El Consell de Mallorca ha presentado este miércoles las actividades que se organizarán con motivo del Día Internacional para la eliminación de las violencias machistas, el próximo 25 de noviembre, reivindicando la necesidad de estas iniciativas después de conocerse el segundo asesinato de una mujer a manos de su pareja en menos de un mes en Mallorca.

La consellera insular de Presidencia, Teresa Suárez, ha resaltado que de nuevo ha quedado probado que es más necesario que nunca "perseguir las violencias machistas, reforzar la responsabilidad colectiva hacia la realidad y no pensar que se trata de hechos aislados".

La rueda de prensa para presentar la programación ha servido para expresar la condena y rechazo de la institución al asesinato machista ocurrido este martes en Palma.

Antes de la rueda de prensa, la presidenta de la institución insular, Catalina Cladera, y las vicepresidentas Aurora Ribot y Bel Busquets, han asistido en la plaza Cort a la convocatoria del Ayuntamiento de Palma. Suárez, por su parte, se ha sumado al acto convocado en Consolat de Mar.

Suárez ha reclamado sensibilización y no dar la espalda a una realidad "que mata a las mujeres" para que la sociedad mallorquina entienda que afecta a todos.

Según han explicado, el Consell ha puesto este año especial hincapié en dirigirse por un lado, a profesionales y estudiantes de los ámbitos de la atención social, y por otra, a los hombres, con el objetivo que se incorporen de manera firme y constante a la lucha por la igualdad.

"La violencia machista la causan los hombres y la sufren las mujeres", ha apuntado la directora insular de Igualdad y Diversidad, Rosa Cursach, que ha subrayado la voluntad del Consell de Mallorca de seguir trabajando en todos los frentes, desde la prevención, la atención a las mujeres que sufren o han sufrido violencias, la protección y la reparación del daño.

La programación se ha adaptado este año a la pandemia y se hará de manera telemática y con difusión a través de Youtube en el caso de las actividades abiertas al público.

Por un lado, este jueves comienzan las jornadas 'Perspectiva feminista en el abordaje de las violencias machistas', con sesiones programadas durante los próximos cuatro jueves, y a la cual se han inscrito 90 participantes, la mayoría estudiantes y profesionales.

También se ha programado el taller 'Reaccionamos. Diálogos para la Igualdad', a cargo de Enrique Urbano, doctor en Estudios Interdisciplinarios de Género, y Justo Fernández, divulgador y activista por la Igualdad.

Según han explicado, se trata de un taller dirigido exclusivamente a hombres, organizado en colaboración con la asociación Homes Transitant; y una conferencia abierta a cargo de Octavio Salazar, catedrático experto de la Universidad de Córdoba, que apela a la "necesaria revolución masculina".

El día 23, como ya es habitual, se desplegará el banderín reivindicativo y la invitación a los ayuntamientos a sumarse. El día 25 se celebrará un acto institucional en la sede del Consell de Mallorca, en el que se leerá un manifiesto.

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha reprochado al Gobierno que el estado de alarma "no es descentralizado" como se había prometido en un primer momento, y ha pedido a las fuerzas parlamentarias unirse para exigir compromisos al Ejecutivo.

Durante su comparecencia en el pleno del Parlament de este miércoles para rendir cuentas sobre las acciones del Govern en la segunda ola de coronavirus, Budó ha recordado que se prometió que el estado de alarma sería descentralizado y que permitiría a los gobiernos autonómicos tomar medidas: "Que nos daría este paraguas jurídico para poder tomar nuestras propias decisiones. Pero la realidad es que de descentralizado nada de nada", ha zanjado.

Budó le ha exigido al Gobierno, entre otras, medidas en el ámbito económico con más créditos y liquidez para pymes, la suspensión o moratoria del pago de impuestos de alquileres y suministros, acceso a créditos internacionales, y "endeudarse todo lo que haga falta".

Por otro lado, ha defendido la efectividad de las nuevas restricciones de movilidad aplicadas por el Govern con el confinamiento perimetral los fines de semana que, asegura, han tenido impacto para disminuir la ratio de transmisión: "Comenzamos a ver algunos indicadores que empiezan a reducirse".

Budó ha hecho un llamamiento a dar un vuelco a los datos actuales porque, aunque el ritmo de contagios ha empezado a disminuir, "aún es elevado", y es necesario doblar la curva hasta asumir cifras que permitan volver a la normalidad de la movilidad.

Como ejemplo, ha celebrado que durante el primer fin de semana de confinamiento perimetral de municipios se ha producido una reducción "drástica" de la movilidad, con un descenso del 46% en el entorno metropolitano y del 40% en los grandes corredores.

RENDIMIENTO DE CUENTAS

Budó ha afirmado que el Govern es responsable y que defiende y ejerce el rendimiento de cuentas sobre las medidas adoptadas durante la segunda ola: "Por eso hoy estamos aquí en esta comparecencia, porque el Govern desde el inicio de la pandemia ha comparecido en varias ocasiones para rendir cuentas de las medidas que se han ido tomando".

Ha recordado que también el 7 de octubre se celebró un debate monográfico sobre Covid-19 y que este rendimiento de cuentas demuestra que, para el Govern, el Covid-19 es su "prioridad" y que todas las consellerias están concentrando esfuerzos para tomar las medidas idóneas.

Baleares ha guardado este miércoles a las 12.00 horas un minuto de silencio para condenar el asesinato de una mujer en el Secar de la Real (Palma) presuntamente a manos de su pareja.

El presidente del Parlament, Vicenç Thomas, miembros del Govern y diputados de la Cámara balear han guardado el minuto de silencio a las puertas del Consolat de Mar.

Se trata de la tercera mujer que muere asesinada este año en las Islas por su pareja o expareja. De acuerdo con el Ejecutivo autonómico, desde el año 2003, ha habido 38 crímenes por violencia de género. El pasado 21 de julio, una mujer de 52 años murió debido a una paliza que le había dado su pareja días antes y, hace sólo tres semanas, el pasado 15 de octubre, otra mujer de 37 años fue asesinada por su expareja en Peguera (Calvià).

El Govern se personará como acusación particular en este caso, puesto que así lo hace en todos los casos de muerte o lesiones graves de cariz machista desde el año 2008.

"Este minuto de silencio no es simbólico, es un minuto de silencio que quiere expresar nuestro rechazo por este asesinato y nuestro compromiso para continuar luchando contra esta barbaridad que de cada vez está más presente en nuestra comunidad autónoma", ha declarado la consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago.

La consellera ha insistido en que "el compromiso de las administraciones públicas tiene que ser el de continuar luchando y de mandar un mensaje claro y contundente de tolerancia cero ante este tipo de violencia".

Por su parte, la consellera de Presidencia del Consell de Mallorca, Teresa Suárez, también ha condenado el crimen machista "de manera rotunda" y ha reclamado que "toda la sociedad mallorquina, mujeres y hombres, trabajen de una forma conjunta para erradicar el machismo que es el que produce muertes como ésta".

Este minuto de silencio también se ha guardado a las 12.00 horas a las puertas del Ayuntamiento de Palma, donde la delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo, ha recordado a los hijos de la víctima, "que quedan a en una situación complicadísima". "Es una lacra social que hemos de combatir, esta mala noticia no ha de desviar la atención hacia la rendición sino a lo contrario, hay que dar pasos cada día para combatir esta gran tragedia social", ha indicado.

LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS EXPRESAN SU RECHAZO

A las puertas del Consolat de Mar, el presidente del Parlament, Vicenç Thomas, también ha trasladado el pésame a la familia y amistades de la víctima y ha destacado que se trata de "un problema que ha de resolver el conjunto de la sociedad".

Desde el Grupo Popular, la diputada Núria Riera ha manifestado su "indignación y tristeza". "Pensamos que es una lacra social que hay que vencer entre todos", ha señalado.

Asimismo, la diputada y portavoz adjunta de Cs en la Cámara balear, Patricia Guasp, ha apelado a la unidad "para no dar un paso atrás en la lucha de esta lacra social y en los derechos de las mujeres".

Desde el Ejecutivo balear han recordado que las mujeres víctimas de violencia machista y su entorno pueden contactar con el servicio 24 horas del Institut Balear de la Dona a través del teléfono 971 17 89 89 o vía Whatsapp al 639 837 476. También está disponible el teléfono de atención a las víctimas 016 y, en caso de urgencia, el 112.

El conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, ha puesto en valor el fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que rechaza obligar a la Xunta a impartir clases online y permitir el absentismo escolar.

"Ir a clase es un derecho que costó mucho trabajo a la sociedad adquirir, pero también es una obligación", ha manifestado el titular de Educación al ser preguntado por la sentencia del TSXG que rechaza imponer la consellería la adopción de las medidas cautelosísimas solicitadas por una de las familias contrarias a que sus hijos asistan a clase de forma presencial durante la pandemia de la covid-19.

Al respecto, Román Rodríguez ha subrayado que el posicionamiento del TSXG "es claro", como "también es claro el informe de la Abogacía del Estado respecto a este tema". "Los alumnos tienen la obligación de ir a clase en las etapas correspondientes, salvo una serie de circunstancias que tienen que ser avaladas desde la perspectiva sanitaria", ha indicado.

El conselleiro ha indicado que el fallo señala que "prima absolutamente el criterio sanitario" y que "tienen que ser los sanitarios los que digan si se debe habilitar una respuesta educativa o no en los casos que se plantee esta demanda.

Con todo, ha señalado que la Xunta es "tremendamente sensible" a estas circunstancias, "que son muy puntuales y concretas". Por ello, ha recordado que se habilitarán comisiones específicas para analizar, evaluar y dar soluciones a las demandas en esta materia.

Conforme ha señalado, estos órganos estarán integrados por personal de las consellerías de Educación, Sanidade y Política Social, así como de los ayuntamientos para dar una "respuesta integral" que "siempre defienda el interés del alumno".

"Se evaluará cada caso concreto para dar una respuesta educativa para que la situación sanitaria no afecte al derecho a la educación que tienen los niños", ha subrayado.

Una comitiva judicial por orden del Juzgado de Primera Instancia 16 de Barcelona ha desalojado a partir de las 8 horas de este miércoles a Angela Dobrowolski, esposa y en proceso de separación del productor de televisión Josep Maria Mainat, de la casa que ambos compartieron como domicilio familiar.

Según ha podido comprobar, a las 8 horas de este miércoles ha entrado la comitiva judicial a la casa, y sobre las 9 horas agentes de Mossos d'Esquadra han cambiado la cerradura de la puerta principal de la vivienda.

La jueza encargada de la causa ordenó el desalojo tras acordar que Dobrowolski, investigada por presuntamente intentar asesinar a Mainat, debía abandonar la casa en la que ha vivido el matrimonio durante 11 años, y a Mainat le ha otorgado el uso de la residencia y la custodia de sus hijos.

Según han explicado varios vecinos de la zona, la noche del martes Angela Dobrowolski supuestamente sacó muebles y lámparas del interior de la casa con la ayuda de personal de mudanzas.

En torno las 9.30 horas ha salido de la vivienda un coche en el que viajaban Angela Dobrowolski y sus actuales abogados, José Abel y Marian Avedillo.

El Juzgado de Primera Instancia 16 de Barcelona ha autorizado el desalojo de Angela Dobrowolski y "de cualquier otra persona que se halle en el interior de dicho domicilio", según la diligencia.

Según este escrito, se respetará la preferencia de Dobrowolski de no transmitir sus datos a los Servicios Sociales, y la mujer del productor de televisión antes del 4 de noviembre debe retirar sus cosas del domicilio.

