El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se ha quejado este lunes de que, más de un mes después, el Gobierno siga sin contestar a su petición de «aclaración» sobre el reparto de los fondos europeos. Según ha subrayado, «es importante saber lo que está pasando» porque no se puede «adjudicar un proyecto antes de abrir el plazo» como, a su juicio, ha ocurrido en Martorell (Barcelona) con una fábrica de baterías.

Ante las críticas del Gobierno por los recursos ante la Justicia que prepara el PP por los fondos, Feijóo ha recordado que hace más de un año Galicia fue la primera comunidad que recurrió por el impago del IVA y entonces ya les dijeron que «no eran leales». «Estuvimos durante meses intentando negociar con el Gobierno para que nos pagase lo que nos debía y tuvieron que ir al juzgado», ha indicado.

Ahora, según ha proseguido, él como presidente de la Xunta no quiere «tener ningún recurso con nadie» y «menos» con el Ejecutivo porque, aunque esté o no de acuerdo con él, es el Gobierno de España. «Y sabe mal además que un representante del Estado que es un presidente autonómico tenga que denunciar a otro gobierno que representa al Estado, que es el Gobierno central», ha resaltado en una entrevista en La Sexta.

Sin embargo, ha dicho que es «muy importante saber lo que está pasando» y ha citado como ejemplo el hecho de que hace unos meses el Gobierno fuese a Martorell y anunciase una «fábrica de baterías para el sector de la automoción, antes de abrir el plazo para presentar las propuestas de los distintos constructores de automóviles de España». «Adjudicar un proyecto antes de abrir el plazo para adjudicar proyectos, es una cosa, cuando menos, muy sorprendente», ha exclamado.

De la misma manera, ha criticado que el Ministerio de Trabajo haya tomado una decisión «muy sorprendente» después de que, de todos los fondos europeos para políticas activas de empleo, el Gobierno se reserva el 45% cuando la competencia es de las comunidades autónomas.»Estamos hablando que hay 450 millones que el Gobierno se ha reservado para sí y entendemos que ese dinero es de las comunidades autónomas por un tema competencial», ha indicado.

FONDOS PARA COMUNIDADES DEL PSOE

Según ha señalado, el Gobierno ya ha empezado a ejecutar esos 450 millones con «9 millones ya para unas comunidades autónomas», «todas por cierto del mismo signo» porque en el caso de Euskadi el «consejero de empleo es del Partido Socialista».

Feijóo ha explicado que hace más de un mes que pidieron al Gobierno una «aclaración» y saber «si se va a quedar con el 45% de los fondos de empleo de las CCAA» y si «va a repartir esos 450 millones fuera» de la Conferencia Sectorial. «Ni nos han contestado», se ha quejado.

Además, el presidente de la Xunta ha subrayado que hay 16.000 millones para fondos industriales y les han trasladado que «toda la política industrial se va a ejecutar desde el Ministerio de Industria», algo que, a su juicio, «no es muy razonable».

En cuanto al porcentaje de fondos que se da a cada comunidad autónoma, ha afirmado que «de las nueve primeras, ocho PSOE y una PP». A su juicio, no se puede decir que le han dado «más» a las comunidades del PP porque hay que tener en cuenta la cantidad y el número de personas que viven en cada comunidad.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) se ha sumado a la Federación Internacional de Periodistas (FIP), a la que pertenece, en su condena al asesinato de la comunicadora mexicana Lourdes Maldonado y exige una investigación urgente bajo los protocolos establecidos para crímenes contra la libertad de expresión.

Así lo ha expresado la FAPE en un comunicado, después de que la periodista fuera hallada muerta de un disparo dentro de su vehículo en la puerta de su casa en Tijuana, Baja California, el pasado 23 de enero.

Hace pocos días, Lourdes Maldonado había confirmado que había ganado una nueva instancia del juicio contra Bonilla, situación por la cual la empresa debía ser embargada y se le obligaba a entregar documentación impositiva y contable a la periodista y su equipo legal. Según fuentes periodísticas, además de la demanda laboral, la reportera había denunciado al exgobernador por corrupción, abuso de autoridad y tráfico de influencias.

Ante esta escalada de violencia, ambas organizaciones sostienen que es «urgente la actuación de las autoridades federales, para evitar más muertes y castigar a los responsables de las muertes de trabajadores de prensa». «Estos ataques dañan gravemente a la libertad de expresión y al derecho del pueblo mexicano a recibir información veraz, lo cual continúa horadando la democracia y aumenta el peligro de los reporteros que continúan en el territorio intentando cumplir su labor», añaden.

La periodista Lourdes Maldonado fue asesinada durante la noche del domingo 23 de enero en la puerta de su hogar, ubicado en el Fraccionamiento Las Villas, en la Zona de Santa Fe (Tijuana). Maldonado se encontraba en el mecanismo estatal de protección a periodistas y se hallaba, hacía varios años, en un litigio laboral contra la cadena televisiva PSN, propiedad del exgobernador de Baja California Jaime Bonilla, a quien demandó por despido injustificado.

Por esta denuncia, la comunicadora había solicitado ayuda al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador durante una conferencia de prensa realizada por el mandatario en marzo de 2019. En la misma, Maldonado había expresado: «Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida».

Maldonado se dedicaba desde el año 2000 al periodismo independiente. Trabajó en Primer Sistema de Noticias (PSN), Televisa Tijuana y el Canal de Noticias de Rosarito, donde condujo su programa titulado «Brebaje», título que utilizaba en columnas periodísticas y programas de radio y en redes sociales.

Con la muerte de la periodista, ya son tres los crímenes contra trabajadores de prensa en México en lo que va del 2022: Margarito Martínez Esquivel fue asesinado el 17 de enero en el estado de Tijuana y una semana antes lo mismo había sucedido con José Luis Gamboa, en Veracruz. Días atrás, Maldonado había participado en una vigilia por la memoria de Martínez Esquivel, en la que había exigido justicia para su colega.

