El avance de la COVID-19 en toda Galicia mantiene también una elevada incidencia en los centros. El sistema educativo gallego superan los 1.200 contagios y registra más del 12,5 por ciento del total de casos activos de coronavirus de la comunidad autónoma.

Las autoridades sanitarias cuantifican este miércoles un total de 1.210 positivos, detectados en al menos 591 escuelas, institutos y guarderías de toda Galicia, sobre todo en la zona de influencia de la ciudad olívica.

Esta situación obliga a mantener cerradas al menos 42 aulas en la comunidad y la escuela infantil Golfiños de Lugo, que presenta cinco positivos.

De los casi 600 centros que presentan contagios por COVID-19, bien por brotes en las instalaciones o derivados del exterior, la mayoría de ellos se sitúan en zonas de influencia de Vigo y A Coruña (159 y 103, respectivamente).

El área sanitaria de Vigo sigue acentuando el ritmo de contagios, con 332 y unas 11 aulas cerradas. El caso más preocupante se registra en el centro privado Apóstol Santiago, que presenta un total de 13 positivos.

También destaca el CPR Plurilingüe Lar, de Mos, con nueve positivos confirmados, el CPI A Cañiza y el San Salvador de Vigo, ambos con ocho.

Además de Vigo, las áreas de A Coruña, Santiago y Ferrol registran los peores indicadores de toda Galicia respecto al número de contagios detectados y los casos que se mantienen en activo en las instalaciones educativas.

A Coruña, por ejemplo, se aproxima a los 200 casos aunque el centro con más casos se sitúa fuera del entorno urbano, en el IES Maximino Romero de Lema de Zas, con nueve positivos.

FERROL SIGUE EN AUMENTO

Las áreas de Santiago y Ferrol registran, por su parte, 161 y 139 positivos respectivamente.

En la capital gallega, los centros con más casos son el CEIP Pío XII, con ocho, el CPR Plurilingüe La Salle y el CPR Plurilingüe San José de Cluny, estos dos últimos con siete positivos. En suma, hay al menos cinco aulas cerradas en escuelas del área sanitaria.

En la zona de Ferrol, donde hay cuatro aulas clausuradas, destacan los casos del IES Leixa o el CIFP Ferrolterra, con ocho y siete positivos; además del CRA de Narón y el IES Terra de Trasancos.

Los centros del área de Lugo cuentan con 132 positivos por COVID-19. El caso más grave se da en el IES Lucus Augusti, con al menos 12 contagios y un aula cerrada.

El área de Ourense cierra el balance de casos con 112 positivos y unas siete unidades afectadas.

El presidente del Consejo General de Dentistas, Óscar Castro Reino, ha mantenido una reunión con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la que le ha destacado la "urgente" necesidad de regular la publicidad publicitaria.

"Es necesario instaurar una normativa clara y específica en todo el Estado que regule una publicidad tan sensible como la sanitaria, con una información rigurosa, veraz y comprensible, basada en la ética y el conocimiento científico. La publicidad sanitaria debe ser meramente informativa, no puede inducir al consumo ni ser engañosa", ha señalado Castro.

Además, el presidente del Consejo General de Dentistas ha trasladado al ministro que la organización colegial solo puede controlar los servicios que prestan individualmente sus colegiados, pero no las sociedades mercantiles.

Por ello, ha subrayado la importancia de modificar la ley de Sociedades Profesionales, para que sea obligatorio que todas aquellas sociedades cuyo objeto social sea la prestación de servicios profesionales se inscriban en el Registro Mercantil como sociedades profesionales. "De esta forma, quedaría sujeta la prestación de estos servicios a los principios éticos y deontológicos de la profesión", ha matizado Castro.

La mejora de las prestaciones de los Servicios de Salud Bucodental del Sistema Nacional de Salud, la bajada del IVA de las mascarillas y la búsqueda de soluciones para las personas damnificadas por el cierre de clínicas dentales han sido otros de los aspectos que han centrado la reunión.

"Agradecemos a Salvador Illa su total receptividad y el interés mostrado ante los temas que preocupan a la Odontología. Por nuestra parte, ofrecemos la máxima colaboración para tomar todas las medidas oportunas destinadas a mejorar la salud oral de la población, pues como sanitarios que somos, esa es nuestra máxima prioridad", ha zanjado Castro.

Los usuarios de residencias con Covid-19 en Galicia han aumentado a 446, lo que supone 14 más que los contabilizados este martes, tras detectarse otros ocho positivos en la residencia Santa Olalla de Boqueixón (A Coruña), nueve en la DomusVi Ribadumia; dos en la Hermanos Prieto de O Carballiño y otros dos en la Nosa Señora das Virtudes de Pontedeume.

Así consta en los datos actualizados este miércoles por las Consellerías de Política Social y Sanidade con registros hasta la tarde del martes, en los que se apuntan las altas de cinco usuarios de la residencia de mayores Os Gozos de O Pereiro de Aguiar; dos de la Ballesol de Oleiros y otro de la Torrente Ballester de A Coruña.

De este modo, las residencias de mayores con más contagiados entre sus usuarios son la de Nosa Señora dos Milagres de Barbadás, con 84; la Residencia de Salvaterra de Miño, con 78; la DomusVi Ribadumia, con 68; la Nosa Señora das Virtudes de Pontedeume, con 42; y la Nosa Señora dos Anxos de Ribadavia, con 33.

A ellas se suman la Residencia San Cibrao de Cervo, con 17; la Santa Olalla de Boqueixón y el Fogar Residencial San Miguel de Silleda, con 16 cada una; la DomusVi Coruña, con 13; y con 12 cada una las residencias As Fragas de Pontedeume y Viana do Bolo.

Mientras, con nueve contagiados entre los residentes están la Ballesol de Oleiros y Os Gozos de O Pereiro de Aguiar, mientras que con ocho cuenta la Nosa Señora Valvanera de Cambados; con siete La Saleta de San Cristovo de Cea y con seis la Residencia Hermanos Prieto de O Carballiño.

Le siguen con cinco la DomusVi Lugo de Outeiro de Rei; y con dos en cada caso la DomusVi Monforte y la Residencia San José Hermanitas de Narón. Mientras que con uno se mantienen la Padre Rubinos de A Coruña, la Caser A Zapateira de Culleredo, Residencia de Oleiros, Residencia Mi Casa de Ferrol, Orpea Lugo, Vivienda comunitaria Pepe Isa I de Entrimo y Pepe Isa II del mismo municipio.

TRABAJADORES

Por su parte, los trabajadores contagiados con coronavirus aumentan a 250 con respecto al martes tras los cinco positivos detectados entre personal de la residencia de mayores Santa Olalla de Boqueixón; tres en la DomusVi Ribadumia; dos en la Nosa Señora das Virtudes; uno en la residencia de mayores de Trabada y uno en el CRAPD I de Vigo.

Mientras, han recibido el alta por negativizar un trabajador de la residencia Nosa Señora dos Milagres de Barbadás, otro de la Hermanos Prieto de O Carballiño y otro de la DomusVi Ourense.

Además, Política Social puntualiza que se han retirado del listado un empleado del centro Santa Teresa Jornet de A Coruña y otro trabajador del centro Monte Tecla de A Guarda "porque no son contagios asociados a residencia".

De este modo, las residencias con más trabajadores contagiados son la Residencia Nosa Señora dos Miragres de Barbadás, con 44; Residencia de Salvaterra do Miño, con 27; DomusVi Ribadumia, con 23; Nosa Señora das Virtudes de Pontedeume, con 18; Os Gozos de O Pereiro de Aguiar, con 14; Residencia Viana do Bolo, con 11; Fogar Residencial San Miguel de Silleda, con 10; y Residencia Nosa Señora Valvanera de Cambados y Santa Olalla de Boqueixón, ambas con ocho.

A ellas le siguen la Ballesol de Oleiros, con siete trabajadores con Covid; la Nosa Señora dos Anxos de Ribadavia, con seis; DomusVi Lugo de Outeiro de Rei, con cinco; DomusVi Coruña de Oleiros, con cuatro; y Residencia San Cibrao de Cervo y DomusVi Viveiro, con tres en cada caso. Además, otros cuarenta centros en la Comunidad gallega cuentan con uno o dos casos de Covid entre sus empleados.

CENTROS DE DISCAPACIDAD

Por su lado, los centros de atención a la discapacidad suman un usuario contagiado en la residencia de atención a personas con discapacidad San Vicente Paúl de Lugo y ha recibido el alta otro en la residencia de atención a personas con discapacidad DomusVi Bóveda.

De este modo, los usuarios contagiados en estos centros se sitúan en 30, de ellos 23 en la DomusVi Bóveda; cinco en la San Vicente Paúl de Lugo; uno en la Residencia de Adultos Pai Menni de Betanzos y otro en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad de A Coruña.

En cuanto a los trabajadores se mantienen en 28. Así, la Residencia DomusVi Bóveda registra 17 trabajadores contagiados; tres la San Vicente de Paúl de Lugo; uno el Centro de Atención á Discapacidade de Bergondo; otro la Residencia Souto de Leixa; otro la Residencia Gravemente Afectados Aspanaes de As Pontes y otro en el CAPD de Sarria.

Con un caso cada una se sitúan también la Domingo Gómez Freire de Ourense; la Santa María de Ourense; la Residencia Chapela de Redondela y la Residencia Dano Cerebral Adquirido de Vigo

El secretario de Estado para la UE, Juan González-Barba, ha reconocido este miércoles que la futura relación entre la UE y Reino Unido distará "mucho de la voluntad de España de alcanzar un acuerdo ambicioso" y de evitar "disrupciones" en las relaciones humanas, económicas y políticas entre los dos países.

González-Barba ha reconocido ante los diputados que esto será así tanto si no hay acuerdo sobre la relación futura entre la UE y Reino Unido como si se logra "un acuerdo modesto", teniendo en cuenta que Reino Unido es, para España, el principal mercado turístico y de inversión y el tercer destino de las exportaciones.

Sin embargo, ha recordado que "el Reino Unido es soberano a la hora de decidir su relación con la UE", de manera que el papel de los europeos es prepararse para proteger los derechos de ciudadanos, exportadores, inversores, pescadores, investigadores y otras categorías.

