Andalucía ha bajado esta semana un total de 427 hospitalizados por coronavirus, una caída mucho más agudizada que la registrada la pasada de 290 y la anterior de 56.

Según señalan los datos consultados de la Junta de Andalucía disponibles a fecha de este domingo, en la región hay 1.470 hospitalizados por esta enfermedad, que son 427 menos que los del domingo pasado de 1.897.

Esta pronunciada bajada ha permitido a la Junta que desde este martes se quite la restricción del pasaporte Covid en la región para el acceso a diversos sitios. Concretamente, para entrar al espacio interior de establecimientos de hostelería, ocio y esparcimiento, medida que llevaba en vigor desde el 20 de diciembre, y para visitar centros sanitarios con internamiento y centros sociosanitarios de carácter residencial, donde se exigía desde el 7 de diciembre.

Como afirmó el consejero de Salud y Familias de la Junta, Jesús Aguirre, este sábado, "el disminuir la presión hospitalario indica que la sexta ola está en franca remisión y esperemos llegar a una fase de estabilización en 10-15 días".

Respecto a las UCI, la región ha disminuido el número de pacientes en estas unidades en 42 esta semana, frente a la caída de sólo 14 la semana pasada y la de ocho la anterior.

La Guardia Civil busca desde este sábado a un vecino de Llanes de 49 años que realizaba entrenamiento de carretera de montaña por los Picos de Europa y que no regresó a su domicilio, según han informado desde la Guardia Civil este domingo.

La zona inicial de búsqueda es el Casetón de Andara y las estribaciones de su entorno. Es decir, Valdominguero, El Grajal o Collado de San Carlos. Todos ellos por encima de los 2.000 metros.

En torno a las 20.00 horas de este sabado, el GREIM de la Guardia Civil de Cangas de Onis, tuvo conocimiento de que una persona que realizaba entrenamiento de carrera de montaña desde por la mañana no había regresado a su domicilio y se desconocía su paradero.

De forma inmediata patrullas de Seguridad Ciudadana recorrieron los estacionamiento habituales donde se inician dicha rutas de carrera, localizando el vehículo de esta persona en el estacionamiento denominado 'Jitos', en Escarandi, en la carretera entre Sotres y Tresviso.

Las primeras informaciones obtenidas indican que había sido visto el sábado por la mañana solo corriendo por la zona del Casetón de Andara. En la mañana de este domingo 6 efectivos de la Guardia Civil pertenecientes a los GREIM de Cangas de Onís y Potes con apoyo del helicóptero de la UHEL de la Zona de la Guardia Civil de Asturias han iniciado la búsqueda de esta persona.

A la misma se unirá a partir de las 13.00 horas el helicóptero del 112 Asturias. Un grupo de amigos del desaparecido se han unido a las tareas de localización. En el transcurso de la tarde se incrementará el número de efectivo de búsqueda con otros GREIM.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en València a una mujer de 56 años como consecuencia de la muerte de su pareja tras, al parecer, la ingesta de medicamentos laxativos que presuntamente le había proporcionado, hecho que mantuvo al hombre ingresado durante siete meses en un hospital, hasta su fallecimiento.

Además, la arrestada habría aprovechado la estancia en el centro hospitalario de su compañero sentimental para realizar retiradas de efectivo de su cuenta bancaria y efectuar compras con sus tarjetas, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Las investigaciones se iniciaron en mayo del pasado año, cuando los agentes del grupo de Homicidios tuvieron conocimiento que un hombre de 70 años podría haber fallecido en extrañas circunstancias en un hospital. Los policías averiguaron que el varón estuvo ingresado durante siete meses con un cuadro médico caracterizado por una diarrea crónica.

El hombre habría ingresado en el hospital en septiembre de 2020 y, si bien solo había estado de alta durante cuatro días, habría permanecido en el centro hasta su fallecimiento en abril. Los investigadores han tenido conocimiento de que cuando el enfermo ingresaba en la UCI, lugar donde no recibía visitas, su estado de salud mejoraba, y que, sin embargo, empeoraba cuando lo trasladaban a la planta.

Durante las investigaciones, los agentes han conocido que la víctima estuvo acompañada por su pareja sentimental en el hospital hasta su fallecimiento. Al parecer, la mujer le habría comunicado a los familiares que, a causa de la situación sanitaria debido a la Covid-19, el hombre no podía recibir visitas. A pesar de todas las pruebas médicas practicadas a la víctima para esclarecer los motivos de su dolencia, no se lograron establecer las causas.

Tras el fallecimiento, sus hijos tuvieron conocimiento que una de las cuentas bancarias de la que era titular su padre se encontraba con saldo negativo. Además, se percataron de la existencia de diversas facturas de compras realizadas en farmacias durante los meses que duró el ingreso hospitalario del varón.

COMPRA DE LAXANTES

Los investigadores iniciaron entonces las gestiones para esclarecer los hechos y averiguaron que, durante un año, la arrestada habría adquirido una gran cantidad de laxantes y que, a causa de la ingesta durante largos periodos de tiempo de estos medicamentos, el hombre podría haber sufrido diarreas, lo que habría dado lugar a alteraciones en la función cardiaca, debilidad muscular y cansancio que finalmente habría producido su muerte.

Además, los agentes han comprobado que durante el periodo que el paciente permaneció en el hospital la sospechosa se habría apoderado de sus tarjetas bancarias para realizar numerosas retiradas de efectivo en diferentes cajeros automáticos por un valor de 62.000 euros. También han averiguado que habría realizado compras en establecimientos comerciales con las mismas tarjetas por un importe que ascendía a 30.000 euros.

Durante las investigaciones, los agentes han descubierto que la mujer apenas recibía una mensualidad de 400 euros que no se ajustaba a su situación económica actual, por lo que han concluido que el dinero del que disponía era el obtenido fraudulentamente de las cuentas bancarias de su compañero sentimental.

Tras finalizar las pesquisas policiales, los policías han detenido a la mujer por los hechos que han dado lugar a la muerte de su pareja, así como por presunta autora de los delitos de apropiación indebida y estafa.

El candidato de Unidas Podemos a las Cortes de Castilla y León, Pablo Fernández, ha anticipado que este puede ser un "día histórico" en el que "la esperanza venza a la resignación".

Así se ha referido tras ejercer su derecho a voto en el edificio de San Marcelo del Ayuntamiento de León, donde ha animado a los castellanoleoneses a que ejerzan "su derecho a voto".

Fernández ha reconocido que la "esperanza" puede ganar "a la despoblación, al deterioro de lo público y a 35 años" a los que les han condenado "las mismas políticas".

Asimismo, ha recordado que Castilla y León es una comunidad que ahora mismo "languidece". "Está caracterizada por esa despoblación, por ese deterioro de los servicios públicos, precariedad y exilio", ha añadido.

También, se ha mostrado convencido de que hoy puede haber un cambio "histórico" de Gobierno y ha señalado que su formación es la opción que garantiza un "verdadero cambio y la transformación" que tanto "necesita" esta Comunidad.

Por último, ha agradecido a los apoderados de Unidas Podemos que están haciendo un trabajo "excepcional" en todas las mesas y ha concluido que la "preocupación del PP se palpa" y esto, a su juicio, significa que el cambio "es posible y factible".

Los distintos partidos políticos que concurren a las elecciones autonómicas de este domingo 13 de febrero, se juegan el reparto de 81 procuradores ya que se mantiene la menor representación de todos los mandatos en Castilla y León, situación a la que se llegó en 2019 tras la pérdida entonces de tres representantes por las provincias de Salamanca, Segovia y León como consecuencia del efecto directo de la caída de población en estos territorios.

En concreto, las Cortes de la XI Legislatura se constituirán a las 12.00 horas del jueves 10 de marzo y estarán formadas de nuevo por ochenta y un procuradores con el mismo reparto por circunscripciones que hace dos años: quince por Valladolid, trece por León, once por Burgos, diez por Salamanca, siete por Ávila, Palencia y Zamora en cada caso, seis por Segovia y cinco por Soria.

De este modo, las Cortes de Castilla y León de la XI Legislatura mantienen la menor representación desde la constitución del primer parlamento regional de la etapa autonómica que estuvo conformado por un total de 84 procuradores --el número que se ha repetido más veces en el Parlamento regional--, cifra que se repitió en el segundo y tercer mandato para caer a 83 en la cuarta y quinta legislatura y a 82 en la sexta.

En las elecciones de mayo de 2007 el Parlamento de Castilla y León recuperó un escaño, hasta alcanzar los 83, y tanto en la octava como en la novena legislatura se volvió a esa cifra originaria de 84 procuradores que se perdió en la décima, con ese mínimo histórico de 81 que se mantendrá en la próxima para un mandato inicial de 2022-2026.

Los partidos políticos que concurren a estas autonómicas, las primeras adelantadas en la historia de Castilla y León y que, además, se celebrarán en solitario, se juegan el reparto de esos 81 procuradores con el "techo" de 53 escaños que consiguieron los 'populares' en los comicios de 2011 y los 41 que representaron al PSOE en las primeras elecciones de 1983.

Por su parte, el "suelo" para el PP está en los 29 escaños de las últimas elecciones mientras que para el Partido Socialista está en los 25 de la novena legislatura.

Las primeras Cortes de Castilla y León estuvieron conformadas por tres grupos, Socialista, con 41 escaños, Alianza Popular, con 35 y Mixto, con 8, mientras que en el II mandato aparece ya el Grupo Popular, con 33, seguido de Grupo Socialista, con 31; Grupo de Centro Democrático y Social, con 18, y Grupo Mixto, con 2, composición que se repitió en la III Legislatura en la que PP y PSOE ganaron procuradores (de 33 a 45 y de 31 a 34, en cada caso), con descenso para CDS, que se quedó con 3, mientras que el Mixto se mantuvo con dos escaños.

