La Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima ha aprobado su primer Plan de Igualdad, que tiene como uno de sus principales objetivos fomentar la incorporación de mujeres en aquellas áreas en las que están infrarrepresentadas, como es el caso en la flota.

El texto ha sido aprobado por unanimidad por sindicatos y representantes de la empresa en el Grupo de Trabajo de Igualdad de Salvamento Marítimo, dependiente del Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana.

El documento en cuestión abarca a los dos colectivos que forman parte de la Sociedad, tierra y flota, con convenios independientes y cuyos integrantes desempeñan labores diferenciadas, ha precisado el Ministerio en un comunicado.

El Plan empezó a elaborarse en abril de 2020 con un diagnóstico sobre la situación de la igualdad en la empresa que ha servido de base para diseñar una intervención al respecto.

Entres los resultados del mismo, destaca la «ausencia de discriminación» en los procedimientos de gestión de personal y de trabajo ya que debido al carácter de entidad pública empresarial los convenios al respecto están regulados. De hecho, la media de salario es idéntico para mujeres y hombres en todos los puestos.

No obstante, este estudio señala que «queda camino por recorrer» para alcanzar la paridad en el personal de la flota marítima, en cuyos barcos trabajan 19 mujeres frente a 820 hombres, lo que supone solo un 2%.

Se trata de una tendencia generalizada en el sector marítimo, ya que, según datos de la Organización Marítima Internacional (OMI), las mujeres representan únicamente el 2% de los 1,2 millones de marinos del mundo.

Por el contrario, el diágnostico realizado por Salvamento Marítimo subraya la representación de la mujer en el personal de tierra, donde estas ocupan ya más del 41% del total –238 son mujeres, frente a 340 hombres–.

MEDIDAS CONCRETAS

Ante estas diferencias, el Plan de Igualdad aprobado plantea acciones concretas con el propósito de que más mujeres se unan a Salvamento Marítimo.

Entre estas, se encuentra la difusión de ofertas de empleo en las universidades y centros de formación profesional, y en el Instituto Social de la Marina, en las que se visibilice la presencia de mujeres en el caso de grupos profesionales en los que estén infrarrespresentadas, y de hombres en caso contrario.

Asimismo, se propone poner en marcha iniciativas para promover la vocación de las mujeres en el sector marítimo con la colaboración de instituciones y medios de comunicación.

El Plan comenzará ahora a implementarse y se le realizará un seguimiento para evaluar el desarrollo, cumplimiento y resultados de sus medidas.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha considerado este lunes que «no coincido con el análisis» de la presidente de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, sobre los réditos de los pactos de gobierno de PP-Cs y apuntado que ha sido «un acuerdo netamente positivo, lo sigue siendo, en el ámbito de Andalucía y en numerosos municipios».

En declaraciones a medios en Dos Hermanas (Sevilla) tras visitar la empresa de inserción sociolaboral Bioalverde, impulsada por Cáritas, Moreno se ha pronunciado en estos términos sobre la entrevista de Arrimadas con el diario El País, donde ha asegurado que «la negociación de 2019 fue un error, le regalamos cuatro gobiernos al PP».

«No fue un error», ha afirmado Moreno, quien ha sostenido que «tengo el máximo respeto, la consideración por el análisis de dirigentes como la señora Arrimadas, aunque no coincidamos».

Sobre el deseo expresado por Arrimadas de que Moreno no sucumba a las supuestas presiones de la dirección nacional del PP para el adelanto electoral en Andalucía, aun cuando el presidente de la Junta ha situado entre junio u octubre las fechas posibles para las autonómicas, Moreno ha señalado que «no recibo presiones de nadie, lo digo con honestidad» y ha proseguido apuntando que «jamás nadie de la dirección nacional me ha hecho presión, ni me ha solicitado una fecha».

El presidente andaluz ha indicado que «entre sus pocas facultades» reside la disolución del Parlamento para la convocatoria de elecciones, un hecho que ha situado «lo hará cuando más interese a los andaluces», por cuanto ha considerado que «mientras pueda gobernar, tenga mayoría parmentaria para sacar decretos y leyes seguiré gobernando», de manera que «cuando no exista» esa viabilidad en el Parlamento autonómico «no haré perder ni un minuto a los andaluces» y convocará elecciones.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó el registro en la casa del ex jefe de Seguridad de BBVA Julio Corrochano que se llevó a cabo el pasado 22 de diciembre al sospechar que guarda documentación relativa a los encargos que el banco hizo a CENYT, el grupo empresarial de José Manuel Villarejo, en concreto los informes que el comisario habría entregado a la entidad.

Así se desprende de un escrito del mismo 22 de diciembre, donde los fiscales Miguel Serrano y Alejandro Cabaleiro instaban al Juzgado Central de Instrucción Número 6 a pedir a Corrochano que entregara dicha documentación y que, en caso de que se negara o alegara no tenerla, se procediera al registro de su vivienda, como finalmente ocurrió.

Y ello, explicaban, «con la única finalidad de buscar la documentación en soporte papel que pudiese tener guardada con relación a cualquier contratación con alguna de las mercantiles del Grupo CENYT, con José Manuel Villarejo o con (su socio) Rafael Redondo, así como la documentación soporte físico resultado de la misma», esto es, los informes del comisario.

Los fiscales fundaban sus sospechas en la declaración realizada en marzo por la sucesora de Corrochano, Inés Díaz Ochagavía, según la cual en el primer traspaso él no le dio ningún archivo relacionado con CENYT, pero el 30 de mayo de 2018, después de que BBVA ordenara una investigación interna, acudió a su despacho y le entregó en mano «un taco de contratos». Ella los escaneó y se los devolvió.

De este relato, Anticorrupción deduce que Corrochano se habría llevado toda la documentación en soporte físico que le habrían ido proporcionando Villarejo o Redondo como consecuencia de los encargos realizados por BBVA a CENYT.

Aunque Corrochano, en su comparecencia judicial del día anterior, el 21 de diciembre, afirmó que no estaría en posesión de tales archivos, los fiscales aprecian «indicios sólidos» de lo contrario, puesto que el ex jefe de Seguridad habría sido «el interlocutor directo» de Villarejo.

EL SOPORTE DOCUMENTAL «TUVO QUE EXISTIR»

Además, esgrimieron que, aunque no se ha encontrado durante la investigación judicial, toda esa documentación –tanto contratos como informes– «necesariamente tuvo que existir», a pesar de que Corrochano dice que no la tiene y BBVA, que no la encuentra.

A este respecto, recordaron que lo que sí ha aparecido a través de las aplicaciones informáticas del banco son archivos que «acreditan la existencia de facturas que fueron pagadas».

«BBVA (…) ha manifestado reiteradamente que existen facturas sin contratos, así como pagos que únicamente han quedado reflejados en sus sistemas informáticos, pero que se carece de los soportes físicos, pese a que la normativa interna impide hacer un pago sin tales soportes», expusieron.

«Y, respecto a los trabajos entregados, son escasos, por no decir muy limitados los que han sido aportados por la entidad, siendo los más cuantiosos aquellos que se han encontrado gracias a la entrada y registro en el domicilio social de CENYT y en el particular de Villarejo y Redondo», recalcaron.