TENTATIVA DE ASESINATO CON ALEVOSÍA

La mujer del miembro de La Trinca y productor televisivo Josep Maria Mainat presuntamente intentó asesinarle para impedir que tirara adelante con los trámites de divorcio y no perder su parte de la herencia millonaria, administrándole insulina mientras dormía provocándole un cuadro de hipoglucemia.

El pasado 21 de septiembre, los Mossos d'Esquadra detuvieron a Angela Dobrowolski por presuntamente sustraer cheques en blanco con la firma de su marido con la finalidad de robarle dinero.

El pasado 25 de octubre, el Juzgado de Instrucción 32 de Barcelona, acordó mantener en libertad provisional a Angela Dobrowolski, y le puso una orden de alejamiento de un kilómetro respecto a Josep Maria Mainat, le retiró el pasaporte y le puso la condición de presentarse en el juzgado cada semana.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), ha expresado hoy su "apoyo total" y el del Gobierno regional PRC-PSOE a la gestión de la consejera de Educación regionalista, Marina Lombó, tras el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) emitido ayer que anula la decisión del Ejecutivo de suspender la semana no lectiva del 2 al 6 de noviembre.

"Yo soy una persona comprensiva con todas las opiniones, un demócrata convencido, respeto todas las opiniones, pero cuando tengo que tomar decisiones las asumo. El respaldo a la consejera de Educación es total por parte del Gobierno y muy especialmente por parte del presidente", ha declarado Revilla a preguntas de la prensa respecto a la dimisión de Lombó que reclama la mayoría de la Junta de Personal Docente y otros colectivos como los directores de Infantil y Primaria tras la crisis de las vacaciones escolares.

Según el presidente, en momentos como los actuales "es habitual pedir dimisiones, están en su papel; alguna vez las he pedido yo también, pero me ha tocado a mí este paquete. Aquí estoy para asumir críticas con el único objetivo de intentar que dentro de poco podamos estar dando buenas noticias", ha dicho.

Pero ha advertido que "mientras tanto", toca tomar decisiones "dolorosísimas", como la anunciada hoy de confinar todos los ayuntamientos de Cantabria. Una medida que, según ha explicado, se hubiera tomado el pasado miércoles si no se hubiera decidido suspender la semana de vacaciones del 2 al 6 de noviembre con el fin de evitar la movilidad de unas 120.000 personas, según las estimaciones de Sanidad.

Según se ha dicho en numerosas ocasiones en la rueda de prensa que han ofrecido hoy Revilla, el vicepresidente, Pablo Zuloaga; y la directora general de Salud Pública, Paloma Navas, acompañados por el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, la decisión de suspender las vacaciones pretendía evitar el trasiego de escolares a domicilios de familiares y a otros municipios para evitar el cierre perimetral de los ayuntamientos.

Con lo que, según Revilla, el Gobierno tuvo que decidir el miércoles entre "cerrar todos los municipios" o anular las vacaciones escolares.

"Ahora que los datos son peores y se ha anulado la posibilidad de que los niños estén en el colegio, hay que tomar esa medida porque antes teníamos dos medidas y ahora solo hay una", ha subrayado, aclarando que el decreto que se publicará esta tarde decretando el cierre perimetral de los municipios es "lo que recomienda Sanidad".

El jefe del Ejecutivo ha reconocido que se trata de una decisión "improvisada", como todas las que se tienen que tomar "día a día" frente a una situación cambiante, pero todas con el objetivo de "conciliar en la medida de lo posible" las medidas de protección de la salud con la actividad económica.

Además, ha explicado que los datos del miércoles "no eran de la gravedad de los de hoy", la "peor semana desde que existe la pandemia", y que entonces también se planteó como alternativa, aunque se descartó, el cierre perimetral de dos municipios, Laredo y Castro Urdiales, cuyos datos han mejorado desde entonces, frente al empeoramiento en otros municipios como Santander.

"La movilidad podría haber agravado esa situación, y yendo los niños al colegio, el riesgo no era grande, y como no sabemos cómo evoluciona la pandemia porque pensamos que medidas como el cierre perimetral de Cantabria y el toque de queda podían tener consecuencias, aunque estamos ahora en límite de poder esperar algún aminoramiento de los contagios... Pero la situación de hoy no era la del miércoles y se optó por la decisión que podía conciliar la protección de los ciudadanos con mantener la actividad económica en la medida de lo posible", ha explicado.

Con todo, ha reconocido que no sabe si, a la vista de la evolución en esta semana, "hubiera sido bueno hacerlo el miércoles", si bien ha insistido en que "el trasiego de personas de un lugar a otro fomenta contagios", así como los locales cerrados.

NO JUSTIFICADO

En cuanto a si el Gobierno ve "un varapalo" y reconoce su equivocación ante el hecho de que el TSJC considere que no se ha justificado lo suficiente la anulación del periodo no lectivo y que no se haya acreditado el interés general de salud pública, lo que ha llevado a la anulación de la medida, Revilla ha dicho que acata las decisiones de los tribunales.

Sin embargo, se ha preguntado quién está ahora en condiciones de garantizar que con la medida adoptada hoy de cerrar los municipios la situación mejorará dentro de 15 días. "No lo puedo garantizar", ha dicho.

El juez de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Pedro Herrera, ha condenado de forma global a ocho años de prisión al patrón de una patera, que realizó el trayecto entre Marruecos y Gran Canaria en mayo de 2019, y en cuya travesía una mujer y un bebé de aproximadamente un año murieron ahogadas.

En la sentencia se recoge que durante el viaje hubo una tercera persona, mujer, que también cayó al mar, si bien a "día de hoy se desconoce su identidad, situación y estado".

Así, en el fallo de la sentencia se recoge que el patrón de aquella embarcación irregular es condenado a un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y dos delitos de homicidio imprudente en concurso ideal, obligando a indemnizar con 72.438 euros a la madre del bebé fallecido y con 93.135 euros a la hija de la mujer que perdió la vida durante el viaje, según el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Además el magistrado expone en su fallo que el acusado "movido por móviles no concretados pero no humanitarios, se encargó de dirigir y pilotar la patera propulsada a motor que trasladó, desde una playa del norte de Marruecos a la costa canaria, a un grupo de unas 30 personas, de los que al menos 17 --once mujeres, tres hombres y tres niñas de corta edad--, eran de origen subsahariano, siendo el resto de viajeros de origen magrebí".

Para hacer esta travesía el precio del pasaje, según recoge la sentencia, cada ocupante tuvo que abonar unos 1.000 euros. Asimismo se entiende probado que la patera salió de la costa marroquí unos cinco días antes de que arribara a una zona de tierra próxima al Puerto de Arguineguín, en Mogán (Gran Canaria) en la noche del 16 de mayo de 2019.

El ahora condenado patroneó la embarcación irregular desde su salida hasta su llegada a Canarias, siendo sustituido "de manera ocasional" por otros ocupantes de origen magrebí que no han sido identificados, valiéndose de un dispositivo GPS para no perder el rumbo.

El fallo dice que "poco antes de alcanzar el objetivo perseguido", el patrón "ejecutó, de manera precipitada y arriesgada, la maniobra de aproximación a tierra, lo que provocó la colisión de la nave con una roca y la caída de algunas de las personas al mar".

Esto provocó que al menos dos personas, una mujer de mediana edad que viajaba con su hija menor --nacida el 28 de junio de 2011-- y que actualmente sigue en territorio canario bajo tutela gubernativa, y una bebé de aproximadamente un año de edad que viajaba con su madre perdieran la vida.

El fallecimiento de ambas se produjo por asfixia mecánica por sumersión primaria completa (anoxia anóxica) debido a la imposibilidad de realizar un adecuado intercambio de oxígeno, indica.

Asimismo, momentos antes del impacto, el acusado "saltó al agua, llegó a la orilla y logró en principio escapar del control policial, siendo finalmente localizado en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria donde fue detenido el pasado 31 de mayo de 2019 y puesto a disposición judicial para seguidamente, en concreto el 3 de junio de 2019, quedar en situación prisión provisional, medida cautelar que fue ratificada el 10 de junio de ese año y que al día de hoy se mantiene vigente".

La patera en la que viajaban era de cortas dimensiones, (5,5 metros de eslora y 2,5 metros de manga), "frágil, inestable, inapropiada para una travesía de varios días e inadecuada para el transporte de ese número de personas, las cuales por tal motivo viajaban apiladas y en una posición incómoda que debían mantener de manera casi permanente".

Además, expone la sentencia, carecía de cualquier sistema de seguridad, ya que tenía un número insuficiente de chalecos salvavidas reflectantes, que además no estaban homologados y no eran aptos para su cometido. Asimismo, no disponía de víveres ni de bebidas para poder atender con suficiencia las necesidades vitales de todos ellos.

La sentencia es susceptible de recurso ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Los líderes del PP en los municipios ribereños del Mar Menor han denunciado públicamente que el proyecto del Presupuestos Generales del Estado (PGE) viene a demostrar que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y el secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, "han engañado a todos los murcianos al no presupuestar uno solo euro para la recuperación de la albufera".

Para el alcalde del PP en San Javier, José Miguel Luengo, el hecho de que no se incluya ni una sola partida en los presupuestos deja patente que "al PSOE nunca le ha importado la recuperación del ecosistema", a pesar de que el 80 por ciento de las competencias son suyas", según informaron fuentes del PSOE en un comunicado.

Luengo lamenta que "en los primeros presupuestos del Gobierno social-comunista se olvide absolutamente del Mar Menor, a pesar de tener la primera oportunidad de aportar partidas al Plan Vertido Cero", y ha apuntado que "la sociedad nos demanda coordinarnos y el Plan Vertido Cero fue un ejemplo de coordinación, por lo que se debe ejecutar de forma inmediata".

La vicealcaldesa del PP en Cartagena, Noelia Arroyo, ha recordado que "en este punto Sánchez vino a comprometerse con el Mar Menor" y se demuestra que "mintió a los vecinos del Mar Menor" porque el hecho de no incluir partida presupuestaria en los PGE supone "una vergüenza y otro portazo del Gobierno de Sánchez al Mar Menor".

Arroyo ha preguntado qué ha pasado para que después de tanto trabajo el Plan Vertido Cero no se ponga en marcha y que "se haya sabido que la infraestructura más ambiciosa y la que puede resolver los vertidos al Mar Menor, el colector norte, se haya quedado fuera, justo cuando se anunciaba como una de las infraestructuras que iba a solucionar el problema de vertidos al Mar Menor".

Arroyo ha insistido en que "el Mar Menor no necesita sectarismo, sino un compromiso de inversiones y presupuestos" y ha incidido en que "no necesita pagarés de que lo va a financiar el Fondo Europeo porque es el compromiso que ya ha anunciado el presidente López Miras".

Por otro lado, la alcaldesa de San Pedro del Pinatar, Visitación Martínez, ha recalcado que "el Mar Menor no puede esperar más" porque "llevamos meses esperando las actuaciones del Plan Vertido Cero, para reducir el acuífero que tanta falta hace y para ejecutar las infraestructuras que impidan que los vecinos tengan que pasarlo tan mal cada vez que llueve", sin embargo, en palabras de la alcaldesa "Sánchez condena a nuestros municipios a seguir sufriendo las inundaciones al no destinar ni un solo céntimo a las infraestructuras necesarias también recogidas en el Plan Vertido Cero".