La novedad de la IV legislatura, fue la desaparición del CDS y la entrada de Izquierda Unida-Izquierda de Castilla y León con cuatro escaños y grupo propio. El Grupo Popular subió a 49, el Socialista bajó a 27 y el Mixto llegó a 3.

En el caso del V mandato, el Parlamento vuelve a la composición inicial de tres grupos conformados en este caso por Popular (48), Socialista (30) y Mixto (5), dibujo que se mantuvo en las tres legislaturas siguientes aunque con modificaciones de escaños. Así, en la VI el PP mantuvo sus 48 representantes, los socialistas ganaron dos hasta 32 y el Mixto bajó a dos; en la VII, PP repitió esos 48 escaños, PSOE ganó uno hasta 33 y Mixto se mantuvo en dos, y en la VIII los 'populares' escalaron hasta los 53, los socialistas cayeron a 29 y el Mixto siguió con dos.

En la IX, la última con Juan Vicente Herrera como presidente de la Junta, entraron los nuevos partidos, Podemos y Ciudadanos, con 10 y cinco procuradores respectivamente, que se sumaron a los 42 del PP, que necesitó del apoyo de los naranjas para deshacer empates; a los 25 del Grupo Socialista y a dos del Grupo Mixto, formado por UPL e IU.

Y la X estuvo marcada por la victoria del PSOE, que subió a los 35 escaños, mientras que el PP cayó a 29 procuradores, aunque consiguió formar gobierno junto con Ciudadanos, que repuntó de cinco a doce escaños, aunque dos años después perdió uno tras la marcha de la procuradora salmantina María Montero tres días antes del debate de la también inédita moción de censura a Alfonso Fernández Mañueco, que no prosperó pero dejó al Gobierno de coalición sin mayoría absoluta.

En la legislatura interrumpida entraron por primera vez Por Ávila y VOX, con un escaño en cada caso, que formaron parte de un variopinto Grupo Mixto conformado también por Podemos-Equo, con dos, y por UPL, con uno.

Por otro lado y según establece el artículo 26 del capítulo II del Estatuto de Autonomía, al comienzo de cada legislatura las Cortes de Castilla y León procederán a la elección del presidente por mayoría absoluta en primera votación o por mayoría simple en la segunda.

Si transcurrido el plazo de dos meses a partir de la primera votación de investidura ningún candidato hubiera obtenido la confianza de las Cortes de Castilla y León, éstas quedarán automáticamente disueltas y se procederá a la convocatoria de nuevas elecciones.

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha señalado este domingo que el objetivo de la agrupación política para los próximos 475 días es conseguir el cambio de Gobierno en la Comunidad de Madrid.

Así lo ha trasmitido desde el Comité Regional que se celebra este domingo en San Fernando de Henares, donde ha indicado que han finalizado todos los procesos de renovación en el partido con un 38 por ciento de nuevos secretarios generales.

"A partir de ahora tienen el trabajo de conseguir el cambio en la Comunidad de Madrid llevando un planteamiento de proyecto político serio, de renovación, de ambición y que lleve a Madrid a donde se merecen los madrileños", ha defendido.

El socialista no ha ocultado que "hace dos años el PSOE sacó el peor resultado de la historia". "Hace unos meses no sacó el mejor porque estaba muy lejos de la mayoría absoluta pero saco un buen resultado. Hoy por hoy, la política depende de que podamos ver la situación social y seamos capaces de cubrir las demandas y exigencias de los ciudadanos", ha sostenido.

Lobato ha subrayado los ejes políticos sobre los que va a pilotar su proyecto, "Desde el punto de vista de acción política buscamos una fiscalización contundente y constructiva, analizar lo que está fallando en el Gobierno y poner siempre propuestas alternativas", ha señalado.

En cuanto a los ejes políticos, Lobato ha indicado su intención de mejorar los servicios públicos "que den calidad de vida a los madrileños", ya que asegura que Madrid necesita una mejora en distintos ámbitos sanitarios, como la Atención Primaria, las pruebas diagnósticas y en la fijación de las citas para las operaciones.

ECONOMÍA, DIGNIDAD Y RESPETO

El secretario general del PSOE-M ha sumado a su proyecto una "economía moderna y transformadora, que tenga la ambición de utilizar todo el potencial que tiene Madrid", y todo mientras busca la "dignidad y el respeto para los madrileños,

Para eso ha defendido la necesidad de abrir una comisión de investigación para esclarecer las respuestas que tienen las víctimas de la pandemia sobre las decisiones que se tomaron.

A menos de un mes de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo, la Comisión 8M ha lanzado su convocatoria confirmando que en 2022 el feminismo vuelve a las calles de Madrid tras la polémica edición de 2020 y la cancelación de las celebraciones en 2021. Sin embargo, no será la única marcha que se celebra en las calles de la capital, ya que el Movimiento Feminista de Madrid ha decidido convocar su propia marcha, escenificando la división actual del feminismo.

Dos años han pasado de la última manifestación multitudinaria del 8M, en un marzo de 2020 en el que la amenaza del Covid-19 ya sobrevolaba la cita y que se notó en la asistencia a la convocatoria: 120.000 asistentes fuer la cifra que facilitó la Delegación de Gobierno de Madrid, frente a las más de 300.000 contabilizadas en 2018 y 2019.

Aún así, asistió gran parte del Ejecutivo, incluyendo a la entonces vicepresidenta primera, Carmen Calvo, las ministras Isabel Celaá, Carolina Darias, Nadia Calviño y Arancha González Laya, así como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. La mujer del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez, sujetaba también la pancarta socialista, acompañada de dirigentes y diputadas del partido.

CONTAGIOS EN EL GOBIERNO

La ministra de Igualdad, Irene Montero, también estuvo presente en la marcha portando la pancarta de Podemos y ayudada por su equipo del Ministerio, como la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, la directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, Boti Rodrigo, o la entonces directora del Instituto de las Mujeres, Beatriz Gimeno, además de otras dirigentes y diputadas moradas.

Representantes de PP y Ciudadanos también participaron en esta edición. Las primeras, sin pancarta propia; mientras que las segundas fueron expulsadas y ayudadas por la Policía a abandonar la marcha tras sufrir amenazas e insultos.

Cuatro días después del 8M, Irene Montero anunciaba a través de las redes sociales que era positivo en coronavirus, y unos diez días después hacían lo mismo las socialistas Calvo y Darias. Los partidos de la oposición, por su parte, reclamaron en el Parlamento explicaciones a los responsables del Gobierno sobre la celebración de estas manifestaciones y sobre si el Ejecutivo había ocultado información sobre la crisis sanitaria.

Al mismo tiempo, diferentes estudios se iban haciendo públicos determinando que la celebración del Día de la Mujer en los diferentes puntos de España fue un gran foco de contagio.

CONSECUENCIAS EN 2021

La Comisión 8M denunció un año más tarde que esta situación vivida en 2020 fue la causante de que la Delegación de Gobierno de Madrid decidiera cancelar cualquier marcha en la capital por razones de salud pública. De hecho, en el resto de España sí se permitieron diferentes movilizaciones.

La decisión de celebrar o no el 8M en 2021 estuvo en el aire hasta el último día. Tras la negativa de la Delegación de Gobierno la asociaciones feministas recurrieron la decisión y el 7 de marzo el Tribunal Superior de Justicia e Madrid (TSJM) decidiía finalmente mantener la prohibición.

"Las mujeres de la Comisión 8M nos hemos adaptado, como no podía ser de otra manera al contexto de pandemia. Hemos acatado restricciones, hemos sido propositivas, hemos dado alternativas y nos hemos organizado en concentraciones que cumplen con todas las garantías sanitarias establecidas en los propios informes de la Delegación de Gobierno", denunciaron entonces las convocantes.

Finalmente, se mantuvieron algunas reuniones reducidas en los barrios, por parte de la Comisión 8M, mientras que el Movimiento Feminista de Madrid protagonizó un acto 'en movimiento' en la Plaza de Callao. Trece mujeres se fueron turnando a la hora de sujetar una pancarta contra la abolición de la prostitución, mientras el resto, con pequeños carteles 'paseaban' por la plaza.

DEBATES DENTRO DEL MOVIMIENTO

En esta edición se escenificó por primera en un 8M la división del movimiento feminista cuyas diferencias --algunas históricas-- se ha hecho más palpable desde la llegada del Gobierno de coalición.

De igual forma que la exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y la ministra de Igualdad exteriorizaron diferencias en algunos puntos, el movimiento feminista se ha posicionado abiertamente en los diferentes debates: principalmente la abolición de la prostitución y la Ley trans.

Las conocidas como 'feministas clásicas', lideradas por el Movimiento Feminista de Madrid, critican la ley Trans de Irene Montero y, en concreto la medida que permite la autodeterminación de género, porque consideran que "pone en peligro las políticas públicas a favor de la igualdad" y "socavan los derechos" de las mujeres que se han reclamado a lo largo de la historia.

Tampoco ha gustado a este sector que la ministra de Igualdad no haya sido contundente en sus medidas relacionadas con la prostitución, a pesar de que Montero se ha declarado abolicionista de la misma.

CONVOCATORIAS PARA EL 8M EN MADRID

Es este último tema el que centra la marcha del 8M convocada en Madrid por Movimiento Feminista de Madrid. 'El Feminismo es abolicionista' es el lema elegido para su convocatoria. Su intención es comenzar a las 19.00 horas recorriendo la Gran Vía hasta la Plaza de España. "No te equivoques de pancarta", avisan estas convocantes en sus llamadas a participar.

También han hecho publicaciones en respuesta a la convocatoria de la Comisión 8M. "No puede ser feminista una manifestación auspiciada por miembros del gobierno que se dicen abolicionistas y, estando en el poder, no impulsan leyes contra la explotación sexual de las mujeres", han declarado a través de su cuenta de Twitter.