Con todo, estimaron que «tales documentos bien podrían seguir estando en posesión de Corrochano como custodio de confianza, así como habérselos guardado en garantía de su posible estrategia de defensa».

Asimismo, alegaron que el tiempo transcurrido, en vez de hacer inútil el registro en la casa de Corrochano, porque en estos años podría haberlos destruido o guardado en otro lugar, al contrario, podría haber servido para generarle «más confianza» en que esa inspección no llegaría «nunca», manteniéndolos en su poder.

HALLAN UNA «OFERTA» DE CENYT

El magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Joaquín Gadea, accedió a lo solicitado por Anticorrupción dando lugar a un registro de la casa de Corrochano que comenzó sobre las 17.15 y acabó unas dos horas después, de acuerdo con el acta judicial, que ha podido consultar esta agencia de noticias.

En ella, el letrado de la administración de justicia relata, de su puño y letra, que a su llegada solo encontraron a la mujer y a la hija de Corrochano. El ex jefe de Seguridad se presentó unos diez minutos después, mientras que su letrada tardó cerca de una hora en acudir al domicilio familiar. Al ratificar que dichos papeles no estaban en su poder, la comitiva judicial procedió al registro.

Siguiendo las instrucciones del propio Corrochano, buscaron primero en una habitación donde él comentó «de forma espontánea» que solía guardar «documentación variada». Al no encontrar los papeles en cuestión, y también por indicación del imputado, los agentes inspeccionaron una segunda estancia con más archivos.

Ahí hallaron un documento del 13 de mayo de 2016 –«cuatro folios grapados»– con el logotipo de CENYT titulado «oferta» de «servicios de seguridad y entorno», que quedó bajo custodia judicial y que, si bien el registro continuó hasta peinar la vivienda, fue el único descubrimiento.

«PERFECTO CONOCEDOR» DE LAS SUPUESTAS ILEGALIDADES

En ese momento, Corrochano manifestó a la comitiva judicial que ese archivo era el mismo que había exhibido el 21 de diciembre durante su interrogatorio como investigado en la Audiencia Nacional.

Un día después, el 23 de diciembre, la defensa de Corrochano envió al instructor ese mismo papel, explicando que se trata de una fotocopia de la oferta que hizo CENYT para el contrato de junio de 2016 con BBVA, una serie de páginas que debían ser revisadas y aprobadas por el departamento de compras del banco.

En este documento, CENYT, que se define como «una firma dedicada a la prestación de servicios de Inteligencia empresarial», ofrece «consultoría en materia de seguridad y análisis del entorno en general» a cambio de 50.000 euros mensuales durante un año, un total de 600.000 euros.

En concreto, propone realizar un «informe anual» y «boletines» cada quince días, «tales como reportes que contendrán información de Inteligencia de entorno de criminalidad y tendencias en riegos para la seguridad de personas, activos, incluso reputación de BBVA», así como «recomendaciones de precaución».

También ofrece «asesoramiento y asistencia ante situaciones de crisis cualesquiera (incluyendo secuestros, extorsiones, fraudes, amenaza reputacional, etc) en que se vean involucrados personas o activos de BBVA».

Designa a Redondo como enlace de CENYT con BBVA y avisa de que, por motivos de «seguridad» y «confidencialidad», «todas las comunicaciones que incluyan datos sensibles de cualquier tipo se realizarán de manera verbal y directa».

En consecuencia, avanza que, «Redondo se desplazará personalmente a la sede social de BBVA o donde se designe para recibir u ofrecer personalmente la información, comentarios y asesoramiento al servicio de inteligencia requerido».

«La entrega de informes o documentación se realizará en mano y solo por parte de las personas ya mencionadas», aunque contempla que la persona de CENYT pueda variar, en cuyo caso el emisario llevará un «doble sobre» con la información.

En la oferta se dice expresamente que CENYT actuará «bajo la supervisión y directrices de BBVA» y que los encargos se realizarán «siempre dentro de la legalidad vigente, absteniéndose de utilizar para sus investigaciones medios materiales o técnicos que atenten contra cualquier derecho protegido».

Sin embargo, los fiscales observan igualmente «indicios sólidos» de la comisión de los delitos de cohecho y revelación de secretos que se investigan por cuanto Corrochano, al «haber sido policía», «era perfecto conocedor del acceso a bases policiales en cuanto a cierta información que se le transmitía» desde CENYT.

El vicesecretario de Comunicación del PP y diputado nacional por Málaga, Pablo Montesinos, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «de mentir», asegurando que «no dice la verdad ni al médico», lo que en materia económica «tiene consecuencias negativas para todos los españoles».

Montesinos, en rueda de prensa en Málaga, se ha referido en materia energética a que «quedan solo cuatro días para corroborar otra gran mentira de Sánchez, la de la factura de la luz», preguntándose si «¿va a pedir perdón –Sánchez– o va a dimitir alguien?».

Así, ha recordado que Sánchez «dijo que íbamos a pagar la misma factura de la luz a finales de este año que en 2018» y «se ha demostrado que es falso, es mentira». «Tenemos una factura de la luz que está disparada, que concatena récord tras récord todas las semanas y el Gobierno no ha planteado ninguna solución o lo que es peor, ese paquete de medidas del Gobierno que lo que creó fue una enorme inseguridad jurídica», ha sentenciado.

Ante «esa cuenta atrás tan clara» de cuatro días que faltan para «contrastar esa gran mentira de Sánchez», Montesinos se ha preguntado si «va a pedir perdón el presidente del Gobierno, alguien del Gobierno de España va a asumir algún tipo de responsabilidad política, alguien del Ejecutivo va a disculparse y presentar su dimisión».

También ha recordado, en este sentido, que Sánchez «exigía dimisiones cuando la factura de la luz subía un ocho por ciento, la semana pasada alcanzamos más del 500 por ciento. ¿A nadie del Gobierno se le cae la cara de vergüenza, hay alguien en Moncloa?».

Montesinos, ha aludido directamente a Sánchez y ha insistido en si «va a pedir perdón porque la factura de la luz subió un 500 por ciento la semana pasada y no están haciendo absolutamente nada».

«Esto si son los problemas reales de los españoles», ha señalado el dirigente ‘popular’, quien ha asegurado que el PP va seguir manteniendo su campaña para explicar su reforma energética, recordando que con ello también le tendieron la mano al Gobierno, pero «recibimos insultos y ataque como respuestas».

Eso sí, ha dicho que el Ejecutivo también en esta cuestión «está en la posibilidad de rectificar». «El Gobierno tendría que atacar menos al PP y más escuchar nuestras propuestas», ha subrayado.

PGE

Por otro lado, se ha referido a los Presupuestos Generales del Estado, ante la vuelta de las cuentas al Congreso, precisando que «no hay ni un solo indicador nacional o internacional que avale las cuentas públicas de Sánchez, que son una gran mentira y no se van a cumplir».

