El Área de Sanidad de Podemos en la Comunidad de Madrid ha exigido este lunes a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que «se retracte de sus acusaciones» formuladas la semana pasada sobre los sanitarios, «porque no sirven las disculpas a medias», y le instan a «reparar el daño causado tanto a los profesionales como a la Sanidad Pública madrileña».

«Ayuso niega el colapso de la Sanidad Pública madrileña y culpa a los profesionales sanitarios, que llevan casi dos años jugándose la vida por salvar la nuestra y con unas condiciones de trabajo muy precarias, de ser los responsables de las colas y de las listas de espera; con ello pretende enfrentar a los y las pacientes con el personal sanitario. También desprestigia a la Sanidad Pública y, de paso, anima implícitamente a que los madrileños y madrileñas contraten un seguro privado que enriquezca más a las empresas», consideran.

En un comunicado, la formación morada ha señalado que tras «una gestión nefasta, electoralista y negligente» de las primeras cinco olas de la pandemia por Covid-19, Díaz Ayuso «acusa ahora» al personal sanitario de la dramática situación de la Sanidad Pública madrileña en plena sexta ola.

«Con la variante ómicron se han alcanzado en la Comunidad de Madrid cifras récord de contagios, que han llevado al colapso de la Sanidad Pública Madrileña, especialmente de la Atención Primaria. Según Ayuso, los responsables son los trabajadores de la Sanidad Pública. ¿Serán esos mismos que han trabajado hasta la extenuación, que han enfermado, que han dado sus vidas o han quedado con secuelas físicas y psíquicas en la lucha contra la pandemia?», afirman.

Podemos Comunidad de Madrid se preguntan también quién durante esta pandemia ha cerrado los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) y quién «ha despilfarrado el dinero público adjudicando contratos y realizando compras de forma opaca, con la excusa de la lucha contra la pandemia».

«Díaz Ayuso y su gobierno no han hecho nada relevante para aliviar la crisis que ha llevado a la Atención Primaria, que ya antes de la pandemia estaba en condiciones muy precarias, a la agonía por falta de recursos humanos y materiales, a pesar de las advertencias realizadas por los agentes y organizaciones sociales desde hace mucho tiempo. Ayuso, en línea con los anteriores gobiernos del PP madrileño, continúa con el desmantelamiento y la privatización de nuestra sanidad pública», agregan.

Podemos también acusa al Ejecutivo autonómico de «desvía dinero y recursos a entidades privadas cuyo objetivo principal es el beneficio económico» y critican que su planificación estratégica para mantener los recursos humanos es «inexistente», ya que «ni siquiera prevén cómo reponer las jubilaciones de la próxima década».

«Tras asegurar que ha reforzado la Atención Primaria y que ha renovado 11.400 contratos Covid solo 1.500 profesionales son para los centros de salud, según datos de la propia Consejería de Sanidad. Además ya ha rescindido los imprescindibles contratos de trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública contratados por la pandemia, a los que prometió mantener en sus puestos de trabajo hasta marzo de 2022, y rescindirá otros tantos antes del 31 de diciembre», señalan.

La formación morada recuerda que ha aprobado, con el apoyo de Vox, el presupuesto de Sanidad para 2022 con una disminución de 178 millones de euros respecto a lo ejecutado en 2019, el año anterior a la pandemia.

«Su propuesta frente al aumento de contagios es el autocuidado, es decir, el sálvese quien pueda… No se ha realizado rastreo y actualmente hay personas a las que no se les está facilitando ni siquiera prueba de diagnóstico, ni consiguen acceder a su centro de salud», denuncian.

De hecho, creen que los daños colaterales por la falta de atención a otras patologías habrá que evaluarlos más adelante. A juicio de Podemos Comunidad de Madrid, se está permitiendo que la atención a la pandemia «parasite una Atención Primaria ya famélica en lugar de dotarla de recursos específicos para luchar contra la pandemia».

«Además, presume de ser la pionera en levantar las restricciones y la única que garantiza la ‘libertad’. Se podrían añadir más actuaciones de su Gobierno contra la Salud y la Sanidad Públicas, pero queremos recordar que la presidenta de la Comunidad y su gobierno, que son los responsables de garantizar el derecho fundamental constitucional a la protección de la salud de los madrileños y madrileñas, también son los culpables deterioro y del colapso del sistema público de salud de nuestra comunidad», añade en el comunicado.

Para la formación morada la titular del Ejecutivo regional «debe rendir cuentas detalladas del uso del dinero público que ha recibido del Gobierno central para la lucha contra el COVID», acabe con las privatizaciones sanitarias y revierta las ya realizadas. Por último, trasladan su «apoyo incondicional y su más profundo agradecimiento» a los trabajadores y trabajadoras sanitarios, a los que reconocen «su magnífico trabajo en nuestra Sanidad pública madrileña».

El acuerdo de Presupuestos para el Ayuntamiento de Madrid entre PP, Cs y Grupo Mixto recoge aumentar en 150.000 euros las ayudas de concurrencia competitiva a las asociaciones LGTBI así como destinar 500.000 euros para la celebración del Orgullo.

En 2021, por primera vez, se sustituyeron las subvenciones nominativas por una línea de libre concurrencia de 225.000 euros para proyectos concretos

«Si la situación de la pandemia permite la celebración del MADO Orgullo de Madrid 2022, y dada la repercusión económica y social de este evento, se financiarán mediante convenio actividades de patrocinio por importe de 500.000 euros», recoge el acuerdo de las cuentas que se ha hecho público este lunes.

Además, han acordado llevar a cabo estudios para la implantación de tres nuevos centros de violencia de género por valor de 400.000 euros, así como crear un programa de apoyo a las madres embarazadas y reforzar el programa de salud materno infantil gestionado por Madrid Salud.

Otro de los puntos del acuerdo es iniciar las actuaciones para la rehabilitación del edificio de la Infanta Carlota en la calle Luna tras su desalojo y su preparación para centro de mayores así como habilitar un Espacio de Igualdad en el distrito de Salamanca.

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha cuestionado la utilidad de Vox en estos dos años y medio en el Ayuntamiento, con sus «insultos constantes de ‘Carmeida’ y Comunixtos'», con sus «gamberradas», su «no es no» permanente, lejos del pacto, y con un intento de «parecerse más a un concursante de reality show», para criticar también a parte de la izquierda porque parece que quieren ver a Cs «dependiendo de Vox».

Tras el ‘sí’ del Grupo Mixto al presupuesto en la comisión extraordinaria de Hacienda, 48 horas antes del Pleno en el que se aprobará de forma definitiva, Villacís ha definido el de hoy como «un día de buenas noticias» porque ante la incertidumbre por la sexta ola, entre otras cuestiones, la ciudadanía necesitaba estas cuentas.

