El portavoz del PP andaluz y presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, se ha referido este jueves al audio que ha trascendido del vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín (Cs), en el marco de una reunión interna de su grupo parlamentario y ha dejado claro que «el PP no tiene nada que ver con esta tormenta en un vaso de agua, que definiría yo, la filtración de un audio de una reunión interna del grupo parlamentario de Ciudadanos».

Bendodo, cuestionado por los periodistas en Málaga sobre las palabras de Marín en relación con el audio y de dónde venían, ha indicado que «él lo ha matizado ya esta mañana».

«Ni el PP de Andalucía, ni el PP de España tiene nada que ver con esto, como hoy mismo ha reconocido el vicepresidente Marín», ha incidido Bendodo, al tiempo que ha reiterado que «es un tema, insisto, interno de Cs. No es ni del Gobierno ni del PP». Al respecto, ha incidido en que así «ha quedado claro con las manifestación de Marín».

Cuestionado, en este punto, sobre un posible adelanto electoral si los presupuestos no salen adelante, Bendodo ha dicho que se lleva hablando de «adelanto electoral y ruptura del Gobierno desde el mismo día que se constituyó el Ejecutivo» andaluz.

«A algunos les interesa eso», ha dicho, pero ha asegurado que «se ha demostrado que este Gobierno es fuerte y estable. Llevamos tres años ya rodando». «La vocación del Gobierno es cuatro año de Gobierno y cuatro presupuestos», ha recalcado Bendodo.

En este punto, ha añadido que «todavía hay margen para negociar» las cuentas andaluzas. «Si a algunos, esta tormenta en un vaso de agua, como yo defino la situación, les vale de excusa para decir no al presupuesto, la tormenta pasará estos días, y estamos convencidos de que volverán a la mesa de negociación» tanto Vox como el PSOE.

ADELANTO ELECTORAL

«La aprobación o no de un presupuesto no condiciona un adelanto electoral», ha manifestado Bendodo, que ha aclarado que «el presupuesto se puede prorrogar si no se aprueba pero ahora mismo no estamos centrados en la prórroga, estamos centrados en la aprobación», ha dicho, mostrándose convencido de que «las excusas se agotan y, por tanto, al final todos los grupos tendrán que retratarse».

Asimismo, ha explicado, en relación con el presupuesto, que el consejero de Hacienda, Juan Bravo, ha contactado con los grupos parlamentarios para iniciar una nueva ronda: «La mesa nunca hay que abandonarla; la negociación puede salir mejor o peor, pero escuchar y proponer siempre hay que hacerlo».

«Levantarse de una mesa de negociación es un craso error. Estoy convencido de que se van a sentar», ha dicho, incidiendo en que desde el Gobierno «vamos a negociar hasta la extenuación para que Andalucía tenga un presupuesto, que es un gran presupuesto para Andalucía y para Málaga».

Bendodo ha recordado que este presupuesto contempla «1.000 millones de euros más en sanidad, 600 millones más en educación, y 500 millones más en servicios sociales que el presupuesto en vigor de 2021». «¿Quién puede decir que no a eso? Porque se ha filtrado un audio… es una excusa que no vale».

«Queremos aprobar el presupuesto porque es bueno para Andalucía», ha reiterado, añadiendo que la región lidera «la recuperación económica de España y eso es lo que pretendemos, que siga liderando la recuperación económica de España y para eso necesitamos un presupuesto expansivo, como es este».

Según Bendodo, «lo que está claro es que nosotros vamos a negociar hasta el último minuto para que salga adelante y al final los que digan que no al presupuesto tendrán que dar explicaciones al conjunto de los andaluces», ha concluido.

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha rechazado este jueves negociar la Ley de Memoria Democrática que se tramita en la Cámara Baja y, de hecho, ya avisa de que su partido votará en contra si el PSOE y Unidas Podemos mantienen una enmienda que intenta sortear la Ley de Amnistía y abrir la puerta a que puedan investigarse y juzgar los crímenes del franquismo.

En rueda de prensa desde la Cámara Baja, Bal ha censurado que con esa enmienda los dos socios del Gobierno asumen el relato de sus socios separatistas y populistas, que «quieren acabar con la Transición».

«EL PEOR PSOE ENMENDANDO AL MEJOR PSOE»

«Quieren acabar con la memoria de este país sobre uno de los hitos más importantes en la transición de la dictadura a la democracia», ha denunciado el dirigente naranja, antes de lamentar que «el peor PSOE» estén enmendando «al mejor PSOE, aquél que en 1977 aplaudía la Ley de Amnistía y lo entendía como un logro de la democracia frente al franquismo».

Bal ha recalcado que, antes de que los socialistas y el grupo confederal presentaran esta enmienda, su partido estaba dispuesto a negociar la Ley de Memoria Democrática pero ha puntualizado que ahora no negociarán nada con el Gobierno porque ha traspasado «una línea roja infranqueable».

De hecho, ha pedido al secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, que no vuelva a llamar a Cs porque no piensa sentarse a hablar esa futura norma mientras no se retire ese «torpedo a la línea de flotación de la Transición» que supone la mencionada enmienda.

«Si se toca una sola coma de la Ley de Amnistía, que cicatrizó las heridos de los dos bandos de la Guerra Civil, se está atacando a la Transición, y Cs no va a secundar, a blanquear ni a ser cómplice de esta tropelía del Gobierno para contentar a sus socios separatistas», ha advertido.

En este punto se le ha preguntado por el hecho de que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, haya asegurado que no se va a derogar ni dejar sin efecto la Ley de Amnistía sino que se va a ratificar su vigencia y reafirmar que se tiene que interpretar conforme a los tratados internacionales.

¿POR QUÉ LA PRESENTAN?

Pero Bal ha respondido apuntando que si no se va a tocar «ninguna coma» de la citada ley de 1977 y la interpretación de las normas en materia de derechos humanos ya se hace conforme a los tratados internacionales, entonces «¿qué justificación tiene entonces la enmienda?».

«Lo que están colándonos es una reinterpretación de una Ley del año 77», ha avisado el portavoz de Cs en la Cámara Baja para puntualizar, a renglón seguido, que «no se puede aplicar retroactivamente ninguna disposición que establezca sanciones o investigar nuevos crímenes», según establece la Constitución.

Para Bal, donde se pone de manifiesto «el sesgo partidista» de la enmienda es en el hecho de que se plantee estudiar posibles vulneraciones de los derechos humanos también entre 1978 y 1982, porque lo que tratan es de revisar «ciertos crímenes, no todos». «Parece que en España la democracia no llegó en 1978, sino sólo desde 1982, cuando ganó Felipe González», ha comentado.

El Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC) ha recibido el XIII Premio Fondena de Protección a la Naturaleza por su «relevante» labor basada en la transferencia de conocimiento a entidades públicas y privadas para realizar una mejor gestión de la fauna silvestre y, en particular de las especies cinegéticas.

La Fundación Fondena, nacida en 1982, colabora y financia proyectos para proteger la biodiversidad de la fauna y flora española y cada dos años entrega este galardón para premiar contribuciones destacadas en la conservación de la biodiversidad en España.

El galardón ha sido entregado a Rafael Mateo, en nombre del IREC, un centro mixto de la Universidad de Castilla-La Mancha, junto con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que, desde el año 1999, trabaja en la investigación aplicada para el uso sostenible y responsable de un recurso natural como es la caza.

El jurado ha destacado la «gran labor» del IREC que, en numerosas ocasiones se ha plasmado en regulaciones nacionales e internacionales para gestionar la caza, las sustancias químicas y las enfermedades transmisibles de los animales salvajes.

Del mismo modo, este galardón es un reconocimiento a su enfoque multidisciplinar, gracias a la integración de diversas disciplinas como la ecología de poblaciones, conservación de la biodiversidad, ciencias sociales, ciencias veterinarias, biotecnología, ecotoxicología, ciencia animal y genética.

La entrega del premio se ha celebrado en el auditorio del CSIC en Madrid y contó con la participación de la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Rosa Menéndez; del presidente de Fundación Fondena, S.A.R Pedro de Borbón-Dos Sicilias; el vicepresidente de la fundación, Lucas Urquijo, y el secretario de Fondena, Alfonso Codorníu.

En su discurso De Borbón-Dos Sicilias ha celebrado que «más que nunca» se puede decir que la misión de los «visionarios» que crearon Fondena a principios de los años 80 se ha convertido en «una prioridad a escala mundial».

«Lo acabamos de ver en el seguimiento que ha tenido entre la opinión pública la cumbre de Glasgow», ha valorado. Por su parte, Urquijo ha manifestado que España tiene la «enorme suerte» de contar con un organismo como el IREC del que hay que sentirse «orgulloso».

«Ningún organismo, asociación o fundación en España es capaz de afrontar este reto como el IREC ya que, con el trabajo y esfuerzo de sus equipos de investigación, es capaz de ofrecernos una visión objetiva y ecuánime y mostrarnos la situación real en que se encuentra nuestras especies» ha celebrado.

El galardón está dotado con 30.000 euros en efectivo. Desde 1982 Fondena ha contribuido a proyectos como la protección, la conservación y la recuperación del quebrantahuesos o a mantener el Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega de la Serrezuela, que cuenta con una de las colonias más grandes de buitre leonado en todo el país.

El Juzgado de lo Penal 1 de Granada ha recibido en la mañana de este jueves la comunicación oficial del indulto concedido a Juana Rivas, la madre de Maracena (Granada) condenada por sustracción de menores, y va a dar los pasos oportunos que supondrán que recupere la patria potestad de sus hijos, en cumplimiento de esta medida de gracia que ha rebajado a la mitad la pena de prisión y ha eliminado la inhabilitación para ejercer la patria potestad a la que fue condenada durante seis años.

Así, el Juzgado va a proceder a anular la pena de privación de la patria potestad contra Juana Rivas en cumplimiento del indulto que le ha sido concedido por parte del Ministerio de Justicia. Tras recibir este jueves la comunicación oficial del mismo, el Juzgado va a llevar a cabo su anotación en el Registro Civil y va a requerir a Juana Rivas a fin de que acuda al Centro de Inserción Social (CIS) para la confección del correspondiente plan de cumplimiento de la nueva pena de 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad, según informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El Tribunal Supremo condenó el pasado 23 de abril a Juana Rivas por un delito de sustracción de menores a dos años y seis meses de prisión, a la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad durante seis años respecto de sus hijos, así como a que indemnizara a su expareja en 12.000 euros.

El indulto concedido ahora por el Gobierno ha modificado esta sentencia en el sentido de reducir a la mitad la pena de prisión y eliminar la inhabilitación para ejercer la patria potestad y su sustitución por 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad.