«La base de esos presupuestos es una gran mentira y esta es ya la marca de Pedro Sánchez, la mentira», ha reiterado. Según Montesinos, «ya nadie se cree, salvo Sánchez y Calviño, los brotes verdes del Gobierno de España».

Por último, sobre la contrarreforma laboral, ha vuelto a reiterar que el PP no va a apoyarla, señalado que «España será en 2022 el país con más paro de toda Europa, según el FMI, y las soluciones pasan por mayor flexibilidad, la mochila austríaca y rebajar las cotizaciones».

El Gobierno de Aragón publicará este martes, 28 de diciembre, la Orden acordada con varias comunidades autónomas del norte de España para tomar medidas de contención de la COVID-19, ante el aumento de casos, con nuevas restricciones. La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha anunciado que entrará en vigor a las 00.00 horas de este miércoles y ha advertido de que «no se contempla ninguna excepción en Nochevieja».

Ha ofrecido una rueda de prensa en Teruel, donde ha indicado que la Orden responde al acuerdo alcanzado por los titulares de Sanidad de Aragón, La Rioja, País Vasco, Navarra, Asturias y Cantabria, donde han aumentado notablemente los casos de COVID-19 en los últimos días. Cada comunidad introducirá en sus respectivas Órdenes los matices que considere necesarios y la de Aragón estará vigente hasta el 15 de enero, aunque estará sujeta a revisión.

Repollés ha llamado la atención sobre «la explosión de contagios» de los últimos días, «no esperada en su intensidad», aunque el Gobierno regional sí tenía «una premonición» al respecto porque también han aumentado los casos exponencialmente en Francia y Portugal, que comparten «las mismas dinámicas», por ejemplo, la tasa de vacunación.

Las comunidades mencionadas han alcanzado un acuerdo porque comparten la ubicación geográfica, la situación epidemiológica, las dinámicas sociales y las características de la población infectada», con «cifras muy altas», con 1.671 casos este domingo en Aragón. Ha observado que la intensidad de contagio ya no es más elevada en la población infantil, sino desde los 20 a los 49 años. «Tenemos que establecer algún tipo de contención», ha zanjado.

Repollés ha recordado las recomendaciones permanentes, como llevar la mascarilla, mantener la distancia social, que las reuniones sociales sean de hasta 10 personas, fomentar el teletrabajo y aislarse en el caso de ser contacto de una persona infectada.

RESTRICCIONES

En los espectáculos culturales, sociales y deportivos no se recomienda autorizar el consumo de bebidas y comida pero, si es así se tendrán que reducir los aforos al 50 por ciento, utilizando butacas asignadas dejando una libre por cada una utilizada.

En hostelería y restauración, los establecimientos cerrarán a las 00.00 horas y la ocupación máxima será de 10 personas por mesa tanto en interior como en exterior, con una distancia de 1,5 metros por mesa. No se podrá consumir de pie ni en la barra, sino sentado y en mesa.

El ocio nocturno cerrará a las 2.00 horas, el uso de mascarilla será obligatorio en todo momento, las mesas serán de hasta 10 personas, con una distancia de 1,5 metros entre las mesas, y será obligatorio separar la pista de baile de las mesas.

La consejera ha afirmado que «estas medidas se han consensuado con todos los sectores» y ha añadido que los cotillones se pueden realizar, lo que «no significa que no se puedan hacer de forma diferente».

En los eventos multitudinarios se solicitará el pasaporte COVID y podrá haber hasta 250 personas en interior y 500 en exterior. En gimnasios y establecimientos asimilados no habrá restricción horaria y el límite de participantes será de 10 personas.

Estas medidas «son un marco general consensuado para crear certidumbres y para que la movilidad no se guíe por las restricciones que tenemos en una u otra comunidad», ha dicho Repollés, para quien «es deseable que este consenso se haya producido y podamos anunciar medidas similares y al mismo tiempo».

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

Sanidad ha elaborado un documento con instrucciones sencillas para que cada centro sepa qué tiene que hacer en cualquier circunstancia, basadas en la responsabilidad individual y en «la necesidad absoluta de aligerar a la Primaria de la carga asistencial» para controlar la pandemia.

Se intensificarán los rastreos en «los ámbitos más vulnerables», como residencias, mujeres embarazadas, personas mayores de 65 años, pacientes crónicos e inmunodeprimidos.

Repollés ha apuntado que en las UCI aragonesas hay 47 pacientes con coronavirus y en planta hospitalaria 330, indicando que «sin la vacunación hubiera sido imposible abordar este volumen de contagios». De hecho, la vacunación es «la única forma de salir de esto», por lo que ha recomendado a todos que reciban la tercera dosis.

Ha recordado que en Aragón se pueden realizar pruebas profesionales en farmacias para obtener después el pasaporte COVID, anunciando que se va a «obviar» la obligación de repetir en centros del Salud las que hayan resultado positivas, de manera que los resultados se darán por buenos.

Respecto a las pruebas de autodiagnóstico que realicen los ciudadanos en casa, Sanidad arbitrará medidas para que puedan validar sus pruebas en centros de salud o espacios específicos.

AGRADECIMIENTO A LOS SANITARIOS

La consejera de Sanidad ha dicho que nunca se agradecerá lo suficiente al personal sanitario «su compromiso y su forma de actuar durante todas las olas, especialmente en esta que estamos viviendo, con tanta intensidad de contagios y en unas fechas tan comprometidas».

Los profesionales sanitarios «están trabajando hasta la extenuación», ha proseguido Repollés, quien ha apuntado que la Atención Primaria está realizando la vacunación de las terceras dosis, las pruebas PCR y los rastreos.

Con este volumen de contagios y de pruebas PCR realizadas, 10.000 en algunas jornadas, el Departamento de Sanidad se ha replanteado la protección del sistema sanitario «para que no se vea sometido a una situación de presión que le impida realizar las labores sanitarias con garantías de control».

La consejera de Presidencia, Mayte Pérez, ha expresado que las medidas se toman «de manera ponderada», subrayando que la salud es un bien a proteger.

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha advertido de que la campaña electoral en la Comunidad no será «trampolín» de nadie y no la centrará «ni siquiera en el triste personaje que la ha provocado», en referencia al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, sino en los problemas de los ciudadanos.

Igea ha ofrecido una rueda de prensa junto a exconsejeros y procuradores naranjas como símbolo del trabajo llevado a cabo tras conocerse el respaldo de la dirección nacional del partido para que sea el candidato a la Presidencia de la Junta sin celebrarse primarias, una propuesta ahora aprobada que ha agradecido al Comité Autonómico tras el evento «no sólo inesperado sino inusitado» como es la convocatoria anticipada de elecciones, un acto «lamentable» en el que considera que un presidente de la Comunidad ha abandonado sus responsabilidades en un momento tan «difícil».

Igea, quien ha reconocido que le hubiera gustado que se celebraran primarias, ha asegurado que sólo ha pedido «altura de miras» a los miembros de su formación a los que ha prometido «sangre, sudor y lágrimas» y que va a volverse a dejar «la piel»

En este contexto, ha avisado de que la Comunidad «no va a servir de trampolín para nadie» porque tiene «sus propios problemas, inquietudes y necesidades» en los que se lleva dos años trabajando como la ordenación del territorio, la despoblación, el empleo o acabar con el «clientelismo» y se hablará de los problemas de la Comunidad en una campaña «atípica» en la que defenderán la labor del Gobierno mientras otros se «aprovechan» de ella.