La FAPE sostiene que estas «alarmantes» cifras en el primer mes del año evidencian la crítica situación que atraviesan los periodistas en México, que es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer la profesión, no solo por la cantidad de agresiones y muertes, sino por la alta tasa de impunidad que se registra para estos casos.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ve «un interrogante procedente» el debate acerca de si se debe reducir la cuarentena tras infectarse de covid-19. De hecho, ha afirmado que él sería «partidario» de hacerlo «si se puede», pero ha remarcado que la decisión debe ser «clínica» y que «hay que tener mucho cuidado con eso».

Así lo ha trasladado en una entrevista con La Sexta, a las puertas de que se reúna este martes el comité clínico y aborde varios asuntos, entre ellos mantener la exigencia del certificado covid. Feijóo ha vuelto a defender la utilidad del pasaporte, que considera «una garantía» para usuarios y trabajadores de los establecimientos, por ejemplo.

En la entrevista, preguntado por si sería partidario de reducir las cuarentenas de siete a cuatro o menos días, como defienden los presidentes de algunas comunidades, Feijóo ha advertido que «hay que tener mucho cuidado con eso», si bien ha recordado cómo los aislamientos empezaron en 14 días y han ido bajando hasta siete.

Al margen del avance de la vacunación, el presidente gallego ha apuntado que las nuevas variantes «han ido de más a menos en gravedad, aunque no en contagiosidad», y ha ejemplificado con que hay más ingresos ligados a la delta que a la ómicron.

«Si se puede bajar, yo soy partidario de hacerlo, pero es una decisión clínica», ha sentenciado, en este contexto, antes de añadir que «bajar de siete a cinco» días la cuarentena es «un interrogante procedente».

Eso sí, ha insistido en que la decisión debe ser clínica y ha remarcado que probablemente, que a un paciente que dé negativo a los cinco días se le pueda levantar la cuarentena dependerá «de la edad, de la patología de base» o de otros factores.

CERTIFICADO COVID

En el transcurso de la entrevista, preguntado acerca de si él ha sufrido algún contagio por covid, ha explicado que ha tenido sintomatología «un par de veces» y siempre ha resultado «con PCR negativa», pero no lo ha descartado y ha añadido que, igual si le realizan análisis, «da que sí» ha sido infectado.

Y en relación a mantener el certificado covid, ha apuntado que este martes estará en la mesa del comité clínico, aunque ha defendido su utilidad y que es «una garantía» para usuarios y trabajadores de los locales hosteleros. «Vamos a ver qué dicen», ha esgrimido, en relación a los expertos.

En todo caso, ha incidido en que las decisiones de Galicia, tales como exigir el certificado covid o fijar lo que ve unas «mínimas» restricciones –afectan a los horarios de hostelería y ocio nocturno, y a la reunión de no convivientes en la madrugada de los fines de semana– han dado buenos resultados.

«Las cosas no han ido tan mal en Galicia», ha reivindicado, antes de añadir que la Comunidad va en cabeza en el proceso de vacunación. Y sobre por qué la incidencia es menor en Madrid (comunidad que no cuenta los test de antígenos) pese a tener menos restricciones, ha replicado que para el la relevancia está en mantener controlada la presión hospitalaria y en el freno a la mortalidad, dos indicadores en los que Galicia está en buena posición en la tabla comparativa.

La Unión Europea ha cargado este lunes contra Rusia por violar el espacio de seguridad «indivisible» de Europa con el pulso contra Ucrania, tras amasar decenas de miles de efectivos en la frontera generando alarma sobre una nueva agresión.

En unas conclusiones escritas, los ministros de Exteriores del bloque han condenado las «amenazas» y «acciones agresivas» rusas contra Kiev, alertando de que tienen implicaciones en el orden de seguridad europeo, y han pedido a Moscú que rebaje la tensión militar y se mantenga en la vía del diálogo.

En rueda de prensa desde Bruselas, el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha insistido en mantener el proceso de diálogo con Moscú «pese a que la retórica rusa no inspire confianza».

«Si la diplomacia fallara, estamos muy avanzados en la preparación de respuestas a una potencial agresión de Rusia. Será una acción rápida y firme con una fuerte unidad, no solo de la UE sino internacional», ha avisado el jefe de la diplomacia europea.

En este sentido, la UE se prepara para contestar ante todo tipo de amenazas, después de que Borrell haya apuntando que un ciberataque a gran escala es «un agresión mucho más grave que una escaramuza en la frontera». Sin embargo, los Veintisiete mantienen el secreto sobre su respuesta, al entender que parte de la disuasión frente a Moscú consiste en no desvelar medidas que permitan al Kremlin realizar un cálculo sobre el coste de una agresión.

En la reunión de los ministros europeos de Exteriores han participado por videoconferencia durante una hora el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, con el que los Veintisiete han debatido la respuesta conjunta a una acción rusa en Ucrania

Tras el encuentro, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha indicado que los socios europeos conocen las medidas para responder a un ataque de Moscú y existe un «acuerdo total» sobre las mismas, reivindicando que la unidad no es solo europea sino trasatlántica.

Y según ha detallado, Blinken ha dado cuenta de la propuesta por escrito que prepara en el marco del diálogo con Rusia en la OTAN y sobre cómo dar los siguientes pasos. «Lo que sale es un consenso, una fuerte unidad europea», ha señalado.

En la misma línea, el ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, ha querido destacar la «gran convergencia» que a su juicio existe no solo entre europeos sino también de los europeos con el resto de actores internacionales en lo que respecta a la crisis ucraniana.

«Esta convergencia es esencial porque la seguridad en Europa no se divide y porque estamos de acuerdo en lo fundamental», ha apuntado, tras recalcar especialmente el entendimiento y coordinación con Estados Unidos y destacar la «firmeza y voluntad» del bloque de los 27 de responder con sanciones para disuadir a Rusia de cualquier incursión ofensiva en Ucrania.