Se refieren a la convocatoria de la Comisión 8M, entidad que ha organizado las ediciones del 8M desde 2018, y que este año realiza su manifestación bajo el lema de 'Derechos para todas, todos los días'. Su convocatoria también es a las 19.00 horas, aunque su recorrido será desde la Plaza de Atocha hasta la Plaza de Colón.

Las convocantes destacan "la importancia de la movilización en un momento en el que los efectos de la crisis sanitaria han agravado la situación que viven las mujeres" que, según han destacado, "a menudo se encargan de las labores de cuidados y de muchos de los oficios esenciales imprescindibles para el sostenimiento de la vida".

La Comisión 8M, por otra parte, ha confirmado a Europa Press que este año está descartada la convocatoria de una huelga general, como sí se hizo en ediciones anteriores. Sí se ha hecho una convocatoria de huelga estudiantil para el 8 de marzo por parte del Sindicato de Estudiantes.

El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha defendido que el Govern liderado por Pere Aragonès "no funciona" y que los comicios autonómicos del 14 de febrero de 2021 abrieron una nueva etapa de concordia y acuerdos y marcaron un punto de inflexión.

En una entrevista en el diario 'Públic' recogida por Europa Press este domingo, ha afirmado que el Ejecutivo catalán "no tiene la solidez ni la cohesión interna necesaria para afrontar los retos que Catalunya tiene planteados" y que la mayoría de la investidura se ha roto.

No obstante, ha dicho que esto "no excluye una política de mano tendida para ayudar al Govern Aragonès en todo aquello que pueda mejorar la vida de los catalanes"; un ofrecimiento que, a su juicio, el Ejecutivo catalán no está aprovechando.

Ha asegurado que el actual teniente de alcalde de Barcelona Jaume Collboni será el alcaldable del PSC en las municipales de 2023 porque "conoce muy bien la ciudad y tiene un proyecto".

POLÍTICA CATALANA

Illa ha afirmado que "es una anomalía que el Estatut vigente no se corresponda con el que referendó la ciudadanía de Catalunya" y ha explicado que el PSC hará una propuesta al respeto a pesar de no considerarlo una urgencia.

En referencia al catalán en las aulas, ha defendido que "se tienen que cumplir las resoluciones judiciales y no pasa nada ni afecta al catalán como centro de gravedad el hecho de que haya una materia más en castellano".

Illa ha dicho que no tiene claro si Catalunya debería participar en un frente común con las Islas Baleares, la Comunidad Valenciana y Aragón en la reforma del modelo de financiación de las CCAA porque "cada presidente tiene que defender los intereses de su comunidad autónoma".

Preguntado por la retirada del escaño del 'cupaire' Pau Juvillà, ha criticado que "ha habido una gesticulación excesiva, en la que se han primado los intereses mal entendidos de partido por encima de los de la institución", algo que a su juicio ha hecho un mal servicio al Parlament.

El Servicio de Epidemiología del Govern balear ha notificado este domingo al Ministerio de Sanidad un total de 471 nuevos contagios de COVID-19 respecto a la jornada anterior.

Según la última actualización de datos publicada por parte de la Conselleria de Salud y Consumo, con estas cifras el balance total de casos en Baleares se sitúa en 246.559 desde que comenzó la pandemia y el de fallecidos se mantiene en 1.190 al no haberse notificado nuevas defunciones.

En la última jornada se han detectado 512 pruebas positivas en la comunidad, 362 menos que el día anterior, con lo que la tasa de positividad se sitúa en el 21,6%.

Asimismo, la ocupación de las UCI se mantiene en riesgo alto --18,4%-- con un total de 63 personas ingresadas en cuidados intensivos, 50 de ellas en Mallorca, cinco en Menorca y ocho en Ibiza.

En planta hay 288 pacientes hospitalizados con COVID, 223 de los cuales están en Mallorca, 11 en Menorca y 54 en Ibiza.

Actualmente, Atención Primaria atiende en las Islas a 7.497 personas en relación a la COVID-19.

Respecto a la vacunación, en Baleares se han administrado hasta la fecha un total 2.156.949 dosis. Por islas, en Mallorca se han inoculado 1.706.364; en Menorca, 178.094; en Ibiza, 252.355, y en Formentera, 17.952.

Un total de 946.565 personas han recibido la pauta completa en el archipiélago, el 84,58% de la población, y 986.996, la primera dosis (88,20%).

Integrantes de Cs, PP, Vox y Units per Avançar han criticado que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, acudiera el sábado por la tarde al corte de la Avenida Meridiana de Barcelona, después de que la Conselleria de Interior prohibiera hacer el habitual corte en la vía.

En un tuit recogido por Europa Press, el líder de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha exigido a Borràs que deje la presidencia del Parlament porque "los cargos públicos que se saltan la ley están inhabilitados para exigir a los ciudadanos cumplirla".

En otro apunte de Twitter, la diputada 'popular' Lorena Roldán también ha pedido que Borràs abandone el cargo y la ha acusado de asistir a la concentración para "redimirse ante los suyos" después de retirar el escaño del ya exdiputado de la CUP Pau Juvillà.

Ignacio Garriga (Vox), que también ha exigido su dimisión vía Twitter, ha sostenido que "la neutralidad del cargo le va grande y su desprecio a la mayoría de catalanes" es, a su juicio, intolerable.

El diputado de Units en el Parlament Ramon Espadaler ha tildado la acción de Borràs de "triste ejercicio de populismo" y le ha afeado que no obedezca a la Conselleria de Interior y a su titular, Joan Ignasi Elena, pero sí a la Junta Electoral Central (JEC), en alusión a la retirada del escaño de Juvillà.

La líder de Centrem y exconsellera de la Generalitat, Àngels Chacon, ha considerado que "a algún asesor le debe haber parecido una idea brillante compensar los puntos perdidos en el Parlament", y ha dicho textualmente que no cuela.

La Policía Nacional detuvo el pasado jueves, en Palma, a un varón, de 35 años, por un delito de daños y amenazas después de romper una marquesina de parada de autobús.

Según ha informado la Policía Nacional este domingo en una nota de prensa, los hechos ocurrieron el pasado jueves, a las 19.30 horas, en la calle Aragón, de Palma, cuando un hombre comenzó a dar patadas y puñetazos a una marquesina de una parada de autobús y un escaparate de un establecimiento hasta fracturar la marquesina.

Tras romperlo, el detenido cogió varios cristales del suelo. Una vez que recogió varios vidrios con las manos, comenzó amenazar a varios viandantes con ellos, haciendo ademán de querer clavárselos, a la vez que también golpeó con una patada en la pierna a una chica menor de edad que pasaba por la zona.

Cuando los agentes policiales tuvieron conocimiento de los hechos, se desplazaron hasta el lugar, y al ver lo que estaba sucediendo, y con una rápida actuación no dejaron que el presunto autor pudiera atacarles y lo neutralizaron en el suelo para asegurar su integridad física y la de los viandantes, aparte de la del detenido.

Tras esta rápida intervención, los policías intervinieron varios cristales y recabaron toda la información para esclarecer los hechos, manifestando los testigos que estaban en la zona que sin mediar palabra fracturó la marquesina y golpeó un escaparate de un establecimiento, profiriendo amenazas y llegando a propinar una patada a una menor.

Por todo ello, los policías detuvieron al presunto autor por un delito de daños y amenazas.

El Parlamento de Andalucía ha admitido a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por la Unión de Sindicatos de Trabajadores en Andalucía (Ustea) que reclama una modificación de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, para reducir las ratios de alumnos por aula.

En concreto, la Mesa de la Cámara acordó, en sesión celebrada el pasado día 2 de febrero, y de conformidad con lo previsto en el artículo 8 de la Ley 5/1988, de 17 de octubre, de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos, admitir a trámite dicha iniciativa y "comunicarlo a la Junta Electoral de Andalucía, al objeto de que se proceda a la recogida de las firmas requeridas, conforme establece el artículo 9.1 de la considerada Ley", según se recoge en un acuerdo publicado esta semana en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA).

Esta iniciativa legislativa propone la introducción de un nuevo apartado en el artículo 2 de la Ley de Educación de Andalucía para fijar un número máximo de alumnos por unidad educativa de 20 en aulas de segundo ciclo de Educación Infantil y en Educación Primaria; de 25 en Educación Secundaria Obligatoria, y de 30 en Bachillerato.

De igual modo, la ILP plantea "unas ratios adecuadas a las diferentes modalidades de unidades específicas de educación especial", de cinco alumnos por aula en todos los casos salvo en los de autistas o psicóticos, para los que se propone una ratio máxima de tres alumnos, y de cuatro en las unidades de plurideficientes.

Asimismo, la iniciativa, consultada por Europa Press, propone una modificación del artículo 116 de la Ley de Educación de Andalucía --sobre profesorado y personal de atención educativa complementaria-- para el establecimiento de unas ratios máximas de alumnado en relación con los profesionales dedicados a la atención a la diversidad, "remediando así el actual vacío normativo sobre la materia".

De este modo, se propone que dicho artículo 116 recoja que, "en el Sistema Educativo Público de Andalucía, los centros que impartan enseñanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria, bachillerato y FP estarán dotados" con "un orientador u orientadora", con "un maestro o maestra de Pedagogía Terapéutica", y con "un maestro o maestra de Audición y Lenguaje", y en esos tres casos se apostilla que esa dotación "se verá incrementada por cada fracción de 250 alumnos".

También esos centros estarán dotados, según plantea la ILP que establezca la ley andaluza de Educación, "con un profesional PTIS y un segundo profesional por unidad específica de educación especial, dotación que se verá incrementada siempre que las necesidades del alumnado del centro lo requiera, en función de los informes de escolarización correspondientes".

"EN RIESGO" EL DERECHO A LA EDUCACIÓN

En su exposición de motivos, los promotores de esta iniciativa sostienen que, "en estos momentos, el alto número de (...) alumnos en las aulas andaluzas, de todos los niveles educativos preuniversitarios, pone en serio riesgo la aplicación efectiva del derecho fundamental a la educación".