Reino Unido, ha señalado, no tenía el "mismo nivel de ambición" que los europeos. Además, ha opinado que las negociaciones han avanzado poco porque se han centrado en elementos "ofensivos" y no "defensivos" como la pesca, que es clave para ocho países europeos.

Ahora, el plazo para alcanzar un acuerdo se limita a unos pocos días, para que haya tiempo de que el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales lo ratifiquen.

En ambos escenarios, la UE deberá elaborar "medidas de preparación" y, si no hay acuerdo", de contingencia". Según ha explicado, la Comisión Europea no quiere trabajar aún en medidas de contingencia para que no parezca que se ha abandonado la esperanza de un acuerdo.

González-Barba ha hablado también a los diputados de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, que debía haberse lanzado el pasado 9 de mayo en Dubrovnik (Croacia) pero se ha retrasado por la pandemia.

A su modo de ver, el desafío de reformar la UE es más importante ahora que el coronavirus ha acelerado varias tendencias de la globalización, pero no está claro cuçando podrá lanzarse el proceso. De entrada, ha señalado que las instituciones europeas --Consejo, Eurocámara y Comisión-- no se ponen de acuerdo en quién la presidirá.

Además, ha opinado que la Conferencia no debería lanzarse con un acto telemático, que quedaría "deslucido", y tampoco en medio de una segunda ola "que nadie esperaba en Europa". De este modo, él cree que al menos habrá que esperar a la Presidencia portuguesa de la UE, el próximo semestre.

Por otro lado, aunque ha invitado a los parlamentarios a participar y se ha propuesto conseguir la mayor participación ciudadana posible, ha admitido no saber qué eventos podrán organizarse, dada la situación sanitaria.

21,4 MILLONES DE PRESUPUESTO

González-Barba ha explicado a los diputados el presupuesto de su Secretaría de Estado, que tiene un solo programa, "Acción Diplomática ante la Unión Europea", valorado en 21,4 millones de euros para 2021.

No obstante, si se excluyen los gastos de personal -que gestiona la Subsecretaría-- son 4,6 millones de euros de los que un 40% se ejecuta en los servicios centrales y un 60% en la Representación Permanente ante la Unión Europea de Bruselas, que cuenta con representación de todos los Ministerios.

Entre los gastos previstos para 2021, ha mencionado un aumento hasta 147.120 euros del crédito para la subvención nominativa al Consejo Federal Español del Movimiento Europeo (CFEME) en 2021, que no ha podido recibir, con presupuestos prorrogados, en 2019 y en 2020, hasta la fecha, la concesión directa de una subvención.

La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias ha dictado instrucciones para regular la atención educativa al alumnado que, por motivos de salud relacionados con el COVID-19, propios o de las personas con las que conviven, no pueda asistir presencialmente a los centros educativos.

Según ha informado el Ejecutivo regional, podrá acogerse a esta modalidad de enseñanza remota el alumnado vulnerable al coronavirus o que convive con personas que lo son, que curse las etapas de Educación Infantil (2º ciclo), Primaria, Secundaria, Bachillerato y en centros educativos públicos o concertados.

Así, la resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad expone que esta posibilidad queda sujeta a la normativa y las disposiciones sanitarias vigentes para el curso 2020-2021 y podrá ser modificada en función de la evolución de la pandemia.

Para acceder a la formación online, será necesario acreditar en el centro educativo con un informe médico la condición sanitaria del estudiante o del miembro del núcleo familiar afectado; en este segundo caso, acompañado de certificado de convivencia.

Además, será el equipo directivo, junto al orientador u orientadora, quien realice la valoración inicial de cada caso. El centro educativo remitirá la documentación a la Dirección General de Ordenación, que una vez la revise y verifique, comunicará al centro si autoriza o deniega dicha atención educativa. Será el centro el que se lo trasladará a las familias o tutores o tutoras legales.

CLASES IMPARTIDAS POR PROFESORADO VOLUNTARIO

Las clases serán impartidas, de manera telemática, por profesorado voluntario en régimen de prolongación de jornada, con prioridad de quien ya forma parte del equipo docente del alumnado.

También podrá prestar este servicio el personal docente que actualmente no se pueda incorporar a su centro educativo por considerarse vulnerable al COVID-19 y que así lo acredite.

Por su parte, según las instrucciones publicadas esta semana, la atención educativa se desarrollará durante el calendario correspondiente al curso escolar 2020-2021, siempre que se mantenga la situación epidemiológica actual; se podrá realizar en horario de mañana o tarde y podrá impartirse de manera individual o grupal, en grupos de alumnado perteneciente al mismo centro y del mismo o de diferentes niveles.

En los centros docentes concertados, será la titularidad de dicho centro quien gestione la prestación de la atención educativa al alumnado vulnerable a la COVID-19, con arreglo a los criterios que dicte la Dirección General de Personal y sin que suponga la modificación del concierto establecido.

Finalmente, si se diera el caso de una suspensión temporal de la actividad lectiva presencial para todo el alumnado, se cancelará esta atención educativa siempre que el alumno o la alumna pueda integrarse en su grupo y clase y ser atendido de manera telemática, según el plan de contingencia de su centro educativo.

Canarias ha registrado un total de 17.787 casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia, aumentando en las últimas 24 horas en 124, tiempo en el que además ha tenido que lamentar un fallecimiento más en Tenerife que elevan a 291 las muertes por este virus en el archipiélago.

Así se desprende de los datos que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias publica diariamente sobre las 14.00 horas. En ellos se comprueba que del total de casos registrados en el archipiélago actualmente, 5.334 se encuentran activos en las islas (-134).

De los casos activos por Covid-19 que tiene Canarias, 38 personas se encuentran en una Unidad de Cuidados Intensivo (-3), 191 se encuentran en planta hospitalaria (+6) y los 5.105 restantes se encuentran en aislamiento domiciliario.

En cuanto a los pacientes que han superado la enfermedad en las islas se sitúan en 12.162, que implican 257 más que hace un día.

Actualmente, la incidencia del virus en Canarias es de 36,9 por 100.000 habitantes en los últimos siete días; mientras que en el periodo de 14 días esta incidencia es de 71,9.

Asimismo, hasta el momento se han realizado 499.866 test PCR en el archipiélago --4.277 en el último día-- de los que 22.596 han dado un resultado positivo, lo que implica el 4,5 por ciento de las pruebas hechas.

LAS ISLAS

Por islas, Gran Canaria ha computado un total de 8.763 casos desde el inicio de la crisis sanitaria (+28), de los que 1.902 están activos (-43), 6.743 han superado la enfermedad y 118 han fallecido.

Le sigue en número de casos Tenerife con 6.607 (+83), de los que 3.299 están activos (-95), 3.154 han recibido el alta médica y 154 perecieron (+1).

Lanzarote, por su parte, es la tercera isla con más casos computados, ascendiendo a 1.284 casos (+7), de los que 70 son positivos activos, 1.205 han superado la enfermedad y nueve han muerto.

Tras ella se encuentra Fuerteventura que registra 778 casos desde el inicio de la pandemia (+6), de los que 52 están activos, mientras que 723 superaron el virus y tres fallecieron.

La Palma registra 196 casos, cuatro de ellos positivos activos, 186 altas médicas y seis muertes; y La Gomera registra 93 casos, de los que seis siguen activos y 87 han recibido el alta médica.

Finalmente, El Hierro se mantiene con 66 casos, de los que uno está activo y 64 han superado el virus, mientras que una persona ha fallecido. De este modo, La Gomera es la única isla que no ha registrado fallecimientos.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha dado su autorización previa a la prórroga hasta el 18 de noviembre de las restricciones acordadas por el Gobierno foral el pasado 22 de octubre que, entre otras medidas, ordenó el cierre de los establecimientos de hostelería y restauración como consecuencia de la evolución epidemiológica derivada de la Covid-19.

En el auto, que puede ser recurrido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN explica que, en virtud del estado de alarma decretado en toda España, la presidenta de Navarra tiene competencia delegada del Gobierno central para dictar resoluciones referidas a la limitación de la entrada y salida de la comunidad, la libertad de circulación en horario nocturno y la limitación de las reuniones privadas y públicas.

En cambio, para la adopción de la prórroga de las actuaciones sanitarias acordadas en la Orden Foral 57/2020 se requiere de autorización previa o de ratificación posterior, ha indicado el TJSN.

Las medidas que llevan en vigor dos semanas se han modificado en dos aspectos. Uno afecta a la hostelería, que solo puede mantener su actividad para vender pan, café para llevar y prensa, así como para preparar y servir comidas a domicilio. A partir de hoy, se podrá dispensar comida a domicilio hasta las 22.30 horas.

La otra modificación concierne a las grandes superficies, centros comerciales, hipermercado y parques comerciales, cuyo aforo máximo está limitado al 40%. Esta medida se mantiene y se introduce la obligación de los establecimientos de controlar de manera efectiva el aforo máximo.

En el presente asunto, el Gobierno de Navarra ha solicitado la autorización de la prórroga de las medidas ya acordadas por la Orden Foral 57/2020, con las modificaciones contenidas en la Orden de 4 de noviembre de 2020, antes de la entrada en vigor de la Orden Foral, de forma congruente con el criterio del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Desde el punto de vista procedimental, "en orden a la justificación de las medidas acordadas, la solicitud de ratificación de las medidas viene acompañada del informe de la evolución de la situación de la asistencia hospitalaria COVID 19 en Navarra (19/10/20) emitido por el gerente del Complejo Hospitalario de Navarra". También adjunta el informe de la directora gerente del Instituto de Salud Pública y Laboral, en los que se advierte que, dada la evolución de la epidemia, se considera necesario en este momento continuar con las medidas publicadas en esta Orden Foral puesto que, dados los niveles de incidencia y de ocupación hospitalaria de las que partimos, nos seguimos encontrando en una valoración de riesgo muy alto y un nivel de alerta 4", indican los jueces. Al tratarse de una prórroga de las medidas ya acordadas anteriormente y que fueron objeto de análisis y ratificación, los magistrados se remiten a los argumentos ya expuestos entonces en sus resoluciones.

