El Sistema de Vigilancia Epidemiológica ha actualizado la situación de los brotes de coronavirus en la provincia de Soria y ha elevado a 91 casos el de Valdeavellano de Tera, 19 en la residencia de El Burgo de Osma, ocho brotes con 69 positivos en Ólvega y 25 más en un colegio de la capital.

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica, que realiza la Sección de Epidemiología del Servicio Territorial de Sanidad en colaboración con el Equipo de Rastreadores de Atención Primaria, continúa con las labores de investigación e identificación de todos los casos positivos en las pruebas PCR para diagnóstico del SARS-CoV-2 que se declaran en la provincia.

En el caso del brote de ámbito mixto (social y sociosanitario) declarado en la localidad de Valdeavellano de Tera, el número actual de casos positivos es de 91, de los cuales 34 pertenecen al ámbito sociosanitario en una residencia (30 internos y 4 trabajadores), y otros 57 al ámbito social, según han informado desde la Delegación de la Junta en Soria. Los contactos en seguimiento son 206.

El equipo COVID-Residencias, en colaboración con el equipo de Atención Primaria del centro de salud Soria Rural y responsables sanitarios de la residencia, mantienen las visitas al centro de mayores de Valdeavellano de Tera para pasar consulta y evaluar el estado de salud de los residentes.

En cuanto al brote de ámbito sociosanitario declarado por la COVID-19 en una residencia de personas mayores de la Zona Básica de Salud de El Burgo de Osma, se mantiene el control asistencial por el equipo de Atención Primaria del centro de salud de El Burgo y responsables sanitarios del centro.

En este momento, repetidas pruebas diagnósticas PCR, el número de casos positivos es de 19, 14 de ellos residentes, tres trabajadores y dos familiares, fruto de los contactos estrechos, mientras que el total de contactos en seguimiento se sitúa en 35.

La Delegación de la Junta en Soria también ha notificado un brote en la capital, de carácter mixto (social y escolar), con 25 casos positivos, de entre los que se encuentran los alumnos del aula confinada en la jornada del lunes 26 de octubre en el IES Virgen del Espino, con 123 contactos en seguimiento.

OCHO BROTES EN ÓLVEGA

Los Servicios Epidemiológicos han declarado, hasta el momento, ocho brotes en la localidad de Ólvega, que suman un total de 69 casos positivos, algunos de los cuales ya han cumplidos sus plazos de cuarentena o aislamiento, y 169 contactos en seguimiento.

La Junta ha señalado que en la mayoría de los brotes "es difícil" precisar la clasificación de sus ámbitos, por la transmisión entre estos, aunque puede significarse que dos de estos brotes son mixtos (laboral social y laboral familiar), con 21 y seis casos, respectivamente. Los otros son familiares, sociales o mixtos de estos dos ámbitos, con diez casos en tres brotes, seis en otro, y tres en los dos restantes.

La delegada territorial, Yolanda de Gregorio, han señalado las mismas fuentes, mantiene contacto telefónico continuo con la alcaldesa de Ólvega, Elia Jiménez, por los casos positivos diagnosticados a la COVID-19 y los brotes declarados en el municipio.

Castilla y León contabiliza un total de 82.902 positivos por coronavirus, de ellos 1.357 nuevos, según datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad y recogidos por Europa Press.

Las estadísticas de este martes registran, asimismo, 18 fallecimientos en hospitales y el total en este ámbito es de 2.765 defunciones, mientras que las altas hospitalarias de pacientes que ingresaron con COVID-19 alcanzan ya las 12.638, tras sumarse otras 131 nuevas.

Los brotes activos actualmente en el conjunto de la Comunidad son 625 y los casos positivos a ellos vinculados, 5.652. De ellos, Ávila contabiliza 64, seis más que este lunes; Burgos, 60, siete más; León, 21 con dos menos; Palencia, 52, cuatro más; Salamanca, 92, cinco más; Segovia, 75, cuatro menos; Soria, 37, seis más; Valladolid, 167, 16 más, y Zamora 57, nueve más que este lunes.

En total, se han diagnosticado ya en la Comunidad 82.902 positivos en COVID-19 en los distintos tipos de pruebas, después de una jornada en la que se han sumado 1.357 más. Según los datos de la Administración regional, 76.298 positivos han sido diagnosticados en test PCR y de antígenos.

LA PROVINCIA DE VALLADOLID SUMA 472 POSITIVOS

Por provincias y en total, Ávila suma 57 positivos más, con un total de 5.068; Burgos suma 231 positivos, con 12.733 en total; León 87 más, hasta 13.205; Palencia 139 más, con 5.430; Salamanca suma 274 más hasta un total de 12.734; Segovia incorpora 36 nuevos positivos hasta los 6.604 en total; Soria añade 28 más hasta 4.217; Valladolid incorpora 472 positivos, hasta 18.030, y Zamora incorpora 33, hasta los 4.507.

Respecto al número de fallecidos en hospitales con diagnóstico COVID, la cifra total es de 2.765, 18 más que este lunes. La mayor parte se registra en la provincia de León con 568 --nueve más--, le sigue Valladolid con 560 --cinco más--; a continuación figura Salamanca, con 480 --los mismos--; Burgos, con 299 --sin variación--; Segovia se sitúa en 234 --los mismos--; Ávila registra 186 --los mismos--, Zamora 170 --tres más--, Soria se mantiene en 137 y Palencia suma dos más, hasta 130.

En el caso de las altas, un total de 12.638, se han computado 2.991 en Valladolid; 2.263 en León; en Salamanca 1.982; en Burgos 1.543; en Segovia 1.067; en Ávila 910; en Zamora 712; en Palencia, 616 y en Soria 554.

VEINTE HOSPITALIZADOS MENOS QUE AYER

En cuanto a las hospitalizaciones, permanecen ingresadas con motivo del COVID-19 un total de 1.487 personas --20 menos--. Del total, 1.317 pacientes se encuentran en planta --28 más-- y 170 en unidades de críticos --ocho menos que el lunes--.

Los pacientes con COVID-19 en UCI se encuentran repartidos en once hospitales de las distintas provincias y ocupan un 55 por ciento de las camas en unidades de críticos con un aumento de dos puntos con respecto ayer (56 por ciento).

Así, hay 29 ingresados en el Complejo Asistencial de Salamanca; 28 en el Complejo de León y el Clínico Universitario de Valladolid; en el de Burgos, 25; un total de 17 se encuentra en el Río Hortega de Valladolid; 16 en el Complejo de Palencia; siete tanto en el de Ávila como en el de Segovia; cinco en el Hospital de El Bierzo, y cuatro en los complejos de Soria y Zamora.

UN TOTAL DE OCHO RESIDENTES MÁS FALLECIDOS

Por su parte, la cifra de internos de residencias fallecidos, según los datos facilitados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, se sitúa en 2.930 --ocho más que en el último parte emitido el lunes-- en los 1.214 centros de personas mayores tanto públicas como privadas y centros públicos de discapacidad.

De los fallecidos, 1.825 corresponden a casos de positivos confirmados por COVID-19, ocho más, y otros 1.105 a fallecidos con síntomas compatibles con el virus.

Según los datos facilitados por la Junta, de los 2.930 finados, 1.835 personas han perdido la vida en su residencia o centro, uno más, mientras que siete personas más han fallecido en el hospital, hasta un total de 1.095.

Un total de 51 residentes se encuentra aislado con síntomas compatibles con el COVID-19, ocho más que en los datos de este lunes, y 1.508 se encuentran en esa situación de forma preventiva pero sin síntomas, 84 más.

En cuanto a los centros bajo la tutela de la Junta de Castilla y León, se mantienen con 258 fallecimientos, la misma cifra que ayer, de ellos 141 con positivo confirmado, mientras que otros 117 han sido con síntomas compatibles. Además, se encuentran hospitalizados 49 residentes, mientras que se registran 771 los usuarios con positivo en COVID-19 confirmado, dos más.

Por otro lado, no hay ningún residente en aislamiento con síntomas compatibles con el COVID-19, mientras que se mantienen 140 aislados de forma preventiva sin síntomas, 17 más.

El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra ha fijado en el 2,2% el porcentaje de participación de facultativos del Servicio Navarro de Salud en el paro convocado por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) para la jornada de este martes.

En el conjunto de las áreas de gestión y ámbitos de actividad han secundado la movilización un total de 42 profesionales, de los 1.930 que integran este martes la plantilla del turno de mañana. No se incluyen en este balance los datos del turno de tarde y de noche, si bien su incidencia "no es significativa" en el cómputo global dado que ambos turnos tienen asignada en gran parte la atención a urgencias y, por tanto, está integrada en los servicios mínimos, según ha señalado el Gobierno foral en un comunicado.

Por Áreas de Salud, la de Pamplona ha registrado una incidencia del 1,8%, con 26 profesionales en huelga de 1.463. En Tudela, la incidencia ha sido del 5,1%, con 10 profesionales de 197, mientras que en Estella-Lizarra, el seguimiento ha sido del 1,6%, con 2 profesionales de un total de 128.

En Atención Primaria la participación ha sido del 2%, con 12 profesionales que han secundado el paro de una plantilla de 588. En Atención Primaria de Pamplona el seguimiento ha sido del 1,5%, con 7 profesionales de 473 de plantilla; en Tudela el porcentaje se sitúa en el 8,1%, con 5 profesionales que han seguido el paro de un total de 62; y en Estella-Lizarra, ninguno de los facultativos de Atención Primaria de los 53 que componen la plantilla del turno de mañana ha realizado huelga.

Por lo que respecta a Atención Hospitalaria, se han sumado al paro 30 profesionales (2,3%), de los 1.315 convocados. En el Complejo Hospitalario de Navarra han realizado huelga 19 profesionales (1,9%) de una plantilla de 990; en el Hospital Reina Sofía de Tudela, 5 han seguido la huelga (3,7%) de 135, y en el Hospital de Estella-Lizarra, 2 profesionales (2,7%) de un total de 75.

En Salud Mental, han secundado la convocatoria un total de 4 profesionales de una plantilla de 115, lo que supone el 3,5%, mientras que ninguno de los 27 profesionales de Servicios Centrales ha realizado el paro.