A su juicio, les han «pillado» trabajando en los problemas «de verdad» y, cuando lo hacían, ha habido quien ha decidido utilizar la Comunidad «de trampolín de otra persona», pero ha dejado claro «desde el primer día» que en Castilla y León no se presenta Pedro Sánchez ni Pablo Casado. «Aquí lo que se juega es el interés ciudadanos de la Comunidad y cualquiera que intente introducir intereses ajenos a los de esta tierra se va a encontrar enfrente a Cs y a los ciudadanos», ha insistido.

Así, ha explicado que se hablará del futuro, de la despoblación, de las infraestructuras de comunicaciones y, en definitiva, de Castilla y León, y ha añadido que se «equivoca» el que piense que esto es un «muro» contra el «sanchismo» o el muro de alguien y se trata de hablar «de lo que de verdad importa».

LOGROS

En este sentido, ha puesto como ejemplo que se tienen cifras de empleo «desconocidas» desde 2008 y ha defendido la implicación de la Consejería de Empleo en todos los problemas, pero también ha incidido en que por primera vez en 20 años se tienen balances migratorios positivos o había una ley para desatascar la ordenación del territorio, pero también tras años de «opacidad» había un cambio decisivo en el acceso a la información pública y una ley de transparencia en marcha para «obligar» a ser transparentes.

De la misma forma, ha defendido que se llevaban 30 años «dando patadas para adelante» a la reforma de la Atención Primaria hasta que llegaron al Gobierno o una política cultural de grandes eventos en capitales, «lujos» o para «lucimiento» de algunos y ahora se ha transformado en una actividad cultural que ha llenado la Comunidad y se ha centrado en el mundo rural.

«De todo eso y más cosas es de lo que vamos a hablar en esta campaña, que nadie se engañe, no hacer campaña ni siquiera centrada en el triste personaje que la ha provocado», ha afirmado Igea, quien ha lamentado que el presidente de la Junta no se atreva si quiera «a mirar a los ojos» a quienes durante dos años han estado defendiendo la acción del gobierno, con «honestidad y diciendo la verdad», cuando estaban difíciles las cosas, y mientras «otros se escondían».

Francisco Igea ha reiterado que tomaron medidas cuando había que hacerlo y salieron siempre ellos «a dar la cara», sin dar nunca la «espalda» a los problemas.

«Quien ha provocado no puede salir indemne de esta situación, la política no puede ser así, los ciudadanos no lo merecen, no merecen que se juegue así con sus intereses», ha añadido.

En este contexto, el exvicepresidente de la Junta se ha referido a quienes les han llamado «pardillos», algo que «puede ser», pero ha aclarado que a su juicio los ciudadanos prefieren «la honestidad al engaño, la lealtad a la traición y luz a oscuridad» y cree que hacer política «desde la luz, la transparencia y la honestidad» no solo es «posible», sino que «mejora las cosas».

GOBIERNO EFICAZ

Francisco Igea ha afirmado que en la Comunidad ha mejorado la competitividad fiscal, el empleo y el balance demográfico, por ejemplo, y «cuando se hacen las cosas bien» porque alguien le «mira» se esfuerza por obtener los mejores resultados y cuando se tiene el propio control interno del gobierno de coalición sirve «para no tropezar».

Además, considera que el gobierno ha funcionado «con mucha eficacia» y cree que Fernández Mañueco «no temía que cayera el gobierno», sino que «continuase» y que salieran adelante cuestiones como la ley de transparencia o la oficina contra el fraude. «Casi seguro de que el temor no era que cayese el gobierno sino que continuase», ha reiterado.

Por ello, ahora que los ciudadanos son quienes tienen la palabra y van a decidir sobre lo hecho, ha asegurado que Cs va a ser un partido que «va a pelear como no han visto nunca», van «a darlo todo» y contarán para ello con todos los cargos, militantes y simpatizantes que quieran transmitir a los ciudadanos que hay una manera «distinta» de hacer la política y que lo que han visto en dos años no quede en un «espejismo» o una «ilusión» y por que no se vuelva a lo que se ve estos días de ruedas de prensa sin preguntas o a peticiones de información que no se contestan y a las llamadas telefónicas. «Que no volvamos a esas cosas a las que algunos parecen querer volver al no resignarse a permanecer en un gobierno transparente y eficaz», ha insistido.

Igea ha agregado que hay una circunstancia que va a «complicar» la campaña y es que han decidido «desde el primer momento» no dar «golpe por golpe» y no «derribar» ayuntamientos y diputaciones, algo que cree que ha sorprendido a muchos, pero cree que es el momento de «ir a por todas» como son ellos, como un partido «leal» que mira por el interés de los ciudadanos.

Por este motivo, ha pedido a los cargos que trabajan con el PSOE y el PP, formaciones con las que hay acuerdos de gobernabilidad en diferentes instituciones, que mantengan la «lealtad» pero también sean «firmes» en las convicciones y ha llamado a mantener «el mayor nivel de firmeza» pero también de «elegancia» en las instituciones.

En cuanto a la campaña electoral, ha explicado que esperan llegar a todas y cada una de las provincias y territorios de la Comunidad, que conocen bien porque se los han «pateado» en estos dos años, aunque ha reconocido que será una campaña «difícil» en la que serán cuidadosos, con el mantenimiento de las medidas de seguridad y siempre como primer objetivo tendrán evitar episodios de contagio o de riesgo, para lo que también utilizarán otros medios como las nuevas tecnologías.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha definido como un «éxito colectivo» el desarrollo de la campaña de vacunación contra la COVID-19 en España, que este lunes cumple un año, y ha instado a «perseverar» para «seguir vacunando» como mejor herramienta contra el virus.

En una comparecencia ante los medios de comunicación desde La Palma tras darse por terminada la erupción del volcán, el jefe del Ejecutivo ha recordado a Araceli, la primera persona española que recibió una vacuna contra la COVID-19 hace hoy un año.

«Con ello empezamos a ver el principio del fin de la pandemia y de la lucha contra al COVID-19. Hace un año, en nuestro país no había nadie que tuviera acceso a la vacuna y, gracias al aporte de la ciencia, un año después casi nueve de cada diez personas tiene la pauta completa, 38 millones de españoles que cuentan con protección suficiente para afrontar las causas más graves», ha señalado.

Estos datos, según Sánchez, «demuestran el éxito colectivo de la Estrategia de Vacunación». «Ese éxito colectivo pertenece a todos, ha sido un éxito de la unión de todas las instituciones implicadas. Estoy convencido de que va a continuar siendo con la dosis de refuerzo y la vacunación pediátrica», ha resaltado.

Ante el alza de contagios de COVID-19, el jefe del Ejecutivo ha insistido a los españoles la necesidad de «perseverar» en la vacunación. «Tenemos que continuar vacunándonos, es el mejor antídoto», ha expuesto. Junto a ello, ha reivindicado la importancia de la protección personal, especialmente la mascarilla; y de la «unidad institucional», a través del apoyo a las CCAA en «las medidas que quieran poner en marcha».