En rueda de prensa, la vicealcaldesa ha puesto el foco en los obstáculos encontrados dado el actual escenario político, «donde el ‘no es no’ cotiza al alza», unas palabras dirigidas a Vox, cuyo trabajo al final se queda «en el testimonio y en la gamberrada». «No sirven a los ciudadanos porque el ‘no es no’ no da de comer a los vecinos», ha lanzado Villacís, en una crítica a una «política cortoplacista que no lleva a ninguna parte».

SOLO «POLÍTICA ESPECTÁCULO»

Para la concejala de Cs, Vox en dos años y medio no ha hecho más que «ofender» y «política espectáculo». «Un partido no puede convertirse en una broma», ha afeado, después de reclamar a los de Javier Ortega Smith «que trabajen, que vayan a las comisiones». «Quien quiera ayudar, que ayude, y quien no, que no moleste», ha resumido.

Begoña Villacís ha hecho un llamamiento a la política «seria», que antepone a la ciudadanía antes que al partido político. Esto le ha llevado a aplaudir la actitud del regidor, José Luis Martínez-Almeida, ante posibles tensiones por el apoyo del Grupo Mixto, no de Vox, a los presupuestos y sus consecuencias a nivel nacional.

«En mi partido ni se han metido porque somos pactistas pero era probable un escenario que al PP no le viniera bien (ese acuerdo). Muchas veces es bastante complicado ser portavoz del PP y alcalde pero hoy ha demostrado que, ante la duda, es más alcalde de Madrid», ha reconocido al primer edil, que ha seguido la rueda de prensa desde su confinamiento domiciliario al haber dado positivo en Covid.

ESFUERZO NEGOCIADOR DE RECUPERA MADRID

Tampoco se ha olvidado de agradecer el esfuerzo negociador de Recupera Madrid, a quienes les ha transmitido que «merece la pena sacrificarse por la ciudad a la que se representa». «Hay que poner en valor el significado de la negociación entre diferentes», ha subrayado.

Villacís no ha obviado que para Recupera Madrid «sentarse a negociar no es fácil» y les ha aconsejado que se acostumbren a recibir críticas de Vox, que no entienden el concepto de consensuar. A Cs les acusan desde Vox de «girarse» y por «parte de la izquierda» les quieren ver «dependiendo de Vox».

Sin embargo, el Grupo Mixto ha optado por «la responsabilidad, por ser serios y poner a los madrileños en el centro, que es lo que debería cotizar al alza». También ha asegurado a la prensa que la negociación con Recupera Madrid «no ha sido fácil», como se demuestra con la desconvocatoria en dos ocasiones de la comisión. El resultado ha sido satisfactorio porque todos han cedido para que «ganaran los madrileños».

La vicealcaldesa ha defendido que estas son unas «cuentas más equilibradas que nunca, con una bajada de impuestos significativa y muy sociales, que en gasto social superan los mil millones por primera vez».

La portavoz del Grupo Mixto en el Ayuntamiento de Madrid, Marta Higueras, ha avanzado que el ‘sí’ de su formación al presupuesto para 2022 supone dar un «cambio de rumbo» y «sacar a Vox» con medidas acordadas con el Gobierno municipal como que la escritora madrileña Almudena Grandes sea declarada Hija Predilecta o la cesión de Prado 30, anterior sede de La Ingobernable, para la construcción de un centro de salud y un equipamiento cultural en diálogo con los vecinos del distrito.

Higueras ha aseverado que con su apoyo «no habrá una bajada de impuestos lineal en el IBI» y se concederán ayudas directas a las personas titulares de un inmueble de uso residencial con valor inferior a 300.000 euros.

Se une a un «apoyo a la diversidad LGTBI con la vuelta del Orgullo» y la «eliminación de las subvenciones a las entidades que acosan a mujeres en las clínicas de interrupción del embarazo».

Otras de las medidas pasan por autobuses de la EMT gratuitos en periodos de alta contaminación y días de episodios de alta densidad de tráfico, el esfuerzo de BiciMAD con gestión directa desde la EMT con nuevos carriles bici y «reducción del endeudamiento del Ayuntamiento».

Higueras también ha señalado al apoyo sociolaboral para menores no acompañados, la creación de oficinas de atención e información para la gestión directa del Ingreso Mínimo Vital, la dotación de un fondo de emergencia habitacional para aquellas familias que por situación de crisis o pandemia no puedan hacer frente a los gastos de su vivienda o una línea de ayudas para tejados verdes e instalación de renovables.

La concejala también ha hecho énfasis en la paralización de la cesión de terrenos de carácter municipal residencial y la puesta en marcha de una solución humanitaria de emergencia energética para la Cañada Real.

Marta Higueras ha asegurado en rueda de prensa, compartida con el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y con la vicealcaldesa, Begoña Villacís, que para el Grupo Mixto hoy se ha firmado un «acuerdo histórico», que ha pasado por «huir de la confrontación».

Con el acuerdo «la violencia institucional que impone Vox contra el colectivo LGTBI y las mujeres» se aleja en unos presupuestos «en origen diseñados para Vox». Higueras ha comenzado su intervención agradeciendo la actuación del alcalde y en especial de la vicealcaldesa, con su «liderazgo para llegar a un acuerdo que sin ella no habría sido posible».

La edil ha reconocido que la negociación no ha sido fácil, prueba de ello es que ayer retomaron las conversaciones desde las 17 horas y hasta la 1 de la madrugada. El resultado les ha valido la pena porque los ha calificado de «los mejores presupuestos posibles».

El Gobierno, a propuesta de la ministra de Justicia Pilar Llop, ha acordado trasladar a los Juzgados de Primera Instancia las quejas de consumidores, usuarios y viajeros para aliviar a los Juzgados de lo Mercantil en el marco de un reajuste que acompañará a la reforma de la Ley Concursal para conseguir «celeridad y eficiencia procesal».

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha presentado el Proyecto de Ley Orgánica por el que se modifica la Ley del Poder Judicial en materia de Juzgados de lo Mercantil y ha solicitado su tramitación urgente en las Cortes, como reforma complementaria a la Ley Concursal, para descargar de competencias a los juzgados mercantiles y a las secciones especializadas de las Audiencias Provinciales.

Según explica Llop en la redacción, la reforma de la Ley Concursal «plantea la necesidad de determinados ajustes en el diseño del reparto competencial atribuido a los Juzgados de lo Mercantil» para cumplir con la directiva europea de reestructuración e insolvencia. Por ello, considera «indispensable descargar de competencias a esos juzgados y a esas secciones».

