La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha corregido este martes al conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir el Homrani, y ha afirmado que el teletrabajo es una recomendación y no una obligación porque la Generalitat no tiene competencias para hacerlo obligatorio.

Lo ha dicho en rueda de prensa telemática tras el Consell Executiu, después de que este mismo martes El Homrani haya asegurado que el teletrabajo y el trabajo a distancia "son obligatorios" para todas las empresas, públicas o privadas, que puedan implementarlo.

Budó ha sostenido que el decreto del estado de alarma no otorga a la Generalitat la competencia para "regular este ámbito en centros privados" y ha reclamado que las comunidades autónomas puedan tener esta posibilidad.

Pese a no ser obligatorio, ha recordado que tanto el Procicat como el Consejo de Relaciones Laborales (CRL) han acordado la necesidad de promover y priorizar el teletrabajo, por lo que considera que fomentar el trabajo a distancia es un "deber de las empresas".

Preguntada por los mensajes contradictorios que se han lanzado desde el Govern sobre este asunto, ha reconocido que no puede estar satisfecha con la comunicación que está llevando a cabo el Ejecutivo catalán y que tienen que mejorarlo "para evitar generar confusión a la población.

Un total de 179 docentes y 1.560 alumnos permanecen aislados por haber tenido contacto con alguna de las 629 personas --59 docentes y 570 alumnos-- que han dado positivo en Covid-19 en 245 centros educativos de la Región de Murcia desde el inicio del curso escolar, el lunes 14 de septiembre.

Esto supone 32 nuevos positivos --seis docentes y 26 alumnos--, con respecto al último balance aportado por la Comunidad este lunes. A estos datos habría que añadir el positivo registrado en un trabajador externo de un instituto de Santomera.

La Consejería recuerda que hay 280.000 alumnos y 27.000 docentes en la Región, por lo que los 179 docentes aislados representan el 0,66% del total, y los 1.560 alumnos, el 0,55%.

En concreto, un total de 3.181 estudiantes y 336 profesores han vuelto ya a las aulas tras superar el periodo de cuarentena.

Así, en las últimas horas, la escuela de educación infantil Pajarico, en Águilas, ha registrado un docente positivo y un total de 16 aislados (el positivo, 14 alumnos y un docente).

En el colegio público Alonso García López, situado en la pedanía lorquina de Purias, hay dos alumnos positivos, sin relación entre ellos, con seis aislados en el primer caso (el positivo y cinco alumnos) y 19 en el segundo (el positivo, 17 alumnos y un docente)

En el instituto La Flota de Murcia hay alumno positivo y cuatro aislados (el positivo y tres alumnos); en el colegio concertado Aidemar de San Javier, un alumno ha dado positivo y diez personas permanecen aisladas (el positivo, cinco alumnos y cuatro docentes) y en el colegio público San Antonio de Torre Pacheco hay un alumno positivo y tres aislados (el positivo y dos alumnos).

En el instituto Salvador Sandoval de Las Torres de Cotillas un alumno ha dado positivo y cinco permanecen aislados (el positivo y cuatro alumnos), mientras en el instituto Licenciado Francisco Cascales, también en Murcia, hay un alumno positivo y tres aislados (el positivo y dos alumnos) y en el instituto Ricardo Ortega de Fuente Álamo, hay un docente positivo y tres aislados (el positivo y dos docentes).

En el instituto Pedro Guillén de Archena hay un alumno positivo y cuatro aislados (el positivo y tres alumnos); en el colegio concertado Lideria International School de Puerto Lumbreras, hay un alumno y doce aislados (el positivo, diez alumnos y un docente) y en el colegio público San Isidro (Los Belones-Cartagena) otro alumno positivo y 20 aislados (el positivo, 16 alumnos y tres docentes).

En el colegio concertado Santa Joaquina de Vedruna de Murcia se ha registrado un alumno positivo y cinco aislados (el positivo y cuatro alumnos); en el instituto Poeta Julián Andúgar de Santomera hay un docente positivo y siete aislados (el positivo y seis alumnos) y en el colegio público San Félix de Los Barreros, en Cartagena, otro docente ha resultado positivo y hay 18 aislados (el positivo, 16 alumnos y un docente).

En el instituto Antonio Hellín Costa de Puerto de Mazarrón un alumno ha dado positivo y tres permanecen aislados (el positivo y dos alumnos); en el colegio concertado Samaniego de Alcantarilla, hay un docente positivo y tres aislados (el positivo y dos docentes) y en el instituto Sabina Mora de Roldán, en Torre Pacheco, hay un docente positivo y tres aislados (el positivo y dos docentes).

En el colegio concertado La Sagrada Familia de Cartagena hay un alumno positivo y 24 aislados (el positivo, 22 alumnos y un docente) y en el instituto Mediterráneo de Cartagena hay dos alumnos positivos sin relación entre ellos, lo que ha obligado a aislarse a cinco personas en el primer caso (el positivo y cuatro alumnos) y dos en el segundo (el positivo y un alumno).

En el colegio público Santa María de Gracia de Murcia hay un alumno positivo y doce aislados (el positivo y once alumnos); en el Conservatorio de Música de Murcia hay un alumno positivo y 16 aislados (el positivo, 13 alumnos y dos docentes) y en instituto Sierra Minera de La Unión hay un alumno positivo y seis aislados (el positivo y cinco alumnos).

En el colegio concertado Magda de Ceutí hay dos alumnos positivos sin relación entre ellos, con seis aislados en el primer caso (el positivo y cinco alumnos) y cuatro en el segundo (el positivo y tres alumnos), mientras en el instituto Ramón Arcas Meca de Lorca hay un alumno positivo y dos aislados (el positivo y un alumno).

En el colegio concertado Nuestra Señora de los Ángeles de Sangonera la Verde, en Murcia, hay un alumno positivo y dos aislados (el positivo y un alumno); en el colegio concertado Julián Romea de la pedanía murciana de El Raal-Murcia hay un alumno positivo y 15 aislados (el positivo, 13 alumnos y un docente) y en el instituto Octavio Carpena Artés de Santomera ha dado positivo un trabajador externo y hay un alumno aislado.

En el colegio público Antonio Machado de La Copa, en Bullas, hay un alumno positivo y siete aislados (el positivo y seis alumnos); en el colegio público Sagrado Corazón de Librilla hay un alumno positivo y dos aislados (el positivo y un alumno) y en el instituto Mar Menor de Santiago de La Ribera, en San Javier, hay un alumno positivo y dos aislados (el positivo y un alumno).

La consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, ha defendido el decreto ley que exigirá a los turistas un test de covid-19 negativo para poder hospedarse en las islas; sin embargo, ha insistido en que los controles en puertos y aeropuertos sigue siendo el "mejor mecanismo" para atajar la situación generada por la pandemia.

En comparecencia parlamentaria, a petición del Grupo Mixto, la consejera ha vuelto a recordar que los test en puertos y aeropuertos no es competencia del Gobierno de Canarias ni de la Consejería; por ello, pidió a los grupos de la oposición que propongan una iniciativa legislativa al respecto en las Cortes Generales y no se dediquen únicamente a pedir la realización de los test.

Yaiza Castilla indicó que el levantamiento de las restricciones por parte de Reino Unido y Alemania para poder viajar a Canarias "no es casualidad", sino fruto de un trabajo "serio, constante y responsable" que se ha llevado a cabo "desde el minuto uno". De hecho, indicó que hoy se ha reunido con el embajador de Holanda ante lo que pueda pasar en el futuro por el cierre de fronteras por el avance de la pandemia.

Castilla resaltó que las buenas noticias recibidas la semana pasada han venido para abrir una "vía de esperanza" de cara a la temporada de invierno, que comenzó el pasado fin de semana, pues existía una demanda "latente" para venir a las islas que, tras el levantamiento de las restricciones, ha hecho que se "dispararan" las búsquedas, las reservas y también los precios.

En cualquier caso, advirtió que "una vez pasada la alegría, conviene no bajar la guardia, pues la pandemia sigue ahí". En este sentido, afirmó que nos encontramos en uno de los momentos de mayor incertidumbre de la historia, que está haciendo que la recuperación del turismo esté siendo muy lenta.

La consejera achacó este hecho, entre otros motivos, al aumento del número de contagios; a que las principales ciudades empiezan a confinarse y limitar la movilidad; a que los gobiernos europeos están pidiendo a sus ciudadanos que no viajen para no extender el virus.

Asimismo, indicó que la crisis está propiciando un aumento del ahorro y el aplazamiento de los viajes; también está creciendo la vergüenza a viajar, y a todo esto se añade el perfil del turista de invierno, de mayor edad y más propenso al contagio.

Según la consejera, "no debemos bajar la guardia porque aún hay factores de riesgo que pueden dar al traste todo lo conseguido". Por ello, el Gobierno de Canarias ya ha iniciado una campaña de promoción internacional, con un presupuesto de 1,5 millones de euros, que se desarrollará durante los meses de noviembre y diciembre.

HUIR DE TRIUNFALISMOS

El diputado Ricardo Fernández de la Puente (Cs), promotor de la comparecencia, indicó que Canarias recibió hasta el mes de agosto 3,3 millones de turistas, lo que supone un 62% menos que en el mismo periodo del año anterior, y no se esperan grandes cambios en septiembre y octubre, por lo que preguntó a la consejera cómo prevé llegar el año que viene a los 10 millones de turistas que anunció la semana pasada.

Fernández de la Puente dijo estar "muy preocupado" por el momento que vive el turismo porque "no se ven esos brotes verdes ni esa luz al final del túnel", por lo que pidió a Castilla que "huya del triunfalismo", pues los anuncios que hizo la semana pasada "han servido para llenar titulares pero no para llenar los establecimientos turísticos".

Se preguntó también por qué no se pueden hacer los test en los puertos y aeropuertos canarios, como se está haciendo en otros lugares en Europa, y afirmó que el Gobierno de Canarias "está poniendo tiritas al Titanic" con las iniciativas que está llevando a cabo para tratar de recuperar la actividad turística.

FRENAR EL VIRUS

El diputado Jesús Ramos Chinea, de ASG, no compartió las críticas hacia la gestión de la consejera y afirmó que desde la oposición no se puede decir que no se está haciendo nada. Añadió, además, que para tener turistas hay que frenar el virus y bajar el índice de contagios en las islas y que los países emisores lo tengan controlado.

Francisco Déniz (Sí Podemos Canarias) incidió en que el principal objetivo en estos momentos tiene que ser que los turistas vengan testados y que los controles no lo paguen las instituciones canarias, un objetivo que ve "muy complicado".

La diputada de NC Sandra Domínguez señaló que la reapertura del turismo tiene que ser vista con cautela porque aún se están tomando medidas y adoptando acuerdos. Asimismo, considera que hay que hacer un reconocimiento a la sociedad canaria, "que es la que ha conseguido que tengamos esta reapertura".

Por el Grupo Popular, Carlos Ester señaló que las medidas que ha tomado el Gobierno de Canarias para "blindar" al archipiélago ante el virus son "insuficientes" y afirmó que lo único que ha hecho la consejera es "descargar en los hoteleros la responsabilidad de control de la pandemia".

Desde las filas nacionalistas, la diputada Nereida Caledo advirtió que la temporada de invierno terminará "igual o peor" que la de verano por no haber sabido desvincular a Canarias de la Marca España y por "cruzarse de brazos". Además, pidió a la consejera que se deje de "marear" con titulares "absurdos" y consideró una "irresponsabilidad" recibir turistas sin un control sanitario "serio".

Por último, el Grupo Socialista puso en valor el trabajo que ha venido realizando el Gobierno de Canarias a lo largo de esta crisis, lo que ha permitido que sea la única comunidad donde no se aplica el toque de queda. Asimismo, dijo que la recuperación turística "no se va a producir de un día para otro", por lo que todas las previsiones quedan "obsoletas" porque la evolución del virus es "la que marca el paso".