Por otro lado, desde el TSJA precisan que el Juzgado aún no ha recibido ningún escrito por parte de la defensa de Juana Rivas solicitando la suspensión de la condena de prisión. Su abogado, Carlos Aránguez, informó tras conocer el indulto que iba a pedir al juez concretamente la suspensión de la ejecución de los diez meses que le restan por cumplir a Juana, que ya ha cumplido cinco.

El equipo jurídico que asesora a Juana Rivas ya ha avanzado que presentará el indulto, con la consecuente recuperación de la patria potestad en España, en la vista prevista para este viernes por el proceso civil que se sigue en la Corte de Apelación de Cagliari por la custodia de los niños, después de que en 2019 se le concediera en exclusiva al padre, el italiano Francesco Arcuri, y ella apelara.

Juana Rivas reclama la custodia en exclusiva y sus abogados entienden que su nueva situación tras el indulto concedido por el Gobierno será un «espaldarazo» a sus pretensiones en este proceso, que este viernes puede quedar visto para sentencia.

El académico de la lengua Félix de Azúa ha criticado al actual Gobierno por poner al frente de Cultura a Miquel Iceta, ya que considera que «es lo mismo que poner a Chiquito de la Calzada». «Aunque quizás sea lo más adecuado para la cultura española», ha apostillado Azúa, quien publica el ensayo ‘Baudelaire y el artista de la vida moderna’ (Debate).

«Tenemos uno de los Gobiernos más ignorantes de la Historia de España y ahí están los resultados», ha señalado en una entrevista el catedrático de Estética, al ser preguntado respecto al posible traslado de piezas del Museo Arqueológico Nacional a sus comunidades de origen.

«Este hombre quiere devolver La dama de Elche a Alicante porque con eso se siente muy bueno y a lo mejor con eso compra tres votos, pero es exactamente el mismo tipo de gesto que hizo Petain cuando regaló la figura a Franco. Este mequetrefe hace lo mismo», ha señalado el autor catalán.

Azúa considera que la actualidad es «absurda, mezquina y ruin y todo eso se debe a los dirigentes, que la mayor parte son analfabetos». Así, pone como ejemplo los actuales planes de estudio en los que se ha «suprimido todo lo que tenía interés», como el griego o el latín y donde «las historias de literatura son de risa».

«Ahora puedes pasar cursos con suspensos, con lo cual lo mejor sería que en el momento de matricularte ya te dieran la licenciatura y te fueras a casa, así los profesores podrían descansar y ver el fútbol por la televisión. La situación es lamentable», ha comentado el doctor en Filosofía.

Pese a considerarse un «optimista» ya que la sociedad actual es «muy divertida», Azúa recomienda una «salvación individual» dentro de una «sociedad de masas». «Quien quiera que lea a los griegos, lea mucha poesía y se forme a sí mismo, porque estamos solos y abandonados y el Estado no nos va a ayudar», ha alertado.

«MÁS LIBRES CON FRANCO»

Así, ha recordado la actual gestión del coronavirus, en la que «se han puesto a aplaudir a científicos y médicos y aquí nadie tenía ni zorra idea». «No saben quién se contagia y quién no, no saben qué hacer con el virus y lo único que se les ha ocurrido es vacunarse», ha comentado el académico, matizando que él sí ha recibido la doble dosis de vacunación.

«Además ahora te dicen que hay que llevar mascarilla y hay que ser obediente, porque en una sociedad como la nuestra la represión es monstruosa. Éramos más libres con Franco y la gente no se da cuenta», ha aseverado el autor, quien añade que ahora se vive «bajo la vigilancia de una policía que es potencia tecnológica».

LA MODERNIDAD ES LA EDAD MEDIA

Azúa cree que si Baudelaire –defensor absoluto de la modernidad– viviese en la actualidad «estaría asqueado», aún más si estuviera en España. «Vería a la sociedad española como nosotros vemos ahora a China: un país con mucho dinero, poco trabajo y muy poca libertad: le parecería espantoso ver a millones de personas iguales que se creen libres», ha lamentado.

«Me da a mí la impresión de que la modernidad viene a ser ahora como la Edad Media. Es un asunto interesante para nuestros tatarabuelos, pero aparte de un eslogan para la publicidad, no tiene utilidad. La modernidad ya murió y nosotros no podemos vivirla», ha defendido el catedrático.

«Está bien leer a Badeulaire para darse cuenta de cómo era el mundo extinguido. Ahora la modernidad se vive en las revistas de los periódicos y los que hoy ejercen el papel de artistas son los encargados del espectáculo del arte. Arte ya no queda nada, pero sí ese espectáculo o bien subvencionado o bien pagado por inversores que hacen pruebas de rentabilidad», ha concluido.

Ángel Gabilondo ha prometido este jueves en el Congreso su cargo como Defensor del Pueblo, tras haber sido elegido esta semana por las Cortes, y en su primero discurso como responsable de la Institución se ha comprometido con aquellos que están «en situación penosa» o de «desigualdad».

El acto se ha celebrado en la sala conocida como ‘de los Pasos Perdidos’ de la Cámara baja y ha estado presidido por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet y por su homólogo del Senado, Ander Gil, así como por miembros de las mesas de ambas cámaras y por seis ministros, los titulares de Presidencia, Exteriores, Justicia, Defensa, Interior, Industria y Derechos Sociales.

En su primera intervención ya como Defensor del Pueblo, Gabilondo ha agradecido a los grupos parlametarios que han propuesto su candidatura, así como el apoyo recibido en Congreso y Senado para su elección y ha tenido una mención especial a todos aquellos que han ejercicio este puesto antes que él, dirigiéndose especialmente a Soledad Becerril, Defensora del Pueblo hasta 2017 y que estaba presente en el acto.

Del mismo modo, se ha dirigido al, hasta este jueves, Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, y a su adjunta primera, Concepción Ferrer, por los últimos cuatro años de labor. «Sus sugerencias preciso y precisaré», ha reconocido el nuevo responsable de la Institución.

A su juicio, un Defensor del Pueblo no puede ser alguien «aislado, encerrado en sus opiniones», sino alguien con preferencia por «atender», «responder» y «casi conversar» sobre los «intereses y sugerencias» de los ciudadanos en cuanto a «sus derechos» y «libertades». «Hemos de responder a quienes se sienten agraviados», ha recordado, antes de puntualizar que aquellos que acuden a la Institución no lo hacen «con pleitos y litigios», sino con «quejas y demandas».

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

En este sentido, Gabilondo se ha comprometido a trabajar con «dignidad» y «ecuanimidad», además de con «rigor», «eficacia» e «independencia» en un cargo «importante» para el «fortalecimiento de la democracia» y de «Estado de Derecho» en pro de «una buena administración, protección de los derechos humanos».

«La defensa de los derechos, tantas veces agredidos, es una tarea hoy decisiva», ha apuntado Gabilondo, antes de mostrar, también, su «compromiso» con quienes «por una u otra razón están en una situación penosa o son víctimas de la desigualdad», la «exclusión», las «injusticias» o la «violencia».

En el acto también ha intervenido la presidenta del Congreso, para reivindicar la figura política del nuevo Defensor del Pueblo.

EL POLÍTICO DEL DIÁLOGO

Según ha explicado Batet, muchos destacan de Gabilondo sus aptitudes como intelectual y sus «capacidades de escucha, reflexión, diálogo, razonamiento, intervención en lo público, influencia y decisión», asociadas a su anterior trayectoria como académico. Sin embargo, ella ha destacado su labor como «político del diálogo y del acuerdo, del razonamiento y los proyectos comunes» y «del alejamiento de las dinámicas de enfrentamiento y polarización» que, según ha indicado la presidenta del Congreso, «son el riesgo más actual y más peligroso» para la democracia.

«Ángel Gabilondo es la mejor muestra de lo que necesita nuestra política y nuestras instituciones democráticas: la aportación y la implicación, el compromiso personal de entrega y servicio realizado desde lo profesional y lo académico para prestigiar, valorar y dignificar el trabajo político y cada una de las responsabilidades que ha asumido», ha añadido Batet.

El director general de la Policía Nacional en la etapa de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior, Ignacio Cosidó, ha repetido este jueves en el Congreso que nadie le habló del dispositivo policial al margen de la investigación judicial sobre Luis Bárcenas dentro de la bautizada como ‘operación Kitchen’. «Puede parecer curioso, pero es la verdad», ha sostenido.

La respuesta se la ha dado Cosidó al PSOE en su segunda comparecencia ante la comisión sobre el ‘caso Kitchen’ en el Congreso, ante las insistentes dudas del portavoz de este grupo, Felipe Sicilia, aludiendo a la declaración de su entonces número dos, el ex director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino, que dice que sí trasladó este operativo a su superior.

«La única información» del DAO y del comisario general de Policía Judicial fue, según ha expuesto Cosidó, que desde la UDEF tenían una investigación abierta sobre el extesorero del PP bajo mando de un juez y la Fiscalía de la Audiencia Nacional. «Usted y todos los españoles conocerán la verdad sobre esta cuestión», ha comentado.

NO TRATÓ CON VILLAREJO

Como en su anterior comparecencia, Cosidó ha repetido que ni trató con el comisario jubilado José Manuel Villarejo ni conoció nada sobre el uso de fondos reservados, ni la disposición de recursos policiales de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) que dirigía Enrique García Castaño para hacer seguimientos al entorno de Bárcenas.

También ha recordado que el juez no le ha imputado en la investigación cuando el PSOE le ha dicho que el fiscal pidió su citación en la Audiencia Nacional. «Puede parecer curioso, pero es la verdad. Pino me informaba de todo lo que yo tenía competencia como director de la Policía», ha señalado en varias ocasiones, repitiendo que no se incluían investigaciones judiciales.

«La investigación de Bárcenas era llevada por la Audiencia Nacional. Ni se me informó ni se me tenía que informar, los funcionarios tienen la obligación legal de guardar secreto», ha indicado el compareciente, que también ha sostenido que no estaba informado sobre la captación del chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, ni de su ingreso posterior en la Policía.

INDEPENDENCIA DE LA POLICÍA JUDICIAL

En este sentido, ha mostrando su confianza en la Justicia, aludiendo a la necesaria independencia policial a través de casos polémicos –sin citarlos expresamente– de la etapa de Fernando Grande-Marlaska en el Ministerio del Interior, como el de la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos por el informe sobre la manifestación del 8M en el inicio de contagios de COVID.

Cosidó ha defendido que España cuenta con un Estado de Derecho «muy garantista con la presunción de inocencia» y ha negado que creara «ninguna estructura paralela».

En el turno del PP, ha recordado que hace hoy cinco años cesó como director de la Policía, poniendo en valor su legado al dejar «un país más seguro». El portavoz ‘popular’, Luis Santamaría, ha contrastado este periodo con el actual Gobierno de Pedro Sánchez.

En concreto, Cosidó ha citado el aumento de la «eficacia policial» en cuestiones como la lucha contra la corrupción, que aumentó un 80% en investigaciones basadas en la «independencia» en la actuación de los agentes.

