pudieran derivar para su persona y bienes.

Las actuaciones han sido realizadas por policías nacionales de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife.

Un total de 11 víctimas de la Guerra Civil han sido confirmadas entre los restos que han sido analizados hasta ahora en la segunda fase de excavaciones de Son Coletes.

Según ha informado Conselleria de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática este martes en nota de prensa, a las tareas de excavación y exhumación que se están llevando a cabo en Son Coletes, en el municipio de Manacor, se ha añadido estos días la tarea del equipo de antropología, que ha empezado a analizar algunos de los restos dispersos localizados en la zona ajardinada al oeste del antiguo cementerio, la llamada zona 4 de intervención por parte del equipo de Aranzadi y ATICS.

A día de hoy, ya se ha hecho un estudio previo sobre la primera concentración de restos en posición secundaria que se localizó los primeros días en la zona 4. El análisis indica que estos restos corresponden a un número mínimo de 41 individuos adultos, de los que nueve presentan claras lesiones perimortem. A estas nueve víctimas, hay que sumar los restos de dos más, descubiertas recientemente en la misma zona, cerca de las criptas. Los restos de estos 11 individuos presentan evidencias claras de lesiones por arma de fuego.

Mientras tanto, la máquina retroexcavadora ya ha comenzado las tareas para rebajar el pavimento de la zona del pasillo, donde se ha documentado que las fosas descubiertas en el pasado año 2020 tienen continuidad. Ahora se tienen que excavar, a la espera de localizar nuevos restos relacionados con la Guerra Civil, como ya pasó en la primera intervención.

VISITAS GUIADAS Y CONEXIONES EN DIRECTO

La Secretaría Autonómica de Sectores Productivos y Memoria Democrática ha decidido repetir la experiencia iniciada en Porreres y acercar a los familiares de las víctimas y a la población en general la segunda fase de excavaciones en Son Coletes a través de un servicio de retransmisiones en directo, que se podrá seguir desde el canal de YouTube de la Vicepresidencia y Conselleria de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática.

Estas conexiones, en las que participarán los responsables de Memoria del Govern y los miembros del equipo técnico, servirán para conocer la última hora de las excavaciones y permitirán, a la vez, formular preguntas en directo a través de WhatsApp (teléfono 650 40 25 27). Las conexiones se llevarán a cabo a las 16.00 horas los días: jueves 11 de noviembre, viernes 26 de noviembre y viernes 10 de diciembre.

La Dirección General de Memoria Democrática también trabaja en colaboración con el Ayuntamiento de Manacor en la organización de visitas guiadas en fin de semana, abiertas a la población en general y con especial atención a los familiares. El objetivo es difundir entre la población cómo trabajan en una fosa de víctimas de la Guerra Civil los arqueólogos, los antropólogos y los forenses.

La divulgación de estas actuaciones tiene otro pilar fundamental, que conecta con el mundo educativo. Por eso, la Dirección General de Memoria Democrática, con la colaboración de la Conselleria de Educación y Formación Profesional, ha invitado a los institutos de Mallorca a participar en las visitas guiadas a Son Coletes, para que los estudiantes de primero y segundo de bachillerato conozcan de primera mano las tareas que se hacen en una fosa, de la mano del equipo técnico de Aranzadi y ATICS.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido que la regulación laboral se aborde con rigor, al tiempo que ha apelado al diálogo social para generar empleo y adaptar la formación a las exigencias del mercado.

Lo ha hecho en la presentación de la Axenda Galega de Capacidades para o Emprego, en un acto celebrado en la sede de Afundación con la presencia de representantes de distintos sectores y de la conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana.

En su intervención, ha insistido en la necesidad de "acertar" con la formación laboral y, en este objetivo, situó la Axenda Galega de Capacidades para o Emprego que busca "sincronizar la oferta y la demanda". Entre sus objetivos, ha citado formar a los trabajadores para una economía en transformación; reforzar la implicación de los agentes públicos y privados y crear trabajadores preparados para las exigencias del mercado.

Todo esto se abordará en mesas de trabajo, con la previsión de poner en marcha las medidas de manera definitiva en la primavera del próximo año, según avanzó el presidente de la Xunta, quien apeló a la importancia del "diálogo social" y "reforzar la implicación" de los agentes públicos y privados.

El acto lo aprovechó también para demandar una transición energética justa, que no ponga en riesgo, ha expuesto, 16.500 empleos de la industria gallega. Además, ha pedido que la regulación laboral se aborde con rigor, "construyendo la salida de esta transición mundial que estamos viviendo las economías occidentales". Mientras, rechazó una política económica basada en "mayor" rigidez laboral y en subidas de impuestos.

ESTRATEGIA INTEGRAL

Por su parte, la conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, ha explicado que, a través de esta iniciativa se busca "una estrategia integral para mejorar las cifras de desempleo". "Es una propuesta centrada en nueve mesas de trabajo en nueve ámbitos estratégicos", ha apuntado.

Con ellas, ha apostillado, se busca elaborar propuestas de cara al impulso de acciones formativas que permitan el desarrollo de nuevas competencias en materia de empleo.

Se trata de una iniciativa que cuenta con el respaldo de las instituciones europeas "y de agentes sociales y económicos con el objetivo de alcanzar un empleo de calidad a través de la formación", ha recalcado también.

Al hilo de ello, ha considerado necesario diseñar una nueva oferta formativa en Galicia, con la colaboración del sector empresarial e interlocutores sociales. "Esta agenda está llamada a ser un gran pacto social en Galicia para la formación en el empleo", ha sentenciado.

El acusado de agredir sexual y físicamente de dos jóvenes en un aparcamiento tras salir de un local de Magaluf ha negado los hechos y ha asegurado que esa noche estaba cansado y se fue a casa.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma ha celebrado este martes la primera sesión del juicio, que continuará el miércoles. En su declaración, el procesado ha negado que saliera junto a las dos presuntas víctimas del establecimiento y ha insistido en que llamó a su madre para que le recogiera porque no se encontraba bien.

Además, el joven de 22 años ha señalado que la denuncia le sorprendió y ha descrito la situación como "una pesadilla" que le ha generado a él y a su familia "un trauma".

"No he podido salir a la calle solo por miedo a que me hicieran algo y estuve un mes durmiendo con mi madre porque me venía la imagen de los calabozos", ha declarado.

Las dos víctimas también han testificado en la sesión de este martes a puerta cerrada.

UN TESTIGO ASEGURA QUE EL ACUSADO CONSUMIÓ DROGA ESA NOCHE

En su declaración, uno de los testigos citados este martes ha asegurado que una de las víctimas le contó que el procesado consumió cocaína durante la noche de los hechos.

Asimismo, ha añadido que la joven le confesó que habían agredido sexualmente de ella y que en el momento que la vio estaba "en shock y blanca como la nieve", una versión que han ratificado otros testigos, que han indicado que "no querían salir de casa por miedo" días después.

Por contra, los testigos que estuvieron aquella noche con el procesado han corroborado que nada más salir del local se fueron todos a casa y han insistido en que no pudieron perderle de vista más de cinco minutos.

LA FISCALÍA PIDE 15 AÑOS DE CÁRCEL

Atendiendo al escrito del fiscal, los hechos se remontan a septiembre de 2018, cuando supuestamente el acusado se encontró en el local con las dos jóvenes, de 21 años, a las que conocía, teniendo relación de amistad desde hacía varios años con una de ellas.

Al parecer, cuando se acercó a saludarlas, el procesado actuó realizándoles tocamientos e intentando besarlas, a lo que las víctimas mostraron su rechazo.

Posteriormente, el acusado les propuso salir juntos a la terraza y, una vez fuera, supuestamente las agarró del brazo y las llevó al aparcamiento exterior de un hotel de la zona.

El Ministerio Fiscal apunta a que, mientras intentaba besarlas, cogió del brazo a una de ellas y la llevó a un lugar apartado, donde agredió sexualmente de la misma hasta que ésta logró soltarse.

Entonces, el fiscal señala que el acusado se dirigió hacia la otra joven, a quien acabó tirando al suelo de un empujón, colocándose encima con una supuesta intención de agredir sexualmente de ella. Esta última logró también apartarse, hasta que finalmente el joven abandonó el lugar.

El fiscal considera los hechos constitutivos de dos delitos de agresión sexual con agravante de abuso de confianza y de dos delitos de lesiones, que suman penas de hasta 15 años de cárcel.

También piden para él la prohibición de acercarse a menos de 500 metros por un periodo de 11 años de una de las víctimas, que se reduce a cinco años para la segunda, así como la medida de libertad vigilada por un plazo de nueve años.

Con todo, el fiscal pide que indemnice a las víctimas con 25.000 y 2.000 euros respectivamente, por las lesiones y perjuicios sufridos.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 63 años dos días seguidos por enfrentarse a los agentes que habían acudido a distintos bares de Gijón alertados por clientes y encargados a los que esta persona estaba molestando.

A las 22.45 horas del domingo los policías fueron requeridos por los clientes de una sidrería porque un hombre estaba lanzando gel hidroalcohólico a todos los presentes mientras alegaba que lo hacía para que estuvieran limpios porque dentro olía muy mal.

A los que protestaban los insultaba e increpaba generando malestar en el local. Los policías que acudieron al lugar mediaron en el conflicto generado por este hombre, al que convencieron para que saliese del establecimiento y dejase de causar problemas.

Diez minutos más tarde se volvió a recibir otro aviso de otra sidrería cercana porque ese cliente había entrado muy agresivo y había faltado al respeto a los que allí se encontraban. Como el propietario se había negado a servirle la consumición solicitada se había enfrentado a él haciendo ademán de golpearle.

Nuevamente los policías intentaron que se marchara de allí de forma voluntaria y pacífica pero en esta ocasión comenzó a insultarles y hacerles burla repitiendo las mismas frases que ellos decían a la vez que hacía gestos obscenos a la componente femenina de la patrulla policial.

Ante esta actitud desafiante se procedió a tramitar un acta de sanción por falta de respeto y consideración a un agente de la autoridad pero en lugar de firmarla intentó golpear en la cara al policía que estaba formalizando la denuncia. Por estos hechos fue detenido como autor de un delito de desobediencia grave a agente de la autoridad.

El arrestado había salido en libertad ese mismo día tras haber pasado a disposición por haber cometido hechos similares el día anterior. En la tarde del sábado había causado problemas en un bar de la Avenida Schulz y en ese estado de gran excitación, había propinado un codazo en el estómago a uno de los agentes que había acudido a calmar la situación, por lo que había sido detenido por atentado a agente de la autoridad.

Además de estas detenciones el detenido, vecino de Gijón de 63 años de edad tenía antecedentes por malos tratos en el ámbito familiar.

