El 28 de abril de 2025, España vivió un apagón general que, un año después, sigue sin ofrecer compensaciones y respuestas claras a los ciudadanos. No nos libramos de la sensación de que no ha existido una rendición de cuentas clara ni un cierre convincente sobre las causas, pero tampoco de la percepción de que las compensaciones prometidas, cuando no se han diluido, sencillamente no han llegado a buena parte de los afectados. Y, al mismo tiempo, una factura eléctrica que se ha encarecido por motivos poco visibles para quien solo mira el total a final de mes.
Pero vayamos por partes. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerda que muchos usuarios continúan sin recibir explicaciones detalladas y que las compensaciones no han llegado de forma generalizada a los hogares que padecieron cortes y daños derivados de la falta de suministro. La organización insiste en que el consumidor sigue en el eslabón débil, con trámites complejos, respuestas tardías y una asimetría evidente frente a compañías y operadores cuando toca probar perjuicios, cuantificarlos y reclamarlos.
Si bien para muchos fue una anécdota, el coste del apagón también se midió en caos en el transporte, alimentos desperdiciados, electrodomésticos averiados, jornadas laborales perdidas, ascensores parados y comercios que tuvieron que bajar la persiana. Y hay que sumarle un coste menos visible, el del tiempo invertido en reclamar. Ahí es donde entra la OCU, que denuncia que el sistema de compensaciones no ha funcionado de manera automática ni homogénea y que, para muchos usuarios, la respuesta ha sido insuficiente o inexistente.
"Al no tener una información nítida sobre las responsabilidades de lo sucedido, seguimos sin ser compensados", dicen. La organización reclama claridad sobre qué ocurrió y, sobre todo, mecanismos eficaces para reparar daños sin convertir cada caso en una batalla individual.
En la práctica, el problema se agrava porque el consumidor doméstico no siempre conserva pruebas, no sabe a quién reclamar en primera instancia o se enfrenta a peticiones de documentación difíciles de reunir cuando el daño ya está hecho. Además, cuando un apagón es general, la tendencia natural es asumir que "fue cosa del sistema" y que no hay a quién reclamarle. Sí lo hay, pero suele estar protegido por un batiburrillo de contratos, peajes, operadores y responsabilidades compartidas que el usuario medio no domina.
Este escenario afecta también a pequeños negocios que, aun sin tener el músculo legal de una gran empresa, sufren pérdidas directas en caja. Para ellos, el corte de suministro es una caída inmediata de ingresos, género que se estropea y pagos que siguen corriendo. Con ellos, el proceso también es lento, técnico y, con frecuencia, frustrante.
Una luz más cara por "seguridad" frente a apagones
Junto a todo esto, el consumidor percibe que paga más, pero no siempre entiende por qué. Un análisis de la plataforma Hello Watt pone cifras a una parte poco conocida del recibo de la luz: los servicios de ajuste del sistema. En marzo de 2026 estos costes alcanzaron un máximo histórico y llegaron a suponer el 28 % del término de energía del PVPC, de modo que más de uno de cada cuatro euros de ese componente no pagaba estrictamente electricidad, sino costes asociados a mantener la red estable tras el apagón. En otras palabras, el usuario no solo paga energía... paga también una operación reforzada del sistema.
Tras el apagón del 28 de abril de 2025, Red Eléctrica habría adoptado una gestión más conservadora, recurriendo con mayor frecuencia a mecanismos de seguridad y a centrales de respaldo, especialmente de gas. En cifras, se ha producido escalada de los servicios de ajuste desde niveles del entorno de 15 euros por MWh en 2023 y 2024 hasta 26,69 euros por MWh en los meses posteriores al apagón, con un pico de 38,68 euros por MWh en marzo de 2026. Traducido a un hogar medio, se estima un incremento del 61 % en este concepto, con un sobrecoste anual aproximado de 30 euros.
Y no hay que olvidar que, según la CNMC, más de la mitad de los hogares no sabe qué tarifa tiene, lo que los deja expuestos a la volatilidad sin ser plenamente conscientes del riesgo.
De hecho, doce meses después, encuestas como la llevada a cabo por Camby apuntan a que una amplia mayoría de españoles (casi nueve de cada diez) cree que un episodio similar podría repetirse, con una sensación de vulnerabilidad y el debate abierto sobre el riesgo de repetición y el grado de preparación del país para afrontarlo.
Pero lo más importante aquí ocurre a nivel sanitario, aunque pocos nos demos cuenta de esa realidad. En España viven pacientes electrodependientes, personas que necesitan equipos conectados para respirar, alimentarse o monitorizar constantes. Para ellos, un corte prolongado es una emergencia y no un inconveniente puntual. Es un riesgo directo para la salud y pone a prueba la coordinación entre hogares, servicios sociales, sanidad y compañías suministradoras.
Si el debate público se centra solo en megavatios, precios marginales o curvas de demanda, se olvida que un episodio como un apagón general es también un problema de protección civil, y el consumidor vulnerable es el primero en quedar expuesto.