Por su parte, la portavoz del PP en los Alcázares, Cristina Sánchez, ha reprochado que "hoy estamos en el mismo sitio viendo la incompetencia de un Gobierno central que no ha hecho nada y que no pretende hacer nada por el Mar Menor, solo ha sabido faltar el respeto a los vecinos del Mar Menor".

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha comunicado este miércoles el traslado de otros tres presos de ETA, entre ellos uno con delitos de sangre, y la concesión de la semilibertad para otros dos. La decisión se produce el mismo día que el secretario general de este organismo dependiente del Ministerio del Interior, Ángel Luis Ortiz, ha recordado en el Congreso que ninguno de estos traslados han sido recurridos, negando, además, que sufran "chantajes ni coacciones".

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que la "mitad del colectivo de presos etarras ha sido trasladado cerca de sus domicilios" por el Gobierno de Pedro Sánchez, ligando esto a la aprobación de los Presupuestos. Según sus cálculos, son ya 98 los acercados, lo que implica ya a la mitad de los 197 internos etarras, de los que 15 son a cárceles del País Vasco y Navarra. Además, se han aprobado 14 progresiones a tercer grado o régimen de semilibertad.

Entre los etarras de la última tanda de traslados se encuentra Aitor García Aliaga, que pasa de la prisión de Jaén a la de Burgos. Fue condenado en 2006 a 323 años de como autor del asesinato del militar Justo Oreja Pedraza y en 2004 a 83 años por el del policía Luis Ortiz de la Rosa.

Según ha informado Instituciones Penitenciarias en un comunicado, a propuesta de la Junta de Tratamiento de Jaén este preso continúa en primer grado con artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Cumplirá las 3/4 partes de la pena en abril de 2024 y, según Prisiones, "ha aceptado la legalidad penitenciaria y participa en actividades programadas".

Joseba Segurola Beobide también va a Burgos, en este caso desde la cárcel de Murcia I, después de ingresar en prisión en 2003 por una condena a 20 años por colaboración con banda armada, falsificación y depósito de armas. El tercer etarra trasladado, Javier Pérez Aldunate, deja Córdoba por Pamplona, y también cumple 20 años por atentado, asociación ilícita, depósito de armas o falsificación.

Además, Prisiones ha aprobado la progresión al tercer grado de dos etarras, entre ellos Olatz Lasagabaster Anza, con delitos de colaboración con banda armada y depósito de armas, pasando de Aranjuez a San Sebastián. El otro etarra es Patxi Uranga Salbide, también a la prisión de San Sebastián, y con una pena de 12 años por colaboración con banda armada y depósito de armas.

De ambos Prisiones ha dicho que aceptan la legalidad penitenciaria y, además, "han presentado escrito de desvinculación de la banda terrorista, reconocen el dolor causado y se encuentran en un avanzado estado de cumplimiento de la condena", sin tener que hacer frente a responsabilidad civil.

PRISIONES CONTABILIZA 68 TRASLADOS

El anuncio se ha comunicado poco después de la comparecencia en el Congreso del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, que ha negado que existan "ni chantajes ni coacciones" en la decisión de trasladar a presos de ETA a cárceles más próximas al País Vasco.

Según sus cálculos, en los dos años de Gobierno de Pedro Sánchez se han aprobado 68 acercamientos a cárceles del País Vasco y "próximas" a esta comunidad autónoma, un dato que ha comparado a los 426 entre 1996 y 2004, durante los gobiernos de José María Aznar (PP).

En el recuento, inferior al que hacen las asociaciones de víctimas, se incluye en ambos casos traslados directos al País Vasco y Navarra, así como provincias limítrofes, sumando entre ellas Soria. Según Prisiones, serían 85 traslados en total si se contabilizan todos las provincias, además de las doce progresiones de grado para condenados por terrorismo de ETA, sin contar las comunicadas este miércoles.

Ante las críticas de PP y Vox, que ven el pago de un chantaje en esto, Ortiz ha defendido en su comparecencia que los traslados se realizan de acuerdo a la legislación penitenciaria y que "ninguna" de estas decisiones ha sido recurrida ni por el Ministerio Fiscal ni por las víctimas.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha reclamado este miércoles el cese del director del Centro de Coordinación de Alarmas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, por su "incompetencia, politización y falsedades" en la gestión de la pandemia.

Casado ha condenado además los "ataques" de Fernando Simón a las enfermeras, unas palabras por las que el director del CCAES pidió disculpas este martes reconociendo que dio una "mala respuesta" y que tenía "mucho camino por delante" para aprender y hacerlo mejor.

La polémica se originó tras una entrevista 'on line' recogida en el canal de Youtube de los hermanos Pou en la que se preguntaba a Simón si le gustaban "las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas". En su respuesta dijo que "no les preguntaban si eran infecciosas o no, eso se veía unos días después".

"Condeno los ataques de Fernando Simón a las enfermeras; debe ser cesado por su incompetencia, politización y falsedades", ha afirmado rotundo el presidente del PP en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

EL PP YA HABÍA PEDIDO TAMBIÉN LA DIMISIÓN DE ILLA

Este martes, ante el Comité Ejecutivo del PP, Casado criticó los "chistes" del director del Centro de Coordinación de Alarmas y Emergencias Sanitarias y recalcó que este sector "ha soportado demasiada arrogancia e indolencia" por parte del Ejecutivo.

El PP ya había solicitado también públicamente la dimisión del ministro de Sanidad, Salvador Illa. El propio Casado justificó esa petición asegurando que lo ha hecho "muy mal" en la gestión de la crisis del coronavirus.

"Señor ministro recapacite y si decide no dimitir, al menos dé una respuesta a la altura de esta gran nación en esta segunda oleada de la pandemia", espetó Casado a Illa durante el debate de la prórroga del estado de alarma hasta mayo que se celebró en el Congreso.

SE REÚNE CON EL SECTOR DE LA ENFERMERÍA

El líder del PP ha pedido el cese de Simón tras reunirse, en la sede del PP, con el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, y el presidente del sindicato de enfermería SATSE, Manuel Cascos Fernández.

"Me he reunido con los Presidentes del Consejo y el Sindicato de Enfermería para apoyar y agradecer la gran labor de sus 315.000 profesionales frente al Covid", ha asegurado Casado, que ha abierto una ronda con sectores de la sociedad civil y se verá este jueves con representantes de la educación concertada y el viernes con asociaciones que luchan contra la despoblación.

La Fundación Conexus ha propuesto convertir el eje de transportes que une la Comunidad de Madrid con la Comunidad Valenciana en el primer corredor "verde e innovador de Europa" a través de la ampliación y digitalización del Puerto de Valencia o de un nuevo sistema de plataformas de almacenamiento e intercambio de mercancías en la A-3.

Así lo ha manifestado el presidente de la Fundación Conexus, Manuel Broseta, durante la presentación del estudio 'La intensidad de las relaciones socioeconómicas entre la Comunitat Valenciana y la Comunidad de Madrid', realizado por el Ivie.

"Ya constituye el corredor de intercambios económicos y sociales, globalmente, más importante de España y uno de los más nutridos de Europa", ha destacado, añadiendo que el objetivo es crear "un corredor verde e innovador que tenga en cuenta las personas, la movilidad, la innovación y las infraestructuras".

Sería el primer proyecto territorial europeo íntegro de estas características, sujeto a actuaciones público-privadas y contemplará cuestiones como las energías verdes, la movilidad verde, la economía circular, las comunidades solares y las telecomunicaciones.

El estudio constata que "el eje Madrid-Comunitat Valenciana es vital y necesario para el desarrollo de España", según Broseta, ya que es un eje que une dos comunidades profundamente complementarias: "Sin duda el Puerto de Valencia es el Puerto de Madrid, la Comunitat es la salida natural al mar y la mayor zona industrial y turística cercana a Madrid; sin olvidar los intensos intercambios comerciales entre ambas.

Además, Madrid es la primera región de origen y de destino de las compras y ventas de bienes y servicios de las empresas de la Comunidad Valenciana, al concentrar el 35,6% de las compras y el 33,1% de las ventas al resto de regiones españolas.

La relación también es muy intensa en términos de intercambios de mercancías, ya que Madrid es la segunda región en la que se venden más productos valencianos (el 12,7% del total, solo por detrás del 18,7% de Cataluña) y la tercera en la que la Comunidad más compras realiza (12,3%, por detrás del 24,6% de Cataluña y el 17% de Murcia).

Por su parte, la Comunidad Valenciana es la cuarta región a la que se dirigen las ventas madrileñas (11,7%) y la quinta en la que Madrid más compras realiza (6,3%).

UNIÓN POR FERROCARRIL Y CARRETERAS

Mientras que a escala nacional el ferrocarril solo supone el 5% del total de transporte interior de mercancías, en el caso concreto del corredor Madrid-Valencia, el 30% del tráfico de mercancías entre las dos regiones se realiza por ferrocarril, lo que supone multiplicar por seis la cuota que tiene a nivel de España.

En lo que respecta al transporte por carretera, el corredor Madrid-Comunidad Valenciana también figura entre los principales flujos interregionales, ya que el 12,2% de las mercancías que entran a la Comunidad Valenciana desde otras regiones llega de Madrid, exactamente el mismo porcentaje de bienes que entran en la capital procedentes de la Comunidad Valenciana.

En cuanto al transporte aéreo, Madrid es el segundo destino del tráfico de mercancías que se transportan desde el aeropuerto de Valencia (23,1% del total), mientras que el aeropuerto de Valencia es el cuarto destino de las mercancías procedentes del aeropuerto de Madrid, con el 3,6% del total.

Por otra parte, los inversores de la Comunidad de Madrid son los principales accionistas de las empresas valencianas y representan el 47% del capital procedente de otras comunidades autónomas. Lo mismo ocurre en el sentido opuesto, ya que los inversores valencianos son los principales accionistas en empresas madrileñas, con el 30% del capital procedente de otras regiones.

Respecto a las relaciones sociodemográficas y laborales entre la Comunidad de Madrid y la de Valencia, el informe destaca, con datos de 2018, que Madrid es la tercera región con mayor número de residentes en la Comunidad Valenciana, 78.996 personas, mientras que 47.414 valencianos residían en Madrid ese año.

El hombre enjuiciado por presuntos abusos sexuales a su hijastra en Mallorca ha negado este miércoles las acusaciones de la Fiscalía, y ha calificado a la denunciante de "mentirosa". El hombre se enfrenta a una petición de 28 años de cárcel por un presunto delito continuado de agresión sexual.

El caso se juzga entre este miércoles y jueves en la Audiencia Provincial de Baleares, y los hechos se remontan a los años 2010 y 2011.

En el interrogatorio, el hombre ha negado haber mantenido relaciones sexuales con la menor, haberse quedado solo con ella o haberse paseado desnudo por casa.

El hombre ha definido a la denunciante como una niña problemática. "Es mentirosa como ella sola", ha dicho, relatando un episodio en el que se habría inventado que una profesora la maltrataba y posteriormente confesó que era falso. El acusado ha relacionado el comportamiento de la menor con malas amistades, como una amiga con la que se fugaba de clase.

Además, el hombre ha insistido en que él y su esposa se han "desvivido por esta niña" y que no supieron nada de la denuncia hasta que un "de un día para otro" les quitaron la custodia. El acusado ha roto a llorar cuando contaba esto, recalcando que la menor siempre había contado con él cuando tenía un problema y que solía ser una niña "muy alegre".