El vicesecretario Territorial del PP, Antonio González Terol, ha anunciado este jueves que el Grupo Popular presentará enmiendas en el Senado para reforzar el fondo extraordinario Covid-19 por importe de 9.300 millones de euros destinados a las comunidades, y aumentarlo en 4.000 millones de euros para los 8.131 ayuntamientos de España

Así lo ha anunciado González Terol durante su intervención en el acto organizado por Nuevas Generaciones del PP en la localidad vallisoletana de Corcos dentro de la campaña ‘Raíces, la España de los pueblos’, donde ha estado acompañado por la presidenta nacional de NNGG, Beatriz Álvarez Fanjul.

Durante su intervención, González Terol ha asegurado que Corcos «es la representación de la España de las oportunidades» y ha defendido «el compromiso «firme» del PP con el mundo rural «en el que no cree ni Pedro Sánchez ni el PSOE» y ha puesto como ejemplo de ello que la cuota de crecimiento prevista por el Ejecutivo central del 9,8 por ciento se ha quedado en el 4,6 por ciento «porque el Gobierno no ha apostado por la España de las oportunidades, por el medio rural».

«Sólo con mundo rural fuerte y dinámico se podrá avanzar en la cohesión territorial nacional y asegurar un crecimiento económico sostenible», ha manifestado el líder del PP, quien ha anunciado que el Partido Popular presentará enmiendas en el Senado para reforzar el fondo covid extraordinario destinados a las comunidades autónomas con 4.000 millones de euros más para los 8.131 ayuntamientos que hay en España.

Además, Antonio González Terol se ha referido a las 130 medidas presentadas por Pedro Sánchez para luchar contra la despoblación «que tuvo la poca vergüenza» de incluir en dichas medidas el presupuesto ya existente para las oficinas del DNI en los pueblos.

Un plan «elaborado a espaldas de los pueblos y las provincias, sin contar con los alcaldes ni los presidentes de diputación» que son los que conocen el terreno, ha precisado González Terol, quien ha aseverado que dicho plan no precisa dónde se actuará, ni incluye plazos, ni calendario de actuaciones ni mecanismos de seguimiento.

Frente a ello, González Terol ha aseverado que el PP «tiene las ideas claras» con un compromiso «real con el medio local, que está abandonado» por lo que ha pedido al Gobierno central una revisión tanto de la financiación autonómica como de la financiación local al tiempo que se ha referido a las enmiendas que los ‘populares’ han presentado a los presupuestos de 2022 en favor del medio rural.

Así, ha citado la apuesta por la natalidad, la conciliación y el teletrabajo; la gratuidad de la educación de 0 a 3 años; las equidad en el acceso a los servicios públicos de calidad; el mantenimiento de los consultorios públicos; la bonificación del impuesto de sociedades un 50 por ciento para empresas en municipios de menos de 5.000 habitantes; un IVA reducido para la biomasa forestal; facilitar la incorporación de la mujer al mercado laboral; la accesibilidad digital y terrestre; mejorar las infraestructuras ferroviarias y de tranporte y aumentar en 30 millones el presupuesto de conectividad y en 100 millones las ayudas a ganadería extensiva

Asimismo, González Terol ha puesto de manifiesto la apuesta del PP «por los pueblos, por la España rural» por lo que ha apostado apostar por el medio rural «como parte de la marca España y reivindicar la calidad de vida y las oportunidades de los pueblos a través de la marca España».

Bilbao acoge este viernes la segunda edición de la Cumbre sobre Liderazgo Femenino, encuentro organizado por la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE) y la asociación Mujer Siglo XXI, en la que se analizarán temas como «los frenos a la progresión profesional de la mujer, los «techos de cristal», la ausencia de mujeres en centros de decisión y consejos de administración y su «mayor tasa de paro, agudizada por la pandemia».

La presidenta de la federación, Ana Bujaldón, ha lamentado durante la presentación del encuentro en la sede de Kutxabank en Bilbao, que la presencia de la mujer en puestos directivos y de decisión no solo «no mejora, sino que ha empeorado con la pandemia», con «mayores tasas de paro, más problemas de conciliación y frenos a su progresión profesional» que el hombre.

La II Cumbre sobre Liderazgo Femenino, organizada por la federación, en colaboración con la asociación Mujer Siglo XXI, se desarrollará en el Auditorio de la Universidad de Deusto a partir de las 9.00 horas.

La presidenta de FEDEPE ha apuntado que el programa de la cita se ordenará en cuatro bloques, en los que se abordarán temáticas y problemáticas en torno a la situación en la mujer en el mundo de la empresa, entre ellas, la cuestiones jurídicas acerca de los ERTEs, EREs o ayudas a Pymes, la moda sostenible, el liderazgo de la mujer en la transformación digital o el reto de la internacionalización para las emprendedoras.

Bujaldón ha defendido la necesidad, cada vez mayor, de trabajar en común para eliminar las barreras y los techos de cristal. También ha expresado la preocupación de su federación por aspectos como la «mayor precariedad» femenina, «menores salarios» por reducciones de jornada y realidades como el hecho de que «no mejora la presencia femenina en puestos de decisión y consejos de administración».

En este punto ha recordado los resultados recogidos en el estudio anual Brecha Salarial y Presencia Directiva de Mujeres elaborado por ICSA Grupo, en colaboración con EADA Business School, en el que se concluye que, «de cada diez directivos de una organización, solo una o dos son mujeres y la cuota de presencia femenina en los puestos directivos en 2021 es del 18,8%, frente al 81,2% de la cuota masculina».

Asimismo, ha recordado algunas de las conclusiones recogidas en el Barómetro FEDEPE «Visión y medidas de las mujeres directivas y empresarias al salir de la crisis del Covid-19 y reanudarse la economía.

Entre ellas, ha destacado que el 98% de las encuestadas cree que las fuerzas políticas españolas deberían ponerse de acuerdo para aumentar y fortalecer las medidas que nos permitan alcanzar la igualdad de género real.

Asimismo, más del 41% de las mujeres ha sufrido un impacto negativo en su desarrollo profesional y empresarial durante la pandemia, al tener que compatibilizar su profesión con el trabajo familiar y doméstico.

Igualmente, más del 90% de las encuestadas cree que el acceso a la tecnología puede promover avances hacia la igualdad y el 65% de las encuestadas se declara preocupada por la inseguridad laboral en estos momentos.

Solo hay tres mujeres al frente de empresas del IBEX: Ana Botín, presidenta del Santander; Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica y María Dolores Dancausa CEO de Bankinter.

Es decir, el 94,9% de presidencias del Ibex corresponden a varones, frente al 5,71% de mujeres (datos del informe de Atrevia e IESE). En el mercado continuo, todavía hay 10 empresas sin ninguna consejera, mientras que en todas las compañías del Ibex hay por lo menos una.

IGUALDAD Y SINERGIAS

Por su parte, la presidenta de Mujer Siglo XXI, Carmen Miral, Miral ha destacado que la celebración de esta segunda cumbre ha sido «un reto» por la dificultad de organizarla en plena pandemia.

Asimismo, ha señalado la importancia de que todas la asociaciones estén unidas en este objetivo común de la igualdad y de cara a crear «estas sinergias y este empuje» desde dos elementos comunes, «una visión y unos valores».

Esos elementos les empujan a trabajar para hacer de «embajadoras en Euskadi de cara a incrementar el liderazgo de la mujer, el empoderamiento y la igualdad de oportunidades».

La cumbre se enmarca en el programa del XXX Aniversario de los Premios FEDEPE, que cuenta con la presidencia de honor de Su Majestad la Reina, que presidió la I Cumbre FEDEPE celebrada el pasado mes de mayo.

Además, esta segunda cumbre coincide con el 25 aniversario de Mujer Siglo XXI, cuya presidenta, Carmen Miral, hará las veces de anfitriona de la cita junto con la presidenta de FEDEPE, Ana Bujaldón.

En la ceremonia de apertura de este viernes está prevista la participación del alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto; la diputada de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia, Teresa Laespada y el rector de la Universidad de Deusto, José María Guibert.

MESAS DE DEBATE

Tras la apertura, se desarrollará la jornada de trabajo, con mesas de debate en torno al papel fundamental de las mujeres en la reactivación económica tras la crisis provocada por la COVID-19.

El debate girará en torno a temas como empleo, emprendimiento, salud, transformación digital y energía, y abordará qué puede aportar el liderazgo femenino en la toma de decisiones estratégicas que favorezcan el progreso empresarial y social.

En la jornada intervendrán, entre otras, la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carmen Artigas; la directora de Transformación Digital y Emprendimiento del Gobierno Vasco, Leyre Madariaga; la secretaria general de UATAE, María José Landaburu; las directoras de Marketing y Publicidad y de Innovación y Canales de Kutxubank, Inés Monguilot y Amaia Ayastuy, respectivamente; la abogada y fundadora de Inspiring Girls, Miriam González y la chef, Elena Arzak.

El encuentro será clausurado por la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, . El encuentro está patrocinado por la Diputación Foral de Bizkaia, el Ayuntamiento de Bilbao, la Universidad de Deusto y Kutxabank.

Precisamente, en su intervención para presentar la jornada, la directora de Marketing y Publicidad de Kutxabank, Inés Monguilot, ha señalado que su participación en la organización de esta cumbre está ligada al objetivo de la entidad, desde su fundación, «de mantener una actitud proactiva en materia de igualdad de género».

Con posterioridad a la cumbre, las participantes tomarán parte el sábado 20 de noviembre de una visita guiada a las Juntas Generales de Gernika, por invitación de la presidenta de Juntas Generales, Ana Otadui, y una recepción del alcalde de Gernika, José María Gorroño.

La Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE) es una Federación de Asociaciones, sin ánimo de lucro, surgida en 1987, que agrupa a más de 26.000 mujeres empresarias, directivas y profesionales de todos los sectores empresariales y de la Administración Pública.

Tiene como finalidad ofrecer un espacio de estudio, reflexión, debate, formación y apoyo «idóneos para estimular el desarrollo de las carreras profesionales de las mujeres», así como también su acceso a puestos de dirección y responsabilidad profesional «en un plano de absoluta igualdad, potenciando de diferentes maneras su promoción y visibilidad tanto a nivel personal como colectivo».

A su vez, desde su Fundación en 1996, la Asociación Mujer Siglo XXI, integrada por empresarias y profesionales liberales, se ha convertido en un referente en la sociedad vasca por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

El consejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía, Juan Bravo (PP-A), ha apuntado este jueves que no cree que tenga «sentido» que desde ‘Génova’ –la dirección nacional del PP– se quiera «dinamitar algo que funciona bien» como el Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs).