En la memoria del análisis de impacto normativo –que acompaña al texto– se recoge la situación de colapso que existe en los Juzgados de lo Mercantil, donde, según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, la duración media de los asuntos es de 54,9 meses.

En este sentido, el Ministerio de Justicia propone «que sean los Juzgados de Primera Instancia los competentes para conocer de las acciones colectivas previstas en la legislación sobre condiciones generales de la contratación y en la legislación sobre defensa de los consumidores y usuarios».

Asimismo, establece que los Juzgados de lo Mercantil dejen de ser competentes sobre los casos de compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, así como los casos de viajeros de ferrocarril, autobús y autocar y pasajeros que viajan por mar o vías navegables.

«En cuanto contratantes y usuarios de esos servicios de transporte, los pasajeros podrán ejercitar ante los Juzgados de Primera Instancia todas aquellas pretensiones que consideren legítimas con base en esos reglamentos de la Unión Europea», señala la ministra.

En el mismo sentido, se acuerda descargar a las secciones especializadas de las Audiencias Provinciales, «mediante la reconducción a las Secciones de lo civil del conocimiento de las materias relativas a las condiciones generales de la contratación» y a la defensa de consumidores y usuarios. Según consta en el texto, atenderán no solo recursos de acciones individuales, sino también acciones colectivas.

Además, el Ministerio propone que se continúe con el proceso de especialización tanto en primera como en segunda instancia. De este modo, «podrán existir juzgados especializados y secciones especializadas única y exclusivamente en concursos de acreedores o especializados única y exclusivamente en materia de propiedad intelectual e industrial, competencia desleal y publicidad».

CONCURSOS DE ACREEDORES

En el marco del texto, se precisa que a raíz de la reducción competencial de los Juzgados de lo Mercantil se volverán a «residenciar» en estos juzgados el conocimiento de los concursos de acreedores de aquellas personas naturales que no sean sujetos mercantiles para recuperar así «una competencia original perdida».

La directiva europea, que impulsa la reforma de la Ley Concursal y prevé el procedimiento de segunda oportunidad dirigido a personas físicas y autónomos en concurso, aconseja que sean especialistas los que conozcan de estas solicitudes.

Así, según recoge el Proyecto presentado por el Ejecutivo, en todas aquellas provincias en las que exista más de un Juzgado de lo Mercantil, los concursos de deudores personas naturales deben repartirse a uno solo; y, si fueran más de cinco, a dos o más igualmente determinados. «En aquellas provincias en que así se ha hecho, los resultados han sido positivos», indica Llop. Diferentes asociaciones coinciden en que los concursos de acreedores deberían volver a los Juzgados de lo Mercantil.

El resto de modificaciones son de «mejora de redacción», o «contienen aclaraciones o actualizaciones», u objetivan criterios o, como sucede en el caso del concurso, «obedecen a la necesidad de armonizar Ley Concursal y Ley Orgánica del Poder Judicial».

Entre otras, el texto incluye la atribución a las Secciones especializadas de las Audiencias Provinciales de los recursos que se planteen contra las resoluciones que agoten la vía administrativa de la Oficina Española de Patentes y Marcas en materia de propiedad industrial.

EL CGPJ CRITICA EL «PODER DE VETO» DE JUSTICIA

Al texto del Ministerio de Justicia le acompaña el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se muestra especialmente crítico con el «poder de veto» que el anteproyecto confiere al Ministerio de Justicia por cuanto obliga a que éste dé el visto bueno para crear nuevos juzgados mercantiles o cambiarlos de ubicación, una competencia que cree «entra en contradicción con la reserva constitucional de competencias atribuidas al órgano de gobierno» de los jueces.

Se confiere, de este modo, un poder de veto de contornos amplísimos que carece de justificación, lo que supone (…) introducir una interferencia gubernamental en decisiones organizativas de los tribunales que persiguen, mediante la especialización, aumentar la eficacia en la tramitación de los asuntos, mejorar el acierto y la calidad de las decisiones judiciales y garantizar la uniformidad y coherencia interna», subraya.

El Consejo cuestiona asimismo la proyección territorial que se hace los juzgados mercantiles. Así, pide «aclarar la razón» por la que se ha optado por eliminar la posibilidad de que se creen en demarcaciones inferiores a la provincia y en una sede distinta a la capital provincial.

Según el anteproyecto, se fija la condición de que sean municipios con más de 250.000 habitantes, algo que el CGPJ concede que «comporta mayor seguridad jurídica», si bien avisa de que «también impide la valoración de circunstancias relevantes distintas de la mera cifra de población».

Además, advierte de que, si bien el objetivo de lograr «una tramitación más eficaz y rápida de los procedimientos concursales» justificaría desgajar de los juzgados mercantiles las reclamaciones aéreas, «determinadas pretensiones en materia de derecho aéreo vinculadas con incidencias en los vuelos seguirán formando parte» de lo mercantil.

Señala en este sentido los «no infrecuentes» casos de «pérdida del equipaje» a causa de un «gran retraso» del vuelo, un supuesto en el que los pasajeros tendrían que dirigir sus reclamaciones a los juzgados de lo mercantil por el extravío de sus maletas y a los de primera instancia por la tardanza en el despegue.

Con todo, augura que no solo no se aliviará a los jueces de lo mercantil de todo el volumen de trabajo que suponen las reclamaciones aéreas, sino que encima se cargará a los de primera instancia, «que ya soportan una considerable carga de trabajo», por lo que propone potenciar la mediación y el arbitraje.

El Consejo de Estado coincide y sostiene que es «muy dudoso» que con ese nuevo reparto competencial se produzca un «alivio» en la carga de trabajo de esos juzgados. Aunque considera que el Anteproyecto «merece un juicio positivo» desde el punto de vista de la técnica jurídica, reprocha que no todos los cambios que introduce son «verdaderas novedades» y llama la atención sobre el hecho de que el informe del Ministerio no se haya emitido sobre la versión definitiva de la consulta y que sea «anterior» al informe del CGPJ.

Varios ex dirigentes de Ciudadanos consultados han coincidido este lunes en criticar el «ataque» de la presidenta del partido naranja, Inés Arrimadas, a su antecesor y fundador de Cs, Albert Rivera, y han subrayado que ella «nunca» se «opuso» ni «protestó» por la forma en que se negociaron los pactos con el PP que ahora pone en cuestión. Es más, han recordado que los defendía públicamente como portavoz de la formación.

La reacción se ha producido después de que Arrimadas haya asegurado que, viendo lo que ha pasado, la negociación que hizo su partido en 2019 «fue un grave error, porque se regaló al PP las cuatro presidencias de las comunidades autónomas en un momento en el que habían sacado su peor resultado».