Para el viceministro de Exteriores polaco, Pawel Jablonski, la reunión ha servido para tener un entendimiento común sobre la amenaza que representa Rusia y avanzar en un «enfoque común». «Progresamos sobre una respuesta común, además de acciones y medidas preventivas para disuadir a Rusia», ha indicado.

LA UE RECHAZA LAS EXIGENCIAS RUSAS

En las conclusiones pactadas a Veintisiete, el bloque europeo recalca su rechazo a la «esfera de influencia» que pretende reestablecer Moscú en su vecindario, «una noción que no tiene lugar en el siglo XXI», y defiende el orden de seguridad europeo basado en el respeto a las fronteras, la soberanía y la integridad territorial, el rechazo al uso de la fuerza y la libertad de los países para elegir su política de seguridad y alianzas.

«Estos principios no son negociables ni objeto de revisión o reinterpretación. Su violación por parte de Rusia es un obstáculo al indivisible espacio de seguridad en Europa y amenaza a la paz y estabilidad en el continente», rezan las conclusiones de los Veintisiete.

La reunión de este lunes ha contado con la participación por videoconferencia del secretario de Estado estadounidense en una nueva señal de la coordinación estrecha de Washington con los aliados europeos.

SANCIONES A MOSCÚ Y APOYO A KIEV

En Bruselas trabajan con la idea de que la amenaza de unas restricciones que cortocircuiten la economía rusa y afecten a dirigentes relevantes del círculo más estrecho del Kremlin ahuyente la perspectiva militar de Moscú y le empuje a la mesa de negociación.

Igualmente, el bloque europeo deja por escrito su compromiso con Ucrania en lo relativo a su integridad territorial y soberanía y promete medidas para aumentar su capacidad ante el desafío ruso con respaldo a su ciberdefensa y para contrarrestar campañas de desinformación.

«La UE está definiendo formas de apoyo a Ucrania en el área de educación militar profesional», han señalado las conclusiones, en referencia a la misión militar que sopesa la UE para capacitar a altos mandos ucranianos.

La escritora Isabel Allende, quien publica su nueva novela ‘Violeta’ (Plaza & Janés), considera en relación al derribo de estatuas que, si bien la Historia «no se debe eliminar sino revisar, lo más cuerdo sería que se enseñe como se debe enseñar: no sólo como la cuenta el hombre blanco vencedor, sino con la versión de los derrotados».

«No se puede siempre eliminar aquellos símbolos que nos recuerdan ese pasado, sino que hay que revisarlo. Ahora hay toda una controversia en Chile porque Neruda confiesa en sus memorias que violó a una mujer y las feministas chilenas quieren eliminarlo. Pero una cosa es el hombre fallado, que somos todos fallados, y otra la obra», ha señalado Allende al ser preguntada sobre esta práctica.

«Si en el caso de un artista como Neruda nos vamos a quedar con lo que hizo y revisamos su vida privada, puede que ningún títere quede sin cabeza», ha alertado la autora de ‘La casa de los espíritus’ durante la rueda de prensa de presentación de su nueva novel.

Allende se ha mostrado «encantada» con el nuevo Gobierno anunciado por el presidente chileno Gabriel Boric, en el que hay «una intención sólida de que haya paridad» y una apuesta por jóvenes ministros, y con el que ve imposible que llegue «un Chile ‘venezolanizado'».

«Ya es hora de que los viejos carcamales se vayan a su casa a jugar al bingo», ha señalado Allende, quien se exilió de Chile hace más de 40 años. La escritora ha reconocido que a pesar de vivir fuera de su país de origen lo lleva «metido debajo de la piel y reaparece» en muchas de sus novelas.

También en ‘Violeta’, donde su protagonista vería este nuevo Chile «con buenos ojos a pesar de venir de una clase social que no votaría a Boric». «En Chile se ha hecho también una campaña de miedo dirigida a esas clases sociales que se basaba en la inseguridad, exagerando enormemente algo que ocurre en todos los países y creando una campaña de terror, avisando de que el país terminaría como Venezuela. Y un Chile ‘venezolanizado’ no va a suceder», ha zanjado la escritora.

Allende no cree que este siglo XXI sea «peor» que el pasado siglo, entre otros motivos porque desconfía de la «especie de ilusión» de la sociedad respecto al pasado. «Ningún tiempo pasado fue mejor, eso lo sé porque escribo novela histórica: el mundo avanza, pero no lentamente o en línea recta», ha reconocido la autora chilena.

De hecho, Allende cree que este pesimismo viene motivado por un exceso de ‘sobreinformación’. «Es cierto que el mundo en el que vivimos es muy complicado y sabemos lo que pasa en todas partes, por eso estamos agobiados, porque todo son malas noticias. Pero se está haciendo mucho bien y se avanza y por cada cosa horrible que pasa también hay otra cosa buena», ha defendido.

En ‘Violeta’ Allende apuesta por contar la historia «turbulenta» de una mujer que empieza en 1920 –con la llamada ‘gripe española’– y muere con la pandemia de 2020. A pesar de admitir que podría estar inspirada en parte en su madre, Allende ha lamentado que ésta nunca pudiese «vivir sola. «Mi madre no tuvo una vida extraordinaria porque nunca tuvo la libertad económica que siempre deseé para ella. Y no hay feminismo sin independencia económica», ha destacado.

«Vivo muy al día con la situación de la mujer porque tengo una fundación en la que trabajamos con las mujeres más y estoy en contacto con sus problemas. Estoy encantada con la ola feminista de ahora, con mujeres extraordinarias, y eso se va incorporando en lo que escribo: no me he quedado en una idea del feminismo de los años 80″, ha concluido.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, retomará este martes su agenda pública, una vez finalizado su confinamiento y tras dar negativo en Covid-19.

