Una joven ha sostenido este viernes, ante un Tribunal de la Audiencia Provincial de Baleares, que su padrastro abusó sexualmente de ella durante años en Ibiza. La Fiscalía pide para el acusado una condena de 14 años y medio de cárcel.

En el juicio celebrado en la Sección Segunda de la Audiencia, la joven, que ahora ya es mayor de edad, ha explicado que no contó nada hasta pasados varios años, entre otros motivos, porque no era consciente de la gravedad de lo que estaba ocurriendo. «Yo pensaba que los padres de mis amigas también les hacían eso a ellas», ha explicado entre sollozos. La joven ha prestado declaración en la sala separada por un biombo del acusado.

La víctima ha explicado que todo comenzó «de forma muy inocente al principio», con juegos de «cosquillas». «No sé en que momento ‘se cruzó'», se ha lamentado. Según ha relatado, de las cosquillas el hombre pasó a besos en la boca, tocamientos y también trataba de forzarle a masturbarle.

Igualmente ha indicado que a veces dormía en la cama con sus padres y una vez él la estuvo «tocando toda la noche», con su madre «al lado» durmiendo. También ha dicho que a menudo él entraba en el baño mientras ella se estaba duchando.

«No sabía qué tenía que pensar, no sabía cómo me tenía que sentir. Nadie me había hablado de qué era el sexo o el consentimiento», ha declarado, visiblemente afectada.

La joven ha señalado que esto ocurrió de forma continua durante varios años, hasta que, en una ocasión, él la penetró, sin llegar a conseguirlo completamente. «Me dijo, «vamos a hacer esto bien», ha apuntado. En ese momento ella se escabulló de la habitación y a partir de ahí comenzó a evitarle.

Entonces, la relación se comenzó a tensar. «Me decía, ‘ya no molas tanto, si ya no te gustan las cosquillas es que ya no molas'», ha contado.

Finalmente, el caso salió a la luz cuando la menor, ya en la adolescencia, acudió a la orientadora de su colegio. Lo hizo para hablar sobre la mala convivencia que tenía con su padrastro, y no pensaba hablar de los abusos, pero el asunto terminó apareciendo en la sesión: «No pensaba en contarlo, lo quería guardar en secreto. La orientadora tardó muy poco en concertar una cita con mi madre».

EL ACUSADO NIEGA LOS SUPUESTOS ABUSOS

Por su parte, el acusado ha negado los abusos: «Eso es una fábula, eso nunca ha pasado», ha dicho.

Además, el acusado ha asegurado que la relación con la niña fue «muy mala desde el principio» porque la menor «tenía malos modales y contestaba». También ha contado que cuando se casó con su madre, la menor «estuvo llorando toda la mañana en el ayuntamiento» por un berrinche supuestamente por celos.

La menor ha declarado lo opuesto, que la relación con su padrastro era muy buena al principio: «Ojalá nos hubiéramos llevado mal, ojalá nunca me hubiera tenido que tocar ni un pelo, ni dar la mano por la calle», ha dicho la hijastra.

El acusado también ha afirmado que la madre de la menor le habría exigido, a través de un abogado, 50.000 euros a cambio de no denunciarle. La madre ha negado ese extremo, asegurando que eso es «mentira» y que «nunca» le ha pedido dinero. De hecho, esa acusación del padrastro ya fue objeto de otro juicio por supuesta extorsión, y la mujer resultó absuelta.

Hay otro punto en el que difieren las declaraciones del matrimonio. El hombre ha afirmado que, cuando la orientadora del colegio informó a la madre, ésta no había creído a la niña y que él se fue voluntariamente de la casa porque «la tensión era muy fuerte» y «aquello era insostenible». Sin embargo, la mujer ha declarado que creyó a su hija desde el principio y que «echó» al hombre ese mismo día en cuanto llegó a casa.

La madre ha mantenido que la relación entre su pareja y su hija era buena al principio, y que ella no sospechaba porque confiaba en él. «Nos engañó a las dos», ha dicho. Cuando la orientadora le dijo que la niña había relatado que su padrastro abusaba de ella, la mujer se quedó «en shock».

La madre se ha lamentado por no haberse percatado de lo que estaba ocurriendo. «Yo estaba tranquilamente pensando que se lo estaban pasando bien jugando, y el que se lo estaba pasando bien era él». La mujer también ha declarado que su pareja «controlaba el móvil» de su hija.

PRESUNTAMENTE CONFESÓ LOS TOCAMIENTOS A UN CONOCIDO

Por otro lado, una conocida de la pareja ha explicado que su marido, ya fallecido, tuvo una conversación en un bar con el acusado, cuando la niña ya había contado los abusos. Según la testigo, el hombre estaba contando a su marido que su pareja le había echado de casa y le dijo «que efectivamente sí la tocaba, pero que no la había penetrado».

Por último, una psicóloga que examinó a la menor ha considerado que aportó un testimonio «muy creíble» ya que su relato reúne varios rasgos que indican verosimilitud. Igualmente ha corroborado lo contado por la víctima: «Me dijo que en un momento él quiso ir ‘más allá’, y que se sintió ‘como una cucaracha’ encima de él».

La facultativa también ha explicado que es muy habitual, en casos de abusos a menores con estas características, que no lleguen a contar lo ocurrido hasta que alcanzan cierta madurez.

El Museo Picasso Málaga (MPM) iniciará su programación anual el próximo mes de febrero con ‘Cara a cara. Picasso y los maestros antiguos’ (22 febrero-26 junio 2022), en la que obras de El Greco y Zurbarán, entre otros maestros, se expondrán junto a las de Pablo Picasso para descubrir vínculos entre la obra de Picasso y una selección de obras de grandes maestros del pasado.

Esta exposición, organizada por el Museo Picasso Málaga y el Museo de Bellas Artes de Sevilla, supone una oportunidad excepcional de descubrir los vínculos de Pablo Picasso con destacados artistas del pasado.

Obras de El Greco, Francisco Pacheco, Giovanni Battista Caracciolo, Francisco de Zurbarán, Cornelius Norbertus Gijsbretchs, Bernardo Lorente Germán y Diego Bejarano se exhibirán junto a importantes obras de Pablo Picasso.

Estos emparejamientos no solo permiten al espectador establecer comparaciones específicas entre la obra de Picasso y la de los maestros antiguos para comprender el profundo arraigo del arte del pintor malagueño en las tradiciones españolas, sino que, además, las yuxtaposiciones nos permiten discernir cómo Picasso transformó estas tradiciones en el arte revolucionario del siglo XX.

Pablo Picasso revolucionó el arte del siglo XX, pero fue un artista profundamente interesado y gran estudioso del arte del pasado. Su obra, de raíces profundas, mantuvo arraigo a la cultura española y en especial al barroco.

Los logros de aquellos pintores españoles proporcionaron a Picasso modelos y técnicas que le impulsaron tanto a emular como a transformar la tradición, como habían hecho los grandes maestros al responder a las tradiciones clásicas abrazando estilos que los puristas habían excluido del canon clásico, de forma muy diferente a la de sus contemporáneos de Italia o Francia.

‘Cara a cara. Picasso y los maestros antiguos’ presenta pinturas procedentes de la notable colección del Museo de Bellas Artes de Sevilla de maestros españoles y de otros países europeos frente a nueve obras destacadas de Picasso pertenecientes a la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte (FABA).