«Y fue un error porque ya vemos cómo las utilizan. Si hubieran sido socios leales no habría habido problemas, pero viendo cómohan utilizado el botón nuclear del adelanto, desde luego podíamoshaber negociado mucho mejor», ha declarado Arrimadas en una entrevista en El País, justo una semana después de que el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, convocara elecciones anticipadas en la región para el 13 de febrero, haciendo saltar por los aires el pacto de gobierno entre PP y Cs.

Uno de los primeros en pronunciarse públicamente ha sido el ex secretario de Organización de Cs y exsenador, Fran Hervías, quién ha respondido irónicamente a Arrimadas: «Mucho mejor pactar con Sánchez y su banda».

Según Hervías, «el tiempo da y quita razones». «Me fui de Cs y dejé mi acta de senador porque precisamente quería ganar al sanchismo y no ser uno más de la banda», ha manifestado en un mensaje en su cuenta de Twitter.

El diputado Pablo Cambronero, que también dejó Cs pero forma parte del Grupo Mixto en el Congreso, ha afirmado que Arrimadas «voto a favor de ese tipo de pactos estando en la Ejecutiva de Cs, no en la general sino en la permanente, la que tomaba las decisiones». «Sorprende bastante que ahora diga que el error es de otros».

Tras asegurar que «no esperaban el batacazo» de Madrid del 4 de mayo y que parecen «muy desesperados» por si ocurre lo mismo en Castilla y León, ha achacado las declaraciones de Arrimadas a que «necesitan hacerse visibles» ante las próximas elecciones. «Lógica no tiene ninguna porque ella estaba en la Ejecutiva de Cs. ¿De repente todo es un error catastrófico?», se ha preguntado, para enmarcar esta estrategia en la perspectiva de la «desaparición o no» en la que está el partido naranja en este momento.

LE AFEAN QUE «CULPE DE CADA ERROR» A RIVERA

Cambronero ha calificado de «error grave» que ahora Arrimadas culpe a Rivera de esas decisiones, cuando se fue «con bastante elegancia y no dice absolutamente nada». «Pero creo que entra todo dentro de la desesperación general», ha apostillado.

Otra de las fuentes consultadas ha censurado también el «ataque permanente» a Albert Rivera y que le «culpen de cada error que comete» Arrimadas y su equipo. Además, ha indicado que «la gente de Cs no quiere estar con el PSOE de Sánchez» pero «la dirección nacional de Ciudadanos no se da cuenta».

«Es que directamente es indecente lo que hace y dice contra Albert. No se lo merece. Si no llega a ser por Albert ni Cs existiría ni ella estaría donde está», ha aseverado este exdirigente, para hacer hincapié en que si Arrimadas quiere pactar con Pedro Sánchez «que lo diga».

BUSCA «FOCO MEDIÁTICO» ANTE LAS MALAS PERSPECTIVAS EN CYL

Otros ex cargos de Cs, que también prefieren mantenerse en el anonimato, hacen hincapié en que lo que busca la presidenta de Cs es poner a su partido en el «foco mediático» en un momento en que pueden quedarse fuera de las Cortes de CyL.

«El proyecto de Cs languidece. ¿Cuál es el camino a futuro que quiere recorrer Inés Arrimadas?», se pregunta una persona que ocupó en el pasado un asiento en la Asamblea de Madrid con Cs, que añade además que «ella misma se complica la existencia» con este tipo de manifestaciones públicas contra Rivera.

Otra persona que se dio de baja de Cs hace nueve meses, ha indicado que si ella no estaba a favor de pactar con el PP que lo hubiera dicho en su momento porque entonces «la otra posibilidad era pactar con el PSOE y Podemos». «La transparencia y la palabra es importante. Y Rivera se presentó con un programa bastante claro diciendo que no iba a pactar con el PSOE», ha recordado, para emplazar a Arrimadas a actuar con transparencia y aclarar su política de pactos antes de las elecciones del día 13 de febrero en Castilla y León

LAS PRIMARIAS ERAN UNA «BANDERA» DE CS

Varios de los cargos consultados han criticado que ni siquiera se hayan celebrado primarias en Castilla y León, y ha señalado que «la coherencia se les va al garete» después de haber preconizado ese sistema. «Creo que entra también en el mismo juego de desesperación electoralista», ha indicado Cambronero.

«Hemos defendido siempre primarias y ahora resulta que no hay primarias en el partido que más las hemos abanderado», ha asegurado un exmiembro del partido en Madrid, que cree que Arrimadas está en una «situación dramática» y no tenía tiempo «para hacer muchas cosas». «Están jugando a un corto plazo y Cs pierde sus banderas», se ha quejado.

La Audiencia de Sevilla ha condenado a un varón a nueve años y tres meses de cárcel por un delito continuado de abusos sexuales perpetrado sobre una sobrina suya menor de edad entre los años 2000 y 2004, es decir hace ahora «entre 17 y 21 años».

En una sentencia emitida el pasado 15 de diciembre y la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, con un tribunal del que forma parte la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, declara probado que los acontecimientos enjuiciados ocurrieron «desde el verano de 2000 hasta el verano de 2004, es decir, cuando la víctima contaba de siete a once años de edad» y en un contexto en el que el acusado, Gabriel V.R., de unos 35 años allá por el año 2000, vivía en un piso «del mismo bloque de viviendas que su madre y sus hermanos Manuel y Diego», en una calle del centro de Sevilla.

La víctima, una menor hija de Diego V.R., hermano de Gabriel V.R., «se movía entre todos los pisos (del grupo familiar) con total libertad», según la sentencia, si bien en 2001 la familia de la niña se mudó a otra vivienda y en 2002 también cambió de domicilio el encartado, tío carnal de la menor, pero de todos modos «la menor y el procesado seguían frecuentando el inmueble donde seguían viviendo su abuela y sus restantes familiares».

APROVECHANDO SU «INMADUREZ»

En este marco, la sentencia declara probado que el acusado, en el citado edificio del centro de Sevilla, «con propósito de satisfacer su deseo sexual y aprovechándose de la inmadurez personal de la menor por su escasa edad, en ausencia de otros familiares, le pedía que subiera a su domicilio donde, tras enseñarle a veces revistas y películas o vídeos de contenido pornográfico, hacía que la menor lo masturbase y le hiciera felaciones».

«Para garantizarse el silencio de ella, el procesado le decía que eso era normal entre tíos y sobrinas, advirtiéndole de que si contaba lo que sucedía, sus padres se enfadarían y se avergonzarían de ella, la abandonarían y se quedaría sola», agrega la sentencia condenatoria, que detalla seis «episodios» concretos de los hechos y precisa que por los mismos, tanto la menor como sus padres, representados por el letrado Carlos Urraca Salvatierra, «han estado sometidos a tratamiento psicológico, padeciendo ella trastorno de estrés postraumático que persiste en la actualidad».