Sánchez también ha resaltado la transferencia económica por parte del Ejecutivo central a las autonomías, así como el refuerzo de profesionales sanitarios a través de la contratación de jubilados o de aquellos que tienen un título de fuera de la Unión Europea.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, defiende que se implanten «las menores restricciones posibles» frente al coronavirus ya que, a pesar del «brutal» incremento de contagios que se viene produciendo, la situación actual «no es comparable a lo que hemos vivido en otras épocas» gracias al avance de la vacunación.

Así, a juicio de Revilla «vamos a tener que convivir con este virus pero ya muy mermado, en la medida que cada mes que pase va a haber muchísima más gente vacunada con refuerzo de tercera dosis, y sobre todo la población que ahora está teniendo más contagios, que son los jóvenes».

«Cuando hayamos pegado un arreón a la vacuna de los jóvenes y tengamos la tercera dosis de refuerzo, el virus lo tiene complicado», ha dicho el presidente tras asegurar que él mismo está haciéndose PCR «todos los días porque me cae alguno de los que trabaja conmigo» y «han sido contagiados por sus hijos al llegar del colegio».

Y es que el Covid «seguirá estando, pero yo creo que no nos va a parar la vida», ha defendido, señalando que 2022 va a ser el año en que, sin acabar con el virus, éste «no nos va a originar una situación de colapso sanitario ni económico» y habrá «muy pocos muertos», pues la mayoría de contagios serán «sin gravedad» –salvo en personas con patologías–.

Al hilo, ha recalcado que a día de hoy hay 106 hospitalizados, 23 de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y «llevamos varios días sin ningún muerto», cuando hace unos meses las UCIs alcanzaron los 47 ingresados y «hubo días de 17 muertos» habiendo menos contagios que ahora.

El jefe del Ejecutivo cántabro también considera que es el momento de relanzar la economía, y «por eso tampoco tenemos que extremarnos en cerrar, cerrar, cerrar», porque «vamos a ver cómo dentro de 10 días o 12 esta ola va a empezar a bajar.

Por ello «tampoco tenemos que alarmarnos en exceso, sí cuidarnos mucho», pues «esas aglomeraciones que hay son innecesarias porque de esas cantidades de gente que vemos apelotonada, sin mascarilla, seguro que sale algún infectado, porque esta nueva variante es de una propagación velocísima».

«Tenemos que tener mucho cuidado pero yo soy partidario, aceptando siempre lo que haga Sanidad, de que tenemos que ser lo menos restrictivos, dentro de conciliar todas las medidas de protección sin que paremos las actividades económicas, porque si no la economía va a ser otro virus y estábamos empezando a salir ahora con fuerza». Así, ha instado a «que no paremos esa salida» para poder recuperar los niveles del PIB anteriores a la pandemia el próximo año.

HOSTELERÍA

Revilla, que ha hecho estas declaraciones a los medios en Laredo, tras una visita a la empresa Conservas Codesa, también se ha referido a los hosteleros y ha reconocido que «el daño está hecho», pero también ha remarcado que el Gobierno ha «intentado ayudarles» y que las restricciones no solo se dan en España.

Precisamente, España «es el mejor país de Europa» en esta materia, pues las medidas son «muchísimo mayores» en otros países y «esa gente no es el tercer mundo», si no que, como los españoles «tienen especialistas que recomiendan que hay que hacer esto». «Y claro, en una pandemia, si no hacemos caso a los médicos, pues ¿a quién vamos a hacer caso?», ha defendido el presidente.

«Claro que el daño está hecho, y muy grande», ha reconocido, pero ha vaticinado que la economía este año «va a tirar en Cantabria muy por encima de la media de España».

Además, ha destacado que el Ejecutivo ha destinado «cantidades muy importantes» a paliar los daños que ha sufrido el sector y está «peleando» para poder repartir 20 millones de euros procedentes del Gobierno central que ahora no puede adjudicar porque las condiciones son «imposibles de cumplir».

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha indicado este lunes que la Consejería de Sanidad está valorando qué hacer con las macrofiestas, aunque entiende que de haberse realizado restricciones en las mismas debería haber sido antes de la sexta ola y ahora cree que este es el momento del autocuidado y de seguir con las mismas recomendaciones sanitarias.

Así lo ha trasladado la presidenta en declaraciones a los periodistas tras su visita al municipio de San Martín de Valdeiglesias. «Sanidad, por ahora, está valorando estas macrofiestas porque considera que puede ser un aliciente para que el virus pueda seguir propagándose de esta manera tan explosiva», ha sostenido.

La dirigente autonómica ha explicado que la Consejería también está viendo el respaldo jurídico que puede tener tomar una decisión u otra, pero ha insistido en que los cierres «no sirven para nada».

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid emitirá previsiblemente a lo largo de este lunes el informe que determinará si se pueden celebrar las cinco macrofiestas de Nochevieja que han solicitado autorización a la Comunidad de Madrid para despedir el año.

ESCUDERO: «NO ES EL MEJOR MOMENTO PARA CELEBRAR»

Precisamente, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado este lunes que el Gobierno autonómico tomará medidas para la cancelación de las macrofiestas porque «no es el mejor momento para celebrar».

«Estamos valorando las macrofiestas que se han presentado. Desde el punto de vista sanitario, no es el momento de establecer estos eventos extraordinarios con muchas personas. Esperamos aún a la Consejería de Presidencia. Probablemente contestaremos hoy o mañana», ha indicado en una entrevista en ‘EsRadio’.

En este sentido, ha confirmado que las nuevas medidas del Ejecutivo regional no van en la línea de los toques de queda, como se ha decidido en Cataluña. «Después de 21 meses de pandemia, los madrileños conocen perfectamente cómo se contagian. Debemos tener mascarillas, ventilación y distancia de seguridad», ha recordado Escudero.

El consejero también ha indicado que los nuevos contagios de la variante ómicron son cercanos al 95%. En esta línea, ha explicado que las variantes «agresivas» desplazan «rápidamente» a otras, especialmente la variante Delta.

«Nuestros cálculos creen que faltan dos semanas para el pico, pero aún faltan los festivos, que son los condicionantes. Apelamos a la responsabilidad. Esperemos que se produzca un descenso igual de rápido que el ascenso», ha resaltado.

El Ministerio de Defensa tenía previsto dar por finalizada el próximo 31 de diciembre la Misión Baluarte, orientada sobre todo al apoyo a las labores de rastreo de las comunidades autónomas; pero la aparición de la variante ómicron y la subida de la incidencia de Covid-19 han obligado a cambiar de planes y volver a incrementar el número de militares volcados en la lucha contra la pandemia.

Así lo ha revelado este lunes la ministra de Defensa, Margarita Robles, en una visita a la Unidad de Vigilancia Epidemiológica instalada en la base de la Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra en Paracuellos del Jarama (Madrid), desde donde dan apoyo a las cinco provincias castellanomanchegas.