Comisariada por Michael FitzGerald, profesor de arte moderno y contemporáneo en el Trinity College de Hartford, Connecticut, la muestra incluirá asimismo un excepcional cuadro adicional de Picasso procedente de la colección del Museo de Málaga.

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han tenido un breve encuentro este viernes en Fitur en la que el ministro le ha confirmado que la conferencia de presidentes se llevará a cabo en febrero en la isla de La Palma, aunque todavía está buscando la fecha.

Los dos se han saludado en la zona de los expositores de las comunidades autónomas, Ayuso le ha explicado que ha centrado su recorrido en los distintos puestos de Madrid, aprovechando que es el día de la esta comunidad en la feria.

Bolaños le ha respondido que vino a visitar el de la isla de la Palma, donde ha dialogado con el presidente del cabildo, Mariano Zapata. «Gran gesto», le ha elogiado Ayuso, que a continuación ha preguntado si van a celebrar la Conferencia de Presidentes en la isla.

«¿Celebramos conferencia de presidentes ahí en febrero? Os mandé los papeles a tiempo» ha indicado Ayuso, a lo que el ministro ha respondido afirmativamente. «Sí, sí», ha contestado, antes de indicar que todavía están buscando fecha para llevarla a cabo. «Todo organizado, ahí estaremos como un clavo», ha añadido Ayuso antes de despedirse.

Previamente, en su recorrido por Fitur, Bolaños también ha acudido a los expositores de Navarra y La Rioja y ha conversado con las presidentas autonómicas María Chivite y Concha Andreu.

La última conferencia de presidentes se llevó a cabo de manera telemática el pasado 22 de diciembre, en plena explosión de la sexta ola de coronavirus. De ahí salió el compromiso de volver a reunirse cada 10 días, aunque no se ha cumplido.

No obstante esta semana el Gobierno aún barajaba la idea de celebrar un encuentro telemático previo al presencial en la isla de la Palma, según fuentes de Moncloa, aunque este viernes el ministro Bolaños solo ha hecho referencia a este último.

CASADO Y SÁNCHEZ COINCIDEN PERO NO HABLAN

Este encuentro se ha producido horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el líder de la oposición, Pablo Casado, coincideran en Fitur. Aunque los dos estuvieron en el mismo pabellón a la misma hora no se produjo un encuentro ni llegaron a saludarse.

Sánchez y Casado coincidieron en el pabellón 7 de FITUR en el que se encuentran los expositores de varias comunidades autónomas. Mientras Sánchez hacía un recorrido por esta zona, Casado se encontraba en el de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, y a pesar de la cercanía en ningún momento llegaron a cruzarse ni a hablar.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha inaugurado este viernes la reunión constituyente del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes en su mandato de 2022, en donde ha destacado que la inmigración «es esencial para la producción de conocimiento y el refuerzo del capital humano».

También ha destacado el papel «fundamental que realiza el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes a la hora de «acompañar a la administración en todos los desafíos estructurales» a los que se ha de enfrentar en materia de migración.

En este sentido, el ministro, que ha intervenido de forma telemática, ha recordado algunas de las medidas impulsadas para mejorar la vida de las personas migrantes, como la modificación del Reglamento de Extranjería, el fortalecimiento del Sistema de Acogida o el despliegue puesto en marcha en el marco de la evacuación de refugiados afganos.

«La inmigración es esencial para la producción de conocimiento y el refuerzo del capital humano; para el dinamismo social y cultural; y para la consolidación de los valores democráticos», ha explicado, antes de recordar que los «conocimientos, experiencias y capacidad de resiliencia de las personas migrantes demuestran que también deben ser actores centrales en las políticas implementadas en este periodo de recuperación».

Escrivá ha estado acompañado en el acto por el Secretario de Estado de Migraciones, Jesús Perea, y de la nueva presidenta del Foro, Ángeles Solanes Corella.

Tal y como ha señalado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes nace en 1994 como uno de los instrumentos del Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración (PECI), configurándose como el órgano adecuado para recoger las demandas de la población inmigrante y con el objetivo de servir de cauce para la participación y el diálogo, implicando en a toda la sociedad.

Se trata de un órgano colegiado, incardinado en la Secretaría de Estado de Migraciones, que se reúne en Pleno y Comisiones, pudiendo constituir, además, grupos de trabajo ad hoc para el estudio de determinadas cuestiones.

Entre sus principales misiones, se encarga de elaborar propuestas y recomendaciones tendentes a promover la integración de los inmigrantes y refugiados, o de la asistencia y participación en organismos y entidades naciones e internacionales cuya actividad tenga incidencia en la integración de las personas inmigrantes y refugiadas.

El consejero de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, se ha acogido al plazo de dos meses para responder al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que este viernes ha declarado firme la sentencia del 25% de castellano en las aulas catalanas. No obstante, ha destacado el compromiso del Ejecutivo catalán de desplegar un nuevo marco normativo para «actualizar y afianzar» el modelo lingüístico.

Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas tras reunirse con el alcalde de Badalona (Barcelona), Rubén Guijarro, y con directores de centros educativos del municipio después del fallo del tribunal catalán.

Cambray ha sostenido que la situación es la misma que hace dos meses y «no cambia nada», ha aclarado que desde el departamento sabían que pasaría porque forma parte del procedimiento judicial: ahora disponen de un plazo de 10 días para notificar al TSJC que han recibido esta comunicación.

«Estamos delante una vez más de un proceso de querer judicializar el modelo de escuela catalana. Un modelo que ha sido de éxito de igualdad de oportunidades y de cohesión social a lo largo de décadas en este país», ha lamentado el conseller.

Al ser preguntado por si en dos meses acatarán la sentencia, Cambray ha reivindicado que desde el departamento dan «respuesta y cumplimento» a la Ley de Educación de Cataluña.

Ha concretado que la Ley estipula que todo el alumnado cuando termina cuarto de la ESO logra las competencias tanto en catalán como en castellano: «El aprendizaje de las lenguas no va de porcentajes, va de pedagogía», ha manifestado.

UN NUEVO MARCO NORMATIVO

Cambray ha recordado que han desplegado un Plan de impulso del catalán que, entre otros objetivos, quiere conocer lo que sucede en los centros educativos a nivel lingüístico, una medida que el consejero ve «muy importante» para disponer de datos que permitan, a su parecer, tomar las mejores decisiones.

En esta línea, ha destacado el compromiso del Ejecutivo catalán de desplegar un nuevo marco normativo para «actualizar y afianzar» el modelo lingüístico.

PROTOCOLO COVID

En relación al encuentro con directores de centros educativos del municipio, el conseller ha detallado que uno de los aspectos que más han tratado ha sido la situación derivada de la sexta ola de la pandemia de Covid-19, con un «crecimiento vertiginoso» del número de confinados en las escuelas catalanas.

En esta línea, ha reconocido que hay «ámbitos de mejora» en la aplicación de dicho protocolo, un aspecto que le han trasladado durante el encuentro, y ha explicado que junto a la Conselleria de Salud hacen las aclaraciones que haga falta para mejorar el funcionamiento del protocolo.

Asimismo, ha destacado que los directores de centros educativos de Badalona le han trasladado su «satisfacción» por las más de 8.000 sustituciones que han hecho desde el inicio del segundo trimestre en plena sexta ola de la pandemia.