La iniciativa sostiene que "la relación entre la reducción del número de alumnas y alumnos por aula y docente y la calidad de la educación es un principio unánimemente aceptado" que "evidencian (...) incontables estudios realizados en las últimas décadas por instituciones académicas y profesionales de todo el mundo".

Así, los impulsores de esta ILP argumentan que ratios reducidas permiten, entre otras cuestiones, "dedicar mayor tiempo a la atención individualizada de cada alumno (...), mejorar el clima de convivencia del grupo" y "aumentar el confort en el aula, lo que favorece el rendimiento escolar".

En la exposición de motivos se advierte de que, aprovechando el incremento que permite la ley de hasta un diez por ciento del número máximo de alumnos por unidad escolar "para atender necesidades de escolarización extraordinarias", se "están generalizando en la comunidad autónoma de Andalucía ratios de 28 alumnos en educación infantil y primaria, 33 en educación secundaria obligatoria y 38 en bachillerato".

Al hilo, la ILP llama la atención acerca de que, "en la legislación actual no está establecida, ni tan siquiera a título de recomendación, la ratio máxima de alumnado en relación a los profesionales que atienden a este colectivo". "Se trata de una carencia que urge remediar en aras de asegurar la universalidad de acceso a la educación", se puede leer en la exposición de motivos.

ANDALUCÍA, CON "COMPETENCIAS" PARA REDUCIR LAS RATIOS

Los promotores de esta iniciativa legislativa sostienen que la comunidad autónoma de Andalucía tiene "competencias" para rebajar y adaptar las ratios "a la realidad y las necesidades de nuestro territorio, adecuando las actuaciones organizativas y curriculares, en el marco de las responsabilidades que le corresponden".

En esa línea, se subraya en la exposición de motivos que "si hay una comunidad autónoma donde la reducción del número de alumnas y alumnos por unidad escolar es necesaria y urgente es Andalucía, que no solamente está entre los territorios con más alumnado por unidad escolar y docente, sino con peores datos de fracaso escolar y abandono escolar temprano de todo el Estado".

Ante ello, la ILP defiende que "el descenso de la natalidad en todo el Estado y también en Andalucía hace posible una alternativa de futuro, basada en la reducción de las ratios en todos los niveles educativos para mejorar las condiciones de enseñanza, sin necesidad de un aumento inasumible de la inversión en personal e infraestructuras.

Finalmente, argumenta que "la tímida reducción coyuntural de las ratios" durante la pandemia, "como resultado de la contratación de docentes de refuerzo para atender a las consecuencias de esta crisis, ha constatado que es factible adecuarlas a la realidad cuando ésta lo requiere, y que esta medida supone avances en indicadores como el rendimiento académico y la mejora de la convivencia en los centros escolares".

El candidato del Partido Popular a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha animado a la "participación masiva" en la jornada electoral de este domingo en la que "toda España está pendiente de Castilla y León".

A las puertas de la antigua sede de la Delegación Territorial de la Junta en Salamanca, en la Plaza de la Constitución, donde ha ejercido su derecho al voto, ha mostrado su deseo de alcanzar una alta presencia de personas en los distintos colegios electorales.

"Lo dije a mediados de enero, pedía una participación masiva, y hoy vuelvo a insistir en eso porque es un ejercicio democrático, porque toda España nos está mirando y tenemos una responsabilidad, en primer lugar con nosotros mismos y con el futuro de las personas de Casilla y León y de nuestra tierra, y también por estar a la altura de esa responsabilidad que tenemos", ha dicho.

Tras "agradecer a todas las personas que hacen posible la celebración de esta jornada", ha repasado la tarea de presidentes y vocales de mesa, empleados públicos, personal de mantenimiento, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, policía local, protección civil, emergencias sanitarias y, "muy especialmente", ha incidido en el "recuerdo para los interventores y apoderados de todas las fuerzas que están participando y, muy en concreto, los interventores y apoderados del Partido Popular, que están volcándose en estas elecciones".

Así ha destacado la labor de los que "hacen posible" el ejercicio "uno de los derechos más esenciales", que es "el de la participación democrática" y ha animado a ejercerlo "con plenitud, con responsabilidad". "Hoy nos jugamos el futuro de Castilla y León para los próximos cuatro años", ha apuntado.

"Toda España está pendiente hoy de Castilla y León y vamos a estar las personas de Castilla y León, los hombres y las mujeres, los jóvenes y los mayores de Castilla y León, vamos a estar a la altura de nuestra historia por orgullo y por dignidad", ha añadido

En cuanto al seguimiento de los resultados, ha apuntado que estará con su familia cuando "terminen de ejercer sus labores", pues su mujer es secretaria-interventora de ayuntamiento y sus hijas participan también como apoderadas.

"Seguiré como he hecho siempre desde 1982 el proceso electoral en la ciudad de Salamanca, donde está organizado el evento por parte del Partido Popular", ha indicado el candidato Fernández Mañueco a los medios minutos después de votar.

En cuanto a si espera la presencia de responsables nacionales de su formación en Salamanca. Ha respondido: "En principio Génova seguirá en Génova y yo seguiré aquí, ha sido así siempre, fue así hace tres años y seguirá así este año".

La diputada y miembro de la ejecutiva nacional de Ciudadanos (Cs) por la provincia de Cádiz, María del Carmen Martínez, ha dado cuenta de una Proposición no de Ley (PNL) que han presentado en el Congreso de los Diputados "para combatir el grave problema de la despoblación que padecemos en nuestro país".

"El mundo rural se queda vacío porque no hay unas políticas desde el Gobierno central que faciliten la vida en ese mundo rural", ha señalado la diputada liberal, por lo que se ha lamentado "la falta de recursos por parte del Gobierno para combatir esta situación", según una nota de este partido.

Según ha señalado la diputada liberal, "en el caso del Gobierno andaluz, sí estamos apostando por el mundo rural con iniciativas que ayuden al crecimiento de su población como ha sido la aplicación de una bajada de impuestos a los habitantes de municipios andaluces que tienen problemas de despoblación".

Martínez ha anunciado que "desde nuestra formación política hemos presentado una iniciativa que va mucho más allá de ayudar simplemente a lo que todo el mundo reconoce como mundo rural que son la ganadería y la agricultura".

Ha explicado que "esta iniciativa está enfocada, sobre todo, a que puedan llegar al mundo rural, familias y empresas que puedan desarrollar su vida allí".

UN ESTUDIO PARA CONOCER LOS PROBLEMAS REALES

"Creemos que es importante que se haga un estudio para conocer cuáles son los problemas reales para que todo el mundo conozca cuáles son los problemas reales del mundo rural", ha expuesto Martínez en su alusión al caso de Andalucía, "porque precisamente necesitamos saber las razones de por qué las zonas de interior no atraen a la población".

Entre otras cosas, la diputada andaluza en el Congreso por la circunscripción de Cádiz ha señalado que "la contratación pública debe orientarse hacia esas zonas y promover que existan empresas donde recaigan esa contratación pública tanto por parte de la administración autonómica como nacional, incluso, fomentando el funcionariado público".

Ha insistido en la necesidad de realizar un nuevo plan de acceso a servicios públicos, como el acceso a colegios o trámites administrativos.

"Es muy importante que en las subvenciones que se determinen desde el Estado y desde las comunidades autónomas, existan unas condiciones positivas para los proyectos o inversiones que quieran llegar a ese mundo rural, como reducciones fiscales y otros tipos de condiciones positivas para que esas contrataciones e inversiones lleguen con más facilidad", ha precisado la diputada.

Ha añadido que "con todo ello, conseguiremos atracción de personas hacia esos lugares, creación de empleo y que el desarrollo del mundo rural sea completo, tanto en el sector agrario como en otros sectores".

Martínez ha recalcado la importancia de hacer llegar las nuevas tecnologías a las zonas rurales, "se necesita que se desarrolle de una vez la implementación del 5G y que llegue Internet a todos los lugares de Andalucía".

Ha asegurado que "vamos a seguir trabajando para que conectividad llegue al mundo rural y haya familias que quieran llegar a ese mundo rural tantas veces olvidados tanto por el PP como el PSOE desde el Gobierno central".

Una Proposición no de Ley en la que también han contemplado una batería de iniciativas como un paquete de medidas para la reducción de cargas impositivas en el medio rural, un Plan de Penetración de las Energías Renovables en el medio rural o un plan de choque para mejorar el acceso a los servicios públicos en zonas escasamente pobladas y en riesgo de despoblación.

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Tudanca, ha confiado este domingo en que las elecciones autonómicas registren una "gran movilización" para decidir el futuro de la Comunidad.

Tudanca ha ejercido su derecho a voto a las 11.30 horas en el Centro Cívico Gamonal Norte de Burgos, hasta donde ha llegado acompañado de la secretaria provincial de los socialistas, Esther Peña, y el alcalde de la ciudad, el también socialista Daniel de la Rosa.

Tras depositar su voto en la urna, ha pedido a los castellano y leoneses que ejerzan este derecho de una forma "masiva", teniendo en cuenta que la Comunidad vive "un día de celebración e ilusión" en el que todos los ciudadanos "pueden desear en cinco minutos" qué quieren para el futuro de su comunidad autónoma.

El líder socialista ha confiado, en consonancia a esto, en que la jornada se desarrolle con total normalidad y ha insistido en que "la mejor noticia que se puede dar" es que se acuda a los colegios electorales de forma masiva.

Tudanca también ha tenido palabras de agradecimiento a todos los miembros de las mesas electorales, interventores, apoderados, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, en definitiva, a todo aquel que contribuye a que esta jornada se pueda realizar.

Agentes de la Policía Local encontraron el viernes por la mañana el cadáver de una mujer de unos 90 años de edad con el que convivía su hija desde hacía unos meses en un domicilio en Vigo.