Según recoge el auto, "en esta nueva Orden Foral se justifica la necesidad de las medidas acordadas, haciendo hincapié en que las medidas adoptadas en la Orden Foral 57/2020, de 21 de octubre, han resultado insuficientes al no producir un descenso notable en la incidencia acumulada de la Comunidad Foral de Navarra", por lo que se considera "necesaria la prórroga de las medidas establecidas".

Los magistrados recuerdan que las medidas adoptadas en la anterior orden se consideraron "necesarias y proporcionadas", dada la "gravedad" de la situación epidemiológica que existía el día 22 de octubre, en aras a la protección de la salud pública, y estaban debidamente avaladas por razones y criterios de carácter epidemiológico y sanitario y reunían la nota de imprescindibilidad o necesidad.

Para ponderar las circunstancias existentes en la actualidad, los jueces valoran que, del informe de la directora gerente del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, "se desprende que con las medidas ya adoptadas no se ha conseguido aún los resultados esperados de descenso en el número de contagios y en la atención hospitalaria, ya que en la semana 26 al 1 de noviembre se han producido 246 ingresos hospitalarios en relación al COVID, un 7% menos que la semana anterior". "Por el contrario, ha habido 29 ingresos en UCI frente a los 24 de la semana anterior y 35 defunciones, frente a las 31 de la semana anterior". Es más, añaden, el número de contagios "sigue siendo altísimo".

"Pues bien, una vez transcurridos los 14 días de vigencia de las medidas acordadas en la Orden Foral 57/2020, la situación epidemiológica en la Comunidad Foral sigue siendo muy grave, por lo que la Sala considera que la prórroga de las medidas establecidas en la Orden Foral 57/2020 es necesaria", reiteran los magistrados.

Respecto a las prohibiciones y restricciones a la hostelería y los centros comerciales, el tribunal sostiene que "las medidas son proporcionadas en su conjunto". Finalmente, destaca la Sala, "hay que destacar que las medidas acordadas tienen la suficiente temporalidad, al establecer una duración máxima en la propia Orden Foral de 14 días, debiendo evaluarse su prórroga en función de la evolución de la pandemia para adoptar, en su caso, las medidas más acordes desde un punto de vista sanitario para contener la propagación de la enfermedad".

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha asegurado que un país que "se toma en serio" los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es también "un país más sostenible económicamente".

"La pandemia nos demuestra que una sociedad más sostenible, que se tome en serio los planteamientos de la Agenda 2030 es también mucho más sostenible económicamente. Un país con mejores servicios públicos, con más camas de hospitales, con una economía más diversificada, con mejores servicios públicos, con más médicos y más docentes, es un país con más capacidad para proteger a sus trabajadores y a sus empresas del impacto de una situación como esta", ha asegurado Iglesias.

Así lo ha manifestado el vicepresidente segundo del Gobierno este miércoles 4 de noviembre en un acto para recibir las conclusiones de la consulta empresarial sobre Agenda 2030, un proceso en el que han participado 1.900 empresas españolas y que culminará con la presentación de sus propuestas sobre cómo implementar la Agenda en España.

La Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 estudiará las aportaciones de las empresas españolas con el objetivo de incluirlas en la próxima estrategia del Ejecutivo para el cumplimiento de los ODS.

Para Pablo Iglesias, avanzar hacia estos Objetivos de Desarrollo Sostenible no es solo una cuestión de "justicia social" sino también de "eficiencia económica" y, por ello, ha invitado a los empresarios a invertir la máxima liberal del siglo XIX según la cual la búsqueda del interés particular por los agentes económicos privados repercutía en el conjunto de la sociedad.

"En el siglo XXI y partiendo de las lecciones de la pandemia, creo que podemos darle la vuelta a esa máxima, y decir que buscando el beneficio del conjunto de la sociedad es como los agentes económicos privados van a encontrar su propio beneficio", ha asegurado.

Además, Iglesias ha querido desmontar la imagen que, a su juicio, "se ha querido construir por parte de algunos poderes mediáticos: que Unidas Podemos podría ser una suerte de enemigo del tejido empresarial". "Creo que esos discursos han hecho que algunos empresarios vieran con ciertas reservas que nuestra fuerza política estuviera en el Gobierno de coalición", ha añadido.

Si bien, considera que a día de hoy están "orgullosos" de la labor de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que, "a través del diálogo social, ha conseguido hasta seis acuerdos con sindicatos y empresarios", y pueden "presumir" de estar "afrontando esta crisis de manera mucho más protectora para empresas y trabajadores que en 2018".

También ha puesto en valor algunas medidas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que, según ha dicho, "no solamente es una medida de buena voluntad" para que la gente "no tenga que sufrir la indignidad de no poder llenar la nevera o atender a su familia", sino también "una medida imprescindible para el beneficio económico en la medida que sostiene el consumo.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que, aunque no se puede desechar ninguna medida, las nuevas restricciones que se aplican en Galicia se adoptan, entre otras cuestiones, para "intentar evitar" el confinamiento domiciliario. También para bajar la presión asistencial en centros sanitarios, de discapacitados y residencias de mayores, y para tratar de "salvar" la campaña de Navidad.

Así lo ha trasladado en una rueda de prensa celebrada este miércoles tras la reunión del comité clínico y previa a la reunión del consejo interterritorial sanitario que tendrá lugar en el ámbito estatal y en el que, después de la petición de varios territorios, se da por hecho que se abordará la posibilidad del confinamiento domiciliario.

A la espera de este encuentro o de las medidas que pueda tomar el Gobierno, el presidente gallego ha dado pocos datos. Así, preguntado sobre el toque de queda, ha defendido que en la Comunidad las restricciones nocturnas se mantienen entre las 23,00 y las 6,00 horas.

Preguntado sobre la postura de Galicia en relación al confinamiento domiciliario, ha apuntado que su Ejecutivo siempre va a estar a favor de que las comunidades puedan tomar las decisiones que estimen oportunas según lo que dicten los datos epidemiológicos, y ha subrayado que la situación de la Comunidad gallega sigue siendo "mejor" que la de la media estatal y otros territorios.

Más allá, ha insistido en que, precisamente, las restricciones tomadas este miércoles responden a la intención de "intentar evitar un confinamiento domiciliario", además de reducir "el estrés sanitario". "Anticiparse" para que no empeore la situación y tratar de doblegar la curva de contagios, ha esgrimido, antes de apelar para lograrlo a la responsabilidad de "todos".

SIN DESCARTAR NINGUNA MEDIDA

Pretendemos rebajar la presión hospitalaria, sanitaria y en las residencias de mayores y centros de discapacidad; evitar el confinamiento y ya un objetivo mucho más difícil de alcanzar como es intentar salvar la campaña de Navidad", ha dicho el presidente gallego, quien ha recordado que en ese momento se produce un pico de consumo en la Comunidad tradicionalmente.

En todo caso, en su respuesta sobre el confinamiento domiciliario, Feijóo ha dejado claro que no se "descarta" ninguna medida y que habrá que ir actuando según lo aconsejen los datos epidemiológicos y los expertos.

LEALTAD INSTITUCIONAL

En su intervención, el presidente ha reivindicado que con las nuevas medidas Galicia vuelve a ser "avanzadilla" entre las comunidades y ha garantizado que continuará con su "lealtad institucional" con el Gobierno de España.

En todo caso, ha contrapuesto que esta "lealtad institucional" es "compatible" con la "crítica constructiva" y ha sugerido que, a diferencia del Ejecutivo estatal, con medidas como las de este miércoles, la Xunta "no esquiva responsabilidades".

La Fundación Madrina ha avisado de que "más del 50% de las familias en 'nueva pobreza' --las que han caído en esta situación a causa de la pandemia-- no recibirán el Ingreso Mínimo Vital" porque "el Estado piensa que una familia sobrevive con 500 euros al mes".

"Vemos que el IMV ya se ha entregado a colectivos que tradicionalmente recibían otras ayudas, sin embargo, se le ha negado el IMV al resto de familias en extrema pobreza, que carecen de lo básico para sobrevivir, y que caen en las 'colas del hambre', al serles negado el IMV a las familias que engloban las listas de la 'nueva pobreza', al menos un 50% de todas las familias empobrecidas por la crisis endémica", advierte la Fundación en un comunicado.

Así, denuncia que "el Estado piensa que las familias pueden sobrevivir con un 'umbral de rentabilidad' de 500 euros, independientemente del número de hijos que tenga".

Para la Fundación Madrina, la "ingeniería social creada en despachos calientes no está dando respuesta a una realidad económica y social que cambia cada semana y que golpea como un tsunami a familias que antes de la pandemia estaban normalizadas y con trabajo, y que ahora están sin trabajo y sin hogar".

Según alerta, estas familias en 'nueva pobreza' están "atenazadas por una pinza mortal, constituida de una parte por la falta de empleo y de otra, por la ausencia de ayudas".

Además, la Fundación denuncia que durante la pandemia se han anunciado por parte del Estado "ayudas fantasmas que nunca han llegado a las familias como las ayudas al alquiler o las ayudas al empleo doméstico". "Hay familias que no reciben su pensión por desempleo desde hace 5 meses, o ERTEs que todavía no se cobran, debido a que tenemos una administración cerrada y un Estado sin dinero", añade.

Asimismo, precisa que los servicios sociales a los que acuden las familias en nueva pobreza "tardan entre 3 y 6 meses en recibir su cita, tiempo suficiente para decidir entre la vida o el desahucio, entre sobrevivir o vivir en la calle".

"Agotadas, las familias ya no tienen dinero ni para buscar alimentos ni para ir a una entrevista de trabajo. Se hacinan en pisos, se cuelan en el metro o roban alimentos, también de bebé, para sobrevivir", avisa la Fundación.

Según precisa, cada día se derivan a la fundación más de 150 familias vulnerables por parte de Servicios Sociales, entre otras entidades; y otras 150 familias envían emails o llaman pidiendo socorro.

Durante la pandemia, la Fundación Madrina ha atendido a cerca de medio millón de familias y niños en 'nueva pobreza' suministrando alimentación e higiene de bebé. Igualmente ayuda a cerca de 20 asociaciones e instituciones benéficas y religiosas, así como al colectivo LGTB.

Los partidos nacionalistas ERC y PDeCAT se han criticado este miércoles mutuamente por las enmiendas presentadas a la reforma educativa (la denominada 'ley Celaá') a costa de la interpretación que hace cada uno de lo que es una "administración educativa".