El nuevo Reglamento de Extranjería, que permite que los jóvenes migrantes tutelados no se queden sin papeles al alcanzar la mayoría de edad y puedan acceder a un empleo, ha entrado en vigor este martes, 20 días después de la publicación del Real Decreto que modificaba la ley anterior, en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La reforma se aprobó en el Consejo de Ministros, a petición del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el pasado 19 de octubre. El titular de la cartera, José Luis Escrivá, ha comentado este martes, en su cuenta de Twitter, que el nuevo Reglamento "homologa la norma española con la de países del entorno".

"Hoy entra en vigor esta importante reforma del reglamento de extranjería, que favorece la inclusión de los menores extranjeros y los jóvenes extutelados", ha añadido el ministro en su mensaje.

La reforma afectará a 15.000 personas, 8.000 de ellas, menores migrantes no acompañados y 7.000 jóvenes de 18 a 23 años.

Con esta nueva normativa, se modifica el artículo 196 del reglamento de extranjería para simplificar el procedimiento de documentación cuando son menores. Así, se reduce el plazo para acreditar la imposibilidad de retorno de 9 a 3 meses. Cuando se superen esos tres meses, las oficinas de extranjería documentarán de oficio a estas personas sin que este procedimiento interfiera en una posible repatriación. No obstante, si la repatriación procediera, se extinguiría la autorización concedida.

También se incrementa la vigencia de la autorización inicial de uno a dos años y de la autorización de renovación a tres años. Además, se exime de la exigencia de acta notarial para la cédula de inscripción y se sustituye por un informe de la entidad de protección de menores. Finalmente, se consolida que las autorizaciones de residencia habiliten para trabajar cuando el menor alcance los 16 años.

El nuevo Reglamento crea un régimen propio para los menores no acompañados que alcanzan la mayoría de edad. Para aquellos que llegan a los 18 años documentados, se establece un régimen propio sin referencias a residencia no lucrativa, lo que favorece la continuidad de la autorización que tenía como menor.

Por otro lado, se reduce la acreditación de medios suficientes a una cuantía más adecuada (el Tribunal Supremo estableció en el 100% del IPREM el requisito económico para la autorización inicial y del 400% del IPREM en la segunda renovación), se fija como requisito la cuantía máxima de Ingreso Mínimo Vital que se tendría derecho a percibir como hogar unipersonal (470 euros al mes actualmente) y se permite que se computen los ingresos procedentes de un empleo o del sistema social.

En el caso de los menores que llegan a los 18 años sin documentar, se modifica el artículo 198 para establecer un nuevo sistema para documentar a los jóvenes que no lo están al llegar a la mayoría de edad.

Tanto para quienes hayan llegado a la mayoría de edad documentados como sin documentar, se tendrán en cuenta los informes sobre esfuerzo de integración, continuidad de estudios o formación.

Para los jóvenes extutelados de entre 18 y 23 años que se encuentran indocumentados, se pone en marcha un procedimiento para que puedan acceder a la autorización prevista para los menores que llegan sin documentar a la mayoría de edad. De esta forma, se evita que queden en irregularidad sobrevenida y se generen situaciones de exclusión social.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a dos hombres acusados de un delito de malos tratos en el ámbito familiar después de que presuntamente se agredieran de forma mutua y acabaran recibiendo asistencia en un centro médico por las lesiones que presentaban, según ha informado la Jefatura Superior en un comunicado.

La detención de los dos jóvenes, de 22 y 24 años, --que según se ha podido saber eran pareja--, se produjo el sábado por la tarde en un domicilio del distrito del Marítim de València, tras iniciarse una discusión entre ellos, al parecer, por haber subido uno una foto en las redes sociales diciendo que iba a salir de fiesta.

Sobre las 17.00 horas, los agentes fueron comisionados por la Sala del 091 para que acudiesen al domicilio donde estaba produciéndose la pelea sin que pudieran separarles. Los agentes localizaron en la casa a tres personas, los dos hombres y una mujer, hermana de uno de ellos.

Los agentes observaron diversos objetos por el suelo, fracturados, así como manchas de sangre en las paredes y comprobaron que uno de los varones sangraba por la cabeza y presentaba heridas en el tórax y el cuello, mientras que el otro tenía arañazos en pecho, abdomen y cara.

Los agentes se entrevistaron con las tres personas y averiguaron que, momentos antes, los dos hombres habían comenzado una discusión que terminó en agresión por ambas partes, sin que la mujer pudiera mediar entre ellos, por lo que llamó a la Policía.

Por todo ello, los agentes detuvieron a los hombres como presuntos autores de un delito de malos tratos en el ámbito familiar. Ambos fueron atendidos por sus lesiones en un centro médico. Los detenidos, sin antecedentes policiales, han pasado a disposición judicial.

El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha afirmado que, pese a la "presión importante de algunos líderes económicos" para suprimir el Impuesto sobre Patrimonio, en general, el sistema institucional vasco considera que "es necesario" poder disponer de todos los recursos fiscales para atender adecuadamente los programas que se ofertan.

En este sentido, ha remarcado que debe existir "un equilibrio entre la recaudación fiscal y la cantidad y calidad de servicios públicos".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno semanal, Zupiria se ha pronunciado de este modo tras ser preguntado por las peticiones por parte de diversos representantes de la patronal de medidas fiscales para aumentar el atractivo de Euskadi.

El portavoz del Ejecutivo ha eludido entrar "en polémicas" o "responder a nadie". En todo caso, ha subrayado que "el objetivo de Euskadi y de las instituciones vascas es compararse con los países más avanzados del mundo", especialmente con los del norte de Europa, y ha advertido de que, para poder alcanzar el nivel de servicios y prestaciones que esos países ofrecen, "hacen falta muchos recursos públicos".

Zupiria ha recordado que Euskadi "no puede acceder a fondos estatales para financiar esos servicios y programas", sino que se rige por el sistema de Concierto económico y Cupo. Un sistema "solidario", ya que "Euskadi aporta el 6,24% de las cargas generales del Estado, aunque su población sea el 4,5%, y la riqueza que genera el 5% de la que se genera en el Estado", ha remarcado.

El portavoz ha señalado que las instituciones vascas "han tenido últimamente una presión importante de algunos líderes económicos" para que se suprima el Impuesto sobre Patrimonio, pero, en su opinión, "en general el sistema institucional vasco considera que es necesario poder disponer de todos los recursos fiscales que se generan en Euskadi para atender adecuadamente los programas que ofertamos".

PRESUMIR

"Gracias a ellos, podemos presumir --y así lo hacen los ciudadanos vascos-- de contar con un buen sistema sanitario, con un buen sistema educativo o con un sistema de solidaridad como no hay igual en todo el Estado español", ha manifestado.

Por ello, ha considerado que "existe una balanza y un equilibrio, y debe existir, entre la recaudación fiscal y la cantidad y calidad de servicios públicos que se ofrecen desde las administraciones".

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha avanzado, este martes durante su visita al Centro de Educación Especial Son Ferriol, que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) incluirán una partida de 43 millones de euros destinada tanto a los centros de educación especial como a los centros ordinarios con alumnado con necesidades educativas especiales "con el fin de fomentar la educación inclusiva".

En rueda de prensa, Alegría, que ha visitado el centro acompañada de la presidenta del Govern, Francina Armengol, ha destacado también la labor de los profesionales de los centros de educación especial para lograr la autonomía y "felicidad" del alumnado.

La ministra ha remarcado que la dotación presupuestaria, que se distribuirá en un plan de cooperación con todas las comunidades autónomas, busca "posibilitar la educación inclusiva" del alumnado con necesidades especiales: "Se va a traducir en dotar de un personal mejor cualificado, de material adaptado, mejorar la atención temprana y dotar de mejores recursos a los centros".

Durante la visita han estado presentes, entre otros, el conseller de Educación y Formación Profesional, Martí March; la delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo; y el alcalde de Palma, José Hila. Después han seguido el recorrido por el CEE Princesa de Asturias de Marratxí --que es concertado-- y el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Juníper Serra.

La ministra Alegría ha resaltado que cuando programó su visita a Baleares su "primer objetivo" fue visitar estos dos centros de educación especial, el de Son Ferriol y el Princesa de Asturias, para conocer el trabajo que realizaban.

Tras su visita, ha agradecido al equipo directivo del CEE Son Ferriol "el trabajo realizado durante tantos años para convertir el centro en un referente". Así, la ministra ha defendido que la autonomía de estos alumnos se consigue "con mejores mecanismos educativos para garantizar una mayor seguridad para enfrentarse a la vida diaria".

En palabras de la ministra, este centro de educación especial tiene "una experiencia fundamental" para que otras escuelas ordinarias puedan aprender y se posibilite la educación inclusiva.

Aparte de transmitir un mensaje de "apoyo y tranquilidad" a las familias, la ministra de Educación y Formación Profesional ha aseverado que la ley educativa aprobada en diciembre de 2020 trabaja para que "todos los niños estén escolarizados en los centros que mejores recursos tengan para ellos".

Por su parte, la presidenta del Govern, Francina Armengol, ha agradecido a la ministra y su equipo que hayan visitado este centro. Baleares cuenta con 11 centros de educación especial, uno de titularidad pública y los otros diez son concertados.

La dirigente balear ha recordado que una de las primeras visitas que hizo como presidenta de las Islas fue al CEE Son Ferriol, "que en aquel momento necesitaba unas reformas".

Armengol ha destacado la metodología de la escuela, que ha calificado como "muy innovadora" ya que "lucha por desarrollar las capacidades del alumnado" con el objetivo de "conseguir más autonomía".

Aparte de resaltar la apuesta tanto del Govern como del Gobierno en la educación inclusiva, Armengol ha cifrado en 7.500 el número de alumnos con necesidades educativas especiales que tiene Baleares. De estos, el 90% están escolarizados en centros ordinarios, mientras que el porcentaje restante acude a los centros de educación especial.

La Conselleria de Educación y Formación Profesional tiene concertadas 121 aulas de educación especial. Estas aulas se distribuyen en diferentes etapas: cuatro en infantil, 88 en formación básica y 33 en Transición en la Vida Adulta.

Estos conciertos se realizan con 11 centros de educación especial, CEE Son Ferriol Palma (el único centro público de educación especial), CCEE Joan Mesquida (Aproscom) Manacor, CCEE Juan XXIII (Patronato Juan XXIII) Inca, CCEE Mater Misericórdia Palma, CCEE Pinyol Vermell de Aspace Marratxí, CCEE Princesa de Asturias (Asnimo) Marratxí, CCEE Quatre per Quatre (Amadiba) Palma e Ibiza, CCEE Nou Amadiba (Palma), CCEE Sant Josep (Amadiba) y CC La Purísima Palma.

Este año ha sido el primer año que la Conselleria de Educación y Formación Profesional se ha hecho cargo de manera directa del transporte escolar de este tipo de centros, puesto que hasta ahora contaban con una subvención para gestionarlo por su cuenta.