«Los hechos anteriormente descritos han resultado inequívocamente acreditados fundamentalmente mediante la declaración de la víctima, valorada bajo la inmediación y contradicción inherentes al juicio oral y corroborada por otras testificales» de familiares y las periciales de psicólogos, psicólogas forenses y psiquiatras forenses, abunda la resolución judicial.

EL TESTIMONIO DE LA VÍCTIMA

«Frente a la legítima negación del procesado de haber cometido las conductas sexuales que se le atribuyen (masturbaciones, felaciones y penetraciones, además de exhibición de material pornográfico) y que se extendieron desde el verano de 2000 hasta el verano de 2004, la declaración de la víctima -que en la actualidad cuenta con 29 años de edad-, puesta en necesaria relación con las pruebas antes mencionadas, permite afirmar la realidad de tales hechos», sentencia el tribunal.

«Pese al tiempo transcurrido (entre 17 y 21 años) y la escasa edad con que contaba en esa época, la menor describió en el juicio las escenas mejor grabadas en su memoria, vertiendo un testimonio desgarrador, en un estado de acentuado nerviosismo y entre constantes arranques de llanto difícilmente simulables. De hecho, costó convencer a la testigo para que accediera a la sala de vistas, y tardó en tranquilizarse lo suficiente para prestar declaración. Resulta revelador que la testigo aportara detalles singulares sobre determinados encuentros con el procesado -en concreto, los expresamente declarados probados-, que ya se introducían en la inicial querella y que ella misma reiteró», abunda la sentencia condenatoria, esgrimiendo además los «elementos corroboradores de la verosimilitud» del testimonio.

Especialmente, señala aquellos testimonios según los cuales «coincidiendo con la fecha de los hechos, la niña cambió, no quería salir a la calle, se incomodaba cuando veía en la calle o en televisión alguna conducta inapropiada, y se alteraba».

Dado el caso, la Sección Séptima de la Audiencia declara a Gabriel V.R. autor de un delito continuado de abusos sexuales, condenándole a nueve años y tres meses de prisión, cinco años de prohibición de acercarse o comunicarse con su sobrina, una indemnización de 60.000 euros en favor de la víctima y de 5.000 euros en favor de cada uno de sus padres.

La sección 8 de la Audiencia de Barcelona ha condenado este lunes a 2 años y medio de prisión a una vidente televisiva y responsable de un gabinete esotérico, a su hijo y a otro trabajador del gabinete por presuntamente estafar 31.000 euros a una clienta aprovechándose que pasaba por un «mal momento».

En la sentencia, se les condena por un delito continuado de estafa y a una inhabilitación para toda actividad económica referida al esoterismo durante el mismo tiempo.

La acusación pedía también acusarles de un presunto delito de pertenencia a grupo criminal, pero la sala ha absuelto a los tres acusados de este delito.

En 2016, la víctima «que estaba en un agujero y no sabía salir», vio el programa de la vidente en televisión y decidió acudir a su consulta de Barcelona, quien le echó las cartas y le pronosticó su muerte inminente y la de sus mascotas, por padecer de mal de ojo.

La acusada, «creando en la víctima un estado de pavor e inseguridad» debido a sus problemas familiares y de salud, para solventar sus problemas y con el ánimo de beneficiarse económicamente, le dijo a la mujer que contactara con los otros dos acusados, quienes le confirmaron los pronósticos que acababa de hacerle la acusada.

La víctima les entregó 4.400 euros en efectivo, según ellos le habían indicado, «diciéndole que todo se solucionaría más rápido si pagaba en metálico».

Durante los siguientes días, los acusados le explicaron a la víctima un caso semejante que habían tenido en el gabinete y que había acabado con la muerte de la hija de la familia, «contribuyendo a trasmitir un miedo cerval por su vida que la llevó a acatar todo lo que los acusados le fueron diciendo».

En la segunda cita, volvieron a indicarle que «su mal era tan grave que precisaba de la ayuda de otras personas» como del Padre Giorgio, que era capellán en el Vaticano, y que para solicitar su ayuda debía pagar 10.000 euros para que el padre se fuera a Jerusalén para salvar la vida de la afectada.

Tres días más tarde, los condenados le dijeron que el Padre Giorgio había sufrido un accidente al bajar del avión «por su culpa», y le pidieron 17.000 euros por los servicios del presunto accidentado, aunque le volvieron a pedir 10.000 más para que así pudiera salvarse antes de Navidad.

La víctima volvió al Gabinete informando de que ya no le quedaba efectivo, pero los acusados, según la sentencia, volvieron a pedirle 3.000 euros para que el Padre Giorgio enterrara unas prendas suyas en Jerusalén «para su salvación».

LA VÍCTIMA ESTABA EN UN «ESTADO DE GRAN FRAGILIDAD»

La mujer intentó llamar los días posteriores al Gabinete para reclamar las facturas de los supuestos servicios que había abonado, hasta que se presentó en las oficinas con una grabadora en el bolso, que los acusados le detectaron y le sustrajeron.

La sentencia destaca «el estado de gran fragilidad y vulnerabilidad emocional (de la víctima), consecuencia de un síndrome ansioso-depresivo con estrés emocional que arrastraba desde hacía años consecuencia de varias patologías traumatológicas que se le habían diagnosticado», por lo que el 30 de septiembre de 2015 le concedieron a sus 57 años la jubilación por Incapacidad Permanente con Grado de Invalidez Absoluta.

La víctima ha renunciado a ser indemnizada por los hechos, y la sentencia recoge que «su objetivo es solo que los acusados no vuelvan a cometer hechos semejantes con otras personas».

El Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla ha ordenado continuar por los trámites del procedimiento abreviado por un presunto delito de descubrimiento de secretos, las diligencias incoadas contra M.G.F.A., la mujer de 35 años de edad investigada por la presunta suplantación de la identidad y el acceso a comunicaciones privadas del secretario general de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, según un auto emitido el pasado 25 de diciembre.

Según Facua, los hechos se remontan a mediados de 2018, cuando «simulando ser Rubén Sánchez y facilitando su nombre y DNI, alguien llamó al teléfono de atención al cliente de la compañía de telecomunicaciones con la que tenía contratada tanto la línea fija de su domicilio como los móviles de su mujer y sus hijas para solicitar un cambio en la cuenta de correo electrónico donde recibía las facturas y modificar la contraseña de acceso a su zona privada en la web».