Así lo ha trasladado en Twitter para agradecer «todos los mensajes de ánimo y apoyo recibido» durante estos días. «La vacunación y las medidas de seguridad nos refuerzan frente al virus», ha enfatizado.

De esta forma y según han trasladado desde su equipo, Díaz acudirá este martes a la habitual reunión del Consejo de Ministros y también participará en un encuentro interministerial sobre la isla de La Palma, que se vio afectada recientemente por la erupción volcánica de Cumbre Vieja.

El pasado martes la vicepresidenta comunicó en redes que había dado positivo en coronavirus, por lo que aplazaba su agenda aunque iba a seguir trabajando desde el confinamiento.

Un positivo que se produjo al día siguiente de recibir la tercera dosis de la vacuna frente al coronavirus, destacando entonces que recibirla «salva vidas» y «protege a los demás».

Ese día tuvo que cancelar su participación en el coloquio ‘Políticas de Empleo clave para impulsar el turismo más sostenible’, en el marco del XI Foro de Liderazgo Turístico organizado por Exceltur.

Este positivo alteró también sus planes al tener que aplazar su participación, que tenía prevista el pasado viernes, en una asamblea con 200 delegados sindicales en la provincia de Barcelona para dialogar con ellos sobre la reforma laboral, y visitar las instalaciones de la fábrica Seat en la localidad de Martorell.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez-Feijóo, ha admitido este lunes que le «sabe mal» que Juan Carlos I resida fuera de España, una opinión que cree que comparte la mayoría de españoles, dado que no hay «ninguna causa específica que lo inhabilite para ser rey emérito». Aunque ha asegurado que hay miembros del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos «encantados» con esta situación, ha subrayado que «no es la mejor imagen para España ni para el Gobierno español».

Así se ha pronunciado Feijóo en una entrevista en La Sexta, al ser preguntado si considera que Juan Carlos I debería estar en España, como defiende por ejemplo el expresidente Mariano Rajoy, o si cree que, regrese o no, debería dar explicaciones a los españoles.

Feijóo ha señalado que las decisiones que Don Juan Carlos «ha tomado como jefe del Estado mayoritariamente han sido beneficiosas para España», si bien ha reconocido que «las decisiones a nivel personal o en su vida privada», «se pueden discutir».

«Pero lo que sí me sabe mal, supongo que a todos los españoles les sabe mal, es tener al exjefe del Estado viviendo fuera de España y, de momento, sin saber muy bien por qué, al menos desde el punto de vista objetivo», ha resaltado.

«NO EXTRAPOLAR LOS PROBLEMAS INTERNOS»

En este sentido, ha afirmado que «un país que se precie, los temas debe resolverlos dentro y no extrapolar los problemas internos», aludiendo después al hecho de que ministros y cargos de Podemos estén a favor de que no vuelva a España a pesar de no tener causa abierta.

«Creo que no es la mejor imagen para España ni para el Gobierno español ni para los españoles esta situación, pero veo que hay mucha gente en el Gobierno que está encantada con esta situación y, además entiende que el rey emérito no puede volver a España aunque no tenga en este momento ninguna causa específica que lo inhabilite para ser rey emérito como es actualmente», ha concluido.

El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Fernando Giménez Barriocanal, ha aclarado que en el listado de bienes inmatriculados publicado hace un año por el Gobierno, han detectado «933 bienes» sobre los que no les consta que fueran inmatriculados por la Iglesia, de los que faltan datos para su identificación o que directamente, no son propiedad de la Iglesia, y ha subrayado que «la Iglesia no quiere que se le atribuya ningún bien que no sea suyo».

«Se han encontrado 933 bienes sobre los cuales faltan datos para su identificación correcta, no nos consta la inmatriculación o, en algunos casos, se sabe que no son propiedad de la Iglesia. Estos registros quedan a disposición del Gobierno para su estudio y en caso de clarificar su titularidad, proceder en consecuencia. La Iglesia no quiere que se le atribuya ningún bien que no sea suyo», ha explicado Barriocanal.

Según ha precisado, el compromiso de la Iglesia con el Gobierno fue el de revisar de manera individualizada el listado facilitado al Congreso de los Diputados sobre los bienes inmatriculados por certificación durante el período 1998-2015. «Se trataba de casi 35.000 registros que han sido analizados por las diócesis respectivas uno a uno», ha puntualizado.

De dicho análisis se desprende, según señala, que había «cerca de 2.500 registros que no cumplían los requisitos a juicio de la Iglesia para figurar en ese listado por diversas causas».

«Algunos estaban duplicados, otros habían sido matriculados con anterioridad o se trataba de bienes adquiridos mediante compraventa, permuta, herencia, etcétera», ha precisado Barriocanal.

Además, han detectado «933 bienes» sobre los cuales «faltan datos para su identificación correcta», sobre los que no les «consta» la inmatriculación o que «no son propiedad de la Iglesia».

«Estos registros quedan a disposición del Gobierno para su estudio y en caso de clarificar su titularidad, proceder en consecuencia», ha indicado el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española.

Barriocanal ha defendido que la Iglesia ha realizado el estudio «con toda transparencia» y lo ha publicado en su página web «para información pública de todos». Asimismo, ha asegurado que se comprometen «a seguir colaborando en la clarificación de la titularidad de estos bienes».

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) que se reunirá desde el martes 25 de enero estará trufado de asuntos relativos al ‘procés’ independentista de Cataluña de 2017 y de cuestiones referentes a decisiones tanto del Gobierno como de Comunidades Autónomas sobre la pandemia de coronavirus. Según el orden del día facilitado por el tribunal de garantías, una de las decisiones de los magistrados será si admite a trámite el recurso de diputados del PP contra el fondo que creó la Generalitat de Cataluña para cubrir los avales de las fianzas que reclamaba el Tribunal de Cuentas para excargos del Ejecutivo catalán.