El diputado Sergi Miquel i Valentí (PDeCAT) ha comparecido este miércoles en rueda de prensa para criticar la enmienda conjunta de ERC, PSOE y Unidas Podemos, a iniciativa de ERC, sobre la inmersión lingüística.

Esta enmienda, que aún no está cerrada y que se someterá a votación este jueves en la Ponencia de la Comisión de Educación del Congreso (grupo encargado de debatir las enmiendas al proyecto de ley), pero que se filtró ayer a los medios de comunicación, pretende introducir la posibilidad de que las "administraciones educativas" sean las que determinen cuál es la lengua vehicular en su territorio. Y para ello se eliminaría del texto la referencia a que el castellano sea lengua vehicular.

Sin embargo, el PDeCAT está en contra de esta enmienda conjunta porque considera que abre la vía a que el Ministerio de Educación, mediante un Real Decreto, pueda establecer después un porcentaje de clases en castellano en las escuelas de Cataluña, pues este partido entiende que cuando se habla de "administraciones educativas", se está refiriendo el texto al Ministerio o al Gobierno de España.

"Lo que queremos es que los partidarios de la enmienda digan cómo van a poder impedir que el Ministerio pueda dictar esos porcentajes de clase si esta enmienda es aprobada, lo que hace la enmienda es incentivar, proponer y animar al Ministerio a que proponga este porcentaje", se ha quejado el diputado del PDeCAT, que ha advertido de que desde su partido van a defender su propia enmienda, que "sí defiende la inmersión lingüística en Cataluña".

Por eso, el PDeCAT quiere derogar entero el apartado 1 de la disposición adicional 38 de la actual ley que dice que "las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y alumnas a recibir las enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios" y que "el castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus Estatutos y normativa aplicable".

Con esta supresión, el PDeCAT lo que quiere es evitar el modo en que las administraciones educativas (entendiendo ellos que incluiría al Ministerio de Educación) deciden cómo hacer, o con qué modelo, que los alumnos tengan ese dominio de las dos lenguas.

De hecho, pretenden con su enmienda mantener el punto 2 de dicha disposición adicional, que recoge que "al finalizar la educación básica, todos los alumnos y alumnas deberán alcanzar el dominio pleno y equivalente en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial correspondiente".

ERC ACUSA DE "PARTIDISMO" AL PDECAT

Poco después de la rueda de prensa del PDeCAT para manifestar su posición con respecto a la enmienda, la diputada de ERC, Montse Bassa, ha convocado a los medios para dar una réplica al PDeCAT. "La única explicación de que hayan salido en rueda de prensa es a hacer partidismo, es muy grave porque es un tema muy sensible", ha acusado, mostrando su "enfado" con el diputado.

Según Bassa, el PDeCAT ha afirmado una "falsedad". "Todas las personas que conocen el proyecto de ley saben que cuando se habla de "administración educativa", se refiere a cada una de las consejerías de educación que hay en cada comunidad autónoma, y que cuando se habla en el proyecto del Ministerio, entonces se refiere al Gobierno de España", matiza.

"Es imposible hacer una mala interpretación porque en todo el texto queda claro. Me extraña muchísimo que no lo vean así, solo hay que coger el texto, todas las enmiendas se están refiriendo así", defiende. Además, recuerda que el PDeCAT no forma parte de las negociaciones ni de la Ponencia de la Comisión de Educación, que es donde se realizan las reuniones para debatir la reforma, ya que no tienen grupo propio.

Bassa también señala que es "falso", en caso de que se incluyera la enmienda al proyecto, que el Ministerio, por Real Decreto, pueda establecer un porcentaje de horas de clase en castellano, pues recuerda que "una ley orgánica está por encima de un Real Decreto".

"BLINDAR" LA LEY CATALANA DE EDUCACIÓN

Según explica la diputada, con esta enmienda lo que pretende ERC es "blindar" la ley catalana de educación, que dice que la única lengua vehicular en Cataluña es el catalán, lo cual "no significa que no se estudie en castellano". "No nos pueden imponer la enseñanza castellana o el número de horas que tendrán que recibir los alumnos", añade.

Asimismo, esta enmienda "no tiene nada que ver con Presupuestos ni con no Presupuestos", ha dicho al ser preguntada sobre la vinculación de este texto con los partidos que forman el Gobierno, con su apoyo a éstos para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Según ha comentado, lo que interesa a ERC es "derogar la 'ley Wert", ya que "va en contra del sistema educativo catalán". "Y no lo vamos a hacer a cualquier precio", ha avisado. En este sentido, a instado a continuar debatiendo con el resto de grupos parlamentarios para aprobar una nueva ley educativa "como nos merecemos".

El secretario de Estado de España Global, Manuel Muñiz, ha defendido este miércoles que el Rey Felipe VI desempeña una función "positiva" en la "proyección y la construcción de una imagen país", según ha dicho en una comparecencia ante la Comisión de Exteriores del Congreso.

"No es algo ideológico o preconcebido, es algo que veo prácticamente a diario", ha asegurado Muñiz, que se ha referido a la tarea visible del jefe del Estado y también a "lo que no se ve, que es mucho, de convocar, facilitar y ayudar". "Mi valoración en el neto es positiva", ha recalcado.

En respuesta a preguntas de los diputados, ha asegurado que fuera de España se distinguen "con total claridad las posibles actuaciones del anterior ocupante de la Jefatura de Estado" respecto del Rey actual. En todo caso, ha señalado además que "al Rey emérito o se le ha condenado por nada" y que, si ese fuera el caso, la conversación sería distinta.

Muñiz ha comparecido para presentar las líneas generales del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2021 para su Secretaría de Estado, que ascenderán a 13,2 millones de euros, de los que 4 millones corresponderán a gastos de personal.

El responsable ha explicado que el Departamento aúna las competencias de análisis estratégico, de diplomacia económica y de comunicación con el fin de conseguir "sinergias" multipliquen la capacidad de acción.

Como en otras ocasiones, Muñiz ha lamentado la polarización política y el lenguaje con el que nos políticos se dirigen a otros y se ha propuesto no sumarse a ella, afirmando que él respeta a todos los diputados que representan la soberanía nacional.

Eso sí, les ha advertido de que en España se cruzan todos los días fronteras que no deberían cruzarse y que pasan factura a la imagen de España. "El argumento no es que el Gobierno sea bueno o malo, es que es ilegítimo porque lo fue la investidura, que fue ilegítimo el estado de alarma porque era golpista. Yo vengo de la Universidad, he estudiado el populismo y eso es populismo de libro", ha enfatizado.

En la misma línea, ha dicho que le "parece mentira" que se haya suscitado el debate sobre si España es "un Estado fallido" a raíz de un artículo en un periódico suizo. Según ha contado, Exteriores contactó con el diario y estaban "absolutamente sorprendidos" por la repercusión que había tenido en España un artículo que no era principal en el medio.

El mismo día en que en España se difundía ese articulo, ha ilustrado, la Seguridad Social le estaba autorizando a su padre -recientemente fallecido-- "un tratamiento oncológico de varios miles de euros al mes". "España es un gran país y es una sorpresa como interiorizamos estos datos y nos fustigamos", ha remachado.

Muñiz ha pedido no sobredimensionar el impacto de la pandemia en la reputación de España porque todos los países europeos están teniendo grandes cifras de incidencia y es un problema muy complicado. Los titulares duros que esgrime la oposición, ha dicho, "son ciertos pero son una gota en el océano de la cobertura internacional.

Por otro lado, ha respondido a las preocupaciones de la diputada de Ciudadanos Marta Martín sobre la acción exterior de la Generalitat asegurando que hasta ahora ésta se ha desarrollado "con una dosis considerable de lealtad y razonabilidad", de manera que Exteriores no ha tenido que actuar.

¿FINANCIACIÓN PARA LA ACCIÓN EXTERIOR DE LA GENERALITAT?

Por su parte, Mariona Illamola, de Junts, ha querido saber si el Gobierno colaborará con las comunidades autónomas en el exterior y en concreto con las delegaciones catalanas. También ha preguntado si Exteriores destinará partidas de su presupuesto a financiarlas.

Muñiz ha respondido que el Ministerio ultima una nueva "Estrategia de Acción Exterior", no solo de "Política" y por tanto no solo de competencia estatal que incluye un apartado de colaboración con otras administraciones, entre ellas las autonómicas. Eso sí, ha dejado claro que la financiación de las delegaciones catalanas corre a cargo solo de la Generalitat.

El secretario de Estado también ha aludido al grupo de expertos "España diversa", formada por expertos que "han dedicado tiempo a la pregunta de la idea de España y los valores que la deben proyectar en el exterior".

La escritora Gemma Lienas da voz a la generación de feministas nacidas en los años 50 en el ensayo 'Drets fràgils' (Edicions 62), que sale a la venta este miércoles, y ha advertido de que los derechos de las mujeres "se pueden perder en cualquier momento", ha explicado la autora en rueda de prensa.

Se trata de la autobiografía de una generación narrada desde la mirada de una niña que nació a principios de los años 50, fue una mujer joven durante la Transición y los primeros años de democracia, y adulta en la época "de los ataques organizados contra el feminismo" a partir del año 2000.

Lienas (Barcelona, 1951) ha explicado que escribió este ensayo porque considera que los derechos de las mujeres son muy frágiles y "se pueden perder en cualquier momento", como a su juicio está sucediendo en países como Polonia o como ocurrió en España con la llegada del franquismo.

Según ha explicado la editora de Edicions 62, Pilar Beltrán, el ensayo pone el foco en la memoria del feminismo de Catalunya --como 'El llarg viatge de les dones' de María Àngels Cabré, publicado también por Edicions 62 este febrero--, y se publicará también en castellano por la editorial Octaedro.

TRES PARTES

El ensayo está compuesto por tres partes que corresponden a las distintas etapas vitales de la generación retratada, así como a los contextos políticos correspondientes, y concluye con un decálogo de todos los aspectos del feminismo que la autora considera que todavía se tienen que resolver.

Beltrán ha detallado que el libro explica "de dónde partimos, hacia dónde vamos y hacia dónde deberíamos ir" en sus 179 páginas, y considera muy necesarias estas miradas retrospectivas del feminismo.

