3,5 millones de empleados públicos siguen esperando una subida salarial que el Gobierno quiere cerrar con los sindicatos antes del 29-N. La comisión de seguimiento del Acuerdo Marco, convocada por el Ministerio de Función Pública, debe decidir si el alza se aprueba por real decreto en las próximas semanas o se queda a la espera de las urnas.
Lo que está encima de la mesa no es una cifra nueva, sino la letra pequeña de un pacto ya firmado. El acuerdo suscrito a finales de 2025 con CSIF, CCOO y el resto de organizaciones fija un 4,5% de subida para 2027 y un 0,5% extra para 2026 ligado a la evolución de los precios.
Ese segundo tramo solo se activa si el IPC medio del año supera el 1,5% ya aplicado en 2026. Con las proyecciones actuales (entre el 3,6% y el 3,7%), la paguilla está garantizada.
El calendario aprieta. CSIF, el sindicato con más peso entre los empleados públicos, exige que ambas revalorizaciones se aprueben por real decreto en la Diputación Permanente del Congreso antes de las generales del 29 de noviembre. CCOO se ha sumado a esa petición. Hace casi un año, el ministro de Función Pública, Óscar López, se comprometió a hacer 'todo lo posible' para sacarla adelante.
Cuánto cuesta la subida: 1.000 millones de atrasos y 9.000 del 4,5%
La primera partida es el 0,5% adicional de 2026, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, y ronda los 1.000 millones. La segunda es el 4,5% previsto para 2027, que en una sola anualidad añade 9.000 millones de gasto. Entre ambas suman el 5% que se negocia estas semanas y una factura conjunta de 10.000 millones de euros.
Mirar la senda completa ayuda a entender el detalle. El Acuerdo Marco cubre el trienio 2026-2028 con una revalorización total del 11%, de la que queda un 2% para el último año. Adelantar el 4,5% no cambia el montante final, pero sí el ejercicio en el que se abona.
El acuerdo está cerrado desde finales de 2025; lo que se negocia ahora es cuánto tarda en llegar a la nómina.
Por qué la inflación decide cuánto sube tu nómina
La clave está en el IPC. En 2026 se aplicó una subida base del 1,5% y el 0,5% extra solo se activa si la media anual del índice supera esa referencia. La estadística de precios del INE y las proyecciones de los institutos de análisis apuntan a que el cierre de año se irá al 3,6%, más del doble. Traducido a la nómina, el 4,5% de 2027 debe compensar el poder adquisitivo perdido.
Fuera de la nómina mensual, la negociación incluye otros puntos. CSIF y CCOO piden actualizar las indemnizaciones por residencia, equiparar las retribuciones entre administraciones —que un puesto similar no cobre distinto según quién pague—, reforzar los servicios públicos y recuperar la estructura retributiva previa a los recortes de 2010. La equiparación salarial entre administraciones sigue pendiente desde hace años.
Por qué hace falta un real decreto y no bastan los Presupuestos
Históricamente, la subida de los funcionarios viajaba dentro de los Presupuestos Generales del Estado. Aquí no: las Cuentas están prorrogadas desde 2023, así que las revalorizaciones se han ido desgajando en normas propias. Sin unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno que salga de las urnas tendría que aprobar la subida por real decreto si quiere que esté en vigor en enero de 2027.
Ahí chocan dos lecturas. Fuentes del Ejecutivo sostienen que la senda pactada no está en discusión y que el acuerdo que rubricó Pedro Sánchez a finales de 2025 se va a cumplir. Los sindicatos creen que el problema no es el qué sino el cuándo, y presionan para que el decreto esté listo antes de la cita electoral. El pulso no es sobre la cifra, sino sobre el calendario.
El marco general ayuda a situarlo. El Ejecutivo ya ha confirmado que subirá el salario mínimo a 2,5 millones de trabajadores antes del 29 de noviembre y que revalorizará las pensiones de 9,5 millones de beneficiarios antes de que acabe el año, aunque sea en funciones. La nómina de los empleados públicos es la tercera pata de ese calendario. La próxima cita: la comisión de seguimiento del Ministerio de Función Pública.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El Gobierno y los sindicatos negocian adelantar el 4,5% de 2027 y el 0,5% extra de 2026 antes de las elecciones del 29-N.
- Por qué te importa: Afecta a la nómina de 3,5 millones de empleados públicos y cuesta 10.000 millones a las arcas públicas.
- A quién afecta: Funcionarios y personal laboral de la Administración Central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
- Hacia dónde vamos: CSIF y CCOO piden un real decreto en la Diputación Permanente; el Ejecutivo sostiene que la senda pactada no se negocia.