RATIOS

Cambray ha explicado que uno de los «cambios de paradigma» en los que trabaja el departamento es la reducción del número de alumnos por aula y ha avanzado que de cara al curso que viene darán respuesta a esta demanda en educación infantil a partir de los tres años, aunque ha aclarado que lo concretarán en las próximas semanas.

«Es una demanda histórica», ha detallado el consejero, que ha argumentado que si hay menos alumnos en clase los profesores podrán atender, a su parecer, de forma más personalizada y precisa.

Una decena de organizaciones se han unido para mostrar su rechazo a la proposición de ley relativa a la ordenación de las zonas de regadío del Condado de Huelva, en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva), presentada el 11 de enero en el Parlamento de Andalucía por los grupos parlamentarios del PP, Ciudadanos y Vox.

De este modo, las organizaciones Aeopas (Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento), CCOO, Ecologistas en Acción Andalucía, Facua Andalucía FNCA (Fundación Nueva Cultura del Agua), Fundación Savia, Greenpeace, SEO/BirdLife (Sociedad Española de Ornitología), WWF-España, Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua,–todas ellas miembros de la Mesa Social del Agua de Andalucía–, defienden la actividad agrícola sostenible y están en contra de la iniciativa parlamentaria.

Como han indicado en una nota de prensa, la proposición tiene como objetivo «la regularización de 1.400 hectáreas fuera de suelo agrícola regable (SAR), definido en el Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadíos ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana, aprobado por consenso por la Junta de Andalucía en 2014».

En su opinión, «esta propuesta genera expectativas en el sector agrícola más especulativo que no están avaladas en un proyecto seriamente definido y mucho menos en la disponibilidad de recurso hídrico».

Por ello, señalan que en la proposición «se omite cualquier referencia a las graves dificultades administrativas y legales que una modificación de esta gravedad va a generar en Andalucía, España y en Europa».

En concreto, han indicado que «entra en conflicto con el Plan Hidrológico del Guadalquivir, la Directiva Hábitats, la Directiva de Aves y la Directiva Marco de Agua (DMA) de la Unión Europea, la reciente sentencia de los tribunales de la Unión Europea, los dictámenes de la Unesco sobre Doñana», entre otras normativas como la Ley Forestal andaluza o e incluso frente a la reglamentación del propio Plan de la Corona y la ley del Trasvase del Tinto-Odiel-Piedras al Guadalquivir a la que se refiere.

Tras incidir en que con la proposición «se da un paso en falso generando expectativas en el sector», han explicado que el procedimiento con el que se plantea esta modificación «carece de rigor, es inadecuado y ha enfrentado a diferentes agricultores dentro del propio sector agrícola, creando una situación de posible conflicto social».

«Cualquier modificación o revisión del Plan debe tramitarse de acuerdo con la legislación y contar con los mismos trámites que fueron necesarios para su aprobación», han sostenido, antes de remarcar que es «inaceptable que en la formulación de la Proposición no se haya respetado la imprescindible relación con las administraciones y los organismos implicados en la gestión de Doñana y su entorno», como son el Consejo de participación de Doñana, la Comisión de Seguimiento del Plan de la Corona, el Instituto Geológico Minero de España (IGME) o y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

«La proposición pone en grave riesgo la buena imagen y la marca internacional, europea y nacional de Doñana y los productos agrícolas de su entorno, con mercados muy sensibles a la sostenibilidad y su trazabilidad ambiental», han reiterado.

«En estos momentos claves en los que se tienen que dar respuestas convincentes a las resoluciones de la Unesco y a las sentencias del Tribunal de Justicia europeo, la agricultura del entorno de Doñana necesita enviar mensajes de rigor, compromiso con la sostenibilidad y responsabilidad con los consumidores, por parte de un sector de indiscutible importancia social y económica para toda la comarca», han concluido.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este viernes el astillero de Navantia en Cartagena para interesarse por la evolución del programa de submarinos de última generación S-80, los primeros con diseño y construcción completamente españoles, informaron fuentes gubernamentales en un comunicado.

Durante su visita, Robles ha podido conocer de primera mano la evolución del calendario del programa S-80, que se realiza cumpliendo con los estándares de seguridad de la NASA, un sistema de armas muy complejo comparable como reto de ingeniería con los vehículos espaciales.

La ministra ha destacado la importancia de un proyecto que supone un logro de la industria de Defensa nacional al permitir garantizar su independencia estratégica para la defensa del país, así como la proyección de su industria, y lo ha definido como un «programa sólido», en el que «se juegan mucho Navantia, la Armada y España».

Tras su llegada a la Base Aérea de San Javier, donde ha sido recibida por el coronel Pascual Soria, la ministra se ha desplazado al astillero de Navantia en Cartagena, donde le ha dado la bienvenida el presidente de esta, Ricardo Domínguez, quien ha agradecido su presencia.

«Este es un programa pionero, pocos países del mundo son capaces de hacer esto. Nuestra tecnología es puntera y el diseño que conlleva tendrá que pasar por hitos que a veces suponen un desafío», ha dicho Domínguez en su intervención.

Posteriormente, el jefe del programa S-80, capitán de navío Francisco Javier del Corral, su comandante de pruebas, capitán de navío Juan Manuel Torrijos, y el director del astillero, Germán Romero, han informado a la ministra sobre la situación general del programa, así como acerca de su relevancia industrial y tecnológica.

En esta misma línea, han abordado la alta cualificación del personal que formará parte de la dotación del submarino, para lo que se está siguiendo un exhaustivo plan de formación de personal de la Armada.

S-81 ‘ISAAC PERAL’

La ministra, acompañada por la secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro, por el jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), almirante Antonio Martorell, y por el equipo de Navantia, ha visitado después el exterior del S-81 ‘Isaac Peral’, donde ha dado las gracias a los miembros de la dotación, quienes le han comentado que están «muy ilusionados» con los resultados de las últimas pruebas y su próxima salida al mar.

El S-81 ‘Isaac Peral’, el primero de los cuatro submarinos que componen el programa destinado a la Armada, se encuentra actualmente en la fase de pruebas de puerto, que continuarán hasta marzo. Posteriormente realizará su primera navegación en superficie, mientras que su primera inmersión se prevé para junio de este año. La entrega a la Armada está contemplada para febrero de 2023.

Esta misma semana, el ‘Isaac Peral’ ha completado con éxito las pruebas de propulsión sobre amarras en las instalaciones de Navantia Cartagena, donde ha sido construido.

Se trata del sexto hito de seguridad que debe superar un submarino y que permite verificar el funcionamiento de la propulsión y la línea de ejes con el submarino amarrado al muelle y con alimentación autónoma desde sus baterías. En otro de sus hitos de seguridad, el S-81 fue puesto a flote el pasado mayo en una ceremonia presidida por el Rey Felipe VI.

POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL

El programa S-80 posiciona internacionalmente a Navantia como autoridad de diseño de submarinos y supone la entrada de España en el reducido número de países que cuentan con dicha capacidad. Los S-80 serán los submarinos convencionales (no nucleares) más avanzados del mundo, con una eslora total de 80,8 metros, un diámetro de 7,3 metros y un desplazamiento en inmersión de 3.000 toneladas.