"QUERÍA QUE PERDIERA LA VIRGINIDAD CON ÉL"

Por su parte, la víctima ha mantenido que su padrastro abusó sexualmente de ella de forma continuada cuando era menor de edad. "Quería que yo le tocara a él, quería tocarme él a mí, en general quería que perdiera la virginidad con él", ha relatado.

La denunciante -que ya es mayor de edad- ha declarado que todo empezó con vídeos pornográficos que el acusado le enseñaba. "Me decía 'mira cómo disfrutan' y que él quería probarlo", ha contado. Posteriormente, las peticiones fueron a más y en una ocasión llegó a penetrarla, ha relatado.

La niña lo contó en su instituto y el director llamó a su madre. Según la víctima, su padrastro le planteó que dijera que se lo había inventado para justificar sus malas notas. "Me prometió que él pararía si yo decía que era mentira. Esa misma tarde dije que me lo había inventado", ha declarado.

La joven ha indicado que "todavía quedan cosas" que no ha contado porque es "muy difícil de expresar". También ha mantenido que le diagnosticaron estrés postraumático como consecuencia de los abusos. "Desde entonces no he dormido tranquila, duermo con la sensación de que alguien me vigila, a día de hoy sigo teniendo pesadillas con eso", ha dicho.

Tras ella ha comparecido su madre, esposa del acusado, quien ha explicado al Tribunal que no se cree la versión de su hija. La mujer ha dicho que fue "una niña complicada" con "un carácter muy cambiante" e influenciable.

Además la madre ha sostenido que los días que su hija afirma que ocurrieron los abusos estaba en casa, y que si los hechos hubieran tenido lugar tal y como los relata -con uso de violencia y amenazas- se hubiera dado cuenta.

La Fiscalía sostiene que el hombre aprovechaba las ocasiones en las que se quedaba a solas con la menor en una de las habitaciones, obligaba a la menor a realizarle prácticas sexuales, cogiéndola con fuerza y amenazando con darle una paliza si no lo hacía.

También le acusa de haber sometido a tocamientos a la menor y de forzarla a mantener relaciones sexuales completas. Como consecuencia de esto, la menor ha precisado tratamiento psicológico.

La Fiscalía pide también una medida de libertad vigilada durante siete años y una orden de alejamiento durante cinco años, así como una indemnización de 30.000 euros para la víctima por los daños sufridos.

La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) ha destacado que, los datos publicados por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública reflejan que en octubre el número de personas fallecidas en residencias por Covid-19 se redujo un 22,85 por ciento en comparación con septiembre al registrarse 27 fallecimientos frente a los 35 del mes anterior.

En el mismo periodo, en el conjunto de la Comunitat Valenciana se produjeron 181 fallecidos frente a los 133 del mes anterior, lo que supone un incremento del 36,09%.

En el caso de las personas con diagnóstico positivo, la evolución es parecida: el descenso en residencias es de un 2,53% (355 en octubre frente a 364 en septiembre) mientras que en el conjunto de la población de la Comunitat se han incrementado los casos en un 23,83% (21.538 en octubre por 17.393 en septiembre).

PRUEBAS OBLIGATORIAS

La patronal también destaca que, en lo que va de noviembre, no se ha informado de ningún fallecimiento en residencias de mayores, de las que el 85,23% no tienen ningún caso de Covid-19.

"Vista la evolución del virus, seguimos insistiendo en la necesidad de hacer obligatorias las pruebas periódicas en los centros, tanto a trabajadores como a residentes, para detectar de manera temprana a las personas asintomáticas y poder ir por delante del virus", ha apuntado el presidente de Aerte, José María Toro.

Toro ha querido mostrar su apoyo a los centros de día de la Comunitat Valenciana que, "pese a estar expuestos a posibles casos de Covid-19 y afortunadamente resolverlo de manera positiva", "les ocurre como a las viviendas tuteladas o los servicios de ayuda a domicilio, que no están recibiendo material de protección por parte de ninguna de las Consellerias ni se les está facilitando pruebas diagnósticas a usuarios ni a los trabajadores cuando vuelven de permisos y vacaciones".

Según Toro, esto "dificulta su trabajo cuando son esenciales para la atención de miles de personas en toda la Comunitat Valenciana". Cuando la gente volvió a los centros de día tras el estado de alarma pudimos ver el deterioro físico y cognitivo que habían sufrido por no haber podido acudir al centro. Esto demostró la gran valía del trabajo que se llevan en estos recursos que permiten a las personas seguir viviendo en sus casas. Hay que darles los medios necesarios para que puedan trabajar adecuadamente", ha defendido Toro.

El consejero de Educación de Gobierno Vasco, Jokin Bildarratz, ha destacado que el sistema educativo de Euskadi está "respondiendo de una manera muy positiva" en la actual crisis sanitaria y ha insistido en que el objetivo de su Departamento es mantener "el mayor tiempo posible" el carácter presencial de la enseñanza.

En declaraciones a los medios en Bilbao, tras participar en la presentación 'Informe sobre la Ciencia en Euskadi 2020', el consejero vasco ha remarcado que existe "un acuerdo social unánime --partidos políticos, sindicatos, centros de enseñanza, familias-- de que se tiene que trabajar por la presencialidad" en el sistema educativo y, por tanto, "poner los recursos necesarios y el esfuerzo preciso" para ello. "En eso estamos", ha asegurado.

Bildarratz ha explicado que también se está trabajando "de manera conjunta" con las tres universidades vascas, que han hecho "un plan de respuesta" ante la situación sanitaria que se viviendo porque "es evidente que día a día se está complicando". No obstante, ha subrayado que "también es evidente que los centros de enseñanza se ha visto que son unos de los espacios más seguros en los que pueden estar los alumnos".

En este sentido, ha reconocido que, cuando comenzó el curso, había "una serie de incógnitas de cómo iban a responder los centros escolares y para todos ha sido una sorpresa muy positiva la evolución" que ha habido. Por ello, ha agradecido la labor de toda la comunidad educativa, principalmente directores y profesores, que "nunca se va a agradecer lo suficiente".

Según ha indicado, "con mucho esfuerzo y muchas veces con incertidumbre", ponen "toda la carne en el asador" para que el alumnado pueda estar en los centros. "Se está respondiendo como sistema educativo de una manera muy positiva, estamos consiguiendo dotar a la sociedad de una estabilidad y una tranquilidad que, en estos momentos de incertidumbre, es altamente positivo", ha señalado.

En este marco, ha asegurado que el criterio de su Departamento sigue siendo intentar preservar la presencialidad "adoptando medidas para que eso sea posible" y, en caso de que no fuera posible, también se trabajan "otro tipo de alternativas". "Pero en estos momentos nuestra apuesta es la de la presencialidad", ha insistido.

De este modo, ha incidido en que el objetivo de Educación es, en la medida de sus posibilidades, mantener "el mayor tiempo posible ese carácter de presencialidad", que dota al alumnado de "equidad e igualdad", aporta "posibilidades de conciliación" a las familias y da "un plus más" a la sociedad.

Asimismo, ha destacado la importancia de los cribados que se realizan en los centros educativos, cuando se detectan contagios, en "coordinación absoluta" con el servicio de Salud, ya que dan "mucha tranquilidad. De este modo, ha valorado que el ser capaces de diagnosticar los positivos hace que puedan aislarse en sus casas ellos y sus contactos estrechos y que "el resto pueda seguir" con la enseñanza presencial.

MODELOS

Por otro lado, ha eludido pronunciarse sobre la reforma de la ley de Educación que se negocia en el ámbito estatal. "No me toca valorar", ha afirmado el consejero vasco, que ha opinado que "todo lo que sea un acuerdo siempre es positivo".

Según ha indicado, "a nosotros lo que nos toca es seguir trabajando en lo que me he comprometido en el Parlamento vasco, tanto con los partidos políticos, como con la comunidad educativo, para negociar, pactar o acordar un documento en que hagamos una reflexión sobre los modelos educativos".

En su opinión, "todo lo que nos deje libertad de actuación como país para poder abordar desde nuestra realidad lingüística una mejor y mayor calidad educativa, mejor".

Asimismo, ha recordado que, en Euskadi, los padres y madres "tienen la libertad de elegir el modelo educativo y lingüístico que entienden más adecuado a sus hijos" y la opción de Modelo D, de enseñanza en euskera, representa más del 80% del alumnado.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles autorizar la celebración de tres contratos de servicios para el mantenimiento de la gestión de distintos recursos que ofrecen un total de 379 plazas de atención especializada a las personas mayores de la Comunidad de Madrid.

Se tramitarán por procedimiento abierto con pluralidad de criterios, salen a licitación por un importe conjunto de 24 millones de euros y su plazo de ejecución se prolongará hasta finales de 2023, según ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

El primero de estos acuerdos, dotado con 14.491.205 euros, tiene como objeto la gestión del Complejo Asistencial de Vallecas para personas mayores afectadas de la enfermedad de Alzheimer. Este complejo está integrado por una Residencia, un Centro de Día y un Centro de Formación que suman 196 plazas.

Los usuarios de la Residencia deberán ser mayores de 55 años cuya afección por Alzheimer les impida o limite gravemente su autonomía, mientras que el Centro de Día atiende a mayores de 60 años con invalidez física o intelectual y grandes necesidades de apoyo, una edad que baja hasta los 55 en el caso de afectados por Alzheimer.

Por su parte, el Centro de Formación está abierto a cualquier persona que desee formarse en aspectos relacionados con la atención a enfermos de Alzheimer y otras demencias.

El segundo acuerdo aprobado hoy permitirá mantener 110 plazas en el Centro de Atención a Personas Mayores Dependientes con Alteraciones de Conducta, ubicado en el municipio del Berrueco, gracias a un gasto de 7.979.322 euros. Este centro es un recurso residencial especializado en la atención a mayores con alteraciones de conducta que requieren una asistencia con alto grado de especialización y cuidados.

Por último, el tercer acuerdo destina 1.532.386 euros a la gestión hasta finales de 2023 del Centro de Día y Pisos Tutelados María Orúe para la atención a personas mayores.

Este recurso ofrece un Centro de Día con 45 plazas para mayores de 60 años afectados por una discapacidad física o intelectual que impide o limita severamente su capacidad de valerse por sí mismos, un límite de edad que baja hasta los 55 años cuando se trata de afectados por la enfermedad de Alzheimer.

El centro, situado en el distrito madrileño de Villaverde, gestiona además 14 pisos tutelados con capacidad para 28 usuarios mayores de 65 años autónomos que carezcan de alojamiento estable o estén en situación de riesgo por vivir solos.

Andalucía registra este miércoles 4 de noviembre 52 muertes por coronavirus Covid-19, tercera mayor cifra diaria de la segunda ola tras los 54 decesos alcanzados el 27 y el 31 de octubre, según datos consultados por Europa Press en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que contabilizan 2.363 positivos, cifra significativamente inferior a los 3.937 de la víspera pero superior a los 2.042 del miércoles de la semana pasada.

Los 54 fallecidos de esta jornada son 18 más que la víspera y la mayor cifra desde el pasado sábado, liderados por las provincias de Granada, con 19, y Sevilla, con 14. Por debajo de la decena figuran el resto de provincias con ocho muertes en Jaén, cuatro en Jaén, dos en Almería, Cádiz y Málaga y una en Huelva.

Por su parte, la cifra de 2.363 contagios permite encadenar cuatro días consecutivos de descenso tras los 3.937 del martes, los 4.406 del lunes, los 5.243 del domingo y los 5.622 del sábado --récord de positivos en la segunda ola--, aunque los positivos contabilizados esta jornada son 321 más que el miércoles de la semana anterior.