Ecologistas en Acción ha publicado un informe que revela que durante el 2019 en España se utilizaron 33 plaguicidas prohibidos por su peligrosidad para la salud humana, animal y medioambiental, y exige al Gobierno y las administraciones competentes que incrementen los controles.

Para la ONG, no se cumple con el el Reglamento (CE) No 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 21 de octubre de 2009 (Reglamento de Fitosanitarios), que prohíbe la comercialización de sustancias activas y de los plaguicidas que las contengan si tiene efectos adversos para la humanidad.

Desde la organización explican que "se está vulnerando el derecho a la salud de la ciudadanía, mediante la autorización de pesticidas que podrían tener una alternativa menos nociva para la salud y el medioambiente". En 2019, la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria concedió 33 autorizaciones excepcionales que permitieron el empleo de plaguicidas en concentraciones superiores o en usos diferentes a los autorizados.

Cerca de ocho de las 32 sustancias contenidas en las 33 autorizaciones de emergencia no estaban autorizadas debido a su elevada toxicidad o porque no se había solicitado su autorización por el fabricante. Del número total, trece fueron identificados como disruptores endrocrinos, es decir, sustancias con capacidad de alterar el equilibrio normal.

Ecologistas en Acción hace hincapié en su informe en que, según la ley, estas sustancias deberían autorizarse "solo cuando se produzcan situaciones excepcionales de emergencia fitosanitaria que requieran controlar un peligro que no pueda gestionarse por otros medios razonables, según establece el artículo 35 del Reglamento".

Además, la organización añade que estas autorizaciones excepcionales deberán estar científicamente justificadas, serán para usos concretos y durante un plazo de tiempo limitado no superior a 120 días.

Unas condiciones que no se han cumplido tal según el informe. Muchas de estas autorizaciones, como por ejemplo las de los plaguicidas 1,3 dicloropropeno y la cloropicrina, se repiten año tras año sin justificar la existencia de una plaga ni la falta de sustitutos eficaces.

Por ello, Ecologistas exige a las administraciones que refuercen el control de las derogaciones excepcionales autorizadas por el Gobierno y ha propuesto algunas medidas como ante la existencia de una plaga presentar muestras y análisis que confirmen la existencia de dicha plaga o en el caso de existir alternativas menos nocivas se deben optar por el uso de estas.

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía contabiliza un total de 96 centros sociosanitarios con algún caso positivo en Covid-19 entre sus usuarios, que son tres más que los 93 a los que ascendía esa cifra el pasado jueves, 22 de octubre.

Así se desprende de los datos que la Consejería de Salud y Familias ha presentado al Consejo de Gobierno este martes con su informe sobre el estado de los centros sociosanitarios en Andalucía ante el coronavirus, y si se comparan con los ofrecidos en la anterior reunión del Ejecutivo andaluz, el pasado jueves.

De esta manera, en la actualidad se mantienen en seguimiento proactivo 1.107 centros en toda Andalucía, de los que 96 presentan algún caso positivo en usuarios, lo que supone el 8,6% del total, de forma que, según ha resaltado el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el 91,4% de dichos centros está libre de Covid-19 entre sus residentes.

Por su parte, otros 139 contabilizan casos sólo en trabajadores, por lo que los beneficiarios no se han visto afectados y las plantillas han podido ser aisladas, según han puesto de relieve desde la Junta.

De forma pormenorizada, se contabilizan en las residencias de mayores un total de 1.541 residentes positivos, de los que 153 se encuentran ingresados, mientras que, en el caso de los trabajadores, existen 658 casos confirmados.

En lo que respecta a la realización de pruebas, desde abril y hasta la fecha se han realizado 395.880 test a residentes y trabajadores, con un global de 6.338 positivos. Ese total de pruebas incluye los test de antígenos que se realizan a todos los trabajadores cada siete días desde el 24 de septiembre, y cada 14 días al 20% de todas las residencias, además del testeo completo en las que hay un positivo.

En total se han realizado 127.311 test de antígenos, de los que 41.516 han sido entre residentes y 85.795 entre trabajadores. Todas estas pruebas se han efectuado en residencias de mayores, en centros de atención a refugiados, centros de acogida, viviendas supervisadas y servicio de ayuda a domicilio.

La Junta subraya que, desde que comenzó el estado de alarma hasta la actualidad, se intensificó el control habitual que se realiza en residencias, iniciando un seguimiento proactivo de llamadas y visitas con apoyo para los cuidados y prevención del Covid-19, en el caso de aquellas personas atendidas en sus domicilios y centros residenciales.

CENTROS MEDICALIZADOS

En la actualidad, se encuentran medicalizadas la residencia Santo Cristo del Bosque de Bacares (Almería) y el centro residencial San Antonio (Puebla de Vícar, Almería), en la provincia de Almería; el centro residencial Miramar de Algeciras, la residencia San José de San Fernando, el centro residencial Vitalia Bahía de San Fernando y la residencia La Granja de Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz; y las residencias Orpea Centro y Orpea Sierra de Córdoba, Vitalia Alcolea de Córdoba, Domusvi Inmaculada Concepción de Córdoba, Jesús Nazareno de Córdoba y de Montoro y San Andrés de Córdoba, en la provincia cordobesa.

En la misma situación está el centro residencial Vista Nevada de Ogíjares y las residencias San Jaime de Huéscar y El Refugio y Nuestra Señora de Fonseca de Granada, todas ellas en la provincia granadina; la residencia San Joaquín y Santa Ana de San Juan del Puerto, en Huelva; y la residencia Caridad y Consolación de Jaén, el centro residencial de Santiago-Pontones, la residencia de La Carolina y el centro residencial Nuestra Señora de la Fuensanta de Villanueva del Arzobispo, en la provincia de Jáen.

También están medicalizadas las residencias Sierra de las Nieves de Guaro y Domusvi Azalea de Marbella, y los centros residenciales Tilodisa de Cuevas de San Marcos y Pinofiel de Antequera, en la provincia de Málaga; y los centros residenciales Vitalia Suits de Mairena del Aljarafe, Sor Ángela de la Cruz de Sevilla, Madre de Écija y Domusvi de Alcalá de Guadaira, y la residencia Virgen de las Angustias de Alcalá del Río, en Sevilla.

Por su parte, se han habilitado seis centros de evacuación, que son el Doctor Oloriz de Granada, el Hospital Vithas de Sevilla, el Hospital Civil de Málaga, el HARE de Vejer de la Frontera (Cádiz), el Doctor Sagaz de Jaén y la residencia El Zapillo de Almería.

El Gobierno Vasco pretende evitar recurrir al confinamiento general de la población mediante la aplicación de "medidas restrictivas y duras" como las puestas en marcha este lunes, pero tampoco lo descarta, si fuera preciso, para evitar la expansión del coronavirus.

En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, el portavoz del Gabinete Urkullu, Bingen Zupiria, ha hecho referencia al decreto del Gobierno Vasco que ha entrado en vigor este martes con nuevas medidas restrictivas para evitar la propagación del coronarivus.

Según ha explicado, el decreto supone una "apelación permanente" que, desde las instituciones públicas, realizan a toda la ciudadanía, para intentar evitar aglomeraciones y reuniones de personas de más de seis individuos; para evitar, en lo máximo posible la movilidad entre municipios y Territorios; y para poder limitar también la actividad fuera de determinadas franjas horarias.

"Lo hacemos porque las autoridades sanitarias nos indican que es imprescindible evitar que personas de un municipio se desplacen a otro si no hay necesidad para ello porque cualquiera de nosotros puede transmitir esta enfermedad y no deberíamos correr ese riesgo", ha insistido.

Asimismo, ha reconocido que el Ejecutivo no descarta "ningún escenario", tampoco el del confinamiento total. No obstante, ha recordado que las autoridades sanitarias realizan un seguimiento "diario, pueblo a pueblo, de la situación sanitaria", y las instituciones públicas reunidas en el Consejo Asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI) también efectuarán "un continuo y permanente análisis".

Tras advertir de que todos ellos tienen el convencimiento de que Euskadi va a vivir "unas semanas muy complicadas", ha añadido que el objetivo es "uno y único", el de "evitar la expansión de la enfermedad y limitar su contagio".

A su juicio, la actual situación "más o menos grave" es "parecida" a la vivida en los meses de marzo y abril, que conllevó un confinamiento general de la población. Según ha añadido, "en estos momentos y en esta nueva ola", la intención es la de "no tener que recurrir al confinamiento general para hacer frente a esta situación, adoptando todas las medidas extraordinarias que haya que adoptar".

"Sí nos hemos planteado como objetivo mantener la actividad económica y educativa y, de momento, las instituciones dejan la puerta abierta a mantener actividad física, una mínima actividad social, cultural y deportiva segura", ha indicado.

Para Bingen Zupiria, "la única manera de garantizar" ahora este "nivel de actividad" es "limitando la movilidad, la actividad nocturna y social", con no más de seis personas, que no se mezclen otras que no pertenezcan a "su burbuja social más cercana". "Son medidas restrictivas, duras, para evitar el confinamiento general", ha explicado.

El portavoz del Gobierno Vasco ha informado de que la próxima reunión del Consejo Asesor del LABI se ha convocado para dentro de 15 días "pero, si fuera necesario, se reuniría antes". Además, ha señalado que la comisión asesora que colabora con el LABI y emite los informes sobre los que se toman las decisiones, se reúne entre dos y tres veces por semana.

"En función del análisis permanente que se realice de la situación, y de las medidas que fuera necesario adoptar, se irán tomando nuevas medidas. En caso de que la situación se atenúe, serán medidas para aliviar las restricciones; y en caso de que continúe la progresión, que es lo más problable en los próximos 15 días, se verá si son suficientes las meidas adoptadas o hay que adoptar alguna más", ha explicado.

PREVISIÓN DE QUE CREZCAN LOS CONTAGIOS

Además, ha recordado que en 15 días, la evolución sanitaria ha avanzado de forma "exponencial e imprevista", de la misma forma que lo hizo hasta el 19 de agosto cuando se adoptaron medidas con "efectos positivos en las siguientes semanas". "La situación es incierta pero la previsión es que, en los próximos días los contagios sigan creciendo", ha reconocido.

Preguntado sobre si va a haber controles policiales a la salida de los municipios para controlar el cumplimiento de la restricción de movilidad, Zupiria ha explicado que en lugar de hacer referencia a las medidas coercitivas, prefiere "apelar a la conciencia ciudadana".

"Consideramos que las propuestas que se están haciendo en el decreto que ha entrado en vigor esta mañana, además de su parte restrictiva, nos indican cuáles son las medidas que nos pueden ayudar a combatir el virus y la enfermedad y hacer frente a la extensión de su contagio", ha destacado.

También ha reiterado que "las reuniones sociales que exceden la burbuja de convivencia crean situaciones de riesgo que, en la medida de lo posible, deberíamos evitar". Asimismo, ha insistido en que "la consideración principal es la de evitar, en estos momentos, al máximo los desplazamientos innecesarios".

Preguntado por cómo deben actuar las personas que habían adquirido de forma previa al decreto entradas o abonos a espectáculos en municipios diferentes al suyo, Zupiria ha insistido en que "la recomendación es evitar, en lo posible, salir de nuestro municipio y mezclarnos con gente en otros municipios" y ha recordado que las excepciones son la realización de actividades socioeconómicas, actividades deportivas individuales o de actividad física al aire libre.

Tampoco ha aclarado la situación de los turistas que lleguen a Euskadi a los aeropuertos vascos y sobre las sanciones, ha explicado que será necesario primero un periodo de "pedagogía" que "durará unos días" y después, se adoptarán "medidas más coercitivas". No obstante, ha dicho desconocer el tipo de sanciones que se van a aplicar y ha explicado que el decreto se remite a la normativa sanitaria en vigor que es la que establece las sanciones correspondientes.

