La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha declarado nulo de pleno derecho el Decreto 10/2018, de 26 de abril, por el que se modificó la anterior norma (Decreto 32/2015, de 30 de abril), que regulaba la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre.

El citado decreto había sido recurrido por el Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (Pacma) y como parte demandada figuraba la Junta de Castilla y León y como codemandadas la Fundación Artemisan y el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes.

Pues bien, la sala del TSJCyL, con sede en Valladolid, declara nulo de pleno derecho el nuevo decreto porque en su elaboración se emitió un informe preceptivo del Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León, adoptado cuando la composición del mismo "había sido declarada ilegal por esta misma Sala", en sentencia de 29 de diciembre de 2017, por vulnerar "un pilar fundamental en materia medioambiental" como es el derecho de participación en los procedimientos para la toma de decisiones sobre asuntos que incidan directa o indirectamente en el medio ambiente y cuya elaboración o aprobación corresponda a las Administraciones Públicas.

Asimismo, el TSJCyL considera que se ha vulnerado el principio de transparencia al no ponerse a disposición de los miembros del órgano asesor, el 15 de diciembre de 2017, antes de la reunión en la que debían exponer las razones por las que informan en uno u otro sentido la norma que se les remite, los datos e informes científicos que sirven de base al proyecto de decreto, que es muy técnico como dicen los representantes de las asociaciones civiles y la federación de caza.

Los representantes de Ecologistas en Acción, de SEO/Birdlife y de la Federación de Caza de Castilla y León pusieron de manifiesto ya entonces la necesidad y conveniencia de tener esos informes porque el proyecto de decreto era muy técnico y difícil de valorar si no se tenía la información base.

"En conclusión, al momento de examinarse si se ha observado el procedimiento legalmente establecido en la elaboración de la disposición reglamentaria impugnada cabe constatar que el informe preceptivo que debe emitir el Pleno del Consejo Regional de Medio Ambiente ha sido evacuado por un órgano que se ha constituido al amparo de una norma reglamentaria nula de pleno derecho en virtud de una sentencia que es firme, produciendo la anulación efectos 'ex tunc".

No se trata de que el Pleno del Consejo Regional de Medio Ambiente se haya constituido defectuosamente por la participación en él de uno o más integrantes que no debieran estar en él, apostilla el TSJCyL, sino más bien de que "todo el órgano asesor está mal constituido porque vulnera un pilar fundamental en materia medioambiental, el derecho a participar en los procedimientos para la toma de decisiones sobre asuntos que incidan directa o indirectamente en el medio ambiente, y cuya elaboración o aprobación corresponda a las Administraciones Públicas".

El decreto ahora anulado modificó uno anterior que vio anulado varios de sus preceptos por el mismo Tribunal, si bien posteriormente se levantó parcialmente esta nulidad tras estimar el Tribunal Supremo el recurso de casación presentado por la Junta de Castilla y León.

La sentencia cuenta con un voto particular concurrente y un voto particular discrepante, según ha informado el Alto Tribunal castellanoleonés.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que el Gobierno gallego ha acordado en su reunión de este jueves interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de cambio climático y Transición Ecológica, al no lograr llegar a un acuerdo en el seno de la Comisión Bilateral con el Estado.

Feijóo, quien reiteradamente ha reprobado la actitud del Gobierno con Ence, ha lamentado tener que dar el paso ante la "discrecionalidad" de la norma y ha explicado que el recurso tiene como objetivo buscar una solución que "dé seguridad" jurídica a más de un centenar de empresas de la cadena mar-industria y a otras cerca de 3.000 edificaciones ubicadas en la línea de costa.

En el Boletín Oficial del Estado del 21 de mayo se publicó la Ley de cambio climático, con respecto a la que el Gobierno gallego mantiene discrepancias en relación con el artículo 20, que prevé la consideración del cambio climático en la planificación y gestión de la costa, así como en la gestión de los títulos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre (DPMT).

Esto es algo que, según argumenta la Xunta, afecta la duración de las concesiones y de sus prórrogas en el DPMT, así como los requisitos para acceder a estas, provocando "una gran confusión normativa", sin permitir que sus destinatarios y los operadores jurídicos sepan la que atenerse.

DUDAS EN EL ÁMBITO DE LAS PRÓRROGAS EXTRAORDINARIAS

Esta regulación suscita "grandes dudas respecto del derecho vigente" en el ámbito de las prórrogas extraordinarias de que se trata, "vulnerando así la seguridad jurídica".

Supone limitar la duración máxima de las concesiones a 75 años, incluidas las prórrogas, que sólo se concederán "de ser posibles", es decir, "si el Estado las considera posibles" y con base a "criterios indeterminados", lo que "pone en riesgo la viabilidad de las empresas que diseñaron sus planes empresariales de acuerdo con los plazos anteriormente previstos".

Galicia, sostiene la Xunta, ha advertido desde 2019 de la "inseguridad jurídica" que genera para las compañías del complejo mar-industria las decisiones del Gobierno central, "primero impulsando la modificación del Reglamento general de costas y ahora con esta Ley de cambio climático, que será impugnada por el Gobierno gallego ante el Tribunal Constitucional al no haber acuerdo entre administraciones.

Un total de 45 municipios de 13 comunidades autónomas han recibido este jueves el premio 'Pajaritas Azules' otorgadas por ASPAPEl para destacar su excelencia en la gestión de recogida selectiva de papel y cartón y por su compromiso con el reciclaje durante la pandemia provocada por la COVID-19.

La ceremonia de entrega de premios ha estado presidido por el secretario de Estado de Política Territorial, Alfredo González, y por la presidenta de Aspapel, Elisabet Alier, que han estado acompañados por el director general de calidad y evaluación ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Ismael Aznar.

En Pajaritas Azules 2022, el palmarés está integrado por un total de cuarenta y cinco entidades locales: veintiocho que han obtenido el máximo reconocimiento con tres Pajaritas Azules, nueve que han obtenido dos y ocho que han recibido una.

Por comunidades autónomas, han recibido Pajaritas Azules, 8 municipios de Andalucía; 8 de la Comunidad de Madrid; 6 de Cataluña; 5 de Castilla y León; 3 de Islas Baleares; 3 de País Vasco; 2 en Aragón, Castilla-La Mancha y La Rioja, respectivamente; y 1 municipio en cada una de las siguientes comunidades autónomas: Canarias, Comunidad Foral de Navarra, Extremadura, Galicia, Principado de Asturias y Región de Murcia.

Además han recibido la categoría de Tres Pajaritas Azules, con máximo reconocimiento 28 entidades locales: Ayuntamientos de Barcelona, Bilbao, Cáceres, Cádiz, Calviá, Ciudad Real, Córdoba-SADECO, Coslada, Prat de Llobregat, Fuenlabrada, Getafe-LYMA, Gijón-EMULSA, Granadilla de Abona-SERMUGRAN, Lérida, Logroño, Mollet del Vallès, San Fernando, Sevilla-LIPASAM, Soria, Valladolid, Vitoria-Gasteiz, Consorci de Residus i Enegia de Menorca, Consorcio Agrupación nº1 Huesca - GRHUSA, Consorcio R.S.U. Ciudad Real - R.S.U. Medio Ambiente, Diputación de Córdoba - EPREMASA, Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y Mancomunidad de San Marcos.

El premio de Dos Pajaritas Azules, ha recaído a los Ayuntamientos de Burgos, Castelldefels, Dos Hermanas, Pinto, Reus, Salamanca, Segovia, Zaragoza y Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja.

Con Una Pajarita Azul, Aspapel ha distinguido a 8 entidades locales: los Ayuntamientos de Alcorcón-ESMASA, Las Rozas, Lorca-LIMUSA, Málaga-LIMASAM, Ourense, Palma - EMAYA, Parla y Rivas-Vaciamadrid-RIVAMADRID.

Durante 2021 ASPAPEL recogió de forma selectiva 4,3 millones de toneladas de papel y cartón usado y se han reciclado 5,3 millones de toneladas.

En la clausura, el secretario de Estado ha destacado que las entidades locales muestran año tras año un compromiso firme con la sostenibilidad y lo hacen en múltiples ámbitos, entre ellos en los procesos de reciclaje y reutilización de papel y cartón".

"Resulta indispensable redoblar la apuesta por la economía circular, un concepto que este Gobierno ha incorporado entre sus prioridades a la hora de afrontar la emergencia climática. Y con el Plan de Recuperación estamos ante una oportunidad histórica para acometer las reformas pendientes y para transformar el aparato productivo desde criterios acordes con el objetivo de lucha contra el cambio climático", ha añadido.

Mientras, el director general de Calidad y Evaluación Ambiental, Ismale Aznar, ha puesto de ejemplo a los premiados de esta edición de como avanza la Economía Circular en España pero ha insistido en que queda mucho camino por recorrer. "Desde la Administración estamos desarrollando el marco normativo y movilizando recursos financieros para hacerlo posible", ha asegurado.