Fue en octubre cuando el PP presentó ese recurso contra el decreto por el que se dotaba de 10 millones de euros al Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Catalunya por el que el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) avalaba las fianzas de los dirigentes independentistas encausados por el Tribunal de Cuentas por la acción exterior desempeñada entre 2011 y 2017 y que asciende a 5,4 millones de euros.

Si bien el orden del día es extenso, fuentes del Constitucional señalan que no habrá asuntos de gran calado o de especial conflictividad porque se están negociando previamente para que las sentencias lleguen con mayorías amplias y con consenso. Una idea en la que ahondó el pasado jueves el propio presidente del TC, Pedro González-Trevijano en una conferencia que impartió en Madrid.

Además, señalan que se verán los recursos de súplica presentados contra la decisión del tribunal de garantías de rechazar de plano los 33 incidentes de recusación de los magistrados Enrique Arnaldo y Concepción Espejel presentado por los líderes independentistas catalanes del ‘procés’, entre ellos el expresidente Carles Puigdemont.

El TC tiene en agenda también dar cuenta de varios recursos relativos a la causa del ‘procés’ que se siguió en el Supremo, en concreto un par de recursos del exvicepresident Oriol Junqueras contra los autos de 14 de octubre y de 18 de noviembre de 2019 de la Sala de lo Penal del TS, y contra la Sentencia y un auto más de esa misma sala por el ‘procés’. Se verá además un recurso de la exconsellera Clara Ponsatí contra otro auto del Supremo.

También entra en el orden del día el recurso presentado por el expresidente Carles Puigdemont contra los autos de 14 de octubre de 2019, 4 de noviembre de 2019, 10 de enero de 2020, 23 de octubre de 2020 y 30 de diciembre de 2020 de la Sala de lo Penal del TS relativos a su situación procesal y a las órdenes de detención vigentes contra su persona.

El Pleno deliberará además sobre sentencias nuevas, como la realizada por la magistrada María Luisa Balaguer sobre el recurso del Grupo Parlamentario Ciutadans en el Parlamento de Cataluña contra el Acuerdo de la Mesa del Parlament de 25 de septiembre de 2019, por el que se reivindicó la amnistía de los condenados por el ‘procés’.

EL COVID

Pero si bien el ‘procés’ puede acumular horas en el pleno que se extenderá por tres días, una vez más se cuela en la agenda de los magistrados asuntos derivados de la pandemia por coronavirus.

En concreto se estudiará la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Aragón sobre varios artículos del Real Decreto por el que se decretó el segundo estado de alarma en octubre de 2020 y del Real Decreto por el que se acordó su prórroga.

Verán también el recurso de diputados de Vox contra varios artículos la Ley del País Vasco 2/2021, de 24 de junio, de medidas para la gestión de la pandemia de Covid-19, y el que presentaron también contra el Decreto-ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pandemia de Covid-19 en Canarias.

DESAHUCIOS DE VULNERABLES

Entre las sentencias nuevas que serán deliberadas por los magistrados, estará también la relativa al recurso de diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso por diversos incisos y preceptos del preámbulo y la disposición final primera del Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.

Ese decreto modifica el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la Covid-19. Y contempla entre otras cosas la suspensión durante el estado de alarma del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional en varios supuestos contemplados en la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en aquellos otros en los que el desahucio traiga causa de un procedimiento penal.

En esa línea, se verá otro recurso presentado por Vox contra el artículo segundo punto 2 del Real Decreto-Ley 16/2021, de 3 de agosto, por el que se adoptan medidas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.

Ese punto concreto del Real Decreto suspendía hasta el 31 de octubre de 2021 el procedimiento de desahucio y los lanzamientos para personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional en los supuestos de los apartados 2.º, 4.º y 7.º del artículo 250.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y en aquellos otros en los que el desahucio traiga causa de un procedimiento penal.

Otro punto de la batería de asuntos que conocerá el pleno será la cuestión de inconstitucionalidad que plantea la Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de Cataluña relativa a varios apartados de la Ley del Parlament de Catalunya 12/2009, de 10 de julio, de Educación, y que hacen referencia a la financiación de puestos de guardería.

El conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, ha explicado este lunes que con el nombramiento del nuevo comisario jefe Josep Maria Estela y los cambios en la cúpula de los Mossos d’Esquadra «no se ha purgado ni castigado a nadie».

En la Comisión de Interior en el Parlament de Cataluña, el conseller ha manifestado que el Major Josep Lluís Trapero «era el mejor jefe del cuerpo en el tiempo que lo dirigió», y que Estela es el mejor jefe de los Mossos en los próximos años, en sus palabras.

Ha explicado que estos cambios se hacen a raíz de los nuevos objetivos del cuerpo, como combatir la ciberdelincuencia, feminizar el cuerpo, rejuvenecer la plantilla, hacer una policía de proximidad y vinculada al territorio o un despliegue virtual y aéreo del cuerpo.

Elena ha explicado que el hecho de que la jefatura de los Mossos d’Esquadra esté formada por cuatro personas es porque se busca que sea una cúpula coral, y que el nuevo equipo de los Mossos ha pasado de tener un 10% de presencia femenina a casi el 25%, mientras que su objetivo es llegar a que las mujeres sean un tercio de la plantilla del cuerpo.

EXJEFE DE ANTICORRUPCIÓN

Respecto al cambio de que el exjefe de anticorrupción del cuerpo Toni Rodríguez pase a ser el nuevo jefe del Área Básica Policial (ABP) de Rubí (Barcelona), ha explicado que en el cuerpo «hay mucha movilidad interna», y ha puesto ejemplos de otros jefes que han sido destinados a otras comisarías.

«Rodríguez ha ido a Rubí, un ABP muy importante. Ir a Rubí no es un castigo, es un reto policial muy relevante. Esta concepción es la que se tiene que combatir», ha dicho.