Respecto a cómo afectan estas restricciones de movilidad al enclave burgalés de Treviño, rodeado del Territorio alavés, ha rechazado dar una respuesta por no tener "suficiente información" al respecto y ante los desplazamientos que se puedan producir desde Francia, ha recordado que entre estados no está prohibida la movilidad pero ha insistido en que el mensaje para los ciudadanos es el de "evitar, en lo posible, la movilidad interterritorial".

PRESIÓN ASISTENCIAL

Zupiria ha explicado que la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha trasladado al Consejo de Gobierno que "de momento, los hospitales guipuzcoanos están respondiendo a la actividad que tenían programada".

Asimismo, ha dado a conocer que el informe de la situación de Euskadi sobre el que el Consejo Asesor del LABI ha adoptado las nuevas medidas restrictivas, ubica a Euskadi en el escenario 5, de "transmisión muy alta" de la enfermedad; en el caso del indicador de la tendencia "también es preocupante" y se encuentra en el nivel 4; mientras que el indicador que hace referencia a las hospitalizaciones y al nivel de ocupación de las UCI se ubica en el nivel 3.

"Es verdad que sigue creciendo el número de personas ingresadas en las UCI y también las hospitalizadas y está marcando una tendencia, pero todavía se encuentra en un estado intermedio", ha indicado.

Andalucía suma este martes 27 de octubre 54 muertos en 24 horas, récord en la segunda ola tras el dato del jueves día 22 de este mes (44 fallecidos), según datos consultados por Europa Press en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que contabilizan 2.823 positivos de coronavirus (Covid-19) confirmados por PCR y test de antígenos, también récord en un martes tras el anterior de 2.412 hace siete días.

Sevilla encabeza los casos de la jornada con un total de 1.005, mayor cifra en esta segunda ola. Le siguen Málaga con 377, Cádiz con 375, Granada con 324, Jaén con 330, Córdoba con 209, Huelva con 106 y Almería con 87. Destaca respecto a otros días que Granada deja de encabezar las cifras de contagios diarios y que en Cádiz se acelera el ritmo.

El número de casos supone la peor cifra un martes, por encima de los 2.412 del pasado martes 20, los 879 del día 13, los 1.788 del día 6, los 1.236 del 29 de septiembre, los 1.536 del día 22 y del resto de martes en la segunda ola.

De las 54 muertes que se han contabilizado, Cádiz con once, Almería con diez y Sevilla con nueve son las que más concentran. Les siguen Córdoba y Granada con siete cada una, Málaga con seis, Jaén con tres y Huelva con una.

Los hospitales andaluces registran este martes una nueva jornada de aumento de su presión asistencial con 2.262 pacientes ingresados por coronavirus (Covid-19), 118 más en 24 horas y 756 más que hace una semana, mientras que el número de ingresados en una unidad de cuidados intensivos (UCI) sube hasta los 282, un total de 14 más que este lunes y 89 más que hace siete días.

Sevilla continúa como la provincia con más pacientes y más ingresos en UCI, con 667 hospitalizados, de los que 73 están en UCI, seguida de Granada con 543 y 71 en UCI, Málaga con 232 y 36 en UCI, Jaén con 228 y 28 en UCI, Cádiz con 224 y 28 en UCI, Córdoba con 222 y 27 en UCI, Almería con 70 y 13 en UCI, y Huelva con 76 y seis en UCI.

CUATRO NUEVOS BROTES EN RESIDENCIAS DE MAYORES

La situación más preocupante sigue concentrada en las residencias de mayores, donde se han notificado once muertos en seis residencias, siendo las más golpeadas la Domusvi Puente Genil (Córdoba) donde hay 116 casos (93 residentes y 23 trabajadores) y se han notificado cuatro fallecimientos en las últimas 24 horas (diez en total); La Granja de Jerez (Cádiz), con dos nuevos (cinco en total) y 39 casos confirmados (31 residentes y ocho trabajadores); y la de Domusvi de Alcalá de Guadaira (Sevilla), con 67 casos confirmados y se han notificado dos fallecimientos (tres en total).

Las otras tres son la Santa Clara Los Milagros de Málaga, donde hay 20 casos (12 residentes y ocho trabajadores) y se ha notificado un fallecimiento (dos en total); la de Santiago-Pontones (Jaén), con 33 casos (28 residentes y cinco empleados) y se ha notificado un fallecimiento en las últimas 24 horas (dos en total); y la de San Jaime de Huéscar (Granada), con 62 casos (46 residentes y 16 trabajadores) y un fallecimiento más (tres en total).

Por otro lado, se han notificado cuatro nuevos brotes en residencias de mayores: En las jienenses de Residencia Geriátrica Mixta de Linares, con diez casos (8 ancianos y dos empleados); Orpea Andújar, con 22 casos confirmados (20 residentes y dos trabajadores); en la Residencia Purísima Concepción de Baeza, con 12 casos (nueve ancianos y tres empleados); y en la Residencia El Pilar de Carmona (Sevilla), con 55 casos (49 residentes y seis trabajadores).

Además, suben los casos en las residencias de NS Misericordia de Loja (Granada) hasta 69 (44 residentes y 25 empleados); en la de Sanitas de Linares (Jaén) a 42 casos (35 residentes y siete trabajadores); y en la Madre de Écija (Sevilla) hasta 31 (19 ancianos y 12 empleados).

Por otro lado, en el brote declarado en el Hospital Provincial de Córdoba hay 22 casos; en la Residencia de Estudiantes Les Roches de Marbella (Málaga), 46; en el Centro de Discapacitados Zaytum de Linares (Jaén), 40; y en la Residencia de Estudiantes Ramón Carande de Sevilla, 14.

PESE A SER EL PEOR MARTES, NO ES DE LAS MAYORES CIFRAS

De acuerdo con los datos de la Consejería, Andalucía ha registrado desde el inicio de la pandemia 119.691 casos confirmados, 2.823 en 24 horas, y ha alcanzado las 2.402 muertes tras sumar 54 en un día.

Estos 2.823 fallecidos hacen a este martes el peor de la segunda ola, aunque no es de los datos más altos, ya que el podio está en los 3.378 del día 24 de este mes, los 3.442 del día 21 y los 3.503 del día 23.

Por su parte, la cifra acumulada de hospitalizados sube hasta los 12.706, hasta 171 más en 24 horas. La cifra de pacientes que han pasado por UCI alcanza los 1.241, tras sumar 13 en 24 horas, y el número de curados alcanza los 48.572, después de sumar 1.433 en 24 horas.

En cuanto a los datos provincializados acumulados, de las 2.402 muertes desde el inicio de la pandemia --54 más en 24 horas--, Sevilla con 504 --nueve más-- y Málaga con 477 --seis más-- se sitúan como las provincias con más fallecidos, seguidas de Granada con 416 --siete más--, Jaén con 276 --tres más--, Cádiz con 274 --once más--, Córdoba con 239 --siete más--, Almería con 149 --diez más-- y Huelva con 67 --una más--.

SEVILLA ALCANZA LOS 1.000 CONTAGIOS DIARIOS

Por su parte, los casos confirmados por PCR o test antígenos alcanzan los 119.691 desde el inicio de la pandemia --2.823 más en 24 horas--, liderados por Sevilla, que alcanza los 27.705 casos --1.005 más--, seguida de Málaga con 21.642 positivos --377 más--, Granada con 20.785 --324 más--, Córdoba con 12.811 --209 más--, Cádiz con 11.273 --375 más--, Jaén con 11.252 --340 más--, Almería con 10.694 --87 más--, y Huelva con 3.529 --106 más--.

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización alcanzan los 12.706 --171 más en 24 horas--, con Sevilla a la cabeza con 2.887 --60 más--, seguida por Málaga con 2.722 --23 más--, Granada con 2.037 -22 más--, Jaén con 1.358 --diez más--, Córdoba con 1.321 --25 más--, Cádiz con 1.181 --18 más--, Almería con 849 --13 más-- y Huelva con 351.

De ellos, 1.241 han pasado por la UCI en Andalucía, 13 más en 24 horas, con la provincia de Málaga a la cabeza con 255 --uno más--, seguida de Sevilla con 248 --cuatro más--, Granada con 173, Córdoba con 154 --seis más--, Jaén con 134, Cádiz con 131 --uno más--, Almería con 110 --uno más-- y Huelva con 36.

Finalmente, la cifra de curados alcanza los 48.572 en toda la región, tras sumar 1.433 en 24 horas, con Málaga a la cabeza con 12.990 --336 más--, seguida de Almería con 7.870 --114 más--, Sevilla con 7.461 --376 más--, Granada con 5.311 --77 más--, Cádiz con 5.036 --87 más--, Córdoba con 4.869 --284 más--, Jaén con 4.043 --128 más-- y Huelva con 992 --31 más--.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad valenciana de Gandia a un padre y a su hijo, de 67 y 43 años, respectivamente, como presuntos autores de un delito de violencia doméstica, tras al parecer agredirse mutuamente en el domicilio familiar.

Los hechos ocurrieron el domingo, sobre las 15.30 horas, cuando los policías fueron comisionados por la sala del 091 para que se dirigiesen a un domicilio de la localidad, donde al parecer se estaba produciendo una discusión, según ha informado la Jefatura Superior en un comunicado.

Una vez allí, los agentes observan a una mujer "muy nerviosa y llorando", así como a dos hombres, tirados en el suelo del salón, inmóviles, y las paredes y el suelo ensangrentados.

Los policías averiguaron que, momentos antes, los dos hombres, padre e hijo, habrían mantenido una fuerte discusión, en la que el progenitor supuestamente llegó a sacar una navaja y realizar un corte en el antebrazo a su hijo, que arremetió contra su padre propinándole puñetazos en la cara y patadas por todo el cuerpo, hasta que ambos cayeron al suelo.

Los agentes localizaron e intervinieron la navaja presuntamente empleada y solicitaron asistencia sanitaria. Los dos heridos la recibieron en el lugar, si bien posteriormente tuvieron que ser trasladados a un centro sanitario para una mejor valoración de las lesiones sufridas.

El hijo tuvo que recibir varios puntos de sutura y el padre presenta una fractura maxilofacial, además de fuertes contusiones en ambos ojos. Ambos con antecedentes policiales, ha pasado uno de ellos a disposición judicial, mientras que el otro ha quedado en libertad una vez oído en declaración, tras ser advertido de la obligación legal de comparecer ante la autoridad judicial cuando fuera requerido.

Unidas Podemos ha defendido la prórroga del estado de alarma durante seis meses, al ser el "paraguas normativo" que permitirá a las comunidades autónomas tomar medidas contra la pandemia, y no ve necesario aumentar el control parlamentario al Gobierno sobre su aplicación, pues actualmente los parámetros de rendición de cuenta "son más que suficientes".

Asimismo, ha manifestado su respeto a la decisión del Ejecutivo de que sea el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en lugar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que acuda al Parlamento para defender su despliegue.

Así lo ha indicado el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces del Congreso para insistir en que su formación, socio del Gobierno de coalición, votará a favor de prorrogar el estado de alarma.

En este sentido, ha acusado a los grupos de "derecha y extrema derecha" de incurrir en un "flaco favor al país", pues a su juicio juegan a "confundir" de manera intencionada a la ciudadanía entre el marco jurídico, el estado de alarma, con las medidas para combatir la pandemia, como las restricciones de movilidad, que corresponden a las diferentes Comunidades Autónomas (CCAA).

Y es que Echenique les ha recriminado que su actitud es de "vergüenza" que revela, al calificarla de "totalitaria" como ha deslizado Vox, un ánimo de empeorar la gestión de la pandemia, con cifras de contagios e ingresos hospitalarios "preocupantes".

