Todas las sesiones en abril se celebrarán en martes, miércoles y jueves, a excepción de la semana del 15 abril que, con motivo de la Semana Santa, las tres jornadas de juicio se celebrarán en lunes, martes y miércoles, es decir, los días 15, 16 y 17 de abril respectivamente, estando citados 63 policías.

Además, este periodo de sesiones coincide con la campaña electoral, que comienza el día 12, para las elecciones generales del 28 de abril. En este periodo, el tribunal ha citado a 92 testigos, especialmente relevantes los 13 citados el martes 23 de abril, día de Sant Jordi, entre los que se encuentran la intendente Teresa Laplana; el actual vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés; el exconsejero de Interior Jordi Jané; el ex secretario de Hacienda de la Generalitat de Cataluña Josep Lluís Salvadó, y el técnico administrativo y gestor del programa GEEC (Gestor Electrónico de Expedientes de Contratación) David Badal.

Al día siguiente, el 24, comparecerá el cantautor Lluis Llach i Grande, testigo de Vox, de la defensa de los procesados Oriol Junqueras y Raül Romeva y de la defensa del procesado Jordi Sánchez, por su presencia en los hechos ocurridos en la Consejería de Economía y Hacienda el 20 de septiembre de 2017. Ese mismo día comparecerá Neus Lloveras, expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia.

Entre los testigos de abril también destacan la comparecencia del comisario jefe de Brigada de Información de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, el de la Brigada de Policía Judicial de Barcelona, el jefe de la Comisaría Superior de Coordinación Central de los Mossos y el comisario de los mossos.

Según informó la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), que preside Aznar, el que fuera líder de los populares se desplazará este miércoles hasta Valencia para intervenir a las 20.00 horas en un acto público del PP en Valencia.

A un mes de las elecciones generales convocadas para el próximo 28 de abril, Aznar compartirá escenario con Bonig y también con la candidata del PP a la Alcaldía de Valencia, María José Catalá.

La semana pasada, el expresidente del PP alertó, ante los comicios generales del 28-A, de que “no podemos cometer el error de confiar nuestro futuro a la conjunción de la izquierda y de los nacionalistas” que en su opinión han llevado a la situación que hoy vive Cataluña.

En la Convención Nacional del PP que se celebró a mediados de enero ya se escenificó el respaldo completo y absoluto de Aznar al nuevo proyecto político que está poniendo en marcha el PP con Pablo Casado al frente.

Entonces, el presidente de FAES proclamó que “el PP es el seguro de cambio” y coronó a Casado al definirle como “un líder como un castillo”.

La reserva hidráulica nacional desciende ahora al 58,1% de la capacidad total. Los embalses han perdido 218 hm3 respeto a la semana anterior después de que las precipitaciones hayan sido escasas en toda España durante los últimos siete días, con el valor máximo registrado en Valencia, donde se recogieron 16,8 litros por metro cuadrado, según datos dados a conocer este martes por el Ministerio para la Transición Ecológica.

Los niveles más altos de agua embalsada en la actualidad corresponden las cuencas internas del País Vasco (90,5%); las cuentas internas de Cataluña (86,0%); el Cantábrico Oriental (84,9%); Tinto, Odiel y Piedras (79,9%); el Cantábrico Occidental (79,7%); el Ebro (72,9%); Galicia Costa (72,5%); la cuenca mediterránea andaluza (66,2%); el Miño-Sil (65,6%), y el Guadalete-Barbate (65,1%).

Por detrás están el Duero (63,1%), el Guadalquivir (54,6%), el Guadiana (53,5%), el Tajo (52,2%), el Júcar (37,2%) y el Segura (29,0%). La reserva actual es un 17,6% inferior a la media de la última década, que es de 39.589 hm3, y un 6,7% más baja que la de hace un año, cuando había 34.979 hectómetros cúbicos.

SEQUÍA DESDE EL INVIERNO

Los embalses españoles estaban la semana pasada con menos agua después de encadenar justamente 12 meses consecutivos con los niveles semanales más elevados con respecto al año anterior, pero la escasez de lluvias dio entonces un vuelco.

Los datos históricos, a los que tuvo acceso Servimedia, reflejan que justo antes del inicio de la primavera de 2018 los embalses comenzaron a tener más agua respecto al año anterior y así ha sido semana a semana hasta ahora.