Ante esta convocatoria de huelga, realizada por el (CESM) para todo el ámbito estatal por el contenido del Real Decreto Ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes sobre diversos aspectos relacionados en materia de recursos humanos del Sistema Nacional de Salud, como se ha manifestado con anterioridad, la postura mantenida por el Departamento de Salud en Navarra "es la de no contratar para labores asistenciales a profesionales extracomunitarios o a aquellos nacionales que estén provistos del grado de Medicina, pero que no cuenten con especialidad".

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado en las últimas 24 horas un total de 524 casos positivos de Covid-19 confirmados, así como 10 personas fallecidas.

Además, en los hospitales extremeños hay ingresadas 289 personas, 28 de ellas en UCI; e igualmente se han dado 334 altas, lo que equivale a un acumulado de 12.503 altas en todo el periodo de la pandemia.

Así, en la jornada hay que lamentar 10 personas fallecidas, lo que supone un total de 708 desde el inicio de la pandemia en la comunidad. En concreto, el Área de Salud de Mérida notifica cuatro fallecidos, 2 mujeres de 85 y 93 años de Mérida, un varón de 82 años de Villafranca de los Barros, y un varón de 87 años de Mérida.

También, el Área de Salud de Badajoz registra tres fallecimientos, un varón de 85 años y una mujer de 85 años, ambos de Badajoz, y un varón de 73 años de Jerez de los Caballeros, según informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Al mismo tiempo, el Área de Salud de Cáceres notifica un fallecido, un varón de 83 años de Valencia de Alcántara; y el Área de Salud de Coria registra un fallecimiento, una mujer de 83 años de Torrejoncillo; mientras que el Área de Salud de Llerena-Zafra comunica el fallecimiento de una mujer de 87 años de Zafra.

Además, se comunican cuatro brotes nuevos, en concreto, uno en Arroyo de la Luz con cinco casos positivos y seis contactos; uno en Holguera, con cuatro casos y 29 contactos; uno en Campanario, con 11 positivos y 65 contactos; y uno en Zafra, con cinco casos y contactos en investigación.

Por el contrario, se cierran cuatro brotes, en concreto, el 224 de Badajoz, el 277 de Siruela, el 151 de Miajadas y el 226 de Hernán Pérez.

CASOS POR ÁREAS

Así, el Área de Salud de Badajoz notifica 133 casos confirmados. Tiene 75 pacientes hospitalizados, ocho de ellos en UCI. Ha tenido 57 fallecidos y ha dado 2.636 altas.

Mientras, el Área de Salud de Cáceres ha notificado 80 casos positivos. Tiene 40 pacientes ingresados, de los que cinco están en UCI. Acumula 312 fallecidos y ha dado 2.848 altas.

Por su parte, el Área de Salud de Mérida registra 119 casos confirmados. Tiene 75 personas hospitalizadas, de las que siete están en UCI. Acumula 58 fallecidos y ha dado 1.620 altas.

De su lado, el Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena notifica 45 casos positivos. Hay 23 pacientes hospitalizados, de los que dos están en UCI. Acumula 67 víctimas mortales y 1.848 pacientes curados.

Además, el Área de Salud de Plasencia registra 77 casos positivos. Tiene 27 pacientes hospitalizados, de los que seis están en UCI. Ha registrado un total de 88 fallecidos y ha dado 1.212 altas.

Igualmente, el Área de Salud de Navalmoral de la Mata ha notificado 37 casos confirmados. Tiene nueve pacientes ingresados y ha registrado 63 fallecidos. Ha dado 989 altas.

A su vez, el Área de Salud de Llerena-Zafra registra 30 casos positivos. Tiene 30 pacientes ingresados. Ha registrado un total de 31 fallecidos y ha dado 772 altas.

Finalmente, el Área de Salud de Coria comunica tres casos positivos. Tiene 10 pacientes hospitalizados. Un total de 32 personas han fallecido y se han dado 578 altas.

La Comunidad de Madrid ha notificado 2.248 casos nuevos de coronavirus, de los que 1.254 corresponden a las últimas 24 horas y el resto a días anteriores, y 40 fallecidos en hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este martes, con datos a cierre del día anterior.

El lunes se reportaron 521 casos nuevos en total, 223 de las últimas 24 horas y 41 fallecidos, con datos correspondientes a cierre del domingo.

El número de pacientes ingresados ha descendido respecto al informe anterior y se sitúa en los 2.468 (120 menos) y el de pacientes en UCI ha bajado hasta los 494 (3 menos), con 316 altas hospitalarias en el día de ayer. Por su parte, el número de pacientes bajo atención domiciliaria por atención primaria ha aumentado hasta los 8.990 (829 más).

En el acumulado, un total de 65.811 pacientes han requerido hospitalización, 5.855 han requerido UCI y 59.942 han recibido el alta hospitalaria, mientras que 484.551 han recibido atención domiciliaria por atención primaria.

En cuanto al número de fallecidos, en los hospitales suman 11.407, mientras Sanidad Mortuoria ha contabilizado un total de 17.641, 11.621 en hospitales, 4.907 en centros sociosanitarios, 1.083 en domicilios y 30 en otros lugares.

La Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica y la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) avanzan en la metodología de detección del virus SARS-CoV-2, a través de un convenio de colaboración que tiene por objeto sentar las bases para utilizar el análisis de las aguas residuales como herramienta de vigilancia epidemiológica.

La consellera Mireia Mollà ha participado en el encuentro para conocer los primeros resultados del informe 'Seguimiento de la pandemia COVID-19 mediante análisis de las aguas residuales; estudio piloto en municipios de Castellón (Covid-Wastewater)'.

La investigación se desarrolla en seis municipios de la provincia de Castellón a partir de la combinación de la información demográfica, epidemiológica y ambiental de las localidades con los resultados de la toma de muestras de las diferentes estaciones depuradoras.

Mollá ha señalado que el objetivo del proyecto es extraer, a partir de los datos obtenidos sobre los restos del virus en aguas residuales, "indicadores homogéneos y correctamente avalados que den validez a esta metodología de alerta temprana con el fin de activar protocolos de actuación y de prevención".

INSTRUMENTO "EMBRIONARIO"

Sin embargo, la consellera ha querido matizar que "se trata de un instrumento embrionario" pese a que a medio plazo puede convertirse en un método eficaz de seguimiento y por ello ha defendido "el impulso a la investigación y los proyectos de ciencia aplicada" como el que contempla este convenio que cuenta con una dotación de la Conselleria de 50.000 euros para 2020.

La rectora de la UJI, Eva Alcón, ha subrayado que la crisis sanitaria "ha evidenciado la necesidad de intensificar la apuesta por la ciencia y los recursos en I+D+i ante el papel clave de la ciencia para mejorar la calidad de vida de las personas".

El proyecto universitario toma dos muestras semanales en las aguas residuales de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Castelló de La Plana, sobre las que aplica metodología de detección por PCR del material genético.

Mireia Mollá ha apuntado que la validación de este sistema de detección de posibles brotes de coronavirus a través de las aguas residuales de determinados barrios, municipios o zonas específicas, "podrá conducir en el futuro a adoptar medidas adicionales de prevención".

CONTAMINANTES EMERGENTES

La consellera de Emergencia Climática y Transición Ecológica también ha podido conocer los detalles de la investigación que está desarrollando la UJI, a través del Instituto Universitario de Plaguicidas y Aguas, con el apoyo del Instituto Geológico y Minero de España y la financiación de la Dirección General del Agua, en la que se analiza la presencia de contaminantes emergentes en la mitad meridional del acuífero de la Plana de Castelló y establece protocolos que puedan ser aplicados de manera universal.

Los contaminantes emergentes son residuos que se escapan de los tratamientos convencionales de depuración y que están asociados a prácticas domésticas tales como el aseo personal o el uso de medicamentos, según ha informado el Consell en un comunicado.

Mireia Mollà ha señalado la necesidad de "profundizar en el conocimiento sobre la incidencia de estos contaminantes en el medio ambiente y el efecto que puedan llegar a tener sobre los ecosistemas y la salud".

María Jesús M.C., conocida como Maje, ha negado cualquier tipo de participación, planificación o deseo de la muerte de su marido, Antonio, cuyo cadáver fue hallado el 16 de agosto de 2017 en un garaje del barrio valenciano de Patraix con seis puñaladas. Y ha apuntado a Salvador R.L., uno de sus amantes: "Nunca le pedí que le matara. Lo encubrí pero no lo planifiqué".

Tanto Maje como Salva, ambos compañeros de trabajo en un hospital valenciano, han podido defenderse este martes en el juicio que se sigue contra ellos ante un jurado popular por el crimen del marido de ella, por el que la Fiscalía pide 22 años de cárcel para la acusada --la acusación particular 25-- y otros 18 años para él --la acusación 20--.

Sus versiones han sido contrarias y mientras Salva, el primero en declarar, ha confesado el crimen pero ha explicado que fue Maje la que le pidió que lo hiciera, ella lo ha negado. "No es cierto que yo planificara y acordara con Salva acabar con la vida de Antonio. Jamás, nunca hablamos de eso. Solo de problemas en mi matrimonio, pero nunca le he pedido eso. Imposible", ha mantenido a lo largo del interrogatorio.

En esta línea, ha insistido: "No preparé con Salva ningún crimen", y ha asegurado que le dio a su examante las llaves del garaje, de su casa y de su coche mucho antes del asesinato. Ha afirmado que alguna vez sí mantuvo alguna conversación con Salva en la que él le había dicho "de cachondeo" que Antonio se merecía un buen toque de atención. Pero ha negado que supiera que el día 16 fuera a darle un susto --pese a lo que declaró ante la Policía--.

"Compartía todo con él, lo sabíamos todo el uno del otro", ha insistido la acusada durante el juicio, a lo que el fiscal le ha preguntado: "¿Compartían todo menos el crimen?", y ha respondido: "sí, menos el crimen". "Y no lo denuncié porque quería pasar página, tenía que olvidar esto", ha apostillado.

La acusada, de 30 años, ha recordado que conoció a Salva en 2015 en el hospital: "Empezó como una relación de buen rollo que acabó convirtiéndose en amistad. Contaba con él para problemas que surgieran, se afianzaron lazos y comenzamos una relación porque yo tenía altibajos con Antonio", ha explicado.

Además de Salva, la acusada ha reconocido otras relaciones con otros chicos, y ha asumido que a uno de ellos le contó la "mentira" de que tenía cáncer "como excusa porque estaba muy saturada, porque solo quería quedar conmigo y no podía", ha dicho.