En cuanto a los avances tecnológicos del programa S-80, contarán con un sistema de combate que integrará todos los sensores y armas para una respuesta adecuada y rápida a cualquier amenaza. A esto se sumará un sistema de armas que incluirá torpedos pesados, minas y la capacidad de lanzar misiles tácticos, lo que es una funcionalidad única en los submarinos no nucleares de la OTAN.

Asimismo, tendrá un sistema de propulsión independiente de la atmósfera (AIP) que le permitirá obtener energía eléctrica en cualquier profundidad, reduciendo su necesidad de salir a cota periscópica, donde es más fácilmente detectable, y le permitirá permanecer mucho más tiempo en inmersión profunda.

Por otro lado, un Sistema Integrado de Comunicaciones y otro de Control de Plataforma permitirá a la tripulación operar de forma local o remota los sistemas de navegación, propulsión, generación de energía o los mástiles y periscopios, entre otros. Su alto grado de automatización posibilitará reducir la dotación de la nave a 32 marinos e incluir ocho plazas para embarque de personal adicional.

Tras el S-81 llegarán otros sumergibles con nombres de otros pioneros de la navegación submarina: el S-82 ‘Narciso Monturiol’, con entrega prevista en diciembre de 2024; el S-83 ‘Cosme García’, en octubre de 2026 y el S-84 ‘Mateo García de los Reyes’, en febrero de 2028.

El programa S-80 supone también un impulso a la economía y el empleo, con participación de un centenar de empresas de once comunidades autónomas diferentes, generando cerca de 2.000 empleos de calidad directos y de industria auxiliar sólo en la región de Murcia y de forma agregada con hasta 7.000 empleos de calidad en periodos de alta carga. Además, genera un impacto anual en el PIB español superior a los 250 millones de euros.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Algeciras (Cádiz) al líder de un grupo por su presunta participación en los delitos de captación y adoctrinamiento terrorista con fines yihadistas, llevando a cabo registros en un camión de mercancías y cuatro domicilios. Además, se ha arrestado a otras tres personas captadas y adoctrinadas en la Región de Murcia, interviniendo abundante material propagandístico de extrema dureza.

La operación, realizada el pasado martes, ha tenido su continuación este viernes por la mañana, cuando el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha dictado para el líder del grupo su ingreso en prisión, además de tomar declaración a su principal colaborador.

Los agentes llevaron a cabo cinco registros, cuatro en domicilios y uno en un camión de mercancías, interviniendo numerosos dispositivos electrónicos. «Los investigadores se han sorprendido de la gran cantidad de contenido de carácter radical violento que manejaba el líder para su labor adoctrinadora, representando una grave amenaza para la seguridad pública», según ha informado la Policía Nacional.

La operación, que ha sido desarrollada por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, ha contado con la colaboración de las Brigadas Provinciales de Información de Murcia y Valencia, y la Brigada Local de Información de Algeciras. Además ha sido coordinada y supervisada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

REFERENTE RELIGIOSO

La investigación comenzó hace año y medio cuando los expertos en la lucha contra el terrorismo detectaron a un individuo alineado con los postulados de DAESH que difundía, a través de sus redes sociales, material radical y violento de corte yihadista.

El líder detenido es un individuo conocido en su zona geográfica por su extremo radicalismo que llegó a captar y adoctrinar a tres personas, con las que compartió de forma dilatada en el tiempo material yihadista de «extrema dureza», según la Policía Nacional, creando un «grupo cerrado y exclusivo».

En una primera fase, ejercía labores de referente religioso para evolucionar como adoctrinador de los postulados «más radicales y violentos de la organización terrorista DAESH». El detenido celebraba asiduamente reuniones clandestinas con este grupo, donde visionaban material terrorista y criticaban con extrema violencia la sociedad occidental.

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este viernes que la gestión y ejecución de los fondos europeos está siendo un «fracaso claro» por parte del Gobierno y ha avisado que no descarta «ninguna vía» para denunciarlo, como la vía contencioso administrativa en el Tribunal Supremo, acudir al Tribunal Constitucional por vulneración de «la igualdad de los españoles» o acudir a Europa a través de «los órganos de supervisión europeos».

En su visita a Fitur, donde ha recorrido numerosos stands, Casado ha señalado que hace un año planteó a Pedro Sánchez crear una autoridad independiente que controlase el reparto de esos fondos «a cambio de que el PP apoyara las reformas estructurales, por muy difíciles que fueran». «No fue así», se ha quejado.

Casado ha asegurado que el propio Gobierno ha «reconocido que no tiene ni idea de cuántos fondos han llegado a las empresas y que ni siquiera sabe cuántos fondos se han ejecutado». Ante ese «fracaso claro», ha dicho que «a lo mejor dos años después a Sánchez le interesa responsabilizarse» y que esto «salga bien con el primer partido de la oposición», dado que gobierna en seis autonomías y más de mil ayuntamientos.

El líder del PP ha expresado su apoyo a los ‘barones’ autonómicos de su partido con este tema porque, según ha recalcado, lo que están diciendo es «simplemente que quieren el mismo trato que las CCAA gobernadas por el PSOE, la misma información» y «si es posible la misma respuesta».

ESPERA QUE NO SE «PARAPETE» EN LAS CCAA

Así, ha dicho que las autonomías han planteado centenares de proyectos y no saben si saldrán adelante y si una vez más servirán «para que el Gobierno se parapete en ellas» como, a su juicio, ha ocurrido en diciembre cuando dijo que les había transferido diez mil millones.

Al ser preguntado cómo materializará el PP su ofensiva en Europa con los fondos, Casado ha dicho que el PP exige «rendición de cuentas» y ha avisado que no descartan ninguna vía para denunciar esa gestión con los fondos.

«No descartamos ninguna vía, la vía contencioso administrativa en el TS, que es la Sala que tiene que velar por la buena gestión de los recursos públicos ni descartamos que se pueda llevar al TC, por cuanto se estaría vulnerando la igualdad de los españoles que consagra nuestra Constitución. Y por supuesto, no descartamos que a través de los órganos de supervisión europeos pidamos cómo están yendo estas cuestiones», ha enfatizado.

En este punto, ha destacado las declaraciones de Siegfried Muresan, diputado del PPE y uno de los supervisores que evalúa los fondos, asegurando que «si no se cuenta con las autoridades autonómicas y municipales se está incumpliendo el mandato del Reglamento europeo para la gestión de los fondos comunitarios». «Nada distinto a lo que venimos diciendo, con un intento de que el Gobierno nos haga caso», ha concluido.

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha insistido este viernes en defender que una posible revisión del Plan de la Corona Norte de Doñana debe partir de una propuesta «muy rigurosa» que emane directamente de la Junta de Andalucía y que sea «pactada» con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y el Gobierno de España.

Juan Espadas ha vuelto a pronunciarse sobre esta cuestión a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en Sevilla tras mantener una reunión en la sede del PSOE-A con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y a propósito de la proposición de ley que, de forma conjunta con Ciudadanos (Cs), por un lado, y con Vox, por otro, ha registrado el PP-A en la Cámara autonómica, relativa a la mejora de la ordenación de las zonas de regadío del Condado de Huelva.

El líder socialista ha opinado que, en esta cuestión, «el PP ha entrado en una deriva muy delicada», y «ha metido la pata hasta el fondo» en algo que es «la joya de la Corona», en alusión al espacio natural de Doñana.