Las borrascas ‘Emma’, ‘Félix’, ‘Gisele’ y ‘Hugo’ hicieron que marzo del año pasado fuera el segundo más lluvioso en España desde 1965 (año en que comienza la serie histórica de precipitaciones).

Sin embargo, este invierno ha sido más seco de lo habitual, puesto que las precipitaciones recogidas en el conjunto de España fueron un 66% inferiores a las normales en diciembre, un 14% en enero y un 72% en febrero, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), de manera que la estación fue muy seca en el país porque llovió un 51% menos de lo habitual.

Y ello después de que la primavera del año pasado fuera la más lluviosa jamás registrada desde 1965 (con un 83% de precipitaciones superiores a las normales), a la que sucedió un verano húmedo (22% más lluvioso de la media), un otoño también lluvioso (+16%) y un invierno muy seco (-51%).

El testigo estaba citado a las 16.00 horas pero la prolongada declaración del citado anteriormente, que estuvo ante el tribunal de 10.00 a 18.00 horas, ha hecho que su comparecencia se retrasara.

Cuando llegó su turno, un forense del Tribunal Supremo informó al presidente de la Sala de que el testigo se encontraba indispuesto y, por tanto, su declaración ha quedado aplazada sin fecha por el momento.

La abogada de Jordi Cuixart, Marina Roig, ha pedido al presidente del tribunal, Manuel Marchena, que recordara al testigo que no puede mantener contacto con otros declarantes ni intercambiar información sobre los testimonios ya prestados en el juicio. Tras hacer el correspondiente apercibimiento al testigo, se ha levantado la sesión.

Tal y como ya había explicado en su declaración de esta mañana, “en aquella época insurreccional, aquello era un polvorín, por lo que no se produjeron detenciones porque cualquier actuación podía ocasionar un mal mayor al que se pretende evitar", insistió.

A juicio del testigo, las movilizaciones sociales fueron "determinantes" durante el período transcurrido entre el 20 de septiembre y el 3 de octubre que él llama "período insurreccional". "Era un elemento más como hacer una legislación paralela para llegar a la desconexión. Era para hacer presión y elevar el nivel de conflictividad con el Estado”.

Ana Bernaola, abogada de Jordi Sànchez, interrogó a Baena sobre la investigación realizada a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural. "La investigación no era de las subvenciones de ANC y Òmnium, sino de la creación de estructuras de Estado", aseguró el testigo sobre las pesquisas de la Guardia Civil. Según su relato, la investigación de la ANC se produjo por primera vez en 2016 por orden de la Fiscalía, y de ella no se sacó “ninguna conclusión”.

El teniente coronel insistió a preguntas de la letrada que "la malversación que investigamos era en relación a la creación de las estructuras de Estado" y en cualquier caso “nosotros cuando investigamos, empezamos en la línea de un delito, pero después si vemos acciones relacionadas con otros delitos continuamos investigando”.

Con estas preguntas, la abogada de Jordi Sànchez trataba de demostrar que la investigación sobre el `procés´ fue prospectiva y que se investigó a organizaciones y personas sin tener indicios de que hubieran incurrido en ilegalidad, pero el testigo insistió en que los datos que se van obteniendo pueden modificar la línea de investigación.

Ante las preguntas de las defensas, el teniente coronel manifestó, como ya lo había hecho en varias ocasiones antes del receso, que “no investigamos si la Generalitat es competente para hacer cosas, investigamos a personas que cometen hechos que pueden ser delictivos, pero no a la Generalitat como persona jurídica”.

En línea con el interrogatorio de las defensas, el letrado Frances Homs intentó demostrar posibles contradicciones en el testimonio de Baena. En este sentido, cuestionó por qué investigaron la hoja de ruta aprobada por el Govern, si como había explicado no investigaban programas políticos. Sin embargo, el presidente del Tribunal Manuel Marchena impidió al testigo contestar esta pregunta. “Esto no tiene sentido tratándose de un agente de la autoridad, le está pidiendo una valoración”.

Preguntado por el abogado Jordi Pina sobre del exmagistrado Santiago Vidal que motivaron el inicio de las diligencias del juzgado de investigación número 13 de Barcelona, el testigo asegura que de las declaraciones públicas de Vidal se podía iniciar una investigación de un delito de malversación, puesto que "hizo referencia a que tenía los datos censales de los ciudadanos de Cataluña”.