GRUPOS PARLAMENTARIOS

El diputado de PSC-Units Ramon Espadaler ha lamentado que el cuerpo de los Mossos «desgraciadamente está en la arena política desde hace demasiado tiempo», y ha expresado que esto parece una purga y un aviso para navegantes –en sus palabras–; y el diputado Sergio Macián (Vox) ha manifestado que la Conselleria de Interior está «patas arriba».

Por su parte, el diputado de la CUP Xavier Pellicer ha lamentado que «se ha hecho difícil poder hablar de Mossos como un cuerpo ejemplar que hacen actuaciones ejemplares», mientras que el diputado Marc Parés (comuns) ha pedido al conseller que aclare cómo se tomó la decisión de cesar al jefe del cuerpo –refiriéndose a Trapero–.

El diputado de Cs Matías Alonso ha explicado que ha tenido que haber algún tipo de motivación de peso para tomar estas decisiones, y Lorena Roldán (PP) ha reprochado a Elena que los cambios que ha efectuado son «una purga, una purga en mayúsculas».

En cambio, la diputada de Junts Mercè Esteve ha mostrado su apoyo al conseller y a los cambios, y ha expresado que «la única purga fue el 155», y Chakir El Homrani (ERC) ha manifestado que en el siglo XXI los cambios son obligados y continuos.

La Confederación Española de Asociaciones de Familiares de personas con Alzheimer y otras Demencias (CEAFA) han denunciado este lunes el uso de sujeciones en residencias (y en otros centros) de personas mayores.

Según han señalado, además de poder vulnerar los derechos fundamentales de la persona, esta práctica atenta contra la dignidad y, en ocasiones, provocan «resultados fatales».

A través de un comunicado, CEAFA ha lamentado el reciente fallecimiento de una mujer, por asfixia con sus propias correas, en la residencia Villa del Prado de Madrid y ha calificado de «acto reprobable» el hecho de que esto ocurra «en el siglo XXI».

A su juicio, para evitar esta situación es necesario «priorizar, invertir y trabajar en la formación y concienciación de los profesionales» y de las «familias» hacia «el uso de sujeciones en centros sociosanitarios».

Por otra parte, CEAFA ha mostrado su «total y más sincero apoyo» a todas las instituciones y profesionales que trabajan cada día para ofrecer cuidados y atenciones de calidad a las personas con demencia.

«Un suceso como este no debe empañar el trabajo de muchos profesionales que son conscientes de la dignidad de las personas y que evitan el empleo de cualquier tipo de sujeciones durante sus tratamientos», ha explicado.

A través de un comunicado, la Confederación recuerda que existen «varios programas enfocados a la eliminación de sujeciones físicas y químicas» como el proyecto de la Fundación Maria Wolff ‘Cuidados de demencias sin sujeciones’, en elque CEAFA participa como acreditador externo y que tiene como objetivo «animar, ayudar y reconocer» a las instituciones comprometidas con la mejora de la calidad asistencial a personas con demencia.

Fruto de esta iniciativa, ha explicado, surge la acreditación ‘Centro experto en cuidados en demencias libre de sujeciones físicas’ que CEAFA otorga a centros sociosanitarios tras valorar aspectos de estos centros, como la calidad asistencial o el conocimiento en demencias del personal.

«Estos profesionales deben comprender y tratar de forma eficaz los retos asistenciales y de convivencia que plantea el trato diario de pacientes con demencia, así como la prevención y resolución de los problemas afectivos y conductuales asociados a las demencias por el hecho de estar institucionalizados, entre otros», ha apuntado CEAFA.

Finalmente, la Confederación Española de Alzheimer no solo expresa sus condolencias por el trágico fallecimiento de esta persona con demencia, sino que anima a todos los centros residenciales de personas mayores en general -y con demencia en particular- a que introduzcan en sus prácticas la cultura de la eliminación de sujeciones.

El secretario general de Junts, Jordi Sànchez, celebrará mañana martes un acto de conciliación con el líder del PP, Pablo Casado, por un delito de calumnias y/o injurias a raíz de que el dirigente ‘popular’ le acusara de haber destrozado un coche de la Guardia Civil en septiembre de 2017. A la cita no tienen que acudir ninguno de los dos, y es el paso previo para la presentación de la querella.

Fuentes consultadas han precisado que Sánchez comparecerá a las 10.00 horas ante el Juzgado Primera Instancia 4 Madrid.

El líder de Junts reclama a Casado que se retracte de sus declaraciones –en rueda de prensa y en las redes– y que lo indemnice con 24.000 euros que, según ha dicho, destinará a entidades de defensa del catalán.

«Un señor que ha sido condenado a 9 años de cárcel, que ha destrozado un coche de la Guardia Civil y se ha subido con un megáfono a instigar a la violencia contra las administraciones del Estado a mí no me va a dar lecciones de legalidad ni de democracia», llegó a decir el presidente del PP.

Para Sànchez, las afirmaciones de Casado son constitutivas de un delito de calumnias propagadas con publicidad en base al Código Penal, y «contradicen los hechos declarados probados por la Sala Penal del Tribunal Supremo» en la sentencia sobre el 1-O.

Desde Junts han advertido de que, en caso de que Casado no acceda a la demanda de conciliación, la defensa de Sànchez tiene previsto seguir adelante con la querella.

Diversos cargos de Unidas Podemos han subrayado que la memoria de los ‘Abogados de Atocha’, asesinados hace 45 años, representan «lo mejor» de la democracia y su «recuerdo sigue vivo» en la sociedad.

Este lunes se cumple la efeméride del asesinato de Luis Javier Benavides, Serafín Holgado, Ángel Rodríguez, Francisco Javier Sauquillo y Enrique Valdelvira en su despacho laboralista de CCOO y el Partido Comunista de España (PCE), situado en el número 55 de la calle Atocha.

Al respecto, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha subrayado la «conquista de la democracia y de los derechos sociales debe mucho a esas mujeres y hombres que alumbran aún hoy los avances que siguen impulsando».