Sevilla repite como la provincia con más casos diarios confirmados por PCR y test de antígenos, al sumar 638 en 24 horas, seguida de Jaén con 385, Málaga con 334, Granada con 289 --menos de la mitad que los 788 de la víspera--, Córdoba con 285, Cádiz con 213, Huelva con 114 y Almería con 105.

Los hospitales andaluces registran una nueva jornada de aumento de su presión asistencial con 185 pacientes ingresados por Covid-19 más en 24 horas y alcanza la cifra de 3.121, máxima cifra desde el inicio de la pandemia, de los que 408 se encuentran en una unidad de cuidados intensivos (UCI), ocho más que la víspera y aún por debajo de los 438 registrados en el pico máximo el pasado 30 de marzo.

Sevilla continúa como la provincia con más pacientes e ingresos en UCI, con 869 hospitalizados y 104 de ellos en UCI, seguida de Granada con 779 y 103 en UCI; Jaén con 327 y 42 en UCI; Córdoba con 321 y 38 en UCI; Málaga con 300 y 43 en UCI; Cádiz con 289 y 42 en UCI; Huelva con 127 y 13 en UCI, y Almería con 109 y 23 en UCI.

15 MUERTES MÁS EN 24 HORAS EN RESIDENCIAS DE MAYORES

La situación más preocupante sigue localizada en las residencias de mayores, que contabilizan 15 muertes esta jornada en centros de las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada y Jaén. En concreto, la residencia La Granja de Jerez de la Frontera (Cádiz) suma dos decesos en 24 horas (ocho en total) y 50 contagios, mientras que la residencia Domusvi Puente Genil (Córdoba) añade tres muertes (21 en total) y la residencia Jesús Nazareno de Córdoba suma un fallecido (cinco en total) y 93 contagios.

En la provincia de Granada, la residencia Nuestra Señora de la Misericordia de Loja suma tres muertes en 24 horas (diez en total) y 92 casos confirmados; la residencia San Jaime de Huéscar añade dos fallecimientos más (seis en total) y 82 positivos (67 residentes y 15 trabajadores) y la residencia Torre de Caniles notifica su primer deceso y 37 contagios (26 residentes y 11 trabajadores), mientras la residencia Serrallo de Granada registra un brote con 10 positivos (cuatro residentes y seis trabajadores) y ha notificado un fallecimiento.

En la provincia de Jaén, la residencia Sanitas de Linares suma un fallecimiento en 24 horas (doce en total) y 72 casos confirmados (50 residentes y 22 trabajadores) y la residencia San Gregorio de Torreperogil notifica su primera muerte con 27 contagios (20 residentes y siete trabajadores).

Otras 11 residencias suman nuevos positivos en las últimas 24 horas: la residencia San Andrés de Córdoba con 35 (32 residentes y tres trabajadores); la residencia San Jaime de Huéscar (Granada), con 82 (67 residentes y 15 trabajadores); la residencia Regina de Churriana de la Vega (Granada) con 25 (18 residentes y siete trabajadores); la residencia San Luis de Motril (Granada) con 14 (nueve residentes y cinco trabajadores); la residencia El Carmen de Marbella (Málaga) con 24 (18 residentes y seis trabajadores); la residencia Ballesol Teatinos de Málaga con 51 (38 residentes y 13 trabajadores); la residencia Parra Grossi de Ronda (Málaga) con 20; la residencia Gerón de Archidona (Málaga) con 30; la residencia La Alegría de Carmona con 20 (16 residentes y cuatro trabajadores); y la residencia Domusvi Alcalá de Guadaira (Sevilla) con 80 casos confirmados.

A todo ello se suman dos nuevos brotes en la residencias de mayores Geis 96 de Priego de Córdoba con 23 casos confirmados (18 residentes y cinco trabajadores) y en el centro de discapacitados Aprosmo de Motril (Granada) con 11 positivos.

BAJA EL RITMO DE CONTAGIOS

De acuerdo con los datos de la Consejería, Andalucía ha registrado desde el inicio de la pandemia 153.610 casos confirmados, 2.363 de ellos en las últimas 24 horas, lo que supone cuatro días seguidos bajando el ritmo de contagios tras una racha de otras cuatro jornadas por encima de 5.000, y ha alcanzado las 2.691 muertes tras sumar 52 en un día.

Por su parte, la cifra acumulada de hospitalizados sube hasta los 14.196, 258 más en 24 horas. La cifra de pacientes que han pasado por UCI alcanza los 1.328, tras sumar 19 en 24 horas, y el número de curados alcanza los 60.064, después de sumar 1.565 en 24 horas.

En cuanto a los datos provincializados acumulados, de las 2.691 muertes desde el inicio de la pandemia --52 más en 24 horas--, Sevilla con 578 --14 más-- se mantiene como la provincia con más fallecidos y Granada asciende al segundo lugar con 499 --19 más-- por delante de Málaga con 496 --dos más--, Jaén con 314 --cuatro más--, Cádiz con 298 --dos más--, Córdoba con 277 --ocho más--, Almería con 161 --dos más-- y Huelva con 68 --una más--.

Por su parte, los casos confirmados por PCR o test antígenos alcanzan los 153.610 desde el inicio de la pandemia --2.363 más en 24 horas--, liderados por Sevilla, con 36.462 casos --638 más--, seguida de Granada con 29.086 casos --289 más--, Málaga con 24.616 --334 más--, Córdoba con 16.609 --285 más--, Jaén con 15.131 --385 más--, Cádiz con 14.275 --213 más--, Almería con 12.303 --105 más--, y Huelva con 5.128 --114 más--.

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización son 14.196 --258 más en 24 horas--, con Sevilla a la cabeza con 3.268 --72 más--, seguida por Málaga con 2.906 --41 más--, Granada con 2.351 --35 más--, Córdoba con 1.545 --33 más--, Jaén con 1.521 --33 más--, Cádiz con 1.295 --13 más--, Almería con 908 --22 más-- y Huelva con 402 --nueve más--.

De ellos, 1.328 han pasado por la UCI en Andalucía, 19 más en 24 horas, con la provincia de Sevilla a la cabeza con 267 --tres más--, seguida de Málaga con 264 --dos más--, Granada con 188 --cuatro más--, Córdoba con 165 --uno más--, Jaén con 146 --uno más--, Cádiz con 138 --uno más--, Almería con 123 --siete más-- y Huelva con 37.

Finalmente, la cifra de curados alcanza los 60.064 en toda la región, 1.565 más en 24 horas, con Málaga a la cabeza con 15.404 --212 más--, seguida de Sevilla con 9.935 --423 más--, Almería con 8.668 --50 más--, Córdoba con 7.092 --359 más--, Cádiz con 6.438 --111 más--, Granada con 6.408 --150 más--, Jaén con 4.794 --190 más-- y Huelva con 1.325 --70 más--.

El Comité de Seguimiento Covid ha acordado la suspensión de la actividad de hostelería y restauración en toda la Región de Murcia. A partir de este sábado quedará suspendida durante 14 días la actividad en bares y restaurantes, tanto interior como exterior, permitiendo tan solo el servicio para recoger y llevar.

Esta medida se ha adoptado tras el análisis de los datos que aporta el Servicio de Epidemiología, que constatan que la situación "es crítica", ha explicado el portavoz técnico del Comité Covid, Jaime Pérez, "tras uno de los peores fines de semana de esta larga pandemia".

"Aproximadamente, uno de cada cuatro contagios se produce en el ocio, y una parte importante del ocio contempla cenas, comidas y celebraciones de muchos tipos que se han dado a lo largo de la pandemia", según Pérez. A esto hay que sumar que uno de cada dos contagios se producen en el hogar.

Es decir, uno de cada cuatro contagios se producen en el ocio (el 25%) y, a su vez, ese infectado va a contagiar a varias personas en su hogar. Con ello, reduciendo el ocio al máximo, Pérez estima que "conseguiremos reducir el número de casos en aproximadamente un 70% si todo sale como estaba previsto".

El Comité de Seguimiento Covid también ha recomendado a todos los municipios el cierre de parques y jardines a partir de las 19.00 horas para evitar la interacción social. Asimismo, ha instado a fomentar desde todos los sectores el teletrabajo así como la descarga de la aplicación Radar Covid para facilitar el rastreo de casos.

Al ser preguntado por si piensa que el cierre de la hostelería podría ser contraproducente al animar a la población a reunirse en el interior de los hogares, Pérez ha manifestado que las medidas se toman en función de la experiencia cosechada en otros países, en otras comunidades y en la propia Región.

"Nuestra propia experiencia nos ha determinado que, con estas medidas, se ha conseguido, en general, una reducción importante del número de casos", según Pérez. Ha puesto como ejemplo los municipios que la semana pasada cambiaron a la fase 1, en los que se ha registrado un descenso del 8% en el número de casos, mientras que en el resto han aumentado un 13%.

"Son medidas muy duras pero que contribuyen de forma muy importante a disminuir la interacción social", según Pérez, quien ha pedido al mismo tiempo "responsabilidad" por parte de la población, "sabiendo las repercusiones que tiene un cierre de la hostelería". Así, ha pedido a la población que se reúna "lo menos posible" y que permanezca con su núcleo de convivientes exclusivamente.

CONFINAMIENTO DOMICILIARIO

La Consejería de Salud descarta por el momento solicitar al Gobierno central que decrete un confinamiento domiciliario, como se ha hecho en otras comunidades. "Estamos convencidos", ha subrayado Pérez, "de que un confinamiento autonómico unilateral no sirve para nada si no es secundado por el resto de comunidades autónomas".

En cualquier caso, ha recordado que la Comunidad de Murcia no tiene competencias para aplicar esta medida. No obstante, confía en que las medidas aprobadas este miércoles "sean suficientes" si la población las asume con responsabilidad para disminuir "radicalmente" la interacción social. "De ahí a un confinamiento, es una cuestión que ahora mismo no estamos valorando", ha zanjado.

Ha destacado que, con las nuevas medidas aprobadas, la población puede salir a la calle, especialmente si es con su núcleo de convivientes, tanto a trabajar como a la escuela y a hacer compras, pero "no debe reunirse. Si esto no es suficiente, ha advertido que "habrá que plantearse otras medidas", pero cree que surtirán efecto. Pérez también ha descartado, de momento, adelantar la hora del toque de queda.

COLAPSO DE LA CAPACIDAD HOSPITALARIA

Asimismo, cree que las medidas evitarán el colapso hospitalario. "Lo que no podemos asumir son 900 o 1.000 casos diarios constantemente", según Pérez, quien explica que el sistema acabaría colapsando con las tasas de incidencia actuales, aunque tardaría "algunas semanas".

Y es que ha especificado que el número de ingresos aumenta aproximadamente una semana después de producirse los casos, y el número de ingresos en la UCI se incrementa 14 días después. Además, advierte que ha cambiado el perfil de los hospitalizados, ya que antes eran más jóvenes y tardaban muy poco en recibir el alta, y ahora son personas mayores que tardan el doble de días en abandonar el hospital. Además, a veces se tarda "mucho tiempo" en salir de las UCI.

Ante este aumento de casos, la Consejería ha puesto en marcha el Plan de Contingencia que permite incorporar hasta 500 camas hospitalarias más, y triplicar el número de camas UCI, llegando hasta las 350.