La ministra de Sanidad y secretaria de Sanidad y Consumo de la Ejecutiva Federal del PSOE, Carolina Darias, ha asegurado que el Gobierno está "blindando" la sanidad pública con medidas como la que se impedirá el establecimiento de nuevos copagos sanitarios, para que "nadie tenga que elegir entre ir a la farmacia o al supermercado".

"Estamos blindando nuestra Sanidad pública para que nadie tenga que elegir entre ir a la farmacia o ir al supermercado, se acabó", ha subrayado Darias este martes 9 de noviembre en el acto 'Avanzamos por una Sanidad para todos y todas', que ha tenido lugar en la sede del PSOE, en Ferraz.

La ministra de Sanidad ha explicado que fue Ernest Lluch quien "abrió el camino creando el Sistema Nacional de Salud" que "ha acreditado su fortaleza ante la mayor crisis sanitaria que ha conocido España", la pandemia de la Covid-19.

En cuanto a las lecciones que ha dejado la pandemia, Darias ha destacado: "La importancia de los Estados para dar respuesta a los desafíos globales que exigen una respuesta coordinada y la necesidad de actuar de manera conjunta".

Además, la ministra ha puesto en valor la aprobación este lunes por el Consejo de Ministros del Anteproyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión, que tiene como objetivo, entre otros asuntos, impedir el establecimiento de nuevos copagos sanitarios y que la gestión directa pública sea la "fórmula preferente" en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

"El objetivo de la ley que acabamos de aprobar es seguir fortaleciendo el SNS, consolidar la cohesión, la equidad y la universalidad, y seguir mejorando la calidad de vida de la gente, esa es nuestra razón de ser", ha asegurado.

En concreto, ha detallado que van a "ampliar el derecho a la protección de la salud con cargo a fondos públicos a personas españolas de origen residentes en exterior durante sus desplazamientos temporales a territorio español y a sus familiares"; a "recuperar la cartera única de prestación de servicios" y a "establecer las garantías necesarias para que no puedan volver a introducirse nuevos copagos sanitarios".

Según ha precisado, el Gobierno ha había "eliminado el copago farmacéutico a las personas más vulnerables, a los perceptores del Ingreso Mínimo Vital, a pensionistas de rentas más bajas, a menores con discapacidad reconocida y a las personas con renta baja e hijos a cargo". Asimismo, ha afirmado que van a eliminar el copago ortoprotésico para las personas más vulnerables.

Por otro lado, la ministra de Sanidad también ha destacado la importancia de las vacunas contra la Covid-19, "el arma más poderosa para combatir" la pandemia, y ha puesto de relieve que "España es líder en vacunación". "Las vacunas son un horizonte de esperanza", ha enfatizado, añadiendo que "no solo salvan vidas" sino que "acercan a la normalidad".

Finalmente, Darias ha remarcado la importancia de la orden que publica este martes el Boletín Oficial del Estado, por la que las mujeres lesbianas, bisexuales, trans y sin pareja podrán acceder a las técnicas de reproducción humana asistida en el sistema sanitario público.

La Guardia Civil ha investigado a dos hombres de 21 y 31 años como presuntos autores de un delito de incendio forestal por imprudencia grave ocurrido a la altura del kilómetro 324,500 de la N-340, en el término municipal de Salobreña, en la costa de Granada, el 3 de noviembre, cuando ardieron unas dos hectáreas de monte bajo en la zona conocida como Barranco Alminares.

La patrulla del Seprona de la Guardia Civil de Motril acudió inmediatamente a la zona y se hizo cargo de la investigación del incendio. Los agentes averiguaron que los dos investigados estaban arreglando una carpa de circo y para ello tuvieron supuestamente que "cortar una barra metálica con una radial, una de las chispas prendió el abundante pasto seco que había y el fuego se propagó a gran velocidad por culpa del viento por el barranco".

Como el incendio se produjo cerca del margen derecho de la carretera N-340, fue necesario cortar el tráfico de uno de los carriles hasta que el fuego pudo ser controlado. En la extinción del incendio participaron dos camiones motobomba de los Bomberos de Motril y un retén del Infoca.

La Guardia Civil ha averiguado que también fue una chispa desprendida al cortar una viga metálica con una radial la desencadenante del incendio que se produjo en el paraje el Cortijuelo de Cáñar, en el que ardió una hectárea de monte bajo.

La patrulla del Seprona de la Guardia Civil de Órgiva comprobó que el incendio lo provocó uno de los operarios de la empresa que está haciendo unos trabajos de mejora del trazado en la carretera GR-4201, a la altura del kilómetro 2 y a apenas 300 metros del Parque Natural de Sierra Nevada, por lo que este hombre de sesenta y dos años de edad ha sido investigado como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia grave.

El 95 por ciento de los incendios forestales son provocados por seres humanos, en su mayoría por negligencia. Por ello la Guardia Civil recomienda extremar las precauciones si se va a hacer una quema de restos agrícolas o, como en estas dos ocasiones, si se realizan trabajos que puedan poner en riesgo la vegetación, y abortarla ante la más mínima duda, por ejemplo en un día de viento. Durante la investigación de ambos incendios la Guardia Civil ha contado con la colaboración de los agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

La consejera de Salud del Gobierno Vasco, Gotzone Sagardui, ha alertado de que los "muchos contagios" que siguen produciéndose en esta nueva fase de la pandemia en Euskadi, cuya tasa de incidencia acumulada de covid supera ya los 118 casos por 100.00 habitantes, hace que "crezca el peligro" de que los hospitales se vean afectados, por lo que ha reiterado el llamamiento a que se cumplan las medidas preventivas frente al coronavirus.

En una línea similar, el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, que ha comparecido junto a Sagardui en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha avisado de que con 30 aulas cerradas por casos de covid en toda Euskadi y con una incidencia "que aumenta semana a semana", es necesario mejorar, "en la medida de lo posible", la protección frente a los contagios en el ámbito escolar.

La consejera de Salud ha informado de que la tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días se sitúa en 118,2 casos de covid por cada 100.000 habitantes, nueve puntos más que la cifra de este pasado lunes, mientras que en los hospitales permanecen hospitalizadas 93 personas por coronavirus. Además, 23 enfermos de covid están ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos.

Sagardui ha afirmado que aunque la situación es mejor que la del año pasado por estas fechas, también "podríamos estar mejor". En este sentido, ha alertado de que siguen produciéndose "muchos contagios" y que, aunque por el momento esto no ha ocurrido, "crece el peligro" de que, finalmente, el ámbito hospitalario se vea afectado por este incremento de los casos de coronavirus.

La consejera ha reiterado que el hecho de que el 90% de la población de más de doce años esté vacunada frente a la covid "marca la diferencia" respecto a fases anteriores de la pandemia. En este sentido, ha destacado que una persona no vacunada tiene "cuatro veces más posibilidades" de acabar hospitalizada si contrae la covid que una que sí ha recibido la cobertura vacunal.

Sagardui ha insistido en invitar a vacunarse a quienes aún no lo hayan hecho, y ha explicado que quienes se contagiaron en agosto recibirán próximamente un mensaje telefónico para recordarles que ya pueden recibir la vacuna.

Además, ha explicado que Osakidetza sigue vacunando con terceras dosis a las personas de más de 70 años y a las que padecen determinado grado de inmunodepresión, y ha recordado que desde este pasado lunes se está llamando a recibir una dosis de refuerzo a quienes fueron vacunados con 'Janssen'.

CITAS

La consejera ha informado de que ya se han concedido 28.458 citas para estas personas, y que ya se han administrado 6.356 dosis de refuerzo --de los fármacos de Pfizer o Moderna-- a quienes en su día recibieron la monodosis de Janssen.

Para poder recibir este refuerzo vacunal, es necesario que hayan transcurrido más de tres meses desde la administración de la dosis inicial. En el caso de las personas vacunadas con Janssen que habían pasado la enfermedad antes de recibir el fármaco, ha recordado que "no es necesario" que reciban una dosis de refuerzo.

Por otra parte, la consejera ha reiterado las apelaciones a la prudencia y al respeto de las medidas preventivas frente a la pandemia. En este sentido, y en referencia a la Navidad, ha afirmado que "se aproximan fechas de celebración que todos deseamos festejar".

Según ha indicado, "está en nuestras manos" respetar las medidas --distancia de seguridad, uso continuado de la mascarilla, higiene de manos y ventilación de espacios cerrados-- para evitar un empeoramiento de la situación. "Actuemos hoy para celebrar mañana", ha afirmado.

Respecto a la exigencia de certificados que acrediten la vacunación para poder viajar a otros países, ha recordado que en Europa, quienes hayan padecido la enfermedad y hayan recibido una sola dosis de la vacuna ya pueden desplazarse de un país a otro, si bien otros países también exigen a quienes pasaron la covid se que hayan recibido la doble dosis de la vacuna.

En este sentido, ha recordado que en la web de Osakidetza existe un apartado en el que las personas que se encuentren en estas circunstancias y que "demuestren la necesidad de viajar" pueden hacerlo constar para ser citadas para recibir una segunda dosis.

En su intervención, también se ha referido a la mayor incidencia de la pandemia en Gipuzkoa. Sagardui ha explicado que esto puede deberse al hecho de que en ese territorio se hayan celebrado en las últimas fechas algunas celebraciones "multitudinarias" o eventos que han incrementado la movilidad.

Al igual que viene haciendo en las últimas jornadas, la consejera no ha precisado si el Gobierno Vasco tiene previsto reforzar las actuales medidas preventivas ante el incremento del número de contagios.

CONSECUENCIAS

Sagardui ha recordado que los comportamientos individuales y colectivos "tienen consecuencias", por lo que ha insistido en la importancia de atender a las medidas que siguen vigentes. En este sentido, ha recordado que el Gobierno Vasco ha elaborado unas directrices dirigidas a los ayuntamientos, con el fin de garantizar la seguridad en los eventos que se organizarán en las próximas semanas con motivo de las navidades o de otras celebraciones.

Respecto a la posibilidad de que las cabalgatas, cotillones u otros actos navideños puedan verse afectados por el avance de la pandemia, ha explicado que "lo fundamental es el escenarios que nos vamos a encontrar" una vez lleguen esas fechas. "Actuemos ahora para poder celebrar mañana. Es lo que todos queremos, celebrar, compartir; pero tenemos que revertir esta tendencia al alza en la que lamentablemente seguimos", ha añadido.

La responsable de Salud del Gobierno Vasco también se ha referido al hecho de que Euskadi sea una de las comunidades autónomas que presenta una mayor incidencia acumulada de covid. Sagardui ha subrayado que a la hora de analizar la situación epidemiológica, no solo se ha de atender a un indicador, sino que también deben tenerse en cuenta otras cifras, como las relativas a hospitalizaciones u ocupaciones de camas UCI, en las que --según ha destacado-- Euskadi está en mejor situación que la media estatal.

Asimismo, y en referencia a los ámbitos en los que se están produciendo más contagios, no ha precisado cuáles son los lugares concretos en los que se está registrando esta situación, aunque ha precisado que las infecciones se producen "en los sitios en los que nos relajamos y no cumplimos las medidas preventivas".