Mientras, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha señalado que representan «lo mejor» de la democracia. Por ellos estamos hoy aquí. Que viva la lucha de la clase obrera. No olvidamos», ha apuntado también en redes.

La titular de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, ha ahondado que los derechos actuales «los trajeron personas como los abogados de Atocha que sufrieron un atentado a manos del fascismo hace hoy 45 años». Por tanto, ha proclamado que seguir denunciando el «peligro que entraña la ultraderecha» es «una obligación democrática».

Por su parte, la portavoz de la dirección federal de IU, Sita Rego, ha recordado también el 45 aniversario de «vil asesinato» de los abogados de Atocha. «Hoy más que nunca queremos recordar a quienes lucharon y pelearon por traer la democracia a nuestro país. Sin duda, sin Memoria no hay futuro, sin Memoria no hay democracia», ha destacado en rueda de prensa telemática.

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, ha descartado este lunes evacuar al personal diplomático y a ciudadanos españoles residentes en Ucrania por el auge de las tensiones con Rusia, en una llamada a la tranquilidad ante la crisis de seguridad provocada por la presión militar de Moscú.

Después de que Estados Unidos haya iniciado los trabajos para evacuar a las familias del personal diplomático en Kiev, el ministro español ha rechazado seguir sus pasos y ha hecho un «llamamiento a la tranquilidad».

«No nos planteamos evacuar a nuestra colonia ni a la Embajada. Sigo minuto a minuto la situación y ante cualquier evolución reaccionaremos con rapidez», ha explicado en rueda de prensa desde Bruselas tras participar en el Consejo de Asuntos Exteriores.

Albares ha explicado que el Ministerio que dirige hace seguimiento de la comunidad española en Ucrania, formada por unos 500 compatriotas, que son informados «puntualmente» de las novedades en cuestión de seguridad.

La escalada de tensiones en la frontera con Ucrania, donde Rusia concentra a decenas de miles de efectivos y medios militares, ha generado alarma sobre una posible agresión, frente a la cual la UE, en coordinación con Estados Unidos, Reino Unido y Canadá prepara sanciones sin precedentes.

El mensaje del jefe de la diplomacia española se suma al del Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, que este lunes ha pedido «no dramatizar» al ser preguntado por una posible retirada del personal diplomático europeo. «No creo que debamos dramatizar mientras las negociaciones continúen, y están en marcha», ha asegurado Borrell a su llegada a la reunión.

En la misma línea, Albares ha insistido en que ante al crisis abierta «no hace falta agravar la situación» ni hacer «política ficción», poniendo en valor que, aunque «tenso», se mantiene el diálogo con Moscú para evitar una escalada bélica.

Exteriores procedió a actualizar sus recomendaciones de viaje sobre Ucrania el viernes pasado. En ellas, indica que debido la «volatilidad de la situación actual no se recomienda viajar a Ucrania salvo por motivos de viaje esenciales». En todo caso, se desaconseja los viajes a Crimea y las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk, sugiriendo a los españoles que estén en ellas que no permanezcan «más allá del tiempo imprescindible».

El arzobispado de Madrid, a través de su proyecto Repara, recibió en el último año 2021 un total de diez denuncias contra sacerdotes y religiosos por abusos sexuales. En cinco de los casos, la víctima denunció siendo adulta pero el abuso lo sufrió cuando era menor.

Así se desprende de los datos publicados este lunes por la archidiócesis de Madrid.

En concreto, durante el año 2021, el Proyecto Repara del Arzobispado de Madrid atendió a 72 víctimas directas de abusos sexuales o abusos de autoridad (víctimas de primer orden), así como a 31 familiares de estas (víctimas de segundo orden).

De estos 72 casos, 49 eran por abusos sexuales y 23 por abuso de autoridad. Si bien, no todos los casos se habían producido dentro de la Iglesia católica de Madrid: 34 fueron denuncias contra familiares, 5 contra particulares, 24 contra miembros de la vida consagrada, cuatro contra diocesanos de Madrid, una contra un diocesano de otra diócesis y cuatro contra miembros de movimientos o realidades eclesiales.

Además, a lo largo del año, Repara acompañó, de modo terapéutico, a cinco personas «agresoras o victimarios», y efectuó más de 80 intervenciones puntuales o asesoramientos, sobre todo, a través del teléfono y del email, según señala.

A todas estas personas se les ofrecieron más de 700 sesiones gratuitas de atención psicológica y escucha, 300 más que en 2020. A la terapia individual, además, se le unieron también los Grupos de Ayuda Mutua. Y también creció la demanda de asesoramiento canónico y jurídico, según informa el Arzobispado.

En paralelo al trabajo que se realiza desde la puesta en marcha del proyecto, el Arzobispado señala que, a finales de 2021, la Conferencia Episcopal Española hizo llegar a ‘Repara’ información sobre varios posibles casos de abuso recopilados por el diario ‘El País’ en un informe enviado a Roma.

La archidiócesis explica que, en estos momentos «se está contrastando la información existente, se está investigando cada situación conforme a los protocolos establecidos y, llegado el momento, se incorporarán a las cifras facilitadas».

‘Repara’ pone a disposición de las víctimas de abusos el correo ‘atencionrepara@archimadrid.es’ o el teléfono 618 30 46 66 (llamadas, contestador y WhatsApp). Asimismo, se puede encontrar más información en su web ‘repara.archimadrid.es’.

Además de la atención a las víctimas, el Proyecto Repara trabajó en 2021 en la prevención de posibles casos y en la formación. Entre otros, se dieron sesiones de formación y trabajo presenciales a cerca de 600 sacerdotes y 200 agentes de pastoral; se ofrecieron dos cursos online a través de la Escuela Diocesana de Evangelizadores, con la participación de 75 alumnos, la mayoría agentes de pastoral, y hubo sesiones específicas para los equipos directivos de los colegios diocesanos y los alumnos del Seminario Conciliar.