"LA DERECHA HACE UN FLACO FAVOR AL PAÍS"

Hacen un flaco favor al país", ha agregado para enfatizar que el estado de alarma, como instrumento jurídico, lo que permite es a las CCAA y el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a aplicar las medidas en función de la situación epidemiológia.

Por tanto, apoyar la declaración del estado de alarma "es lo que toca hacer" si se aspira a combatir la pandemia y salir del "trance tan difícil" por el que atraviesa el país, en plena segundo ola de la pandemia.

Tras insistir en que el estado de alarma es una "herramienta normativa" y no en sí misma la medida de restricción de movimiento, el portavoz de Unidas Podemos ha recordado que Sánchez ya explicó que si se logra controlar la enfermedad antes del 9 de mayo, las medidas de restricción no serán necesarias aunque siga vigente el instrumento jurídico.

LA DURACIÓN DE SEIS MESES ES LO ADECUADO

En consecuencia, la duración de seis meses del estado de alarma es "adecuada". Además, ha asegurado que no le consta que existan negociaciones con los socios de investidura sobre su duración y no ve necesidad de abrir el debate de su duración, respetando su opinión.

Cuestionado por la decisión de que sea Illa quien defiende su aprobación en el Congreso, Echenique está convencido de que el ministro va a explicar "perfectamente" los motivos que justifican el estado de alarma y no tiene más opinión al respecto.

En materia de rendición de cuentas, ha resaltado que Illa comparecerá cada 15 días y Sánchez se somete todos los miércoles a la sesión de control al Ejecutivo, respondiendo a muchas preguntas relacionadas con la pandemia.

EL CONTROL PARLAMENTARIO "ESTÁ GARANTIZADO"

De este modo, ha aseverado que el control parlamentario "está de sobra garantizado" y ha deslizado que a ello se añade el control parlamentario en las diferentes CCAA, donde realmente se sustanciarán los "debates más interesantes" respecto a las medidas adoptadas.

Así, las peticiones de los grupos parlamentarios serán evaluadas en materia de rendición de cuentas, si bien Unidas Podemos cree que ya es "más que suficiente".

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la 'Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas', con la que planea poner solución a la actual fragmentación de los hábitat españoles, así como conectar los distintos hábitat y restaurar la biodiversidad dañada de aquí a 2050, para lo que no se descartan opciones como demoler infraestructuras no esenciales e incluso, llegado el caso --aunque no es prioritario-- expropiar.

Según han informado fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), en la actualidad, el 30 por ciento del territorio de la Unión Europea presenta un grado de fragmentación entre moderado y alto según la Estrategia europea sobre la biodiversidad hasta 2020, de modo que el objetivo de esta Estrategia es lograr una red coherente de espacios naturales y seminaturales conectados para 2050.

La estrategia incluye ocho líneas de acción y 50 acciones a corto, medio y largo plazo así como una guía metodológica para que las comunidades autónomas puedan identificar sus redes de infraestructuras verdes en el plazo de tres años, en un país en el que apenas el 9 por ciento de hábitat y el 21 por ciento de las especies se encuentran en buen estado de conservación.

Así, una vez se apruebe este martes la estrategia el siguiente reto será impulsar su aplicación efectiva, algo en lo que el MITECO subraya que deberán estar implicadas todas las administraciones y habrá de ser tenido en cuenta en todas las políticas sectoriales para que la estrategia funcione con programas trienales y un seguimiento del cumplimiento de ellos.

Para el Gobierno esta estrategia es una pieza básica de este gran proyecto de transformación de la sociedad y la economía hacia un modelo inclusivo y supondrá una oportunidad para el empleo verde, sobre todo en las zonas más desfavorecidas y despobladas.

En concreto, se plantea como una herramienta para la gestión de ecosistemas y sus servicios esenciales y parte de la comunicación de la Unión Europea de 2013 en la que insta a los Estados miembro a elaborar sus propias estrategias de infraestructuras verdes orientadas a la conservación de la biodiversidad y al funcionamiento de los ecosistemas.

Desde el Ministerio aclaran que no se trata de establecer una nueva categoría de espacios protegidos, sino de ofrecer conectividad a las múltiples funciones medioambientales de los distintos hábitats en el medio terrestre, marino, rural y urbano.

El objetivo más acuciante es identificar y delimitar las infraestructuras verdes en España, algo para lo que las comunidades autónomas tendrán tres años, de cara a iniciar a continuación las actuaciones para reducir los efectos de su fragmentación; restaurar los ecosistemas; mejorar y restaurar los servicios que estos proveen; incrementar su resistencia al cambio climático; así como mejorar la coordinación que mejore la conectividad de las mismas y, en último término, incorporar la mejora de la conectividad ecológica y la restauración a las distintas políticas sectoriales y lograr una adecuada información y participación de la sociedad.

Fuentes del Ministerio han reflejado que por supuesto sí se contempla la retirada de infraestructuras en caso de que sea necesario para restablecer la funcionalidad de los ecosistemas que, en definitiva, implica la eliminación de impactos siempre que sea posible. Es decir, no se podría retirar una infraestructura necesaria, pero se trata de algo que se estudiará de forma pormenorizada y buscando la mayor rentabilidad.

Por ejemplo, ante la mortandad extraordinaria de aves por impacto en la red eléctrica que el Ministerio admite o los atropellos de faunas, no consistiría en eliminar las redes o las carreteras sino de implantar sistemas para reducir tales impactos.

Si bien, insisten en que la fragmentación del territorio en España es extraordinaria y se ha ido ampliando con alteraciones durante los últimos 50 años, especialmente en las zonas con mayor densidad de población como País Vasco, Cataluña o Madrid, aunque el problema es generalizado.

DEMOLICIONES Y EXPROPIACIONES

Además de demoliciones, entre las posibles soluciones para recuperar la conectividad de los ecosistemas, desde el Ministerio no descartan que se tengan que acudir a la fórmula legal de las expropiaciones por parte de las administraciones. Si bien esto sería en casos muy extraordinarios, puesto que consideran que la conectividad puede acometerse en su mayoría con una gestión adecuada y actuaciones diferenciadas, sin necesidad de hacerse con la propiedad de terrenos.

Desde el departamento que dirige Teresa Ribera prevén que esta estrategia tendrá un impacto muy grande en el medio rural, porque la mayor parte de ella se acometerá en estas zonas donde, además supondrá una fuente de empleo rural.

Con la meta puesta en 2050, el primer hito llegará en tres años, cuando las administraciones autonómicas planteen su propia hoja de ruta y acciones para lograr los objetivos a corto, medio y largo plazo hasta 2050, con un programa de la Administración General del Estado que también se renovará cada tres años.

Respecto al pago de servicios ambientales, si bien no se contempla en esta estrategia, desde el MITECO abogan por incorporar en el futuro este concepto a los análisis macroeconómicos.

De momento, la ambiciosa estrategia no cuenta con una estimación económica precisa de momento, aunque el fuentes ministeriales prevén que las inversiones necesarias en esta materia serán muy cuantiosas pero difíciles de concretar en este momento, ya que conllevarán un trabajo para las próximas tres décadas. No obstante, insisten en que la previsión económica será muy cuantiosa, igual que la estimación de empleo que generará, aunque de momento sería poco fiable hacer una aproximación concreta.

Por último, confían en que las comunidades autónomas cooperarán en esta Estrategia de la que ya son plenamente conscientes a través de las comisiones de participación.

En la actualidad, el 30 por ciento del territorio de la Unión Europea presenta un grado de fragmentación entre moderado y alto. Cada año se ocupan más de 1.000 kilómetros cuadrados de territorio para la construcción de viviendas, usos industriales, carreteras o fines recreativos, según datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente.

España comparte esta tendencia y sufre un proceso continuado de fragmentación de ecosistemas desde hace décadas. El valor promedio considerado como umbral crítico de densidad de infraestructuras a partir del cual se empieza a perder la funcionalidad natural del paisaje, donde se acogen poblaciones estables de especies sensibles a la fragmentación, es de 0.6 kilómetros de vía por cada kilómetros cuadrados de superficie, según un estudio de Forman & Alexander, publicado en 1998.

En base a este dato, el Ministerio calcula que el conjunto de las infraestructuras lineales de carreteras estatales, autonómicas y de las diputaciones, este umbral crítico ya se supera en España, con una cifra del 0,61 por ciento, según datos del CSIC en 2016.

La conectividad ecológica es clave para la adaptación al cambio climático por las numerosas especies de fauna y flora silvestres, tanto terrestres como dulceacuícolas y marinas que tendrán que desplazarse para adaptar sus áreas de distribución en respuesta a los cambios en las condiciones climáticas locales y en la composición de la cubierta vegetal. A nivel ecosistémico, el cambio climático afecta no sólo a la extensión y la condición de los ecosistemas, sino también a los servicios que proveen.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que concluya la pieza número 3 del caso 'Lezo', relativa a la presunta adjudicación irregular del tren de Navalcarnero y proponga juzgar a seis personas, entre ellas al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y al empresario Javier López Madrid, mientras que adelanta que no ve indicios suficientes para acusar al expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir.

Anticorrupción considera que la investigación sobre el pago de una presunta comisión de 2,5 millones de dólares a Ignacio González para la adjudicación en 2007 a OHL del proyecto de cercanías entre los municipios madrileños de Móstoles y Navalcarnero --que no llegó a culminarse-- ya está concluida. Por ello, interesa que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 dicte un auto de pase de diligencias previas a procedimiento abreviado para poder formular escrito su escrito de acusación contra seis investigados.

Así, ha anunciado que dirigirá su acusación por los delitos, según los casos, de tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental al expresidente madrileño Ignacio González --para quien la Fiscalía pide 15 años de cárcel por otras dos piezas del caso 'Lezo'--; el exconsejero delegado de OHL Javier López Madrid (yerno de Villar Mir); a los directivos de la constructora Rafael Arturo Martín de Nicolás Cañas y Felicísimo Damián Ramos Ramos; el exgerente del Canal Isabel II Ildefonso de Miguel Rodríguez; y al empresario Adrián de la Joya Ruiz de Velasco.

Asimismo, la Fiscalía ha adelantado que no aprecia que existan indicios suficientes para formular acusación contra otros investigados como Juan Miguel Villar Mir, quien en sus diversas declaraciones ante el juez ha negado tener conocimiento del pago de la comisión; el exconsejero delegado de la extinta empresa pública Mintra, Jesús Trabada y el exconsejero delegado de OHL Tomás García Madrid.

OHL siempre ha defendido que en la investigación interna que realizó con respecto a este asunto se identificaron dos transferencias por importe de 2,5 millones de dólares por facturas emitidas y contabilizadas de Lauryn Group sin que haya indicio de que pudieran estar relacionadas con actos ilegales o ilícitos de ningún tipo.

PLAN PARA ASEGURARSE LA ADJUDICACIÓN

La Fiscalía explica en un comunicado que la investigación ha revelado que la adjudicación de este contrato "obedeció presuntamente a un plan ideado" por Javier López Madrid y el que fuera consejero director general de Construcción Nacional de OHL Rafael Arturo Martín de Nicolás Cañas para "asegurarse la adjudicación inicial y conseguir la posterior autorización de un modificado contractual".

Para lograr ese propósito, señala el Ministerio Público, ambos investigados destinaron 2,5 millones de dólares al abono de una ilícita comisión entre cuyos beneficiarios se encontraban Ildefonso de Miguel e Ignacio González, quien entonces ocupaba el cargo de vicepresidente de la Comunidad de Madrid y presidía la empresa pública de aguas.

Así para ejecutar este plan y llevar a cabo el pago de dicha comisión, todos estos investigados contaron con la "colaboración esencial" del entonces director de Control de Gestión de la constructora, Felicísimo Damián Ramos Ramos, y del empresario Adrián de la Joya.