Por todo ello, ha explicado que "si fuera necesario", el Gobierno Vasco establecería nuevas medidas, si bien ha insistido en que en la actualidad ya están en vigor medidas que, como el uso de mascarilla, se han demostrado "adecuadas" para evitar la expansión del virus. "No queremos ir hacia otros escenarios; animamos a cumplir las medidas y a que se vacunen todos los que no lo han hecho", ha indicado.

Por su parte, Bildarratz ha informado de que en Euskadi hay 30 aulas cerradas por covid, de las que 20 están en Gipuzkoa (cinco de ellas en Astigarraga), seis en Bizkaia y cuatro en Álava.

El consejero ha recordado que el año pasado por estas fechas había 120 aulas cerradas. No obstante, ha reconocido que es necesario actuar "con mucha prevención y prudencia" en el ámbito escolar, en el que se encuentra el colectivo de menores de doce años para el que, de momento, sigue sin haberse aprobado la vacuna contra la covid.

Bildarratz ha afirmado que es necesario "seguir afinando" las medidas en los centros y aplicar el protocolo establecido para estos espacios. "Vemos que la incidencia en centros escolares va aumentando semana a semana; vamos a protegernos más y mejor en la medida de lo posible", ha dicho.

El Parlament prevé celebrar el pleno en el que votará el proyecto de ley de Presupuestos de 2022 y la ley de acompañamiento el miércoles 23 de diciembre, con la intención de cumplir con el compromiso del Govern de Pere Aragonès de que entren en vigor el 1 de enero.

Fuentes de la Mesa y de la Junta de Portavoces han detallado que, después de que el conseller de Economía de la Generalitat, Jaume Giró, haya entregado el proyecto de cuentas a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, los grupos tienen margen para presentar enmiendas a la totalidad hasta el 22 de noviembre.

El pleno para debatir las enmiendas a la totalidad se celebrará la tarde del lunes 22 de noviembre y, si sigue la tramitación parlamentaria, los grupos podrán presentar enmiendas al articulado hasta el 30.

El pleno del 22 de noviembre empezará a las 14 horas y terminará previsiblemente sobre las 22 horas, ya que ese mismo día por la mañana se celebra el juicio al diputado de la CUP Pau Juvillà por presunta desobediencia cuando era concejal en Lleida, durante la campaña de las elecciones generales en 2019.

CGE

Este calendario puede variar si las cuentas se llevan al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) --algo que pueden decidir dos grupos parlamentarios o una décima parte de los diputados--, que tendría un plazo máximo de un mes para emitir una resolución.

El Govern ha entregado al Parlament el proyecto de Presupuestos sin la ley de medidas fiscales y financieras --conocida como ley de acompañamiento--, que el Ejecutivo catalán prevé llevar a la Cámara durante esta semana, previsiblemente el jueves.

El proyecto de las cuentas ha llegado a la Cámara tras aprobarlo el Govern en el Consell Executiu sin tener garantizados los apoyos suficientes: mantiene a la CUP como socio prioritario, pero las negociaciones con los 'cupaires' siguen sin prosperar, mientras que PSC y comuns se han ofrecido al Govern para abordarlas.

PLENO ORDINARIO

La Mesa y la Junta de Portavoces, en sendas reuniones previas, han abordado también el pleno ordinario de la semana que viene, que se alargará dos días --miércoles y jueves-- en lugar de empezar la tarde del martes, y que incluirá el informe anual del Síndic de Greuges de 2020.

Las mismas fuentes han detallado que los grupos parlamentarios han acordado que, para este pleno, se hará una prueba para agrupar las votaciones de las mociones en bloques: uno por la mañana, y otro por la tarde, en lugar de votarlas una a una y de agruparlas todas al final de la sesión, como se hizo en el pleno de la semana pasada.

Y han entrado al Parlament dos escritos del Tribunal Constitucional (TC), uno de los cuales detalla la información que requiere ante el recurso de amparo interpuesto por el PSC-Units por la delegación del voto en marzo del diputado de Junts Lluís Puig, que reside en Bélgica.

El otro de los escritos del TC trata del recurso de inconstitucionalidad presentado por diputados de Vox en el Congreso contra el decreto para crear un fondo complementario de riesgos de la Generalitat, promovido para pagar las fianzas exigidas por el Tribunal de Cuentas a excargos del Govern por la acción exterior durante el denominado proceso independentista.

El senador y secretario de Organización del PSOE de Guadalajara, Rafael Estaban, ha retado este martes al presidente regional del PP, Paco Núñez, a que en su Congreso Regional y ante la presencia de su líder nacional, Pablo Casado, los 'populares' aprueben dos resoluciones, una reivindicando el fin del trasvase y otra defendiendo una financiación justa para nuestra región.

En rueda de prensa en la sede regional del PSOE, Esteban ha respondido al PP que "a quien tiene que mandar las cartas" hablando de defender a Castilla-La Mancha en el debate de la financiación autonómica no es al presidente regional, Emiliano García-Page, sino "a Casado, a su presidente del partido a nivel nacional", ha informado el PSOE en nota de prensa.

"Y si no quiere mandar cartas, si no quiere gastarse el dinero en sellos, tiene la oportunidad este fin de semana de decírselo al propio Casado en persona", ha continuado el senador socialista, quien ha recalcado la posición de García-Page de anteponer siempre los intereses de nuestra tierra en cualquier debate.

Con ello, ha propuesto a Núñez que asuma el modelo de financiación autonómica que defiende Emiliano García-Page y ha incidido en que se lo traslade a su presidente nacional, Pablo Casado, en el Congreso de Puertollano.

Y, además de esta propuesta, ha instado a los 'populares' a aprobar otra resolución en la que quede recogido que "el PP de Castilla-La Mancha está en contra de los trasvases del Tajo al Segura".

"A ver si es verdad que sacan estas dos resoluciones, a ver si es verdad que podemos andar un camino en el que verdaderamente convenzamos a la gente de que la política realmente sirve para algo", ha planteado Esteban.

Por otra parte, ha animado al PP de Castilla-La Mancha a defender el modelo de apuesta por la sanidad del Gobierno autonómico y ha destacado los 672 millones de euros movilizados por el Ejecutivo autonómico en un año para la recuperación económica tras la COVID-19.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en A Coruña a un hombre en situación irregular en España como autor de un delito de falsedad documental por haber mostrado un Documento Nacional de Identidad falso al ser identificado por policías en un control.

Según ha informado la Policía Nacional, los hechos ocurrieron a las 19,30 horas del pasado día 8 de noviembre cuando una patrulla policial de la Unidad de Prevención y Reacción llevaba a cabo labores de seguridad ciudadana y se dispuso a identificar a un par de hombres en la vía pública.

Uno de ellos, al ser identificado, mostró un DNI que, aseguran las mismas fuentes, "desde un principio causó recelo a los policías". Al respecto, la Policía Nacional ha detallado que ese documento "no cumplía determinadas medidas de seguridad exigidas" y carecía, por ejemplo, de los textos estampados en relieve o de la pequeña ventana transparente.

Por ello, los policías actuantes comprobaron también, a través de la Sala operativa del 091, que a dicho número del DNI correspondía la identidad de una mujer.

Por ello, se procedió a la detención del hombre por un delito de falsedad documental. El arrestado ha reconocido a los agentes que había comprado el documento en Grecia por 300 euros.

SIN ANTECEDENTES

Posteriormente, mediante un informe pericial, la Brigada Provincial de Policía Científica certificó la falsedad del DNI presentado a los agentes.

El hombre, de 31 años, carecía de antecedentes policiales, pero se encontraba en situación irregular en territorio español. La Policía ha indicado que ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.

El presidente del Partido Popular (PP), Pablo Casado, ha expresado este martes su oposición a la subida de las cotizaciones que el Gobierno ha llevado a la mesa de negociación con sindicatos y patronal para la reforma del sistema de pensiones.

Casado considera que ese alza, del 0,6% según la última propuesta del Ejecutivo, lastrará la contratación y asfixiará "aún más a empresas y familias", como ha expresado este martes en su cuenta de Twitter.

El líder del PP ha abogado por "mantener el factor de sostenibilidad", que la futura reforma pretende sustituir por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), y por bajar los impuestos, como alternativas a esa subida de las cotizaciones.

También ha defendido en su tuit "la reforma laboral para sostener en el tiempo el Estado de bienestar".

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones planteó la semana pasada, en la mesa de diálogo con los agentes sociales, subir las cotizaciones sociales al 0,5% durante diez años. Este lunes, el Gobierno presentó un nuevo texto en el que elevó la cifra al 0,6%, distribuida en un 0,4% para las empresas y del 0,2% para el trabajador.

El MEI forma parte de la primera pata de la reforma de pensiones que se está tramitando en el Congreso, aunque su concreción no se incluyó en el proyecto de ley a la espera de acordarla con los agentes sociales antes del 15 de noviembre, para lo que apenas queda una semana. La idea es introducir lo que se pacte vía enmienda.

No obstante, la subida de las cotizaciones para el MEI empezaría a regir a partir de 2023, durante un periodo de diez años para engordar el Fondo de Reserva de las pensiones, que actualmente cuenta con poco más de 2.100 millones de euros.

Castilla y León ha notificado este martes 174 nuevos positivos de COVID-19, para sumar 308.051 desde el inicio de la pandemia, con dos fallecidos en hospitales, con lo que la cifra se eleva 6.219, y 14 nuevas altas médicas, 33.540 en total.

Según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad, en total se han diagnosticado ya en la Comunidad 308.051 positivos de COVID-19, incluidos los reinfectados, en los distintos tipos de pruebas, después de sumar 174 nuevos casos más en la última jornada. De ese total, 301.564 positivos han sido confirmados en test PCR y de antígenos.

Por provincias, donde más positivos se han notificado en la última jornada ha sido en Valladolid, con 46 nuevos casos y un total de 67.953; seguida por Burgos, con 30 casos más y 52.993; Segovia, con 28 y 21.478; Ávila, con 24 y 17.311; León, con 17 y 52.078; Palencia y Zamora, con 11 cada una y un total de 25.166 y 18.336, respectivamente, y Salamanca, con siete y 40.134, mientras en Soria no se han notificado casos nuevos y su cifra total se sitúa en 12.602.

Respecto al número de fallecidos en hospitales con diagnóstico COVID, la cifra se eleva a 6.219, con dos muertes más que las registradas en el anterior parte, ocurridas en Segovia y Soria.

Del total, 1.288 corresponden a Valladolid; seguida por León, con 1.218; Salamanca, que tiene 884; Burgos, 802; Palencia, 504; Zamora, con 467; Segovia, con 382; Ávila, con 378, y Soria, con 296.