Sin embargo, se llegó a casar con Antonio, aunque "con dudas" y luego siguió su relación con Salva, a quien le contaba sus "problemas" con su marido, sus discusiones. "Le decía que psicológicamente me notaba bastante afectada por frases que Antonio me soltaba porque desconfiaba de mí, con todo el motivo", ha aclarado.

NO ESTABA ENAMORADA

La acusada ha aseverado que no ha llegado a estar enamorada de Salva, de 50 años, pese a las cartas de "amor" que le escribía y se han exhibido en el juicio: "Me cuidaba, me protegía, estaba encima de mí y así lo reflejaría en las cartas. Pero no he estado enamorada de él", ha subrayado.

Maje también ha negado que le dijera a Salva que quería que se muriera su marido, y en este punto el fiscal le ha recordado que sí se lo comentó a otro amante, Tomás, según una conversación de Telegram que se ha reproducido, en la que ella le decía: "Quiero que se muera, le deseo un mal. Esto lo va a pagar cara".

Al respecto, la acusada ha explicado que se expresó de esta manera porque estaba viviendo una situación "angustiosa", y ella también quería "morirse". "No podía más. Esas palabras las escribí pero no quiere decir que lo desease", ha insistido.

CAMBIO DE TURNO 10 DÍAS ANTES

El día 3 de agosto de 2017 Salva ha explicado ante el tribunal que fue cuando quedó con Maje en que el crimen se iba a cometer el 16 por la mañana. Y en esa misma jornada, el ministerio público le ha leído a la acusada un mensaje que le mandó a su marido en el que le avisaba de que se había cambiado el turno de noche en el hospital de la noche del 14 por la del 15. Preguntada por qué le avisó a Antonio con tanta antelación sobre esta modificación, ha dicho que no lo sabe. "¿Es una coincidencia?", le ha interpelado, a lo que ha contestado: "sí".

El día en que se cometió el crimen, Maje ha narrado que por la mañana se fue a trabajar a una residencia de monjas de Torrent y Salva le mandó un mensaje para verse porque tenía algo que contarle. En este punto, el acusado ha declarado que fue ella la que le pidió quedar y que sabía lo que había pasado porque habían quedado en que él cambiaría el estado de WhatsApp tras el crimen.

Tras salir de trabajar, Maje acudió a casa de su hermana para verse con Salva y allí le contó que había estado en el garaje con Antonio, que se habían peleado y que le había dado un mal golpe y lo había matado: "Me comentó que Antonio había hablado mal de mí y que él le contestó que no me merecía esto y le dio un mal golpe", ha reproducido.

Tras ello, ha narrado que se puso en "shock", "a llorar". "No me lo creía viniendo de él", ha aseverado y, preguntada por qué no lo contó a la Policía, ha respondido: "Me acobardé y tenía miedo a la situación".

Meses más tarde continuaron su relación porque a Salva, ha comentado, le seguía teniendo aprecio. "Aunque ya fue más distante, me costaba mucho", ha puntualizado. No volvieron a hablar del crimen hasta que se enteraron de que la Policía tenía a un sospechoso.

Una vez en prisión mantuvieron una relación a través de cartas porque se veía "sola": "El es mi único apoyo y así lo sentía en la cárcel", ha descrito. Con el paso del tiempo puso fin a la relación: "Se había ido de las manos, no podía seguir estando con la persona que había matado a mi marido y se acabó", ha apostillado.

Para concluir su intervención, Maje ha querido perdón a la familia de Antonio: "Me arrepiento mucho de no haber sido valiente y de no haber ido a la Policía porque lo que pasó es muy fuerte y pido perdón a la familia de Antonio. Me arrepiento de mi cobardía, de haber pensado en mí y no en hacer honor a Antonio".

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha admitido que la Junta sopesa, en estos momentos, restringir la movilidad "todo lo posible", "tanto perimetralmente como entre municipios", una decisión que tomarán en los próximos días después de analizar las tendencias que, ha lamentado, "no son buenas".

Así lo ha señalado en una entrevista en Onda Medina Radio, de la que se hace eco Europa Press. El dirigente autonómico ha explicado que se tendrán que ir tomando medidas restrictivas viendo la incidencia de la pandemia. "Hoy y mañana miraremos los datos y tomaremos decisiones una vez hayamos analizado las tendencias que no son buenas", ha insistido para recordar el "efecto multiplicador" que tiene la climatología actual. "Hay que intentar evitar estas tendencias porque si no el colapso hospitalario está asegurado", ha continuado.

Durante la entrevista ha hecho referencia a la situación de Medina del Campo, Íscar y Pedrajas de San Esteban, localidades vallisoletanas que han sido sometidas a cierres perimetrales. Sobre la primera, ha señalado que su evolución ha sido "muy buena" en cuanto a la zona básica urbana, no así la rural, pero invita a los vecinos de la localidad a "no relajarse".

Sobre Íscar y Pedrajas entiende el "cabreo de la gente", pero explica que no hay política en este tipo de decisiones. "El que piense que hay política o que se puede jugar a quedar bien se equivoca porque sería un gravísimo error anteponer nuestra imagen pública a nuestra obligación de salvar el mayor número de vidas", explica para reconocer que es "duro" parar la actividad económica de las personas pero insiste en que hay que mirar a largo plazo. No hay economía si no hay salud, cuanto más mortalidad más caída del PIB, pero es normal que al que le ha tocado parar su actividad esté enfadado", ha añadido.

Igea, que ha recordado que por encima de todo es médico y que hace años juró proteger la salud por encima de muchas cosas, ha querido terminar con un mensaje de optimismo. "Vienen días difíciles donde se van a ver situaciones muy duras en hospitales pero también quiero que sepan que esto va a pasar, que ya se ha hecho una parte de un camino muy largo y lo hecho no ha sido inútil. Habrá primavera, volverá el verano y esto pasará", ha concluido.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha recibido este martes al opositor venezolano Leopoldo López en la sede socialista de la calle Ferraz, dos días después de su llegada a España tras abandonar la embajada española en Caracas, donde se encontraba hospedado desde el 30 de abril de 2019.

El PSOE ha dado a conocer a las 16.30 horas, a través de un mensaje en Twitter, que se estaba produciendo ese encuentro, y lo ha justificado argumentado que los socialistas desean "una vía pacífica", porque el pueblo venezolano "debe sufrir lo mínimo".

"Apostamos por una solución política", afirman en su mensaje, recogido por Europa Press, que acompañan de unas imágenes en las que se ve a Sánchez y López conversando, primero de pie, y después sentados en sendos sillones, y con la mascarilla puesta.

El opositor venezolano llegó el domingo a España para reunirse con su esposa, su hijo y el resto de su familia, que ya residían en el país. Según el Gobierno, su salida de la embajada se produjo de manera "personal y voluntaria".

Además, el Gobierno condenó la detención ese mismo día de dos miembros del personal adscrito a su misión diplomática en Venezuela por parte de las fuerzas de seguridad del país latinoamericano, al entender que "suponen un incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas".

Leopoldo López fue excarcelado de su casa durante un intento de rebelión contra el Gobierno de Nicolás Maduro impulsada principalmente por un sector disidente del Servicio de Inteligencia Bolivariano (SEBIN). Desde entonces se encontraba acogido en la Embajada de España.

La Consejería de Sanidad, a través de la Delegación Provincial de Sanidad en Guadalajara, ha emitido una resolución por la que se prorrogan por tercera vez las medidas especiales adoptadas para frenar la expansión de la Covid-19 en Guadalajara capital.

Durante las semanas epidemiológicas 41 y 42 (que van del 5 al 18 de octubre de 2020) se han declarado un total de 539 casos de Covid-19 en la capital alcarreña, con 336 y 203 casos respectivamente, lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 627,7 casos por 100.000 habitantes. La razón de tasas de incidencia entre las semanas 41 y 42 es de 0,70, lo que indica una tendencia descendente de una semana a la otra.

Pese a la mejoría en la última semana, Guadalajara sigue superando los umbrales de alerta establecidos en la región, lo que sitúa a la capital alcarreña en un escenario de riesgo de transmisión comunitaria que hace preciso mantener durante 14 días más las medidas complementarias a las que aplica la Consejería de Sanidad en todo el territorio regional, según ha informado la Junta en nota de prensa.

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

Entre las medidas a adoptar destacan el cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales. Se suprime el servicio de barra en todos los bares y restaurantes de la localidad. El aforo en locales cerrados dedicados a esta actividad se reducirá al 50 por ciento del máximo que tuvieran establecido previamente

Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75 por ciento del máximo que tuvieran establecido previamente, manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación. Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en establecimientos de hostelería y restauración queda prohibido el servicio a las personas usuarias que no se encuentren sentadas en las mesas dispuestas a tal efecto, tanto en el interior del local como en terraza, así como el consumo de comidas y bebidas fuera de éstas.

En el interior de establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones recreativos y de juegos y locales específicos de apuestas se limitará el aforo máximo al 50 por ciento del establecido.

Las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones, bautizos y otros de similares características, tanto las celebradas en locales de hostelería y restauración como las que se lleven a cabo en otro tipo de instalaciones, tendrán limitado su aforo a 100 personas en espacio abierto y 50 en espacio cerrado, siempre garantizando el resto de las medidas recogidas en la regulación en vigor.

Respecto a los centros sociosanitarios, se suspende de manera cautelar la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y de servicios de estancias diurnas de personas mayores.

Se suspenden las visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida pero deberán observarse todas las medidas preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas de prevención de posibles contagios).

No se permitirán salidas, salvo razones de fuerza mayor, en residencias de mayores y viviendas de mayores. A su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.

En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, y otros de similar naturaleza, estarán permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con COVID-19 y que el centro se encuentre libre de COVID-19 en ese momento. Los responsables del centro deberán valorar la necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro.

A los trabajadores que, tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales sociosanitarios, se les realizará como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por COVID-19.

CELEBRACIONES RELIGIOSAS

Todas las celebraciones religiosas limitarán el aforo al 50 por ciento de su capacidad habitual, siempre que se mantengan las medidas de distanciamiento interpersonal. Se restringe el número de personas en velatorios y cortejos fúnebres a un máximo de 10. Por otra parte, se limita a un máximo de 25 el número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos.