Al respecto, Espadas ha dicho que cree que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, «no es consciente de lo que significa Doñana para la imagen de Andalucía, los productos de la comarca, la fragilidad» de un ecosistema que «es patrimonio de la humanidad» y de cuyo «cuidado y protección» la Junta es su «máximo responsable».

El líder del PSOE-A ha acusado a Moreno de actuar «de manera torticera» ante un «asunto complejo», ya que «se esconde» tras los parlamentarios del PP de Huelva para trasladar al Parlamento una «bomba de relojería».

En esa línea, Espadas ha aseverado que el Gobierno andaluz «no debería lanzarle la patata a sus compañeros» en el Grupo Popular «para que presente una iniciativa» al respecto de este asunto. «Así no», ha sentenciado el líder del PSOE-A, para quien se está cometiendo «una auténtica locura a la hora de plantear ese tipo de iniciativas hurtando la participación de agentes en el territorio», y sobre un recurso como el agua que es «el elemento frágil del que depende la vida de Doñana».

Espadas ha criticado que la iniciativa registrada en el Parlamento ha sembrado «dudas» en la Unión Europea, que «se fió de España y de la Junta con la aprobación de aquel plan de 2014, que calmó los mercados» y «dio seguridad jurídica», y ahora el presidente de la Junta «ha reabierto» todo eso «y parece que no ha roto un plato, como es habitual», según ha opinado.

Tras criticar que desde el Gobierno andaluz se «hurta el debate, la participación» en torno a este proyecto, «incluso mintiendo al Consejo de Participación de Doñana», Espadas ha insistido en que, «si el Gobierno (andaluz) quiere hacer una propuesta de revisión» del Plan de la Corona Norte, que la haga «desde el gobierno».

«Y el PSOE de Andalucía claro que se sentará, a lo mejor para decirle que no, o ver si es posible técnicamente mejorar la propuesta», ha continuado el líder socialista, que ha defendido que «Doñana es clave para Andalucía, para los productos y agricultura de la comarca, y para la imagen que trasladamos a los mercados», por lo que «la propuesta tiene que ser muy rigurosa, seria, medida y pactada con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y el Gobierno de España», ha concluido Juan Espadas.

El abogado que defenderá a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ve «mala fe procesal» en la querella por presunta prevaricación y malversación, por la que la primera edil declarará como investigada el próximo 4 de marzo.

El abogado, Àlex Solà, se ha pronunciado así en rueda de prensa junto al concejal de Derechos de Ciudadanía, Marc Serra, y el jefe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, Manuel Mayo, para informar sobre el contenido de la querella, que ya han recibido.

Solà ha destacado que la querella oculta que la Fiscalía archivó los mismos hechos por los que se la investiga ahora, lo que «ha provocado que la justicia actuara con normalidad» y que haya citado a declarar a la alcaldesa.

Según ha explicado, la justicia ha actuado con normalidad porque ha admitido a trámite unos hechos que «si fueran ciertos serían delictivos», pero ha subrayado que no lo son.

Ha detallado que en la querella constan «frases largas y textuales» que ya aparecían en la anterior denuncia interpuesta por Abogados por la Constitución, algo que, según él, denota que la asociación que la ha denunciado ahora ha tenido acceso a la denuncia anterior, que fue archivada por Fiscalía.

Así, ha apuntado que la acusación es reiterativa y desordenada y que en ella «se apunta a las mismas entidades y a los mismos expedientes que ya han sido analizados por Fiscalía».

En ese sentido, ha señalado que la denuncia «se enmarca dentro del lawfare», con la que cree que se pretendía conseguir la declaración de la alcaldesa como investigada.

«INTENCIONALIDAD POLÍTICA»

Por su parte, Serra ve en la querella una «clara intencionalidad política de persecución contra Colau para atacar su imagen y su reputación» y un abuso de derecho, y se ha preguntado por qué se cita a la alcaldesa como querellada y a otros concejales del Gobierno municipal como testimonios.

Ha asegurado que, tras tener acceso a la querella, están «todavía más tranquilos» y con la disposición de colaborar y clarificar cualquier malentendido –ha dicho– que haya podido haber.

La ha tachado de «caótica, desordenada, infundada y que reproduce fragmentos idénticos» a la denuncia que se presentó a Fiscalía y que se archivó el pasado mes de julio, y ha detallado que no aporta pruebas nuevas.

Ha lamentado que el objeto de la querella, que trata de diferentes subvenciones otorgadas a entidades, «no pone el foco tanto en la forma, sino en qué entidades son», que él mismo ha indicado que son entidades como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Enginyers sense Fronteres y Aigua és Vida.

«Parece que lo que preocupa no son las irregularidades, sino la propia actividad de estas entidades», que están comprometidas con la defensa de los bienes comunes, como la vivienda y la gestión pública del agua, ha apuntado.

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha planteado la supresión de las sujeciones químicas o mecánicas en las residencias y solo cabrá la excepción de forma temporal y controlada, según han informado fuentes del departamento que dirige Ione Belarra.

Así se refleja en el acuerdo de acreditación y calidad de centros y servicios que el Ministerio está trabajando en el diálogo social con sindicatos y patronal. Según precisan las mismas fuentes, aunque está aún en mesas de negociación, nadie ha manifestado hasta ahora problemas con este punto.

Según la redacción actual del documento, se deberá garantizar una «atención libre de sujeciones» a todas las personas atendidas en centros residenciales, ya sean estas sujeciones «físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas».

Además, los centros deberán tener el compromiso formal respecto a esta atención libre de sujeciones que se acreditará mediante la existencia de un ‘Plan de reducción/supresión de sujeciones’.

De acuerdo con el texto, solo se podrán utilizar sujeciones con «carácter excepcional y temporal» y la decisión de aplicarlas estará sometida, en todo caso, a un «procedimiento documentado» que cuente con supervisión facultativa, consentimiento informado, determinación de tiempos y formato de la sujeción y la valoración de necesidad de comunicación al Ministerio Fiscal, así como con un análisis de riesgos.

Asimismo, precisa que «excepto en intervenciones puntuales de urgencia», no se implantará ninguna sujeción hasta que se haya constatado el «fracaso de otras medidas alternativas», debidamente documentadas y detalladas sobre aquellos intentos alternativos realizados, los motivos de su fracaso y las consecuencias que se hubieran producido.

El procedimiento para la adopción de sujeciones deberá, además, prever un protocolo documental específico para aquellos casos de urgencia en los que exista riesgo de integridad de la persona residente, de las personas cuidadoras o de terceras personas y no se puedan respetar las consideraciones contempladas en el apartado anterior.

Según la redacción actual, la persona residente sometida a sujeciones físicas o químicas será mantenida en «condiciones dignas» y «bajo el cuidado y supervisión inmediata y de forma regular» de personas profesionales del centro.

En todo caso, se insiste en que estas medidas siempre tendrán carácter «temporal» y se plantea, para estas personas, diseñar planes personales de reducción de sujeciones que contemplen la planificación de estrategias alternativas de apoyo positivo.

Finalmente, señala que todos los casos de sujeción física o química quedarán registrados en el historial de la persona residente; serán objeto de reporte a la Inspección cuando ésta lo requiera y se proporcionará formación al personal de atención directa en la atención libre de sujeciones.