En esta línea, el Proyecto Repara asegura que mantiene contacto creciente con las vicarías, algunas parroquias y órdenes religiosas que requieren información al respecto. Además, en 2020 elaboró un vídeo explicativo y editó el libro ‘Por una cultura del encuentro’, con una tirada de más de 8.000 ejemplares, que se ha enviado a todas las parroquias de la diócesis y a los colegios diocesanos y concertados.

De cara a este año 2022, aparte de mantener estas iniciativas, quieren organizar un congreso diocesano de profundización en este tema, con la puesta en común de buenas prácticas desde la mirada de las víctimas.

La cruz de Caravaca habría sido desenterrada en el transcurso de unas excavaciones arqueológicas hechas en el fuerte de St. Mary’s en el estado de Maryland en Estados Unidos, según recoge en su edición digital el periódico The Washintong Post.

La pregunta que se hacen los investigadores es cómo pudo llegar esa cruz de Caravaca a suelo estadounidense. Los arqueólogos descartan que un sacerdote católico español o alguno de esos primeros colonos ingleses fuera su portador debido a las tensas relaciones que los reinos español y británico tenían en aquella época.

Según recogen las páginas del diario estadounidense, la explicación más probable es que fuera un objeto de intercambio dado a los pobladores de St. Mary’s por alguno de los indígenas con los que mantenía relaciones comerciales y que éstos, a su vez, lo hubieran conseguido mediante al haber tenido contacto con misioneros castellanos ubicados en las colonias españolas situadas en tierras próximas al hallazgo, en los estados de Carolina del Sur o Florida que estaban bajo posesión de la Corona española en la época del hallazgo.

La reliquia salió a la luz el pasado 25 de octubre y, tras la pruebas hechas por los arqueólogos, la cruz tiene una aleación de cobre que la sitúa con las que se hacían, por aquella época, en la localidad caravaqueña.

Además, tiene un pequeño orificio superior lo que hace que fuera un colgante a modo del que solían portar misioneros que, desde España, viajaron a tierras del Nuevo Mundo a evangelizar a la población indígena local.

El objeto religioso podría tener más de 350 años de antigüedad y habría estado sepultado, todo ese tiempo, en lo que sería el primer asentamiento británico en tierras del estado estadounidenses de Maryland, por lo que esa cruz desenterrada podría datar del año 1630.

El Juzgado de Instrucción Número 16 de Madrid celebrará mañana martes el juicio contra el líder de Más País, Íñigo Errejón, por la supuesta comisión de un delito leve de maltrato contra un vecino de Lavapiés al que presuntamente habría propinado una patada el pasado mayo.

La vista oral tendrá lugar a las 9.30 horas en los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, ya que al ser un delito leve no se ve afectado el aforamiento que goza como diputado del Congreso.

Errejón llega a juicio después de que un vecino de 67 años presentara una denuncia ante la Comisaría Centro de Madrid. El hombre aseguró a las autoridades policiales que, la madrugada del 2 de mayo, el dirigente le propinó una patada que tuvo consecuencias en su salud; en concreto, en la hernia inguinal que dice tener por un cáncer de colon.

Tras conocerse la denuncia y durante una rueda de prensa en el Congreso, el dirigente de Más País negó haber agredido al denunciante. «La acusación que se me dirige es falsa y yo, faltaría más, estoy a disposición de cualquier información oficial que se me requiera», dijo tras reconocer que el hombre, junto a otras personas, se le acercó aquella noche para pedirle una foto y le «comenzaron a gritar» y a insultarle.

Una vez que el caso llegó al Juzgado, la magistrada tomó declaración al denunciante y a uno de los testigos. Fuentes presentes en el interrogatorio aseguraron que ambos ratificaron lo que dijeron en sede policial.

Durante la fase de investigación, la juez también llegó a dirigirse al Congreso para pedir que acreditara la condición de diputado de Errejón y reclamó a la Policía Científica que realizara un análisis «exhaustivo» de las imágenes recogidas por las cámaras de seguridad que grabaron el presunto maltrato.

DELITO LEVE DE MALTRATO

Tras tres meses y medio de diligencias, la juez Margarita Valcarce acordó enviar a Errejón a juicio tras transformar el procedimiento de un presunto delito de lesiones a uno leve de maltrato en base al informe médico forense realizado en la causa. «Los hechos hasta ahora investigados pueden revestir el carácter de delito leve de maltrato (…) sin que se haya acreditado la existencia de un delito de lesiones a la vista del informe médico forense», señaló.

La magistrada indicó que en dicho informe se dejó constancia de que no se consideraba acreditada la existencia de lesiones traumáticas agudas derivadas de la agresión física, que fue descrita como «patada con impacto con planta del pie en región baja abdominal». Por eso, al no estimar lesiones, lo transformó en delito leve de maltrato.

El delito al que se enfrenta Errejón está previsto en el artículo 147.3 del Código Penal y se refiere al que golpee o maltrate de obra a otro pero sin causarle lesión. Según la normativa, es castigado con penas de multa de uno o dos meses.

LA «IMPARCIALIDAD» DE LA JUEZ

En el mismo auto en el que se acordó enviar el caso a juicio, la juez indicó que la defensa del líder de Más País había presentado una queja por el hecho de que la misma magistrada que dirigió las pesquisas se hiciese cargo de la vista oral.

Ante esta situación, la magistrada se dirigió a la Audiencia Provincial de Madrid para que resolviese si podía juzgar al dirigente tras haberle investigado o si consideraba que se había visto afectada su «imparcialidad».

El órgano judicial inadmitió el incidente de recusación de la magistrada porque la defensa de Errejón no llegó a presentar una petición formal, tal y como se le había requerido y como establece la ley en asuntos de esta naturaleza procesal. Finalmente, será la propia Valcarce quien dirija el juicio contra Errejón.