Lienas ha explicado que este no es un libro dirigido solo a mujeres jóvenes, sino que cree que deberían leerlo también los hombres, aunque ha remarcado que para ella "el sujeto político del feminismo tienen que ser siempre las mujeres".

LA PANDEMIA Y EL NEOLIBERALISMO

La autora ha alertado también de la posibilidad de que "el neoliberalismo fragmente el feminismo", y del retroceso que podría suponer la pandemia para los derechos de las mujeres, según ella.

También ha explicado que ella se hizo feminista siendo muy joven --aunque no sabía que lo era--, porque veía comportamientos a su alrededor que le parecían inaceptables; que fue a través de lecturas de ensayos como 'La mística de la feminidad' de Betty Friedan que terminó de ser consciente, y que todas estas lecturas se reflejan en su ensayo.

Ha cerrado la rueda de prensa con una cita de la escritora Mary Wollstonecraft, que consideraba que algunas mujeres estaban "más interesadas en pulir sus cadenas que en romperlas", con lo que ha asegurado estar de acuerdo.

La Junta de Andalucía ha consignado en el proyecto de ley de presupuestos de la comunidad para 2021 una partida de 1,1 millones de euros destinada a actuaciones para el derribo del hotel de Azata del Sol, y el desescombro del paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), sobre el que se levanta el polémico establecimiento.

La partida de 1.110.000 euros figura en una única anualidad con cargo al programa de Información Ambiental y Dinamización Socioeconómica Sostenible de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible tal y como anunció el presidente andaluz, Juanma Moreno, durante el último debate sobre el estado de la comunidad en el parlamento autonómico.

Para llegar hasta la demolición del hotel de una veintena de plantas y 411 habitaciones, la Junta debe tomar posesión de las fincas sobre las que se alza en ejecución del derecho de retracto por 2,3 millones de euros que el Gobierno andaluz ejerció en 2006 y que, después, ha sido validado en varias sentencias judiciales.

"Si no se ejerce el derecho de retracto, nadie puede demoler", advirtió la consejera Carmen Crespo hace una semana, cuando anunció que la Junta había decidido ejercitar la vía civil para lograr la inscripción registral de los terrenos a su nombre.

Según han trasladado a Europa Press fuentes del Gobierno andaluz, en concreto, los servicios jurídicos de la consejería han determinado la "conveniencia" de emprender el retracto de acuerdo al artículo 249.17 de la Ley de Enjuciamiento Civil.

Así, previa solicitud de las notas simples actualizadas de las fincas afectadas del sector ST-1 o El Algarrobico, la Junta ha iniciado los trámites para interponer la oportuna demanda en la jurisdicción civil y "solicitar la anotación preventiva de dicha demanda" de conformidad con el artículo 42.5 de la Ley Hipotecaria.

Desde el Gobierno andaluz han hecho referencia, asimismo, que ha habido "varios intentos infructuosos desde 2016" para proceder a la ejecución del retracto por vía administrativa.

Cabe recordar que el Tribunal Supremo sentenció en diciembre de 2017 que la Junta debía acudir a la vía civil contra las mercantiles Azata del Sol y Azata Patrimonio para poder inscribir registralmente a su nombre las fincas de El Algarrobico y desestimó su recurso por el que solicitaba una "autorización de entrada" para tomar posesión de los terrenos.

La Junta pidió estas medidas ante la "actitud" de las mercantiles que, según remarcaba en su escrito, habían "impedido la entrega voluntaria" de las fincas del sector ST-1 adquiridas en 2006 por la Administración autonómica por un importe de 2,3 millones de euros en tanteo y retracto.

"La toma de posesión, que es para lo que se solicita la autorización de entrada, está subordinada a la titularidad registral de las fincas, lo que exige acceso al Registro de la Propiedad de la adquisición de la Junta", concluía el Alto Tribunal.

El derecho de retracto se avaló también judicialmente en firme "dado el notorio interés ambiental" de los terrenos y su calificación como zona C1 en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar.

La familia Franco acepta entregar "provisionalmente" el Pazo de Meirás al Estado mientras no se resuelva el recurso que han presentado contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número uno de A Coruña que les condenó a su devolución.

Así consta en un escrito dirigido al juzgado después de que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunciase que el Gobierno solicitaría la ejecución provisional de la sentencia.

En esa comparecencia, el ministro no concretó el uso que se daría al inmueble, pero incidió en que "lo verdaderamente importante es que sea el Estado el que tenga la gestión, y no la Fundación Francisco Franco". "Una cuestión que reclama toda la ciudadanía", apostilló.

Ahora, en su escrito, los herederos del dictador sostienen que han tenido conocimiento, a través de los medios de comunicación, que la Administración General del Estado "ha dado instrucciones a su dirección letrada en las presentes actuaciones para que solicite la ejecución provisional de la sentencia.

Sobre esta decisión, avanzan que no tienen intención de oponerse "a tal solicitud", al tiempo que muestran su disposición a que "con carácter provisional", y a la espera de cómo se resuelva su recurso, "cumplir voluntariamente la obligación de entrega a su cargo declarada en la sentencia", añaden sobre el inmueble en un escrito con fecha de este pasado martes, día 3.

FALLO

La sentencia, dictada el 2 de septiembre por la magistrada Marta Canales, declaró la nulidad de la donación efectuada en 1938 de "la finca denominada Torres o Pazo de Meirás al autoproclamado jefe del Estado, Francisco Franco Bahamonde, por carecer del requisito esencial de forma".

Además, condenó a la familia Franco a su devolución sin ser indemnizada por los gastos en los que esta parte alegó haber incurrido para el mantenimiento de la propiedad. Tras el fallo, los Franco presentaron un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de A Coruña que aún está pendiente de resolución.

El conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, ha anunciado este miércoles la incorporación de 15 científicos de prestigio internacional a las universidades gallegas en las próximas semanas.

El titular de Educación y el rector de la USC, Antonio López, han visitado este miércoles en Santiago los laboratorios del Centro de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas (CiMUS),en donde el representante autonómico ha puesto en valor la apuesta decidida de la Xunta por la investigación y la innovación.

Durante la visita a uno de los ocho centros de investigación punteros en Galicia, el titular de Educación ha destacado el compromiso de su departamento con la carrera investigadora y ha anunciado que la Administración autonómica ha resuelto la primera convocatoria del Programa de Atracción e Retención do Talento con la incorporación de estos 15 científicos, diez de ellos procedentes de fuera de la Comunidad y otros cinco ya en Galicia.

En concreto, la Universidade de Santiago de Compostela contará con cuatro de estos científicos, de los cuales dos desarrollarán su trabajo en el Instituto Galego de Físicas de Altas Enerxías (IGFAE), mientras que uno estará en el Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CIQUS) y otro en el Departamento de Filoloxía Galega da USC.

Además, en la Universidade de Vigo serán siete los InvestigadoresDistinguidos (cuatro de Atracción y tres de Retención) y cuatro en la Universidade de A Coruña, la UDC, tres de Atracción y uno de Retención.

La Xunta ha destacado que este programa, al que la Consellería destina un total de 5 millones, se suma al de formación y retención del personal investigador (con contratos predoctorales y posdoctorales), así como al apoyo que la Xunta mantiene con los grupos y estructuras de investigación.

CONVOCATORIA DE CONTRATOS

En el acto, preguntado por las denuncias de Investigal, colectivo que asegura que la Xunta no tiene intención de convocar las ayudas a contratos posdoctorales este año, el conselleiro ha sostenido que sí habrá otra convocatoria pero que estas "salen cuando técnicamente pueden salir. "Hay que ser conscientes de que no estamos en un escenario ordinario", ha señalado.

Precisamente, posteriormente, fuentes de la Consellería de Educación han precisado que, debido a la pandemia, ante el cierre de muchas instalaciones científicas y la necesidad de retorno de las personas desplazadas en otros países, el pasado mes de abril la Xunta acordó dar a los investigadores predoctorales y posdoctorales una prórroga de seis meses.

Según han explicado estas fuentes, la prórroga permite que la totalidad de los investigadores en formación tengan contrato en vigor hasta el 31 de diciembre de 2020, "algo inédito en el resto de España".

Además, han señalado que, muchas de estas personas que tienen prorrogado sus contrato, no podrían presentarse a las nuevas convocatorias si se publicasen en estos momentos.

ESFUERZO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD

Por otra parte, el conselleiro también ha puesto en valor el refuerzo del apoyo de la Xunta a las universidades gallegas con una inyección de casi 14 millones para hacer frente a los gastos derivados del contexto de la covid en el ámbito universitario.

Según ha destacado Román Rodríguez, esto permitiría "paliar" el sobre esfuerzo económico que ahora mismo realizan las universidades gallegas para garantizar la seguridad sanitaria. En este marco, ha puesto en valor el grado del consenso alcanzado entre los equipos rectorales de las universidades del SUG para el reparto de estos fondos.

La campaña 'Actúa. Hackea la Violencia Machista' que llevará a cabo el Gobierno de Canarias del 9 de noviembre al 6 de diciembre realizará un llamamiento a los varones de las islas para que sean aliados de las mujeres en la lucha contra esta lacra social.

Así se ha puesto este miércoles de manifiesto durante la presentación de la iniciativa de la mano del presidente canario, Ángel Víctor Torres, la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, la directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Kika Fumero, y los responsables del Igualdad de los cabildos.

En este sentido, desde el año 2003, un total de 93 mujeres han muerto en el archipiélago a manos de sus parejas o exparejas, tres de ellas en lo que llevamos de año.

Además, del 1 de enero y hasta el 30 de octubre de 2020, el Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género (SAMVV 1-1-2) ha recibido 13.218 llamadas, lo que supone un aumento del 7% respecto al mismo dato del año pasado con 769 llamadas más.

De este total, el 58% --7.800-- fueron de emergencia, lo que supone que se consideró que había un peligro inminente para la alertante, un porcentaje que representa una subida anual de tres puntos.

Ante estas cifras, el presidente hizo especial hincapié en que 'Actúa. Hackea la Violencia Machista' va dirigida a los hombres, "que somos los generadores de la violencia machista", de una manera didáctica, constructiva y contundente.