El presunto autor de estos delitos, según Facua, logró así no sólo conocer la dirección del domicilio y las numeraciones telefónicas privadas del secretario general de Facua y su familia, que no figuraban en ninguna guía, sino además «acceder a información sobre los números de teléfono a los que llamaban».

Al comprobar que habían dejado de llegarle las facturas a su correo electrónico y que tampoco podía acceder a su zona privada en la web de su compañía de telecomunicaciones, Sánchez contactó con la empresa para aclarar lo ocurrido. Fue entonces cuando le indicaron que se habían producido los cambios en su correo y contraseña, tras una supuesta petición realizada por él mismo.

Ante esto, el secretario general de Facua interpuso una denuncia en los juzgados, fruto de la cual el Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla, en este auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, ha manifestado que siempre presuntamente, la investigada «haciendo uso» de dos números de teléfono, «el segundo de su titularidad, llamó hasta tres veces al número de atención al cliente haciéndose pasar por el denunciante, Rubén Sánchez García, solicitando modificar el correo electrónico de contacto del denunciante».

«El día 1-8-18 la investigada a través de la web de la compañía, solicitó regenerar la contraseña de acceso a la cuenta personal de Rubén Sánchez, remitiendo la web las instrucciones al nuevo correo electrónico, regenerando nueva contraseña, logrando así acceder a la cuenta personal en la compañía de Rubén Sánchez y con ello a sus datos personales, facturas etcétera», indica el auto.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha justificado este lunes el acuerdo del Gobierno municipal con los cuatro ediles que conforman el Grupo Mixto ya que su «pacto real» es «con los madrileños».

«Nuestro único pacto real es con los madrileños. Hay un equipo de Gobierno que sus únicos socios son los madrileños. Tenemos que gobernar para todos. Es la clave que se da en estos Presupuestos, que van a permitir que Madrid afronte las consecuencias tan graves de la pandemia», ha valorado el regidor en rueda de prensa, desde su casa, donde continúa confinado a causa de ser positivo en Covid-19.

Además, ha destacado que ha tenido «autonomía total y absoluta» desde ‘Génova’ para negociar estas cuentas. «Han confiando en mi mejor criterio y en que estoy aquí para servir a los madrileños. Me han trasladado mensajes de aliento, de ánimo, y de la necesidad de implementación de medidas que beneficien al conjunto de todos los madrileños».

La intervención de Almeida llega después del ‘sí’ de los cuatro ediles escindidos de Más Madrid a las cuentas públicas en la comisión extraordinaria y urgente de los Presupuestos. Esta era la tercera convocatoria de la misma, tras dos aplazamientos previos ante la falta de acuerdo.

Martínez-Almeida ha destacado que las cuentas públicas «son continuistas respecto a las políticas de este Gobierno, con incentivos fiscales y seguir con la rebaja del IBI, de no subir impuestos y tasas, porque no es el momento».

«Son unos muy buenos presupuestos. No podíamos quedarnos bloqueados, no podíamos quedarnos atrás. Era necesario poder aprobarlo y que diera respuesta después de tanto sufrimiento, tanto dolor. Merecíamos disponer de este Presupuesto», ha destacado.

Ha trasladado su «agradecimiento sincero» tanto a Recupera Madrid como a la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, y al titular de Economía, Miguel Ángel Redondo.

Además, ha recordado que el Gobierno municipal «ha tendido la mano tendida a todos los grupos municipales, y solo se ha encontrado la mano tendida del Grupo Mixto». «Desde posiciones muy diferentes hemos encontrado puntos comunes», ha indicado, para añadir que se ha tenido en cuenta «el espíritu de los Acuerdos de la Villa».

Médicos y Pediatras de Atención Primaria de Madrid han exigido a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que rectifique las manifestaciones que realizó contra los centros de salud y tome medidas para paliar el colapso en este ámbito, ha informado el colectivo en un comunicado.

Los sanitarios han cargado contra la presidenta regional al considerar que sus palabras «no se ajustan a la realidad» y «son ofensivas», por lo que a su juicio «no ayudan a mejorar el clima de gran tensión que se sufre a diario en los centros de salud».

En una entrevista de radio, Ayuso manifestó hace unos días que era frecuente que, dependiendo del centro de salud al que se acuda, la atención al ciudadano es distinta, por lo que indicó que se iba a investigar «lo que sucede en los centros de salud porque en algunos no cogen los teléfonos, o se cuelgan, y de repente no hay médicos».

Ante ello, el colectivo ha querido aclarar que existen centros de salud de muy diversas características, por «lo que la variabilidad en la atención según los centros, puede ser real, pero en ningún caso se debida a que los profesionales no realicen su trabajo adecuadamente».

En este punto, critican que las plantillas en Atención Primaria (AP) están muy mermadas, ya que «ya existía escasez de profesionales, sobre todo de pediatras y médicos de familia previamente, y se ha agravado mucho con la pandemia».

De igual modo, han recordado a Ayuso que «la responsabilidad de gestionar los recursos humanos es de la Consejería de Sanidad, que lleva años ignorando este problema sin tomar las medidas necesarias para paliarlo, pese a que se lleva advirtiendo en las últimas dos décadas».

También le recuerdan que existe una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la que se condena al Gobierno de la Comunidad de Madrid por vulnerar los derechos de los médicos de AP.

Asimismo, han tachado de «hirientes» las manifestaciones de Ayuso en relación a que se quiere «convertir los centros de salud en sedes electorales», a lo que han replicado que no tiene en cuenta «el sobreesfuerzo que todos los profesionales llevan realizando durante esta pandemia, muchas veces trabajando sin los recursos materiales ni humanos adecuados, poniendo en riesgo su propia salud y la de sus familias».

El portavoz de Hacienda de Más Madrid en el Ayuntamiento, Miguel Montejo, ha reaccionado con «estupor» a la aprobación del presupuesto de 2022 en comisión con el apoyo en solitario de Recupera Madrid, unas cuentas diseñadas en origen para «ser aprobadas por la ultraderecha y que finalmente van a ser aprobadas por el grupo comodín que inventó José Luis Martínez-Almeida», el grupo «tránsfuga».

Ese «comodín» lo permitió el alcalde «para soslayar la democracia poniendo en riesgo a todos los ayuntamientos de España con la decisión de crear un Grupo Mixto a todas luces ilegal y tránsfuga».

A su salida de la comisión extraordinaria de Hacienda, Montejo ha criticado al primer edil que «se haya saltado todas las líneas rojas de lo que debe ser un partido de Estado y de Gobierno para aprobar un presupuesto cuyas enmiendas transaccionales no van a llegar al 0,5% del presupuesto global del Ayuntamiento», esto es, «es esencialmente el mismo presupuesto que se presentaba».