Se suspenden actividades colectivas de ocio tales como espectáculos, eventos culturales, deportivos, taurinos u otros que puedan suponer la concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en estas medidas. Se suspende la actividad de las escuelas deportivas, municipales o de otra titularidad. Suspensión de competiciones deportivas no federadas. Las competiciones de ámbito federativo podrán celebrarse sin presencia de público y conforme a los protocolos en vigor en cada caso.

Cines, teatros y auditorios y bibliotecas y museos limitarán su aforo máximo al 30 por ciento. Cursos, congresos y seminarios tendrán un aforo máximo de 30 personas, respetando en todo momento la ocupación máxima del recinto a un máximo del 50 por ciento del aforo máximo permitido.

Los hoteles sólo podrán contratar el 75 por ciento de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su aforo al 50 por ciento.

Cierre de las Piscinas Municipales y otras instalaciones de este tipo para uso recreativo público, independientemente de su titularidad. En instalaciones deportivas de cualquier titularidad, el aforo máximo será del 30 por ciento en espacios interiores y del 60 por ciento en espacios exteriores.

En el caso de mercadillos y mercados al aire libre, el aforo se reduce un tercio del previamente establecido. Cierre de parques y jardines en el horario comprendido entre las 22.00 y las 08.00 horas.

En tiendas y demás establecimientos comerciales se extremarán las medidas higiénico-sanitarias, limitando el número de personas en cada momento de acuerdo a la posibilidad de mantener la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros dentro del establecimiento. Se deberá realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico en la entrada del mismo. Por su parte, los supermercados y centros comerciales limitarán su aforo al 50 por ciento, manteniendo las mismas condiciones de higiene previstas para el pequeño comercio.

Se recomienda a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable y que éstos se limiten a un máximo de seis personas incluyendo convivientes.

La vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, ha solicitado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "escuche" al PP y atienda la propuesta "sensata y estudiada" que Pablo Casado ha puesto encima de la mesa para limitar el estado de alarma a ocho semanas y aprobar ya un marco legal en el Congreso. Según ha recalcado, un Ejecutivo "no puede avasallar y pasar la apisonadora" sino que ha de estar sometido al Parlamento.

En la reunión del Comité de Seguimiento del Covid-19 del PP, que ha presidido Pablo Casado, Pastor ha afirmado que el plazo de ocho semanas con estado de alarma es "tiempo suficiente". Es más, ha subrayado que "no hay casi ningún jurista que defienda un estado de alarma de seis meses" porque esta medida está prevista para "situaciones excepcionales". Y esa excepcionalidad hasta mayo, ha avisado, "alarma dentro y fuera de España".

"No tendríamos que haber llegado al extremo de decretar un nuevo estado de alarma si el Ejecutivo hubiera actuado con constancia y anticipación", ha señalado Pastor, quien ha reclamado a Sánchez la tramitación urgente de la proposición de ley orgánica presentada por el PP el pasado mes de agosto. A su entender, España "debe acudir a una ley de salud pública como tienen otros países de la UE".

"PEDIR PERDÓN" POR "LOS ERRORES"

La responsable de Política Social del PP ha asegurado que Sánchez "fracasó" al inicio de la pandemia, cuando se había declarado el virus como alerta internacional y no adoptó medidas. Según ha recalcado, también "fracasó" cuando quiso hacer acopio de material de protección, cuando dijo que el uso de mascarillas "no era relevante" o cuando afirmó que se había "vencido" al virus.

Ahora, ha proseguido, después de haber "abandonado a su suerte" a las autonomías, el Gobierno decreta otro estado de alarma. "El presidente del Gobierno vuelve a fallar si piensa que los españoles aprueban su gestión", ha aseverado, para añadir que los españoles se preguntan por qué España es el país de la UE con más número de contagios, fallecidos y sanitarios infectados.

En este punto, ha indicado que Sánchez tiene que "pedir perdón por los errores" y, sobre todo, "ser más humilde", así como saber que en la gestión de la pandemia "debería buscar acuerdos y escuchar" al primer partido de la oposición.

Así, la exministra de Sanidad ha insistido en que el Gobierno debe buscar el consenso en las condiciones del estado de alarma. "Un Gobierno no puede avasallar y pasar la apisonadora, sino que ha de estar sometido siempre al Parlamento, que es el que representa a los españoles", ha indicado, para añadir que el PP ha presentado una propuesta "sensata y proporcionada".

Por eso, ha pedido al Gobierno que "escuche" a la oposición. "No le va a pasar nada, no estamos en términos de ver qué rédito político sino en términos de ver cómo luchamos y vencemos a la pandemia", ha manifestado, para añadir que "la pelota está ahora en el tejado de Sánchez".

MÁS TESTS, CONTROLES EN AEROPUERTOS Y REFORZAR ATENCIÓN PRIMARIA

En su intervención, Pastor ha recriminado al Ejecutivo que no haya puesto en marcha las medidas adoptadas en la Comisión para la Reconstrucción, como la creación de una Agencia de Salud Pública o que se apliquen criterios científicos y técnicos.

Además, ha demandado al Gobierno reforzar los controles en los aeropuertos, incrementar el número de test, reforzar la atención primaria y resolver el concurso de material sanitario. "Ante una pandemia, tiene que haber un referente científico creíble, que cuando nos hable a los españoles sepamos que podemos confiar en él. La política es cuestión de confianza", ha advertido.

Los usuarios de residencias contagiados con Covid-19 en Galicia han aumentado a 340 tras registrarse 42 positivos en la de Salvaterra de Miño (Pontevedra) --que ha sido intervenida por la Xunta--, 19 en la de Nosa Señora dos Miragres en Barbadás (Orense) y 12 en el Fogar Residencial San Miguel de Silleda.

Así consta en los datos actualizados este martes por la Consejería de Política Social, en los que se reflejan entre los usuarios 86 nuevos contagios, ocho altas y cinco fallecimientos, lo que supone un incremento de 73 en los infectados.

De este modo, se ha detectado un positivo más en la residencia de mayores de Oleiros; otro en la residencia de mayores Mi Casa de Ferrol; tres en la residencia de mayores San Cibrao de Cervo; tres en la residencia de mayores Nosa Señora dos Anxos en Ribadavia; y cinco en La Saleta de San Cristovo de Cea.

Mientras, han recibido el alta un usuario de la residencia de mayores Ballesol de Oleiros y siete de Os Gozos de O Pereiro de Aguiar. Además, en la tarde de este lunes fueron notificados cinco fallecimientos relacionados con estos centros: tres en Os Gozos, uno en Salvaterra de Miño y otra en O Viso en Lobeira.

Así, las residencias con más contagiados entre sus usuarios con la de Salvaterra de Miño, con 84; Residencia Os Gozos de O Pereiro de Aguiar, con 79; Nosa Señora Milagres de Barbadás con 76; Nosa Señora dos Anxos de Ribadavia, con 19; Ballesol de Oleiros, con 16; DomusVi Lugo de Outeiro de Rei, con 13; Residencial San Miguel de Silleda, con 12; Residencia Santa Olla de Boqueixón, con siete; y Residencia Viana do Bolo, con seis.

Le siguen con cinco casos las residencias La Saleta de San Cristovo de Cea y Val de Monterrei; con tres en cada caso se encuentran la Residencia San Cibrao de Cervo y San José Hermanitas de Narón; mientras que presentan dos la Vivienda comunitaria Pepe Isa II de Entrimo y, Residencia Nosa Señora do Viso de Lobeira y Residencia Virgen Blanca de Orense.

Y con un usuario contagiado cada una se colocan las residencias Las Salinas de Orense, Torrente Ballester de La Coruña, Padre Rubinos de A Coruña; Residencia de maiores Bibres de Cambre, Residencia de Oleiros y Residencia Mi Casa de Ferrol.

TRABAJADORES

En cuanto a los trabajadores de residencias de mayores, la Xunta ha apuntado 21 positivos en la residencia de Salvaterra de Miño intervenida; 26 en la de Nosa Señora dos Miragres de Barbadás y cuatro en el Fogar Residencial San Miguel de Silleda. A estos se suman uno en la residencia de As Fragas de Pontedeume.

Por su parte, han recibido el alta un trabajador de la residencia de mayores Caser A Zapateira de Culleredo; otro de la Ballesol de Oleiros; otro de Castro Riberas do Lea de Castro de Rei; otro de la residencia de mayores con dependencia de O Carballiño y otro de la residencia de mayores de Ribadumia.

De este modo, los centros con más contagiados entre el personal son el de Os Gozos de O Pereiro de Aguiar, con 41; Residencia Nosa Señora dos Milagres de Barbadás, con 36; Residencia de Salvaterra de Miño, con 26; Residencia Ballesol de Oleiros, con 15; DomusVi Lugo de Outeiro de Rei, con 11; y Residencia Nosa Señora do Viso de Lobeira y Residencia Viana do Bolo, con seis en casa caso.

Con cuatro cada una se sitúan las residencias Nosa Señora Valvanera de Cambados; Nosa Señora dos Anxos de Ribadavia; y Fogar Residencial San Miguel de Silleda. Mientras, con tres trabajadores se encuentra la Virgen Blanca de Ourense.

DISCAPACIDAD

En cuanto a los centros de atención a personas con discapacidad en la Comunidad gallega suman tres trabajadores positivos: uno en la residencia de gravemente afectados de Aspanaes de As Pontes, otro en Souto de Leixa en Ferrol y otro en la Domingo Gómez Freire de Orense.

De este modo, los usuarios contagiados se mantienen en 17: 16 en la Residencia DomusVi Bóveda y uno en la Residencia Ricardo Baró de Aspronaga de Oleiros.

Mientras, los trabajadores con Covid de estos centros aumentan a 21. Un total de 14 en la Residencia DomusVi Bóveda; uno en la Ricardo Baró de Aspronaga de Oleiros; otro en Souto de Leixa; otro en la Residencia de Gravemente Afectados Aspanaes de As Pontes; otro en la Juan Vidán Torres de Santiago; otro en la Residencia San Vicente Paúl de Lugo; otro en la Domingo Gómez Freire de Ourense y otro en Santa María de Ourense.

La Secretaría General y Cancillería de la Archidiócesis de Sevilla ha difundido este martes algunas normas concretas para aquellas localidades en las que se han establecido medidas específicas "temporales y excepcionales" por razón de Salud Pública, que afectan, entre otras cuestiones, al aforo permitido en bodas y velatorios.