Precisamente, el pasado miércoles, el diario El País adelantó que una mujer mayor con alzhéimer había muerto asfixiada por las correas empleadas para sujetarla a la cama en su residencia en el municipio madrileño de Villa del Prado, el pasado mes de junio.

Además, señalaba que este mismo centro de mayores estaba siendo investigado por la Fiscalía por el posible homicidio imprudente de otra mujer en 2019, que salió del centro sola en silla de ruedas y falleció tras caer por una rampa y chocar con un muro.

El diputado de la CUP y secretario tercero de la Mesa del Parlament, Pau Juvillà, ha anunciado que presentará un recurso de casación ante la sala del contencioso administrativo del Tribunal Supremo (TS) para defender su acta de diputado, después de que la Junta Electoral Central (JEC) haya acordado la retirada de su escaño, y los servicios jurídicos de la Cámara también presentarán un recurso.

Lo ha dicho en rueda de prensa en la Cámara catalana este viernes, junto con la presidenta del Parlament, Laura Borràs; los miembros independentistas de la Mesa Alba Vergés, Rubén Wagensberg (ERC), Aurora Madaula (Junts), y el diputado de los comuns Lucas Ferro.

El diputado anticapitalista, condenado a seis meses de inhabilitación por desobediencia cuando era concejal en Lleida, ha asegurado que agotarán todas las vías legales, y ha destacado la «firmeza de la presidenta del Parlament» en defensa de su escaño.

Juvillà no ha aclarado si presentarán medidas cautelares o cautelarísimas, y ha insistido en que se acoge al dictamen que aprobó el Parlament el 17 de diciembre –con el apoyo de 113 diputados del PSC, ERC, Junts, CUP y comuns– que acordaba que ningún miembro electo podía perder su condición de diputado sin una sentencia firme.

Pese a que el dictamen contó con el apoyo de los socialistas, este viernes no había ningún representante del PSC en la rueda de prensa, y Juvillà ha asegurado que prevalece el dictamen del 17 de diciembre y entiende que «el PSC está en la defensa de la soberanía del Parlament», ya que la situación no ha cambiado y ahora tampoco hay una sentencia firme.

Ha pedido ampliar el foco de este caso: «Somos más de 4.000 personas represaliadas por el proceso de autodeterminación. La única voluntad del Estado es eliminar la disidencia política», tras lo que ha mencionado los casos de la expresidenta de la Cámara Carme Forcadell, del expresidente del Govern Quim Torra, así como de otros miembros de la Mesa implicados en casos judiciales.

«SUSPENSIÓN DEMOCRÁTICA»

Para Juvillà, el hecho de que se inhabilite a cargos elegidos democráticamente por mantener lazos amarillos, como le ha ocurrido a él, evidencia «la suspensión democrática» del Estado, y ha pedido que no se normalice esta situación, que considera un ataque a la libertad de expresión y a los derechos políticos fundamentales.

«Comparecemos juntos, unidos y firmes contra la represión», ha sostenido el diputado ‘cupaire’, que ha dicho que quieren dar una respuesta clara y conjunta al acuerdo de la JEC.

Preguntado sobre la presentación de medidas cautelares o cautelarísimas, Juvillà ha respondido que hay un equipo de juristas trabajando en ello y que se agotarán «todas las vías jurídicas previstas en el reglamento», y ha reconocido que desconoce cuáles son porque él es biólogo, no jurista.

«Mi caso se pone a disposición de una lucha colectiva. Haremos lo que sea mejor en cada caso para avanzar colectivamente», ha reiterado el diputado, que ha añadido que el Estado está constantemente innovando en sus estrategias jurídicas y considera que se harían un flaco favor a sí mismos si avanzasen las suyas.

Al preguntársele si descarta desobedecer si el Supremo avala el acuerdo de la JEC de retirarle el acta, Juvillà ha afirmado: «Ni nos aferramos ni renunciamos a nada», y ha repetido que utilizarán la mejor estrategia posible para mantener la cohesión y hacer de esta causa una herramienta para denunciar la represión que, según él, está ejerciendo el Estado.

El diputado ha afirmado que no tiene «mucha confianza en la justicia española», al ser preguntado por si cree que su caso acabará de una manera diferente que el de Torra, que fue inhabilitado por desobediencia, y ha recordado que en su caso se trataba de una campaña electoral a unos comicios a los que su formación no se presentaba.

Agentes de la Policía Local de Vigo han detenido en las últimas horas a dos vecinos de la ciudad como supuestos autores de sendos delitos de violencia de género.

Según han informado fuentes policiales, la primera intervención se produjo sobre las 21,15 horas de este jueves, cuando el 092 recibió una llamada alertando sobre una discusión entre un hombre y una mujer en la vía pública, en la calle Emilia Pardo Bazán.

Una vez en el lugar, los agentes fueron requeridos por los clientes de un bar, que identificaron a la pareja que había protagonizado la discusión. La mujer estaba llorando y muy alterada, y relató a los policías que su pareja, P.S.R., vigués de 42 años de edad y que se encontraba a pocos metros, apoyado en un turismo, la acababa de agredir.

Según la versión de ella, mantienen una relación desde hace año y medio y la situación se ha ido deteriorando hasta el punto de que tenían peleas casi a diario.

El maltrato, relató, era tanto verbal como físico y, de hecho, en esa ocasión le había golpeado la cabeza contra el marco de la puerta del turismo en el que estaba apoyado. Por estos hechos, el hombre fue detenido como presunto autor de un delito de violencia de género.

SEGUNDA INTERVENCIÓN

Prácticamente al mismo tiempo otra dotación de Policía Local se desplazó a un domicilio de la calle Ecuador, ante un nuevo aviso por un supuesto episodio de violencia contra una mujer.

Los agentes se entrevistaron con una mujer que les esperaba en la vía pública con una actitud muy agitada. Según les explicó, estaba iniciando el proceso de separación de su pareja tras 20 años de relación, y el hombre, P.A.C., natural de Finlandia y de 50 años de edad, estaba muy irascible.

La requirente señaló que, minutos antes, en el transcurso de una discusión, la había empujado y propinado un golpe, al tiempo que la amenazaba de gravedad. Por ello, el sospechoso fue detenido.

La presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, ha asegurado este viernes que es «imprescindible» reformar la ley de asistencia jurídica gratuita de 1996 para adaptarla a las «necesidades actuales» del gremio.

Así lo ha dicho en el marco del encuentro ‘El futuro de la Justicia Gratuita, a debate en el Congreso de los Diputados’, en el que han participado la presidenta de la Cámara, Mertixell Batet, y los portavoces de justicia de varias formaciones políticas, además de los decanos de los Colegios de Abogados de Madrid y Zaragoza, José María Alonso y Antonio Morán.

Ortega ha insistido en que, aunque la ley que se aprobó en 1996 «era magnífica», «al cabo de 25 años exige una reforma para su adaptación a las necesidades actuales». En este sentido se ha pronunciado también Morán, quién además es presidente de la Comisión de Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía. «O cambiamos la ley o empezamos una situación de caos», ha dicho.

Así las cosas, Alonso ha puntualizado que «se están produciendo nuevas situaciones que requieren la intervención de los letrados del turno de oficio y no están contempladas en la ley». En concreto, ha hecho referencia a los casos de atención a personas jurídicas, a acusaciones particulares y a casos de mediación.