En cuanto a la escasez de personal, Pérez ha reconocido que "no hay mucho donde poder contratar" en las bolsas de profesionales. Y, aunque se ha formado a sanitarios específicamente y algunos especialistas de medicina interna han pasado a atender en la UCI, lamenta que la formación de un médico requiere de 10 a 12 años.

Ha recordado que los planes de contingencia contemplan levantar hospitales de campaña, pero ha descartado que esto se vaya a hacer en cada recinto sanitario. "Esperamos no llegar a esa posibilidad", ha señalado Pérez, quien ha avanzado que si un hospital está colapsado, el personal se podrá derivar a otro centro de la Región.

CIERRE DE PARQUES Y JARDINES

En cuanto a la medida del cierre de parques y jardines, ha puntualizado que, a la espera de ver cómo se plasma en la orden, es una recomendación a los ayuntamientos, que serán los que tengan que tomar la decisión. La Consejería de Salud cree que las 19.00 horas y con el cambio de horario, "es un momento prudente para que los padres y los niños estén en casa". Así, estos entornos no se cierran para padres y niños, sino para otros colectivos que "los puedan usar para fines distintos".

Al ser preguntado por la posibilidad de cerrar centros comerciales, gimnasio o centros culturales, Pérez ha manifestado que las medidas intentan ser "lo más precisas posibles" y atacar los escenarios en los que hay más problemas que, son precisamente, aquellos en los que la población se quita la mascarilla y hay una interacción social".

"Afortunadamente, no hemos visto hasta el momento que haya habido brotes en centros comerciales", según Pérez, quien admite que la disminución de aforos es una posibilidad, pero descarta cierres porque "hay que intentar dañar lo menos posible al sector productivo".

Los gimnasios, añade, "tampoco han sido un problema porque ahora mismo tienen que hacer las actividades con mascarilla". No obstante, no descarta tomar medidas en estos ámbitos si en algún momento se producen brotes.

QUEJAS SOBRE EL RASTREO

Al ser preguntado pro las quejas de los médicos de familia sobre retrasos en el rastreo por parte de Salud Pública, Pérez ha admitido que es "hasta cierto punto normal" que, cuando un colectivo deja de hacer una actividad y la deriva a otro grupo, "pierde el control de la actividad y puede tener la sensación de que no se está haciendo".

Sin embargo, ha defendido que el equipo de rastreadores de Salud Pública hizo este martes por la mañana un seguimiento de 500 casos, hizo un estudio de sus contactos y citó a los contactos con su médico para que les pidiera la prueba. Por la tarde rastreó otros 500 casos. "Es decir, se está rastreando y se va a incrementar su capacidad y se mejorará la coordinación con los ayuntamientos y con los centros de salud", ha asegurado.

Finalmente, en cuanto a la escasez de vacunas de la gripe, ha explicado que esta semana están llegando 20.000 dosis, a las que habrá que sumar otras 45.000 la semana que viene, como estaba previsto. "Si hay algún sitio en el que no hay vacunas, esperamos que se pueda ir reponiendo y que se vaya vacunando la población, en primer lugar los que pertenecen a los grupos de riesgo", ha concluido.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) ha acordado remitir la causa contra Fernando Valdés por un presunto delito de maltrato a su mujer a un juzgado de Majadahonda, al haber renunciado como magistrado del Tribunal Constitucional (TC), perdiendo así su condición de aforado ante el TS.

La Sala II ha declarado su incompetencia sobrevenida sobre dicha causa y ha ordenado enviar las actuaciones al juzgado de procedencia, esto es, el Juzgado de Instrucción número 7 de Majadahonda (Madrid).

Los magistrados han explicado que, teniendo en cuenta que "quien era investigado en la presente causa ha perdido la condición de aforado sin que se haya procedido a la apertura del juicio oral" y "no tratándose de un delito cometido en el ejercicio de funciones jurisdiccionales", la Sala ha perdido la competencia para conocer estos hechos.

El pasado 14 de octubre, Valdés presentó su renuncia como magistrado del TC al presidente del alto tribunal, Juan José González Rivas, quien la aceptó y se lo comunicó al instructor del caso en el Supremo, Andrés Martínez Arrieta.

El momento de apertura del juicio oral es el que, conforme al criterio de la Sala de lo Penal del TS, determina que un investigado, pese a perder el fuero, tenga que ser igualmente juzgado en este órgano, lo que no se da en el caso de Valdés, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

Martínez Arrieta concluyó el 7 de octubre las diligencias de prueba en relación a este asunto, justo después de tomar declaración a dos testigos, uno de ellos hija de Valdés, quien exculpó a su padre, asegurando que "jamás" se ha producido agresión alguna.

En este relato coincidió con sus padres, ya que tanto Valdés como su mujer señalaron en sendas declaraciones el 1 de octubre que lo ocurrido en su vivienda no fue más que una discusión de pareja que pudo ser "sacada de contexto".

"MOVIMIENTOS BRUSCOS Y GOLPES"

Los hechos se remontan a la tarde del 10 de agosto, cuando --según los autos judiciales-- Valdés mantuvo una discusión con su esposa, y, al percibir que los gritos eran oídos por personas que estaban en un parque público cercano a su vivienda, en Majadahonda, introdujo a la mujer de forma violenta en el interior de la casa, donde siguió la discusión.

"Desde el exterior, los viandantes percibieron movimientos bruscos y golpes, que determinaron una lesión, no diagnosticada, en el dorso de la mano derecha de la mujer", añade el juez instructor en un auto del 7 de octubre.

Estuvo detenido unas horas pero finalmente la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Majadahonda acordó su puesta en libertad sin fianza tras valorar la salud y la edad del magistrado del TC, de 75 años, y en el contexto de la pandemia de coronavirus. Posteriormente, envió el asunto al Supremo, que ahora se lo devuelve.

Valdés, magistrado del TC desde 2012 a propuesta del PSOE para un mandato que ya ha caducado, ha sido defensor de la lucha contra la violencia de género a lo largo de diversas sentencias en las que ha participado en el tribunal de garantías.

El vicesecretario de Política Territorial del PP y exalcalde de Boadilla, Antonio González Terol, ha asegurado que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que ha presentado el Gobierno liderado por Pedro Sánchez es un "absoluto desprecio" al municipalismo y se ha preguntado si algún alcalde del PSOE alzará la voz y "dirá algo" ante esa "venganza" contra los ayuntamientos de la ministra María Jesús Montero.

El PP ya ha exigido una reunión de la Junta extraordinaria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ante el "ninguneo" a los ayuntamientos y diputaciones en las cuentas públicas del Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos.

Así lo anunció este martes el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcon, tras mantener una reunión telemática con los alcaldes de las capitales de provincias del PP. La petición ya ha sido trasladada por carta al presidente de la FEMP, Abel Caballero, y exigen una convocatoria urgente y extraordinaria de la Junta de Gobierno de la institución.

Según el PP, las cuentas del Estado reflejan que el Gobierno "ha mentido" a las entidades locales, ya que el destino de los fondos europeos se ha decantado hacia las CCAA que gestionarán un 54 por ciento (18.793 millones de euros) de los mismos frente al 4,28 por ciento (1.483 millones de euros) que van a recibir los Ayuntamientos, al igual que ocurre con las transferencias del Estado.

Asimismo, el PP sostiene que el Ejecutivo "deja en la estacada a los españoles al haberse esfumado de los PGE los fondos Covid-19 de ayudas incondicionadas prometidos para sus municipios y provincias", en palabras de Azcón, que cree que el municipalismo es tratado por Sánchez como "una administración de segunda".

"VENGANZA DE MONTERO CONTRA LOS AYUNTAMIENTOS"

Siguiendo este mismo argumento, González Terol ha recalcado que los Presupuestos de Sánchez "son un absoluto desprecio al municipalismo". "Los ayuntamientos gestionarán solo el 1% de los fondos europeos, y no hay ningún fondo nuevo para ayuntamientos", ha denunciado.

Así, el responsable de Política Territorial de los 'populares' ha afirmado que el jefe del Ejecutivo ha optado por "dejar solos a todos los alcaldes que dieron la cara en primera línea de batalla contra el Covid-19".

A su entender, los Presupuestos evidencian la "venganza" de la titular de Hacienda contra los ayuntamientos, ya que no recogerán "ni fondo de reconstrucción, ni fondo de transporte, y un ridículo 1% de los 140.000 millones de fondos europeos para que lo gestionen las entidades locales".

Por eso, el vicesecretario de Política Territorial del PP ha emplazado al presidente de la FEMP y a los regidores socialistas a pronunciarse ante esta situación. "¿Algún alcalde de PSOE dirá algo? Abel Caballero?", se ha preguntado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press.

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha defendido que el Gobierno regional quiere evitar "a toda costa" el confinamiento domiciliario y ha sostenido que el sector de la restauración ya sufre medidas "muy contundentes".

"El camino de la Comunidad es el camino correcto. Se están haciendo las cosas bien", ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha puesto en valor las decisiones adoptadas como las restricciones por zonas básicas de salud, el cierre perimetral durante los puentes o el toque de queda. Para el vicepresidente, el confinamiento total tiene que ser "la última opción".

En cuanto a la posibilidad de tomar nuevas medidas como están haciendo otras autonomías con el cierre de establecimientos, el vicepresidente madrileño ha hecho hincapié en que el sector del turismo, y concretamente el de la restauración, está sufriendo de forma "mas agresiva" que otros lo que está sucediendo pero ha puesto en valor que en la "inmensa mayoría" de locales están cumpliendo las medidas.

"Si hay que tomar más decisiones en esta línea tendrá que ser la Consejería de Sanidad la que lo determine pero a día de hoy las medidas son muy duras, muy contundentes", ha dicho, para a renglón seguido indicar que trabajan en que se puedan levantar "lo antes posible".

POCO A POCO SE VEN LOS FRUTOS

Aguado ha incidido, además, en que "después de muchas semanas, meses de sacrificio y de esfuerzo colectivo" se empiezan a ver en la región "poco a poco los frutos". En este sentido, ha agradecido el comportamiento de los madrileños y ha sostenido que entiende "el hartazgo" dadas las restricciones que impiden que se tenga "un día a día normal".

"Gracias a ese sacrificio diario estamos consiguiendo que las cosas cambien en la Comunidad de Madrid. Después de haber alcanzado en esta segunda oleada el pico de contagios allá por finales del mes de septiembre hemos ido poco a poco reduciendo entre todos esta curva", ha declarado. Esto, según ha remarcado, da un poco "de luz" a lo que puede suceder en las próximas semanas o meses.

A pesar de esto, ha remarcado que hace unas semanas se pensaba que el objetivo de 25 casos de incidencia acumulada por 100.000 habitantes era impensable alcanzarlo en Navidades pero ha incidido en que cree que se está "más cerca". Aguado ha remarcado que para poder tener unas fiestas que no se celebren "por Skype", hay que "seguir luchando" contra el virus y dejar a un lado la confrontación partidista.

"Queremos llegar en las mejores circunstancias posibles pero somos conscientes que en este momento las restricciones no podemos levantarlas porque la curva sigue siendo alta", ha declarado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha manifestado este miércoles su "orgullo" por la contribución de las Fuerzas Armadas a la lucha contra el coronavirus y ha destacado sus valores de "solidaridad, profesionalidad y dedicación", además de respeto a las instituciones y el Estado de las autonomías.

"La ciudadanía está viendo en las Fuerzas Armadas lo mejor de la sociedad española", ha reconocido durante una visita a uno de los centros desde los que militares colaboran con la Comunidad de Madrid en las labores de rastreo a contagiados por Covid-19.