En el marco de un encuentro informativo organizado por la Cadena SER en Sevilla, el consejero de Hacienda se ha pronunciado así a propósito de unas declaraciones del vicepresidente de la Junta y coordinador autonómico de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, quien ha apuntado al exsecretario de Organización de Cs Fran Hervías, ahora en el PP, como la persona que podría haber pasado a la citada emisora radiofónica la grabación de unas palabras suyas en el marco de una reunión interna del grupo parlamentario de Cs contrarias a la aprobación de un Presupuesto andaluz para 2022 si incluía recortes en servicios públicos.

En una entrevista este pasado miércoles, Marín indicó que «no le extrañaría» que Hervías hubiera filtrado ese audio porque «son conocidas por todos la OPA» del secretario general del PP, Teodoro García Egea, y las «maniobras» de Hervías para «liquidar a Cs en Andalucía y en toda España».

Sobre una supuesta pretensión por parte de ‘Génova’ –en referencia a la dirección nacional del PP– de «desestabilizar» la situación política en Andalucía, el consejero de Hacienda ha defendido este jueves que «Andalucía va bien, crece por encima de la media, se ha convertido en una locomotora», algo que «nadie discute», y cuenta con «un gobierno estable» y «un presidente que quiere mantener la legislatura hasta el final».

Juan Bravo ha añadido que, «para que Pablo Casado sea presidente del Gobierno de España, es necesario que Madrid sea del PP, que Andalucía sea del PP», y por eso se ha preguntado «qué sentido tiene dinamitar algo que funciona bien». «No sé por qué el vicepresidente ha hecho esas afirmaciones», ha añadido el consejero de Hacienda, quien ha agregado que él no ve «a ‘Génova’ en esas guerras cuando lo que quiere es que Andalucía siga con ese crecimiento».

Ha añadido que, lo que sí le ha pedido el presidente del PP, Pablo Casado, «alguna vez que hemos coincidido», es que «hay que sacar Presupuestos», y lo que plantea Marín iría «justo en el sentido contrario» de esa pretensión.

«A lo mejor me estaban engañando, pero yo creo que no», ha continuado Juan Bravo, que ha agregado que Casado le preguntó recientemente si «el Presupuesto (de 2022) va a salir». «Le dije, ‘va a ser complicado’, y él me dijo, ‘pero tiene que salir’, y le dije, ‘ya, ya, sí, sí, no me metáis más presión, el Presupuesto tiene que salir'», ha relatado el consejero de Hacienda sobre una reciente conversación con el líder nacional del PP.

El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, Josep María Serena, ha presentado este jueves el Plan Estratégico 2020-2025 el organismo regulador que se centrará en este lustro en la transparencia y la rendición de cuentas ante la sociedad porque «deben ser los ciudadanos los principales beneficiarios» de la actividad reguladora. El regulador atómico prepara además un nuevo código ético que publicará en 2022.

Serena ha destacado que el plan estratégico enfatizará la preservación del conocimiento, de las capacidades tecnológicas y operativas a través de la inversión en formación continua del capital humano. Serena ha mencionado el nuevo código ético del CSN: «Todo plan, toda estrategia, toda acción humana, ha de fundamentarse en la ética como el suelo sobre el que edificar la toma de decisiones».

El Plan se apoyará en cinco objetivos principales para alcanzar las metas orientadas a la seguridad nuclear y radiológica e incluye una serie de indicadores de rendimiento para hacer un seguimiento ágil y medible, así como un análisis de la consecución de esos objetivos.

La jornada de presentación, dirigida a grupos de interés especializados y con conocimientos de cuestiones relativas a la seguridad nuclear y radiológica así como al público en general, era una recomendación del Comité Asesor para la información y participación pública.

El plan se centra en cinco objetivos, el primero de ellos el mantenimiento de una supervisión efectiva de las actuaciones de los titulares de las instalaciones o actividades, focalizada en los aspectos más relevantes para la seguridad; el segundo buscará aumentar la eficiencia y la eficacia en la realización de las funciones y competencias del CSN; asegurar que el CSN mantiene y mejora sus capacidades de respuesta ante situaciones de emergencia, así como fortalecer sus capacidades en materia de seguridad física.

El cuarto pilar del plan estratégico quinquenal será fomentar en los trabajadores del CSN el aumento del compromiso y sentido de pertenencia en la organización y, finalmente, mejorar la percepción de la actividad del regulador por la ciudadanía y por los grupos de interés a través del rigor, la veracidad y la fiabilidad.

El jefe de la Unidad de Planificación, Evaluación y Calidad, Iván Recarte, ha añadido que el plan define la misión y la visión del regulador y establece las actividades necesarias para lograr los objetivos, al tiempo que fija indicadores de rendimiento que permiten hacer un seguimiento ágil y medible así como un análisis de la consecución de dichos objetivos y actividades por parte del CSN.

Por su parte, la jefa de Gabinete de Secretaría General del CSN, Isabel Villanueva, ha expuesto las líneas principales del Código Ético del Consejo, que pasa desde la identificación de valores de la organización y su articulación en la práctica profesional individual y colectiva, hasta la consolidación del clima de confianza en el CSN pasando por la promoción de las actitudes que se mejor se adaptan a la labor del regulador como es velar por la seguridad nuclear y la protección radiológica.

Villanueva ha añadido que el regulador está elaborando una nueva versión del código ético, que se publicará el próximo año, tras estudiar el contenido de los de otros reguladores homólogos internacionales y otros organismos públicos y que recoge, además, comentarios y sugerencias formulados por el personal del CSN.

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre por dar de alta a extranjeros en la Seguridad Social de forma fraudulenta, a cambio de dinero, para que éstos pudieran obtener permisos de residencia o prestaciones.

Otras cinco personas, cuatro hombres y una mujer, también han sido detenidas, y se investiga a otra mujer, que no ha sido arrestada. Los detenidos son el gestor que se encargó de tramitar las altas, tres trabajadores, y otras personas que habrían colaborado en la trama.

Se les imputa un supuesto fraude a la hacienda pública y a la Seguridad Social, estafa, falsedad documental y favorecimiento a la inmigración irregular, según ha informado este jueves la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Baleares.

La investigación se inició cuando un empresario del sector de la restauración se encontró con que la Seguridad Social le reclamaba una deuda de 13.000 euros, por un supuesto impago de seguros sociales de cinco trabajadores.

Sin embargo, él no tenía relación con estas personas, y puso una denuncia. Sospechaba que su antiguo gestor pudiera estar implicado.

El grupo IV de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) abrió una investigación, que apuntaba a que el antiguo gestor había dado de alta a cinco trabajadores sin el consentimiento del empresario.

Presuntamente, los trabajadores habrían pagado al gestor más de 2.000 euros por persona, en cuatro pagos a razón de 550 euros mensuales; por su parte, ellos buscaban obtener beneficios como el permiso de residencia o algún tipo de prestación.

NUMEROSOS ANTECEDENTES

Cabe señalar que al gestor le constaban numerosos antecedentes politicales, algunos de ellos por hechos similares. De hecho, la Seguridad Social le había retirado el acceso al sistema RED, y para dar de alta a los trabajadores utilizó a otra gestoría.

Una vez obtenidos indicios y pruebas, los agentes llevaron a cabo una entrada y registro en el despacho del gestor la semana pasada. En las actuaciones se intervino numerosa documentación, ordenadores y otros materiales.

Los detenidos son un hombre de origen paraguayo de 35 años, dos hombres de origen español de 48 y 50 años, un hombre y una mujer de origen guineano de 22 y 33 años y un hombre de origen maliense de 47 años de edad. Además los agentes tomaron declaración como investigada no detenida a una mujer de 55 años, que habría tenido una participación menor en los hechos.

La investigación continúa abierta y la Policía no deescarta más detenciones.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 29 años como presunto autor de la agresión homófoba a dos artistas falleros ocurrida el pasado domingo en el centro de València, en la zona de Ciutat Vella. Una de las víctimas tuvo que ser atendida de las lesiones sufridas en un centro sanitario.

Según ha informado la Jefatura Superior en un comunicado, los hechos ocurrieron sobre las 11.00 horas del pasado domingo en el barrio de Ciutat Vella, cuando un hombre se interpuso delante de una pareja que paseaba por la zona para increparles. El presunto autor de los hechos, de 29 años, supuestamente les lanzó insultos relativos a su condición sexual, escupió a uno de ellos y le propinó varias patadas al otro.

Las víctimas habrían intentado alejarse del lugar, pero el sospechoso supuestamente les continuó persiguiendo, llegó a alcanzar a uno de ellos y le propinó varias patadas en las piernas que le hicieron caer al suelo, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital de València por los servicios sanitarios.

Tras conocer los hechos, los investigadores iniciaron las pesquisas y averiguaron que, minutos antes, ese mismo día, agentes de la Policía Local habría identificado a un hombre que presuntamente empujó un contenedor para cortar una vía pública del centro de la ciudad, y que podría ser el presunto autor de la agresión.

Gracias a las indagaciones policiales, los agentes averiguaron que el sospechoso sería la misma persona, por lo que iniciaron las gestiones para su localización. El hombre, con antecedentes policiales, fue detenido este miércoles como presunto autor de un delito de odio y de lesiones y ha pasado este mismo jueves a disposición judicial.

Los dos artistas falleros denunciaron los hechos el mismo domingo ante la Policía y públicamente. Según relataron, el joven les había increpado al grito de «maricones de mierda» y uno de ellos llegó a sufrir una fractura en el pie como consecuencia de la agresión.

José Luis y Vicente, de la empresa ‘Artdefoc’, se dirigían hacia su furgoneta para asistir a un acto organizado por una de las comisiones en las que plantan falla cuando sucedieron los hechos, que les llevaron a refugiarse en una cafetería una vez lograron zafarse de su agresor.

Comisiones falleras, la Junta Central Fallera y responsables públicos condenaron la agresión. Entre ellos, el alcalde, Joan Ribó, quien afirmó: «En València no cabe la violencia y el odio. Somos una ciudad de paz y amor».

Junts ha trasladado este miércoles que rechaza retirar las enmiendas a la nueva ley antidesahucios que los ‘cupaires’ habían requerido en la negociación para sacar adelante los Presupuestos de la Generalitat para 2022, han explicado fuentes de la negociación.

Los ‘cupaires’ exigen la retirada de las enmiendas de Junts a la ILP para readaptar el decreto ley 24/2015 sobre vivienda que tumbó el Tribunal Constitucional, porque creen que «desvirtúan el texto» y han añadido que este era un compromiso al que llegaron con ERC para la investidura.

Los anticapitalistas pedían a Junts retirar sus enmiendas a la nueva ley que van en la línea de aumentar el número de pisos por el que un sujeto debe ser considerado gran tenedor o otorgar indemnizaciones a los propietarios obligados a ofrecer un alquiler social como alternativa al desahucio.