La rebaja del IBI «sigue existiendo pero formulada de una manera distinta, de forma creativa y sin afrontar los retos futuros». «El Ayuntamiento va a resolver con chapa y pintura para un coche sin etiqueta ambiental», ha comparado al referirse a este «día triste y gris para Madrid y para la democracia».

LA DECISIÓN DEL MIXTO «VUELVE A COLOCAR A VOX EN EL CENTRO»

Montejo cree que con la decisión del Grupo Mixto no se aleja a Vox de las decisiones de calado sino que ha vuelto a colocar a los de Javier Ortega Smith «en el centro de un debate porque en 2023 el ticket electoral es la derecha con la ultraderecha».

«Este acuerdo sólo presenta un sinsentido del alcalde, que vuelve a colocar las demandas de Vox, que vuelven a estar permanentemente en el centro de un debate que es de donde hay que sacarlos», ha advertido.

En este presupuesto falta «una política comprometida con el feminismo, con los derechos LGTBI porque ninguna enmienda presenta un avance en ese sentido, no son más que blanqueamiento de proyectos futuribles que dependerá de un gobierno que no es de fiar».

Y se suma a una política de movilidad, «que es lo que de verdad rompió con Vox de Martínez-Almeida, de garantizarle al coche el espacio público que ocupa, se mantiene, aunque no de la manera que le gustaría a Vox, aunque también es verdad que hay un comisario europeo con una multa encima de la mesa que costaría dos presupuestos».

Para Más Madrid la prórroga presupuestaria no hubiera sido «dramática excepto para Martínez-Almeida porque los fondos europeos y las subvenciones nominativas se pueden resolver con modificaciones de créditos o con otras formas de contratación».

Los rectores de las tres universidades gallegas –Manuel Reigosa (Universidade de Vigo), Antonio López (USC) y Julio Abalde (Universidade da Coruña)– han explicado este lunes cómo «monitorizan» la pandemia con estudios propios y cuentan con protocolos de actuación ante cualquier problema, al tiempo que han destacado que las instituciones académicas están «preparadas» para cualquier «medida adicional» que decreten los expertos.

En un acto en Santiago, en el que también ha participado la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, preguntado sobre esta cuestión, el rector de la Universidade de Vigo ha recordado que este lunes se reúne el comité clínico que asesora a la Xunta, integrado por los expertos que, a su modo de ver, deben pautar las decisiones a tomar en los distintos ámbitos, también en el educativo si fuese preciso, para frenar el avance de la pandemia.

Como «ciudadano muy interesado» en la evolución de la covid-19, ha apelado a «extremar la prudencia» dado que las tasas de contagios son «cada vez más fuertes», aunque la situación hospitalaria «no es extremadamente preocupante».

Partidario de la «coordinación», ha destacado que la Universidade de Vigo, por ejemplo, se dotará de «algún estudio propio» antes del inicio de las actividades académicas que permita «completar» el panorama que ya diagnostican a diario las autoridades sanitarias, pero ha insistido en que la última palabra deben tenerla los expertos.

Más allá, ha expresado su convicción de que las tres universidades lo han hecho «muy bien» y están «preparadas» por si hubiera que adoptar cualquier medida adicional.

«MONITORIZACIÓN CONTINUA»

«Totalmente de acuerdo» con su compañero de Vigo, el rector de A Coruña ha remarcado que la institución coruñesa «monitoriza continuamente» la situación epidemiológica y de los contactos, con todos los centros que dependen de la misma con información constante y «tomándose las medidas que se tienen que tomar».

Por ejemplo, ante episodios concretos de brotes ligados, ha dicho, con cenas de Navidad, ha explicado que hubo centros en los que se adoptó la decisión de que toda la docencia se realizase «en modo telemático».

También partidario de seguir las recomendaciones de los expertos, ha destacado que las universidades han respondido y han aportado, por ejemplo, los espacios para cribados de la población general. Y más allá, ha defendido que los contagios llegan de fuera, no se han producido «en actividades puramente universitarias».

«La situación es manejable, pero estamos atentos y estamos viendo los distintos escenarios coincidiendo con estas vacaciones», ha dicho, antes de reafirmarse en que, si bien la actividad exclusivamente universitaria «es segura», las instituciones académicas pondrán todo de su parte para ser elemento de «freno» de la pandemia y no de expansión.

«ESPACIOS SEGUROS»

Finalmente, el rector compostelano ha coincidido en reivindicar que los centros universitarios han sido «espacios absolutamente seguros» y ha defendido que los escenarios también están diseñados para adaptarse a cualquier nueva «circunstancia». Además, ha incidido en que, en este caso, el periodo no es especialmente «lectivo», dado que los universitarios afrontarán los exámenes hasta la primera semana de febrero.

«Aceptaremos lo que nos digan las autoridades sanitarias», ha dicho el rector compostelano, convencido de que no solo los centros son «seguros» sino también de que el comportamiento de los estudiantes universitarios es «muy responsable».

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, ha lamentado este lunes que «la derecha neoliberal» gane en la ciudad de Madrid al haber conseguido aprobar en comisión el proyecto de Presupuestos para 2022 gracias a «cuatro supervivientes sin escrúpulos» en alusión al Grupo Mixto.

«Madrid va a tener unos presupuestos sin el compromiso social necesario justo cuando los ciudadanos que viven en Madrid más los necesitan», ha expresado la edil socialista.

Y es que el Gobierno municipal de PP y Ciudadanos ha obtenido este lunes el visto bueno en la comisión extraordinaria de Hacienda de los cuatro ediles que componen el Grupo Mixto para aprobar el proyecto de Presupuestos para 2022 de la capital.

Espinar ha criticado que algunas de las enmiendas del Mixto han sido «robadas» a grupos que «sí» se mantienen en el espectro ideológico de izquierda.

Por contra, cree que «Madrid y los madrileños pierden», y pone de relieve que el PSOE, tras ofrecerse a negociar, fue «rechazado» porque «a diferencia del Grupo Mixto» tienen «una línea roja llamada integridad».

La portavoz socialista en materia de Hacienda, Enma López, ha puesto el acento en que es «un acuerdo de mínimos» y que «hay un grupo, que es el Mixto, entregado a la derecha y la ultraderecha». «Creemos que era mejor no tener presupuesto a tener un mal presupuesto, y este es un mal presupuesto para Madrid», ha apostillado.

El Tribunal Supremo (TS) será el que dirima finalmente si el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) es «competente» para impulsar la ejecución del Plan de Rehabilitación de Palomares y si debe o no fijar una fecha para limpiar el americio y plutonio depositado en los suelos contaminados de esta pedanía de Cuevas del Almanzora (Almería).