El juez García Castellón ya ha enviado a juicio las dos primeras piezas de este causa sobre corrupción en el Canal Isabel II, relacionadas con la compra con fondos públicos de la empresa brasileña Emissao y de la colombiana Inassa por las que sienta en el banquillo a 29 personas. Por estos hechos, Anticorrupción solicita 15 años de cárcel para Ignacio González.

Un total de 459 escolares de Infantil y Primaria de Navarra han sido confinados en sus casas en las últimas 24 horas. Al mismo tiempo, otros 299 han vuelto a sus colegios para seguir recibiendo educación presencial, una vez desconfinados.

A día de hoy, el total de alumnado confinado en ambos ciclos en Navarra es de 3.203, lo que supone el 5,17% del total. Por grupos, hay 159 aulas confinadas (4,58% del total) en 84 centros educativos públicos y concertados, ha informado el Ejecutivo foral en un comunicado.

En concreto, se han confinado 28 alumnos de sexto de Primaria de Santa María la Real de Sarriguren; 21 de segundo de primaria de Príncipe de Viana de Olite; 10 de cuarto de Primaria de Teresa Bertrán de Lis de Cadreita; 26 de quinto de Primaria de Irabia-Izaga de Burlada; 20 de tercero de primaria de San Jorge de Pamplona; 21 de primer curso de primaria de Nuestra Señora del Huerto; 20 de tercero de Infantil de Ezkaba en Ansoain; 22 de cuarto de Primaria de Erreniega en Zizur; 12 de tercero de Primaria de Ibarberri de Lekunberri; y quince de Primero de Infantil de Hijas de Jesús de Pamplona.

También han sido confinados 21 alumnos de quinto de Primaria de Ezkaba de Ansoain; 20 de cuarto de Primaria de Santa Luis Marillac; 24 de quinto de primaria de la ikastola San Fermin de Zizur; 17 de primer curso de Primaria de Mendialdea de Berriozar; 16 de sexto de primaria de Sunbilla; 22 de tercero de Primaria del Marqués de la Real Defensa de Tafalla; 25 de quinto de Primaria de La Compasión Escolapios de Pamplona; 13 de cuarto de Primaria de Beriain; 23 de sexto de Primaria de Marques de la Real Defensa de Tafalla; 17 alumnos de segundo de Primaria de Virgen Blanca de Huarte; 26 de sexto de Primaria de Claret Larraona de Pamplona; 18 de sexto de Primaria de San Miguel de Orkoien y 22 de tercero de Primaria de Víctor Pradera Paderborn de Pamplona.

La portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, asume que el estado de alarma debe tener una vigencia larga, incluso contemplar un horizonte hasta mayo, pero considera "excesivo" prorrogarlo directamente durante seis meses "sin apenas control parlamentario".

Así lo ha explicado en rueda de prensa la dirigente de la coalición abertzale, cuya formación no desvelará hasta el último momento el sentido de su voto sobre la prórroga que se prevé para este jueves. Y es que confía en que se pueda llegar a un acuerdo con el PSOE y Unidas Podemos para recortar esa vigencia inicial de seis meses que defiende el Ejecutivo.

"Hay fórmulas para una solución de consenso", ha comentado Aizpurua, quien sostiene que sería "una irresponsabilidad total" no apoyar el estado de alarma, teniendo en cuenta la gravedad de la emergencia sanitaria.

En este contexto, no ve "desacertado" fijar un horizonte general de vigencia de seis meses, siempre que se haga con control parlamentario. No considera necesario que las prórrogas tengan que votarse cada 15 días --como ocurrió durante la primera ola de la pandemia-- pero sí que se fije algún instrumento para que el Gobierno rinda cuentas.

Eso sí, ha subrayado que, para frenar la pandemia, son necesarias, pero en ningún caso suficientes, las medidas de restricción de movimientos, sino que hay que acompañarlas de más recursos para la sanidad y de ayudas sociales y económicas para los sectores más afectados por la pandemia.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, decidirá entre hoy y mañana "con mesura y criterio" si llevar a cabo el cierre perimetral de la autonomía tras debatirlo con técnicos de Sanidad y con otros presidentes autonómicos, principalmente los de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Así lo ha avanzado la propia jefa del Ejecutivo autonómico, en declaraciones a los medios, tras presentar un plan de ayudas para fomentar los vehículos cero emisiones en el Parque de Valdebernardo.

"Tal y como está el virus en Madrid podríamos seguir abiertos porque ya estamos en unas cifras como a finales del mes de agosto, eso no quita para que sopesemos hacia adelante qué puede pasar. Hay que ser humildes con este virus", ha señalado. Así, ha insistido en que no hay que relajarse y que primará la decisión de los sanitarios pero ha trasladado en que también hay que tener en cuenta "el daño económico y moral".

Después de que el vicepresidente, Ignacio Aguado, haya abogado públicamente por el cierre, Ayuso ha deslizado que ella prefiere mantener este debate en el seno del Consejo de Gobierno y "no trasladarlo de fuera a dentro".

DECISIONES "MUY COMPLEJAS"

Ayuso ha hecho hincapié en que se trata de decisiones "muy complejas", al tratarse de libertades fundamentales, así como que causan "daño en la economía", que está "muy tocada. "No olvidemos que es el sector público el que arremete contra el privado y el que le dice a una tienda, a un comerciante, a un autonómico cómo tiene que ir, si abrir, si cerrar, etc", ha apuntado.

Además, ha recordado que esto se hace en un "todavía más doloroso" puesto que en el puente de Todos los Santos "muchos ciudadanos quisieran acercarle unas flores a un cementerio a un familiar, que incluso han podido perder este año". Para la dirigente madrileña, "esto es dolorisísimo" por ello hay que ser "muy sensible" a la hora de tomar decisiones.

En este punto, ha señalado que estas no las toma ella "en soledad" sino que tiene en cuenta las decisiones de los técnicos de la Consejería de Sanidad, que son los competentes en la materia, así como lo hará hablando con el resto de presidentes autonómicos, sobre todo con los de las regiones límitrofes.

El debate lo tendrán a lo largo de este martes y "si hace falta" también este miércoles para hacerlo "con mesura, con criterio y siendo conscientes del daño" que se puede causar.

SE DISCULPA CON LOS CIUDADANOS

Por otro parte, Ayuso ha reconocido las dificultades que tienen las administraciones "en un momento como este", con el cansancio que manifiestan los ciudadanos "por los cambios de criterio y los cambios normativos".

Por ello, ha pedido disculpas a todos los ciudadanos porque entiende "lo mal que lo están pasando". En este punto, ha hecho hincapié en que la Comunidad de Madrid tenía un plan, "que estaba funcionando", por zonas básicas de salud y que, además, exponían ante la opinión pública cada quince días pero que después se generó un "caos normativo" debido al Gobierno central.

"Ahora creo que ha llegado el momento de dejar a la autonomía de Madrid tomar sus pasos pero siempre siendo conscientes de que formamos parte de un mismo país y todo esto que vayamos a decidir en las próximas horas es fruto del consenso de muchas personas, no solo de opiniones, sino de criterios que nos den la certeza de que tomemos la decisión que tomemos es la mejor para la salud y la economía", ha declarado.

VE "LEJOS" LAS NAVIDADES

La jefa del Ejecutivo autonómico ha reconocido que se está ante una situación "muy incierta y desagradable", que no puede más que lamentar, en la que se toman las medidas "en función de cómo evolucione la pandemia" por lo que saber ahora qué situación se tendrá en Navidades se le antoja "lejos".

Ayuso aboga por continuar con su política de compra de test e intentar llevarlos a "todos los rincones posibles", como pueden ser las farmacias o las clínicas odontológicas. A su parecer, lo más fácil sería "cerrarlo todo" pero lo considera "un fracaso". "La decisión es difícil y mi compromiso es tomar la menos mala, la menos perjudicial", ha zanjado.

Salvador R.L., examante de María Jesús M.C., conocida como Maje, ha incriminado a la acusada en el crimen de su marido en un garaje del barrio valenciano de Patraix en 2017: "Ella me pidió que lo matara (...) Me dijo que no fallara".

Salva y Maje tienen versiones contradictorias de lo que ocurrió aquél 16 de agosto de 2017 cuando murió Antonio, el marido de ella, de seis puñaladas y sin posibilidad de defenderse. Hoy declaran ante el jurado popular que les juzga, compuesto por nueve personas, y el primero en hacerlo ha sido él, quien ha confesado el crimen y ha señalado a Maje como ideóloga.

Pasados diez minutos de las 10 horas, primero ha llegado Maje a la vista, con semblante serio, y le ha seguido Salva, de 50 años. Tras intercambiar unas palabras con sus correspondientes letrados, el tribunal ha llamado a Salva a declarar y el interrogatorio ha arrancado con dos preguntas del fiscal: "¿Mató usted a Antonio?", "¿Lo mató de acuerdo con la acusada y con la participación de ella?". Ha contestado que "sí" en ambos casos.

Salva, para quien el ministerio fiscal pide 18 años de prisión por un delito de asesinato y la acusación particular 20, ha explicado que conoció a Maje en el trabajo a mediados de 2015, él era auxiliar y ella enfermera y coincidieron en un hospital valenciano, y a partir de septiembre comenzaron una relación pese a que él estaba casado. "Era una relación constante y habitual, tanto amistosa como sexual", ha explicado visiblemente nervioso.

El acusado era conocedor de que Maje tenía una relación con Antonio y de que se iba a casar con él --durante esos meses cortaron--. También de que previamente tuvo otra relación con Tomás. Tras el enlace de la acusada, volvieron a verse un día para comer, retomaron su relación y ella le comenzó a contar que no estaba bien con su marido, que discutían mucho y la controlaba.

Un día ella le explicó que unos compañeros de trabajo de su marido habían tenido un accidente mortal y le comentó que "ójala le hubiera ocurrido a Antonio", ha afirmado. A partir de ahí, el acusado ha indicado que Maje le pidió que acabara con la vida de la víctima: "Me preguntó si podía hacerlo por ella y le dije que sí", ha dicho. "Me comentó que tenían un viaje en septiembre y que no quería irse con Antonio y debía ser antes", ha agregado.

"Lo preparamos para finales de julio, ella me diría los días que trabajaba él, me dijo el coche, la marca, la plaza y donde lo aparcaba Antonio", ha aseverado. "Ella me dijo que el garaje era buena opción, que en verano no había mucha gente y le dije que de acuerdo", ha narrado.

Hubo un primer intento para acabar con la vida de Antonio pero, según ha señalado, no fue posible porque Maje no le convenció para aparcar el coche en el garaje: "Me mandó un mensaje y me dijo que no lo había podido convencer y que el vehículo estaba fuera. Sentí un gran alivio porque no tendría que hacerlo y me fuí de vacaciones".

En agosto, Maje contactó con él y "concertamos nueva fecha", ha agregado. Sería el día 16 de agosto por la mañana y le pedí que no estuviera en casa cuando ocurriera, que se fuera a trabajar. Ese día cogió su moto, fue al garaje, se escondió en una plaza y sorprendió a Antonio.

"Fue todo muy rápido, no me acuerdo, llevo estos últimos años intentando olvidarlo", ha indicado entre lágrimas. "Luego me fuí a mi trastero, me cambié de ropa, guardé el arma, preparé la comida a mi hija y fuí a ver a Maje porque me mandó un mensaje para quedar, que quería que le contase", ha explicado el acusado, quien ha matizado que esa misma mañana ambos quedaron en que él cambiaría su estado de WhatsApp para que ella supiera que había cometido el crimen.

Quedaron, hablaron y acordaron no verse hasta pasado un tiempo. Luego siguieron una relación "más esporádica" y transcurridos unos meses se enteraron de que había un sospechoso por el crimen: "No pensamos que pudieran tener una pista sobre nosotros y le comenté que yo me haría cargo, que la llave del garaje no me la dio ella, que se la quité yo. Le prometí que le exculparía de todo", ha señalado.