RETRIBUCIONES EN EL TURNO DE OFICIO

Según ha explicado, se dan situaciones en las que los tribunales requieren la designación de un abogado del turno de oficio para casos en los que no se contempla remuneración. «Desde el Colegio contestamos que ningún abogado tiene que trabajar gratis», ha señalado el decano del Colegio madrileño tras insistir en que estos escenarios les coloca en «situaciones complicadas».

Alonso ha incidido en que «tendría que establecerse una norma que dijera que desde el mismo momento en que un juez determina la intervención de un abogado éste tiene derecho a ser compensado».

En este sentido, el decano ha hecho un llamamiento los diputados del Congreso para abordar la reforma y dar solución al gremio. «El juez cobra, el fiscal cobra, el Letrado de la Administración de Justicia cobra. ¿Y el abogado no? Esa es la situación que quiero transmitir», ha señalado.

Asimismo, Alonso ha planteado el caso de los procesos de mediación. «¿Cómo van a actuar los abogados como mediadores si no van a cobrar?», ha indicado para insistir en que este servicio debe ser remunerado.

A la lista ha añadido los casos de intervención para llevar a cabo una conformidad o para los llamados casos de segunda oportunidad que contempla la nueva ley concursal, así como la participación de los abogados cuando se ejerce la acusación particular.

«No puede ser que si alguien que no tiene recursos tenga que depender de si fiscalía quiere o no actuar. Si todos tenemos derecho a ejercer la acusación particular, ¿por qué aquel que no tiene recursos no tiene derecho a un abogado del turno de oficio?», ha señalado.

UNIFICACIÓN DE CRITERIOS ECONÓMICOS

En el marco del debate, el decano del Colegio de Abogados de Zaragoza ha alertado de la «falta de un mínimo de homogeneidad», por lo que ha recomendado introducir criterios en la ley para «intentar» que el trato sea igual en todos los territorios, en referencia a las disparidades en los casos de las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia.

El decano madrileño ha coincidido y ha insistido en la necesidad de «unificar los criterios de retribución» tras puntualizar que, a su juicio, la remuneración actual es «vergonzosa» y requiere un «sacrificio enorme» por parte de los letrados del turno de oficio y los Colegios de Abogados.

Ante este escenario, Alonso ha planteado que la nueva ley de asistencia jurídica gratuita establezca unos criterios de actualización de las remuneraciones conforme al Índice de Precios del Consumidor (IPC).

Entre los asistentes también han pedido que se garantice la «sostenibilidad» de los Colegios de Abogados, que asumen la formación de los letrados del turno de oficio con una «dotación presupuestaria».

LAS PROPUESTAS DE LOS PARTIDOS

Tras escuchar al gremio de abogados, se han pronunciado representantes políticos de los grupos parlamentarios de PSOE, PP, Vox y Ciudadanos.

El diputado socialista Francisco Aranda ha coincidido en la necesidad de abordar esta reforma y ha considerado posible «llegar a acuerdos» en esta materia con la mayoría de los grupos parlamentarios porque la ley de asistencia jurídica gratuita «no va de izquierdas o derechas» sino de «la regulación de un derecho fundamental».

El diputado del PP Luis Santamaría ha aprovechado su intervención para reprochar al Ministerio de Justicia su ausencia en el debate de este viernes. El representante del PSOE, sin embargo, ha insistido en que se trata de unas jornadas parlamentarias y que la ministra no forma parte del legislativo, sino del Ejecutivo.

Asimismo, el dirigente ‘popular’ ha puesto de manifiesto que los grupos parlamentarios desconocen el contenido de la reforma y que no saben cuándo se presentará al Congreso, pero ha asegurado que trabajarán para que «el texto sirva para que se incluyan las mejoras que se han venido reclamando».

En este sentido, Santamaría ha subrayado que «si el gobierno quiere el apoyo del PP tendrá que asumir compromisos presupuestarios, actualizar los servicios que presta el turno, mejorar el servicio de la mano de los colegios de abogados y abogar por la especialización de los profesionales». Ha señalado, también, que es necesario «avanzar en la homogenización de los servicios» para «poner fin a las diferencia entre territorios» e incluir el servicio de orientación gratuita.

Por su parte, la diputada de Vox Patricia de las Heras ha reconocido que una de las desventajas de la ley vigente es que al ser previa al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) no permite «actualizar de manera acompasada» las retribuciones de los letrados del turno de oficio. En este sentido, además, ha sugerido renovar las tablas «para dignificar la profesión».

En su intervención, De las Heras ha planteado el debate sobre si los pagos a los abogados del turno de oficio son retribuciones o indemnizaciones –dado que tributan en el IRPF– y ha subrayado que aunque se establece un valor medio por asunto, no hay un tiempo medio, por lo que hay casos que por el mismo monto pueden llevar seis meses o dos años.

El diputado de Ciudadanos Juan Ignacio López-Bas ha coincidido en que es imprescindible una reforma y ha celebrado las jornadas de este viernes que, según ha dicho, son «una especie de subcomisión acelerada para escuchar a los expertos». «Estamos aquí para escuchar, mas que para plantear ideas», ha dicho.

En este sentido, ha hecho especial hincapié en la «necesidad de actualizar baremos al margen de la modificación legal e introducir circunstancias que deberían ser objeto de retribución económica».

EL ROL DEL ESTADO

Durante la jornada, la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, ha destacado que «el 21% de la población española desconoce que existe el sistema de justicia gratuita y que se pueda acceder en condiciones de igualdad y con la mejor defensa a la tutela judicial efectiva».

La presidenta del Congreso, Mertixell Batet, ha insistido en que «corresponde al Estado garantizar el ejercicio de la tutela judicial» y que todos los ciudadanos estén en condiciones de acceder a la justicia gratuita. «Si hay un 21% de personas que no conoce ni de su existencia parece que deberíamos empezar al menos por ahí», ha dicho.

La Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA) aboga por garantizar la educación a lo largo de toda la vida para lograr un futuro más equitativo, según señala la institución –creada por BBVA en 2007 y que opera en cinco países de América Latina– por el Día Internacional de la Educación, que se celebra este 24 de enero.

Precisamente, la FMBBVA trabaja para facilitar el acceso a la educación y a la formación a los ciudadanos de los países en los que opera para mejorar sus vidas y apoyar sus negocios, dado que la pobreza sigue siendo un factor determinante en el acceso a las oportunidades educativas y solo el 35% de estos emprendedores tienen educación primaria a lo sumo, y el 82% están en situación de vulnerabilidad, por lo que la educación financiera y la formación resultan claves.

Así, en 2021, más de medio millón de emprendedores, a través de las entidades microfinancieras de la FMBBVA, han recibido algún tipo de formación, principalmente educación financiera, pero también en otras como la gestión del negocio o las habilidades digitales, con el propósito de mejorar el manejo y crecimiento de sus emprendimientos. De éstos, más de 180.000 se conectaron a sesiones formativas virtuales.

Además, a través de la plataforma Campus de la propia Fundación se han impartido 304.000 horas de formación online a más de 6.900 empleados. Campus ha sido premiado por su innovación con el uso de la gamificación para la formación.