«Junts ha trasladado que ‘ni hablar’ de retirar las enmiendas que le piden en la última propuesta» los ‘cupaires’, han concretado las mismas fuentes.

Por su parte, fuentes de la CUP han asegurado que a ellos no les han trasladado este posicionamiento de Junts en ninguna de las reuniones que se están dando en los últimos días antes de que expire el plazo para presentar las enmiendas a la totalidad al proyecto de finanzas públicas, que termina el próximo lunes.

VIVIENDA

Sin embargo, las fuentes ya citadas aseguran que en otros ámbitos las negociaciones sí que están dando pasos adelante, aunque todavía «no hay nada cerrado», como es el caso de las demandas que la CUP hace en materia de vivienda.

Los ‘cupaires’ reclaman llegar a los 1.000 millones de euros para vivienda, para lo que el Govern ha presupuestado 750, y han concretado que quieren que estos 250 que faltan deben invertirse en parque público, porque consideran que han aumentado las partidas pero se siguen destinando a «transferencias a promotores privados».

En este apartado el Govern estaría «estudiando diseñar una nueva propuesta» para presentársela a la CUP y tratar de conseguir su aval al proyecto de cuentas.

El presidente de Crue Universidades Españolas y rector de la Universidad de Córdoba (UCO), José Carlos Gómez Villamandos, ha manifestado, en nombre de los rectores del Sistema Universitario Español, su negativa a emitir en el Consejo de Universidades de este jueves, presidida por el ministro Manuel Castells, el informe sobre el Anteproyecto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), en consulta pública.

Tal y como ha señalado Villamandos, los rectores no van a emitir dicho informe sin tener sobre la mesa un «documento definitivo». Por eso, ha planteado que la elaboración del informe preceptivo se posponga a la siguiente sesión del órgano consultivo, en la que se espera disponer de un texto concluyente, pues el anteproyecto ha sufrido varias modificaciones sustanciales desde que fue aprobado por el Consejo de Ministros en primer lectura en agosto, sobre todo en lo que se refiere al capítulo de gobernanza.

El presidente de Crue ha sido el único rector que ha hecho uso del turno de palabra en la reunión del Consejo, en la que figuraba como único punto del orden del día el «debate e informe del Anteproyecto de la LOSU».

Durante su intervención, Villamandos ha agradecido a Castells la convocatoria del Consejo, pero le ha mostrado la «frustración» de los rectores ante un texto supuestamente reformador que esperaban con «optimismo e ilusión» y que ahora ven que «no es lo suficientemente innovador para el nivel de transformación socioeconómica que requiere España».

Villamandos ha asegurado que «la necesidad de mayor autonomía y mayor financiación para internacionalizar, modernizar y hacer más competitivas a las universidades no ha sido abordada con decisión» en el anteproyecto, y que si realmente se quiere que las universidades españolas empiecen a colocarse entre las 100 mejores del mundo, es imprescindible dotarlas de una financiación específica –con un plan de incremento de gasto público específico para la educación universitaria– y acorde con los resultados que se exigen. «Lo contrario sería injusto y absurdo», ha manifestado.

El también rector de la Universidad de Córdoba ha criticado la «excesiva reglamentación», obviando a su juicio, la realidad de un sistema universitario muy heterogéneo en el que las universidades necesitan flexibilidad para adaptarse, y que se hayan «quedado atrás» las reformas dirigidas a hacer más eficiente el gobierno de las universidades.

También ha denunciado que el anteproyecto no genere unidad «sino todo lo contrario», porque hace una «distinción innecesaria, llegando a obviar sentencias del Tribunal Constitucional sobre los derechos y deberes de todo el estudiantado». Y ha lamentado, también, que se haya roto la trayectoria de consenso en las negociaciones previas de los reales decretos y leyes desarrolladas durante estos meses.

Llegado a este punto, el presidente de Crue ha pedido al ministro que «no tenga prisa», porque no se trata de «tener una ley a toda costa», sino de consensuar una «buena ley que acerque a las universidades españolas a Europa y las haga más competitivas y eficientes». Villamandos ha recordado a Castells que desde Crue se elaboró la estrategia ‘Universidad 2030’ en la que se identificaban los retos y objetivos del Sistema Universitario Español, y el camino y las herramientas necesarias para superarlos, documento del que se ha hecho «caso omiso».

El presidente de Crue ha terminado su intervención pidiendo a Castells que la LOSU se redacte «desde la base de la confianza», porque la Universidad necesita un marco flexible que le permita adaptarse a las demandas de la sociedad y una financiación suficiente, duradera y estable para mantener políticas de igualdad de oportunidades en todo el territorio español.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha defendido este jueves que el reto demográfico «es urgente», por lo que una vez hechos los diagnósticos, así como el proyecto, las medidas e incluso el presupuesto, «es el tiempo de la acción».

De esta forma se ha pronunciado la ministra de Política Territorial durante su intervención en el I Congreso Europeo por el Reto Demográfico ‘Un futuro para los territorios transfronterizos’, que se celebra en la pedanía de San Pedro de los Majarretes, y en el que también ha intervenido el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

En su intervención, Isabel Rodríguez ha aplaudido la celebración de este congreso en Valencia de Alcántara, ya que «es muy importante, en un contexto europeo, poner sobre la mesa los asuntos que tienen que ver con el reto demográfico», por lo que se trata de «un proyecto pionero» al afrontarlo con Portugal.

Y es que, según ha alertado, el reto demográfico «es un reto urgente» y sobre el que «ya se ha avanzado mucho en España» donde el Gobierno tiene «un compromiso clarísimo, que se concreta en 130 medidas y en 10.000 millones de euros», ha dicho.

De estas 130 medidas, el 80 por ciento «han comenzado a valorarse, a iniciarse, y que están muy avanzadas en un 50 por ciento», mientras que de los 10.000 millones de euros previstos «ya se han movilizado 3.000 millones de euros», ha cifrado la ministra de Política Territorial.

Se trata de un plan «muy ambicioso que se va a concretar con otras acciones», entre las que Rodríguez ha cifrado una ley que está tramitando desde el Ministerio de Política Territorial, con el objetivo de «atender las peculiaridades y las singularidades de los municipios de menor población, concretamente de menos de 5.000 habitantes».

Isabel Rodríguez ha mostrado su intención de esta ley pueda llegar al Consejo de Ministros antes de que finalice este año 2021, ya que según ha insistido, el reto demográfico hay que afrontarlo hoy, ya es el tiempo de la acción», una vez hechos los diagnósticos, así como el proyecto, las medidas e incluso el presupuesto, «que ya estamos ejecutando y no puede esperar más».

«Un reto demográfico que es un reto democrático, y que hay que abordarlo con la serenidad y el sosiego con el que se ha abordado en estas jornadas» en Valencia de Alcántara, ha señalado Rodríguez quien ha señalado que se trata de «un país en el que creemos, y nos sentimos acompañados por la sociedad del entorno rural, que empuja al Gobierno», y que «juntos vamos a poder avanzar en el proceso de transformación y de recuperación justa», para lo cual «ha de producirse en todos los territorios».

Durante su intervención en la inauguración, la ministra ha recordado su charla anoche con jóvenes extremeños, de los que muchos regresado de Europa a su tierra, y «se quedan ya aquí a vivir, ingenieros, profesores, investigadores, unos trabajando para el exterior, otros programando para nuestras instituciones el buen aprovechamiento de los fondos europeos, tenemos talento, inteligencia y lo único que hay que hacer es canalizarlo».

Ante esta situación, ha insistido en que «el momento es ahora, el diagnostico está hecho, tenemos la hoja de ruta, está todo escrito», y en la actualidad se cuentan «con unos recursos que hay que movilizar y demostrar eficacia en la gestión y, sobre todo, contamos con la fuerza de la sociedad española que nos impulsa», ha dicho.

«Vengo de una ciudad industrial y la industria hoy está en la inteligencia y en el talento, ahora requerimos de un replanteamiento, una planificación de Estado, para asentar nuevos sectores en nuestro territorio», ha defendido Rodríguez, quien ha aseverado que «la materia prima, la inteligencia, el valor de las personas, lo tenemos».

Así, ha mostrado la «confianza plena en la determinación de este Gobierno» ante este reto, en el que «es tanta la fuerza que nos empuja que no podremos resistirnos», ya que se trata de «la fuerza de los jóvenes que quieren vivir en los pueblos, porque aquí son más felices que en las grandes urbes, donde hay distintos servicios pero inaccesibles en muchos casos».

Sin embargo, en el mundo rural «tenemos cuestiones maravillosas como el entorno y el carácter de la gente del mundo rural que nos marca en nuestra forma de ser y actuar», ha concluido.

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA INDUSTRIA

Por su parte, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha destacado que la solución al problema de la despoblación es el desarrollo industrial y la creación de empleo, ya que de esta manera «se fija población al territorio y se atraen migraciones de otros lugares».

En su intervención, Fernández Vara ha achacado la despoblación a dos razones, como son por un lado, la caída de la natalidad, que es una «consecuencia lógica de un modelo de vida y de familia diferente», tras lo que ha recordado cuando las mujeres no podían trabajar y ni siquiera abrir una cuenta corriente y no tenían más vida que cuidar de los hijos.

Por eso, ha señalado que «esta no es una situación coyuntural, es la consecuencia de la igualdad, que propicia que mujeres y hombres puedan desarrollar sus proyectos de vida desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades», ha continuado, por lo que esta cuestión de la natalidad «no es solventable».

Una cuestión que, en su opinión, solo se puede resolver con migraciones y éstas se producen cuando la gente puede tener un empleo decente y una vivienda digna. «La gente se mueve buscando esperanza de vida y de sus proyectos, ha afirmado, por lo que la gente irá donde haya trabajo, sobre este eje sí se puede actuar, es la clave fundamental de todo lo que tenemos por delante», ha dicho.

El jefe del Ejecutivo regional ha subrayado que la nueva estrategia necesariamente tiene que ser una «distribución adecuada» de las industrias por el territorio, ya sean industrias agroalimentarias, y empresas del sector turístico o el sector energético.

«Ya se sabe lo que hay que hacer y hay que tener voluntad firme de hacerlo», ha reafirmado Fernández Vara, quien ha abogado por «trabajar todos hacia un camino el que luchemos de verdad contra la despoblación porque haya empleo y vivienda para la gente, porque así la gente vendrá y los de aquí se quedarán», ha aseverado.

Según ha recordado, en 2018 se hizo el primer informe contra la despoblación en la región y en la actualidad se está trabajando en las estrategias y en la Ley, una Ley que ha entrado firmada por todos los grupos con representación en la Asamblea de Extremadura en el Parlamento regional porque, según Vara, «el protagonismo no lo debe tener nadie».

A su juicio, «solo así, entendiendo que el problema es de todos, haremos buenos diagnósticos y como consecuencia de ello pondremos tratamientos adecuados para poder resolver los problemas», por lo que ha concluido asegurando que «la tarea es ingente, el reto demográfico y la lucha contra la despoblación es de todos».