En cuanto a las altas hospitalarias, estas suman un total de 33.540, 14 más desde el anterior parte. De ellas, se han computado 8.258 en Valladolid; 5.711 en León; en Burgos, 4.972; en Salamanca, 4.374; en Palencia, 2.567; en Zamora, 2.202; en Segovia, 2.072; en Ávila, 1.962 y en Soria, 1.422.

UN HOSPITALIZADO MÁS EN UCI

Según la última actualización, los hospitales de la Comunidad albergan 101 pacientes con COVID-19, seis menos que en el anterior parte. De ellos, 19 están hospitalizados en unidades de críticos (UCI), uno más, mientras que en planta se encuentran ingresados 82, siete menos.

Los pacientes con COVID-19 en unidades de críticos se encuentran repartidos en ocho hospitales de las distintas provincias y ocupan un seis por ciento de las camas inicialmente habilitadas en unidades de críticos, un punto más que en la jornada previa.

Así, se informa de cinco ingresados en el Complejo Asistencial de León; cuatro en el Complejo de Burgos, tres en el Clínico de Valladolid; dos en el Río Hortega de Valladolid y en el Complejo de Segovia, y un paciente en los complejos de Ávila, Palencia y Salamanca.

UN FALLECIDO EN RESIDENCIA

En cuanto a las residencias de mayores, centros de personas con discapacidad y viviendas tuteladas, según los datos facilitados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades la cifra de fallecidos relacionados con el COVID-19 se eleva a 4.183, al registrarse una muerte más con respecto al anterior parte, en los 1.214 centros de personas mayores tanto públicas como privadas y centros públicos de discapacidad.

De los fallecidos, 3.078 corresponden a casos de positivos confirmados por COVID-19 --1.908 en centros hospitalarios y 1.170 en residencias-- y otros 1.105 residentes han fallecido con síntomas compatibles con el virus, sin cambios desde el mes de junio de 2020.

El fallecimiento notificado este martes se ha producido en una residencia de la provincia de León.

En la estadística difundida por la Junta no figura ningún residente aislado con síntomas compatibles con la COVID-19, uno menos que en el anterior parte, y 73 se encuentran en esa situación de forma preventiva pero sin síntomas, cinco menos.

En cuanto a los centros bajo la tutela de la Junta de Castilla y León, la cifra de fallecimientos se mantiene en 303, de ellos 186 con positivo confirmado, mientras que otros 117 han sido con síntomas compatibles, las mismas cifras que en el último parte.

No hay ningún paciente aislado con síntomas compatibles con la Covid-19 ni tampoco en aislamiento preventivo sin síntomas.

El Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa ha instado a las autoridades españolas a tomar medidas para prevenir los malos tratos en prisión y garantizar que los casos de presuntos malos tratos se investigan de forma "eficaz".

Así lo pide en un informe sobre España, publicado este martes, en el que también propone medidas para mejorar el tratamiento de los presos y pacientes recluidos en hospitales psiquiátricos penitenciarios.

El documento contiene las conclusiones de una visita a España del 14 al 28 de septiembre de 2020 y se ha publicado junto con la respuesta de las autoridades españolas.

Según señala el Comité, la mayoría de las personas entrevistadas durante la visita afirmaron que los agentes del orden los habían tratado correctamente. Sin embargo, la delegación dice haber recibido un "número importante" de denuncias de malos tratos, principalmente contra la Policía Nacional, consistentes en bofetadas, puñetazos y patadas, así como, ocasionalmente, el uso de porras.

Supuestamente, según precisa el informe, estos malos tratos se infligieron "para obligar a los sospechosos a proporcionar información o a confesar determinados delitos o para castigarlos por el supuesto delito cometido".

En concreto, en las cárceles de hombres adultos visitadas, la delegación del CPT dice haber recibido muchas denuncias consistentes y creíbles de malos tratos físicos recientes por parte de funcionarios de prisiones, que consistieron principalmente en bofetadas en la cabeza y el cuerpo, puñetazos, patadas y golpes con porras.

Asimismo, señala haber recibido también varias denuncias creíbles de personas a las que se les había sometido a repetidos golpes de bastón en las plantas de los pies, un método de tortura conocido como falaka.

Por ello, el Comité pide una supervisión más rigurosa por parte de la dirección, la formación del personal en técnicas de control, y que se denuncien de forma inmediata todas las denuncias de malos tratos a las autoridades fiscales.

ABOLIR LA FIJACIÓN MECÁNICA

En lo que respecta al problema de la fijación mecánica de una persona a una cama, el informe señala los "considerables progresos" realizados en todas las cárceles de España en la reducción tanto del número como de la duración de la aplicación de esta medida. Sin embargo, el CPT considera que el objetivo debe seguir siendo "abolir" esta medida en prisión.

En cuanto a las mujeres reclusas, el informe pide un enfoque específico de género que tenga en cuenta las necesidades de las mujeres, por ejemplo, en relación con la gama de actividades que se ofrecen, y la adopción de una política para prevenir los actos de autolesión.

Por otra parte, el Comité es crítico con el tratamiento y las condiciones que se ofrecen a los pacientes en los dos Hospitales Psiquiátricos Penitenciarios (PPH) de Alicante y Sevilla. El CPT considera que deben gozar de plena separación institucional y funcional del servicio penitenciario y estar bajo la responsabilidad del sistema nacional de salud.

Según señala el informe, en ambos hospitales, la delegación recibió algunas denuncias de malos tratos físicos consistentes en "golpes con porras de goma y fijaciones mecánicas dolorosas e inadecuadas". El CPT es crítico con la práctica de períodos prolongados de reclusión impuesta a los pacientes, que duran hasta "cuatro meses", sin las debidas garantías legales o una revisión judicial adecuada.

Además, sobre su visita al Centro de Detención de Menores 'La Marchenilla' de Algeciras, el CPT indica que tuvo una impresión positiva de la actitud del personal y de los planes terapéuticos y de rehabilitación individuales, pero advierte de que varios menores se quejaron del comportamiento "brusco" del personal de seguridad al inmovilizarlos.

El CPT también encontró que los menores continuaban siendo sometidos a períodos prolongados de fijación mecánica y que se les inyectaba a la fuerza medicamentos mientras estaban fijados. Por todo ello, el CPT vuelve a instar a las autoridades españolas a abolir la fijación mecánica de menores a nivel nacional.

En su respuesta, las autoridades españolas proporcionan información sobre las acciones emprendidas para combatir los malos tratos en las cárceles, reducir el número de personas recluidas en módulos de régimen cerrado, limitar el recurso a la fijación mecánica y adoptar una perspectiva de género en las cárceles.

Las autoridades españolas coinciden con el Comité en que los Hospitales Psiquiátricos Penitenciarios deben transferirse bajo la responsabilidad de las autoridades sanitarias para proporcionar un entorno terapéutico más adecuado. Por último, recuerda que se están tomando medidas, como la Ley de protección a la infancia, para abolir la práctica de la fijación de niños en los Centros de Menores de toda España.

Ciudadanos (Cs) ha pedido este martes el respaldo de los diputados andaluces de todos los partidos a las enmiendas que la formación naranja negociará incluir para Andalucía en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y cuyo "principal objetivo es asegurar el futuro de las infraestructuras andaluzas, cuidar el patrimonio cultural y beneficiar el desarrollo de la investigación tecnológica".

En rueda de prensa, el secretario de Comunicación de Cs Andalucía y diputado nacional Guillermo Díaz. El dirigente liberal ha recordado que un 10 por ciento de todas las enmiendas que negociará el Grupo Parlamentario de Cs en afectan a Andalucía, en total 37 iniciativas que suman 1.064 millones, "lo que denota nuestro interés por Andalucía".

Cs, ha dicho Díaz, "es el partido que más enmiendas ha presentado en función del número de diputados, 483 iniciativas por nueve representantes, a la Ley más importante del Parlamento". Sólo las específicas para Andalucía suman 37 por más de 1.000 millones.

Así, el dirigente ha contrapuesto el trabajo parlamentario de su formación con la del PSOE, al que ha acusado de "vincular el presupuesto a su estrategia partidista, plegándose a las exigencias de Bildu, Esquerra, PNV y una amalgama de pequeños partidos, mientras otras formaciones como Vox no han hecho nada para mejorar el proyecto presupuestario".

Entre las enmiendas de Cs relativas a Andalucía, Díaz ha enumerado ampliar la inversión en la línea de Alta Velocidad Almería-Murcia para impulsar esta infraestructura, la construcción de la vía entre la ciudad portuguesa de Faro y Sevilla pasando por Huelva, iniciar la canalización de la presa de Rules-Béznar, para aumentar el potencial económico de Granada o una partida específica para la construcción del proyecto CEUS, "estratégico para crear empleo de altísima calidad en Andalucía.

Las enmiendas recogen también varias partidas de carreteras "estratégicas para la región" como el desdoble de la N-435 dando acceso a la zona industrial y portuaria de Huelva con el futuro corredor Atlántico; un acceso directo al Polígono Abad, en Córdoba; reforzar la partida de la A-32 a Baena o el desdoble de la N-433 en la localidad sevillana de El Algarrobo.

Además, Cs negociará dotar a la provincia de Jaén de un plan específico de fomento del turismo de interior, así como proteger y potenciar el patrimonio natural y cultural con un programa de I+D+I en Almería o un Plan de revitalización de plazas de Abastos en la provincia de Cádiz.

La protección del litoral y las playas de la Costa Tropical de Granada con espigones, la distribución de suministro eléctrico estable y seguro a las empresas instaladas en la provincia de Córdoba para llegada de más empresas, el aumento de dotaciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo en Sevilla, o la biblioteca pública del Estado en Córdoba, que lleva siete años de retraso, son otras peticiones que Ciudadanos peleará para incluir en los Presupuestos.

ENMIENDAS PARA MÁLAGA

Díaz se ha centrado en destacar las enmiendas que afectan a la provincia de Málaga, entre ellas el trasvase presupuestario en el corredor mediterráneo de Málaga a Cádiz para enlazar el puerto de Algeciras con el Puerto Seco de Antequera, con 149 millones.

"Se trata de una apuesta de Cs desde que entró en política porque vertebra de forma importante España", ha enfatizado, añadiendo que pedirán, además, una partida de cinco millones para ampliar la línea C2 del Cercanías hasta el Parque Tecnológico, que se aplique la partida no ejecutada en 2021 en un proyecto que conecte el aeropuerto de Málaga y el acceso norte a la A-7 desde Algarrobo. También se solicita llevar la línea C2 hasta Álora y el Caminito del Rey con 1,5 millones.

Para el soterramiento del ferrocarril del puerto de Málaga y eliminar las vías que transcurren por la ciudad, Ciudadanos solicita una inversión de diez millones, además de la ejecución del enlace de la A-7 con Algarrobo valorado en 1,5 millones, mientras pide contemplar 1,3 millones para el recrecimiento de la presa de La Concepción, en Marbella.