"Los datos de este año nos hacen ver que todavía queda muchísimos camino por andar", aseveró el máximo dirigente regional para resalta en que sólo durante este año se están recibiendo unas 43 llamadas de mujeres cada día.

Torres señaló de esta manera que con el confinamiento que ha provocado el coronavirus, "este 25N es mucho más necesario por el incremento de casos de violencia", ya que 51 mujeres han tenido que ser acogidas junto a 29 hijos durante los meses en los que no se podía salir de casa. IMAGEN DE UNIDAD DE TODA LA SOCIEDAD

En la misma línea estuvo Noemí Santana, quien vio como "muy necesario" dar una imagen de unidad de toda la sociedad para que ante la violencia machista se actúe de forma "conjunta e inminente".

"La campaña está especialmente dirigida hacia los hombres como aliados en la lucha por una sociedad igualitaria y sin violencia de género. Es un mensaje dirigido a los hombres para que en su día a día, en sus puestos de trabajo o en esas conversaciones que tienen con los amigos en las redes sociales también sean aliados no consintiendo que se lancen mensajes que atenten contra las mujeres", aseveró.

La consejera explicó que la campaña se basa especialmente en tres contextos digitales según el contexto de edad, ya que se abordará el mundo de los videojuegos, de los chats y de las redes sociales.

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN INTERNET

En este punto, la directora del ICI, Kika Fumero, dijo que el objetivo de la campaña dirigiéndose a los hombres es "conseguir que sean conscientes de la necesidad que tenemos como sociedad de posicionarse contra las violencias machistas, especialmente en las redes sociales".

"La pandemia, con el confinamiento, nos ha relegado a permanecer detrás de la pantallas y a tener internet como herramienta fundamental para comunicarnos; y la violencia en estos medios también ha aumentado", aseveró.

Finalmente, Isabel Martín, consejera de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote, que tomó la palabra en el acto en representación de todas las corporaciones insular, apuntó de igual modo que la expansión de las telecomunicaciones y de las nuevas tecnologías suponen nuevas formas de violencia.

Se refirió aquí al ciberacoso, al control a través del móvil, al acoso telefónico y a la difusión no consentida de imágenes de contenido sexual "con trágicas consecuencias en muchos casos".

El Gobierno de Cantabria ha decidido confinar todos los municipios desde las 18.00 horas de hoy y hasta el día 18 de noviembre, cuando finalizará también el cierre de la Comunidad Autónoma.

Así lo ha anunciado hoy el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, quien ha indicado que esta tarde se publicará un decreto con esta medida, a la que sucederán en los próximos días otras de reducción de aforos y movilidad, por las que se aplica en la región el nivel 3 de alerta del protocolo para el control de la transmisión de COVID-19.

En concreto, se contempla el cierre al público del interior de los bares y restaurantes -se podrá permanecer en las terrazas-, o limitar reuniones a un máximo de 6 personas en caso de no pertenecer al mismo grupo de convivencia. También se suprime la actividad en centros de ocio y ludotecas, así como las visitas en residencias de estudiantes.

Asimismo, se reduce el aforo en ceremonias nupciales, velatorios, lugares de culto, alojamientos, locales al aire libre, museos teatros, instalaciones culturales o comercios minoristas, en este último caso a un tercio.

Las instalaciones deportivas se podrán utilizar en grupos de máximo seis personas, y en las piscinas y playas para uso deportivo se podrá realizar actividad en grupos de hasta 30 personas.

En cuanto al cierre de municipios, solo se podrá incumplir para causas de fuerza mayor o justificadas, como acudir a centros sanitarios, a cuidar de personas dependientes, al trabajo o centros de estudios -colegios o universidades-, volver al lugar de residencia habitual o renovar permisos y trámites, entre otras.

Revilla ha asegurado que Cantabria está en un momento "muy complicado" y en una situación "gravísima", y hay que actuar "con rotundidad", por lo que "hay que adoptar esta medida, actuar con rigor".

"Pido a los ciudadanos que lo entiendan y se cumpla porque "no hay otra", y siempre bajo las recomendaciones de los sanitarios. "Esto no tiene que ver con abril y mayo, pero hay que llevarle con rigor y evitar en lo posible no estar con más de cuatro personas". "Son 14 días y si lo hacemos, estoy seguro que la curva a volver a bajar".

"Si queremos recuperar la actividad económica para Navidad, esto hay que hacerlo. E intentaremos paliar la situación que se provoca a empresarios y autónomos, sobre todo en hostelería", ha dicho.

Revilla ha insistido en que en Cantabria "no somos los peores", pero si no se toman este tipo de medidas se puede llegar a una situación "insoportable" desde el punto de vista de la presión hospitalaria, pese a que de momento la comunidad autónoma es la segunda menos afectada en este ámbito.

El confinamiento de municipios se ha decidido tras conocer ayer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que anula la resolución del Gobierno para modificar el calendario escolar y suspender la semana de vacaciones prevista del 2 al 6 de noviembre, que argumentaba que los colegios son el lugar "más seguro" y que el periodo no lectivo supondría el trasiego de 120.000 familias por la región, con el consiguiente riesgo para la evolución de la pandemia.

Revilla ya advirtió la semana pasada que esa medida se tomaba porque era la "única" opción para evitar cerrar todos los municipios, por lo que, tras tumbar la Justicia la decisión del Gobierno alegando que no se ha justificado lo suficiente, ha dicho que "no queda otra que acatar la sentencia" pero el Ejecutivo ha optado por la alternativa del confinamiento por ayuntamientos.

Por el momento el presidente intenta evitar "en la medida de lo posible" el confinamiento total, "lo que no quiere decir" que si empeora la situación haya que tomar más medidas, ha advertido. Pero ha insistido en que "hay una pandemia económica superpuesta a una sanitaria" y un aislamiento como el de la primera ola "sería catastrófico" y podría "llevarse a más gente" que el propio virus.

Por ello ha explicado que se toman medidas intentando buscar un equilibrio entre preservar la salud pública y no acabar del todo con la actividad económica, además de que éstas se irán "flexibilizando" en cuanto los datos de la pandemia vayan mejorando.

Sin embargo, por el momento hay que tomar medidas "muy dolorosas y duras", porque hay un "relajamiento muy grande" entre la población y se ha comprobado que las recomendaciones "no valen", "la gente no hace caso", ha sentenciado Revilla.

El presidente ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles para informar de las nuevas restricciones junto al vicepresidente, Pablo Zuloaga; el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez; y la directora general de Salud Pública, Paloma Navas.

En la misma línea que Revilla, Zuloaga ha dicho que las medidas se toman para que no aumente la presión hospitalaria y que eran "de imperiosa necesidad" tras batir récord estos días en las cifras de nuevos contagios diarios, superiores a las de la primera ola.

Ha detallado que a día de hoy la ocupación de camas hospitalarias por pacientes Covid es del 10,5% y en la UCI del 15,5%, siendo la segunda comunidad con menos presión, por lo que hay que "preservar" ese indicador.

"Estamos rodeados de comunidades en riesgo extremo" y circunstancias "muchísimo peores", pero "es necesario bajar la curva", ha advertido, destacando que puede parecer que las medidas que se toman son "improvisadas, pero son inmediatas" gracias a que los expertos de Salud Pública están pendientes "minuto a minuto" de la evolución".

El vicepresidente ha asegurado que si Cantabria está mejor es gracias al esfuerzo de los cántabros, especialmente de los sanitarios, y ha avanzado que la semana que viene se incorporarán 10 a la región 10 nuevos rastreadores. DATOS

Por su parte, el consejero de Sanidad ha destacado los indicadores que han hecho que Cantabria pase al nivel 3 de los 4 de alerta. La incidencia acumulada se sitúa en riesgo muy alto, siendo a los 14 días de 428 casos por cada 100.000 habitantes; y a los 7 días, de 230 casos por 100.000 habitantes. La incidencia acumulada a 14 días en mayores de 65 años es de 366 casos y a 7 días de 204.

Por su parte, la positividad de las pruebas de Covid (del 13,3%) y los indicadores asistenciales (la ocupación hospitalaria) son de nivel alto.

Rodríguez ha reiterado que se tiene que frenar la curva para no llegar a saturar los hospitales y ha advertido que se toman medidas porque las previsiones para los próximos días "no son buenas", "no van a ser de descenso de los indicadores asistenciales, como mucho de mantenimiento y posiblemente de aumento".

LIMITAR BURBUJAS

Así, ha pedido responsabilidad y "limitar al máximo" los contactos y la movilidad fuera del domicilio.

En este sentido, la directora general de Salud Pública ha recalcado que "todavía no se ha comprendido bien" el sentido de las burbujas de convivencia, ya que se trata de reducir el número de personas con las que alguien se relaciona sin mascarilla a seis en todo momento, y cuando hay más miembros actúan como "diseminador", por lo que hasta que no se reduzcan los grupos "no bajaremos la curva".

Así, cuando hay una burbuja de convivencia de tres personas, como dos padres y un hijo, solo se podrían relacionar en total con otros tres, formando ya el grupo de seis, ha ejemplificado. "El concepto de burbuja todavía es muy grande, hay que limitar muchísimo más", ha insistido, asegurando que, si se hace, en 15 días tendría resultados en el número de contagios.

El Ayuntamiento de A Coruña ha presentado a la Dirección Xeral de Patrimonio el expediente para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) la Casa Cornide, propiedad de la familia Franco, por, entre otros descubrimientos, ser "patrimonio pétreo" de otros edificios, según el estudio histórico-artístico realizado por varios expertos.

El profesor universitario Alfredo Vigo Trasancos, que encabezó el proyecto, concluye, pues, que el edificio es el "testimonio pétreo" de otros inmuebles: el propio domicilio de José Cornide, figura "capital" de la Ilustración española; del Hospital de la Caridad de A Coruña, que fundó Teresa Herrera, y del Hospital Real de Santiago, actual Hostal de los Reyes Católicos.

En la presentación del estudio, el experto explicó que con materiales del desaparecido Hospital de la Caridad se amplió el edificio y una escalera interior y apuntó que en el salón principal hay dos arcos de piedra que "es probable", argumentó, que provengan del Hospital Real de Santiago cuando se reformó, y que son de estilo tardogótico.