Cabe destacar que en la inauguración también han intervenido la secretaria de Estado de Valorización del Interior de Portugal, Isabel Ferreira; la vicepresidenta de la Comisión Europea y Comisaria Europea para la Democracia y Demografía, Dubravka Suica, a través de un mensaje grabado, y el alcalde de Valencia de Alcántara, Alberto Piris.

También han acudido a este congreso la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco; el presidente en funciones de la Asamblea de Extremadura, Miguel Ángel Morales, los presidentes de las diputaciones de Cáceres, Carlos Carlos, y de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, así como las consejeras de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García, y de Cultura, Turismo y Deportes, Nuria Flores.

El expresidente de la Generalitat Valenciana y del PPCV, Francisco Camps, ha cargado este jueves contra el actual presidente del Gobierno regional, Ximo Puig, a quien ha acusado de gastar cerca de un millón de euros de dinero público para alargar el proceso judicial contra él al presentar varios recursos a través de la acusación popular.

«Antes Puig recurría con dinero de su partido a través de abogados del PSOE y desde que es presidente, los recursos los hace con la abogacía de la Generalitat, que pagamos entre todos los valencianos», ha indicado Camps, que ha cifrado en casi un millón de euros el gasto por este asunto.

Camps ha hecho estas declaraciones al día siguiente de que se conociera el archivo de la novena causa en su contra, en este caso por el contrato por el que la Generalitat asumió en julio de 2011 –en sustitución de Bancaja– la condición de avalista de Valmor, empresa que organizaba la celebración de la Fórmula 1 en la ciudad.

Esta era la última causa que seguía abierta por presuntas irregularidades en torno a la carrera, con lo que le queda una de las seis separadas del caso Gürtel por los contratos menores que la Generalitat adjudicó a Orange Market.

«EL MOROSO PUIG AÚN NO ME HA PAGADO LAS COSTAS»

Camps ha señalado que Puig lleva la acusación popular y que incluso recurrió la absolución en una causa anterior decretada por jurado popular, aunque finalmente el Tribunal Supremo le dio la razón a él. «El moroso Puig todavía no me ha pagado las costas que me debe de la causa judicial del recurso ante el Supremo», ha indicado en declaraciones a la cadena Cope.

En esta misma línea se ha quejado de que a pesar de que ha colaborado con la justicia y les ha demostrado que las pruebas que había contra él eran falsas pero que aún así le tienen «cogido» porque si deja de estar imputado, «Puig deja de ser presidente», ha afirmado.

UNA MANO POLÍTICA PARA ALARGAR EL SUFRIMIENTO

En esta misma línea, Camps, se ha mostrado convencido de que hay una mano política «por lo menos para alargar el sufrimiento» porque las distintas causas y recursos se han ido sucediendo en el tiempo y «muchas de ellas» han coincidido con periodos electorales.

«Siempre ha estado la acusación popular detrás de mí, el señor Puig fue personalmente el que firmó las denuncias y el que ha recurrido todas las causas que fueron archivadas porque yo no solo he ganado absoluciones, he ganado reaperturas de absolucoines», como la que se archivó este miércoles.

Finalmente se ha mostrado convencido de que el juicio por la última causa que le queda saldrá para las próxima elecciones autonómicas y municipales, previstas para 2023 para hacer «el mayor daño posible» a su presencia en el banquillo de los acusados.

El delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha señalado este jueves en relación al incendio en una vivienda de El Alquián, en Almería, que acabó con la vida de una mujer y sus hijos de cinco y diez años de edad que aún se investiga «si había algún tipo de sustancia en cualquiera los cuerpos que pudiera determinar que se hubiera usado algún tipo de medicamento previo al suceso».

A preguntas de los medios, Fernández ha manifestado que aún se está en «plena investigación» por lo que es «difícil avanzar más datos» si bien ha incidido en que los principales indicios apunta a que el fuego fue provocado «desde dentro» de la habitación por la madre de los menores. «Siguen siendo indicios y no es concluyente», ha insistido, no obstante, a pesar de que la teoría de que una cuarta persona interviniera en el incendio ha perdido fuerza a juicio de los investigadores.

En este sentido, una portavoz de la Comisaría Provincial ha descartado la presencia de una cuarta persona en la vivienda y ha informado de que el tío de los pequeños, a quien algunos vecinos situaron en el interior de la casa, residía en «el mismo bloque» y que, al «percatarse» de que había fuego, «subió» al piso en el que residía la familia de su hermano.

El delegado de Gobierno ha asegurado que aún están pendientes de los «resultados definitivos» a la autopsia que realiza el Instituto de Medicinal Legal (IML) toda vez que quedan por afianzar otros aspectos «importantes» como las circunstancias en las que se produce el fuego y el «posicionamiento de los muebles» en el interior de la habitación así como su «posible obstrucción» a la puerta de acceso.

Tras descartar por completo la hipótesis de la violencia de género, dado que la pareja sentimental de la víctima se encontraba fuera del país por su oficio de camionero, el delegado ha lamentado «profundamente» las muertes de la mujer y los dos menores.

Las pesquisas se mantienen abiertas, si bien los agentes ya han podido confirmar la ausencia de una «cuarta persona» en la casa siniestrada, por lo que, en el momento de producirse el incendio, la mujer y sus hijos de cinco y diez años estaban solos.

La Policía Nacional abrió en un primer momento dos líneas de investigación con el fin de esclarecer la posible participación de una cuarta persona en los hechos o si, por el contrario, el fuego había sido ocasionado desde el interior de la habitación en la se encontraron los cuerpos calcinados.

Los agentes acudieron el martes a la vivienda ubicada en el número 28 de la calle Euro de la capital almeriense donde permanecieron varias horas para recopilar vestigios y pruebas que permitiesen aclarar las circunstancias del suceso que se produjo mientras que la pareja de la mujer y padre de los niños se encontraba fuera del domicilio por motivos de trabajo.

Los investigadores esperan que la autopsia que se practica en el Instituto de Medicina Legal (IML) arroje luz sobre las causas de la muerte, sentido en el que también se tornarán esenciales las conclusiones a las que llegue la Policía Científica y el informe pericial que emita el cuerpo de Bomberos de Almería.

Según los primeros datos de la investigación, una «cama» apoyada contra la puerta de la habitación en la que se encontraron los cuerpos habría «bloqueado» el acceso a la misma desde el exterior, por lo que los bomberos tuvieron que «violentarla» y «echarla abajo» al hallarse «bloqueada» por «detrás de ella por dentro».

Las pesquisas preliminares destacaron, asimismo, la «especial virulencia» del fuego, que ocasionó afección casi exclusivamente a la habitación en la que se hallaban la mujer y sus dos hijos menores, no «usual», por lo que se está investigando si se debe a la presencia de materiales inflamables sin más en el cuarto o si se pudo utilizar «algún tipo de acelerante».

Fue una «llamada ciudadana» la que, sobre las 0,10 horas de este miércoles, alertó de la presencia de humo y llamas en la habitación ubicada en el ático ubicado del inmueble, lo que movilizó hasta la zona tres vehículos y 12 efectivos de los Bomberos de Almería.

En el lugar intervinieron los recursos sanitarios de la Junta, Bomberos de Almería y Policía Local y Nacional, que ha activado el protocolo judicial para esclarecer las causas del suceso. El Juzgado de Instrucción número 5 de Almería en funciones de guardia se ha hecho cargo de la investigación.

La exportavoz del Grupo Popular en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo ha asegurado este jueves que no dejará su escaño en la Cámara Baja, como ya anticipa en su libro ‘Políticamente indeseable’. Además, ha respondido al PP –después de que en el partido la hayan invitado a dar «un paso atrás» si no le «ilusiona» el proyecto de Pablo Casado– que «de ilusión también se vive».

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha sugerido este jueves que Álvarez de Toledo debería dejar su acta si ya no le «ilusiona» el proyecto que dirige Casado y no está «de acuerdo con el devenir político» de la formación. Según ha insistido en TVE, si él perdiera «la ilusión» y las «ganas» de trabajar en este proyecto, daría ese «paso atrás».

Las declaraciones de Montesinos, que ha ejercido hoy como portavoz del partido, se producen después del malestar que ha causado en la cúpula del PP el libro de Álvarez de Toledo, en el que critica tanto a Casado –al que tilda de «veleta» y «bienqueda»– como al secretario general del PP, Teodoro García Egea, al que ha acusado de practicar «bullying».

Álvarez de Toledo, que es diputada por Barcelona, ha insistido en que no dejará su acta. «Mi decisión de no dejar el escaño está ya explícita en el libro, por lo que no hace falta extenderme», ha manifestado.

Además, ha recurrido al refranero para responder al responsable de Comunicación del PP. «En cuanto a las declaraciones del señor Montesinos sobre que yo deje mi escaño, una sola observación basada en el refranero: de ilusión también se vive», ha declarado.

DEJAR EL ESCAÑO SERÍA «LA OPCIÓN MÁS FÁCIL Y VULGAR»

En su libro ‘Políticamente indeseable’, que sale este jueves a la venta, Álvarez de Toledo asegura que tras su publicación «muchas personas pensarán» que ella va a dejar su escaño o que debe abandonarlo.

«Sería la opción más fácil y vulgar. Peor aún, sería la constatación de que la política, como la concibo, es imposible. Pero no. La política deseable no es un producto de mi idealismo. Existe en los libros de Historia y en las limpias vocaciones de muchos políticos, veteranos y jóvenes, retirados y en activo, con los que he tenido el inmenso privilegio de compartir causa y camino. Pero, sobre todo, es una necesidad», asegura al final de su obra.

En este punto, la exportavoz del Grupo Popular defiende que los políticos digan en público «lo mismo que en privado» y se reconozca la «degradación» de este oficio. «El rescate de la política solo es posible desde la propia política y sin concesiones a la autoindulgencia. Como Cyrano de Bergerac, con la nariz bien alta y hasta el final», proclama.

EL PP HA ACTIVADO EL PROCEDIMIENTO INTERNO

El Grupo Popular ha activado el procedimiento interno contra Álvarez de Toledo después de que ella misma haya declarado que votó en blanco en el Congreso durante la elección de los magistrados del TC pactados por PSOE y PP para el Tribunal Constitucional, rompiendo así la disciplina de voto.

«Es un procedimiento habitual y estándar que se lleva a cabo en el caso de Cayetana Álvarez de Toledo o de cualquier o otro diputado que considere que, por las cuestiones que considere oportunas, no cumple la disciplina de voto sobre las cuestiones que están muy claras en el reglamento interno», ha declarado Montesinos este jueves.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha defendido este jueves que el reto demográfico «es urgente», por lo que una vez hechos los diagnósticos, así como el proyecto, las medidas e incluso el presupuesto, «es el tiempo de la acción».