La abogada de Jordi Cuixart, Marina Roig, protagonizó un tenso interrogatorio a Baena que aseguró a sus reiteradas preguntas que la Guardia Civil no investigó al “Pacte Nacional pel Referèndum, ni ninguna entidad social. Investigábamos personas que hacen cosas", volvió a decir tal y como ya había respondido a Pina.

Ante las preguntas de las defensas, el teniente coronel Baena rechazó ser usuario de la cuenta de Twitter @Nmaquiavelo1984. Según su testimonio, se le ha asociado erróneamente con dicho perfil, “yo seguía a esa cuenta y una información me asoció a ella, ha sido desmentido en prensa, en el Congreso, en el Senado, en una comisión del Congreso…”, subrayó.

Asimismo, aseguró que desconocía quien era el politólogo, como se describía en su perfil, que se encontraba detrás del seudónimo ‘Tácito’. “Yo seguía a gente relacionada con las ciencias políticas porque me interesaba”, añadió, pero reiteró que no era él el propietario de la cuenta.

Posteriormente, preguntado por una foto en su perfil de Facebook, publicada en 2015, de una serpiente de cascabel que coincidía con la foto de perfil de la cuenta de Twitter con la que le asocian las defensas, Baena aseguró que no la conocía.

En ningún momento de su testimonio ante el Tribunal que juzga el 'procés' se volvió a referir a esta cuestión, un hecho considerado fundamental por las defensas, ya que tratan de vincularlo con esta cuenta para acreditar su parcialidad al frente de la investigación del 1-O.

En la jornada de este martes, los mayores incrementos fueron para Grifols (+2,39%), Inditex (+1,97%), Ferrovial (+1,91%) y Siemens Gamesa (+1,61%). En el lado opuesto, Sabadell (-3,42%), IAG (-1,62%), Mapfre (-1,61%) y Arcelor (-1,6%) fueron los valores que se anotaron los descensos más acusados.

Entre los grandes del selectivo español, además de la subida de Inditex, Telefónica se anotó un 0,4%. En cambio, el Santander perdió un 1,41%, BBVA descendió un 1,1% e Iberdrola lo hizo un 0,05%.

Por su parte, la prima de riesgo se situaba en el entorno de los 112 puntos.

El Tribunal señala que la sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), el 20 de noviembre de 2018, en el asunto del líder kurdo Selahattin Demirtas contra Turquía, no constituye una circunstancia sobrevenida, además de no ser firme y estar pendiente de decisión por la Gran Sala del TEDH.

Además, en un auto en el que el TC ya denegaba excarcelar a los nueve acusados del `procés´ presos, el tribunal ya rechazó que exista cualquier similitud con el caso Demirtas, y dejó claro que en este procedimiento ni se están persiguiendo ideologías ni está en cuestión "una forma de pensar".

El Tribunal considera que el recurso es prematuro por falta de agotamiento de la vía judicial previa. La parte dispositiva de la sentencia que “en atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la nación española, ha decidido inadmitir el recurso de amparo formulado por doña Meritxell Serret Aleu y don Antoni Comín Oliveres”.

Serret y Comín habían presentado un recurso contra el auto del 13 de junio del 2018 dictado por el propio Llarena, donde rechazaba los escritos de las defensas que pedían su propia recusación. También habían recurrido otro auto del 4 de julio del 2018 donde el magistrado rechazaba la solicitud de nulidad de las actuaciones presentada contra la primera decisión.

Los dos exmiembros del Gobierno de Carles Puigdemont, presentaron este recurso por considerar que el juez no era imparcial, ya que todos ellos habían presentado una demanda civilmente en Bélgica contra Llarena.

Según el escrito de recusación presentado por los dos cosejeros huidos de la justicia española, ambos habrían sido objeto de “una campaña de descrédito por su condición y sus funciones políticas" que habría consistido en "una persecución judicial y mediática" vulneradora de su derecho a la presunción de inocencia y limitadora de sus derechos políticos.