Por su parte, la presidenta de Aspapel ha apuntado que a pesar de la difícil situación causada por la pandemia este año se ha batido récord de participación en el programa con 45 premiados, lo que en su opinión demuestra le compromiso de las entidades públicas con la excelencia en la recogida selectiva de papel y cartón.

Alier ha agradecido a los premiados que incluso en los peores momentos de la pandemia dieran servicio a todos los ciudadanos y mantenido los niveles de recogida de papel usado, de modo que la industria ha podido continuar con su actvidad recicladora.

En ese sentido, ha precisado que por la pandemia la pandema la recogida selectiva ha experimentado en 2020 un ligero retroceso, que ha cifrado en el 0,8 por ciento. Según sus datos, en 2021 se han recogido de manera selectiva en España 4,3 millones de toneladas de papel y cartón usado, y se han reciclado 5,3 millones de toneladas, lo que sitúa al país en el "segundo país de la UE más reciclador". "Debemos preservar y reforzar nuestro modelo de recogida, pues los datos avalan su éxito año tras año", ha defendido.

De cara al futuro, ha dicho que el reto es mejorar la eficiencia de los sistemas de recogida separada y adaptarlos a los nuevos hábitos de consumo.

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado 5.545 casos positivos de Covid-19 y 26 personas fallecidas desde el pasado viernes, por lo que el total de víctimas es de 2.178 desde el inicio de la pandemia.

Asimismo, en los hospitales extremeños hay en este momento 112 personas hospitalizadas, 14 de ellas en UCI. En la última semana se han dado 9.175 altas epidemiológicas, lo que equivale a un total de 182.463.

La incidencia acumulada a los 14 días en la región se sitúa este jueves en 1.244,91 casos por 100.000 habitantes y a los siete días en 495,64, según ha informado la Junta en nota de prensa.

FALLECIDOS POR ÁREAS DE SALUD

Por áreas de salud, el Área de Salud de Badajoz ha registrado nueve fallecimientos. En concreto, el de una mujer de 88 años de Villanueva del Fresno, un varón de 86 años de Badajoz, un varón de 80 años de Oliva de la Frontera, una mujer de 90 años de Badajoz, un varón de 87 años de Corte de Peleas, una mujer 84 años de Badajoz, un varón de 70 años de Badajoz, una mujer de 74 años de Badajoz y una mujer de 66 años de Badajoz.

El Área de Salud de Cáceres ha registrado dos fallecimientos, el de una mujer de 95 años de Cáceres y una mujer de 80 años de Cáceres, mientras que el Área de Salud de Plasencia también ha informado de dos fallecimientos, el de un varón de 91 años de Malpartida de Plasencia y un varón de 74 años de Jaraíz de la Vera.

Por su parte, el Área de Salud de Mérida ha registrado cinco fallecimientos, los de una mujer de 92 años, un varón de 81 años, una mujer de 97 años, una mujer de 72 años y una varón de 91 años, todos ellos de Mérida.

El Área de Salud de Don Benito-Villanueva ha notificado cuatro fallecimientos, el de una mujer de 69 años de Don Benito, un varón de 78 años de Villanueva de la Serena, una mujer de 84 años de Don Benito y una mujer de 85 años de Villanueva de la Serena.

Finalmente, el Área de Salud de Navalmoral ha comunicado el fallecimiento de un varón de 75 años de Villanueva de la Vera; el Área de Salud de Coria ha comunicado los fallecimientos de un varón de 69 años de Moraleja y una mujer de 95 años de Coria y el Área de Salud de Llerena-Zafra ha notificado el fallecimiento de un varón de 77 años de Zafra.

De los fallecidos comunicados 19 estaban vacunados y siete no, según ha apuntado la Junta de Extremadura en nota de prensa.

DATOS DEL DÍA POR ÁREAS DE SALUD

De igual forma, este jueves, el Área de Salud de Badajoz ha notificado 282 casos positivos. Tiene 31 pacientes hospitalizados, tres de ellos en UCI, y registra desde el inicio de la pandemia 397 fallecidos y 61.573 altas.

El Área de Salud de Cáceres ha notificado 136 casos positivos. Tiene 31 pacientes ingresados, seis de ellos en UCI, y acumula 563 fallecidos y 18.927 altas.

El Área de Salud de Mérida ha registrado 104 casos positivos, tiene 15 pacientes hospitalizados por Covid-19, tres de ellos en UCI, y acumula 285 fallecidos y 35.073 altas.

Finalmente, el Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena ha notificado 67 casos positivos. Tiene 15 pacientes hospitalizados, dos de ellos en UCI y a.cumula 300 víctimas mortales y 23.805 altas.

Asimismo, los centros educativos de Extremadura cuentan actualmente con 23 aulas en el modelo de enseñanza telemática debido a casos de Covid-19 entre su alumnado, es decir, 31 menos que hace una semana.

Madrid, Cataluña y Cantabria se han mostrado favorables a retirar la mascarilla en las aulas, aunque el escepticismo reina en muchas comunidades autónomas, que piden prudencia a la hora de decidir sobre esta obligación y delegan esta decisión en el Ministerio de Sanidad.

Así, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares, Asturias, La Rioja, Extremadura, Aragón y Castilla y León son escépticas con respecto a la propuesta realizada por la Asociación Española de Pediatría (AEP).

Dicha asociación ha ideado un calendario para que su uso llegue a su fin: en 1º y 2º de Primaria a partir del 28 de febrero; en 3º y 4º de Primaria a partir del 14 de marzo; en 5º y 6º de Primaria a partir del 28 de marzo; en la ESO a partir del 25 de abril; y en Bachillerato a partir del 9 de mayo.

Desde Castilla-La Mancha, la portavoz del Gobierno, Blanca Fernández, ha pedido "prudencia", alegando que estas cuestiones han de ser consensuadas y responder a criterios científicos. "Estamos en un momento en el que ya parece que estamos venciendo a la pandemia y sería deseable que la precipitación no nos juegue una mala pasada", ha defendido.

Por su parte, el conseller de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat valenciana, Vicent Marzà, señaló este miércoles que la región hará lo que digan las autoridades sanitarias. El titular de Educación ha recordado que "la desescalada ya se está comenzando a producir, pues ya no es obligatorio el uso de la mascarilla en espacios abiertos, en este caso en los patios", pero también ha querido destacar que todavía continúa la pandemia.

"Es una decisión que debe estar avalada por informes técnicos y ser valorada en función de la evolución de la pandemia. Además debe ser consensuada por las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial", indican fuentes de la Consejería de Salud de la Región de Murcia.

Muy similar es la respuesta del Govern balear, cuya Conselleria de Salud y Consumo señala: "En Baleares seguiremos la estrategia que marque la ponencia de alertas y la Comisión de Salud Pública, que toma decisiones basadas en el consenso y sobre todo en informes técnicos basados en la evidencia científica".

Asimismo, la consejera de Educación de Asturias, Lydia Espina, ha explicado que, al ser un tema "sanitario y técnico" no puede "posicionarse" sobre ello. Educación, ha dicho, sigue "siempre" las directivas sanitarias, y está a la espera de "cualquier instrucción" tanto del Ministerio de Sanidad como de la Consejería de Salud. "De momento no hay absolutamente ninguna novedad sobre el tema", ha remarcado.

Fuentes de la Consejería de Educación de La Rioja afirman que sobre este tema, el criterio que tiene la comunidad es estrictamente sanitario y, por tanto, se hará lo que se les diga desde Salud.

El vicepresidente segundo de la Junta de Extremadura y consejero de Sanidad, José María Vergeles, considera "prematura" la retirada de las mascarillas en las aulas. Vergeles ha apuntado que aún se cuenta con unas incidencias elevadas en la población infantil y ha indicado que su posición en la reunión de este pasado miércoles del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) fue que, si hay que estudiar las recomendaciones de los pediatras, que se haga.

Y desde Castilla y León, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha pedido una decisión conjunta en el marco del Consejo Interterritorial. Fernández ha insistido en que es el Ministerio de Sanidad el que debe liderar este acuerdo con el fin de que la asunción de medidas de relajación de este tipo se pongan en marcha de forma conjunta en todas las autonomías y ha defendido que estas acciones deben estar avaladas siempre por criterios científicos.

También el Gobierno de Aragón remite a Sanidad, que es la que tiene competencias en este asunto y desde Canarias aseguran que, de momento, no se contemplan cambios sobre el uso de mascarilla en el interior de los centros educativos.

Por su parte, el consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, aseguró este miércoles que veía "prematura" la retirada de las mascarillas en el interior de las aulas de los colegios y fue partidario de esperar "de tres a cuatro semanas" para que la cifra de incidencia acumulada en las aulas sea menor.

CC.AA A FAVOR DE LA MEDIDA

En cuanto a las regiones que sí se han manifestado a favor de la medida, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha dicho compartir la medida planteada por la Sociedad Española de Pediatría (AEP). "Lo que propone tiene mucho sentido. Es verdad que la mascarilla dentro del aula tiene un componente de dificultad en el aprendizaje y sobre todo si estamos en fase de control de contagios, de no transmisión comunitaria, ese es el siguiente paso que vamos a dar", ha explicado el consejero, quien ha indicado que es un "horizonte" a afrontar "no con mucha demora".