De esta forma se ha pronunciado la ministra de Política Territorial durante su intervención en el I Congreso Europeo por el Reto Demográfico ‘Un futuro para los territorios transfronterizos’, que se celebra en la pedanía de San Pedro de los Majarretes, y en el que también ha intervenido el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

En su intervención, Isabel Rodríguez ha aplaudido la celebración de este congreso en Valencia de Alcántara, ya que «es muy importante, en un contexto europeo, poner sobre la mesa los asuntos que tienen que ver con el reto demográfico», por lo que se trata de «un proyecto pionero» al afrontarlo con Portugal.

Y es que, según ha alertado, el reto demográfico «es un reto urgente» y sobre el que «ya se ha avanzado mucho en España» donde el Gobierno tiene «un compromiso clarísimo, que se concreta en 130 medidas y en 10.000 millones de euros», ha dicho.

De estas 130 medidas, el 80 por ciento «han comenzado a valorarse, a iniciarse, y que están muy avanzadas en un 50 por ciento», mientras que de los 10.000 millones de euros previstos «ya se han movilizado 3.000 millones de euros», ha cifrado la ministra de Política Territorial.

Se trata de un plan «muy ambicioso que se va a concretar con otras acciones», entre las que Rodríguez ha cifrado una ley que está tramitando desde el Ministerio de Política Territorial, con el objetivo de «atender las peculiaridades y las singularidades de los municipios de menor población, concretamente de menos de 5.000 habitantes».

Isabel Rodríguez ha mostrado su intención de esta ley pueda llegar al Consejo de Ministros antes de que finalice este año 2021, ya que según ha insistido, el reto demográfico hay que afrontarlo hoy, ya es el tiempo de la acción», una vez hechos los diagnósticos, así como el proyecto, las medidas e incluso el presupuesto, «que ya estamos ejecutando y no puede esperar más».

«Un reto demográfico que es un reto democrático, y que hay que abordarlo con la serenidad y el sosiego con el que se ha abordado en estas jornadas» en Valencia de Alcántara, ha señalado Rodríguez quien ha señalado que se trata de «un país en el que creemos, y nos sentimos acompañados por la sociedad del entorno rural, que empuja al Gobierno», y que «juntos vamos a poder avanzar en el proceso de transformación y de recuperación justa», para lo cual «ha de producirse en todos los territorios».

Durante su intervención en la inauguración, la ministra ha recordado su charla anoche con jóvenes extremeños, de los que muchos regresado de Europa a su tierra, y «se quedan ya aquí a vivir, ingenieros, profesores, investigadores, unos trabajando para el exterior, otros programando para nuestras instituciones el buen aprovechamiento de los fondos europeos, tenemos talento, inteligencia y lo único que hay que hacer es canalizarlo».

Ante esta situación, ha insistido en que «el momento es ahora, el diagnostico está hecho, tenemos la hoja de ruta, está todo escrito», y en la actualidad se cuentan «con unos recursos que hay que movilizar y demostrar eficacia en la gestión y, sobre todo, contamos con la fuerza de la sociedad española que nos impulsa», ha dicho.

«Vengo de una ciudad industrial y la industria hoy está en la inteligencia y en el talento, ahora requerimos de un replanteamiento, una planificación de Estado, para asentar nuevos sectores en nuestro territorio», ha defendido Rodríguez, quien ha aseverado que «la materia prima, la inteligencia, el valor de las personas, lo tenemos».

Así, ha mostrado la «confianza plena en la determinación de este Gobierno» ante este reto, en el que «es tanta la fuerza que nos empuja que no podremos resistirnos», ya que se trata de «la fuerza de los jóvenes que quieren vivir en los pueblos, porque aquí son más felices que en las grandes urbes, donde hay distintos servicios pero inaccesibles en muchos casos».

Sin embargo, en el mundo rural «tenemos cuestiones maravillosas como el entorno y el carácter de la gente del mundo rural que nos marca en nuestra forma de ser y actuar», ha concluido.

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA INDUSTRIA

Por su parte, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha destacado que la solución al problema de la despoblación es el desarrollo industrial y la creación de empleo, ya que de esta manera «se fija población al territorio y se atraen migraciones de otros lugares».

En su intervención, Fernández Vara ha achacado la despoblación a dos razones, como son por un lado, la caída de la natalidad, que es una «consecuencia lógica de un modelo de vida y de familia diferente», tras lo que ha recordado cuando las mujeres no podían trabajar y ni siquiera abrir una cuenta corriente y no tenían más vida que cuidar de los hijos.

Por eso, ha señalado que «esta no es una situación coyuntural, es la consecuencia de la igualdad, que propicia que mujeres y hombres puedan desarrollar sus proyectos de vida desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades», ha continuado, por lo que esta cuestión de la natalidad «no es solventable».

Una cuestión que, en su opinión, solo se puede resolver con migraciones y éstas se producen cuando la gente puede tener un empleo decente y una vivienda digna. «La gente se mueve buscando esperanza de vida y de sus proyectos, ha afirmado, por lo que la gente irá donde haya trabajo, sobre este eje sí se puede actuar, es la clave fundamental de todo lo que tenemos por delante», ha dicho.

El jefe del Ejecutivo regional ha subrayado que la nueva estrategia necesariamente tiene que ser una «distribución adecuada» de las industrias por el territorio, ya sean industrias agroalimentarias, y empresas del sector turístico o el sector energético.

«Ya se sabe lo que hay que hacer y hay que tener voluntad firme de hacerlo», ha reafirmado Fernández Vara, quien ha abogado por «trabajar todos hacia un camino el que luchemos de verdad contra la despoblación porque haya empleo y vivienda para la gente, porque así la gente vendrá y los de aquí se quedarán», ha aseverado.

Según ha recordado, en 2018 se hizo el primer informe contra la despoblación en la región y en la actualidad se está trabajando en las estrategias y en la Ley, una Ley que ha entrado firmada por todos los grupos con representación en la Asamblea de Extremadura en el Parlamento regional porque, según Vara, «el protagonismo no lo debe tener nadie».

A su juicio, «solo así, entendiendo que el problema es de todos, haremos buenos diagnósticos y como consecuencia de ello pondremos tratamientos adecuados para poder resolver los problemas», por lo que ha concluido asegurando que «la tarea es ingente, el reto demográfico y la lucha contra la despoblación es de todos».

Cabe destacar que en la inauguración también han intervenido la secretaria de Estado de Valorización del Interior de Portugal, Isabel Ferreira; la vicepresidenta de la Comisión Europea y Comisaria Europea para la Democracia y Demografía, Dubravka Suica, a través de un mensaje grabado, y el alcalde de Valencia de Alcántara, Alberto Piris.

También han acudido a este congreso la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco; el presidente en funciones de la Asamblea de Extremadura, Miguel Ángel Morales, los presidentes de las diputaciones de Cáceres, Carlos Carlos, y de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, así como las consejeras de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García, y de Cultura, Turismo y Deportes, Nuria Flores.

El Gobierno central entiende la «preocupación» que pueden tener las CCAA por encontrarse el país ahora en «temporada» de posible propagación de virus del tipo de la Covid-19, aunque ha incidido en que «hoy» los índices de afectación en España de coronavirus «todavía están muy por debajo» de los de los países del entorno.

De este modo lo ha señalado la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, quien ha incidido en que a su juicio en todo caso «conviene» que se sigan manteniendo los «consensos» articulados hasta ahora para afrontar la Covid-19 en el seno del Consejo Interterritorial de Sanidad.

Así, tras reconocer que las CCAA «han jugado un papel fundamental» en la contención de la pandemia, ha subrayado que «hoy» los índices de afectación en España «todavía están muy por debajo» de los de los países del entorno, y ha hecho un llamamiento «a la serenidad, al sosiego y a mantener el cuidado y la protección» propiciados entre «todos» hasta el momento.

«En cualquier caso entendemos la preocupación de las autonomías y todo esto lo abordamos en el seno del Consejo Interterritorial donde abordamos estas cuestiones y donde yo creo que conviene que sigamos manteniendo esos consensos», ha sentenciado Isabel Rodríguez.

Con ello, a preguntas de los medios sobre la postura de algunas CCAA sobre un mayor uso del ‘Pasaporte Covid’, y con motivo de su asistencia este jueves en San Pedro de los Majarretes, una entidad singular de población perteneciente a Valencia de Alcántara (Cáceres), al acto inaugural del Congreso Europeo por el Reto Demográfico, la ministra ha considerado que ahora es momento de «celebrar» algunos hechos en España como, por ejemplo, «la importancia que ha tenido la coordinación y la colaboración de las CCAA en el proceso de vacunación».

«Creo que es un momento de celebrar algunos hechos en nuestro país. La importancia que ha tenido la coordinación y la colaboración de las CCAA en el proceso de vacunación», ha dicho, y ha recordado que ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya avanzaba que «de nuevo ahora los mayores de 60 se incorporan a esa tercera dosis o dosis de refuerzo» para combatir el virus.

«Es verdad que estamos en temporada de este tipo de virus, y por tanto hago un llamamiento a la serenidad, al sosiego y a mantener el cuidado que hemos tenido y la protección que hemos propiciado todos en este tiempo», ha espetado en todo caso Rodríguez, quien ha reconocido que las CCAA «han jugado un papel fundamental» y que, no obstante, «hoy» los índices de afectación de Covid-19 en España «todavía están muy por debajo» de los países del entorno.

La sección tercera de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a un hombre, jefe de cocina de un restaurante de la localidad alicantina de Benidorm, a un año de prisión por acosar a una empleada durante 11 años: «Inútil, no vales para nada, coja», se mofaba el condenado.

Así se desprende de la resolución, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en la que la Audiencia desestima el recurso interpuesto por el condenado y confirma el año de prisión por un delito de acoso laboral y el pago de una responsabilidad civil de 10.800 euros por las lesiones y de 2.400 por las secuelas. También le condena por un delito de lesiones al pago de una multa de 1.260 euros.

Según consta como probado en la sentencia, el hombre, encargado y jefe de cocina, acosó desde mayo de 2007 hasta el año 2018 a una de las empleadas, ayudante de cocina, y le dio un trato humillante y ofensivo.

Le profería expresiones como «inútil, no vales para nada, coja» y no le permitía hablar con la gente. Le llegó a lanzar tapas de frascos, le dio empujones y le golpeó con cartones de pizza.

Esta continua y deliberada conducta de hostigamiento y trato vejatorio le ocasionó a la víctima un trastorno de adaptación mixto de ansiedad y de humor deprimido que precisó, además de una primera asistencia médica, tratamiento médico posterior con revisiones por psiquiatría, terapia psicológica y farmacológica. Le han quedado como secuelas un trastorno de adaptación mixto de ansiedad y humor deprimido.