"ESTABA MUY ENAMORADO DE ELLA"

Una vez arrestados, en la cárcel mantuvieron una relación a través de cartas y le seguía diciendo que iba a protegerla. Preguntado por qué aceptó matar a Antonio, ha señalado: "Estaba muy enamorado de ella y continuamente me decía los maltratos psicológicos que sufría. Temía por su vida. No sé por qué acepté. Insistió lo suficiente para convencerme", ha descrito.

"¿Y le prometió algo a cambio?", le ha interpelado el fiscal, a lo que ha respondido: "Me dijo que mientras estuviera Antonio, ella y yo no podíamos estar juntos". Salva ha desgranado que Maje sabía que había comprado el cuchillo y el tamaño: "Pensábamos que era algo más silencioso y accesible", ha apostillado. Las llaves del garaje, ha insistido, se las dio ella.

Ha explicado que decidió cambiar su versión de lo ocurrido e inculparla a ella porque quería "liberarse" y "contar la verdad". "Mi hija siempre me ha dicho que dijera la verdad, que dejara de mentir ya. Llevo un año sin saber de ella pero le sigo haciendo caso", ha agregado. Salva ha terminado su testimonio

La fiscal General del Estado, Dolores Delgado ha rechazado otorgar una las nuevas ocho plazas fijas en Anticorrupción al fiscal Ignacio Stampa, adscrito al caso 'Tándem' sobre los negocios presuntamente irregulares del comisario jubilado en prisión José Manuel Villarejo. La decisión supone dejarle fuera de esta fiscalía especial y de todos los casos en los que estaba participando hasta el momento.

Stampa, cuestionado por su presunta relación con una de las abogadas de Podemos en la pieza 'Dina' de la macrocausa sobre Villarejo, ejercía en comisión de servicios y ahora deberá abandonar esta investigación y volver a sus puestos en la Fiscalía de Madrid.

La decisión de Delgado viene respaldada por el Consejo Fiscal, que se había reunido este martes para estudiar estás y otras plazas clave en la cúpula de la carrera.

LA UNION PROGRESISTA APOYA AL OTRO FISCAL

Ninguno de los vocales de la Asociación de Fiscales en el Consejo Fiscal ha apoyado a Stampa ni a su compañero en el 'caso Villalrejo' Miguel Serrano, si bien éste se quedará finalmente en Anticorrupción al haber obtenido el aval de los vocales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), han señalado fuentes de esta institución. Por esta razón, Delgado le ha incluido en la propuesta de ocho nuevos fiscales que obtienen plaza.

Tanto Stampa como Serrano no eran titulares de una plaza fija del departamento dirigido por Alejandro Luzón, por lo que la decisión del Consejo de este martes era de tal trascendencia que iba a suponer que pudieran seguir o no investigando a Villarejo.

Las decisiones de los vocales del Consejo Fiscal no son vinculantes, ya que es la fiscal general, Dolores Delgado, la que propone los nombramientos al Consejo de Ministros una vez escuchado este órgano de carácter consultivo. Delgado ha decidido no obstante seguir los criterios del Consejo Fiscal en este asunto.

UN FISCAL CUESTIONADO

Delgado ha salido a colación de algunas conversaciones grabadas por el propio Villarejo que obran en el sumario de 'Tándem' y por este motivo fuentes fiscales opinan que ésta debería abstenerse en el Consejo de cualquier decisión que pueda afectar a los fiscales del caso, algo que no ha ocurrido finalmente.

En la misma tesitura situaban al teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, miembro nato del Consejo Fiscal y que hace tan solo unos días pidió públicamente perdón a Stampa por unas manifestaciones en las que cuestionó su labor en la instrucción de 'Tándem'. Navajas sí se ha ausentado de parte de las deliberaciones.

Se refería Navajas en sus disculpas a dos entrevistas concedidas a finales del pasado mes de septiembre en las que habló sobre determinadas conversaciones de WhatsApp en el grupo de abogados de Podemos que trascendieron a los medios y en las que se menciona una especial relación entre Stampa y Marta Flor, que es la letrada que defiende a Dina Bousselham, ex asesora del líder de Podemos, en el caso que se investiga en la Audiencia Nacional por el robo de los datos de su móvil.

De hecho, la Fiscalía de Madrid mantiene abierto un expediente interno a este fiscal por posible vulneración de secretos, si bien su labor en la pieza 'Dina' de 'Tándem' ha sido defendida por su superior, Luzón, tanto en manifestaciones a los medios como ante el juez del caso, Manuel García-Castellón El resto de plazas de Anticorrupción serán para Luis Rodríguez Sol, Belén Dorrechemochea, César de Rivas, Alejandro Cabaleiro, Irene Rodríguez y Jorge Andújar.

La portavoz del Govern, Meritxell Budó, no ha concretado cuáles serán las próximas medidas que adoptarán para frenar los contagios de coronavirus y ha pedido esperar a que el Procicat evalúe la situación, aunque ha advertido de que difícilmente serán "medidas de relajación" a tenor de las últimas cifras.

"Tenemos sobre la mesa todas las medidas que puedan tomarse. Probablemente, viendo como evolucionan los datos, no serán medidas de relajación", ha subrayado en rueda de prensa posterior al Consell Executiu.

Así, ha dejado claro que no han descartado ninguna medida, y que sólo las explicarán cuando el Procicat las revise y sean "claras" para evitar especulaciones y no generar confusión.

Por ello, ha evitado en todo momento pronunciarse sobre la posibilidad de que haya un confinamiento domiciliario de fines de semana, de 15 días, o perimetral, y tampoco sobre qué pasará con sectores como el de bar y restaurantes así como con las universidades.

Según Budó, se actuará en función de la evolución de los datos epidemiológicos y siempre en base a lo que recomienden los expertos y las autoridades sanitarias, y esta semana habrá que valorar si se renuevan medidas dictadas o se suman otras.

"Se están revisando las medidas, y esta semana se tomarán decisiones en el ámbito del Procicat", ha recalcado la también consellera de Presidencia.

Después de que la Generalitat insistiera en pedir al Gobierno un permiso retribuido para los padres que deben quedarse en casa para cuidar un hijo aunque no sea positivo, Budó ha lamentado no tener respuesta alguna por parte del Estado.

"Esto no está resuelto, y esto depende del Gobierno. Pedimos que cumpla con su responsabilidad y dé respuesta a estas familias", ha subrayado la portavoz del Govern, destacando que podrían hacerlo ellos mismos si les transfieren los fondos para poderlo afrontar.

"Los recursos de la Generalitat no son infinitos. El Gobierno no puede lavarse las manos", ha advertido Budó, tras reclamar al Ejecutivo central que los decretos de estado de alarma vengan acompañados de medidas y fondos compensatorios.

ESTADO DE ALARMA

En su opinión, el último decreto de estado de alarma promulgado por el Gobierno, y que deberá votarse en el Congreso, no es "descentralizado" ni da las herramientas necesarias a las comunidades para tomar las medidas que consideren oportunas.

"Nos da alguna competencia, pero no toda la cobertura jurídica necesaria para ejecutar las decisiones y medidas que decidamos que tenemos que aplicar", ha lamentado Budó, tras poner como ejemplo que necesitarían la autorización del Gobierno si quisieran actuar para restringir la movilidad.

La portavoz parlamentaria de Junts, Laura Borrás, juzga "excesivo, abusivo y peligrosísimo" que el Gobierno pretenda extender el estado de alarma durante seis meses "y sin control parlamentario" y, en este sentido, cree que el presidente Pedro Sánchez debe comparecer en el Congreso al menos cada mes o mes y medio para ser controlado.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, Borràs ha señalado que el decreto del estado de alarma acordado por el Consejo de Ministros este domingo es "insuficiente" porque, a su juicio, no da los instrumentos para tener "la máxima efectividad salvando vidas con la mínima afectación para la actividad económica".

En concreto, ha criticado que no hable nada del teletrabajo, ni de la extensión los ERTE, ni de reducción del IVA para proyectos de primera necesidad, entre otras medidas, o que no dé autonomía para que cada comunidad pueda tomar medidas "asimétricas" en función de sus datos epidemiológicos. "Se vuelve a recentralizar el mando único", ha denunciado Borrás, criticando que el Ejecutivo pretenda "evacuar responsabilidades sin ceder competencias".

Pero, a su juicio, la decisión más "controvertida", además de "abusiva" e "intolerable", es que el Gobierno pretenda "blindar" el estado de alarma hasta el próximo mes de mayo y que, además, pretenda eludir el control parlamentario.

Borràs sostiene que quizá la situación no es para que se vote una prórroga del estado de alarma cada 15 días pero sí insiste en que el control al Gobierno no se puede limitar a la comparecencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa, sino que ha de ser el propio presidente quien acuda al Pleno cada mes o mes y medio.

"Hay que ser extraordinariamente vigilantes y tener al estado bajo la lupa en lo concerniente a la vulneración de derechos", ha defendido la independentista catalana, quien, con todo, no ha desvelado qué votarán los cuatro diputados de Junts este jueves cuando se debata el decreto en el Pleno del Congreso. Los otros cuatro diputados del PDeCAT ya han anunciado que lo apoyarán.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha pedido "sacrificar" los dos puentes que vienen "por poder celebrar la Navidad en familia", al margen de si las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid deciden "cerrar perimetralmente la ciudad de Madrid".

"El planteamiento que aquí tenemos es que asumiremos y acataremos lo que digan las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid que son las que tienen la última palabra y, por tanto, las que deben decidir si en función de las cifras lo mejor es cerrar perimetralmente la ciudad de Madrid con vistas a los dos próximos puentes", ha manifestado Almeida en declaraciones a los medios.

No obstante, ha agregado que "digan lo que digan" las autoridades sanitarias, "sobre todo en el caso de que no se cierre perimetralmente", hay que tener en cuenta que "es mejor no desplazarse demasiado".

En este sentido, ha señalado que "la movilidad es un factor de riesgo del coronavirus", antes de pedir que "en la medida de lo posible, se limiten los desplazamientos que se hagan fuera de la ciudad de Madrid.

"Creo que es mejor para todos, creo que todos estamos luchando y trabajando por esas Navidades y, por tanto, creo que a lo mejor hay que sacrificar --quien pueda, quien se tenga que desplazar que lo haga-- estos dos puentes que vienen ahora por poder celebrar la Navidad en familia", ha planteado.

Almeida ha destacado que se trata de una "postura razonable" y "de sentido común, al margen de que las autoridades sanitarias son a las que le corresponde decidir lo que tienen que decidir".

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo (PP-A), ha reivindicado este martes el "modelo" del Ejecutivo de PP-A y Ciudadanos de "bajada de impuestos" como fórmula para "recaudar más", y lo ha contrapuesto con las "recetas antiguas" que, a su juicio, abandera el Gobierno central de PSOE y Unidas Podemos.

En la rueda de prensa posterior a la habitual reunión semanal del Consejo de Gobierno andaluz, Bendodo se ha pronunciado así tras conocer el "jarro de agua fría para la economía" que, en su opinión, ha supuesto el anuncio de subida de impuestos del Ejecutivo central al presentar el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021.

Bendodo ha lamentado que "no conseguimos desde el Gobierno de Andalucía hacerle ver al Gobierno de España que no es el momento de subirle los impuestos a la gente, que lo que hay que hacer" en un momento de crisis como ahora es "intentar reactivar la economía, que la gente gaste más, porque así las administraciones recaudan más", según ha añadido.

"Si les subes los impuestos a la gente, retraes el consumo", según ha insistido Bendodo, que ha defendido que lo que hace el actual Gobierno andaluz es "bajar impuestos para incentivar el consumo, recaudar más e invertir más en sanidad, educación y servicios sociales". "Ese es nuestro modelo", ha presumido.