«La educación es, junto con el emprendimiento, uno de los factores que más influye en el desarrollo y progreso de las personas y sociedades», ha señalado el director general de la FMBBVA, Javier M. Flores. Además, ha subrayado en un comunicado que la pandemia «ha acelerado los procesos de transformación productiva y del mercado laboral en general, y por esta razón, la formación de personas en vulnerabilidad ha cobrado un papel aún más relevante en nuestra propuesta de valor».

Una de las iniciativas para la inclusión educativa de personas sin recursos es la ‘Escuela de Emprendimiento’ que lleva a cabo en Chile, donde otorga certificaciones que acreditan la participación de los microempresarios en su propuesta de enseñanza que tiene una duración de dos años.

Comprende módulos educativos, orientados al empoderamiento, el bienestar familiar, el desarrollo del negocio y el capital social, a los que se ha sumado un nueva dimensión para impulsar el desarrollo de habilidades digitales y utilización de nuevas tecnologías como herramientas que contribuyan a disminuir la brecha digital.

También ha puesto en marcha ‘Aprendiendo en Confianza-Academia PDM’ en Perú, un programa con formato virtual con seis ejes temáticos: finanzas personales, gestión de negocio, alfabetización digital, cuidados de la salud, y bienestar del hogar y género, que ha formado a 18.828 mujeres desde el inicio de 2021.

Mientras, ‘Empropaz’, que lleva a cabo en Colombia, es un proyecto de Bancamía, la entidad de la FMBBVA en Colombia, en alianza con la Agencia de Estados Unidos para el desarrollo Internacional (USAID), la Corporación Mundial de la Mujer Colombia y la Corporación Mundial de la Mujer Medellín, que desarrolla en 76 municipios afectados por la violencia y la pobreza, de los cuales 18 se incorporaron en 2020 para atender a migrantes venezolanos, colombianos retornados y comunidades de acogida.

Por otro lado, la Fundación ha lanzado plataformas de educación virtuales en Colombia, República Dominicana y Chile con el fin de hacer la formación más accesible a los emprendedores, que pueden acceder a ella de forma gratuita desde cualquier lugar con una conexión a internet.

Un ejemplo de ello es ‘Educa-T’ en República Dominicana, impulsado por Banco Adopem, la entidad de la FMBBVA que otorga préstamos con el propósito de propiciar la inserción, permanencia y culminación de la educación superior.

Actualmente, casi 700 personas han recibido estos créditos y más de 200 jóvenes ya se han graduado, y el 75% de ellos están trabajando en áreas afines a su carrera. Además, la beca ‘Transformando Realidades’, en colaboración con BBVA Colombia, permite ir a la universidad a hijos de emprendedores de Bancamía.

CAMBIAR EL RUMBO, TRANSFORMAR LA EDUCACIÓN

El último informe de la UNESCO ‘Reimaginar juntos nuestros futuros: un nuevo contrato social para la educación’, en el que participaron alrededor de un millón de personas a lo largo de dos años y que sirve de inspiración para el lema del Día internacional de la educación –‘Cambiar el rumbo, transformar la educación’– que se celebra por cuarta vez este 24 de enero, hace un llamamiento para «forjar un nuevo contrato social para la educación», que permita construir un futuro mejor, justo y sostenible, en línea con el objetivo 4 de la Agenda 2030.

Un objetivo que, como señala la UNESCO en su informe sobre la ‘Educación para Adultos, Global Report on Adult Learning and Education IV’, dedica la mitad de su formulación al aprendizaje a lo largo de la vida, aunque reciba una fracción mucho menor de la atención global. «Demasiado a menudo el apoyo a la Educación para adultos es solo retórica y esta se deja de lado después para poner un foco desproporcionado en las escuelas y universidades», advierte.

Estos informes se han publicado en un momento de inflexión causado en gran parte por los efectos generados por la COVID-19 en estos últimos dos años. «En esta época excepcional, no podemos seguir haciendo lo mismo de siempre. Tenemos que reparar las injusticias del pasado y orientar la transformación digital hacia la inclusión y la equidad. Y necesitamos que la educación contribuya plenamente al desarrollo sostenible» ha afirmado Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO, con motivo del Día Internacional de la Educación.

Según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), mientras que el desempleo aumentó en uno o dos puntos porcentuales entre 2019 y 2020 con la crisis de la COVID-19, el aprendizaje permanente se ha revelado como un elemento crítico para que los adultos puedan mejorar y reubicarse en un mundo cambiante.

En España, según las estadísticas ‘Nivel de formación, Formación permanente y abandono del Ministerio de Educación y Formación Profesional’, basadas en la Encuesta de Población Activa, el porcentaje de personas de 25 a 64 años que sigue algún tipo de Educación o formación aumentó con la crisis sanitaria.

Según este informe, la población de 25 a 29 años es la que más sigue formándose (25,4%), a gran distancia de las siguientes generaciones, con un 15,3% entre las personas de 30 a 34 años y un 11,4% entre las de 35 a 44. Entre los 45 y los 54 un 9,1% de las personas se siguen formando y entre los 55 y los 64 un 4,9%.

El informe de la UNESCO también señala que, aunque los adultos de los segmentos vulnerables no hayan recibido oportunidades educativas formales en el pasado o no cuenten con habilidades digitales, su participación e inclusión es fundamental para construir un futuro mejor, un hecho que cobra más relevancia en países de África o América Latina.

El líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha exigido a la presidenta de la Cámara catalana, Laura Borràs, y a los miembros de la Mesa del Parlament que retiren el escaño al diputado de la CUP y secretario tercero de la Mesa, Pau Juvillà, en cumplimiento de la decisión de la Junta Electoral Central (JEC), y que procedan a escoger a su sustituto.

Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas este viernes tras una visita a Vic (Barcelona), en las que ha anunciado que Cs ha presentado un escrito a la Mesa del Parlament para exigirle que haga cumplimiento de la decisión de la JEC antes del pleno del Parlament de la semana que viene, que comienza el martes por la tarde.

En el escrito, además de retirar el acta de Juvillà, piden que «revoquen cualquier delegación de voto vigente, suspendan el devengo de cualquier derecho económico y retiren cualquier credencial que hubiese ostentado».

También solicitan que se declare la «nulidad de cualesquiera actos adoptados por el Parlament a instancias del señor Pau Juvillà a partir de la mencionada fecha del 20 de enero de 2022», en referencia al hecho de que el ‘cupaire’ es secretario tercero de la Mesa del Parlament.

Carrizosa ha asegurado que Juvillà va a tener que dejar este escaño «igual que hizo Quim Torra» y ha afirmado que, si Borràs no procede a retirar su acta, estará incurriendo en un delito de desobediencia.

«Y en un futuro, muy posiblemente, Borràs tendrá que dejar de ser presidenta del Parlament si no cumple con la decisión sobre Juvillà», ha añadido.

CARPA INFORMATIVA EN VIC

Carrizosa ha explicado que este viernes han visitado Vic después de que el Ayuntamiento de la localidad «denegara instalar una carpa de Cs sobre el castellano en las escuelas».

«Es un derecho que tenemos en democracia todos los partidos, y que nos lo denieguen es insólito. Parece que no estén aplicando la ley de vagos y maleantes; esto es absolutamente ilegal», ha criticado.

En este sentido, ha anunciado que Cs llevará a los tribunales al Ayuntamiento de Vic y que plantearán un recurso contencioso-administrativo «contra esta vergonzosa resolución» sobre la carpa informativa del partido naranja.