La participación de las Fuerzas Armadas contra el Covid-19 empezó en marzo de 2020 con la misión Balmis, que sacó a miles de militares a la calle para tareas de desinfección, labores logísticas, traslado de pacientes entre hospitales y de fallecidos a las morgues provisionales instaladas en la Comunidad de Madrid.

La operación Balmis fue desactivada más de tres meses después, en el mes de julio, y en septiembre el Mando de Operaciones tuvo que volver a activar a las Fuerzas Armadas bajo la Misión Baluarte ante la nueva ola del virus.

Esta misión ha seguido activa desde entonces realizando tareas de desinfección, transporte de vacunas y vacunación del personal olímpico; aunque se tarea prioritaria ha sido el rastreo en colaboración con las comunidades autónomas. Durante estos 14 meses, los militares han realizado más de seis millones de llamadas para el seguimiento de los casos positivos o el rastreo de sus contactos.

Esta actividad había descendido durante los últimos meses y la ministra de Defensa, junto al Mando de Operaciones, habían decidido desactivar la operación al finalizar el año. Sin embargo, el aumento de la incidencia hizo que las autonomías volvieran a pedir la colaboración de las Fuerzas Armadas y ahora haya de nuevo más de 1.500 rastreadores militares activos.

Euskadi es la única comunidad que actualmente no ha pedido el apoyo de las Fuerzas Armadas para estas labores de rastreo, mientras que Cataluña cuenta con solo tres decenas de efectivos para seguir a los pasajeros que llegan al aeropuerto del Prat procedentes del sur de África.

Pero además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la pasada semana que Defensa colaborará también con las autonomías en la vacunación. Para ello cuenta con los dos hospitales militares de Zaragoza y Madrid y hasta 150 unidades móviles compuestas por tres o cuatro personas y listas para desplazarse a cualquier lugar que se requiera.

Robles ha detallado este lunes que esta misma semana las Fuerzas Armadas empezarán a vacunar en el hospital de Zaragoza a petición del Gobierno de Aragón y que ya ha estado en contacto con otras autonomías que prevén también trasladar a Sanidad esta petición de colaboración.

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral y falsedad documental, arrestando a siete personas a las que achaca presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

La operación, que ha durado varios meses, ha sido llevada a cabo por casi 30 de agentes adscritos al Grupo II de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras y la Unidad de Prevención y Reacción de Sevilla.

Las investigaciones se remontan al pasado mes de junio. La Policía Nacional detectó a un hombre de nacionalidad nicaragüense que operaba en las inmediaciones de un bar situado en la barriada de la Macarena, en Sevilla capital, captando a extranjeros para ofrecerles trabajo como jornaleros en la recolección de productos agrícolas en diferentes fincas de la provincia de Sevilla desde el mes de abril al mes de junio.

Las jornadas a realizar eran de más de 12 horas sin descanso alguno y con un salario que dependía de la productividad, oscilando entre 30 y 40 euros diarios.

Las distintas diligencias policiales llevaron a los agentes hasta otra persona de origen rumano que se encargaba de negociar los contratos de recolección con los dueños de las fincas. Los jornaleros no eran dados de alta en la Seguridad Social, ya que carecían del permiso de residencia y de trabajo en España.

Dicha persona proporcionaba verbalmente a los trabajadores un número de NIE de otra persona para que se identificaran ante los propietarios cuando iban a trabajar.

Tras meses de investigación, la Policía Nacional consiguió identificar a nueve personas que formaban parte de una organización criminal, las cuales tenían un claro reparto de tareas dentro de la misma, que consistían en la captación, el transporte y el control y vigilancia de los trabajadores.

El pasado día 1 de diciembre se estableció un dispositivo en una finca situada en la localidad de Córdoba, en la cual se tenía conocimiento que estaban trabajando los investigados.

En la inspección de la misma se hallaron a 23 personas de nacionalidad sudamericana trabajando y se intervinieron más de 4.000 euros en efectivo y diversa documentación.

También se procedió a la detención de siete personas por delito contra los derechos de los trabajadores, falsedad documental, pertenencia a Organización Criminal y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Todos ellos han pasado ya a disposición de la autoridad judicial.

Izquierda Unida ha presentado una serie de medidas para mejorar el Real Decreto-Ley aprobado el pasado jueves por el Gobierno para atajar el alza de contagios a causa de la variante ómicron de la COVID-19, como potenciar el teletrabajo y reforzar la Atención Primaria.

En primer lugar, ven «imprescindible» desburocratizar los procesos de baja laboral «desmarcándola de la Atención Primaria y facilitando que ésta se produzca de forma telemática durante toda la nueva ola», así como «potenciar el teletrabajo como se realizó durante la primera ola».

También instan a la readmisión del personal despedido tras el fin del estado de alarma y habilitación de una bolsa estatal de contratación para todo el personal sanitario y no sanitario, que deberían ser contratados directamente por los servicios públicos de salud.

En la misma línea, instan a la habilitación de contratos COVID de al menos 2 años de duración, contemplándose una prórroga por otros 2 años. «Debe mantenerse una plantilla estable durante todo el período pandémico y los años posteriores. Los profesionales llevan muchos meses haciendo un esfuerzo ingente sin que se haya visto recompensado a través de sus contratos. Es necesario proteger sus derechos laborales y esto es imposible sin una mínima estabilidad. Estos contratos de ningún modo deben utilizarse como simple paliativo de una necesidad cronificada de aumento de la plantilla estructural de los servicios sanitarios en diferentes CCAA», explican.

También optan por la redistribución de las plantillas en función de las necesidades. «La Atención Primaria está totalmente desbordada a pesar de que es la base del sistema de salud, también en la lucha contra la COVID-19. Debemos llegar cuanto antes al objetivo de que el 25% de los recursos se destinen a AP. El refuerzo de la Atención Primaria es necesario también para garantizar la atención a toda la patología no COVID-19, que sigue existiendo y no se puede desatender», insisten al respecto.

En cuanto al rastreo de casos, reclaman la «contratación inmediata y significativa de personal para labores de rastreo, incluida la recontratación de personal despedido, así como epidemiólogos de campo». «Debe estudiarse, si resulta necesaria, la contratación centralizada a nivel estatal de rastreadores para apoyar los rastreos en las CCAA. No se puede sobrecargar aún más al personal de Atención Primaria con las labores de rastreo», explican.

Así, animan a «sacar de forma urgente las vacunaciones de los Centros de Salud, ya que causan importantes colapsos que imposibilitan su correcto funcionamiento». «Deben habilitarse otros lugares adecuados en los barrios y espacios públicos», detallan.

Otra de sus reclamaciones es «potenciar la presencialidad asistencial en Atención Primaria y fomentar las urgencias ambulatorias (urgencias Atención Primaria) para patología menor no COVID-19 y para sintomáticos leves», ya que «permite una detección precoz de complicaciones COVID-19, lo que posibilita tratar antes, evita ingresos hospitalarios y reduce la estancia media».