En esa línea, ha valorado "con preocupación" el anuncio del Gobierno de España de "subir los impuestos" al presentar el anteproyecto de los PGE de 2021, porque eso es "un jarro de agua fría para la economía, una mala noticia y una decisión errónea.

Bendodo se ha preguntado por qué el Gobierno se decanta por esa opción mientras países del "alrededor" de España como Francia o Alemania "han bajado impuestos", y, tras añadir que "no podemos ser el verso suelto de la Unión Europea", ha defendido que "sólo hay que tener sentido común para saber que bajando impuestos se recauda más".

El consejero portavoz ha indicado que "no es cierto" que por parte del Gobierno central vayan a limitarse a "subir los impuestos a los ricos", y ha defendido que "subir impuestos e intervenir la economía son recetas antiguas que no valen para luchar contra la pandemia" del coronavirus y "lanzan un mensaje demoledor contra la inversión extranjera.

MÁS RECAUDACIÓN

Bendodo ha puesto de relieve que, con la "bajada masiva de impuestos" de 2019 por parte de la Junta, Andalucía "sumó 116.000 nuevos contribuyentes y recaudamos 600 millones de euros más". "Por cada euro que hemos dejado de ingresar por el impuesto de Sucesiones y Donaciones hemos recaudado cuatro por IRPF", ha destacado además.

En esa línea, el consejero portavoz de la Junta ha subrayado que su "hoja de ruta es completamente distinta a la del Gobierno central", y Andalucía ha pasado "de situarse entre las cinco comunidades autónomas con mayor gravamen" a situarse "entre las cuatro con menor gravamen".

Finalmente, Bendodo ha agregado que en Andalucía se recibe "con los brazos abiertos a las empresas, nacionales y extranjeras, para hacer las inversiones que tengan que hacer" en la comunidad autónoma, porque desde la Junta quieren trasladarle a esas compañías que la andaluza es una "tierra positiva para invertir".

El presidente del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), Andrea Enria, ha asegurado este martes en el Parlamento Europeo que un 'banco malo' diseñado a nivel europeo puede ser una herramienta "útil" para atajar un posible incremento de los préstamos dudosos en los balances de la banca comunitaria.

Durante su comparecencia ante la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios de la Eurocámara, el italiano ha evitado utilizar la expresión 'banco malo', pero ha subrayado que las "compañías de gestión de activos" han demostrado ser eficientes en los esfuerzos para facilitar "la gestión y la recuperación" de préstamos dudosos (NPL, por sus siglas en inglés).

"Una iniciativa europea que, por ejemplo, conecte las compañías de gestión de activos nacionales en una red a través de mecanismos de financiación común y precios armonizados, podría ser una herramienta útil para enfrentarse a un incremento esperado de los NPL y garantizar la igualdad de condiciones dentro de la Unión Bancaria", ha argumentado.

Durante el debate con los eurodiputados, Enria ha admitido que se trata de una propuesta "controvertida" porque existe el "miedo" de que un instrumento así conduzca a una "mutualización de las pérdidas" en la UE.

Sin embargo, ha defendido que los 'bancos malos' "bien diseñados" no suelen tener pérdidas para los contribuyentes y "permiten que el sector bancario limpie sus balances más rápido". "Podemos diseñar estas iniciativas sin mutualización si esa es la preferencia política", ha añadido el italiano.

El presidente del Consejo de Supervisión del BCE ha advertido de que, aunque "la crisis por ahora no ha llevado a un crecimiento importante" de los préstamos dudosos, es "importante" que los bancos y también las autoridades políticas estén preparados" para un "probable" incremento de éstos.

"Esperamos un aumento de las exposiciones dudosas, en especial cuando expiren las medidas de apoyo públicas, como la moratoria de los pagos. Ya estamos viendo para la mayoría de los bancos que está incrementado el coste del riesgo comparado con 2019", ha avisado Enria.

En este contexto, el presidente del Consejo de Supervisión del BCE ha recalcado que los poderes públicos deben ser "rápidos" y "más efectivos" en sus esfuerzos para ofrecer la "necesaria reestructuración" al sector bancario europeo, que todavía sufre "debilidades estructurales" que no han sido abordadas desde la última crisis.

Tenemos que perseguir el objetivo de salir de esta crisis con un sector bancario más fuerte y capaz de ayudar en la transformación hacia una economía más sostenible y tecnológicamente avanzada", ha dicho.

La pandemia, ha afirmado Enria, es uno de los muchos retos a los que se enfrenta el sistema financiero, junto con el cambio climático y las consecuencias del Brexit. Sobre este último punto ha destacado que "muchos bancos han hecho avances considerables" en sus preparativos para la era post Brexit, a partir de 2021, pero "algunos todavía tienen que intensificar sus esfuerzos"."Esto incluye en particular la renovación de contratos con clientes de la UE a quienes los bancos han dado servicios directamente desde Reino Unido", ha ejemplificado.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha pedido que se tomen los datos del tercer trimestre de la Encuesta de Población Activa (EPA) con cautela, pero ha puesto de relieve que el fin de las restricciones de la actividad y la movilidad tuvo "un claro efecto favorable" sobre el mercado laboral, "tras el notable deterioro de este en el segundo trimestre".

La patronal ha señalado que es posible que la situación extraordinaria de reducción de movilidad de los informantes de la EPA también puede afectar a los resultados de la encuesta. Además, afirma que la consideración estadística de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) y la excepcionalidad a la que están sujetos en la actualidad "hacen especialmente complejo el análisis".

Por ello, la CEOE piensa que los resultados en este contexto puede que no sean estrictamente comparables con los de trimestres anteriores y que habrá que esperar a próximos trimestres para valorar la incidencia de estos fenómenos.

No obstante, cree que las medidas que se están volviendo a imponer por los rebrotes suponen "un retorno parcial a la situación previa, con la consiguiente dificultad para la actividad y el empleo en los próximos meses".

También ha recordado que tanto los niveles de empleo como de actividad están claramente por debajo de los existentes hace un año. Por ello, ha instado a intensificar las medidas llevadas a cabo para minimizar el impacto de la situación sobre las empresas, "en un contexto tan excepcional como el que se está viviendo".

La patronal ha resaltado que, en términos interanuales, el empleo está en niveles inferiores a los registrados hace un año, destacando la caída del sector privado del 4,84%, frente al incremento del 3,36% del empleo público.

Así, ha apuntado que los niveles de empleo efectivo, que se mide a través de las horas trabajadas, todavía se encuentra "muy por debajo" de los niveles previos a la crisis.

El Gobierno del Principado de Asturias ha confirmado este martes 241 nuevos casos de coronavirus detectados en la jornada de este lunes, según han avanzado desde el Ejecutivo autonómico. Asimismo, ayer se registró el fallecimiento de cinco mujeres de 80, 83, 86, 89 y 90 años, una de las cuales residía en un centro sociosanitario.

La tasa de positividad se sitúa en el 6,44%, tras haberse realizado durante la jornada un total de 3.742 pruebas PCR, según la mencionada información. El Servicio de Vigilancia Epidemiológica continúa con las investigaciones para determinar los vínculos de los contagios.

En las últimas 24 horas, se han registrado 60 ingresos por coronavirus en planta y 6 más en UCI. En total, hay 429 pacientes covid hospitalizados, entre confirmados y sospechosos. Además, otros 53 afectados permanecen en unidades de cuidados intensivos. Por otra parte, 40 personas recibieron ayer el alta hospitalaria.

En su comunicación, recogida por Europa Press, las autoridades sanitarias insisten en apelar a la ciudadanía para que limite su vida social y la movilidad, con el fin de frenar los contagios.

Así, la Dirección General de Salud Pública aconseja a las personas mayores de 65 años o con patologías crónicas que viven fuera de los entornos residenciales que extremen las medidas de protección y seguridad. También les pide que renuncien a las actividades grupales y a los encuentros en lugares cerrados.

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha justificado la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el debate de la prórroga del estado de alarma que tendrá lugar el jueves a las 9.00 horas en el Congreso, argumentando que ese día tiene que participar en una videoconferencia con líderes europeos para hablar de turismo, que está fijada para las 18.30 horas de la tarde.

Así lo ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntada por el hecho de que vaya a ser el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y no Sánchez, quien defienda en el Congreso la prórroga de seis meses del estado de alarma que ha solicitado el Gobierno.

Sobre las críticas planteadas ya por la oposición por esta ausencia, y también por el hecho de que el Gobierno ya no se vaya a ver obligado a comparecer para solicitar apoyo cada quince días, Montero ha defendido que Sánchez seguirá sometiéndose cada semana a las sesiones de control parlamentario, y también acudirá a la Cámara cuando se le requiera.

QUE COMPAREZCAN LOS PRESIDENTES AUTONOMICOS

En todo caso, ha defendido que dado que el estado de alarma que se ha aprobado ahora pretende dar cobertura legal a las comunidades autónomas para que puedan aplicar restricciones de movilidad que afecten a derechos fundamentales, deberán ser los presidentes autonómicos los que vayan rindiendo cuentas en sus respectivos parlamentos de las medidas que vayan adoptando.

Asimismo, Montero ha vuelvo a defender la duración de los seis meses que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, como el periodo que recomiendan los expertos para superar la pandemia, a pesar de las peticiones del PP y de otros partidos de la oposición que han reclamado acortar la vigencia de la prórroga.

A pesar de las peticiones del PP y de otros partidos de la oposición para que se acorte el periodo de vigencia del estado de alarma, el Gobierno se ha mantenido firme en su propuesta inicial de extenderlo hasta mayo. Por ejemplo, el partido de Pablo Casado pedía que se limitara a dos meses, pero el Ejecutivo rechazó sus "condiciones".

Por otro lado, la portavoz ha confirmado que en el nuevo decreto de prórroga, la limitación a la movilidad nocturna deja de ser obligatoria en todo el territorio y que las comunidades autónomas podrán decidir a partir del 9 de noviembre --cuando finalizan los primeros 15 días de vigencia-- si mantienen o desactivan el conocido como toque de queda, tal y como explicaron fuentes gubernamentales el domingo.

"El hecho diferencial es que se suprime la vigencia actual para todo el país de la denominada limitación o restricción de movilidad entre las 23.00 y las 6.00 horas", ha explicado Montero, en referencia a esta medida, que el decreto aprobado el domingo en un Consejo de Ministros extraordinarios hacía obligatoria para todo el país menos para Canarias.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la titular de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, han mantenido este martes un encuentro con alcaldes y alcaldesas de las principales ciudades de España, en el que han coincidido en la necesidad de reducir la movilidad y limitar los contactos sociales durante el puente del 1 de noviembre.

Con motivo del estado de alarma que rige en todo el país desde que así lo aprobara el Consejo de Ministros el pasado domingo, los ministros Illa y Darias se han citado con los regidores de estos municipios así como con la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con el objetivo de aunar criterios en el ámbito local.

En este sentido, y aprovechando la cercanía del puente del 1 de noviembre, los ministros y Caballero han hecho una referencia específica y conjunta para trasladar a la ciudadanía la necesidad de la reducción de la movilidad y la limitación de los contactos sociales.

Asimismo, Illa ha apelado al "papel fundamental" de las entidades locales para actuar de manera coordinada y desde la unidad, con mensajes "unívocos y claros" para controlar la pandemia del coronavirus.

Ante esto, Caballero ha reclamado información directa a los ayuntamientos y así poder actuar rápido "sin tener que esperar a que las Comunidades Autónomas faciliten los datos de incidencia en los municipios".

"Compartimos la gravedad de la situación actual y queremos poder actuar con agilidad, desde la colaboración, la unidad y la sensatez", ha subrayado Caballero. A ese respecto, Illa ha recordado que ya se acordó que las CCAA deben trasladar información y "mantener contacto fluido con los municipios de su ámbito territorial y con las Federaciones de Municipios de cada Comunidad".