Del mismo modo, la Generalitat catalana ha asegurado que quiere quitar la obligatoriedad de las mascarillas dentro del aula antes de que acabe el trimestre. De hecho, el conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, ha reiterado este jueves la voluntad del Govern de que las aulas sean "el primer lugar" donde se retiren las mascarillas en interiores.

Y el director general de Salud Pública de Cantabria, Reinhard Wallmann, se ha mostrado "totalmente abierto" a que se evalúe la medida y pueda replantearse el uso de la mascarilla en las aulas, al considerar que podría ser "posible" retirarla en un momento de "baja incidencia".

Los gobiernos de Navarra, País Vasco y Galicia no se han posicionado todavía al respecto.

La Comisión Bilateral entre el Gobierno y el Govern se reunirá este viernes en el Palau de la Generalitat para cerrar varios traspasos, en la que será el segundo encuentro de este organismo desde que se reactivó el 2 de agosto en Madrid tras tres años de parálisis.

El encuentro comenzará a las 17.00 horas y está previsto que después comparezcan ambos gobiernos de manera separada en el Palau de la Generalitat.

Por parte del Govern, la reunión estará encabezada por la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà; junto al vicepresidente y conseller de Políticas Digitales y Territorio, Jordi Puigneró; el conseller de Economía, Jaume Giró, y la delegada de la Generalitat en Madrid, Ester Capella.

La delegación del Gobierno central estará formada por la ministra de Política Territorial y portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez; el secretario de Estado de Política Territorial, Alfredo González; el secretario de Estado de Hacienda, Héctor Fernando Izquierdo; el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, Rafael Simancas, y la delegada del Gobierno en Catalunya, Maria Eugènia Gay, entre otros.

La reactivación de este organismo forma parte del restablecimiento de las relaciones entre la Generalitat y el Gobierno de Pedro Sánchez, ya que estuvo paralizado entre 2011 y 2018 durante los años del proceso independentista y la Presidencia de Mariano Rajoy, mientras que en 2018 con Quim Torra en el Govern hubo una Comisión Bilateral pero finalizó sin encuentros y no tuvo más continuidad.

Con la llegada de Pere Aragonès a la Presidencia del Govern y el deshielo de las relaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez, ambos gobiernos trataron de reimpulsar la Comisión Bilateral con un primer encuentro en agosto, en el que fijaron los ejes prioritarios para llegar a acuerdos y pactaron varios grupos de trabajo que se han reunido en estos meses.

Desde la Generalitat siempre han diferenciado este órgano de la mesa de diálogo, ya que defienden que la Comisión Bilateral se debe limitar a la negociación de traspasos y cuestiones competenciales, mientras que la solución al conflicto catalán se debe discutir en la mesa de diálogo.

El encuentro se celebra una semana antes de la Conferencia de Presidentes en la isla de La Palma, en la que todavía está en el aire la presencia de Aragonès, que el miércoles afirmó que "ahora mismo" no prevé asistir, y sigue sin fecha la próxima reunión de la mesa de diálogo que en un inicio debía reunirse a principios de año, aunque esta Comisión puede servir de antesala para un próximo encuentro.

ORDEN DEL DÍA

Tras las reuniones técnicas previas, fuentes de la Generalitat han afirmado que han pactado con el Gobierno incluir en el orden del día varios traspasos que esperan encarrilar en esta Comisión Bilateral para acabar de firmarlos formalmente en las ponencias técnicas posteriores.

El primero de estos traspasos es el de la gestión de las becas para estudiantes, una reivindicación histórica del Govern que fuentes del Ejecutivo catalán esperan materializar este viernes, y que la Generalitat calcula que podría suponer una transferencia anual por parte del Estado de 120 millones de euros.

En el encuentro de este viernes también prevén encarrilar el acuerdo para transferir la gestión de seguros escolares y revisar las competencias en la gestión de los juzgados.

Otro de los preacuerdos que esperan sellar será el traspaso de la competencia del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que el Govern quiere asumir para poder compatibilizarlo con la prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) y que se acabará de concretar en los trabajos técnicos posteriores, aunque fuentes de la Generalitat admiten que pueden haber dificultades para llevarlo a cabo.

Además, los dos gobiernos prevén cerrar varias transferencias patrimoniales de infraestructuras como el observatorio del Turó de l'Home y la concesión de las autovías B-23 y B-30, el Canal Xerta-Sènia, dos fincas rústicas y varias depuradoras.

El Gobierno Central también indicó esta semana que en el orden del día estaría la participación de la Generalitat en Turespaña, el organismo nacional de Turismo encargado de la promoción en el mundo de España como destino turístico, dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

CRÍTICAS DEL GOVERN

En rueda de prensa este jueves, la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, ha destacado los acuerdos que se pueden producir en este encuentro pero ha lamentado que son "avances tímidos" y ha defendido la necesidad de acelerar los traspasos pendientes que reclama el Ejecutivo catalán.

Asimismo, fuentes de la Generalitat han asegurado que están "decepcionados" porque esperaban incluir en esta reunión el traspaso de la competencia de formación sanitaria especializada, entre ella la de los médicos internos residentes (MIR), de Salvamento Marítimo y algunas competencias de inspección laboral.

De hecho, defienden que en la Comisión Bilateral de agosto ya pactaron avanzar en el traspaso de estos tres asuntos, pero acusan al Gobierno de haberlo paralizado y de no haber querido incorporar estas cuestiones en el orden del día de este viernes.

Este viernes tampoco se hablará de la Comisaría de Policía Nacional de Via Laietana, una de las reivindicaciones principales del Govern porque la quiere reconvertir en un espacio de memoria democrática, mientras que la transferencia de Rodalies se está negociando en el grupo de traspasos que se reunió en noviembre.

CON RODALIES EN EL AIRE

Por parte del Gobierno central, fuentes del Ministerio de Política Territorial señalan que el orden del día aún no está cerrado del todo y que siguen las negociaciones sobre cuestiones como puede ser el traspaso de Rodalies.

A este respecto, el Ejecutivo anunció este martes, tres días antes de la celebración de la Bilateral, la licitación del proyecto de soterramiento de las vías de ferrocarril a su paso por el núcleo urbano de Montcada i Reixac (Barcelona) y la construcción de una nueva estación de cercanías por valor de 387 millones de euros.

En cualquier caso, el Ejecutivo central afronta esta Comisión Bilateral como una reunión "importante" que supondrá "acelerar el pulso" de la cooperación y las relaciones institucionales con Catalunya, según sostienen desde el Ministerio que pilota Isabel Rodríguez.

En este contexto, desde el Ministerio destacan que esta Comisión Bilateral supondrá consolidar "la normalización de la colaboración institucional entre ambos gobiernos", dando cumplimiento a los "compromisos" alcanzados en la reunión del pasado verano en materia de traspasos y de reuniones tanto técnicas como comisiones mixtas.

SIN FECHA PARA LA MESA DE DIÁLOGO

Este martes, la también Portavoz del Gobierno, señaló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Ejecutivo practica el diálogo con "absoluta determinación" y por "convicción" y que por tanto no es necesaria la "valentía" que le reclamó el presidente catalán al Ejecutivo para convocar la mesa de diálogo.

Sin embargo, y ante la petición del Govern de que se celebre una mesa de diálogo a principios de año y se fije cuanto antes la fecha, Rodríguez admitió que la Mesa "no tiene fecha" para la reunión, aunque sostuvo que la "habrá" tal y como se ha comprometido el Gobierno.

En este sentido, fuentes del Gobierno precisaron, que para que se reúna la mesa tiene que haber concreciones y creen que las va a haber.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado 960 nuevos casos por infección de coronavirus en las últimas 24 horas, así como 13 fallecimientos. Estos datos suponen una bajada en el número de positivos con respecto a este miércoles, cuando se produjeron 1.136, pero un incremento en las muertes, que se cifraron en 7.

Por provincias, Toledo ha registrado 372 casos, Ciudad Real 242, Albacete 210, Cuenca 16 y Guadalajara 120, según ha informado la Junta en nota de prensa.

El número acumulado de casos desde el inicio de la pandemia es 466.299. Por provincias, Toledo registra 156.683 casos, Ciudad Real 113.084, Albacete 84.754, Guadalajara 65.481 y Cuenca 46.297.

El número de hospitalizados en cama convencional por COVID-19 es 296. Por provincias, Toledo tiene 103 de estos pacientes (58 en el Hospital de Toledo y 45 en el Hospital de Talavera de la Reina), Albacete 65 (46 en el Hospital de Albacete, 10 en el Hospital de Hellín, 5 en el Hospital de Villarrobledo y 4 en el Hospital de Almansa), Ciudad Real tiene 51 (18 en el Hospital de Ciudad Real, 13 en el Hospital Mancha Centro, 7 en el Hospital de Puertollano, 6 en el Hospital de Tomelloso, 5 en el Hospital de Valdepeñas y 2 en el Hospital de Manzanares), Guadalajara 59 (todos ellos ingresados en el Hospital de Guadalajara) y Cuenca 18 (todos ellos en el Hospital de Cuenca).