De tal forma, en dos municipios de la provincia --Écija y Pedrera, con limitaciones de movilidad-- y en otras once localidades con determinadas medidas para prevenir el contagio, entre ellas Badolatosa, Casariche, Estepa, Utrera y la capital, se restringe aún más la asistencia a velatorios y a bodas, según el texto elaborado por la Archidiócesis y consultado por Europa Press.

En cuanto a los velatorios, se limitará a un máximo de 15 personas los asistentes en espacios al aire libre o diez en espacios cerrados, y la participación en la comitiva para el enterramiento o despedida para la cremación de la persona fallecida se restringe a un máximo de 15 personas, además del ministro de culto.

En lo que se refiere a las celebraciones del sacramento del matrimonio y de otras ceremonias religiosas, "el número de participantes quedará limitado a un máximo del 50 por ciento, tanto en espacios cerrados como al aire libre, que deberán permanecer sentados".

Finalmente, para la realización de las demás actividades pastorales, "no podrá superarse la mitad del aforo permitido y se tendrá como hora de cierre la legalmente autorizada, no pudiendo superarse en ningún caso las diez de la noche". No obstante, Palacio recomienda la reducción "en lo posible del número de miembros de los grupos y la duración de las actividades, así como el tiempo de permanencia en los locales pastorales".

ACTUALIZACIÓN NORMAS

La Archidiócesis de Sevilla, además, ha actualizado las recomendaciones hasta ahora aplicadas durante la pandemia. Como norma general, se mantienen las indicaciones ofrecidas el pasado mes de julio, en las que se insta a que durante la celebración de actos de culto religioso "las personas deberán estar sentadas, cumpliéndose en todo caso la medida de distancia interpersonal establecida de 1,5 metros".

En este sentido, el aforo máximo deberá publicarse en lugar visible del espacio destinado al culto y se recuerda la necesidad de organizar las entradas y salidas a los templos para evitar aglomeraciones. Asimimos, "debe ponerse a disposición de los fieles dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes. Además, es obligatorio el uso de mascarilla, tanto en espacios abiertos como cerrados".

"Estas disposiciones --insisten desde Secretaría General- son de aplicación en todos los templos y otros locales o dependencias pastorales en la Archidiócesis de Sevilla según lo indicado en el Decreto del arzobispo de 17 de julio de 2020". Para la organización de actos de culto y actividades pastorales en general, "se tendrá en cuenta que la libertad de circulación de personas está limitada" en el periodo comprendido entre las 23,00 y las 6,00 horas, "con las posibles variaciones que determine la Junta de Andalucía".

Cinco de las 12 personas cuya muerte fue notificada en la pasada jornada por las autoridades sanitarias gallegas vivían en residencias. De los cinco, tres eran usuarios de Os Gozos, en Pereiro de Aguiar (Ourense), otro de O Viso de Lobeira (Orense), y una mujer procedía de la residencia de Salvaterra, este martes intervenida por la Xunta.

De estos cinco fallecimientos, tres se produjeron en hospitales y otros dos en la propia residencia de Os Gozos.

En concreto, la Xunta ha confirmado que en la pasada jornada se registraron 10 muertes de positivos con covid en los centros hospitalarios gallegos. Tres de ellos son dos hombres de 87 y 53 años, y una mujer de 80, que estaban ingresados en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS); así como un hombre de 66 años que estaba ingresado en el Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña (CHUAC).

Además, fallecieron un hombre de 91 años que estaba ingresado en el Hospital Quirón Salud de La Coruña; una mujer de 87 que estaba ingresada en el Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF); y dos hombres de 88 y 84 años que estaban ingresados en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (el anciano de 84 años usuario de la residencia de Salvaterra).

Asimismo, perdieron la vida un hombre de 84 años que estaba ingresado en el Complejo Hospitalario Universitario de Orense (CHUO) y que procedía de la residencia O Viso; y una mujer de 82 años que también estaba ingresada en el CHUO y procedía de Os Gozos.

Completan los fallecimientos notificados en la pasada jornada dos en la propia residencia de Os Gozos: una mujer de 92 años y un hombre de 87, ambos con patologías previas, al igual que las diez personas que perdieron la vida en hospitales de la Comunidad.

En total, Galicia computa 880 fallecidos con coronavirus desde que se inició la pandemia.

Unidas Podemos ha defendido la prórroga del estado de alarma durante seis meses, al ser el "paraguas normativo" que permitirá a las comunidades autónomas tomar medidas contra la pandemia, y no ve necesario aumentar el control parlamentario al Gobierno sobre su aplicación, pues actualmente los parámetros de rendición de cuenta "son más que suficientes".

Asimismo, ha manifestado su respeto a la decisión del Ejecutivo de que sea el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en lugar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que acuda al Parlamento para defender su despliegue.

Así lo ha indicado el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces del Congreso para insistir en que su formación, socio del Gobierno de coalición, votará a favor de prorrogar el estado de alarma.

En este sentido, ha acusado a los grupos de "derecha y extrema derecha" de incurrir en un "flaco favor al país", pues a su juicio juegan a "confundir" de manera intencionada a la ciudadanía entre el marco jurídico, el estado de alarma, con las medidas para combatir la pandemia, como las restricciones de movilidad, que corresponden a las diferentes Comunidades Autónomas (CCAA).

Y es que Echenique les ha recriminado que su actitud es de "vergüenza" que revela, al calificarla de "totalitaria" como ha deslizado Vox, un ánimo de empeorar la gestión de la pandemia, con cifras de contagios e ingresos hospitalarios "preocupantes".

"LA DERECHA HACE UN FLACO FAVOR AL PAÍS"

Hacen un flaco favor al país", ha agregado para enfatizar que el estado de alarma, como instrumento jurídico, lo que permite es a las CCAA y el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a aplicar las medidas en función de la situación epidemiológia.

Por tanto, apoyar la declaración del estado de alarma "es lo que toca hacer" si se aspira a combatir la pandemia y salir del "trance tan difícil" por el que atraviesa el país, en plena segundo ola de la pandemia.

Tras insistir en que el estado de alarma es una "herramienta normativa" y no en sí misma la medida de restricción de movimiento, el portavoz de Unidas Podemos ha recordado que Sánchez ya explicó que si se logra controlar la enfermedad antes del 9 de mayo, las medidas de restricción no serán necesarias aunque siga vigente el instrumento jurídico.

LA DURACIÓN DE SEIS MESES ES LO ADECUADO

En consecuencia, la duración de seis meses del estado de alarma es "adecuada". Además, ha asegurado que no le consta que existan negociaciones con los socios de investidura sobre su duración y no ve necesidad de abrir el debate de su duración, respetando su opinión.

Cuestionado por la decisión de que sea Illa quien defiende su aprobación en el Congreso, Echenique está convencido de que el ministro va a explicar "perfectamente" los motivos que justifican el estado de alarma y no tiene más opinión al respecto.

En materia de rendición de cuentas, ha resaltado que Illa comparecerá cada 15 días y Sánchez se somete todos los miércoles a la sesión de control al Ejecutivo, respondiendo a muchas preguntas relacionadas con la pandemia.

EL CONTROL PARLAMENTARIO "ESTÁ GARANTIZADO"

De este modo, ha aseverado que el control parlamentario "está de sobra garantizado" y ha deslizado que a ello se añade el control parlamentario en las diferentes CCAA, donde realmente se sustanciarán los "debates más interesantes" respecto a las medidas adoptadas.

Así, las peticiones de los grupos parlamentarios serán evaluadas en materia de rendición de cuentas, si bien Unidas Podemos cree que ya es "más que suficiente".

La Comunidad de Madrid invierte en dependencia 179 euros por habitante al año, una cifra inferior a la media nacional (183), que la sitúa en la novena posición en el ranking por CCAA de inversión en este ámbito, según un estudio de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, una clasificación que lideran País Vasco (368 euros), Extremadura (286 euros), y Castilla y León (261 euros).

La asociación sostiene que, según las certificaciones anuales de las comunidades autónomas en 2019 la inversión pública en el Sistema de Atención a la Dependencia fue de 8.607 millones, de los cuales las comunidades autónomas financiaron el 83,9% y la aportación estatal "se ha reducido en el 16,1%, el porcentaje más bajo desde el inicio de la ley, con 1.386 millones de euros".

En el caso de la región madrileña, de un gasto total superior a 1.191 millones de euros de gasto público certificado el pasado año, la Comunidad de Madrid aportó el 82,6% (984,58 millones), mientras que el Estado aportó el 17,4% (206,9 millones de euros).

Los directores y gerentes aseguran que la financiación estatal se estancó tras los recortes de 2012 y ve "obvio" que "independientemente de la inestabilidad política alguien ha considerado otras prioridades".

Las comunidades que más invierten en dependencia por habitante y año son País Vasco (368 euros), Extremadura (286 euros) y Castilla y León (261 euros), y las que menos Canarias (95), Galicia (142) y Baleares (143).

Las que más incrementaron el presupuesto en el último año fueron Baleares (+32%), C. Valenciana (+18%) y Canarias (+16%). Solamente el Principado de Asturias redujo el presupuesto en el último año, y Extremadura (-1,6%) y Cataluña (-2,2%) fueron las Comunidades que menos lo aumentaron. En el caso de la Comunidad de Madrid la partida presupuestaria en 2019 se vio incrementada en un 5%.

Otro dato facilitado por los gerentes es que el gasto promedio por dependiente atendido en 2019, fue de 7.948 euros al año de los cuales, según los antedichos porcentajes, la Administración Central aportó solo 1.276 euros en concepto de nivel mínimo garantizado, de lo que se deduce que financia con 106 euros al mes por cada persona beneficiaria de la ley.

Los gerentes de servicios sociales consideran, a tenor de estos datos, que existe una imposibilidad para las comunidades autónomas de atender lo que tienen por delante, con una lista de espera de 234.000 personas ya valoradas como dependientes y con otras 147.000 personas pendientes de valoración.

SISTEMA EN RETROCESO

"El sistema se encuentra en retroceso y la lista de espera baja por los 43.275 fallecidos en las listas de espera de la dependencia en este año y existen 27.116 fallecidos en el 'limbo de la dependencia', personas que tenían derecho a recibir una prestación y fallecieron sin recibirla y 16.159 que murieron a la espera de ser valorados", consideran.