Según confirman fuentes oficiales consultadas, el aviso lo dio un vecino del edificio, situado en la rúa Caldas de Reis, porque hacía ya tiempo que no veía a la anciana.

De este modo, pasadas las 11,15 de la mañana, la Policía se personó en la vivienda y la hija les abrió la puerta. Una vez consiguieron acceder al interior, comprobaron cómo el cadáver de la nonagenaria estaba tendido en la cama en avanzado estado de descomposición.

Posteriormente, la Policía Local dio aviso al Juzgado de Guardia para proceder al levantamiento del cadáver, para ser sometido posteriormente a una autopsia, así como al personal de Urxencias Sanitarias-061 para que atendiese también a la hija de la fallecida.

La mujer negaba la muerte de su madre y aseguraba que seguía cuidando de ella, por lo que fue derivada a Psiquiatría del Hospital Álvaro Cunqueiro para su valoración, tal y como indican las mismas fuentes.

La investigación de este suceso ha pasado a manos de la Policía Nacional.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno tomará declaración como investigado este jueves a partir de las 10.00 horas al productor televisivo José Luis Moreno, la principal figura en la operación 'Titella' cuya investigación eclosionó el pasado mes de junio con su detención y la de decenas de personas por una presunta estafa perpetrada a través de un entramado societario.

El ventrílocuo comparecerá ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 después de que él mismo se ofreciese a declarar voluntariamente el pasado mes de noviembre. Entonces, su abogado dejó claro que todas las diligencias de investigación practicadas hasta la fecha revelaban el "error tremendo" que supuso la imputación de Moreno, haciendo énfasis en que el resultado de las mismas era "marcadamente exculpatorio".

Además, lamentaba que durante los últimos meses las acusaciones hubiesen sido "incapaces de aportar un solo indicio racional de criminalidad" que superase "la condición de mera conjetura o convencimiento anímico". A su juicio era algo "lógico" puesto que es "imposible acreditar lo inexistente".

José Luis Moreno, acusado de estafa, blanqueo, asociación ilícita, falsificación de documentos, insolvencia punible y delitos contra la Hacienda Pública, está en libertad condicional, con la obligación de comparecer semanalmente en un juzgado, retirada de pasaporte y prohibición de salir del país. El pasado 8 de julio depositó un aval hipotecario para cubrir la fianza de 3 millones de euros que le exigió el juez.

Su declaración ante el juez llega una semana después de que su examigo íntimo, Martin Czehmester, compareciese ante el magistrado, negando la venta de una casa en Praga --que fue adquirida por la sociedad YOUMORE TV-- o que participase en el supuesto blanqueo de capitales que los investigadores atribuyen a las empresas del ventrílocuo.

Aunque prevista para el pasado miércoles, el juez decidió aplazar al próximo 9 de marzo la declaración del empresario argentino Alejandro Roemmers, el socio de Moreno que habría sido presuntamente estafado por el propio ventrílocuo en la realización de la serie 'Glow & Darkness'.

MORENO, LA TARJETA DE VISITA

Los investigadores dividen la presunta trama en dos organizaciones: una liderada por Moreno, Antonio Aguilera y Antonio Salazar, dedicada desde 2017 al "fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados", "a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés" y al "blanqueo de capitales"; y otra, encabezada por Carlos Brambilla, presunto narcotraficante que se habría valido de dicha estructura para blanquear el dinero.

Según el relato judicial, Moreno y Aguilera serían los "máximos responsables" y Salazar, el tercero en acción. Cada uno tendría una función. El productor, "como persona pública muy reconocida, prestaría su nombre como tarjeta de visita" a fin de conseguir fácilmente la financiación que fingirían necesitar para poner en marcha un proyecto cinematográfico. Por tanto, "era el principal receptor de los fondos obtenidos".

Ese dinero pasaría entonces a manos de Aguilera y Salazar. Los dos tendrían "amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil", por lo que se ocuparían de crear las sociedades, "maquillarlas", poner administradores y presentarlas ante las entidades bancarias como los destinatarios de la financiación necesaria para dichos proyectos. En realidad, carecerían de actividad alguna.

Mediante esta red de "empresas pantalla" administradas por presuntos testaferros ambas organizaciones moverían "grandes cantidades de dinero en efectivo" a las que intentaban dar salida con ingresos que hacían pasar por beneficios de su labor mercantil o con inyecciones en metálico para lo que contarían con la complicidad de empleados de banca que se llevarían su comisión a cambio de introductor este dinero en el circuito legal.

El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha acusado al Govern de Pere Aragonès de falta de liderazgo en un "momento decisivo" como asegura que es el actual.

En un artículo de opinión publicado en el diario 'Ara' este domingo, se ha ofrecido a colaborar en un cambio de rumbo en Catalunya porque considera que el Govern no es capaz de liderar: "Pienso, y lo digo con todo el respeto, que el Govern Aragonès no lo está haciendo".

Para el líder socialista, el comportamiento y la obra del Govern es "escasa y por debajo de las posibilidades de Catalunya", y ha dicho textualmente que las diferencias entre independentistas tensan las instituciones catalanas.

Ante este diagnóstico, ha rechazado la "política del enfrentamiento" y de la lamentación y ha apostado por lo que denomina política del respeto, que según él pasa por el respeto por la verdad, los ciudadanos y los adversarios, por fijar horizontes ambiciosos pero factibles y por entablar una conversación política educada y racional.

También ha abogado por "huir de las campañas electorales permanentes, trabajar por legislaturas estables y gobernar o construir alternativas", y ha pedido respeto por el estado de derecho como marco de convivencia común y fundamento de un sistema de libertades, según él.

Navarra registró este sábado 217 nuevos casos de Covid-19 tras realizar 828 pruebas, por lo que la positividad se sitúa en el 26,2%, según los datos del Gobierno foral. Se han notificado tres nuevos fallecimientos

Las cifras del último día representan un descenso respecto a los 409 casos del día anterior con una positividad del 23% y la cifra más baja registrada en la Comunidad foral desde el pasado 28 de noviembre, cuando se detectaron 202 positivos. El jueves se registraron 432 casos con una positividad del 22,5%, el miércoles se detectaron 545 (29,7%), el martes fueron 473 (21,9%), el lunes 757 (28%), el domingo 394 casos con una positividad del 40,5% y el sábado de la semana pasada se detectaron 395 positivos (34,5%).

Este sábado se notificaron tres fallecidos por Covid y se registraron siete ingresos hospitalarios, uno de ellos en la UCI. En total, hay 146 personas hospitalizadas, 19 de ellas en la UCI.

En cuanto a la vacunación, en las últimas 24 horas se han administrado 1.556 dosis, con lo que el total de administradas asciende a 1.372.233. Las personas con pauta completa son 548.244.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha realizado este domingo una visita a la gran Feria internacional de alimentación y bebidas, Gulfood, en Dubái, donde ha puesto de manifiesto que Andalucía tiene que ser la "gran potencia agroalimentaria de Europa". "Andalucía es líder y tenemos que demostrarlo en el mundo", según ha dicho Moreno, quien ha explicado que a lo largo del último año, 414 empresas andaluzas han hecho algún tipo de acción comercial año con Emiratos Árabes Unidos (EAU) y países del entorno.

En la feria Gulfood, la Junta de Andalucía está representada por Extenda y 39 empresas andaluzas tienen presencia para promocionar y vender sus productos. La visita del presidente a este gran evento de la alimentación se ha desarrollado en la tercera y última jornada de su viaje oficial a los Emiratos Árabes Unidos.

En declaraciones a los periodistas, ha manifestado que tiene la suerte de asistir a una de las ferias más importantes que hay desde el punto de vista alimentario, donde hay representadas 39 empresas andaluzas, mientras que ha expuesto que gracias a la acción que hace la Junta a través de Extenda, 414 empresas andaluzas han hecho algún tipo de acción comercial a lo largo del último año con Emiratos Árabes Unidos y países del entorno.

Ha puesto el acento en la economía andaluza está cada vez más externalizada y se está ayudando desde la administración andaluza para que los productos de calidad andaluces se puedan vender fuera y ha expresado que el de Oriente Medio es un gran mercado para Andalucía por la cercanía cultural y el valor que se da a la calidad de los productos andaluces.

El presidente ha destacado la "seriedad" que se plantea en los mercados tanto desde el Gobierno andaluz como desde las empresas andaluzas que llevan muchos años operando y abriendo mercados. Esto ha hecho, según ha añadido, que en el último año se haya batido un récord en exportaciones, con casi un 20 por ciento más, llegando a superar los 11.000 millones de euros en exportaciones agroalimentarias.

Se ha mostrado convencido de que se puede llegar todavía más alto: "Andalucía aspira a ser la gran potencia agroalimentaria de Europa y para eso hay que abrir nuevos mercados y consolidar los ya existentes, entre ellos, el de Oriente Medio". "Andalucía es líder y tenemos que demostrarlo en el mundo", ha sentenciado.

Una vez culminada la visita a la Gulfood, el presidente se ha trasladado a las oficinas de la gran empresa almeriense Cosentino en Dubái para conocer su negocio en este país y sus estrategias de futuro. Moreno ha mantenido una conversación con el presidente de la empresa, Francisco Cosentino, a través de una vídeollamada.

Consentino es una empresa global que está haciendo grandes cosas no sólo en Oriente Medio, sino en el resto del mundo, generando muchos recursos y puestos de trabajo y es una "marca de prestigio" para Andalucía. Ha indicado que la junta quiere colaborar en la expansión de una gran empresa andaluza para consolidar la marca Andalucía y generar más empleo, progreso y bienestar.

Por su parte, la responsable de Cosentino en EAU, Miriam Llano, ha mostrado su satisfacción por la visita del presidente de la Junta a las oficinas en Dubái, lo que supone un claro "respaldo" de la administración autonómica a la empresa, que lleva operando en la zona una década. Ha apuntado que esta región es especialmente "volátil y complicada" y siempre es positivo el respaldo a la marca España y Andalucía por parte de las administraciones.