Ciudadanos reclamará asimismo la reforestación de Sierra Bermeja con un millón de euros, que se acometa el acceso norte al aeropuerto con 6,5 millones de euros y la ampliación de la partida al Festival de Cine de Málaga en otros 100.000 euros más.

El presidente del PP de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha dicho ver a la dirección nacional de su partido "centrada y hablando de lo importante y no de nosotros, sino de los españoles".

En concreto, ha valorado que la dirección nacional del partido está "centrada" en hablar de los problemas que tienen los ciudadanos y sobre cómo solucionarlos, "que desde luego es lo que el conjunto de los españoles quiere y por lo que nos van a votar, no por otras cuestiones internas".

López Miras ha contestado de esta forma en un contacto con los medios de comunicación y al ser preguntado por la situación del PP de Madrid. "Evidentemente, que se esté hablando de las situaciones internas de los partidos no es bueno", ha reconocido.

"Pero yo le digo lo que veo desde la Región de Murcia, y es a un presidente como Pablo Casado, y a un secretario general como el murciano Teodoro García Egea, que están centrados en lo importante". A su juicio, ambos "han hecho y están haciendo una oposición a los Presupuestos Generales del Estado constructiva".

En concreto, ha resaltado la "brillante intervención" del presidente Casado en el Congreso de los Diputados y, a su juicio, "está demostrando que es una alternativa real al 'sanchismo' y al Gobierno del PSOE y de Podemos".

"Desde luego, Casado está hablando de lo que le preocupa a los españoles y de cuáles son las alternativas y las soluciones a la subida histórica del precio de la luz cada día; a la subida masiva de impuestos como el del diésel; a poner peajes en las autovías; a la crisis institucional que hay instalada, por ejemplo, con Cataluña y la dependencia que tiene el Gobierno central de aquellos que no creen en España, como son los independentistas catalanes o aquellos herederos de ETA, los señores de Bildu en el País Vasco", ha señalado López Miras.

A su parecer, Casado y García Egea "están centrados en lo importante", algo con lo que él se siente "satisfecho" y con lo que está "de acuerdo y comprometido". "Si hay otros que no quieren hablar de lo importante, pues cada cual con lo que quiera hacer", ha aseverado.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Estepona (Málaga) a cuatro personas por su presunta implicación en un delito de tráfico de drogas. Los presuntos responsables, tres hermanos de 18, 20 y 24 años, y una joven de 19, supuestamente llevaban a cabo dicha actividad en distintos parques de la ciudad, así como desde un domicilio del centro de la localidad.

En el registro practicado en la vivienda, los agentes han incautado 505,70 gramos de hachís, 176, gramos de marihuana, seis gramos de MDA, 31 pastillas de éxtasis; y han intervenido basculas de precisión y demás utilices para la preparación de las sustancias. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión de los tres hermanos detenidos.

Las investigaciones se iniciaron a raíz de las informaciones recibidas por los agentes de la UDEV de Estepona donde apuntaban que, posiblemente, los moradores de una vivienda de Estepona se estarían dedicando a la venta de sustancias estupefacientes. Las primeras pesquisas condujeron a los policías a la localización de la vivienda, han indicado desde la Comisaría provincial en un comunicado.

Tras la práctica de gestiones identificaron a los moradores, tres hermanos y una mujer, que contaban con antecedentes por delitos contra la salud pública. Además, pudieron comprobar que ejercían la actividad delictiva en distintos parque de la localidad y en ocasiones habrían utilizado a menores de edad para trasladar la droga y entregar algunas dosis.

Durante el operativo, en el que ha participado la Unidad de Guías Caninos de la Policía Nacional y agentes de Policía Local, se han realizado numerosas actas-denuncias de aprehensión a supuestos clientes que acudían a adquirir el estupefaciente.

Finalmente, los agentes dispusieron un operativo que culminó con la detención de tres hombres y una mujer como presuntos responsables de un delito de tráfico de drogas y la intervención de 505,70 gramos de hachís, 176, gramos de marihuana, 6 gramos de MDA, 31 pastillas de éxtasis; y han intervenido basculas de precisión y demás utilices para la preparación de las sustancias.

Los arrestados y el atestado policial instruido ya han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Estepona que ordenó el ingreso en prisión de tres de los arrestados.

La consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, ha anunciado este martes en el Pleno del Parlamento de Canarias la convocatoria de una línea de incentivos aéreos por 2,6 millones con el fin de aumentar la conectividad un 120% en 2022.

En la sesión de control y a preguntas de los grupos Socialista y ASG, ha señalado que se va a primar a las aerolíneas, una vez que acabe la erupción, con 6 y 3 euros respectivamente por asiento internacional y nacional.

Esta línea de ayudas está gestionada por Promotur y confinanciada por la Secretaría de Estado de Turismo.

Además, ha indicado que también se prepara una campaña de turismo nacional, con la emisión de 25.000 bonos turísticos por importe de 6,6 millones y otra de turismo internacional que va a llevar a cabo Turespaña.

Castilla ha resaltado también el "trabajo conjunto" que realiza su departamento con el Cabildo de La Palma, los municipios afectados y Turespaña, con el fin de diseñar "acciones específicas y concretas" que trasladen que "hacer turismo en La Palma es seguro".

Asimismo, ha dicho que su Consejería trabaja también en una estrategia de apoyo a la industria y el comercio con una partida adicional de 3,6 millones con cargo a los presupuestos autonómicos de 2022.

En industria, concretamente, ha dicho que se va a "priorizar" el plan director de áreas industriales del que ya hay un avance que recoge que en la isla hay más de 5,3 millones de metros cuadrados de suelo industrial, de los que 647.000 están ocupados con 169 empresas, de ahí que haya disponibilidad para reubicar a las afectadas por la erupción.

BONOS CONSUMO EN EL VALLE DE ARIDANE

Castilla ha indicado que se preparan dos líneas de subvenciones dirigidas a instituciones públicas para construir naves industriales y poner en marcha suelo industrial y se va a potenciar la marca 'consume La Palma' con acciones de dinamización y bonos de consumo.

Manuel Abrante (PSOE) ha comentado que el turismo "es más del 20% del PIB" de la isla por lo que instó a trabajar en un "plan específico" para recuperar la normalidad, ya que la ocupación ronda el 40% tras caer al 15% días después de la erupción.

Ha indicado que hay "incertidumbre" en los turoperadores, que adoptan medidas "semana a semana" y la caída de turistas afectan también a los servicios y la oferta complementaria, no solo a hoteles y apartamentos.

Ha comentado que "la situación es dramática" para los servicios, sobre todo en el valle de Aridane, por lo que pide "dar todas las ayudas posibles" y "acelerar" la recuperación, subrayando que aunque la isla vive "un drama", a medio y largo plazo "hay que convertir la catástrofe en una oportunidad".

Casimiro Curbelo, portavoz de ASG, ha apuntado que en La Palma hay una "catástrofe" por más que la erupción sea "idílica" desde el punto de vista científico, ya que afecta al territorio y la economía, pues el sistema productivo "está tocado en la isla.

La famosa imagen 'El padre y el hijo' tomada por el fotógrafo gallego Manuel Ferrol en el Puerto de A Coruña, el 27 de noviembre de 1957, y que retrata la realidad de la emigración española, será entregada al Papa Francisco tras la audiencia general de este miércoles.

"Es un icono de la emigración, por eso se la traigo al Papa. Es una de las fotografías más vistas y más famosas del mundo", ha asegurado su hija, Patricia Ferrol, quien entregará en mano al Papa esta fotografía que ha calificado de "muy desgarradora", con un "grado de sentimiento impresionante", al reflejar la "verdadera realidad de las personas que emigraban": en la fotografía se ve a un hombre y un niño llorando mientras sus familiares embarcan en el transatlántico 'Juan de Garay'.

Ferrol ha añadido que espera que el Papa aprecie la fotografía. "El Papa está muy sensibilizado con el tema de los inmigrantes. Espero que la aprecie. Es un auténtico honor poder rendirle homenaje a mi padre de esta manera", ha afirmado. "Creo que será un orgullo para él; estará muy contento de que esta fotografía esté en el Vaticano", ha agregado.

Ferrol --que describe a su padre como un "hombre muy sensible, humano, humilde y solidario" que no fotografiaba "para buscar el encuadre perfecto" sino para reflejar lo que "él estaba sintiendo en ese momento"-- ha traído consigo hasta Roma otras treinta fotos, que forman parte del reportaje 'Emigración', realizado por su padre en 1957 con motivo de la despedida de emigrantes españoles que viajaron en el barco 'Juan de Garay' a Buenos Aires (Argentina).

Según su hija, ese reportaje es el "fruto de las sensaciones que vivió" su padre mientras documentaba la emigración en España, por encargo de un sacerdote de la Comisión Católica de Emigración. "Vio imágenes muy conmovedoras y tremendas", describe.

Así, como cerca del puerto tenía su estudio fotográfico, se apresuró a coger la cámara Rolleiflex, que "disparaba en ángulo recto", señala su hija. "Esto le permitió ponérsela debajo de la gabardina de tal manera que las personas no la vieran y se sintieran intimidados por el fotógrafo", indica.

Esta fotografía, que estuvo muchos años censurada en España, se publicó durante los años 60 pero sin citar al autor. Apareció por primera vez en la revista 'Galicia Hoxe' de Argentina, en 1961 y no fue hasta la llegada de la democracia en España, cuando la revista 'Foto' dio a conocer su autoría.

Las autoridades tienen constancia de que al menos dos de los 12 pasajeros que consiguieron fugarse en el incidente en el aeropuerto de Palma, en Mallorca, han abandonado ya la isla.

Según han informado fuentes próximas al caso, se ha podido comprobar que hay al menos dos personas que escaparon el viernes del avión y han salido de la isla a través de un ferry.

Se trata de dos de los 12 marroquíes que permanecen en busca y captura tras el incidente que el viernes obligó a cerrar el aeropuerto durante varias horas. Los pasajeros huyeron del avión aprovechando un aterrizaje de emergencia por una supuesta emergencia médica. El vuelo retornó después a Casablanca, en lugar de completar su trayecto hasta Turquía.

Mediante la comprobación de listados y pasaportes, ya se han determinado las identidades de los pasajeros que abandonaron el avión, y constatado así quiénes son los que permanecen huidos. Gracias a estas labores ya se han podido emitir las correspondientes órdenes de detención.

Otras 12 personas fueron detenidas y este lunes la juez de guardia ordenó su ingreso en prisión provisional por presuntos delitos de sedición, coacciones y favorecimiento de la inmigración irregular. En detalle, el Juzgado aprecia inicialmente dos delitos diferentes de sedición: por una parte, el delito de sedición previsto en el Código Penal referente a la alteración del orden público; y por otra parte el delito de sedición que contempla la Ley de Navegación Aérea.

SUPUESTA EMERGENCIA MÉDICA

El pasado viernes por la tarde, un vuelo tuvo que aterrizar en el aeropuerto de Palma por una emergencia médica. Un pasajero sufrió aparentemente un coma diabético y tuvo que ser trasladado en ambulancia junto con un acompañante al Hospital de Son Llàtzer, en Palma.