Según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, bajará tanto el precio para la TUR 1, a la que están acogidos fundamentalmente los clientes que utilizan el gas para el suministro de agua caliente, como el de la TUR 2, a la que están acogidos principalmente los clientes domésticos que además de los usos anteriores tienen calefacción de gas.

Este descenso, según el Ministerio, se debe a una bajada del 16,3% en el coste de la materia prima, causado por la caída de la cotización del barril Brent (-8,9%) en el último semestre respecto al semestre tomado como referencia para la resolución anterior.

En esta actualización se tiene en cuenta además la modificación de la fórmula de cálculo del coste del gas de base, así como la congelación de los peajes para el año 2019.

La Tarifa de Último Recurso de gas natural se actualiza por el Gobierno de forma trimestral. De los 7,7 millones de consumidores de gas natural, 6 millones son suministrados a través de una comercializadora de mercado a precio libre y 1,7 millones se encuentran acogidos al precio de la TUR.

En uno de los autos en los que acuerda diligencias, el magistrado hace un relato de lo sucedido antes, durante y después del asalto y apunta a un grupo de 10 personas liderado por un ciudadano de México y residente en Estados Unidos llamado Adrián Hong Chang y en el que también habrían participado los ciudadanos estadounidense Sam Ryu y de Corea del Sur Woo Ran Lee.

El supuesto líder, Adrián Hong Chang, cinco días después del asalto, dice el juez, entró en contacto con el FBI en Nueva York con el fin de facilitar información relativa al incidente en la Embajada, así como el material audiovisual supuestamente obtenido. Además, manifestó que, bajo su propia voluntad, llevó a cabo los hechos junto con un grupo de personas no identificadas.

De la Mata detalla todos los preparativos del asalto desde los días previos en que se preparó la acción hasta la misma mañana de los hechos, cuando Hong Chang compró en una tienda de Madrid material táctico y de combate consistente en cinco fundas de pistola de extracción rápida, cuatro cuchillos de combate, seis pistolas simuladas HK, una sobaquera, cuatro gafas de tiro, cinco linternas tácticas o cinco grilletes de tipos diferentes. Entre los días 20 y 22 otros cuatro miembros del grupo, entre ellos Ram Lee y Sam Ryu, compraron también diverso material en una ferretería que incluía una cizalla, varios desencofradores, 33 rollos de cinta de doble cara, cinta americana, alicates o una escalera telescópica, entre otros útiles.

EL ASALTO

El juez explica cómo Hong Chang se presentó en la Embajada a las 16.34 horas del 22 de febrero y pidió ver al encargado de negocios, al que ya conocía de una visita previa en la que se había hecho pasar por empresario. Aprovechando un descuido del personal, franqueó el paso a otros miembros del grupo que se encontraban apostados en el exterior y penetraron en el interior portando machetes, cuchillos, barras de hierro y armas cortas simuladas “y comenzaron a golpear violentamente a sus ocupantes, hasta que consiguieron reducirlos y colocarles grilletes y bridas para inmovilizarlos”.

De acuerdo con el relato de hechos de la resolución judicial, una de las personas que se encontraban retenidas pudo saltar desde el primer piso, lo que le provocó lesiones, y escapar por una de las salidas, donde fue vista por un ciudadano que la ayudó y solicitó asistencia sanitaria y policial, lo que motivó que un equipo del Samur se desplazara hasta el lugar, así como un indicativo policial.

Los agentes policiales, una vez en el lugar y tras establecer un perímetro de seguridad, llamaron a la puerta de la Embajada, donde les abrió el propio Adrian Hong Chang, quien se había colocado una chaqueta con un pin con la cara del presidente de la República Popular de Corea y se presentó como alto representante del organismo, indicando a los agentes que no había ningún problema en el interior y que si había alguien herido debían comunicarlo oficialmente al Consulado.

Tras 60 minutos en la sala de reuniones, tres de los asaltantes, prosigue De la Mata, se llevaron al encargado de Negocios a una de las habitaciones del sótano y allí dos de ellos le incitaron a abandonar Corea del Norte, “identificándose como miembros de una asociación o movimiento de derechos humanos para la liberación de Corea del Norte”. Cuando éste les aseguró que no traicionaría a su país y no desertaría, fue de nuevo maniatado y le volvieron a cubrir la cabeza con una bolsa negra.