Sobre los test de antígenos en farmacias, apuntan que su uso «debe ser un recurso realizado por personal adecuado para garantizar una correcta técnica y una notificación temprana de la sospecha». «Para ello, recomendamos que sea exclusivamente el personal de las farmacias el que los realicen. Debe favorecerse una redistribución efectiva de las adquisiciones para que no se den acaparamientos ni especulación», esgrimen.

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha afirmado que 2021 ha sido en Euskadi «el año en que PNV y PSE han sido los blanqueadores de EH Bildu tras protagonizar «una alocada y frenética carrera por ver quién atraía a la izquierda abertzale para obtener los favores del brazo político de ETA».

Iturgaiz ha resumido en estos términos, lo que ha sido, desde su punto de vista, el año político en Euskadi, durante una comparecencia realizada en la sede del PP de Bilbao.

El líder de los populares vascos ha afirmado que, en este contexto, le preocupan «más» los blanqueadores que los que han sido blanqueados porque «a esos, ya les conocemos todos: son la Batasuna de siempre, la que justifica a la banda ETA, que se niega a condenar sus crímenes y que homenajea y recibe a líderes etarras que son verdugos y a los que colocan hasta en la dirección de Sortu, como han hecho con David Pla», ha enumerado el líder popular.

Por su parte, ha añadido, «EH Bildu será un partido legal por mandato judicial, pero todo lo que tienen de legal, lo tienen de antidemocrático y la prueba del algodón democrático es imposible que la pasen con sus acciones, declaraciones y comportamientos».

En este punto, Iturgaiz ha recordado que PNV y PSE recibieron con «alborozo» el «enésimo engaño de EH Bildu, cuando dijeron que renunciaban a los ‘ongietorris’ públicos aunque se ha demostrado que solo era una treta y un engaño más».

Iturgaiz ha manifestado que ese comportamiento lo lleva la izquierda abertzale «en sus genes, en su ADN, porque en ese entramado, tanto el que está dentro, el que sale, como el que aplaude, es una bacteria de odio y de radicalidad que sin duda está humillando a las víctimas de ETA».

«Es a estos negacionistas de la paz a quienes PSE y PNV blanquean, con quienes pactan sin escrúpulos y bailan al son de los que quieren tumbar el modelo constitucional de este país».

En su opinión, el PP es «el único partido» de Euskadi garante de la defensa constitucional y estatutaria porque «no pactará ni negociará ni dialogará jamás con el brazo político de ETA».

El presidente del PP ha afirmado que «todos los partidos vascos, salvo el PP, son muletas de EH Bildu en Euskadi, todos, porque llegan a acuerdos con ellos y el PP es el único referente de la defensa del espacio de la moderación y la centralidad en contra de la radicalidad nacionalista y del frentismo de izquierdas».

NUEVO TRIPARTITO

En su intervención, Carlos Iturgaiz ha trasladado que Euskadi acaba el año con la conformación de un nuevo tripartito entre PNV, PSE y EH Bildu para poner en práctica, ha añadido, un pacto político en torno a tres ejes: «la excarcelación de etarras, la inmersión lingüística en la enseñanza para eliminar el castellano y el nuevo estatus hacia el derecho a decidir y la autodeterminación», ha citado.

Tras acusar a PNV y PSE de haber renunciado a «cualquier exigencia democrática a EH Bildu, pese a que muestran un solo ápice de arrepentimiento por el daño causado, el líder del PP ha indicado que, la nueva manera de resituarse del PNV en este último periodo, ha dejado al lehendakari «profundamente desorientado» que va a llevar a los vascos a «una cuesta de enero interminable».

En su opinión, Urkullu tan pronto «lleva un día a los vascos a 1839, como critica desde tribuna parlamentaria a los empresarios por defender el modelo fiscal de Madrid; o saca pecho de que los vascos paguen más y se muestra ufano de tener los impuestos más altos que otras comunidades autónomas».

GESTIÓN SANITARIA

También se ha referido a la situación provocada por la pandemia para analizar la gestión del Gobierno Vasco. Tras afirmar que Osakidetza ha demostrado en este tiempo que cuenta con «magníficos profesionales», que han tenido un comportamiento «ejemplar», Iturgaiz ha lamentado que inmersos en una sexta ola, Euskadi siga «con los mismos síntomas políticamente hablando».

«Terminamos el año como lo comenzamos: con un gobierno superado por el virus y con Urkullu desacreditado en su gestión sanitaria», ha criticado.

En este sentido, ha lamentado que las epístolas del lehendakari, «no es que no las lean ni en Moncloa, sino que no se las creen ya ni los suyos, como se ha visto con las cabalgatas de Olentzero y Reyes, que ha sido patético lo que se ha visto», en alusión a la decisión de celebrarlas en algunas capitales vascas y municipios.

Iturgaiz ha afirmado que se teme que el lehendakari, con las medidas que planea implantar, vuelva a poner su «punto de mira» en determinados sectores como comercio, hostelería y ocio, que ya se temen que van a volver a ser «los cabezas de turco de la actual ola, vistas las intenciones de Urkullu que no hace día a día sino demostrar su impotencia a la hora de gestionar esta pandemia sanitaria, económica, laboral y social que vive Euskadi».

La Fiscalía Provincial de Valencia solicita una pena de 130 años de cárcel para Jorge Ignacio P.J., el presunto asesino de la joven Marta Calvo, desaparecida hace más de dos años en la localidad valenciana de Manuel y cuyo cadáver no se ha podido localizar. También está acusado de dos homicidios más y de varios abusos sexuales.

Así se desprende de la calificación, en la que el ministerio público solicita la apertura de juicio para el acusado, a quien atribuye 11 delitos de abuso sexual –tres de ellos como medio necesario para un delito de homicidio y siete para un delito de lesiones–; y un delito contra la salud pública.

Además, la Fiscalía considera que concurre en el acusado la circunstancia agravante de género para los delitos de abuso sexual y los tres homicidios. Junto a la pena de prisión, reclama cuantiosas indemnizaciones para las víctimas o familiares.

Por su parte, los padres de Marta Calvo, quienes ejercen en el procedimiento como acusación particular, piden para el acusado la prisión permanente revisable. Las otras víctimas personadas en la causa también reclaman esta pena.

Marta Calvo desapareció hace más de dos años en Manuel tras mantener relaciones sexuales con el acusado, quien reconoció que la descuartizó tras una muerte fortuita.

Jorge Ignacio P.J. está acusado en este procedimiento, en total, de dos delitos de homicidio/asesinato consumado; tres delitos de homicidio en grado de tentativa; una omisión del deber de socorro; un delito contra la integridad moral/lesiones; contra la salud pública; profanación de cadáveres y agresión sexual.

Informes forenses han descartado en un escrito que Jorge Ignacio padezca una enfermedad mental y han detectado que tiene rasgos de una personalidad antisocial.

En su última comparecencia en el juzgado, el acusado volvió a insistir en que no mató a Marta Calvo y en que ya dijo a la Guardia Civil lo que había hecho con el cadáver. En esa vista se acordó que Jorge Ignacio siguiera en prisión a la espera del juicio.