En el momento de la evacuación del vuelo, varios pasajeros del avión, en torno a una veintena, salieron corriendo por las pistas. La Guardia Civil empezó buscarlos y, por ello, se procedió al cierre del aeropuerto y se desviaron los vuelos.

El pasajero que provocó la emergencia médica fue arrestado este sábado en el Hospital de Son Llàtzer, tras haber recibido el alta hospitalaria. Se da la circunstancia de que esta persona ya había sido arrestada en un episodio anterior en 2020 en la Península por daños y resistencia a la autoridad.

El resto de detenidos fueron apresados en calle Manacor, de Palma; Sa Cabaneta y Es Figueral, en Marratxí; y en las inmediaciones del aeropuerto de Son Sant Joan. Además, entre los detenidos figura también el pasajero que se fue como acompañante del supuesto enfermo y otro pasajero arrestado por desacato y agresión a la autoridad en el avión.

La Policía Nacional investiga si la huida del avión se orquestó a través de un grupo de Facebook.

La Rioja no ha registrado este martes fallecidos por coronavirus, después de que ayer se rompiera la tendencia de más de 40 días sin muertes por la enfermedad. Así lo señalan los datos que acaba de actualizar el Gobierno de La Rioja.

Unas cifras, que indican, igualmente, que siguen en ascenso los casos activos, 12 más que ayer, hasta 165, con la presión hospitalaria también al alza, con 22 personas hospitalizadas (tres más que ayer), nueve de ellas en la UCI (igual que hace 24 horas).

De este modo, hasta este momento, en La Rioja han fallecido 824 personas por la enfermedad, 324 de ellos residentes de centros de mayores en la comunidad autónoma.

En cuanto a la presión asistencial, el Hospital San Pedro de Logroño cuenta con 10 personas ingresadas en planta (dos más que ayer) y nueve en la UCI (igual que hace 24 horas). En las últimas 24 horas se han producido tres ingresos y un alta.

En la actualidad, y ante la evolución del virus en la región, el Gobierno riojano cuenta en el Hospital San Pedro con 43 camas UCI. De este modo, sumando a los ingresados por patologías no-COVID (15 a día de hoy, igual que ayer), la UCI riojana tiene 24 pacientes y se encuentra al 55,81 por ciento (igual que hace 24 horas).

La Fundación Hospital de Calahorra, por su parte, cuenta con tres personas hospitalizadas por COVID-19 (una más que ayer). Así, en las últimas 24 horas se han producido un ingreso y cero altas en este centro hospitalario.

En cuanto a la Incidencia Acumulada a 14 días, continúa también subiendo con respecto a este lunes y se sitúa en 61,27 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 60,02 de hace 24 horas, lo que supone algo más de un punto por encima de lo registrado ayer, aunque significa cierta estabilización frente al aumento de 17 puntos de este lunes.

La Incidencia a 7 días, por su parte, permanece hoy estabilizada, en los 40,64 casos por cada 100.000 habitantes, tras una fuerte subida ayer de unos 14 puntos. La positividad, del mismo modo, aumenta levemente hasta un 3,28 por ciento, por el 3,21 por ciento de ayer.

Finalmente, no se tiene actualización a día de hoy de las personas que se encuentran en cuarentena en la comunidad riojana. Los centros de mayores, por último, continúan sin registrar ningún contagio entre sus residentes.

El proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat para 2022 incluye un gasto total de 38.139 millones de euros, lo que supone un incremento de 5.618 (17,3%) respecto a las últimas cuentas aprobadas de 2020, mientras que la previsión de ingresos no financieros y no finalistas es de 27.256 millones de euros, 394 más (1,5%).

Así consta en el proyecto de ley de Presupuestos que el conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat, Jaume Giró, ha entregado este martes a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, y posteriormente ha presentado las principales cifras a agentes económicos y sociales.

En el apartado de ingresos destacan los recursos provenientes del déficit autorizado por el Estado, por valor de 1.487 millones de euros y que equivale al 0,6% del PIB, la tasa de referencia para poder obtener financiación en 2022, aunque el peso de la deuda sobre la economía se reduce en 2,2 puntos respecto a este año, hasta el 33,8%.

El documento contempla un gasto no financiero y no finalista de 30.015 millones de euros, lo que supone un incremento de 2.503 millones (9,1%), al que si se le suman 7.788 de ingresos finalistas, 183 de ajustes relativos al Sistema Europeo de Cuentas (SEC) y 154 del gasto financiero, el gasto total asciende hasta los 38.139 millones.

588 MILLONES MÁS EN IMPUESTOS

Los ingresos no financieros y no finalistas crecen en 394 millones pese a que las cuentas contemplan 978 menos en recursos del modelo de financiación, ya que, entre otros, cuentan con una aumento de 588 millones de euros en recaudación de impuestos cedidos y propios, debido a los tributos al CO2 e instalaciones que afectan al medio ambiente.

También incluyen el abono por parte del Estado de una parte de la deuda de la disposición adicional tercera del Estatut y del despliegue de los Mossos d'Esquadra (536 millones), así como 500 millones del retorno pendiente de un mes de IVA.

De las cuentas también destacan los ingresos finalistas, de 7.788 millones de euros, que suponen 2.833 millones más (57,2%) que en 2020, gracias a los fondos Next Generation (2.142 millones), que incluyen 1.528 del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y 614 de los Fondos React.

DEPARTAMENTOS

La Conselleria de Salud es el departamento que registra un mayor incremento presupuestario, hasta los 11.171 millones de euros, lo que suponen 1.456 millones más de lo presupuestado en 2020; seguido del de Educación, que alcanza los 6.681 millones, que equivalen a 1.009 millones más que en 2020.

En el presupuesto para Salud hay prevista una dotación extraordinaria de 500 millones de euros para seguir haciendo frente a los gastos sanitarios derivados de la pandemia, así como 205 millones adicionales para mantener los programas extraordinarios de personal contratado por el Covid-19.

Las cuentas prevén un incremento de 28.882 plazas respecto a las cuentas de 2020, con 17.633 de los cuales en Salud, 5.498 plazas para personal docente y PAS y 1.122 nuevas dotaciones en el ámbito de seguridad (Mossos, Bomberos y Agentes Rurales).

En cuanto a Derechos Sociales, cuenta con un presupuesto de 3.869 millones, lo que suponen 905 millones más, mientras que Vicepresidencia y Políticas Digitales y Territorio cuenta con 2.270 millones, tras un incremento de 511.

18,6% MÁS EN GASTO DEPARTAMENTAL

La Conselleria de Interior cuenta con un presupuesto de 1.600 millones de euros, con 132 más; la de Investigación y Universidades con 1.477, con 184 millones más; la de Empresa y Trabajo cuenta con 1.233 millones, 282 más; la de Acción Climática, Agricultura y Agenda Rural contempla 1.178 millones, 300 más.

En el caso de la Conselleria de Justicia, tendrá un presupuesto de 1.092 millones, con 43 millones más; la de Presidencia alcanzará los 701 millones, lo que suponen 54 más; la de Cultura 385 millones, con 85 más; la de Acción Exterior y Gobierno Abierto 94 millones, con 21 más y la de Igualdad y Feminismos, con 92, que suponen 46 millones más.

La única Conselleria que ve reducida su partida es la de Economía y Hacienda, que contará en 2022 con un presupuesto de 190 millones de euros, lo que significa siete millones menos que en 2020, de manera que el gasto departamental conjunto crece un 18,6% hasta los 32.032 millones, y el gasto social concentra el 74,6%, frente al 73,7% de 2020.

La presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, cree que no se puede "generar una convivencia normalizada" mientras EH Bildu no reconozca que ETA no debió existir y que su violencia "estuvo mal", y ha recordado que han transcurrido diez años desde que la banda dejara de "matar, extorsionar y destrozar este país".

En declaraciones a Onda Vasca, Atutxa ha señalado, en víspera de la celebración del Día de la Memoria, que todavía "falta seguir construyendo convivencia", y con esta conmemoración se pretende favorecerla.

La dirigente jeltzale ha recordado que el PP, después de participar durante años en estos actos, ha dejado de asistir en ellos, y ha señalado que estos son "importantes para no olvidar, para que lo que se recuerda no se vuelva a repetir, y porque las víctimas, que han sido muy generosas con quienes ejercieron la violencia y el terrorismo", se merecen que los demás también sean "generosos en el recuerdo".

Además, cree importante también que se reconozca que, "en algunas ocasiones, no se dio la talla", como se ha hecho este pasado fin de semana en el homenaje en Erandio al pequeño Fabio Moreno, de dos años, que murió hace 30 años en un atentado contra su padre, guardia civil de la Comandancia de Bilbao.

EH BILDU

Itxaso Atutxa ha considerado que "cada cual tiene que hacer su autocrítica", pero los partidos políticos "mucho más". Tras considerar que EH Bildu "va dando pasos", ha apuntado que ya hace diez años que ETA "dejó de matar, extorsionar y destrozar este país".

"Y lo máximo que hemos oído por parte de ellos, de la organización, es que se sienten conmovidos prácticamente y solidarios también con el dolor que aquellas víctimas sufrieron y siguen sufriendo, porque esto que nunca se olvida y nunca se pasa", ha manifestado.

No obstante, ha destacado que no ha habido "una sola palabra sobre que aquello no debería haber ocurrido, que lo que ETA hizo estuvo mal y nunca más debería ocurrir". "No hay una autocrítica real ni una reflexión ética, política, sobre la actuación de ETA, sobre lo que supuso más de 40 años de terrorismo en este país", ha añadido.

A su juicio, lo que se demuestra es que "dieron un paso al frente de estrategia política porque vieron que, por esa vía, no iban a seguir avanzando políticamente y como grupo político". "Espero que llegue antes que tarde", ha afirmado.

Por último, ha subrayado que ese "es un daño que este país sigue soportando", y el hecho de que "haya gente que no sea capaz de reconocer que aquello estuvo mal, no se puede generar realmente convivencia normalizada".

J.B.A, el acusado de dar un puñetazo a M.E.B, y causar su muerte tras una discusión con él en Yuncos (Toledo), ha reconocido que le propinó el puñetazo a la víctima, pero que con este golpe no "intentaba matar a nadie", y ha justificado que le agredió de esta manera porque M.E.B comenzó a insultarle, aunque no ha concretado qué palabras empleó para hacerlo.

La declaración se ha producido este martes, en la segunda sesión de este juicio con jurado popular que se celebra en la Audiencia Provincial de Toledo, en el que el Ministerio Fiscal pide una pena de 15 años de prisión para J.B.A por un presunto homicidio doloso.