Los asaltantes, según el juez, retuvieron durante varias horas a las personas que se encontraban en la Embajada, manteniéndoles inmovilizados con grilletes y bridas y golpeándoles, y se apoderaron de un par de 'pendrives', dos ordenadores, dos discos duros (uno de ellos de almacenamiento de imágenes de seguridad) y un teléfono móvil.

Seguidamente, se apoderaron de tres vehículos propiedad de la Embajada y la mayor parte del grupo asaltante procedió a abandonar el lugar alrededor de las 21.40 horas, dejando en el interior de la legación a “las personas que habían detenido inmovilizadas con bridas y grilletes”. Con posterioridad, Hong Chang y otro de los asaltantes salieron de la Embajada por la parte trasera y tomaron otro vehículo.

LA HUIDA

Tras el asalto, Hong Chang se desplazó a Lisboa y de allí salió inmediatamente en un vuelo con destino a Estados Unidos, donde llegó el 23 de febrero al aeropuerto de Newark, en New Jersey. Cuatro días más tarde, el 27 de febrero, desde Nueva York, siempre según la resolución del Juzgado Central de Instrucción 5, Hong Chang entró en contacto con FBI de Estados Unidos con el fin de facilitar información relativa al incidente en la Embajada, así como del material audiovisual supuestamente obtenido.

Manifestó que, bajo su propia voluntad, llevó a cabo el asalto en la Embajada de Corea del Norte junto a un grupo de personas no identificado, “dando superficiales detalles de cómo se llevó a cabo el asalto y aseguramiento de edificio. Tras este, el Grupo Criminal procedió a registrar la Embajada en busca de armas y otras cosas. Una vez huyeron, el grupo se dividió en cuatro grupos y se dirigieron a Portugal, volando Hong Chang desde Lisboa a Nueva York”, explica De la Mata.

También indicó que el grupo asaltante portaba cuchillos y pistolas de airsoft. Al parecer, previo al asalto, indica el auto, Hong Chang habría contactado con alguien no identificado de la Embajada que sería susceptible de “desertar”. Tras la operación, el equipo se dividió en cuatro grupos y se dirigieron a Portugal. Todos ellos se encontrarían en estos momentos fuera de España. El juez De la Mata afirma que la persona que lideró el asalto y dirigió todas las operaciones fue, presuntamente, Adrian Hong Chang, del que constan diferentes identidades. Y consta también la participación en los hechos de Sam Ryu y de Woo Ram Lee.

Eurostat, que es la oficina de estadística de la UE, dio a conocer esta información en el marco de datos comparados entre los países de la Unión Europea. Los residuos de equipos eléctricos y electrónicos son una mezcla compleja de materiales y componentes que pueden causar problemas ambientales y de salud importantes si no se gestionan adecuadamente.

Los últimos datos disponibles son de 2016, cuando en el conjunto de la UE se recogieron de media 8,86 kilos de aparatos eléctricos y electrónicos, lo que supone un 25,5% en comparación con 2011, cuando esa tasa era de 7,06 kilos.

La cantidad total de residuos recogidos en los países de la UE varió considerablemente en 2016, con la tasa más alta en Suecia (16,45 kilos), seguida de Reino Unido (14,81), Dinamarca (12,43), Bélgica (11,27), Finlandia (10,96) y Francia (10,80), mientras que las más bajas corresponden a Rumanía (1,57), Letonia (2,47), Chipre (2,88), Malta (3,57) y Lituania (4,54). España es el octavo país que menos recogió ese año, con 5,38 kilos por habitante.

La variación en las cantidades recolectadas refleja diferencias en los niveles de consumo de productos eléctricos y electrónicos, así como los diferentes niveles de desempeño de los esquemas existentes de recolección de residuos.

El 55,6% del total de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos recogidos en la UE en 2016 era de grandes electrodomésticos, seguidos de equipos de tecnologías de la información y telecomunicaciones (14,8%), equipos de consumo o paneles fotovoltaicos (13,5%) y pequeños electrodomésticos (9,0%). El 7,2% restante se refiere a herramientas, productos de iluminación, juguetes y equipos deportivos.