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha asegurado este lunes que la credibilidad del presidente del Govern, Pere Aragonès, está «en tiempo de descuento» en materia de diálogo, al referirse al mensaje institucional navideño pronunciado por el jefe del Ejecutivo este domingo.

«Exige a los demás lo que no practica en Cataluña», ha criticado Illa en una entrevista, después de que Aragonès apostara este domingo en su discurso de Navidad por empezar a construir alternativas si se encalla la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el de la Generalitat.

Para Illa, Aragonès pide diálogo «pero no lo practica» dentro de Cataluña, al descartar abrir una mesa con partidos con representación en el Parlament, tal y como exigen los socialistas y aprobó la propia Cámara.

De hecho, el jefe de la oposición ha recordado que el acuerdo entre socialistas y ERC para alumbrar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno tenía «tres patas» que buscaban recuperar el entendimiento.

«La mesa de diálogo entre ambos ejecutivos; la comisión bilateral entre Generalitat y Gobierno central; y establecer el diálogo entre partidos catalanes» que reclama Illa.

Ha recordado que tanto la mesa de diálogo como la comisión bilateral se han materializado, pero que no lo ha hecho el diálogo entre partidos del Parlament, por lo que cree que Aragonès no está cumpliendo lo acordado.

Ha destacado que en la pasada legislatura el entonces presidente del Govern Quim Torra sí la convocó –en dos ocasiones– y ha avisado a ERC y Aragonès: «Cumplan sus acuerdos. Su credibilidad, si no, está en tiempo de descuento».

El dirigente socialista cree que el presidente catalán lanzó en su discurso un mensaje dirigido a la mitad de Cataluña, cuando debería dirigirse a todos los catalanes y generar concordia y unión, y no división y discordia, según él: «No se puede construir nada desde la discordia».

«PRESIÓN» A LAS ESCUELAS

Aunque ha asegurado prestar más atención al contenido del discurso que a la fecha y lugar donde se ha producido, ha cuestionado que fuera acertado que Aragonès lo pronunciara desde una escuela –concretamente la de Rosselló Pòrcel de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), que fue pionera en la educación pública y en catalán durante la transición–.

«Me gustaría que todos quitáramos presión política a las escuelas. No sé si la elección del lugar, desde este punto de vista, fue el más acertado», ha añadido Illa.

DIÁLOGO «GLOBAL»

Illa ha defendido que este diálogo entre partidos catalanes debe ser global: «No se puede querer que los socialistas den un cheque en blanco en materia de lengua en las escuelas, querer dialogar con ellos sobre algo, pero no dialogar con ellos sobre Presupuestos o sobre cómo resolvemos el conflicto político entre catalanes».

Está convencido de que este diálogo entre partidos catalanes se producirá y que se está constatando la necesidad de este diálogo en ámbitos como la lengua en las escuelas, por lo que cree que «se va a abrir paso como el agua que, después de una lluvia torrencial, encuentra siempre su camino, aunque esté el cauce del río obstaculizado».

«Lo lógico sería que el cauce del río estuviera expedito y que liderara este diálogo quien tiene la responsabilidad de hacerlo, que es el señor Aragonès», ha advertido, y ha pedido que se ponga en marcha este mismo 2022, año en el que el presidente catalán cree que debe generarse un giro al conflicto en Cataluña.

El portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, Lorenzo Armenteros, ha exigido que se decreten «medidas más duras» para frenar el avance de la sexta ola de la covid.

«Hay que tomar medidas más drásticas. La transmisión del virus es básicamente en interiores. Las mascarillas en la calle no van a aportar mucho en reducir la transmisión», ha sentenciado este lunes el médico lugués.

Armenteros ha apelado a que «las reuniones familiares sean limitadas, con mucha ventilación, procurando tener un contacto pequeño y el tiempo mínimo que se pueda y evitar las sobremesas».

Así, insiste en la necesidad de que «se tomen medidas más duras porque el problema está en los interiores». «Habrá que reducir el número de gente reunida y tomar medidas respecto al tiempo de ocio y los lugares donde se puede convivir», ha apostillado.

«Es muy difícil el equilibrio entre economía y salud, pero hay que apostar por la salud porque está claro que eso será más beneficioso para la economía», ha remarcado.

Sobre la nueva variante, la ómicron, ha advertido que «su índice de transmisión es muy alto y se puede comparar con una de las enfermedades de transmisión más contagiosa que es el sarampión».

«En un ejemplo del R0 (R Cero), que es la capacidad de transmisión. Si el R0 es de dos, cada persona se contagiaría a dos personas más. Pero hablamos que esta variante de la covid puede estar el R0 entre 15 y 18. Así, una persona podría contagiar a entre 15 y 18 más al haber estado en contacto con ellos si no hay medidas de protección», ha pormenorizado.

Armenteros ha puntualizado, nuevamente, que «esta variante es sumamente contagiosa» y, de hecho, se espera que antes de que concluya el año 2021 este viernes sea la cepa «predominante».

«Que haya más variantes es una cuestión que solo nos lo dirá el tiempo, pero a la vista de los acontecimientos es probable que sí. Cuanta más infección más multiplicación y más capacidad de mutación. En este momento, la ómicron se está imponiendo en Europa y en pocos días será la predominante», ha advertido.

El número de mujeres asesinadas por violencia de género en España en 2021 ha ascendido a 43 en lo que va de año, tras confirmarse un nuevo asesinato en Elche, en la provincia de Alicante, según ha informado el Ministerio de Igualdad.

Se trata de una mujer de 25 años presuntamente asesinada por su pareja el 25 de diciembre. La víctima tenía un hijo de 9 años y una hija de 3 años, y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 43 en lo que va de 2021 y a 1.125 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar datos. Además, el número de menores huérfanos y huérfanas por violencia de género en España asciende a 30 en 2021 y a 336 desde 2013.

El cuerpo sin vida de la mujer, que presentaba un disparo en la cabeza, fue hallado el día de Navidad en la localidad alicantina de Elche, según han confirmado fuentes de la investigación. La joven, de 25 años, era natural de Paraguay.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional de Elche se ha hecho cargo de las investigaciones y están buscando a la pareja de la víctima. Las diligencias se han remitido al juzgado de instrucción de guardia de Elche el día de los hechos, el número 5.

La ministra de Igualdad, Irene Montero y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, han expresado su «más absoluta condena y rechazo a este asesinato machista» y trasladan «todo» su «apoyo» a familiares y amistades de la víctima.

Tanto la ministra como la delegada, piden todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para «llegar a tiempo y evitar más muertes».

Además, recuerdan que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016, siguen funcionando con normalidad las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de violencia de género, así como asesoramiento jurídico de 8 a 22:00 horas todos los días de la semana, con atención en 52 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, también recuerdan que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062); y en caso de no poder realizar una llamada, ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.

Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.

Por su parte, el Consell también ha mostrado su «absoluta condena y repulsa» por este crimen machista y ha convocado minutos de silencio para este martes a las 12.00 horas en recuerdo de la víctima y para mostrar su rechazo a «la barbarie machista».

«Estamos hartas ya», ha señalado la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, que ha pedido en un mensaje en su cuenta de Twitter estar «toda la sociedad a una frente a esta barbarie».