Ha narrado que circulaba por el polígono industrial de la localidad el 21 de marzo de 2019 junto al segundo enjuiciado en esta causa, I.H.L --al que se le acusa de conducción temeraria--, cada uno en un coche a "una velocidad normal, de unos 20 kilómetros por hora" y una persona se cruzó por un lugar no señalizado, aunque la esquivaron, y seguidamente pararon los vehículos.

El acusado ha narrado que se produjo un "momento de tensión" con mucha gente, momento en el que se encontraba la víctima, que era jefe de la persona que había cruzado de manera indebida. Ha asegurado que no recuerda si la víctima le miraba, pero sí lo ha situado como "una de las personas que estaba insultando", reiterando, que, tras su agresión, "no pensaba que iba a fallecer".

J.B.A ha incidido en que "todo el mundo gritaba en árabe" por lo que él se dirigió a su vehículo para tranquilizarse durante "uno o dos segundos", aunque acto seguido volvió al lugar de la pelea, porque se seguían escuchando insultos.

"Me pilló en un momento malo, me bajé y tuve el problema", ha afirmado, aunque ha matizado que la discusión ya estaba "creada" y que él se dirigió hacia su coche en un primer momento "para evitar el problema".

NO HUBO INTENCIÓN DE ATROPELLAR

De su lado, I.H.L, al que se acusa de un delito de conducción temeraria, ha admitido que en el momento de la disputa se montó en el coche y dio marcha atrás a una velocidad elevada, porque se quería ir, pero finalmente no lo hizo porque el implicado en la pelea era su amigo y "no quería que le pasara nada".

Ha negado que quisiera embestir a las personas implicadas en la discusión, ya que antes había intentado mediar y ha señalado que no vio el momento en que J.B.A propinó el puñetazo a la víctima.

Este martes la fiscal y la acusación particular han manifestado que retirarán la petición de pena de cinco años de prisión para I.H.L por el delito de conducción temeraria, y lo rebajarán a dos años de prisión, al retirar el agravante, considerando que con esta conducción no pretendía "ir contra la vida de los demás".

Asimismo, la acusación particular retirará la petición para que I.H.L indemnice con 10.000 euros a la viuda del fallecido y sus cuatros hijas, respectivamente, pues considera que no fue responsable directo del daño causado a la víctima.

En esta segunda sesión también han declarado testigos de los hechos, la mujer de la víctima, un policía local, una médico y un médico forense. Este miércoles se trasladarán al jurado los informes finales para que puedan deliberar y posteriormente emitir un veredicto.

La Plaza del Ayuntamiento de Santander ha acogido este mediodía un minuto de silencio en el que han participado miembros de la Corporación municipal, trabajadores y ciudadanos para condenar los asesinatos de dos mujeres en Álava y Cádiz por violencia de género.

La primera mujer asesinada -en Álava el 12 de octubre- tenía 37 años y dos hijos menores de edad. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

La segunda mujer asesinada, presuntamente por su pareja en Cádiz este mismo domingo, también tenía 37 años y tres hijos menores de edad. Al igual que en el caso anterior, no existían denuncias previas por violencia de género.

Con este minuto de silencio, Santander ha querido mostrar una vez más su repulsa a la violencia de género que en lo que va de año se ha cobrado la vida de 37 mujeres y deja ya 24 menores huérfanos.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha lamentado estos nuevos asesinatos y ha insistido en la necesidad e importancia de "trabajar todos de forma coordinada para fomentar la sensibilización y la educación en igualdad, seguir identificando a los agresores, y, sobre todo, ayudar a las víctimas a romper su silencio y alcanzar un futuro sin este tipo de violencia".

Por último, ha recordado el teléfono 016 de atención a las víctimas, los servicios sociales municipales o el Punto de Atención Integral a las Víctimas del Centro de Igualdad del Ayuntamiento (General Dávila, 124, en el Centro Cívico María Cristina), donde recibirán información de las ayudas y programas a los que pueden acogerse en la ciudad de Santander.

Desde 2003, son ya 1.118 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas.

El alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, ha destacado la "seguridad jurídica" que aportará la adaptación a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del impuesto de plusvalía, que supondrá que deje de ser "confiscatorio" y "vaya a bajar de forma muy significativa".

Así se ha manifestado este martes en una rueda de prensa en Vigo, donde ha recordado que el Real Decreto-ley que adapta el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana a las consideraciones del TC entrará en vigor este miércoles.

En este sentido, el presidente de la FEMP ha resaltado su "satisfacción" por esta adecuación y ha recordado que, "tan pronto" como accedió a este cargo, en 2015, y "antes" de que el TC se pronunciase sobre el impuesto de plusvalías, pidió la reforma de la Ley reguladora de las haciendas locales porque "era una ley de abuso".

"Veíamos que era un impuesto confiscatorio", ha señalado en relación a la tasa de plusvalías Abel Caballero, que ha lamentado que "tuviese que haber tres sentencias del TC" para que se produjese su adaptación. Así las cosas, ha celebrado que "felizmente ahora se cambiase" y aporte "seguridad jurídica para todos".

"Lo que hace el Real Decreto-ley, es, sencillamente, hacer que el impuesto recaiga sobre el beneficio real que se obtuvo. Si no se obtuvo beneficio, el impuesto es cero", ha explicado. Por tanto, ha destacado que el impuesto de plusvalía "va a bajar de forma muy significativa en relación a lo que los ciudadanos pagaban hace cinco o seis años".

"BUEN SISTEMA"

De este modo, el regidor olívico ha valorado que se haya establecido "un buen sistema" que "hace que el impuesto recaiga sobre el beneficio real que se obtuvo". A este respecto, ha incidido en la importancia de que no resulte "confiscatorio" si se obtiene un beneficio debido al incremento del valor del suelo y ha precisado que "en ningún caso" superará "el 30% de la plusvalía que se obtenga".

En todo caso, el presidente de la federación de municipios ha remarcado la importancia de este impuesto y ha defendido que parte del incremento del valor de los terrenos se comparta con "el ámbito común".

En concreto, el Gobierno dio luz verde al Real Decreto-ley con el que se adapta el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía municipal, a la sentencia del TC y que establece dos opciones para determinar la cuota tributaria, que el contribuyente podrá elegir para aplicarse la más beneficiosa.

La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, ha explicado que se está iniciando un ascenso de casos de coronavirus "muy lento" en la comunidad autónoma, que coincide con el que se está dando en todo España y también en el resto de países de Europa, "e incluso de los países europeos somos de los que menor incidencia tenemos", pero con "baja repercusión sobre el sistema sanitario".

En declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en la inauguración de las consultas de Oncopediatría del Hospital Infantil de Zaragoza, ha señalado que esa baja afección al sistema sanitario "es lo que nos tiene que mover" ya que ante el elevado porcentaje de vacunación de la población contra la COVID-19 se ha cambiado la forma de gestionar la pandemia.

En este contexto, el "peso específico" de las incidencias y el número de contagios es un criterio "siempre mediatizado" por la repercusión en el sistema sanitario.

Repollés ha aclarado que aunque el sistema sanitario no está comprometido, eso "no significa que estemos tranquilos, bajemos los brazos y bajemos la guardia", sino que hay que seguir "estando vigilantes" y "cumplimiento las medidas no farmacológicas, de uso de mascarilla en lugares interiores y mantener la distancia de seguridad.

A su entender, si se aplican estas medidas "imagino que conseguiremos mantener a raya el ascenso de la curva o al menos que esa sea lento".

Además, ha advertido de que, "si en cualquier momento, se considera necesario, por el aumento de casos o por su repercusión en el sistema sanitario, establecer, de nuevo, medidas restrictivas, no dudemos que así lo haremos, pero, de momento, hay que transmitir un mensaje de que esto es algo que estaba dentro de la hoja de ruta, que esperábamos que sucediera en estos momentos y que por ahora tenemos controlado y desde luego seguiremos vigilantes a esta circunstancia y a la pandemia".

La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, ha manifestado que se han depurado responsabilidades por el retraso producido en tramitar una solicitud de eutanasia por parte de una zaragozana, que se ha quitado la vida este sábado.

La asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) ha informado del suicidio de esta mujer, después de reclamar en varias ocasiones su derecho a la eutanasia en el centro de salud Torre Ramona de Zaragoza.

La consejera Repollés ha precisado, en declaraciones a los medios de comunicación, que ha habido un "fallo" por "el retraso en el procedimiento de adjudicar un médico responsable" para la tramitación de la solicitud de esta paciente, "cuando el médico de siempre se declara objetor".

Ha añadido que la organización "tiene la obligación de adjudicar otro profesional que se haga cargo del caso, en tiempo y forma", pero "nos hemos retrasado en la adjudicación" ya que estaba en proceso, ha dicho. "Los responsables, en ese momento, no han realizado las acciones que tendrían que haber hecho en tiempo y forma", ha apostillado.

Por lo ocurrido, ha continuado la consejera, "hemos establecido una serie de mecanismos para controlar esta situación" y, en este caso concreto, "se han depurado responsabilidades" a las personas "que no han sabido ejecutar los procedimientos en tiempo y forma", actuando según procede cuando un profesional "no realiza las acciones" que por su cargo tenía que hacer, ha agregado.

Repollés ha subrayado que cuando se puso en marcha la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, el pasado 25 de junio, se realizaron actividades formativas sobre la implantación y los procedimientos de esta norma por lo que los profesionales del Servicio Aragonés de Salud tenían conocimiento desde el principio sobre los mismos.

"Otra cosa es que el sistema sanitario está formado por muchas personas, con mucha variabilidad individual, pero nosotros nos preocupamos de que todos los profesionales tuviesen información sobre los procedimientos de iniciación de trámites para el derecho de esta prestación, así como información de cómo podían inscribirse en el registro de objetores porque es un derecho que tienen los profesionales", ha expuesto.

VIGILANTES

La consejera de Sanidad ha remarcado que desde el Departamento "seguiremos vigilante para que los procedimientos se sigan en tiempo y forma" y "dar salida a un derecho de la ciudadanía legislado por ley, que cumple garantías en todos los sentidos y que estamos obligados a hacer funcionar". Además, "no cesaremos en el empeño de mejorar el procedimiento" para que lo ocurrido en este caso "no suceda".

Repollés ha enfatizado que la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia "es muy garantista, tanto para los profesionales, como para los usuarios que quieren acceder a esta prestación" y desde su Departamento están "comprometidos con su desarrollo en tiempo y forma".

Ha comentado que en Aragón ya se han realizado una serie de solicitudes y, a la vez, que se ha inicio el registro de profesionales objetores. Respecto a las primeras, ha avanzado que algunas de ellas "han pasado por la comisión de garantías y sino ya, en próximas fechas, el derecho a la prestación será realizado", en aquellas en las que la citada comisión "ha decidido que así sea".

Sobre el registro de objetores, que incluye a médicos, enfermeros y farmacéuticos, se han inscrito en él el seis por ciento de todos los profesionales de Aragón de estos ámbitos. "Nos está sorprendiendo porque tenemos un porcentaje bajo", ha comentado Repollés.