La financiación de la dependencia se recortó por la vía de un Decreto-ley en 2012, según recuerdan los gerentes, apelando a circunstancias de "extraordinaria y urgente necesidad". En su opinión, "la aparente imposibilidad de atender a las personas más vulnerables está generando una situación tan cruel como la que provocó aquel decreto".

Los directores de servicios sociales lamentan que "toque otra vez conformarse con el anuncio del incremento presupuestario de 600 millones de euros para el próximo año". La asociación vaticina que el anuncio implicará --con el actual contexto de atenciones de muy baja intensidad-- un incremento del gasto público anual que, en justicia, deberían ser aportados íntegramente por la AGE para llegar así a una aportación global del 22% de la financiación pública, muy lejos aún del 50% previsto. Se debería considerar que esa inversión generaría 25.000 puestos de trabajo directos y que se obtendrían unos retornos de 240 millones de euros sin contar con los retornos inducidos", precisan.

Hasta entonces, lamentan, "a los atendidos insuficientemente, a los desatendidos y a los que incluso no han sido aún valorados, no les queda otra que seguir desapareciendo como hasta ahora, discretamente y en silencio".

Cinco de las 12 personas cuya muerte fue notificada en la pasada jornada por las autoridades sanitarias gallegas vivían en residencias. De los cinco, tres eran usuarios de Os Gozos, en Pereiro de Aguiar (Ourense), otro de O Viso de Lobeira (Orense), y una mujer procedía de la residencia de Salvaterra, este martes intervenida por la Xunta.

De estos cinco fallecimientos, tres se produjeron en hospitales y otros dos en la propia residencia de Os Gozos.

En concreto, la Xunta ha confirmado que en la pasada jornada se registraron 10 muertes de positivos con covid en los centros hospitalarios gallegos. Tres de ellos son dos hombres de 87 y 53 años, y una mujer de 80, que estaban ingresados en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS).

Además, fallecieron un hombre de 91 años que estaba ingresado en el Hospital Quirón Salud de La Coruña; una mujer de 87 que estaba ingresada en el Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF); y dos hombres de 88 y 84 años que estaban ingresados en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (el anciano de 84 años usuario de la residencia de Salvaterra).

Asimismo, perdieron la vida un hombre de 84 años que estaba ingresado en el Complejo Hospitalario Universitario de Orense (CHUO) y que procedía de la residencia O Viso; y una mujer de 82 años que también estaba ingresada en el CHUO y procedía de Os Gozos.

Completan los fallecimientos notificados en la pasada jornada dos en la propia residencia de Os Gozos: una mujer de 92 años y un hombre de 87, ambos con patologías previas, al igual que las diez personas que perdieron la vida en hospitales de la Comunidad.

En total, Galicia computa 880 fallecidos con coronavirus desde que se inició la pandemia.

La Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad la trasposición de la directiva europea sobre intercambio automático y obligatorio de información en fiscalidad en relación con mecanismos sujetos transfronterizos, que obliga a los intermediarios fiscales a declarar operaciones de planificación fiscal agresiva.

Con su aprobación en esta Comisión con competencia legislativa plena, el Congreso envía esta ley al Senado, donde deberá completar su tramitación y solo en caso de que la Cámara Alta introduzca modificaciones volvería a la Cámara Baja para votar esos cambios.

Durante la Comisión, los grupos no han acordado la inclusión de ninguna de las enmiendas que quedaban 'vivas' después de su paso por ponencia: la suma del PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana y el PNV ha negado los cambios propuestos por el PP, Ciudadanos y Junts.

Este proyecto de ley, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 12 de mayo, contempla la modificación de la Ley General Tributaria, a través de dos disposiciones adicionales, para incorporar la Directiva Europea conocida como DAC 6, de obligada transposición a los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros.

Este texto establece la obligación de comunicación de "determinados mecanismos transfronterizos de planificación fiscal potencialmente agresiva", con dos objetivos fundamentales: por una lado, la lucha contra la elusión y la evasión fiscal; y por otro lado, la disuasión respecto de la realización de mecanismos de planificación fiscal agresiva. No obstante, esclarece que la obligación de declaración de un mecanismo no implica que sea necesariamente "defraudatorio o elusivo".

Según esta norma, serán los intermediarios fiscales (asesores, abogados, gestores administrativos o instituciones financieras) quienes tendrán obligación de informar sobre mecanismos internacionales de planificación fiscal ante la Agencia Tributaria, que remitirá los datos a la Comisión Europea, donde se clasificarán en un directorio accesible a los Estados miembros.

Se deberá informar sobre mecanismos transfronterizos (operaciones, negocios jurídicos, esquemas o acuerdos) cuando se realicen "en dos Estados miembros de la UE o un Estado miembro y un tercer Estado". En todo caso, el texto regula y garantiza el secreto profesional.

El proyecto de ley también incluye un "régimen sancionador por la falta de presentación en plazo" y por "presentación de forma incompleta, inexacta o con datos falsos". Se establece con carácter general una sanción de 2.000 euros por dato o conjunto de datos omitido o inexacto con un mínimo de 4.000 euros.

No obstante, si se presentara "fuera de plazo sin requerimiento previo una declaración complementaria o sustitutiva de las anteriores, no se producirá la infracción".

De igual forma, se establece que "los mecanismos transfronterizos cuya primera fase de ejecución se haya realizado, en los términos reglamentariamente establecidos, entre el 25 de junio de 2018 y el 30 de junio de 2020 deberán ser objeto de declaración en los meses de enero y febrero de 2021".

Asimismo, esta norma se aplicará a los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación "cuya obligación haya surgido a partir del 1 de julio de 2020 conforme a la Directiva 2011/16/UE, del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE".

Con efectos desde la entrada en vigor de esta norma, también se modifica la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, concretamente el apartado relativo al régimen de autoliquidación de este impuesto con carácter obligatorio en varias comunidades autónomas.

Canarias ha registrado un total de 16.895 casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia, aumentando en las últimas 24 horas en 50, tiempo en el que además ha tenido que lamentar cuatro fallecimientos --tres en Tenerife y uno en Gran Canaria--, que elevan a 276 las muertes por este virus en el archipiélago.

Así se desprende de los datos que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias publica diariamente sobre las 14.00 horas. En ellos se comprueba que del total de casos registrados en el archipiélago actualmente, 6.049 se encuentran activos en las islas.

De los casos activos por Covid-19 que tiene Canarias, 44 personas están en una Unidad de Cuidados Intensivo (-2), 199 permanecen en planta hospitalaria (-24) y los 5.806 restantes se encuentran en aislamiento domiciliario.

En cuanto a los pacientes que han superado la enfermedad en las islas se sitúan en 10.570, lo que implica 186 personas más en las últimas 24 horas.

LAS ISLAS

Por islas, Gran Canaria ha computado un total de 8.576 casos desde el inicio de la crisis sanitaria (+5), de los que 2.668 están activos (-147), 5.799 han superado la enfermedad y 109 han fallecido (+1).

Le sigue en número de casos Tenerife con 5.999 (+58), de los que 3.254 están activos (+45), 2.597 han recibido el alta médica y 148 perecieron (+3).

Lanzarote, por su parte, es la tercera isla con más casos computados, ascendiendo a 1.227 casos (+2), de los que 69 se mantienen como positivos activos (-9), 1.149 han superado la enfermedad y nueve han muerto.

Tras ella se encuentra Fuerteventura que se mantiene con 747 casos desde el inicio de la pandemia, de los que 37 están activos (-15), mientras que 707 superaron el virus y tres fallecieron.

La Palma registra 192 casos, uno de ellos positivos activos (-4), 185 altas médicas y seis muertes; y La Gomera se mantiene en 88 casos, de los que 11 sigue activos y 77 han recibido el alta médica.

Finalmente, El Hierro registra 65 casos (-7), de los que 8 están activos (-10) y 56 han superado el virus, mientras que una persona ha fallecido. De este modo, La Gomera es la única isla que no ha registrado fallecimientos.

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha continuado este martes el juicio relativo a las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa de Dos Hermanas (Sevilla) Aceitunas y Conservas (Acyco), una pieza separada de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares o innecesarios y las ayudas directas y sin publicidad a empresas con cargo a los fondos de la Junta de Andalucía.

Este martes han comenzado las comparecencias de los testigos, empezando por Antonio Alamino, extrabajador de Acyco, otrora miembro del comité de empresa por UGT, prejubilado en el ERE promovido por dicha entidad en 2003 con cargo a los fondos de la partida 31L de los presupuestos autonómicos y presidente de la que fuera asociación 3 de Julio de exempleados de Acyco.

Durante su comparecencia, Alamino ha rememorado que los responsables de la empresa anunciaron las prejubilaciones del ERE bajo la idea de que la entidad necesitaba incorporar "gente joven más preparada", manifestado que al comenzar las reuniones de la mesa de negociación de aquel ERE era conocido que la Junta de Andalucía pagaba al menos "una parte" de las prejubilaciones, pues según su testimonio, así lo dijo el exdirector de Recursos Humanos de Acyco y abogado de la empresa, Gabriel Barrero, acusado en este juicio, quien según este testigo "era quien manejaba todo".

Gabriel Barrero, recordémoslo, admitió al declarar como acusado que las condiciones de las prejubilaciones del ERE eran muy "favorables", si bien se desligó de la redacción del plan social de dicho procedimiento. Al respecto, Alamino ha asegurado que fue Barrero quien redactó los estatutos de la asociación 3 de Julio de extrabajadores de Acyco y quien extinguió después la entidad, exponiendo que él nunca supo que la citada asociación figuraba como tomadora en la póliza de las prejubilaciones del ERE. "Yo no llegaba hasta ahí", ha dicho asegurando que la idea de crear la asociación fue de los propios gestores de Acyco.

Además, este testigo que durante la fase de instrucción del caso declaró como imputado ante la Guardia Civil y el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla ha declarado que sólo supo que dos personas cobraban prejubilaciones con cargo al dinero aprovisionado por la Junta de Andalucía para las prejubilaciones del ERE de Acyco, pese a no haber trabajado jamás en la empresa, cuando la Guardia Civil le "llamó" a comparecer. Así, ha negado que supiese de los dos "intrusos" del ERE de Acyco o que los conociese.

EL DINERO DEL ANTICIPO

Respecto a los 210.000 euros anticipados por siete miembros de Acyco para activar la póliza de las prejubilaciones del ERE, ante un supuesto incumplimiento de los pagos por parte de la Administración andaluza, Alamino ha asegurado que él sólo escuchó "algo" con relación a ello, manifestando que Barrero no le mostró nunca la factura de 210.000 euros más el IVA cursada después a la Junta para resarcir el dinero entregado.