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha reconocido este domingo que si "falla algo" en estas elecciones, eso "debe ser el candidato, no puede ser otra cosa", en relación con el trabajo realizado por Ciudadanos durante la campaña electoral.

En este sentido, Igea ha recordado que los comicios se afrontan "con mucha decisión", tras una campaña electoral en la que "han aumentado los apoyos día tras día", y de la que se espera que los ciudadanos "vayan a votar y dejen bien claro que no puede triunfar la mentira y la deshonestidad".

Asimismo, ha ironizado que "hace mucho tiempo" que no tiene "sueños premonitorios", pero que la formación 'naranja' va a tener "muy buenos resultados" y la noche electoral va a ser una noche "para celebrar".

"Es una ocasión para que los ciudadanos le digan a la política que no se puede utilizar los intereses de la Comunidad en beneficio de una causa que no tiene nada que ver con lo que pasa aquí", ha apostillado.

Por otra parte, Igea ha reiterado que en la jornada electoral de este domingo se habla de los "intereses del futuro" de la Comunidad y se espera que "triunfe la moderación, el acuerdo y que se salga de los comicios con una mentalidad abierta al diálogo y no metida en dos trincheras".

"Es un día importante para Ciudadanos, pero sobre todo para los ciudadanos de Castilla y León, que cada día ven más claro que alguien ocupe ese espacio que está siendo cada vez más grande, que tiende más hacia los polos, dejando vacío el espacio de la sensatez, de la moderación y el acuerdo", ha confesado.

Por ello, Igea ha reconocido que espera que la Comunidad "dé ese mensaje de sensatez, por el interés de la Comunidad y del país".

De esta forma se ha expresado el exvicepresidente de la Comunidad Autónoma este domingo cuando ha acudido a votar en la Confederación Hidrográfica del Duero de Valladolid.

"En cualquier caso, se ha llegado hasta la jornada electoral con el trabajo hecho, algo que hay que agradecer a los compañeros y a todo el equipo", ha concluido el candidato.

Investigadores del sistema público científico en España piden que la futura Ley de la Ciencia, que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes 15 de febrero, reconozca su experiencia laboral en centros de investigación en el extranjero o en universidades.

El anteproyecto de Ley mantiene el redactado del artículo 25 de la actual normativa, de 2011. Dicho artículo señala que el personal investigador funcionario de los Organismos Públicos de Investigación (OPI) podrá someter a evaluación la actividad realizada únicamente en dichos organismos, es decir, que no podrán someter a evaluación toda aquella experiencia (méritos) obtenida en otros centros, fundaciones, empresas o universidades, tanto en España como en el extranjero.

Esta evaluación a la que han de someterse los investigadores públicos, que se realiza cada cinco años, se denomina quinquenio, y consiste en un complemento retributivo específico que los investigadores obtienen si dicha evaluación resulta favorable.

Este complemento retributivo está estipulado en un Real Decreto de 2019 que regula el régimen retributivo de dicho personal. Así, por cada evaluación favorable de los méritos cada lustro --que pueden ser desde organización de congresos, dirección de tesis, ocupar cargos directivos, conseguir financiación para proyectos, etc.--, los investigadores reciben un plus en su salario en función de la categoría funcionarial que ocupen.

Así, según dicho Real Decreto, que desarrolla la normativa de Ciencia de 2011, los Científicos Titulares recibirían al año 1.533 euros, los Investigadores Científicos 1.712 euros y los Profesores de Investigación un total de 1.892 euros, cantidad que se devengaría mensualmente.

ALEGACIONES AL ANTEPROYECTO

Esta situación ha sido denunciada por la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) y la Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos Españoles en el Exterior (RAICEX), que han presentado alegaciones al anteproyecto de Ley para que se cambie el artículo 25 de la actual normativa. También ha sido denunciada por científicos a título personal que se han visto perjudicados por esta medida contenida en la actual Ley de Ciencia y desarrollada por Real Decreto de 2019.

"Sería necesario que la evaluación de los méritos del personal investigador, definidos en el tercer párrafo del apartado 5 del artículo 25, se realizase para los méritos durante toda la trayectoria investigadora, independientemente del lugar donde la labor investigadora se realizó", propone la COSCE.

Mientras, RAICEX sugiere que se amplíen estas evaluaciones a "Universidades y otros organismos de investigación, nacionales o internacionales" o que directamente se suprima lo referente a los OPI. "En el caso concreto de los investigadores en el extranjero, este punto dificulta enormemente la atracción de talento, además de suponer un agravio comparativo con respecto a los investigadores que han desarrollado su carrera en territorio nacional", consideran desde RAICEX.

HASTA 10.000 EUROS MENOS AL AÑO

"Si pierdes 25 años en quinquenios, vendría a ser unos 1.600 por 5, pero si entras como catedrático, estarías perdiendo unos 10.000 euros al año. Es una parte importante del sueldo", advierte en declaraciones Daniel Castaño-Díez, uno de los investigadores afectados.

Castaño-Díez es físico y Doctor en Matemáticas Aplicadas y Computacionales. Con 47 años, su carrera investigadora se ha desarrollado fundamentalmente en el extranjero, en centros de prestigio como el Instituto Max Planck de Alemania, el Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL), también en Alemania o la Universidad de Basel, en Suiza, donde trabaja actualmente.

A finales de 2020, este científico consiguió una plaza para el Instituto Biofisika (IBF), instituto mixto de investigación entre el CSIC y la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), centro al que se incorporará en abril de este 2022.

"Quería volver a mi tierra, se juntó que yo quería volver con que había una buena infraestructura científica y tecnológica en Bilbao", recuerda el científico sobre los motivos que le llevaron a regresar a España. Sin embargo, cuando se incorpore al IBF, este científico no percibirá el complemento retributivo por los méritos, unos 6.000 euros anuales. Según señala Castaño-Díez, su salario actual en Basel es "2,8 veces mayor" que el que recibirá como funcionario en Bilbao.

"Psicológicamente se hace bastante amargo (...). Para volver, el sueldo es un escollo; hay muchos tipos de escollos para el retorno, pero este tipo de escollo es para la gente más senior porque cuanto más senior seas, más vas a perder", relata el investigador, que cree que unos 400 investigadores podrían estar afectados.

Un caso similar es el de Hugo Gutiérrez de Terán, farmacéutico y Doctor en modelización molecular y diseño computacional de medicamentos, que está pendiente de incorporarse como Científico Titular al Instituto de Química Avanzada de Cataluña (IQAC), del CSIC, con 45 años.

Su estancia postdoctoral se desarrolló en la Universidad de Uppsala (Suecia), luego volvió a España, a la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde estuvo cinco años, y más tarde trabajó en el Scripps Institute de California. En 2013, regresó a Uppsala, donde actualmente es profesor titular de Bioquímica computacional.

"Mi trayectoria científica, de acuerdo con el sistema de evaluación publicado en Real Decreto, constaría de cuatro quinquenios evaluables, ya que llevo en activo desde 2000 como investigador participando en proyectos de investigación, así como otras tareas docentes, investigadoras y de transferencia", explica el investigador. Sin embargo, dice, su trayectoria profesional se ha desarrollado en Universidades y centros de investigación tanto en España (10 años) como en el extranjero (12 años), por lo que no puede computarlos, según la normativa.

Entre el sueldo base, los trienios (años de servicio en entidades públicas) y los sexenios (por publicaciones en revistas de impacto), este científico estima que su sueldo "disminuirá más de un tercio" si se compara con la retribución que tenía como profesor en Uppsala. A ello se suma que no podrá recibir los más de 6.000 euros que le corresponderían si pudiese someter a evaluación cuatro quinquenios.

"Tras una década en Uppsala, decido intentar la vuelta a España a través de una plaza del CSIC que se abre con un perfil científico ajustado a mis intereses y en un Instituto que considero competitivo y un buen lugar para desarrollar mi actividad investigadora", justifica su vuelta el investigador, que menciona como un motivo más el "arraigo personal".

Este científico admite que conocía que el sueldo que recibiría en España sería menor, si bien en ese momento no sabía que no se le computarían los quinquenios acumulados, que en su caso llegaría a "una octava parte del sueldo".

Tanto Castaño-Díez como Gutiérrez de Terán aseguran que el CSIC, el OPI más importante que hay en España, no empezó a aplicar la normativa hasta 2019, ya que fue ese año en el que salió publicado el Real Decreto. Antes de ese año, se concedían quinquenios por méritos en OPI y otros centros y universidades, según ambos investigadores.

Fuentes del CSIC apuntan que el organismo sigue la normativa que rige para todos los OPI y el Ministerio de Ciencia e Innovación ya ha asegurado que estudia mejorar la redacción del artículo 25 de la Ley.

Vox ha pedido denunciar "de inmediato" ante los miembros de mesa cualquier "incidente" con las papeletas en los centros electorales este domingo en el marco de las elecciones de Castilla y León.

"¡Ojo! Si en tu centro electoral ocurre algún incidente con las papeletas de Vox: denúncialo de inmediato ante los miembros de la mesa, a nuestros apoderados o a la Policía", ha reclamado la formación en una publicación en su perfil de Twitter.

En este contexto, la secretaria general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, Macarena Olona, ha agradecido a todos los apoderados de su formación "que hoy van a cuidar de cada voto de esperanza". "Sois esenciales en estas elecciones", ha escrito en la misma red social.

Por su parte, el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha informado mediante la misma plataforma que se encuentra en Valladolid acompañando a la actual procuradora Fátima Pinacho en la jornada electoral. Igualmente, ha dado las gracias a los apoderados y les ha deseado "buena jornada".