En esta reunión, además de Caballero, Illa y Darias, han participado los alcaldes que forman parte de la Junta de Gobierno de la FEMP y los primeros ediles de Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Las Palmas de Gran Canaria y La Palma; el Presidente de la Diputación de Almería; los Presidentes de la Comisión de Salud Pública de la FEMP, y Alcalde de Tres Cantos, y de la Red Española de Ciudades Saludables, y Alcalde de Burgos; y el Secretario General de la FEMP.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada ha condenado a doce años de prisión por homicidio al hombre al que un jurado popular encontró culpable de haber matado de una cuchillada a su yerno en Deifontes (Granada).

Fuentes del caso consultadas por Europa Press han indicado que la sentencia no ha contemplado la circunstancia de alevosía por lo que la condena no ha sido por asesinato como pedía la Fiscalía, que había interesado por ese delito una pena de 20 años contra este procesado.

El jurado, que determinó que el ahora condenado tuvo la intención de matar a su yerno, emitió su veredicto el pasado 8 de octubre, después del juicio, que se celebró en la sede de la Audiencia Provincial en la Real Chancillería y en el edificio judicial de Caleta, en Granada.

Las acusaciones particulares, que representaban a la viuda y a la madre del fallecido, pidieron también 20 años de prisión para el acusado, al igual que la fiscal; y la defensa, que mantuvo que "jamás tuvo intención de herir o matar a su yerno", la libre absolución. Tras conocerse el veredicto, esta parte interesó que se le pudiera imponer pena de un año de prisión por homicidio por imprudencia.

En el inicio del juicio en la sala de vistas de la Sección Primera de la Audiencia, el procesado, de unos 60 años, adujo que su yerno "se clavó él solo" el cuchillo en un forcejeo que se produjo cuando le pidió explicaciones por haberle "faltado" con insultos.

Se declaró no culpable de los hechos de los que se le acusan por supuestamente asestar una única puñalada a su yerno, de unos 30 años entonces, con que le seccionó la vena pulmonar, produciéndole la muerte de forma casi instantánea.

A preguntas de la Fiscalía, el acusado señaló que aquel 19 de agosto de 2019 salió de su casa "indignado a hablar" con su yerno después de que en una discusión telefónica le "faltó".

El cuchillo con el que había estado cortando jamón hasta ese momento lo "metió detrás del pantalón" pues "no sabía donde dejarlo" y, a su llegada a la puerta del domicilio del yerno, y tras preguntarle a su hija dónde estaba, éste se "abalanzó" sobre él, siempre según la versión que dio el acusado ante el jurado, y le "pegó muchos puñetazos en la boca" y le "cogió del pescuezo".

Cuando el joven fue a "tirarse a por él", sacó el cuchillo y miró hacia un lado "hablando" con su hija para tranquilizarla, y el yerno "se clavó él solo" el cuchillo, mantuvo.

Según la Fiscalía, una vez en su puerta, el acusado retó a gritos a su familiar a que saliera a la calle y cuando finalmente lo hizo aprovechó para asestarle de repente una puñalada "con la intención de causarle la muerte".

La cuchillada le alcanzó el hemitórax derecho y le seccionó la vena pulmonar dando lugar a un shock hipovolémico, ocasionándole "en pocos segundos", la muerte. Según se pudo comprobar después, agrega el ministerio público, el cadáver de la víctima no presentaba signos de lucha o defensa.

Tras apuñalar a su yerno, el acusado, que reconoció que no tiene ninguna enfermedad que afecte a sus facultades mentales, "abandonó apresuradamente el lugar" en dirección a su vivienda, en cuya azotea, según la Fiscalía, escondió el cuchillo.

La huelga nacional de médicos, la primera en 25 años, ha tenido un seguimiento "asimétrico" de entre el 70% y el 80% en Baleares, "en la línea de la media nacional", según ha informado el presidente del Sindicato Médico de Baleares (Simebal), Miguel Lázaro, este martes a los medios.

"La jornada de este martes puede definirse como agridulce por el impacto que ha tenido la huelga de resistencia sobre los pacientes, a quienes quiero pedir disculpas, y el seguimiento de la misma", ha aseverado.

En esta línea, Lázaro ha criticado las "artimañas" del Servicio de Salud de Baleares (IbSalut) "al ardid de comunicar los servicios mínimos tarde con el impacto que esto ha tenido sobre pacientes, por ejemplo, de pediatría y de atención primaria, que han visto atrasadas sus operaciones".

Asimismo, ha advertido, "esta huelga tiene el propósito de que se negocie la retirada del decreto 29/2020". Por esto, ha continuado, "pedimos al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que reciba a los médicos y escuche sus demandas. De no hacerlo el último martes de noviembre habrá otra jornada de huelga".

REIVINDICACIONES MÉDICAS

En cuanto a las reivindicaciones de los médicos, el presidente de Simebal ha señalado que entre ellas se encuentra que "Europa obligue al presidente Pedro Sánchez y al ministro Illa a que de los 140.000 millones de euros de los Fondos Europeos, se destinen 10.000 millones a rescatar la Sanidad, sometida a recortes progresivos.

Otra de las medidas que reclaman los médicos es el "fomentar la operación retorno de los residentes (MIRes), después de que más de 18.000 médicos formados en España se hayan marchado del país en los últimos años". "El coste del país por formación a un MIR es de 200.000 euros por cada uno", ha incidido Lázaro.

"No puede ser, por tanto, que España tenga que importar médicos sin título de otros lugares del mundo, poniendo en riesgo la salud de las personas", ha concluido el presidente de Simebal.

SEGUIMIENTO DE LA HUELGA EN PITIUSAS

En cuanto al seguimiento de la huelga en el caso de las Pitiusas, Simebal ha apuntado que esta ha tenido más seguimiento en centros de Atención Primaria que en hospitales.

Según ha informado a Europa Press el portavoz de Simebal en las Pitiusas, Carlos Rodríguez, en el centro de salud de Es Viver de Ibiza el seguimiento ha sido total, mientras que en Santa Eulària ha sido del 80 por ciento y del 40 por ciento en Sant Antoni.

Mientras, en el hospital de Formentera la incidencia de la huelga ha sido "prácticamente nula" y en el de Can Misses entre un 30 y un 35 por ciento de facultativos han secundado el paro.

LOS MÉDICOS PITIUSOS "RELATIVAMENTE CONTENTOS" CON LA PARTICIPACIÓN

Frente a estas cifras, Rodríguez ha reconocido que esperaban más participación puesto que hace 25 años que no convocaban una huelga, aunque ha considerado que "es normal" puesto que en las Pitiusas tienen "poca experiencia" en estas convocatorias y es probable que "haya faltado un poco de propaganda y saber organizarlo mejor".

"No estamos insatisfechos, sino relativamente contentos", ha añadido el portavoz de Simebal en Pitiusas, quien ha concluido que los servicios mínimos les han parecido en algunos aspectos "un tanto irregulares" y por ello, están estudiando si denunciarlos.

El presidente del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), Marc Puig, ha insistido este martes en que la agenda del Gobierno debe "focalizarse" en la protección del tejido empresarial, por lo menos mientras los niveles de desempleo superen ciertos umbrales preestablecidos.

Lo ha dicho durante la clausura del XXIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar, que arrancó este lunes bajo el título 'La fuerza de la recuperación' y ha contado con la participación del Rey Felipe VI, la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y el líder del PP, Pablo Casado.

Puig ha reclamado al Gobierno que aparque algunas iniciativas legislativas que solo ponen más trabas a la empresa y deje otras prioridades para otros momentos, en sus palabras: "Todos nuestros esfuerzos deben estar dirigidos a hacer posible que el máximo número de empresas, y en particular las empresas familiares, puedan superar esta difícil situación".

También ha exigido a los gobernantes unidad de acción para evitar que estos esfuerzos no se diluyan en batallas estériles, y ha defendido que muchas empresas podrán sobrevivir y mitigar el impacto de la pandemia con una batería de "medidas adecuadas".

Ha anunciado su compromiso de seguir colaborando con la CEOE, que ha participado en el congreso a través de su presidente, Antonio Garamendi, "sin perjuicio de la plena autonomía del IEF", en cuanto a sus iniciativas contribuyan a enfocar adecuadamente la salida de la crisis.

FONDOS EUROPEOS

El también ceo y presidente de Puig ha defendido que las empresas familiares tienen mucho que aportar para garantizar un "uso eficaz" de las ayudas de los fondos europeos.

En este sentido, ha trasladado el "compromiso y total disponibilidad" del IEF para colaborar con el Gobierno en la identificación de proyectos que encajen en las líneas de medidas en el plan 'España puede'.

"Necesitamos que nuestra voz se escuche con nitidez, que nuestro mensaje de compromiso, responsabilidad y progreso sea tenido en cuenta por nuestros gobiernos y nuestros legisladores, pero sobre todo necesitamos que nuestra voz llegue a nuestra sociedad para que se entienda nuestra función y nuestro papel", ha añadido.

Puig ha defendido el compromiso de las empresas familiares y su futuro: "Dentro de unos años, cuando este virus solo sea una pesadilla, me gustaría pensar que la empresa familiar ha estado de nuevo a la altura del reto. Por eso vamos a ser la fuerza de la recuperación".

El presidente del PP, Pablo Casado, ha acusado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de querer "forzar" la aplicación de un estado de alarma de seis meses para hacer frente a la pandemia del coronavirus pero luego "no dignarse" a acudir este jueves al Pleno del Congreso. A su entender, "está a tiempo de rectificar".

El Grupo Popular ha denunciado este jueves que no sea Sánchez sino el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien comparezca este jueves ante el Pleno de la Cámara para informar del decreto del estado de alarma y solicitar su prórroga, en principio, hasta el próximo mes de mayo.

Al término de la reunión de la comisión de seguimiento del Covid-19 creada por el PP, el líder de los 'populares' ha asegurado que "no es admisible que Sánchez fuerce un Estado de alarma de seis meses sin control judicial ni parlamentario y ni se digne" a ir al Congreso a presentarlo.

Está a tiempo de rectificar y pactar nuestra propuesta de reducir el plazo de alarma y legislar de una vez contra la pandemia", ha afirmado Casado en un mensaje en su cuenta de Twitter, que ha recogido Europa Press.

Así se ha referido a la propuesta que el propio Casado planteó públicamente este lunes para limitar el estado de alarma a un máximo de ocho semanas y aprobar en ese plazo una reforma legal para dar certidumbre a las autonomías con el fin de no tener que volver a recurrir en el futuro a esta medida excepcional.

GAMARRA: SÁNCHEZ UTILIZA A ILLA COMO "ESCUDO HUMANO"

En parecidos términos se ha expresado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, quien ha cargado contra Sánchez por "escudarse" en el titular de Sanidad ante la aplicación de un "instrumento de excepcionalidad constitucional". Además, ha indicado que el Ejecutivo no ha dado ninguna explicación para justificar esta decisión.

"No podemos entender que nuevamente el presidente del Gobierno utilice como escudo humano al ministro de Sanidad cuando se habla de suspender libertades públicas de 47 millones de españoles durante un periodo de más de seis meses", ha enfatizado.

En este sentido, la dirigente del PP ha señalado que su formación no ve "justificación alguna" a que no sea Sánchez el que asuma esa comparecencia en el Congreso este jueves, dado que como presidente del Gobierno "es el máximo responsable de la acción política" y afecta a "limitaciones de las libertades públicas".

Dicho esto, Gamarra ha señalado que su partido está abierto a negociar con el Gobierno la propuesta que puso encima de la mesa Pablo Casado, que tiene "tanta lógica y sensatez" que, a su juicio, no cabe en el planteamiento del PP que "no pueda ser negociada y asumida por el Gobierno". "Tienen la propuesta y si quieren negociar, nosotros estamos abiertos a negociar", ha apostillado.