El presidente ha destacado el esfuerzo de los militares en la lucha contra la pandemia, con la Operación Balmis en la primera ola y la misión Baluarte en esta segunda ola, centrada sobre todo en el rastreo y las labores de desinfección.

De este trabajo, Sánchez ha resaltado los valores de "solidaridad" con la ciudadanía, "profesionalidad" para ejercer la labor encomendada, "dedicación" y respeto a las instituciones y al Estado de las autonomías que marca la Constitución, ya que las Fuerzas Armadas responden a peticiones de las autoridades autonómicas y colaboran con ellas en las labores que se les soliciten.

INDICADORES, MEDIDAS Y EVALUACIÓN

En este contexto, el jefe del Ejecutivo se ha mostrado convencido de que España será capaz de vencer a esta segunda ola igual que ya hizo antes del verano y gracias a la "moral victoria, disciplina social y espíritu de resistencia"

Para hacerlo posible, ha señalado una estrategia nacional del Gobierno basada en los indicadores sobre la evolución de la pandemia, las acciones a tomar que permite el estado de alarma prorrogado durante 6 meses y la evaluación de esas medidas.

"Esa estrategia nacional sería imposible de implementar sin la contribución fundamental de las Fuerzas Armadas", ha agradecido acompañado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la cúpula de las Fuerzas Armadas.

RASTREADORES EN LA COMUNIDAD DE MADRID

La Unidad de Vigilancia Epidemiológica instalada en el Acuartelamiento de Artillería de Fuencarral, en Madrid, forma parte del equipo de más 150 efectivos de las Fuerzas Armadas que colaboran con los servicios sanitarios madrileños para controlar la pandemia.

En una visita de Robles a la misma instalación la pasada semana, la ministra recomendó a las autoridades de la Comunidad de Madrid que aumentaran la petición de colaboración de rastreadores militares para poder integrarse en sus equipos, ya que a su juicio la cifra de 150 es "insuficiente" para una comunidad como Madrid.

Actualmente, más de 2.000 efectivos de las Fuerzas Armadas están prestando apoyo a los servicios sanitarios de los gobiernos regionales. Pero Robles anunció que más de 5.000 militares del Ejército de Tierra, Ejército del Aire y de la Armada ya se encuentran formados y disponibles para incorporarse a la operación en el caso de que se les requiera por la evolución de la pandemia.

Tres de cada cuatro familias españolas consideran la asignatura de Religión necesaria para la educación de sus hijos y un 73% rechaza la imagen de adoctrinamiento, según el Informe 2020 Panorama de la Religión en la Escuela, publicado por la Fundación SM.

En cuanto al perfil religioso de estas familias, los resultados revelan que el 85% de padres y el 73% de madres se declaran católicos, aunque en la mitad de los casos, su práctica religiosa es poco (35%) o nada habitual (13%), según el estudio, que se basa en entrevistas a más de 18.800 profesores, estudiantes y familias, así como a antiguos alumnos y futuros profesores de Religión.

"Tras las conclusiones de este informe no parecen sostenibles ya algunos estereotipos sobre la enseñanza religiosa que perviven en algún imaginario y que castigan injustamente la realidad de la enseñanza de la Religión hoy. No parece razonable seguir acusándola de adoctrinamiento y privilegio de la Iglesia, más propio de otro tiempo", ha asegurado el autor del informe y director del Observatorio de la Religión en la Escuela, Carlos Esteban.

Por su parte, la directora de la Fundación SM, Mayte Ortiz, ha destacado la importancia del Observatorio de la Religión en la Escuela, programa de la Fundación SM, porque "desde los inicios, la atención a la clase de Religión y su profesorado ha sido una de las prioridades de esta Fundación".

El estudio también revela que ocho de cada diez alumnos afirman que la asignatura de Religión les ayuda a ser más tolerantes y mejores personas. Además, más del 90% de los antiguos alumnos de Religión guardan un buen recuerdo de su profesor y un 80% destaca la importancia que la asignatura ha tenido en su vida personal.

Asimismo, más del 85% del profesorado encuestado considera que su asignatura ayuda a comprender otras culturas, y contribuye a la formación ética y a la ciudadanía global.

Precisamente, el estudio pone de manifiesto que el 85% del alumnado de Religión se muestra muy preocupado por la justicia y la solidaridad, y el 75% tiene interés por la ecología y la protección de la naturaleza.

LOS PROFESORES NO SE SIENTEN VALORADOS POR LA SOCIEDAD

En cuanto al reconocimiento social del trabajo de profesor de Religión, un 91% de los profesores de esta materia no se considera valorado por la sociedad y el 51% no se siente valorado por la Iglesia.

El perfil del profesorado de Religión actual es laico, no hay sacerdotes ni apenas religiosos, y está implicado en acciones sociales para la promoción de la justicia (71%), según el informe.

La Fiscalía de Valencia atribuye provisionalmente a Jorge Ignacio P.J., el presunto asesino de Marta Calvo, la joven desparecida en noviembre del pasado año en Manuel (Valencia), cinco delitos de homicidio, tres de ellos intentados, y un delito de omisión del deber de socorro.

Este miércoles se ha celebrado en el Juzgado de Instrucción número 20 de València una comparecencia, a puerta cerrada, entre las partes de la causa -acusaciones y defensa- para concretar los delitos que se le atribuyen al acusado y solicitar, en caso de estimarse necesario, nuevas diligencias.

El investigado ha sido trasladado desde la prisión de Picassent hasta los juzgados y se ha vuelto a negar a declarar ante el juez y a revelar dónde está el cadáver de Marta Calvo, desaparecida hace ya un año. Entendemos que algo oculta y que tiene intereses espúreos", ha afirmado Pilar Jové, abogada de la madre de la chica, en declaraciones a los medios de comunicación. "Nos sorprende que diga que quiere colaborar cuando no está colaborando absolutamente en nada", ha apostillado.

Pese a su negativa, cuando se ha acabado la sesión y estaban los micros apagados, el investigado ha afirmado que quería decir que no había matado a ninguna mujer. Un letrado de la acusación ha pedido que constara en acta esta declaración y se ha admitido.

La fiscal, en su turno, ha expuesto que considera que el investigado es autor de cinco delitos de homicidio, tres de ellos intentados, y uno de omisión del deber de socorro, pero esta imputación podría varias según avance la investigación de la Guardia Civil o si aparecen nuevas presuntas víctimas de Jorge Ignacio.

Por su parte, las acusaciones han elevado el delito hasta el asesinato y le atribuyen, en el caso de los padres de Marta Calvo, un delito contra la salud pública, profanación de cadáver, agresión sexual, y otro delito contra la integridad moral. El letrado Juan Carlos Navarro, que representa a cuatro mujeres, imputa al acusado dos asesinatos y dos tentativas de homicidio.

La defensa de Jorge Ignacio P.J., que ahora se apoya en una letrada de Pamplona, ha pedido el sobreseimiento de las actuaciones contra su representado porque las acusaciones que versan sobre él se basan en sospechas y conjeturas que no acreditación su participación en los hechos.

DECLARACIONES Y RECONSTRUCCIÓN

Durante la vista, las acusaciones han solicitado al juez que se tome declaración a otras mujeres que han denunciado a Jorge Ignacio ante la Policía y la reconstrucción del asesinato de Marta Calvo.

Además, han requerido que se le llame a declarar a la madre del acusado puesto que estuvo con él horas después de la desaparición de Marta Calvo. El objetivo es que aclare "ciertas cuestiones" y se pueda localizar el cadáver, ha afirmado Jové.

El Juzgado 20 de Valencia investiga por el momento cuatro causas judiciales relacionadas con el investigado. Así, instruye por un lado la desaparición y muerte de Marta Calvo, sobre la que Jorge Ignacio P.J. confesó que falleció de forma accidental en un episodio de relaciones sexuales y cocaína y posteriormente la descuartizó y distribuyó sus restos por contenedores.

Otra causa contra el investigado es la muerte de una mujer el 25 de marzo de 2019 en una vivienda de Valencia, un asunto que fue instruido y archivado provisionalmente por el Juzgado de Instrucción 14 de la ciudad.

Esta víctima ejercía la prostitución en una casa de citas de l'Eixample y falleció en abril, días después de permanecer ingresada en coma inducido en un hospital de Valencia.

La joven fue hallada por sus compañeras convulsionando tras haber mantenido relaciones con un cliente que salió precipitadamente de la vivienda. Las compañeras de la fallecida habían facilitado las características físicas del hombre que estuvo con la víctima y que había sido su único cliente. La autopsia reveló que la fallecida murió como consecuencia de un ataque epiléptico con consumo de sustancias estupefacientes.

La Policía acabó teniendo conocimiento de que esta persona podía ser Jorge Ignacio P.J. En esas fechas no llegó a ser ni interrogado ni investigado y, con posterioridad, al trascender la desaparición de Marta, se reabrió el caso.

También asume el juez instructor el fallecimiento de otra mujer, en Valencia, el 15 de junio de 2019. La causa era tramitada por el propio Juzgado número 20. Se trata del caso de una mujer, colombiana de 26 años, que ejercía la prostitución y apareció muerta en un domicilio.

La cuarta causa contra el investigado es la denuncia de una mujer por unos hechos registrados en la ciudad en dos periodos, en abril/mayo de 2019 y septiembre/octubre del mismo año y que se seguían en el Juzgado número 15.

Sobre el caso de Marta Calvo, la Guardia Civil tiene abiertas varias líneas de investigación: busca ADN de la joven, de 25 años, en su vehículo tras no hallar ningún rastro de ella en el vertedero de Dos Aguas; y examina su Ipad.

La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha dejado sin efecto el auto incoado en diciembre de 2019 por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, incoando diligencias previas contra el expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, así como contra 13 personas más entre las que figuran otros ocho ex altos cargos de la Administración andaluza, por el préstamo concedido en 1999 por el entonces Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) a la empresa cárnica Hijos de Andrés Molina (Hamsa), localizada en Jaén y posteriormente rebautizada como Campocarne y Primayor.

En dicho auto, el juzgado ordenaba incoar diligencias previas por posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación contra Manuel Chaves, los exconsejeros de la Junta Gaspar Zarrías, Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo; el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román; el ya fallecido exdirector de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero; el expresidente del IFA Salvador Durbán; el exdirector de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano y cinco directivos de la empresa beneficiaria del préstamo.

Al respecto, recordemos que Chaves, Zarrías, Antonio Fernández, Viera, Vallejo, Guerrero y Serrano fueron condenados por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla por el denominado como "procedimiento específico" mediante el cual la Junta de Andalucía financió los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares o innecesarios y ayudas directas y sin publicidad a empresas.

EL "PRÉSTAMO PUENTE"

En ese sentido, en un auto de la Sección Séptima de la Audiencia avanzado por Diario de Sevilla, dicha instancia judicial aborda un recurso de apelación del exconsejero Guillermo Gutiérrez contra el citado auto del Juzgado de Instrucción número seis.

Al respecto, la Audiencia rememora que a la hora dictar el mencionado auto ordenando las diligencias previas, a instancias de la Fiscalía, se detectaban "hechos delictivos vinculados con la presunta ilicitud de la concesión a la mercantil Campocarne Andalucía S.A. de un préstamo puente de 970 millones de pesetas (5,8 millones de euros) otorgado por el IFA y aprobado en virtud del acuerdo del consejo de gobierno de la Junta de fecha 9 de noviembre de 1999.