El portavoz de Compromís en la comisión de Sanidad de Les Corts, Carles Esteve, ha alertado de que "dar alas a los negacionistas" de la pandemia y los antivacunas, "impulsados por los discursos negacionistas de elementos políticos de extrema derecha, pone en peligro los avances conseguidos".

En todo caso, ha manifestado que, aunque en España "tienen ahora mismo un alcance limitado, estamos viendo como hay lugares en el mundo donde se están convirtiendo en un serio peligro que amenaza los avances conseguidos, algo que aquí no podemos permitir".

Para Esteve, "la aparición de grupúsculos reducidos de personas en contra de la evidencia científica supone no sólo un agotamiento añadido para el conjunto de la sociedad, sino un peligro para la respuesta a la pandemia, cuando su actividad no se limita a expresar sus ideas, y se dedican a acosar a profesionales, impedir el desarrollo de sus trabajos, dificultar el proceso de vacunación y afectar a la actividad y atención en hospitales y centros sanitarios".

El parlamentario de Compromís, en un comunicado, ha señalado que en España "este acoso a profesionales por parte de estos grupúsculos negacionistas se está produciendo especialmente a sanitarios, pero también está teniendo lugar en otros ámbitos como el educativo, durante las campañas de vacunación en escuelas".

"Pintadas en las inmediaciones de centros educativos, coacciones en la entrada del centro educativo y acoso a las familias son algunos de los sucesos ocurridos de forma demasiado generalizada", ha ejemplificado.

En este sentido, Esteve ha señalado que un "claro ejemplo de esta agresividad" ha sido en la concentración a las puertas del Hospital Universitario Rector Peset de València el pasado 6 de febrero, una protesta dirigida hacia el interior del espacio sanitario y donde "con insultos y amenazas hacia los sanitarios se pretendía violentar a los profesionales que trabajaban en el centro sanitario, además de impedir el descanso y la recuperación de los pacientes del hospital".

"Consecuencias más graves causadas por los negacionistas están sufriéndose ahora mismo en Canadá donde protestas antivacunas están bloqueando el transporte por carretera, esta situación evidencia el peligro de dar alas a los negacionistas", ha manifestado.

"ACTITUDES INSOLIDARIAS"

El diputado de la coalición lamenta que estas actitudes "tan insolidarias chocan después de todo lo que ya hemos vivido con la Covid-19 en estos dos años". "La lucha contra la pandemia está requiriendo una respuesta adaptativa, compleja y variable por parte del personal sanitario, que está desarrollando una tarea muy dura y encomiable para atender a la población afectada por el virus y salvar vidas", ha apostillado.

"También están realizando un sobreesfuerzo notable para contribuir a que la estrategia de vacunación, como elemento imprescindible para prevenir y reducir el impacto y consecuencias de la COVID-19 en la salud de la población, pueda desarrollarse con rapidez y diligencia", ha defendido.

Así, Esteve ha remarcado que los resultados de la respuesta sanitaria por parte de los profesionales, "a pesar de las dificultades derivadas de las fuertes oleadas de la pandemia, han sido admirables": "Se han salvado miles de vidas en contextos realmente complicados de satuación de UCIs, y hemos logrado que la vacunación llegue a toda la población situándonos como ejemplo de eficiencia en todo el mundo".

"A este esfuerzo del personal sanitario y el consecuente cansancio de una labor extraordinaria que se ha mantenido en el tiempo se suma la responsabilidad colectiva de la sociedad para superar la pandemia, asumiendo y cumpliendo con las normas y recomendaciones que las personas expertas han planteado en cada momento para reducir, en la medida de lo posible, el impacto de la enfermedad", ha recalcado.

Ante este escenario, como ya anunció la síndica de Compromís, Papi Robles, el grupo parlamentario ha registrado en Les Corts una proposición no de ley para que el parlamento valenciano muestre su apoyo al personal sanitario "frente a las amenazas, insultos y coacciones recibidas por parte de grupúsculos violentos que niegan la existencia del virus y de la pandemia".

Asimismo, con esta iniciativa se insta a la Delegación de Gobierno en la Comunitat Valenciana a intensificar la vigilancia de los espacios sanitarios y de los espacios de vacunación, con el fin de "garantizar la tranquilidad de los profesionales sanitarios en el desarrollo de su labor de respuesta a la pandemia y de vacunación sin ningún tipo de coacción", así como "el descanso y bienestar de los pacientes en la atención hospitalaria y el acceso de la población en la vacuna sin ser violentada ni sitiada".

El Tribunal Supremo estudiará este martes el recurso que presentó la Asociación de Fiscales (AF) contra la política de nombramientos de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado; en concreto, por el caso de Eduardo Esteban Rincón como fiscal de Sala jefe de la Unidad Coordinadora de Menores del Ministerio Público.

Fuentes del Alto Tribunal han confirmado que la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo deliberará sobre el texto de la AF, que ha criticado públicamente la "querencia" de Delgado por los miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) --a la que pertenece-- a la hora de acordar nombramientos discrecionales.

En concreto, la asociación ha llamado la atención sobre la designación de Eduardo Esteban Rincón como fiscal de Sala coordinador de Menores. Ha reprochado que se soslayara a José Miguel de la Rosa Cortina, candidato que --a su juicio-- atesoraba la mayor experiencia práctica y los mejores conocimientos jurídicos en la materia y que, además, ostentaba la categoría de fiscal de sala.

Esteban Rincón ingresó en la carrera fiscal en 1988. Entre 2008 y 2013 fue Fiscal Jefe de Madrid, la Fiscalía más numerosa y compleja de todo el territorio nacional, que dirigió "con gran éxito demostrando su capacidad para generar sinergias positivas y para coordinar, gestionar y motivar grandes equipos", según tuvo en cuenta Delgado para su nombramiento. Además, fue fiscal ante el Tribunal Constitucional durante una década.

"NORMA GENERAL"

En un comunicado emitido el pasado marzo, la AF denunció como "norma general" en el comportamiento de Delgado que "sus propuestas lo son de acuerdo con los votos emitidos por los vocales electivos por la lista de la Unión Progresista Fiscales, y ello a pesar del principio de mérito y capacidad que debe regir en cada propuesta de nombramiento que se remita al Consejo de Ministros".

La asociación, presidida por Cristina Dexeus, se quejaba de que "transcurrido más de un año desde su toma de posesión, los concursos para la cobertura discrecional siguen un orden en cuanto a las plazas concretas y un ritmo en cuanto al tiempo de publicación que obedecen a una estrategia solo conocida por la fiscal general del Estado".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, enlazará dos semanas consecutivas de viajes oficiales dentro de una agenda en la que tiene previsto verse con el presidente de Colombia, Iván Duque, y días después en EEUU reunirse con el fiscal general y con el secretario de Seguridad Nacional.

Grande-Marlaska arrancará las citas internacionales este lunes con una videoconferencia auspiciada por Italia sobre temas migratorios en la que participan también sus homólogos de Grecia, Chipre y Malta. El objetivo es subrayar la importancia de afrontar los retos migratorios con un enfoque europeo y un reparto equitativo, según señalan fuentes de Interior consultadas.

El jueves, el titular del Interior estará en Colombia, donde permanecerá hasta el sábado. Este día tiene previsto coincidir con el presidente de la República, Iván Duque, y el director general de la Policía colombiana, Jorge Luis Vargas, en un acto de la Escuela Nacional de Entrenamiento Policial.

La agenda de Grande-Marlaska incluye otros encuentros desde el jueves en Bogotá, donde se reúne con su homólogo del Interior, Luis Fernando Pinzón Galindo; con el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa Delgado, y con el secretario ejecutivo de Ameripol, Paulo Gustavo Maiurino.

El viernes, día 18, continuará los encuentros con la vicepresidenta del Gobierno colombiano, Marta Lucía Ramírez; con el ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, y con el de Defensa, Diego Molano.

Grande-Marlaska regresará a España para, de nuevo, volver a viajar el 23 de febrero a EEUU, donde tiene cerrada una agenda en la que se verá con el fiscal general y también con el secretario de Estado de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, con quien tiene previsto abordar cuestiones como la lucha contra el terrorismo, la ciberseguridad o el reto migratorio.

Fuentes de Interior subrayan la buena sintonía entre Grande-Marlaska y Mayorkas desde la cita de ambos el pasado 15 de abril en Madrid. Luego han hablado por videoconferencia, mostrando interés el alto cargo de la administración del presidente Joe Biden por la experiencia española en lo referente a la inmigración.

La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha acusado a Junts y al PSC de formar una "pinza continuista" y ha considerado que actualmente en Cataluña hay una división cada vez más profunda, dice, dentro del independentismo.

En una entrevista publicada este domingo en el diario 'El Mundo', ha afirmado que "socialistas y Junts intentan que siga todo igual y el presidente Aragonès sigue cayendo en los mismos errores", en referencia a la apuesta de las dos formaciones por los Juegos Olímpicos de 2030 o la renovación de organismos públicos cuyos órganos de dirección tenían el mandato caducado.

Albiach ha abogado por la celebración de un referéndum que no sea "una votación binaria de independencia sí o no", sino que incluya una propuesta federalista, y ha sostenido que España es una república plurinacional.

Ha defendido que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, es quien "mejor encarna la apuesta por el diálogo y por llegar acuerdos amplios" y se ha mostrado partidaria de que la actual alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, vuelva a ser la candidata de los comuns al gobierno de la ciudad en 2023.

RELACIONES CON ERC

La diputada catalana ha acusado a ERC de actuar de forma errática y de "enrocarse en los posicionamientos de Junts", y a los de Carles Puigdemont de ejercer un chantaje al que ella rechaza someterse.

En esta línea, ha afirmado que el 'no' de ERC a la reforma laboral ha supuesto una "evidente pérdida de confianza", a pesar de mostrarse dispuesta a llegar a acuerdos como el de los presupuestos catalanes.