Los pacientes ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos que necesitan respirador son 35. Por provincias, Albacete tiene 11 de estos pacientes, Toledo 8, Ciudad Real 7, Guadalajara 6 y Cuenca 3.

En las últimas 24 horas se han registrado 13 fallecidos por COVID-19 en Castilla-La Mancha, concretamente 5 en Toledo, 4 en Cuenca, 2 en Albacete, 1 en Ciudad Real y 1 en Guadalajara.

El número acumulado de fallecidos desde el inicio de la pandemia son 6.839. Por provincias, Toledo registra 2.622 fallecidos, Ciudad Real 1.869, Albacete 1.009, Guadalajara 710 y Cuenca 629.

CENTROS SOCIOSANITARIOS

84 centros sociosanitarios de Castilla-La Mancha tienen casos confirmados de positivo por coronavirus entre los residentes. Concretamente 30 en la provincia de Toledo, 18 en Albacete, 17 en Ciudad Real, 14 en Guadalajara y 5 en Cuenca. Los casos confirmados entre los residentes son 680.

Los fallecimientos acumulados de residentes de estos centros desde el inicio de la pandemia son 2.265.

El Juzgado de lo Penal número 1 de Cáceres ha condenado a un varón a tres años de prisión por golpear con un palo a un anciano, vecino suyo en Ceclavín (Cáceres), que había rechazado salir a la calle como le pedía el acusado.

La sentencia, que no es firme, también establece que el condenado, que tiene la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de la víctima durante cuatro años, deberá indeminizar al anciano agredido con 14.100 euros y al Servicio Extremeño de Salud (SES) con 2.421,57 euros.

Se consideran hechos probados que después de que el acusado se personase hasta en tres ocasiones anteriores en el domicilio de la víctima con la intención de que saliese a la calle, a lo que éste se resistía ante su temor a la situación sanitaria, entre las 17,30 y las 18,30 horas del 8 de febrero de 2021, optó por acudir una vez más y, sin mayor motivo que el de volver a encontrarle en la casa, con la intención de menoscabarle en su integridad corporal, acabó golpeando al anciano con un palo de medianas dimensiones en el rostro.

Como consecuencia de la referida agresión se produjo un menoscabocorporal en el anciano consistente en fracturas de la órbita izquierda con varios trazos de fractura en su pared lateral, con afectación de hueso cigomático y esfenoides y desplazamiento de fragmentos, fractura de pared medial de la órbita izquierda con afectación de lámina papiriácea y numerosas celdillas etmoidales con desplazamiento medial, trazos de fractura en suelo de órbita y fractura de pared anterior superior y medial de seno maxilar.

El anciano precisó para su curación, acontecida en 119 días, 5 de los que fueron de perjuicio grave, 39 de perjuicio moderado y 75 de perjuicio básico, de una primera asistencia facultativa y de un posterior tratamiento médico, en forma de intervención quirúrgica de los huesos de la base de la órbita ocular y colocación de material de osteosíntesis.

Asimismo, la víctima tiene como secuelas funcionales lagoftalmos con caída del párpado inferior que le hace precisar lágrima artificial, hipoestesia de nervio infraorbitario y las derivadas de material de osteosíntesis y como estéticas lagoftalmos con caída del párpado inferior y cicatrices en ceja y a nivel nasal.

En el momento de los hechos el acusado se encontraba en estado deembriaguez, situación que, no obstante, no le impedía ser consciente de lo reprochable de su conducta.

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha anunciado que destinará 500 millones de euros a una asociación, lanzada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para ayudar a los países a cerrar la brecha de financiación de la salud y fortalecer los sistemas sanitarios en África.

Esta medida se ha llevado a cabo en cooperación con la Comisión Europea (CE) y la Unión Africana. Estas instituciones pretenden ayudar a África a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con la salud.

Eso significa restaurar, ampliar y mantener el acceso a los servicios de salud esenciales y aumentar la protección contra riesgos financieros; acceso a vacunas, medicamentos, diagnósticos, dispositivos y otros productos sanitarios; ampliar modelos innovadores de prestación de servicios de atención primaria de la salud e invertir en personal sanitario para prestar una atención de calidad eficaz.

Los objetivos compartidos de la asociación se lograrán mediante la aplicación de un enfoque dirigido por los países, identificando brechas en los sistemas nacionales de salud, diseñando estrategias para intervenciones y sus correspondientes planes de inversión, invirtiendo en proyectos y programas del sistema de salud, convocando a proveedores de capital, apoyando implementación y seguimiento del impacto.

Esta asociación tiene como objetivo movilizar al menos mil millones de euros de inversiones, estructuradas en cooperación con la CE y la OMS, para apoyar esta iniciativa.

"La pandemia de COVID-19 es una poderosa demostración de que cuando la salud está en riesgo, todo está en riesgo. Por lo tanto, invertir en salud en toda África es esencial no solo para promover y proteger la salud, sino también como base para sacar a las personas de la pobreza e impulsar un crecimiento económico inclusivo. La OMS se complace en unir fuerzas con socios africanos, el Banco Europeo de Inversiones y la UE para casar esta importante inversión con la experiencia y los conocimientos de la OMS para construir sistemas de salud resilientes y un futuro más saludable, más seguro y más justo para África", ha comentado el director general de la OMS, Tedros Adhanom.

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha asegurado que la región es la autonomía a la que menos fondos por habitante va a destinar el Gobierno de España procedentes del Fondo Europeo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Durante su comparecencia a petición propia en la Asamblea de Madrid ha aseverado que el Ejecutivo central ha asignado 2.210 millones a la Comunidad de Madrid, cifra que supone el 3,2% de la cantidad que percibirá el país y el 10,4% del importe destinado a las Comunidades Autónomas.

"La primera economía del país, con un 19,3% de aportación al PIB y un 14% de la población española, es la región que menos financiación va a recibir por habitante: 174 euros por persona, 32 menos que Cataluña", ha precisado. Entiende además que los criterios de reparto de los ministerios han sido "sesgados" y han empeorado a Madrid.

Lasquetty ha puesto en valor que en estos momentos hay 18 convocatorias en tramitación por un valor de 130,5 millones y que ya se han pagado 18.500.000 euros en actuaciones realizadas. Ello pese "a la tardanza por parte del Gobierno de la Nación en la transferencia de los fondos".

"Hasta la fecha hemos recibido 1.176,3 millones, de los que el 60% lo hicieron entre la segunda quincena de diciembre y enero de este año", ha asegurado.

Los motivos de este retraso han sido, según él, "estar más pendientes de la propaganda y de montar un sistema de gestión y tramitación enrevesado y opaco, con decisiones fragmentadas en múltiples Conferencias Sectoriales".

Frente a esto, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso "ha actuado con la máxima diligencia para que cada euro recibido se pusiese a funcionar desde el primer momento, con un refuerzo en la dotación de recursos humanos y materiales, y en el marco de un procedimiento que exige rigor y transparencia".

Transparencia que ha faltado, según el consejero, a la hora del reparto entre las distintas CCAA por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, y que se ha traducido "en la concesión de 9 millones de euros para desarrollar políticas de empleo a cuatro comunidades, presididas por socialistas o por sus socios nacionalistas, sin justificación alguna, sin informar previamente en la Conferencia Sectorial y vulnerando sus propios criterios de reparto".

Al hilo, ha señalado que se prevé ejecutar a lo largo de este año 592 millones de euros, que podrían ampliarse en función de las necesidades.

Con ellos se van a llevar a cabo un total de 108 iniciativas ligadas a la revalorización de la industria cultural y el turismo sostenible, el emprendimiento, la movilidad sostenible y el transporte público, la digitalización en el sistema educativo y el impulso de la formación profesional y la atención al alumnado vulnerable, la conservación de espacios naturales, la atención social y modernización de las residencias públicas, y la mejora de la empleabilidad para la población con más dificultades.

SIN NOTICIAS DE LOS PROYECTOS EMBLEMÁTICOS

El consejero también ha apuntado a la "inexistente cogobernanza" a la hora de elegir los proyectos a financiar. "De las tres propuestas emblemáticas solicitadas en septiembre por la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, no hemos vuelto a saber nada: la creación de un polo industrial aeronáutico, la construcción de la Línea 11 de Metro y el desarrollo de una nueva y moderna red de infraestructuras para el tratamiento de residuos domésticos. A día de hoy "desconocemos si se podrán poner en marcha", ha añadido.

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha avanzado este jueves que solicitarán a la Fiscalía que se encargue de estudiar las informaciones del supuesto espionaje al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Así lo ha trasladado Lobato esta tarde en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional al ser preguntado por el supuesto espionaje al hermano de Ayuso que se habría acometido desde la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) del Ayuntamiento de Madrid.