El hombre fue condenado por un juzgado y presentó un recurso ante la Audiencia alegando error en la apreciación de la prueba y vulneración del principio de presunción de inocencia.

La Audiencia, tras estudiar el recurso, lo ha desestimado en base, fundamentalmente, a las declaraciones de los testigos durante el juicio y a las conclusiones de la perito médico forense: «No se aprecia el error valorativo denunciado, sino que más bien, parece que lo que el apelante pretende es contradecir la declaración de hechos probados de la sentencia sustituyendo el criterio objetivo y aséptico del juez ‘a quo’ en el examen de las pruebas practicadas por el subjetivo de la parte que impugna la valoración».

El grupo local Ecologistas en Acción Sierra Bermeja organiza el próximo 27 de noviembre en Estepona (Málaga) una manifestación, junto al apoyo de más de 40 entidades sin ánimo de lucro para exigir «una protección efectiva de Sierra Bermeja».

Así, exigen «una protección efectiva como parque nacional, que se destinen recursos contra incendios suficientes para prevenir y combatir los posibles incendios y que se defiendan realmente las masas forestales, principales aliados ante el cambio climático».

En un comunicado, han incidido en que el catastrófico incendio del pasado septiembre «puso de manifiesto de forma cruenta una realidad queSierra Bermeja lleva sufriendo desde hace bastantes décadas».

«El abandono y la desprotección de esta joya natural han hecho que los incendios sean cada vez más agresivos, llegando incluso a causar lamuerte de personas como el bombero tristemente fallecido en el último», han dicho, añadiendo que «cada nuevo incendio tiene a los habitantes de los municipios de colindantes a Sierra Bermeja con el corazón en un puño por el gran valor de lo que se puede perder».

Por ello, han agregado, «exigimos una protección efectiva como parque nacional, que se destinen recursos antiincendios suficientes para prevenir y combatir los posibles incendios y que se defiendan realmente las masas forestales, principales aliados ante el cambio climático. Debido a que ha sido una catástrofe histórica, exigimos medidas a ese nivel, para que un desastre así no vuelva a ocurrir».

También han criticado con ésta y otras acciones «el abandono administrativo la tardanza y falta de contundencia a la hora de acometer las labores de extinción, la falta de efectivos vigilancia, la falta de dotaciones suficientes (Cedefo) para atender a una sierra como la nuestra, tan propensa a sufrir grandes incendios, en una zona con orografía muy complicada y con unas condiciones meteorológicas que pueden ser muy adversas, como ocurrió esta vez».

«Atrás quedó una catástrofe que afectó a siete municipios de la provincia: Estepona, Jubrique, Júzcar, Faraján, Benahavís, Genalguacil y Casares; segó la vida de una persona y obligó a evacuar a más de 2.670. No es de extrañar nuestro enfado, sentir y dolor por la muerte delbombero forestal Carlos Martínez Haro. Nos solidarizamos con todos los afectados», han agregado.

De igual modo, han llamado la atención «sobre el desánimo de las prácticas ganaderas en el pie de monte, la precariedad económica de los aprovechamientos y la despoblación de los pueblos del Valle del Genal, con el consiguiente abandono de las fincas, la presión turística incontrolada y la especulación urbanística (turismo residencial) asociada a ella».

Han recordado que en este gran incendio, que ha hecho catalogar de Zona Catastrófica a todo el territorio afectado, se han quemado 9.731 hectáreas de zona protegida, las Zonas de Especial Conservación (ZEC) de Sierras Bermeja y Real, Los Reales de Sierra Bermeja –también Zona de Especial Conservación para las Aves–, Valle del Genal, río Castor, río La Cala y río Padrón. Todo lo que se ha quemado forma parte de la Reserva de la Biosfera Intercontinental España-Marruecos.

«Se han quemado también más de 1.000 pinsapos, una especie arbórea de crecimiento muy lento en peligro de extinción, que tiene en elParaje Natural de Los Reales de Sierra Bermeja los únicos bosques del mundo sobre peridotitas», han precisado.

A juicio de Ecologistas en Acción, «resulta vergonzoso que el delegado provincial de desarrollo sostenible ha intentado desmentir públicamente las mediciones del equipo técnico de la Plataforma Sierra Bermeja Parque Nacional, negando que se haya alcanzado esa cifra e intentando rebajar la gravedad de los daños a pinsapar, actitud que es incompatible con la continuidad en su cargo».

«Sierra Bermeja cumple con todos los requisitos para ser catalogada como Parque Nacional, tiene el apoyo científico, se han recolectado más de 75.000 firmas» y han pedido, además, a los ciudadanos que muestren su apoyo el próximo 27 de noviembre en Estepona, a las 12.00 horas en el paseo marítimo, junto al río Monterroso (estatua del Labrador y el Pescador). El recorrido finalizará en el Orquidiario y transcurrirá por el centro de Estepona.

La inauguración del Foro Talentia Summit 2021 en Santiago de Compostela ha acogido un intercambio de postulados sobre la reforma educativa impulsada del Gobierno central entre la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Así, la titular de Educación ha defendido el camino iniciado con la Lomloe y ha apostado por debates «serenos y constructivos», mientras que el líder del Gobierno gallego apeló a trabajar para mejorar la motivación del alumnado, pero sin «minar el esfuerzo» y, con ello, la «excelencia» del sistema.

Estas declaraciones se producen en un contexto de desarrollo de la nueva Ley educativa, en particular la decisión del Ministerio del ramo de eliminar los exámenes de recuperación en ESO y flexibilizar el aprobado en Bachillerato ya este mismo curso y a pesar del compromiso inicial adquirido con las comunidades autónomas de permitir la celebración de estas convocatorias este año de forma provisional. Esta medida fue especialmente criticada por la Xunta, que solicitó la retirada del proyecto de real decreto de evaluación y promoción.

Ambos mandatarios han acudido este jueves a la inauguración de la feria de talento y empleo, celebrada en el auditorio del recién inaugurado Edificio Fontán de la Ciudad de la Cultura. Allí, Pilar Alegría recordó, en declaraciones previas, que la Lomloe está aprobada ya «desde hace un año» y «con mayoría absoluta», aunque reconoció que siempre que se produce un cambio normativo en este ámbito «se genera debate».

«Lo importante es que los debates sean serenos y constructivos», ha insistido, como así «merece» la calidad del sistema educativo. Alegría volvió a insistir en esta idea durante su intervención en el acto, en el que defendió la necesidad de «cambiar las metodologías pedagógicas» y dar «un impulso importante», del mismo modo que llamó a aprovechar los fondos europeos de recuperación para «intentar amortiguar las lagunas detectadas» durante los 20 meses de la pandemia sanitaria.

En este sentido, ha apostado por avanzar hacia la digitalización, la innovación y hacia «un modelo de competencias» y de fomentar la comprensión sobre lo aprendido, a «trabajar en equipo» y a ser «ciudadanos solidarios y con pensamiento crítico».

Así y a pesar de las «dudas» e «incertidumbres» que puedan generar los cambios, la ministra de Educación ha parafraseado al «padre del informe PISA», el alemán Andreas Schleicher, para advertir de que el sistema tiene que preparar a los estudiantes «para el futuro» y no para el pasado. «El camino que iniciamos en España va en esa dirección», ha destacado, para instar a hacerlo «mostrando confianza» en el sistema educativo, que «siempre estuvo a la altura» de los cambios sociales, culturales y económicos» y lo «seguirá estando» con esta «revolución».

DEFENDER EL «ESFUERZO»

Feijóo, por su parte, ha advertido sobre la necesidad de mantener y promover los valores del «esfuerzo» del alumnado en el sistema y, además, ofrecer un clima «estable de trabajo» a los docentes que trabajan día a día en los centros.

En este sentido, ha considerado que no se les hace «ningún favor» dejando de evaluar «los frutos de su trabajo», lo que «dificulta su progresión» ante un mundo exigente y abierto.

«Si hay que mejorar los resultados educativos, lo hagamos. Si hay que renovar la motivación de los alumnos, la busquemos. Pero no minemos el esfuerzo, que es el garantizador de igualdad, porque lo acusará la excelencia y, por extensión, todos nosotros», explicó.

En esta línea puso el ejemplo de la figura que da nombre al edificio que acoge el evento, Domingo Fontán, como un referente de esfuerzo y determinación que culminó con la configuración del mapa «más exacto» de la comunidad gallega.

POTENCIAR EL TALENTO

Durante su intervención en el evento, Alegría ha subrayado la necesidad de potenciar el talento de los jóvenes para que puedan afrontar los desafíos del futuro y el papel clave que la educación debe desempeñar en esta tarea, ante la «enorme transformación económica y social que el mundo necesita».

Es en este punto donde ha apostado por cambiar el actual modelo de enseñanza, basado en la acumulación enciclopédica y memorística de datos, por un modelo dinámico que responda a las necesidades del «nuevo paradigma» social y productivo, basado en la capacidad de aplicar y dar sentido a los conocimientos.

En esta tarea también será determinante la transformación de la Formación Profesional, ha añadido, «otra de las palancas» de este objetivo y «totalmente fundamental» para la sociedad actual. Una «revolución silenciosa que ya está en marcha», ha señalado Pilar Alegría.

ADAPTARSE AL FUTURO

El presidente gallego, por su parte, ha reivindicado el papel de la universidad y la Formación Profesional para potenciar el talento y preparar a los jóvenes para el futuro. Así ha destacado el compromiso de la Xunta con una ‘Universidad 4.0’ que concilie innovación, empleabilidad y especialización, y medidas como el consenso alcanzado sobre el Plan de financiación, que permitirá movilizar 3.200 millones de euros entre 2022-2026 («un 31% más»), el nuevo mapa de titulaciones o la apuesta por la FP.

Galicia contará con 15 nuevos másteres adecuados a los perfiles de futuro en cuatro áreas clave que abarcan casi todo el PIB gallego, como son: las ciencias, con un máster en Economía Circular, Gestión Sostenible y Tecnología Textil; las ciencias de la salud, con un nuevo máster en Cronicidad y Modelos de Atención Sociosanitaria y E-Salud; las ciencias sociales y jurídicas, con un máster en Comportamiento del Consumidor, Transformación Digital e Innovación Educativa; y la ingeniería y la arquitectura, con un máster de Realidad Extendida, Vehículos Autónomos y el Internet de las cosas.

«Y ya estamos trabajando también en una Estrategia Gallega de FP 2021-2025, para potenciar la red de centros referentes, reforzar la oferta y estrechar la colaboración con el tejido empresarial», añadió, subrayando que Galicia cuenta hoy con 23 centros integrados de formación profesional; con 26 viveros de empresas en estos centros; con 58 ciclos plurilingües; con 13 titulaciones en áreas de futuro como la inteligencia artificial o la ciberseguridad; y con una FP Dual con 163 ciclos.