Albiach ha rechazado que sea "un juez el que diga cuál debe ser la lengua vehicular de las escuelas en Cataluña" y ha dicho textualmente que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSCJ) sobre el 25% de castellano en las aulas no está amparada por la normativa actual.

"El derecho que debe prevalecer es el de ser solvente tanto en castellano como en catalán", ha dicho, algo que a su juicio se está preservando actualmente.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha considerado que "tan importante es la llegada de la alta velocidad a Euskadi como conectarla con Madrid", ya que lo contrario sería "avanzar a medias".

En una entrevista concedida a El Correo, Sánchez analiza los protocolos firmado este pasado miércoles con las autoridades vascas para la llegada del TAV a Vitoria y Bilbao que asegura "cierran incertidumbres".

Según destaca, el actual Ejecutivo ha inyectado 510 millones a la 'Y vasca' en tres años cuando la inversión total en dos décadas ha sido de 4.000 y dice que "la encomienda de gestión es una muestra de la capacidad de ponernos de acuerdo".

Por otro lado, cree que el TAV funcionará en 2027, aunque las integraciones de Bilbao y Vitoria "pueden tardar un poco más, aunque para esa fecha los trabajos estarán en marcha". "Construir una estación provisional en Basauri tiene precisamente el objetivo de anticipar la puesta en marcha de la infraestructura", expresa.

Asimismo, reconoce que "tan importante es la llegada de la alta velocidad a Euskadi como conectarla con Madrid", ya que lo contrario sería "avanzar a medias". "El estudio informativo de la conexión Burgos-Vitoria está listo y vamos a licitar la redacción del proyecto constructivo este primer trimestre de 2022", afirma.

AEROPUERTO

Respecto a un traspaso de la gestión de los aeropuertos vascos, la ministra dice que "no es un tema que esté sobre la mesa ahora mismo" y subraya que se trata de infraestructuras "de interés general y es difícil de entender que se pueda producir ese traspaso". "Es un asunto que hay que analizar mucho, y ahora estamos con el de las Cercanías", aclara.

Por último, y en referencia a los peajes en las autovías, considera que se necesita un sistema para financiar la red viaria, pero "sin caer en errores del pasado y crear agravios entre comunidades". "Ahora las autovías las pagamos todos a través de los Presupuestos del Estado, pero lo justo es que paguen quienes las usan, igual que pasa en aeropuertos o puertos", sostiene.

Cantabria ha sumado tres nuevos fallecidos por coronavirus en las últimas horas --dos hombres de 77 y 94 años, y una mujer de 97, todos ellos vacunados--, que elevan el total de víctimas mortales en la región a 758. Mientras, el resto de indicadores siguen en descenso, especialmente los nuevos casos, que bajan a 260 (245 menos que la víspera).

Se trata de la cifra más baja de nuevos contagios registrada en la comunidad desde el pasado 18 de diciembre, cuando se detectaron 231, según los últimos datos de Sanidad correspondientes al sábado 12.

Asimismo, Cantabria ha registrado 126 hospitalizados, que son uno menos que el viernes; y 14 ingresados en la UCI, los mismos que la víspera.

De este modo, la ocupación hospitalaria ha bajado hasta el 7,7%, y la de la UCI sigue al 9,9%, y continúan en nivel de riesgo medio. La tasa de ingresos hospitalarios a siete días también ha mejorado respecto al viernes y está en el 17,2%, mientras que la de ingresos en UCI se sitúa al 1%.

Actualmente, de los 126 hospitalizados, 90 están ingresados en el Hospital Marqués de Valdecilla, incluidos los 14 en la UCI; 27 en el Hospital Sierrallana; 6 en el Hospital Comarcal de Laredo; y 3 en el Tres Mares de Reinosa.

TRANSMISIÓN

Además, sigue bajando la incidencia acumulada, tanto a 14 días, con 1.893 casos por 100.000 habitantes, que son 122 menos que la víspera, como a siete días, con 676, que son 46 menos.

En mayores de 65 años, la incidencia también continúa reduciéndose tanto a 14 días, con 1.099 casos, como a siete, con 389.

En la última semana se han detectado en Cantabria 3.938 positivos, que se elevan a 11.035 si se tiene en cuenta también la anterior. Así, el virus sigue en descenso con una tendencia del -45%.

En cuanto a la positividad de las pruebas, ha caído al 32,2%, si bien, pese a estos retrocesos, todos los indicadores de transmisión comunitaria continúan en nivel de riesgo muy alto.

Con estos datos, la comunidad autónoma se mantiene en su conjunto en el nivel 3 (riesgo alto) por la pandemia del coronavirus.

Salvamento Marítimo ha rescatado durante la pasada madrugada una patera con un total de 40 varones magrebíes que viajaban en una patera a unas 32 millas al sur de la isla de Gran Canaria.

Según informa el organismo estatal, sobre las 22.30 horas de este sábado, el Centro de Salvamento de Las Palmas recibió un aviso del buque 'Pelagia' explicando que había avistado unas señales lumínicas y que se trataba de una embarcación irregular con buena flotabilidad rumbo al archipiélago.

De este manera, se solicitó al barco que mantuviera a la patera a la vista y a una distancia de seguridad mientras llegaba a la zona la Guardamar Concepción Arenal.

Una vez allí, alrededor de las 01.00 horas, el recurso marítimo procedió al rescate de 40 varones y puso rumbo al Muelle de Arguineguín, donde llegaron sobe las 03.00 horas.

El conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, ha apostado por impulsar una transformación ambiciosa del sistema educativo en Catalunya con un horizonte en el 2023 y a "empezar el camino aunque no se den las mejores circunstancias".

Así lo ha dicho en una entrevista en el diario 'El Periódico' publicada este domingo, en la que ha explicado que "esta transformación pasa por hacer que las cosas pasen, por tomar decisiones para ir avanzando hacia esa transformación real, estructurada, que llegue a todos los centros".

Para el titular de Educación, los grandes cambios no se pueden hacer de un día para otro y "siempre encuentran un punto de resistencia", y ha defendido que su Conselleria debe tomar decisiones e impulsar nuevos proyectos.

En ese sentido, ha asegurado que el avance del inicio del curso escolar 2022-2033 al 5 de septiembre en infantil y primaria, y en ESO, Bachillerato y FP al 7 de septiembre, anunciado el jueves por la Generalitat, era una cuestión muy reivindicada por parte de la sociedad así como "una medida que favorece al alumnado vulnerable, una medida de igualdad territorial y que facilita la conciliación familiar". "El profesorado gana, porque tendrá más horas de coordinación en septiembre, y ganan también las direcciones de los centros porque la plantilla estructural se nombrará un mes antes", ha añadido.

También ha defendido que la propuesta se ha impulsado "después de recoger la máxima información y de escuchar de manera informal a la comunidad educativa" y que próximamente se informará a todos los agentes implicados.

RETOS DE LA FORMACIÓN Y EDUCACIÓN EMOCIONAL

Por otro lado, ha considerado que la formación del profesorado afronta dos retos, que son la diversificación y "lograr que la formación sea realmente útil, contextualizada, incluso según cada centro educativo", y ha abogado por que los centros trasladen sus necesidades a la Conselleria para poder ofrecer una formación a medida.

Preguntado por cómo se reforzará la educación emocional en las aulas, ha destacado que en las próximas semanas se impulsará, conjuntamente con la Conselleria de Salud, "un termómetro emocional para saber cómo están" los alumnos, que también realizarán un cuestionario anónimo sobre su estado emocional con preguntas sobre adicciones, hábitos y relaciones con los compañeros.

Esta iniciativa pretende estudiar los resultados para tener un diagnóstico que permita a los centros "tomar las mejores decisiones ante cada situación", y ha asegurado que se ampliará la plantilla de los trabajadores de acompañamiento emocional y orientación.

Sobre las plazas de Formación Profesional (FP) para el próximo curso, ha respondido que la Conselleria aprende "de la experiencia" y que este año se ha adelantado la preinscripción para que alumnos tengan garantizada una plaza en la especialidad que soliciten, y que se sistematizarán las necesidades del mercado laboral para adaptar al máximo la oferta.

El presidente de la Junta y candidato 'popular' a las elecciones autonómicas, Alfonso Fernández Mañueco, pasará la noche de este 13 de febrero en su Salamanca natal, mientras que el secretario general del PSOE CyL y candidato socialista, Luis Tudanca, la mantendrá en Valladolid, aunque este año lo hará fuera de la sede del partido para trasladarse al hotel Sercotel, situado a 400 metros de la misma.

Desde sus respectivas ubicaciones, los candidatos seguirán el recuento electoral tras una jornada en la que están llamados a las urnas un total de 2.094.490 electores a los que ambos han instado en reiteradas ocasiones a la movilización: Mañueco, para conseguir "una mayoría suficiente" que evite que Castilla y León sea gobernada "desde fuera" y Tudanca, para lograr "volver a ganar", en esta ocasión "por más" y favorecer "la esperanza y el cambio".

Sin embargo, las solicitudes del voto por correo han descendido un 40 por ciento respecto a las pasadas elecciones de mayo de 2019, lo que supone un total de 34.270 papeletas menos respecto a los anteriores comicios.

Así, mientras que Tudanca espera repetir y ampliar la victoria de la pasada cita electoral ante la perspectiva de la encuesta publicada este lunes por el CIS, que da como vencedor al PSOECyL con entre 29 y 34 escaños, Mañueco confía en mantenerse al frente de la Junta bajo la promesa de gobernar con "moderación", pero también con "determinación" y sin aceptar "chantajes".

En la noche de este domingo, algo más de 120 kilómetros separarán a los dos candidatos de las fuerzas que, acorde a las encuestas preelectorales, se disputarán ser la primera y segunda fuerza en el Parlamento autonómico, después de depositar sus votos, un derecho que Fernández Mañueco ejercerá también en la capital salmantina, mientras que Tudanca lo hará en Burgos.