"Indignación por que Madrid vuelva a ser el centro de las luchas internas del PP, de los chantajes y los espionajes y de las amenazas. Exigimos la comparecencia de la presidenta y su consejero (Javier Fernández-Lasquetty) en esta Asamblea para dar explicaciones", ha sostenido el portavoz socialista.

Asimismo, ha pedido que se ponga en marcha la comisión de investigación sobre contratos de emergencias que ya solicitó el PSOE y ha pedido que se ponga en conocimiento de la Fiscalía toda la información de relevancia que pueda existir.

"No podemos consentir luchas internas y enfrentamientos en la Comunidad. Le decimos al PP que aquí no hay víctimas, hay un enfrentamiento permanente. Si el PP tiene sospechas sobre una posible irregularidad en estos contratos le exigimos que vayan a la Fiscalía y si Ayuso está denunciando espionaje que vaya a la Fiscalía y lo denuncie. Nosotros lo vamos a hacer. Vamos a ir a la Fiscalía, para que estudie estas informaciones y actúe con determinación", ha zanjado.

De las explicaciones de Ayuso, ha destacado que se ha reconocido que el hermano de la presidenta cobró una comisión de 20% de un contrato adjudicado sin licitación.

El Vaticano ha organizado un congreso internacional los días 4 y 5 mayo para incentivar a los Institutos de Vida Consagrada de todo el mundo a gestionar mejor el patrimonio que poseen ante el riesgo de perderlo y ante la evidencia de edificios eclesiales abandonados o dejados a la intemperie.

En una rueda de prensa en el Vaticano, el presidente del Consejo Pontificio de la Cultura, el cardenal Gianfranco Ravasi, ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con personal "formado" para gestionar los bienes y de hacer frente a otros desafíos como el hecho de que la mayor parte de los edificios eclesiales estén custodiados por comunidades religiosas que disminuyen en número y que cada vez están más envejecidas.

"Darle nuevos usos, reutilizar el patrimonio inmobiliario que ha sido abandonado es la exigencia más urgente porque los bienes de los religiosos son tradicionalmente amplios y su abandono comporta una situación de degrado vorágines en el tejido urbano", ha dicho Ravasi.

En este sentido, ha advertido de llevar a cabo con el patrimonio usos incorrectos o irregulares que podrían llevar al "escándalo" de la sociedad civil.

"La Iglesia tiene en los bienes una de sus manifestaciones expresas más directas en los contextos locales, por lo que un uso distorsionado, especulativo o que privilegia la privatización podría ser un comprensible motivo de escándalo en las comunidades civiles", ha alertado el cardenal italiano.

En este sentido, ha instado a las congregaciones y órdenes religiosas a identificar modelos de "buenas prácticas de reutilización que respeten el uso original de los edificios, que favorezcan así una nueva finalidad social, solidaria y cultural".

El título del congreso es 'Carisma y creatividad. Catalogación, gestión y proyectos innovadores para el patrimonio cultural de las comunidades de vida consagrada' y para prepararlo han preparado una encuesta para partir de una fotografía que muestre la situación real del patrimonio de la Iglesia en el mundo.

La superiora general de las Religiosas de María Inmaculada y presidenta de la Unión Internacional de Superiores Generales, sor Jolanta Maria Kafka, ha puesto cifras al panorama de la catalogación de los bienes inmuebles propiedad de las órdenes y congregaciones religiosas. Un total de 56 congregaciones masculinas y 279 femeninas, lo que constituye el 20% de los institutos religiosos activos, han contestado a la solicitud del Vaticano.

De ellos, el 48% ha evidenciado que han catalogado, aunque sea solo de forma esporádica, parcial o limitada los bienes culturales que poseen. En el 23% de los casos, no existe ninguna catalogación.

Además, en este momento solo el 5% de los institutos religiosos tienen en activo un proceso de catalogación. En Europa, la catalogación presenta más lagunas que en el resto de zonas del mundo que cuentan con un "patrimonio más moderno", según ha asegurado Maria Kafka.

De hecho, según la encuesta que ha ilustrado la religiosa fuera de las fronteras del viejo continente, el 42% de las comunidades religiosas que han respondido al cuestionario declara haber completado un registro de los bienes culturales, mientras que en Europa solo 9% dice tenerlo.

Maria Kafka ha precisado que "la participación de los entes religiosos en Europa constituye el 73% de las respuestas obtenidas". Un número mucho mayor que la que han tenido en otros contextos geográficos como el 17% de Norte América; el 4% de Sudamérica o el 2% de África,

Por su parte, el cardenal Ravasi ha instado a cumplir un proceso que ponga orden en una especie de marco de comprensión teórica de los bienes culturales de los Institutos de Vida Consagrada. El purpurado ha señalado que la Iglesia privilegia una perspectiva "ética" en la conservación de los bienes culturales que consiste esencialmente en la capacidad de trasferir un "significado marcadamente religioso, espiritual y cultural".

Por ello, ha instado a las comunidades religiosas a llevar a cabo un estudio que elabore "un cuadro marco de los bienes culturales" a partir de "la relación con las tradiciones propias de la específica comunidad o carisma".

El segundo paso importante es la catalogación de los objetos tanto aquellos litúrgicos como otros cotidianos que han caído en desuso debido a las modernizaciones.

El cardenal Ravasi ha explicado que la catalogación es "un paso imprescindible para el conocimiento, la catalogación, la cuantificación, la tutela y la conservación de los bienes culturales, edificios, obras de arte, archivos y bibliotecas".

En este sentido, ha manifestado que el desafío que deben afrontar las comunidades religiosas es "superar la fragmentación de la catalogación de los entes propietarios" y hacer "una integración de estos datos en un banco de datos" por ejemplo en uno que recoja todos los Bienes Culturales de la Iglesia de una misma nación. Así, ha destacado que desde hace 20 años la Iglesia italiana está cumpliendo una catalogación de este tipo.

Ravasi ha manifestado que para mejorar la tutela del patrimonio es la gestión correcta de los bienes tanto desde el punto de vista de la "sostenibilidad económica" como desde la perspectiva de la "valorización pastoral y cultural en la óptica de la misión de la Iglesia".

La Comunidad de Madrid ha notificado 3.207 nuevos casos de Covid, 2.369 de las últimas 24 horas, y 19 fallecidos en los hospitales madrileños, según el informe de la situación epidemiológica de este jueves con datos a cierre del día anterior.

En la jornada del miércoles fueron notificados 3.525 nuevos casos de Covid-19 (318 más), 2.793 de ellos las últimas 24 horas, y 20 fallecidos en los hospitales madrileños (uno más), mientras que el jueves de la semana precedente se contabilizaron 5.529 nuevos contagios (2.322 más), 4.166 del último día, y 27 muertos (ocho más).

El número de hospitalizados se sitúa hoy en 1.283 (74 menos que ayer) y 205 en la UCI (dos menos), mientras que 177 pacientes han recibido el alta. El número de personas en seguimiento domiciliario por Atención Primaria es de 1.224.

En el acumulado, la Comunidad de Madrid ha registrado 1.580.498 positivos, un total de 144.125 casos han requerido hospitalización, 15.094 han precisado UCI y 127.702 (acumuladas) han sido dados de alta por los hospitales. Atención Primaria ha realizado el seguimiento domiciliario de 1.389.576.

Respecto a los fallecidos, Sanidad Mortuoria ha contabilizado un total de 27.529, de los cuales 5.194 han sido en centros sociosanitarios, 20.713 en hospitales, 1.583 en domicilios y 39 en otros lugares.

PLAN DE VACUNACIÓN

En cuanto a la vacunación, se han administrado un total de 13.408.350 dosis de las 13.354.445 recibidas, con 5.492.517 primeras dosis, 5.117.509 segundas dosis registradas y 237.060 vacunas unidosis de Janssen. A estas se suman 2.561.264 terceras dosis administradas.

De esta manera, el porcentaje de población de la Comunidad de Madrid con la pauta completa se sitúa en el 81,8%. Teniendo en cuenta solo la población mayor de 12 años, establecida en 5,9 millones de los 6,8 millones de ciudadanos en la región, el porcentaje de inmunizados representa el 93,2%, mientras que el 94,7% cuenta con al menos una dosis.

Con el arranque de la vacunación infantil, el porcentaje de población mayor de 5 años con al menos una dosis es de 91,2%, mientras que el 86,5% cuenta con pauta completa.

El Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla ha tomado este jueves declaración a la mujer investigada por un presunto delito de sustracción de menores tras incumplir el régimen de custodia compartida que pesaba sobre sus hijos, de 14 y 12 años de edad, en un contexto en el que la mujer se negaba a que fuesen vacunados, una comparecencia solicitada por la propia encartada después de que en su citación inicial se acogiese a su derecho a no declarar.