El estudio también destaca que la casa tiene o tuvo un "patrimonio mueble" valioso. En el "zaguán", dijo, el propio Cornide guardó una piedra con una inscripción que "conmemoraba" la restauración de la Torre de Hércules de 1685, que ahora está en el Museo Arqueológico. Y también estuvieron "almacenadas" durante una década, afirmó, las estatuas del Pórtico de la Gloria que ahora están en el pazo de Meirás.

"Monumento ya lo es, pero esperemos que ahora tenga la declaración oficialmente", deseó Vigo Trasancos, que considera que el inmueble es "excepcional", dijo, por sus "formas curvas", que evidencian sus influencias francesas. Hay ejemplos "paralelos", añadió, en el país galo.

PLAZOS

La empresa Tornos, con un equipo de nueve personas, también realizó un informe complementario para adjuntar el expediente. El responsable de esta parte del informe, Santiago Vázquez explicó que la documentación será estudiada por los técnicos de la Consellería de Cultura, que también requerirá informes de instituciones "ajenas.

Si en el plazo de seis meses no hay contestación, dijo, quedará desestimada la petición del Ayuntamiento. En caso de que la Xunta sí que admita las pretensiones del Gobierno local, la decisión iría al Consello da Xunta y después la Casa Cornide sería declarada BIC por decreto. Mientras, alertó el experto, el edificio está protegido por el plan urbanístico de la ciudad, pero solo en su exterior y recordó que está a la venta en un portal web inmobiliario.

La alcaldesa, Inés Rey, remarcó el "compromiso" del Gobierno local con la recuperación de la memoria histórica a través de este "ejemplo" y para revertir los bienes que, señaló, "fueron expoliados y que queremos que reviertan en patrimonio público".

Por su parte, el concejal de Memoria Histórica, Jesús Celemín, mantuvo que varios técnicos trabajan desde hace "muchos meses" en preparar la documentación para acudir a la justicia a exigir la devolución del edificio, sin ofrecer ninguna fecha concreta para iniciar este proceso.

PAZO DE MEIRÁS

Rey dijo "celebrar" que la familia Franco "acate" la sentencia sobre el pazo de Meirás y considera que es el "primer paso" para la recuperación de la casa para la ciudadanía. Según la alcaldesa, la situación es "una anomalía democrática" y criticó la "confusión" que existe aún en la actualidad sobre "la condición de jefe de Estado y la de persona física" de Franco.

"No está demás que se aclare en algún momento de dónde viene semejante patrimonio", manifestó en referencia a la familia del dictador. Rey considera que Meirás es otro "caso flagrante", como el de la Casa Cornide, de "cómo hacían que el patrimonio público fuera para su propio disfrute".

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha afirmado este miércoles que la previsión de ingresos contemplada en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 no puede calificarse de optimista, sino de "rigurosa", y que está sometida a la incertidumbre de cómo evolucionará la pandemia.

Montero ha respondido así al ser preguntada por las declaraciones del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en las que aseguraba que las previsiones del Gobierno en los PGE del próximo año son "optimistas".

La ministra, que ha comparecido ante la prensa en la sede de CC.OO. antes de reunirse con la cúpula del sindicato para explicarle las líneas básicas de los PGE, ha subrayado que las palabras del gobernador pueden enmarcarse en la "crítica generalizada" que se le está haciendo a todos los países europeos por el escenario de incertidumbre en el que están presentando sus cuentas.

"La recaudación está más mantenida que en anteriores crisis por el hecho de que el Gobierno ha desplegado una batería de medidas para proteger las rentas, lo que garantiza ingresos, y yo lo la llamaría optimista, sino rigurosa, pero sometida a los vaivenes del ciclo económico", ha señalado Montero, que ha destacado además que los datos económicos, como los del tercer trimestre, están siendo mejores "de lo que algunos agoreros" planteaban en el primer momento.

La ministra ha indicado que la opinión del Banco de España es "importante" para el Gobierno y que deben resaltarse también las cosas buenas que el gobernador ha dicho acerca de los Presupuestos. En todo caso, ha insistido en que las cuentas se han hecho "con mucho rigor y con sentido común", teniendo en cuenta la información disponible en el momento y sabiendo que están sujetas a la incertidumbre internacional.

Asimismo, Montero ha insistido que, para preservar los elementos básicos del sistema económico y proteger al mismo tiempo la salud, lo que se necesita es ser "contundente" para atajar los rebrotes del virus.

SORDO PIDE AL GOBIERNO "QUE NO SE DEJE ACORRALAR"

En la misma línea, el líder de CC.OO., Unai Sordo, ha señalado que el proyecto de Presupuestos se ha armado sobre un determinado cuadro económico "muy sujeto" a la evolución de la pandemia, por lo que las afirmaciones del gobernador del Banco de España son "casi una obviedad".

"Hasta que se controle la pandemia nos vamos a mover en un marco de incertidumbre y la mejor manera de saltar por encima de esa incertidumbre es tomar medidas para la contención de la pandemia. Tener una política más laxa para salvar la Campaña de Navidad puede llevar a tener el país parado en el mes de febrero", ha señalado Sordo.

En todo caso, el dirigente sindical, en su valoración sobre los PGE, ha indicado que, según los cálculos del sindicato, la mejora de los ingresos será de unos 3.500 millones de euros en 2021 y no de 6.000 millones, como prevé el Gobierno en el proyecto.

El líder de CC.OO. cree que las previsiones de recaudación en IRPF y Sociedades son "muy modestas" y que, en cambio, "se han sobredimensionado" las estimaciones de ingresos por IVA y por las tasas Google y Tobin.

Para Sordo, los PGE de 2021 tienen un alcance "muy modesto en materia fiscal" por el hecho de que el Gobierno contará con transferencias europeas para financiarse. Y pese a esa "modestia" y falta de ambición en materia fiscal, el líder de CC.OO. ha advertido de que habrá una campaña desde diferentes sectores proclamando que los Presupuestos suponen un "importante hachazo fiscal".

"Yo insto al Gobierno a que no se deje acorralar por esa constante hipérbole, hagan lo que hagan en materia fiscal", ha apuntado Sordo, que recordado que Mariano Rajoy realizó en 2012 una reforma fiscal que procuró 12.000 millones de euros adicionales en ingresos "y entonces nadie se rasgó las vestiduras".

"Aquí tenemos unos Presupuestos que no van a mejorar en más de 3.500 millones los ingresos y se va a montar la de Dios con el concepto de hachazo fiscal porque se quiere instalar la idea de que los gobiernos progresistas son gobiernos extractivos en materia fiscal", ha criticado.

En cualquier caso, Sordo ha emplazado al Gobierno a que prepara a los ciudadanos y les diga claramente que si se quieren mejorar la economía, los servicios públicos, las infraestructuras, etc., España tiene que recaudar lo mismo que los países de su entorno, es decir, que debe aumentar la recaudación en unos 70.000 millones de euros. "España tiene que hacer ese viaje en esta legislatura y seguramente en los próximos seis o siete años, a través de un sistema fiscal mucho más eficiente y ambicioso", ha concluido.

Los positivos por PCR detectados en miembros de la comunidad educativa han obligado a la Consejería de Educación a cerrar 18 nuevas aulas en siete de las nueve provincias de Castilla y León, todas salvo Segovia y Zamora.

La medida afecta este miércoles a cinco grupos de Ávila, un aula en Burgos, dos en León, tres de Palencia, dos en Salamanca, otras dos en Soria y tres de Valladolid, según los datos facilitados por la Consejería.

En concreto, en la provincia de Ávila la medida afecta a grupo en el CRA Moraña Baja, a otro en el CEIP El Zaire, un aula del CEIP Santo Tomás de Ávila, a otro del CEIP San Juan de la Cruz y a otro grupo del CRA Alto Gredos; en Burgos a un grupo de Educación Infantil en el CEIP 'Fuentes Blancas, y en León un grupo del CEIP La Biesca en Canales de La Magdalena y a un aula del CEIP Valentín García Yebra en Ponferrada.

En Salamanca la medida afecta a un grupo del Colegio Concertado San Agustín, y a otro grupo del CEIP Meléndez Valdés, ambos en la capital, mientras que en Palencia se encuentran afectados un grupo del CEIP Sofía Tartilán y otro del CEIP Modesto La Fuente de la capital, así como una tercera del Centro Don Bosco de Villamuriel de Cerrato.

Por último, en Soria, se ha puesto en cuarentena a un grupo unitario, en la localidad de Rioseco, perteneciente al CRA Tierras de Berlanga, y a un aula de segundo ciclo de Infantil del CEIP Numancia, de la capita; mientras que en Valladolid la medida afecta a dos grupos del CEE Número 1 y a otro del Colegio La Inmaculada Misioneras.

Los equipos COVID-colegios realizarán pruebas diagnósticas PCR a alumnos y profesores que hayan mantenido contacto estrecho con los casos positivos. En estos momentos, hay un total de 181 aulas en cuarentena en Castilla y León, diez más que en la jornada anterior.

En concreto, de las 181 aulas cuarentenadas 20 son de Ávila; 41 de Burgos; 22 de la provincia de León; 21 de Palencia; 13 de Salamanca; seis de Segovia; diez de Soria; 34 de la provincia de Valladolid y 14 de Zamora.

En cuanto a los resultados de las pruebas PCR realizadas por los equipos COVID-colegios a los miembros de la comunidad educativa que han entrado en cuarentena, desde que empezara el curso se han confirmado 221 casos de alumnos y 25 de trabajadores con PCR positiva.

La Junta de Castilla y León recuerda a los padres de los niños que estén pendientes de resultados de PCR que no los lleven a su centro educativo hasta que no termine el periodo de cuarentena.

La provincia de Málaga acumula un total de 727 confirmados por Pruebas Diagnósticas de Infección Activa (PDIA) en residencias de mayores, de los que 507 han sido mujeres y 220, hombres. Además, el número de fallecidos que viven en estos centros asciende a 128 desde el inicio de la pandemia del COVID-19 y 441 los curados.

Así, según los datos de la Consejería de Salud y Familias, consultados por Europa Press, el número de confirmados PDIA en las últimas dos semanas es de 48, 26 en el caso de los últimos siete días. En ambos casos, siempre es mayor el número de positivos entre las mujeres.