En un auto la Sala III rechaza la suspensión cautelarísima, solicitada por el presidente de la Generalitat, del acuerdo del pasado 21 de marzo de la Junta Electoral Central en relación a la retirada de lazos amarillos de edificios públicos de Cataluña. La Sala acuerda tramitar ahora el incidente como medida cautelar ordinaria, en el que se da un plazo de alegaciones a la parte contraria sobre la suspensión pretendida.

Entre otros argumentos, los magistrados constatan que la ejecutividad del acto impugnado, en lo relativo al punto primero del acuerdo, agotó sus efectos a las 15 horas del viernes 22 de marzo (hora tope para retirar los lazos), y el recurso del presidente de la Generalitat catalana se firmó el mismo día 22 de marzo a las 19.18, y se envió ese mismo día a las 20.15 horas al Supremo, con entrada en el día de ayer, 25 de marzo.

Además, recuerdan que Torra no impugnó los acuerdos de 11 y 18 de marzo de la misma Junta Electoral Central en relación a este asunto, cuando pudo haberlo hecho, por lo que entiende que “no está en condiciones el recurrente de alegar una especial urgencia en suspender una orden de ejecución subsidiaria”.

Y respecto al resto de sus alegatos referidos a los elementos integrantes del juicio de pertinencia de la tutela cautelar (periculum in mora, fumus boni iuris y exigencia de una ponderación de los intereses en liza) se rechazan al plantearse en unos términos ajenos a la cognición sumaria que corresponde a una medida cuatelarísima (sin dar audiencia a la parte contraria), siendo más propios de la tutela cautelar ordinaria, que es la que se seguirá ahora.

Una vez que reciba las alegaciones de la Junta, la Sala deberá pronunciarse sobre si procede la suspensión cautelar ordinaria del acuerdo de la Junta Electoral mientras resuelve sobre el fondo del recurso planteado por el presidente de la Generalitat catalana.

Según informa Aena, estas licitaciones de servicios de ingeniería constituyen el inicio del trámite que concluirá con la construcción del nuevo edificio satélite, así como la reconfiguración de la terminal T1 y la modificación del campo de vuelos.

La asistencia técnica para la redacción del proyecto sale a concurso con un presupuesto de 12 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses.

Dicha asistencia incluye la redacción de los proyectos constructivos que sirvan de base para licitación de las obras del nuevo Edificio Satélite T1S, la reconfiguración de la terminal T1, la ampliación del túnel de conexión de la T1 con el nuevo edifico satélite, la ampliación de los aparcamientos de dicha terminal y modificaciones en el campo de vuelos con la construcción de una nueva plataforma de estacionamiento de aeronaves asociada al nuevo edificio satélite y de nuevas calles de rodaje.

En cuanto a la asistencia técnica de arquitectura, la cual contempla el periodo de ejecución de obras, sale a licitación por un importe máximo de 648.000 euros y un plazo de 48 meses.

“En el año 2012 y 2013 yo me movía en el mundo del mal menor y tenía que buscar el mal menor porque no había situaciones ideales de ningún tipo”, defendió durante su intervención en calidad de testigo en el juicio que celebra la Audiencia Nacional sobre la salida a bolsa de la entidad y en el que declaró a través de videoconferencia desde Fráncfort.

El hoy vicepresidente del BCE relató que cuando el PP llegó al Gobierno a finales de 2011 encontró la economía en una “situación límite”, porque había vuelto a entrar en recesión, encaraba una “destrucción” de 600.000 empleos al año, con el “derrumbe” de los precios inmobiliarios, el crédito contrayéndose a ritmos del 20-25% y el déficit por encima del 9% y había que resolver el peligroso “nexo negativo entre el sector financiero y el tesoro español”.

“Era una situación terrorífica, la más grave que yo he vivido en décadas en la economía española”, y se fijó como “objetivo número uno” evitar un “rescate del España” que hubiera supuesto rebajas en las pensiones o “subidas generalizadas de impuestos”. “Era muy importante que no vinieran señores de fuera para imponernos las políticas económicas de España”, subrayó.

Según su versión, la preocupación era tal que siempre le tocaba rendir cuentas sobre la situación en los grandes foros internacionales como el G20, porque el país “era el principal riesgo para la economía de la zona euro” y el núcleo del problema estaba en la banca, cuyas dudas penalizaban al bono soberano ante la convicción de que el país no podía rescatar al sector de forma directa con el déficit tan disparado.