Según ha manifestado el abogado del padre de los menores, José Javier Toucedo, la investigada ha comparecido ante la juez instructora cerca de 20 minutos, sin acceder a responder a las preguntas de la acusación particular ejercida por el progenitor de los niños y denunciante del caso. Durante su comparecencia, según ha indicado, la encartada habría alegado que actuó para intentar proteger a sus hijos de cualquier "daño" relacionado con la vacunación frente al Covid-19.

La encartada habría alegado tal extremo, después de que en sus comparecencias iniciales ante el juzgado en calidad de investigados, esta mujer y su actual pareja se acogiesen en ambos casos a su derecho constitucional a no declarar, tras lo cual la acusación particular que ejerce el padre de los menores solicitaba para los dos la medida de prisión provisional.

Para pedir tal medida provisional, la acusación particular esgrimía el alcance de las posibles condenas a cuenta de los hechos investigados y la desaparición previa de la mujer junto con los niños, considerando que pesa un "riesgo de sustracción de la justicia". Subsidiariamente, la acusación particular reclama la obligación de los investigados de comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes.

Recordemos que recientemente, el padre de estos dos menores de 14 y 12 años de edad denunciaba la desaparición de los mismos en el cuartel de la Guardia Civil de San Juan de Aznalfarache, haciéndose finalmente cargo del asunto la Policía Judicial del puesto de la Guardia Civil de Mairena del Aljarafe, donde reside el padre de los menores y denunciante del caso.

DESDE NOVIEMBRE

Habría sido a comienzos de noviembre cuando la madre de los niños habría incumplido su obligación de entregar los mismos a su padre merced al régimen de custodia compartida que regía sobre ellos, una situación que persistía hasta entonces, derivando ello de la negativa de la mujer a que sus hijos fuesen vacunados contra el Covid-19 pese a estar en marcha la vacunación para la población infantil.

La denuncia, en ese sentido, fue formulada después de que el padre de los menores tuviese constancia de la desaparición de los menores, pues este hombre pensaba que tras dejar el domicilio habitual de la madre, ubicado en Tomares, los niños seguían junto a ella en Jerez de la Frontera (Cádiz), si bien finalmente habría comprobado que los menores tampoco estaban allí.

En paralelo, la representación judicial de este hombre indicaba días atrás que pesa una resolución del Juzgado de Familia número 17 de Sevilla que ante la postura de la madre, dictaba la retirada del régimen de custodia compartida que pesaba sobre los menores y la atribución temporal de la custodia al padre.

EN PORTUGAL

Según informaban fuentes de la Guardia Civil, tras la denuncia del progenitor, los investigadores lograron averiguar el paradero de los niños, situándolos en un municipio de Portugal. Es más, el mismo 4 de enero, los agentes visitaban la propia calle de dicho municipio lusitano donde se alza el inmueble donde estaban los menores, con la colaboración de las fuerzas policiales de Portugal.

Tras ello, la madre de los niños hizo entrega de ambos el pasado día 5 en sede judicial, en Sevilla. Con motivo de ello, la Guardia Civil la detuvo para su puesta a disposición judicial, toda vez que los menores han sido entregados a su padre, quien como ha sido señalado cuenta temporalmente con la plena atribución de la custodia.

Canarias ha registrado seis fallecidos y 1.079 contagios de coronavirus COVID-19 que elevan el total de casos acumulados a 275.245, de los que 16.583 están activos, de los cuales 55 están ingresados en UCI y 444 permanecen hospitalizados.

Según informa la Consejería de Sanidad, sobre las muertes, los fallecidos tenían entre 75 y los 95 años, excepto un caso de 66 años, de los que cuatro se notificaron en Tenerife y dos en Gran Canaria.

Todos tenían patologías previas y se encontraban en ingreso hospitalario. Por ajuste estadístico, baja un fallecido en la isla de Lanzarote.

La Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 238,24 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en los 530,34 casos por 100.000 habitantes.

Por islas, Tenerife sumó 433 casos con un total de 127.291 casos acumulados y 6.536 casos activos epidemiológicamente; y Gran Canaria cuenta con 102.413 casos acumulados, 400 más que el día anterior, y 7.820 activos.

Lanzarote ha tenido 81 nuevos casos con 19.150 acumulados y 392 activos epidemiológicamente; y Fuerteventura tiene 13.804 casos acumulados, con 109 casos nuevos y 1.341 activos.

La Palma sumó 41 nuevos positivos por lo que tiene 9.225 acumulados diez nuevos positivos; El Hierro ha tenido 10 casos, por lo que sus acumulados son 1.710 y tiene 31 casos activos; y La Gomera suma cuatro nuevos casos, por lo que tiene 1.651 acumulados y sus activos son 100.

Por su parte, la suma de los casos acumulados por islas refleja un positivo menos que el cómputo global, por tratarse de un caso pendiente de validación por la Dirección General de Salud Pública.

Finalmente, hasta hoy se ha realizado un total de 3.201.100 de pruebas diagnósticas en las Islas, de las que 5.643 se corresponden al día de ayer.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha reafirmado este jueves en su petición de que se amplíe la búsqueda de los 12 tripulantes que permanecen desaparecidos tras el naufragio del 'Villa de Pitanxo', que ha dejado tres supervivientes y los cuerpos de otros nueve marineros localizados sin vida.

En la línea de las manifestaciones que ya había realizado en una intervención previa, el presidente gallego ha ratificado que la Xunta ha trasladado a La Moncloa la propuesta de que se amplíe la búsqueda y ha sugerido que esta se podría materializar "con medios propios o ajenos".

De forma más precisa, ha señalado que el Ejecutivo central puede pedir a Canadá una ampliación por vía diplomática o "tomar decisiones de medios propios".

En todo caso, ha asegurado que no tiene "interés" en polemizar con el Gobierno de España, que ya ha trasladado que mantiene contacto con las autoridades canadienses, y ha admitido, sobre la posibilidad de el recurso de medios aéreos, que se trata de un asunto "muy complejo" ya que el hundimiento se produjo en aguas NAFO.

También ha remarcado la postura de las autoridades canadienses, que "entienden que acabaron la ejecución" de sus protocolos, pero ha advertido que en España y Galicia es "difícil" de asumir ya que las búsquedas suelen ser más prolongadas.

"DIFÍCIL EXPLICAR A TANTAS FAMILIAS QUE SE DAN POR PERDIDAS LAS VIDAS"

"Es difícil explicar a tantas familias que ya damos por perdidas las vidas", ha remarcado, tras reafirmarse en que el fin de la búsqueda es "una mala noticia". Ahora, ha añadido, toca trabajar para que los supervivientes y también los cuerpos sin vida de los fallecidos puedan ser trasladados a España "cuanto antes".

Entre tanto, ha vuelto a remitirse al protocolo de atención a las familias de las víctimas, con un papel clave de los psicólogos, y en el que también están implicadas autoridades de la Xunta con la conselleira do Mar, Rosa Quintana, al frente.

La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Carolina Alonso, ha avanzado este jueves que su partido estudiará medidas legales para conocer si en la Comunidad de Madrid se "reparten contratos a dedo" entre familiares.

Así lo ha trasladado Alonso en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional, después de que se haya conocido que se pidió a un despacho de detectives investigar al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para intentar acreditar su mediación en un contrato público.

"Estamos acostumbrados en el PP a sus guerras internas, espionajes y utilización de fondos públicos con motivos espurios o bien para repartirlos en forma de contratos en familiares y amigos. Da absoluta vergüenza que utilicen recursos públicos para repartir contratos a dedo entre familiares y amigos", ha lanzado.

La portavoz de Unidas Podemos ha avisado de que seguirán investigando, par lo que han vuelto a registrar la comisión de investigación sobre los contratos de emergencia para depurar todas las responsabilidades.

"No descartamos emprender algún tipo de medida legal porque la situación en la que estamos nos abochorna y avergüenza. Parece que estamos siendo gobernados por la mafia siciliana. La Fiscalía de Madrid debería estar actuando de oficio", ha zanjado.

Aldeas Infantiles SOS ha advertido este jueves de las consecuencias de la crisis derivada de la pandemia de la Covid-19 han impactado de forma directa en la vida de muchos niños: Más de 1,1 millones de niños se han quedado huérfanos por la crisis sanitaria en todo el mundo, 2.669 de ellos en España.

La organización ha hecho público este dato, recogido por un estudio de la revista médica 'The Lancet', con motivo del Día Internacional del Cuidado Alternativo (Care Day), que se celebra este viernes 18 de febrero, y en el que Aldeas Infantiles SOS quiere transmitir la necesidad de garantizar el bienestar y la protección de estos menores que, de forma repentina, se han visto privados del cuidado parental.

"La pandemia no solo ha disparado la desigualdad y se ha cebado con los hogares más vulnerables, sino que para muchos niños y niñas ha supuesto, además, la pérdida de familiares como padres o abuelos, con las consecuencias psicológicas que supone para estos menores el hecho de perder de forma repentina a sus adultos de referencia", ha advertido la ONG.

A su juicio, la situación que registra el estudio de 'The Lancet' es "especialmente preocupante para las familias en riesgo de vulnerabilidad", que también "se han visto golpeadas por la crisis socioeconómica derivada de la pandemia".