El Alto tribunal ha admitido a trámite el recurso de casación de Ecologistas en Acción contra el la sentencia de la Audiencia Nacional que el pasado julio rechazó que fuese «función» del CSN la rehabilitación de las 40 hectáreas bajo vigilancia radiológica al entender que es «necesario» que se pronuncie para la formación de jurisprudencia al respecto.

El auto, expone que, mientras que la Audiencia Nacional considera que las funciones del regulador atómico son inspección, asesoramiento, sancionador, y elaboración de planes pero no le atribuye labores ejecutivas y materiales, lo que le sirve de argumento para concluir que no le permite dictar sentencia, el colectivo ecologista señala que la ley por la que se creó el CSN le atribuye «medidas de prevención y corrección ante situaciones excepcionales», como es el caso de Palomares.

El Supremo señala que, planteada así la cuestión, esta tiene «intereses casacional objetivo» para la formación de jurisprudencia y que procede, por tanto, determinar si el CSN resulta o no competente para «adoptar medidas tendentes» a la «ejecución» del Plan de Rehabilitación que fue aprobado en 2010 y, en concreto, resolver si procede fijar un plazo para la citada ejecución.

Concluye que las normas jurídicas que, en principio, han de ser objeto de interpretación, son los artículos 2 de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del CSN; 3 del Real Decreto 1440/2010, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear; 58 del Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes; y 81 del Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas.

En su recurso, al que se ha opuesto la Abogacía del Estado, Ecologistas en Acción alega que la sentencia impugnada cita a la Administración General del Estado como la «responsable» de «ordenar» la retirada de la tierra con radiactividad pero «sin concretar el organismo competente» y, también, al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat).

Al tiempo, traslada el colectivo al Supremo que tanto el Consejo de Ministros como el Ciemat «ya se han declarado incompetentes» e, incluso, el último «ha remitido al CSN».

Ecologista argumenta que, en el espacio transcurrido entre la notificación de la sentencia que destimaba sus demandas y el anuncio de recurso, se ha producido un «peregrinaje administrativo» que ya adelantó el voto particular emitido por dos de los magistrados de la Audiencia Nacional y que ha dado como resultado una resolución del Ministerio de Presidencia que señala como organismo competente al Ministerio de Transición Ecológica, otra en la que este se declara «incompetente» apuntando al Ciemat y una tercera resolución del centro de investigaciones que remite al Consejo de Seguridad Nuclear.

«Con fecha 27 de julio de 2021, el Ciemat notificó a Ecologistas en Acción que no es competente para ordenar la limpieza y que los resultados de las investigaciones los envía al CSN, indicando así que es el organismo que coordina, dirige y decide sobre todo lo concerniente a Palomares», sostiene el recurso, que añade que así «se cierra el círculo del peregrinaje administrativo y lo devuelve a su origen».

Ecologistas en Acción, que critica que la Audiencia Nacional afirmase en su sentencia que «no era función de la sala informar de cuál es el organismo competencia» después de negar al CSN, no solo argumenta indefensión por infracción del principio de economía procesal sino que también recoge que no se cumplimentó toda la prueba admitida ya que el CSN no aportó el Informe de la Dirección Técnica de Protección Radiológica «evaluando los niveles de intervención para la restauración de los terrenos afectados.

«Es fundamental la práctica de la prueba no solo para acreditar de forma inequívoca que las facultades del CSN no se limitan a una labor informativa como dice la sentencia, sino también que en la sesión celebrada el 22 de julio de 2015 tomó decisiones ejecutivas como fue la de modificar el criterio radiológico establecido en el Plan de Rehabilitación de 2010, elevando el límite permitido de 1 Bg/gr de americio 241, a 4 Bq/gr, lo que supondría reducir el volumen de tierra contaminada a limpiar de 50.000 metros cúbicos a 28.000 metros cúbicos», destaca.

Entre los argumentos para sostener el recurso de casación, el colectivo alude, asimismo, a que el hecho de que el fallo niegue la competencia del regulador atómico para ordenar la fijación de plazo para la limpieza y le niegue «capacidad ejecutiva» cuando «tomó la decisión de modificar los criterios», causa «indefensión» al no poder reclamar al órgano competente para ello.

«Si esta sentencia deviene firme y se limitan las funciones del CSN, esta decisión del CSN y muchas otras serían nulas por extralimitarse en sus funciones», advierte.

«LABORATORIO A CIELO ABIERTO» Y «CEMENTERIO NUCLEAR ILEGAL»

Por otro lado, Ecologistas en Acción discrepa de la valoración de la prueba y critica que obvie la existencia «de dos fosas con material radiactivo, lo que es contrario a la realidad» o que no entre a valorar la existencia de un «laboratorio a cielo abierto» en Palomares.

«Desde 1966 hasta la fecha, la única medida adoptada para paliar los efectos radiactivos ha sido el vallado de los terrenos que comenzó en 2007.

Antes de esa fecha, se desarrollaron en ellos tareas agrícolas y de construcción liberando el plutonio que había sido enterrado por EEUU a 30 y 25 centímetros de profundidad», detalla para concretar que el «episodio más grave se produjo con la construcción de dos balsas en las proximidades del impacto de una de las bombas».

A este respecto, Ecologistas en Acción considera que el Ciemat «aprovechó el aumento de partículas radiactivas en el aire producido por las obras para estudiar las consecuencias de las tareas agrícolas en terrenos contaminados» y señala que estos episodios «se siguen repitiendo en la actualidad aunque no con la misma gravedad».

«Esta situación debe de resolverse y es urgente que se acuerde señalar plazo para su limpieza, así como del resto de las zonas, pero estos hechos fundamentales no se han analizado en la sentencia como tampoco la existencia de este laboratorio a cielo abierto que hay que clausurar, la ilicitud de mantener dos contenedores para verduras almacenando material radiactivo o el hecho de que en la zona 6 los residuos permanezcan como estaban en 1966 salvo que los ha diseminado la lluvia, el viento, la fauna silvestre y doméstica, y la actividad humana», subraya.

Por último, Ecologistas en Acción, que inició este contencioso-administrativo en 2017, advierte al Supremo de que el almacén nuclear «ilegal de Palomares no se ha adaptado en ningún momento» al Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, RINR.

«Desde 1966 está en una situación ilegal absoluta, se trata de un cementerio nuclear al aire libre construido con carácter definitivo en zona urbana o urbanizable», indica para concluir que la dependencia de EEUU alegada por el Gobierno para la limpieza y almacenamientos de los residuos resultantes vendría desmentida por que «el propio Ciemat reconoce que se pueden almacenar en El Cabril con un simple cambio de autorización».