Especialmente, y con relación a tal asunto, ha narrado que descubrió que en la cuenta bancaria de la asociación 3 de Julio de extrabajadores de Acyco habían ingresado "40 millones de pesetas" de una procedencia que ha dicho desconocer.

Ante ello, y porque "no quería líos", según ha dicho, solicitó al director de la sucursal bancaria que diese ese dinero "a quien lo había pedido" porque no pertenecía a los extrabajadores, tras lo cual el dinero fue transferido y según ha indicado, "se lo llevaron" Gabriel Barrero y Encarnación Poto, presidenta del consejo de administración, también prejubilada en el ERE y acusada en este juicio.

Y es que según este testigo, Barrero habría dicho "que el dinero era de ellos", en alusión a los responsables del consejo de administración de Acyco. "Venían Barrero y cinco o seis del consejo de administración buscándome para sacar el dinero, que no era mío ni de la asociación 3 de Julio", ha aseverado, insistiendo en que dio orden al director del banco para que "pagase lo que se tuviese que pagar", incluyendo lo que correspondiese a Hacienda, y que él no redactó la mencionada factura.

"SE LLEVABAN EL DINERO"

Además, Alamino ha aseverado que Poto y quienes estaban "detrás de ella", es decir los gestores de Acyco "se llevaban el dinero de la empresa", una sociedad anónima laboral, y "engañaban" a los trabajadores pese a participar los mismos de la entidad mediante acciones. "Nos engañaron a todos", ha enfatizado, admitiendo sentir resentimiento hacia Poto, quien según ha asegurado dijo "siempre" que se prejubilaría mediante el ERE, extremo tras el cual continuó figurando en el consejo de administración de Acyco y cobrando por ello.

También ha prestado declaración como testigo María Auxiliadora Francos, igualmente extrabajadora de Acyco y quien ha manifestado que fue "mano derecha" o "persona de confianza" de Poto durante el periodo previo a la fundación de la empresa. Esta testigo ha admitido que ante la Guardia Civil tachó de "auténtica dictadora" a Poto y, en esta ocasión, le ha achacado un "abuso de poder mediante el cual "sometía" a la plantilla, que participaba de la entidad mediante acciones, a "lo que ella decía", incluyendo con ello supuestas "amenazas" de despido.

"Se le dio un poder absoluto cuando ella no era empresaria, sino socia", ha dicho exponiendo que Poto no daba cuentas a la plantilla de sus gestiones al frente de la empresa y recordando que en una ocasión cuya temporalidad no ha sabido precisar, la presidenta del consejo de administración de Acyco solicitó a los trabajadores y socios de la entidad un anticipo de dinero por las necesidades de la empresa.

La Consellería de Sanidade mantendrá las medidas de restricción vigentes con motivo de la pandemia por la covid-19 en Galicia y seguirá una "estrategia de monitorización continua" de las áreas que más preocupan para evaluar los resultados en el encuentro del comité del próximo viernes, donde, si es el caso, se estudiará la implantación de nuevas medidas.

Así lo han informado el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, y la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán Parrondo, en la rueda de prensa para explicar las decisiones adoptadas por el comité clínico esta semana, un encuentro en el que también ha participado el gerente del Sergas, José Flores.

En concreto, el conselleiro ha precisado que a Sanidad le "preocupa" la situación en áreas como Santiago de Compostela, Verín, O Carballiño, Ourense o Barbadás, donde ya están implementadas medidas, así como en las comarcas de Lugo, Ferrol, Pontevedra o Vigo.

En todo caso, teniendo en cuenta que hace solo una semana que toda Galicia pasó a nivel 2 de restricciones --con limitación de reuniones a cinco personas-- y que la restricción de movilidad nocturna solo está en vigor desde hace dos días, el conselleiro ha apostado por "esperar unos días" para evaluar resultados, algo que se hará, en principio, en la reunión del próximo viernes. Hasta entonces, la Xunta ha prorrogado las medidas ya existentes.

Julio García Comesaña ha advertido de que "es hora de tomarse en serio las restricciones", por lo que ha insistido a la población para que "siga escrupulosamente" las medidas, que se toman "tras un análisis detallado" para "evitar situaciones tan críticas como las del pasado".

DATOS DE GALICIA

Galicia, que supera este martes los 7.000 casos activos de infección por coronavirus, tiene "unos datos razonablemente buenos" a nivel epidemiológico, siendo "la cuarta comunidad con mejores resultados", ha dicho el conselleiro.

Así, la incidencia a 14 días es de 225 casos por 100.000 habitantes, frente a los 410 de la media estatal, y a siete días es de 137, frente a los 221 a nivel nacional.

En todo caso, García Comesaña ha señalado indicadores como el porcentaje de PCR positivas sobre el total que se realizan y que este lunes alcanzó el 9,35%, un valor que "preocupa", aunque la media semanal se mantiene en un 7,67%.

En la misma línea, Carmen Durán a recordado que la incidencia acumulada de Galicia es 1,7 veces inferior a la media española, aunque ha precisado que la tasa acumulada a 4 días ha empeorado en torno al 20% en el conjunto de la comunidad.

Por ello, ha reiterado, los expertos apuestan por el momento por una "estrategia de monitorización continua" de las comarcas con peores datos. "Si esta semana se constata que hay un empeoramiento de los datos, habrá que actuar en consecuencia y poner en marcha las medidas que sean necesarias", ha destacado.

ÁREAS MÁS PREOCUPANTES

Entre las áreas que más preocupan a Sanidade está la de Santiago de Compostela, ha explicado Carmen Durán, con un incremento de casos en la última semana y una incidencia a siete y a 14 días (210 y 349) que está por encima de la media de Galicia. Este aumento, ha precisado, se debe, sobre todo, a casos en Ames, Teo y Compostela.

Sobre esta zona, García Comesaña ha apuntado que, aunque todavía no está sobre la mesa, "no se puede descartar un cierre perimetral de Santiago", como sucedió en Ourense, aunque, ha admitido, para ello no se emplean solo datos de casos activos o contagios, si no que tienen un papel fundamental la presión hospitalaria.

También en Ferrol advierte la Xunta un incremento "paulatino" de casos en las últimas dos a tres semanas, especialmente en Fene, Narón y Ferrol, con lo que la incidencia se sitúa ya en 193 casos por 100.000 habitantes a siete días y 263 a 14 días.

En el caso de la comarca de Pontevedra, Carmen Durán ha hablado de un incremento en los últimos cuatro días, que sucede también en Vigo, aunque Pontevedra se sitúa ligeramente por encima de la media gallega de incidencia (172 a siete días y 264 a 14), mientras que Vigo está por debajo (129 y 211).

En la comarca de Ourense, Sanidade apunta que las incidencias acumuladas siguen siendo altas (134 a siete días y 291 a 14), aunque están "disminuyendo" por efecto de las medidas; una evolución satisfactoria que no se está produciendo en la comarca de o Carballiño, con "cierta tendencia a la estabilización.

Carmen Durán ha expresado de forma especial su preocupación por la comarca de Verín, que "no está respondiendo a las medidas" como era de esperar, por lo que se prolongarán por el momento.

CAPACIDAD ASISTENCIAL

Finalmente, el gerente del Sergas, José Flores, ha asegurado que, por el momento, está "garantizada" la capacidad asistencial en Galicia, tanto para pacientes de covid-19 como para los de otras patologías.

Flores no ha escondido su "preocupación" por el incremento progresivo de las personas hospitalizadas y en UCI en Galicia, aunque ha precisado que los datos actuales, en comparación con los que se registraron en los momentos de "máxima ocupación" por la pandemia, son un 67,4% menos de puestos UCI ocupados y un 57% menos de camas de hospitalización.

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha anunciado este martes que su partido pedirá ante el Tribunal Constitucional la suspensión cautelar del estado de alarma que aprobó el pasado domingo el Consejo de Ministros y que el Gobierno espera prorrogar este jueves en el Pleno del Congreso.

En rueda de prensa tras la Junta de Portavoces de la Cámara Baja, Espinosa de los Monteros ha denunciado que el nuevo estado de alarma avance en una deriva a su juicio "cada vez más totalitaria" y ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni siquiera tenga previsto acudir a defenderlo ante el Pleno del jueves.

A cambio, ha censurado que el Gobierno designe para el debate al ministro de Sanidad, Salvador Illa. "Mandan al ministro de Sanidad para limitar derechos fundamentales, someternos a un experimento totalitario y un procedimiento inconstitucional", ha censurado.

En este sentido, ha confirmado que Vox recurrirá el decreto ante el Tribunal Constitucional igual que hizo con el aprobado en el mes de marzo, aunque en este caso pedirá además su suspensión cautelar. Espinosa de los Monteros ha aprovechado también para criticar que el alto tribunal aún no se haya pronunciado sobre su recurso una vez pasados 181 días desde que fue presentado.

El portavoz parlamentario de Vox ha insistido en que el estado de alarma se convirtió en un "estado de excepción encubierto" porque suspendió derechos fundamentales. Y aunque ha reconocido que podría ser "discutible" que el estado de alarma pueda prorrogarse durante 15 días o varios meses, ha sostenido que no "tiene ningún sentido" que sea superior a 30 días, que es plazo máximo fijado para el estado de excepción, "el más grave".

"NI SEIS MESES NI DOS"

En este sentido, ha criticado también que el PP esté abierto a negociar un plazo de dos meses. "No se puede presentar ni por seis meses ni por dos. No se trata de discutir eso, estamos hablando de derechos fundamentales, destrucción de la economía y traslación de responsabilidad de los gobernantes a los ciudadanos españoles", ha defendido.

Mientras, ha explicado que Vox defiende la salud de los ciudadanos pero también la protección "de la salud de la economía. "No queremos destruir el país como está haciendo este Gobierno", ha denunciado incluyendo en ello a "algunos partidos que se decían de la oposición".

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado que la pandemia del Covid-19 ha enseñado que hay que "revisar el sistema de cuidados a mayores" reforzando algunas cuestiones que se han mostrado "vulnerables" como el modelo de residencias.