En este sentido, se estima que, en la actualidad "hay dos millones de personas más que en 2018 en situación de pobreza severa y 11 millones de personas viven en riesgo de exclusión social en el país", ha explicado la organización.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha pedido a la Junta de Andalucía su "implicación y colaboración" para sacar cuanto antes la convocatoria del Bono Alquiler Joven, aprobado en el Consejo de Ministros del 18 enero y que prevé ayudas de 250 euros durante dos años para promover la emancipación de los jóvenes.

En Málaga, donde ha participado junto a la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, y el alcalde, Francisco de la Torre, en el acto de colocación de la primera piedra de dos promociones de viviendas destinadas al alquiler, ha incidido en que el bono es "una medida fundamental para que los jóvenes puedan poner en marcha su proyecto vital, puedan acceder a una vivienda y lo hagan en unas condiciones que no suponga la merma de su economía".

Estas ayudas, ha recordado, "las deberán convocar, gestionar y conceder las comunidades autónomas, de ahí a necesidad de que la Junta vaya trabajando ya el documento para que salgan cuanto antes".

Andalucía, ha precisado Fernández, contará con el 17,1% de los 200 millones de euros con los que ha dotado el Gobierno esta línea destinada a jóvenes, es decir, cerca de 35 millones. Este reparto se ha acordado en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo y debe que ser autorizado en Consejo de Ministros para posteriormente efectuarse la transferencia de financiación a las comunidades autónomas.

Agentes del grupo GAMA y de la 3ª Unidad de Distrito de la Policía Local de València han detenido a un joven de 21 años que presuntamente había maltratado física y psicológicamente a su exnovia y que, desde que ella rompió la relación, la acosaba continuamente en la calle, espacio de trabajo, centro de estudios, por redes sociales y por teléfono, una situación que fuentes del cuerpo municipal califican de "infierno" y que la llevó a tener miedo de salir a la calle.

Los hechos ocurrieron el pasado 15 de febrero, sobre las 23.00 horas, cuando la sala del 092 recibió el aviso de que un hombre estaba acosando a su exnovia y comisionó a agentes de la Policía Local hasta una calle.

Los agentes localizaron en el lugar a un hombre, el ahora detenido, y le preguntaron lo sucedido. Éste afirmó que había mantenido una discusión con su "novia" pero que "no pasaba nada" y que la quería mucho, según han relatado fuentes de la Policía Local.

Sin embargo, los agentes obervaron que tenía sangre seca en las manos. Preguntado al respecto, el hombre manifestó que se las había causado el cuñado de su pareja.

Ante estos hechos, los agentes del grupo especializado en malos tratos se entrevistaron con la víctima, una mujer nacida en el año 2001 que les contó que el hombre era su exnovio, habían mantenido una relación sin convivencia durante cerca de un año y que había estado sufriendo un acoso continuo desde que rompió con él.

Según detalló la víctima, fue al tercer mes de relación cuando empezaron los presuntos malos tratos psicológicos, que consistieron en insultos y menosprecios. Al parecer, el hombre le decía a la mujer que estaba loca, que tenía que ir a un psiquiatra para que la curase y destruyó su autoestima.

De hecho, la víctima tuvo que acudir a Urgencias para ser asistida por ataques de ansiedad y ha aportado a los agentes los partes médicos que así lo atestiguan.

Según la mujer, el maltrato pasó a ser físico en varias ocasiones y el hombre, presuntamente, la agarró de los brazos y la estampó contra una pared. Además, al parecer amenazó de forma reiterada con suicidarse si ella terminaba la relación.

Por todo ello, la mujer decidió el año pasado terminar con la relación, pero él "no lo asumió" y la empezó a acosarla, a seguir en sus desplazamientos y a acosarla en redes sociales, antes de que ella tuviese que bloquearlo, según el relato de la víctima, que mostró a los agentes un mensaje de WhatsApp del detenido en que advertía que no se creyera que la relación "iba a acabar así como así".

El presunto acoso también se produjo en el centro donde ella estudia, hasta el punto en que la directora del mismo tuvo que prohibir el acceso al ahora detenido.

Además, la víctima y el hombre coincidían en el lugar de trabajo, donde él, al parecer, también la acosaba y amedrentaba para que no revelara la situación a sus jefes para que no lo despidieran. De hecho, el mismo día de la detención, el individuo presuntamente se hizo pasar por la mujer ante un cliente utilizando su teléfono móvil de empresa y ella tuco que contárselo a sus superiores, por lo que se había iniciado una discusión.

La mujer explicó que esa noche, al llegar a casa, se encontró al hombre en el portal y tuvo miedo, por lo que se fue a casa de su hermana, hasta donde marchó también el ahora detenido. El hombre, presuntamente, increpó a la hermana de la víctima para que le dejase a solas con su exnovia y aseguró que ella "le pertenece". Ambas mujeres se asustaron, avisaron al marido de la hermana y éste reprochó al joven su actitud y acabó empujándole.

La víctima también ha manifestado a los agentes que tiene miedo de salir a la calle, que teme agresiones físicas y que siempre procura salir acompañada de un amigo o familiar. Si no puede ser así, ha explicado que muchas veces opta por no salir a la calle sola.

Ante el testimonio de la mujer los agentes de la Policía Local arrestaron al hombre como un presunto autor de un delito de violencia de género. Ella ha sido trasladada a un centro hospitalario.

Toda víctima de violencia machista tiene a su disposición a los especialistas del teléfono de atención 016, que es gratuito y no figura en la factura telefónica, aunque debe ser borrado del historial del terminal.

Aragón registra en estos momentos una incidencia de 478 casos por 100.000 habitantes a siete días, un 41 por ciento menos que la pasada semana, cuando esta tasa era de 814. De este modo, la comunidad mantiene la tendencia descendente de las últimas semanas tras haber alcanzado el pico de esta séptima oleada el pasado 13 de enero, cuando la incidencia a siete días era de 3.295 casos por 100.000 habitantes.

Por provincias, en estos momentos Zaragoza acumula una incidencia a siete días de 460 casos; Huesca de 566; y Teruel, 450 casos por 100.000 habitantes. En lo que se refiere a las capitales, Teruel se sitúa en 427 casos por 100.000 habitantes a 7 días, Zaragoza en 471 y Huesca, en 520, ha señalado el Ejecutivo autonómico en una nota de prensa.

Por edades, los jóvenes presentan ahora las mayores tasas, tras el descenso de la incidencia en los grupos pediátricos. De este modo, se registran 773 casos por 100.000 habitantes en la franja de edad de 15 a 24 años y 537 en el grupo de 1 a 14 años. La incidencia más baja se sitúa en el grupo de edad de 65 a 74 años, con 354 casos por 100.000 habitantes a siete días.

En números absolutos, Aragón acumula desde el inicio de la pandemia un total de 391.793 casos confirmados de COVID-19, de los que 349.924 han recibido ya el alta epidemiológica. Respecto a la mortalidad y tras la revisión semanal, en Aragón se han registrado desde el inicio de la pandemia 4.695 fallecidos.

En cuanto a otros indicadores, el índice de reproducción básico se mantiene en 0,6 para el conjunto de la comunidad aragonesa.

HOSPITALIZACIÓN Y CONTACTOS

La cifra de contactos en seguimiento desde Atención Primaria asciende a 1.949 --4.088 la semana anterior--. Las atenciones en urgencias por este motivo han pasado de 480 diarias en el pico de esta oleada a 55 en toda la comunidad. Y en Atención Primaria se ha pasado de atender a 9.000 casos sospechosos al día a 915.

En cuanto a la hospitalización, actualmente se registran 406 pacientes COVID ingresados en los centros aragoneses --533 la pasada semana--. Del total, 56 se encuentran en las Unidades de Cuidados Intensivos --60 la semana anterior-- y 350 en hospitalización convencional.

SITUACIÓN EN RESIDENCIAS

En estos momentos, en las residencias de personas mayores de Aragón hay 138 brotes abiertos, que afectan a 4.329 personas: 3.412 residentes y 917 trabajadores, todos ellos positivos en coronavirus. En 21 centros solo hay afectados residentes; en 7 solo hay trabajadores positivos, y en 110 hay trabajadores y residentes.

A día de hoy, hay 95 personas hospitalizadas. En esta séptima onda epidémica han fallecido 79 personas.

El Gobierno, Catalunya, País Vasco, Galicia, Castilla-La Mancha y Extremadura han impulsado conjuntamente el Plan Complementario de Biotecnología, un programa de investigación para desarrollar las terapias avanzadas y la medicina de precisión a través de la ciencia y la innovación.

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha detallado este jueves durante la presentación de dicho plan en el Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) que cuenta con un presupuesto total de 32 millones de euros, de los cuales 16 millones proceden del Ejecutivo central.

Morant ha reivindicado que "este ejercicio de coordinación científico-técnica no tiene precedentes" en España y ha asegurado que se consolidará con la reforma de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, que ha previsto que el Consejo de Ministros apruebe el viernes.