Respecto al número de personas fallecidas que vivían en residencias de mayores en la provincia de Málaga, de las 128 registradas, 78 han sido mujeres y 50, hombres, se indica en los datos estadísticos de la Junta de Andalucía.

De los 727 positivos, 247 se han dado en el distrito Málaga; 159 en el Costa del Sol, 127 en el Valle del Guadalhorce, 117 en el distrito sanitario La Vega, 52 en Serranía de Málaga y 25 en la comarca de la Axarquía.

Málaga es la cuarta provincia de Andalucía en cuanto a positivos confirmados que viven en residencias de mayores, por detrás de Sevilla (1.139), Granada (827) y Córdoba (790). Tras la provincia malagueña se sitúan Jaén (721), Cádiz (451), Almería (219) y Huelva (40).

En el total de Andalucía, el número de positivos confirmados que viven en residencias de mayores asciende, desde el inicio de la pandemia, a 4.932 personas (1.511 hombres y 3.421 mujeres), registrándose 931 fallecimientos, también féminas en su mayoría, con 582. En 14 días los confirmados PDIA en la región se eleva a 512, 227 en la última semana.

Actualmente en la provincia de Málaga, según los datos de la Consejería de Salud y Familias, están medicalizadas la residencia Domusvi Azalea de Marbella, los centros residenciales Tilodisa de Cuevas de San Marcos y Casa Conde Pinofiel de Antequera, y la residencia de asistidos Tercera Edad de Archidona.

El escritor César Pérez Gellida ha descendido literalmente a las alcantarillas de Valladolid para planear el "robo perfecto" en 'La suerte del enano', su nueva novela, la cual sale a la venta este jueves, 5 de noviembre.

En 'La suerte del enano', una misteriosa cabeza pensante conocida como 'El Espantapájaros' prepara el robo de 'El martirio de San Sebastián', de Alonso Berruguete, en el Museo Nacional de Escultura a través del alcantarillado de la capital vallisoletana, para lo que cuenta en su equipo con un exminero, un pocero y un sicario.

Lo que se contemplaba como un trabajo "limpio", se complica con varios muertos y la desaparición de la talla robada. Frente a este grupo criminal se encuentra la inspectora Sara Robles, jefa del Grupo de Homicidios de Valladolid, quien se convierte así en la primera protagonista femenina de las novelas de Pérez Gellida, quien ya en anteriores trabajos había dibujado personajes de mujer con un gran peso en la trama como Erika Lopategui.

Para componer este relato, el autor ha descendido literalmente a las cloacas de Valladolid, ya que recorrió el colector de aguas residuales de la ciudad y las angostas galerías del subsuelo urbano en compañía de profesionales de este ámbito, según ha informado Suma de letras, sello responsable de la edición de este libro, a través de un comunicado.

A medida que avance la trama, el lector irá descubriendo la sombra de una mafia rusa que se sirve de la posterior venta de estas obras de arte robadas para blanquear dinero y su deseo de no dejar testigo hará aumentar el número de fallecidos fuera de lo normal para una ciudad como Valladolid.

La historia de este grupo criminal afincado en la Costa del Sol y la del ladrón y falsificador Espantapájaros avanzarán de la mano, cuando no se entrecrucen por las casi 600 páginas de la novela.

EL AUTOR

César Pérez Gellida nació en Valladolid en 1974. Es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Valladolid y máster en Dirección Comercial y Marketing por la Cámara de Comercio de Valladolid.

Desarrolló su carrera profesional en empresas vinculadas con el mundo de las telecomunicaciones y la industria audiovisual hasta que, en 2011, decidió dedicarse en exclusiva a su carrera de escritor. Irrumpió en el mundo editorial con 'Memento morí', que obtuvo el premio Racimo de literatura 2012.

Constituía la primera parte de la trilogía 'Versos, canciones y trocitos de carne', que continuó con 'Dies irae' y se cerró con 'Consummatum est' y por la cual le fue otorgada la Medalla de Honor de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses 2014 y el Premio Piñón de Oro como vallisoletano ilustre.

En 2015 publicó 'Khimera', su cuarta novela, y en 2016 inició su segunda trilogía, 'Refranes, canciones y rastros de sangre', con 'Sarna con gusto', a la que siguió meses después 'Cuchillo de palo' y que cerraría en marzo de 2017 'A grandes males'.

Con la aparición de 'Konets', en noviembre de 2017, enlazó ambas trilogías y 'Khimera', poniendo un magnífico broche que servía de colofón y ataba todos los cabos que dejó sueltos en sus tramas precedentes.

Posteriormente, publicó las obras 'Todo lo mejor' y 'Todo lo peor', ambientadas en el Berlín de los años ochenta, que servían al tiempo como incursión en el thriller de espionaje de la Guerra Fría y como 'flashback' para comprender mejor el origen de alguno de sus personajes habituales.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Málaga capital a un joven de 22 años y nacionalidad española como presunto responsable de un delito de malos tratos en el ámbito familiar, ya que, supuestamente, amenazó a su madre, con la que convive, y agredió a su padre cuando este intentaba mediar.

Según han informado desde la Comisaría provincial, el arrestado tuvo una discusión con su madre en el transcurso de la cual fracturó parte del mobiliario de la vivienda y le profirió amenazas de muerte. La progenitora solicitó auxilio a su expareja, padre del joven, que también fue agredido al intentar mediar en la disputa.

Los hechos ocurrieron sobre las 23.00 horas del martes cuando una dotación policial fue requerida por el Centro Inteligente de Mando de Comunicación y Control para acudir a un domicilio donde se estaba produciendo una discusión familiar, han precisado a través de un comunicado.

Una vez en el lugar, los agentes atendieron a los requirentes --una mujer y su expareja-- quienes manifestaron que, aunque no conviven, el hombre se encontraba en la vivienda porque su hijo había amenazado de muerte a la madre tras un altercado y temía que la agrediera como en otras ocasiones.

Además, durante la riña, el presunto autor de los malos tratos también habría golpeado a su padre en la cabeza mientras éste trataba de mediar entre ellos. Según las primeras pesquisas, estos hechos se habrían producido en más de una ocasión, si bien, los progenitores nunca lo habían denunciado.

Finalmente, los agentes procedieron a la detención del joven por un delito de malos tratos en el ámbito familiar. El arrestado ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 8 en funciones de guardia de detenidos.

Ciudadanos acudirá al Tribunal Constitucional, a la Unión Europea, al Defensor del Pueblo y a la Alta Inspección educativa para evitar que la futura ley de educación impulsada por el Gobierno permita eliminar el castellano como lengua vehicular en los colegios de las comunidades autónomas donde hay otro idioma cooficial.

Así lo ha anunciado este miércoles la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, a través de un mensaje y un vídeo en su cuenta de Twitter, donde ha rechazado la enmienda conjunta que el PSOE, Unidas Podemos y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) han presentado en el Congreso al proyecto de ley promovido por la ministra de Educación, Isabel Celaá.

La enmienda, impulsada por ERC, pretende introducir la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan determinar cuál es la lengua vehicular de su territorio en el ámbito educativo, aunque las fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press aseguran que la educación en castellano estaría garantizada.

El objetivo de esta iniciativa, que se someterá a votación este jueves en la Ponencia de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, es blindar la inmersión lingüística en Cataluña, garantizar el conocimiento de todas las lenguas cooficiales del Estado y que la medida tenga encaje constitucional.

"BLINDAR POR LEY" LA VULNERACIÓN DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS

La líder de la formación naranja ha afirmado en su mensaje que la "inacción" de los gobiernos del PP y del PSOE durante décadas "ha permitido que se vulneren derechos lingüísticos y que el español no sea lengua vehicular" en las escuelas de algunas comunidades.

Ciudadanos, durante todos estos años, lo ha "denunciado ante Europa y ante muchas instituciones, porque se incumplen sentencias de los tribunales clarísimas y derechos fundamentales", ha destacado.

Según ha advertido, esta situación supone un "atropello" a los derechos de los alumnos que ahora los partidos del Gobierno de Pedro Sánchez pretenden "blindar por ley". Por ello, "no nos vamos a quedar callados, lo vamos a denunciar ante el Tribunal Constitucional, ante el Defensor del Pueblo, ante la Alta Inspección educativa y ante Europa", ha indicado.

Arrimadas ha expresado su rechazo hacia el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos --"ya sabíamos que era capaz de hacer estas cosas", ha dicho-- y ha recordado que, tras las elecciones de noviembre, Cs intentó evitar esa coalición proponiendo un acuerdo a tres bandas con el PSOE y el PP que estos dos partidos rehusaron.

Una vez hecha esta aclaración, ha afirmado que la posición de Ciudadanos ante la "situación dramática" que vive España, por la pandemia del coronavirus y por la crisis económica y social, no variará.

"Vamos a seguir haciendo lo que hacemos", continuar "tendiendo la mano a todos los españoles para salvar vidas y empleos, pero siendo firmes contra los atropellos de este Gobierno", ha manifestado, añadiendo que "España lo necesita y los ciudadanos se lo merecen".

INTENTAR MEJORAR LOS PRESUPUESTOS

El partido de Inés Arrimadas se ofreció hace meses a contribuir a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021. Cuando el Ejecutivo presentó su proyecto de ley la semana pasada, Cs confirmó su disposición a apoyar la tramitación parlamentaria y a entablar una negociación, pues el documento tenía en cuenta varias condiciones que había puesto para limitar las subidas de impuestos.

Este mismo miércoles, en la Comisión de Presupuestos del Congreso, la portavoz de Ciudadanos, María Muñoz, ha dejado claro que son unos PGE que no les gustan y que su partido no los habría diseñado como lo ha hecho el Gobierno de Sánchez. Considera, por ejemplo, que contienen "muchas partidas para financiar gastos corrientes" y "no piensan en invertir en el futuro con efectos multiplicadores".

"Tampoco nos gusta el Gobierno que ha elaborado estos Presupuestos", pero "somos un partido responsable y vamos a intentar trabajar por mejorar estas cuentas públicas en la medida de nuestras posibilidades, de nuestro alcance, para que sean lo mejor posibles para los españoles y para el futuro de nuestro país", ha explicado.