"Durante la pandemia hemos aprendido que tenemos que revisar nuestro sistema de cuidados especialmente aquellos que tienen que ver con la protección a las personas mayores. Este presupuesto es una oportunidad, una esperanza para modificar ese sistema", ha asegurado Montero este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La portavoz del Gobierno ha precisado que una de las políticas que se beneficia del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) es la Ley de Dependencia, donde el Gobierno hace "un esfuerzo a pulmón" dedicando una partida del presupuesto nacional que se incrementa en más de 600 millones con respecto a los años anteriores.

A esta se suma una partida de 700 millones de euros de los fondos europeos que se destinarán a mejorar la atención a mayores, transitando desde el actual modelo de residencias hacia otro que apueste por la atención domiciliaria.

"Son dos cuestiones distintas. La primera está orientada a mejorar la financiación del pilar de la dependencia para las CCAA, con algunas modificaciones respecto al nivel mínimo, al nivel acordado, parámetros que tienen que ver con lo que el Estado paga a cada CCAA por persona dependiente incorporada", ha precisado.

La segunda, según ha añadido, tiene que ver con el plan de recuperación para impulsar "una política nueva de economía de cuidados", algo que consideran "una exigencia" en la sociedad actual, más aún ante la pandemia en la que algunas cuestiones se han mostrado "vulnerables": "desde alternativas habitacionales para mayores, hasta la manera de preservar los cuidados en domicilio. "El aprendizaje ha sido tremendo", ha enfatizado Montero.

En este sentido, ha dicho que el Gobierno también apuesta por el refuerzo de la atención a los mayores en su domicilio, implementando un "soporte tecnológico que permita que los mayores estén vigilados, protegidos y en contacto con otros" y diseñar un modelo que les permita saber que en ese momento de la vida "les van a acompañar la seguridad y ambientes cálidos y amables".

De esta manera, según ha indicado Montero, el Gobierno quiere hacer "una contribución genuina a esa economía de los cuidados" y ha puesto de relieve asimismo que aportarán una mirada con "perspectiva de género", ya que los cuidados emplean sobre todo a mujeres, en las que más "se ceba" la crisis del Covid-19.

En concreto, la portavoz del Ejecutivo ha indicado que este miércoles presentarán tres documentos que acompañarán la presentación de presupuestos: uno relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); otro de protección de la infancia y adolescencia, y un tercero de políticas de género.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha ratificado las limitaciones a la movilidad nocturna --que el Consell ha fijado entre las 00.00 y las 06.00 horas-- y a las reuniones sociales (hasta seis personas) acordadas por la Generalitat el pasado sábado 24 de octubre, antes de la declaración del estado de alarma, y con efecto hasta el próximo 9 de diciembre, informa el alto tribunal.

La Fiscalía había informado previamente en el sentido de no oponerse a la ratificación. La sala entiende que la Ley Orgánica 3/86, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, proporciona "suficiente cobertura normativa sustantiva para la adopción de medidas sanitarias limitativas de libertades y derechos fundamentales".

"Las dos medidas que ahora tratamos suponen únicamente la restricción o limitación de libertades y derechos fundamentales, no la suspensión de los mismos (esto no es una cuestión de matiz, sino de cardinal trascendencia)", sostiene el tribunal en un auto notificado este martes. La sala se pronuncia únicamente sobre estas dos medidas dado que son las concernientes al núcleo de derechos fundamentales porque afectan a la libre circulación y el de reunión.

De este modo, la restricción a la movilidad entre las 0.00 y las 6.00 horas con determinadas excepciones supone una "limitación temporal" al derecho a la libre circulación y deambulación y además contiene "muy importantes excepciones", precisa la sala.

Por su parte, la reducción a un máximo de seis personas no convivientes de las agrupaciones o reuniones familiares y/o sociales "no pasa de la categoría de limitación del derecho de reunión, nunca de suspensión del mismo".

Los magistrados recuerdan que el Tribunal Constitucional "admite el establecimiento de medidas concretas limitativas del efectivo ejercicio de derechos fundamentales sin tener que acudir necesariamente al llamado derecho de excepción".

En este sentido, señalan que la constitucionalidad de la Ley Orgánica 3/86 no ha sido cuestionada y el hecho de que esa norma no concrete las medidas limitativas de los derechos fundamentales que pueden acordarse "lo único revela --lo que no está exento de lógica-- es que estamos ante un precepto adaptable a las circunstancias particulares de cada caso y a la situación epidemiológica de que se trate".

En este caso, las restricciones a la movilidad nocturna y a las reuniones sociales y familiares aprobadas por la Conselleria de Sanidad Universal el pasado 24 de octubre, a la vista de los informes técnicos aportados, cumplen, en opinión del TSJCV, el "juicio de idoneidad", ya que "presentan aptitud para minimizar esos focos de contagio y, por ende, sus efectos".

"MÁS BENEFICIOS QUE PERJUICIOS"

También cumplen el "juicio de necesidad", pues son "indispensables si se quiere obtener el objetivo de reducir la transmisión del virus", y el de proporcionalidad, porque son "equilibradas" y de ellas se derivan "más beneficios para el interés general -contención de la pandemia- que perjuicios sobre oros bienes o valores en conflicto", destaca la resolución.

Aunque el tribunal, interpreta que la Ley de Salud Pública de 1986 ampara las limitaciones de derechos fundamentales como las acordadas por la Conselleria de Sanidad, cree necesaria "una producción normativa idónea y ad hoc que solvente los problemas interpretativos con los que nos encontramos y evite la consecuente contradicción de criterios a la que estamos asistiendo.

La sala, que agradece el "esfuerzo argumentativo" de la Generalitat y la "exhaustividad en la aportación de datos" de las "circunstancias más relevantes motivadoras" de las medidas, añade un último punto adicional sobre la "autorización versus ratificación judicial" de las medidas sanitarias que impliquen limitación o restricción de derechos fundamentales.

En este caso, señala que la administración nuevamente opta por el expediente de la ratificación en vez de instar directamente la autorización judicial y apunta que, en las circunstancias de este caso, "hubiera sido más ortodoxo acudir a la vía de la autorización judicial".

Al respecto añade que "como quiera que, ahora sin duda, la Administración va a disponer de los necesarios elementos de juicio con la suficiente anticipación, la eventual prórroga que se solicite habría de serlo vía judicial no ratificación", sólo para el caso de que se hiciera precisa la prórroga y no se encontrase vigente en ese momento el estado de alarma.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha denunciado este martes que no sea el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sino el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien comparezca este jueves ante el Pleno de la Cámara para informar del decreto del estado de alarma y solicitar su prórroga, en principio, hasta el próximo mes de mayo.

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Gamarra ha indicado que el Ejecutivo no ha dado ninguna explicación para justificar esta decisión y ha cargado contra Sánchez por "escudarse" en el titular de Sanidad ante la aplicación de un "instrumento de excepcionalidad constitucional".

"No podemos entender que nuevamente el presidente del Gobierno utilice como escudo humano al ministro de Sanidad cuando se habla de suspender libertades públicas de 47 millones de españoles durante un periodo de más de seis meses", ha enfatizado.

En este sentido, la dirigente del PP ha señalado que su formación no ve "justificación alguna" a que no sea Sánchez el que asuma esa comparecencia en el Congreso este jueves, dado que como presidente del Gobierno "es el máximo responsable de la acción política" y afecta a "limitaciones de las libertades públicas".

Gamarra ha recalcado además que recurrir de nuevo a esta medida excepcional evidencia "el fracaso" del Gobierno tanto en la "política sanitaria" como "legislativa" por "no haber aprovechado el tiempo" aprobado estos meses pasados un marco jurídico para evitar recurrir a esta medida excepcional.

CONDICIONES DE PROPORCIONALIDAD Y CONTROL PARLAMENTARIO

La portavoz del Grupo Popular ha subrayado que un estado de alarma debe tener en cuenta la proporcionalidad y el control parlamentario, y ha señalado que no se trata de "condiciones caprichosas" sino que son condiciones "constitucionales" que además defendía la propia Comisión Europea. "Para nosotros, seis meses de estado de alarma es absolutamente desproporcionado", ha apostillado.

En este sentido, Gamarra ha defendido la propuesta del líder de su partido, Pablo Casado, de limitar la prórroga a ocho semanas, garantizando el control parlamentario. En esos dos meses, ha proseguido, hay tiempo para tramitar una modificación legal y poder acogerse más adelante a la legislación ordinaria y no al estado de alarma.

La dirigente del PP ha recordado que su grupo parlamentario ya presentó en agosto una modificación de la ley 3/1986 de medidas especiales en materia de Salud Pública que puede ser ya debatida en el Pleno del Congreso y tramitarse.

"ESTAMOS ABIERTOS A ESA NEGOCIACIÓN"

Al ser preguntada si el PP ya mantiene algún tipo de negociación con el Gobierno, Gamarra ha señalado que la propuesta del PP tiene "tanta lógica y sensatez" que, a su juicio, no cabe en su planteamiento que "no pueda ser negociada y asumida por el Gobierno".

"Estamos abiertos a esa negociación si así lo consideran los grupos que sustentan el Gobierno", ha declarado, para confirmar que en este momento aún no han entablado conversaciones. "Tienen la propuesta y si quieren negociar, nosotros estamos abiertos a negociar", ha apostillado.

Eso sí, Gamarra ha indicado que el plazo de ocho semanas es "lo suficientemente amplio y flexible". "Por tanto, entendemos que no es objeto de negociación por la flexibilidad que ya de partida tiene", ha manifestado.

SI EL GOBIERNO NO ACEPTA, PLANTEARÁN ENMIENDAS

En cuanto a si el PP podría votar "no" al estado de alarma si al final no hay un acuerdo con el Gobierno, ha señalado que si el Gobierno no asume la propuesta presentada por Casado, el Grupo Popular lo plantearía vía enmiendas.

Eso sí, ha dicho que la propuesta que su partido ha puesto encima de la mesa tiene "tanta sensatez que el rechazo no debiera estar en la hoja de ruta del Gobierno". Ahora, ha proseguido, el PP está aún en la fase de la negociación y no han reflexionado sobre cuál puede ser la posición de su partido en caso de que no haya acuerdo.

"Está clara cuál es nuestra posición, que es un máximo de ocho semanas para durante ese periodo de legisle porque esta Cámara no puede estar amordazada sino que tiene una responsabilidad y el Gobierno la tenía que haber activado para que hoy España tuviera legislación ordinaria para hacer frente a la pandemia", ha concluido.