Greenpeace tiene previsto presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo ante la negativa del Gobierno a informar sobre el envío de unos sistemas portamorteros españoles a Arabia Saudí, y que el país habría utilizado supuestamente contra Yemen.
Fuentes jurídicas han explicado que han tomado esta decisión toda vez el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado un recurso interpuesto por la organización después de que el Ejecutivo descartase informar sobre las licencias de exportación de material bélico a la península arábiga.
Desde la organización han lamentado que el TSJM afirme en su sentencia que «el derecho a obtener información de la Administración tiene como límite la seguridad y defensa del Estado», y prime los intereses comerciales privados de la empresa vendedora por encima del derecho fundamental a la información y del derecho a la vida de las personas afectadas por este armamento en Yemen.
Concretamente, Greenpeace presentó una solicitud de información acerca del envío de unos portamorteros del modelo Alakran que habían sido detectados en la frontera entre Arabia Saudí y Yemen donde, recuerda la organización, «se libra una cruenta guerra desde hace años en la que las violaciones de los derechos humanos son constantes y en la que han perdido la vida miles de civiles».
En esta línea, la ONG recuerda que realizó esta solicitud para comprobar la legalidad de estas exportaciones de armas, en base al reconocimiento que hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al papel de las ONG como «vigilantes de los Gobiernos».
INVOCAN SU DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE INFORMACIÓN
Así, Greenpeace insiste en que el TEDH les reconoce el derecho de acceso a la información como un derecho instrumental para poder ejercer el derecho fundamental a la libertad de expresión e información.
«Un reconocimiento similar al de los medios de comunicación, cuya función también se ve cercenada con este tipo de decisiones. Esta sentencia es una ocasión perdida para que España incorpore esta doctrina europea a su ordenamiento jurídico, como es su obligación», lamentan.
Este caso en concreto, explican, se remonta a agosto de 2020, cuando una investigación llevada a cabo por Greenpeace y eldiario.es localizó los sistemas de mortero españoles en manos de miembros de la guardia de fronteras saudí, que los operaban en la frontera con Yemen. La investigación sacó a la luz que el armamento fue vendido con autorización del Gobierno español en 2018.
Asimismo, recuerdan que en mayo de 2021 aparecieron nuevos datos sobre el envío de más morteros y de decenas de miles de proyectiles, así como de la implicación de Eduardo Serra, exministro de Defensa en el contrato y de la omisión de información sobre estas exportaciones en las estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio.