“Nadie se creía que los balances bancarios estuvieran reflejando la realidad” con el desplome de la economía y del ‘crash’ en el mercado inmobiliario, por lo que transcurridos apenas seis semanas desde que asumió la cartera de Economía aprobó un decreto que obligaba a la banca a “ajustar dichas valoraciones” a la realidad del mercado, provisionando 50.000 millones de euros, y que al verse “insuficiente” le decidió a aprobar otro tres meses después que costaría 30.000 millones extras al sector.

Guindos desveló que había tenido una reunión con el gobernador y subgobernador del Banco de España antes de la Navidad, donde se puso de manifiesto “la situación del sector financiero en su conjunto” sin entrar a valorar la de Bankia, aunque su convicción es que “era el caso más problemático” al ser “una entidad sistémica” con una exposición inmobiliaria “por encima de la media”, un porcentaje de refinanciaciones “muy elevada”, una “enorme” dependencia de liquidez del BCE y problemas ya declarados en su subsidiaria Banco de Valencia. “Todos esos factores eran factores de alarma en el sistema financiero (…) y el objetivo número uno del ministro era evitar el colapso del sistema financiero español y de España”, añadió.

Durante su intervención detalló que tuvo varios contactos durante el mes de abril con el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, quien le hizo partícipe de su intención de afrontar las nuevas necesidades de saneamiento con una operación corporativa que llegó a negociar con Unicaja y Liberbank, sin prosperar.

“A finales de abril me dice que no han fructificado las operaciones y que va a elaborar un nuevo plan”, refirió, en alusión al programa con el que el banco proyectaba solicitar al Frob 7.000 millones de euros de inyección, y con el que se comprometía a ciertas desinversiones de activos o cambiar el gobierno corporativo.

Sin embargo, Guindos sostuvo que no tuvo conocimiento del mismo hasta que el día 6 el propio Rato lo detalló en una reunión promovida por el expresidente de Bankia con los grandes banqueros del país: Emilio Botín, por el Santander; Francisco González del BBVA, e Isidro Fainé, de Caixabank. En ese encuentro Fainé y Botín “mostraron claramente su desconfianza” con la estrategia al considerarla insuficiente, pero no plantearon su cese, aunque Rato presentaría la dimisión al día siguiente, sostuvo.

Guindos se desligó por completo de la elaboración del plan de saneamiento de Bankia indicando que el legislador fija las reglas de juego y corresponde a las entidades decidir la estrategia para cumplirlas, en colaboración con el supervisor. Esta versión colisiona con la ofrecida con anterioridad en el mismo tribunal por parte de Rodrigo Rato e, incluso, del exgobernador del Banco de España Miguel Angel Fernández Ordóñez, responsabilizándole del fracaso del plan que derivó en la salida de Rato de la entidad y su posterior nacionalización.

En la versión de ambos la gestión de la crisis fue política, con Guindos al mando, incluso influyendo para que el FMI adelantase la publicación del informe que apuntaba a Bankia como el principal problema del sector y que acabó de agravar su situación en los mercados, extremo que negó de forma taxativa el vicepresidente del BCE.

En la misma línea Guindos aseguró que el Banco de España nunca le comunicó problemas con las cuentas de 2011 y afirmó haberse enterado también de los reparos puestos por el socio de Deloitte que obligaron a Bankia a presentar las cuentas sin auditar a la CNMV, cuando se publicó el hecho relevante.

En contraste refirió que se solicitó el rescate de la banca después de que el FMI cifrase en 40.000 millones las necesidades de capital de la banca, señalando que las “entidades problemáticas son las que ya han recibido ayudas” y mostrase su preocupación especial por Bankia, ya que, al ser sistémica, era mayor el riesgo de “contaminación al sector”.

De forma adicional citó que el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, había llamado a “principios del año 2012” a Mariano Rajoy “para pedirle en nombre del presidente del Consejo y del Eurogrupo que se nombrara a un evaluador independiente” para analizar la situación del sistema financiero. Algo que finalmente derivaría en el encargo de Oliver Wyman y Roland Berger de una auditoría de los balances bancarios en el que afloraron un déficit de capital de hasta 61.000 millones en el sector, más de 19.000 para el caso de Bankia que fue la cuantía fijada en la nacionalización.