El director del IBEC, Josep Samitier, ha explicado que el programa despliega seis "grandes" líneas de actuación: la criomicroscopía electrónica aplicada a la medicina personalizada; la implementación y análisis de bases de datos en medicina de precisión; y la plataforma de cribado de fármacos y análisis interacciones fármaco-diana.

Los otras líneas son el desarrollo de modelos biológicos para cribado y estudio de la actividad de moléculas terapéuticas; el desarrollo de nanofármacos, biodistribución, toxicidad y acciones terapéuticas en modelos de patología; y las técnicas y procesos para terapias avanzadas y dirigidas, formación quirúrgica y robótica médica.

GEIS

La consellera de Investigación y Universidades de la Generalitat, Gemma Geis, ha celebrado la formalización del plan pero ha pedido a Morant que se mejoren los mecanismos de cogobernanza y cogestión de los programas de investigación porque considera que esta primera edición de los planes complementarios "tiene margen de mejora".

Geis también ha abogado por que la reforma de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación no entre en colisión con la Ley de la ciencia de Catalunya, que ya está en trámite parlamentario y "en pocos meses será una realidad.

OTRAS CCAA

La viceconsejera de Tecnología, Innovación y Transformación Digital del País Vasco, Estibaliz Hernández, ha destacado que estos planes complementarios ofrecen la posibilidad al País Vasco de impulsar avances tecnológicos a la par que suponen una "oportunidad" para explorar colaboraciones con otros territorios.

La directora de la Agencia Gallega de Innovación, Patricia Argerey, ha felicitado al Ministerio por poner en marcha un instrumento que a su parecer contribuirá a posicionar la ciencia y el conocimiento generados en España en el ámbito internacional.

Para el director general de Uinversidades, Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha, Ricardo Cuevas, el impulso de este plan complementario entre el Ejecutivo central y cinco comunidades autónomas es motivo para la autoestima y el optimismo lejos de un ambiente con "demasiado ruido y malos augurios"

El director científico del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU), Francisco Miguel Sánchez Margallo, ha resaltado la "importancia" de que Extremadura participe en este plan que a su juicio servirá para seguir avanzando e investigando.

La Sala I de lo Civil del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a un hombre por intromisión ilegítima en el derecho al honor de un examinador de la Dirección General de Tráfico (DGT) en Orense al insultarlo en una carta al director publicada en la edición impresa y digital de un periódico en 2017.

Según se desprende en el fallo con fecha del 9 de febrero, el condenado incluyó en el texto insultos, expresiones vejatorias e insinuaciones insidiosas sobre el físico, supuestos problemas psicológicos y orientación sexual del funcionario.

Ahora el TS ratifica la condena al hombre, que tendrá que pagar 3.000 euros de indemnización por daños morales al funcionario, tal como estableció el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Ourense y después la Audiencia Provincial ourensana.

Según los antecedentes recogidos en la sentencia, entre abril y mayo de 2017, el demandado se examinó dos veces del permiso de conducir tipo C (camiones) en el centro donde trabajaba el demandante, sin superar las pruebas pertinentes.

Durante su estancia en dicho lugar se vio involucrado en dos incidentes con el citado examinador consistentes en recriminaciones verbales de éste hacia los alumnos, a los que llamó la atención para que abandonaran una zona donde solo podían estar acompañados de un profesor.

Cinco meses después, un periódico publicó en la sección 'Cartas al Director' un escrito del demandado en el que se recogían las expresiones contra el examinador por las cuales éste le demandó por vulneración al honor.

En su sentencia, el Supremo destaca que "la respuesta del hoy recurrente a la actuación del examinador demandante no puede tener amparo en el ejercicio constitucionalmente legítimo de la libertad de expresión". Añade que, al margen de los sentimientos del recurrente, "lo cierto es que no se ha demostrado que la conducta del demandante en los dos incidentes referidos en la carta consistiera en algo más que un exceso verbal".

"Pero", añade el Supremo, lo que dicha conducta del examinador no justificaba en modo alguno era una respuesta del demandado como la aquí enjuiciada, no fruto de un impulso sino largamente meditada --casi cinco meses después y por escrito--, ampliamente difundida y consistente en una concatenación de expresiones inequívocamente vejatorias y gratuitas en cuanto totalmente desvinculadas del comportamiento reprochado al examinador.

Los familiares de los desaparecidos en el naufragio del 'Villa Pitanxo', frente a la costa de Terranova, en Canadá, tendrán que esperar tres meses para poder iniciar la tramitación judicial para dar por fallecidos a los tripulantes cuyos cuerpos no sean recuperados. Tras la suspensión del dispositivo de búsqueda, un total de 12 miembros del barco no han sido encontrados.

El abogado Manuel Blanco Ons, cuyo despacho jurídico es especialista en siniestros marítimos, ha atendido para explicar los pasos burocráticos que se abren en este momento, tras la desaparición del barco, cuya investigación por parte de la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim), dependiente del Ministerio de Transportes, ya ha arrancado.

"Lo primero que procede es investigar la causa del siniestro. En primer lugar se tiene que abrir una investigación para determinar el motivo final, ya que no es lo mismo que se haya debido a causas externas o que el barco se hundiese por una maniobra inadecuada o un defecto constructivo o de reparación", ha explicado.

Al respecto del caso concreto del 'Villa de Pintaxo', el abogado ha reconocido que es "muy difícil" que se pueda reflotar el navío, por lo que es probable que se finalice la investigación con la conclusión de la causa externa.

Como siguiente aspecto, están las coberturas de las responsabilidades civiles e indemnizaciones a los afectos y víctimas. Al respecto, ha explicado que el procedimiento habitual implicaría que las compañías de seguros depositen las cuantías y que los familiares puedan acceder a estas cuantías en un "plazo razonable".

SOLICITUD FORMAL EN EL JUZGADO

Adicionalmente, los familiares de los desaparecidos tienen que realizar una solicitud formal en el juzgado --en este caso en Marín-- para solicitar que la declaración de fallecimiento de su familiar, para lo cual, la legislación actual prevé que debe hacerse a los tres meses del conocimiento del naufragio, como es este caso.

Sobre el tiempo de resolución, ha reconocido que una vez que se abre el plazo en el juzgado, depende de la tramitación que se dé en la sede judicial. "Unas son más rápidas y otras más lentas", ha apuntado, antes de lamentar dilaciones de hasta "un año" en casos que hay llevado su despacho.

FECHA DEL FALLECIMIENTO

Aunque los familiares de las víctimas puedan agruparse en alguna plataforma para sus reclamaciones, Manuel Blanco Ons ha recordado que las solicitudes deben de ser individuales, por parte del familiar inmediato --cónyuges, hijos...--, más allá de que quieran unirse.

Mientras no haya declaración de fallecimiento, se considera que la persona está viva, si bien puede ser efectiva con carácter retroactivo, es decir, la propia declaración marca la fecha efectiva de la muerte.

El Pleno del Senado ha aprobado este jueves por unanimidad una moción del grupo parlamentario popular por la que se insta al Gobierno a "impulsar el humanismo en la prestación de servicios financieros" ante la reducción del número de oficinas bancarias.

"Los que han trabajado para dejarnos un futuro próspero, los que nos dan lecciones de vida cada día y llevan toda su vida depositando sus ahorros en los bancos; no podemos dejarlos desprotegidos, merecen un respeto y un trato humano por parte de toda la sociedad y, en este caso, de los servicios financieros", ha asegurado la senadora del PP por Teruel, Carmen Pobo, durante la defensa de la moción.

En sus peticiones al Gobierno, la propuesta incluye que se promueva un servicio de calidad con tecnologías de acceso a la banca "sencillas, comprensibles, inclusivas y seguras", además de la modificación del concepto de cajero automático externo convirtiéndolo en un mecanismo "más humano y amigable", simplificando su funcionamiento que permita un uso más intuitivo.

También se pide al Ejecutivo que se coordine con el Banco de España, como supervisor, y con representantes de entidades de crédito, para promover medidas como evitar que el cierre de las oficinas bancarias conlleve la desaparición de cajeros automáticos externos; incrementar el personal de apoyo a las personas con menores capacidades digitales; y la instalación de señales e indicaciones de prioridad en el uso de los cajeros automáticos por parte de personas mayores, embarazadas y personas dependientes.

Respecto a las demandas dirigidas a las entidades financieras, se les solicita que desarrollen espacios de convivencia en antiguas oficinas, que difundan su existencia y forma de acceso entre los clientes de mayor edad y menor capacidad tecnológica.

Asimismo, se les pide que ofrezcan a los consumidores más vulnerables la gestión de citas previas mediante atención telefónica personalizada; y que se desarrolle el concepto de "bibliobús" con cajeros automáticos en zonas rurales.

Igualmente, se insta al Gobierno a promover que la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos y las entidades financieras firmen convenios que permitan prestar sus servicios a través de las oficinas de Correos y unidades móviles en el mundo rural, donde no existen sucursales bancarias ni red de cajeros automáticos.