"Podría deducirse que bajo la apariencia formal de un contrato de préstamo, se decidió en puridad disponer arbitrariamente de los fondos públicos sin sujeción a procedimiento alguno ni control administrativo, para beneficiar directamente a la empresa, pues no habría existido nunca voluntad de devolución ni de cobro del préstamo, pese a la vigencia del mismo", resumía el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla en el auto impugnado por el exconsejero Gutiérrez.

Ante ello, la Sección Séptima de la Audiencia expone que el asunto gira en torno a "un préstamo otorgado el 22 de diciembre de 1999, cuyo importe fue íntegramente abonado en ese mismo momento, habiendo transcurrido sobradamente 15 años desde entonces a la fecha de incoación de la causa el 3 de diciembre de 2019".

SIN AMORTIZAR

Por contra, la Fiscalía y el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número seis sostenían que los hechos investigados en esta pieza "no habrían prescrito", teniendo en cuenta que, "a fecha 1 de febrero de 2005, el préstamo no habría sido amortizado y aún entonces no habría sido declarado impagado o fallido, ni considerado un gasto/pasivo para IFA/IDEA".

No obstante, la Audiencia declara que "no comparte ese criterio", pues "es unánime la jurisprudencia del Supremo al considerar que el delito de malversación se consuma con la sola realidad dispositiva de los caudales públicos".

"Es incuestionable que la empresa prestataria dispuso del dinero en su entrega material el 22 de diciembre de 1999, produciéndose entonces el desplazamiento patrimonial en perjuicio del erario público, independientemente de las eventuales vicisitudes del préstamo en impagos o incumplimientos de las obligaciones pactadas", argumenta la Sección Séptima de la Audiencia.

EL MOMENTO DE LA "CONSUMACIÓN"

Y señalando la premisa de la Fiscalía y el juez respecto a que nunca habría mediado "voluntad de devolución ni de cobro del préstamo", la Audiencia expone que esa idea implica "aceptar" que desde la materialización del préstamo, "los delitos investigados habrían quedado consumados".

Así, la Audiencia concluye que "tales delitos se encuentran prescritos" tanto en lo relativo al exconsejero promotor del recurso de apelación, como de "los demás directivos de la empresa prestataria y los responsables políticos de la Junta que autorizaron la concesión y pago del préstamo cuestionado". Por eso, la Sección Séptima de la Audiencia estima el recurso de apelación, anula el auto del juzgado que ordenaba la incoación de las diligencias y declara la prescripción de los presuntos delitos investigados en esta causa.

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha ofrecido sus instalaciones en la Cámara Baja para la celebración de comparecencias de representantes de la comunidad educativa y de expertos en la materia sobre la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), también conocida como 'Ley Celaá'.

Así lo explica la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, en una carta a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que sostiene que el objetivo es "dar voz a cuantas opiniones, recomendaciones o propuestas quieran libremente expresar respecto a la LOMLOE con la finalidad de dar a conocer al conjunto de la sociedad española el modelo educativo que esta tramitando el Congreso a instancias del Gobierno".

El ofrecimiento se produce después de que el pasado 15 de octubre la Comisión de Educación y Formación Profesional de la Cámara Baja rechazara la posibilidad de celebrar comparecencias de la comunidad educativa y expertos en el trámite del proyecto, una situación que la portavoz 'popular' ha calificado de "anómala".

"Para nuestro Grupo, este proyecto de ley es uno de los más importantes de la legislatura, puesto que en él se abordan cuestiones que determinarán el futuro de las próximas generaciones y de nuestro país como nación", subraya la portavoz, quien ha destacado que el debate de enmiendas se está produciendo en ponencia, "a puerta cerrada".

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha anunciado este miércoles la aprobación del reglamento de la Ley de Transparencia durante este semestre, así como la futura adhesión de España al Convenio sobre el acceso a documentos públicos del Consejo de Europa.

Darias, que ha presidido la toma de posesión de José Luis Rodríguez Álvarez como presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), ha asegurado que el Gobierno ha asumido el "firme compromiso de impulsar la transparencia y el Gobierno Abierto" y ha recordado que, fruto de ese compromiso, junto a la participación de la sociedad civil y de instituciones, se aprobó la semana pasada el 'IV Plan de Gobierno Abierto'.

Así, ha abundado que gracias a la colaboración de todos los actores públicos y sociales implicados, dicho Plan que va en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, ha dado respuesta a las demandas de la ciudadanía tras un proceso participativo, "inédito hasta la fecha", en la configuración de los planes de acción de Gobierno Abierto.

Tal y como ha apuntado la ministra, este es el camino es por el que se debe transitar "ahora y en el futuro" y que es "el de la generalización de la participación y colaboración con la ciudadanía y las organizaciones sociales para avanzar en la consolidación de la cultura de los valores de la transparencia y la rendición de cuentas".

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, NUEVO PRESIDENTE DEL CTBG

La ministra ha felicitado al nuevo presidente del CTBG, José Luis Rodríguez Álvarez, y ha destacado de él su formación académica y su trayectoria de dedicación al servicio público, además de su responsabilidad como director de la Agencia Española de Protección de Datos.

Darias también ha recordado a la primera presidenta del Consejo de Transparencia, Esther Arizmendi. "Nos dejó demasiado pronto", ha lamentado, y ha resaltado el papel relevante de la institución, "por su importante labor para contribuir al valor de lo público".

Ha aprovechado su intervención también para mostrar su confianza en el nuevo presidente para que, con su experiencia y buen hacer, contribuya a "lograr una Administración mejor, más abierta, más democrática y cada vez más transparente". Darias no se ha olvidado del trabajo del equipo de personas que integran el Consejo de Transparencia, "un magnífico ejemplo de empleadas y empleados públicos dedicados al servicio de la ciudadanía".

"El siguiente paso será la aprobación del reglamento, que figura en el plan anual normativo para este semestre, y la reforma de la Ley de transparencia como uno de los objetivos de la legislatura", ha insistido.

En este contexto, la titular de Política Territorial ha aseverado que el Consejo contará el año que viene con más presupuesto para desarrollar su trabajo porque se trata de "una asignatura pendiente" y un "compromiso adquirido" desde que Sánchez llegó al Gobierno. "Se hará realidad cuando se aprueben los Presupuestos Generales del Estado", ha incidido.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado la apertura de juicio oral en la última pieza, y la principal, del caso 'Gürtel' contra un total de 26 personas físicas, entre ellas el líder de la trama, Francisco Correa, y su mano derecha, Pablo Crespo, a los que impone el pago de unas fianzas en concepto de multas de hasta 33,6 millones de euros.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 envía a juicio también a 20 personas jurídicas como responsables civiles subsidiarios por esta pieza relativa a los presuntos delitos fiscales por los que la Fiscalía Anticorrupción pide 77 años de prisión para los líderes de la Gürtel.

Se trata de la última pieza de esta macrocausa de corrupción que quedaba en instrucción, a excepción de una parte de los conocidos como 'papeles de Bárcenas', que se reabrió en marzo de 2017 y que aún sigue investigándose.

En este caso se han investigado, por un lado, los delitos contra la Hacienda pública que pudieran haber cometido Correa y Crespo con motivo de la ocultación de patrimonio, "en gran parte presuntamente procedente de actividades ilícitas investigadas en las piezas separadas", dice el juez; y por otro, la estrategia desarrollada por ambos de ocultación y blanqueo de los ingresos procedentes de dichas actividades.

OTROS ACUSADOS

Así, el juez De la Mata también acuerda sentar en el banquillo a sus asesores fiscales Luis de Miguel y Ramón Blanco Balín, así como a empresarios y supuestos testaferros que participaron en la operativa para eludir pagos a Hacienda y ocultar los recursos económicos obtenidos por las personas físicas y jurídicas investigadas.

En este sentido, el juez incluye en la apertura de juicio oral a la que fuera administradora de empresas del Grupo Correa Isabel Jordán; a los empleados de éstas Javier Nombela, Alicia Mínguez, Pablo Collado; y a la exadministradora de una de las sociedades vinculadas a la Gürtel Inmaculada Mostaza en ejecución de lo acordado por la Sala de lo Penal por delitos contra la Hacienda Pública, tal y como sostenían la Fiscalía y la Abogacía del Estado en sus escritos de acusación.

Por el mismo motivo amplía la lista de personas que serán juzgadas respecto de los empresarios Jesús Calvo Soria, Vicente Luis Agramunt y Guillermo Martínez Lluch por el mismo delito.

En cuanto a las responsabilidades pecuniarias, el magistrado refleja en el auto las cantidades que tendrán que hacer frente los acusados, de acuerdo a las solicitudes efectuadas en los escritos de acusación, cuya suma total asciende a más de 199 millones de euros.

A la vista de las eventuales multas y responsabilidades civiles que pudieran imponerse en una futura sentencia, Correa y Crespo deberán afrontar unas fianzas que se elevan hasta los 33,6 millones de euros. A esta cifra habría que sumar las posibles responsabilidades civiles que se detallan en la resolución correspondientes al impago del IRPF, IVA e Impuesto Sociedades entre 2003 y 2007.

MÁS DE 30 MILLONES DE EUROS EN COMISIONES IRREGULARES

El juez de la Audiencia Nacional concluyó la instrucción de esta pieza el pasado mes de marzo, poniendo así fin al caso 'Gürtel' que se inició en 2008, y concluyó que el líder de la trama corrupta -que acumula 79 años de prisión por otras piezas de esta macrocausa y está pendiente de conocer la sentencia por la pieza relativa a la visita del Papa a Valencia- habría percibido más de 30 millones de euros en comisiones irregulares.

De la Mata explica que las cantidades multimillonarias las obtuvo por su "intermediación en la concesión de adjudicaciones irregulares que, junto con otros rendimientos obtenidos de su actividad presuntamente ilícita de cobro de comisiones y de la actividad de sus sociedades de eventos y viajes, habría ocultado a través de una compleja estructura societaria y financiera".

Estos fondos nunca fueron declarados a la Hacienda Pública, pues Correa no presentó ninguna declaración tributaria desde al menos el año 1999 ocultando todos sus ingresos y rentas. El magistrado calcula el fraude a Hacienda en 24,8 millones en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y de Impuesto sobre el Patrimonio (IP) de los años 2000 a 2007.

El 'número dos' de la Gürtel, Pablo Crespo, también habría ocultado una parte de sus recursos económicos que procederían tanto de su intermediación en adjudicaciones irregulares como de inversiones realizadas con Correa y de servicios prestados al mismo, afirma el juez.

Dicha ocultación se habría llevado a cabo a través de estructuras financieras y societarias en España y en el extranjero; ocultando sus ingresos cobrándolos en efectivo o como ingresos de su sociedad Cresva SL y encubriendo sus gastos como servicios recibidos por algunas de las mercantiles que gestionaba.

PAPEL "ABSOLUTAMENTE RELEVANTE" DE LOS ASESORES DE LA GÜRTEL

En cuanto a los asesores Luis de Miguel y Ramón Blanco Balín, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 les considera cooperadores necesarios porque "su papel ha sido absolutamente relevante en el diseño de la defraudación".

"Eran asesores en materia de planificación fiscal y expertos en la creación de sociedades pantalla con finalidad de opacidad fiscal. Ambos eran conscientes de que los entramados que crearon y pusieron al servicio de Correa Sánchez y Crespo Sabaris, para ocultar y hacer circular el dinero que, ilícitamente, sabían que estaban obteniendo, solo podía tener por finalidad defraudar a la Hacienda Pública", expone el auto.

Aún así, para el juez, "lo relevante" no es que estos dos acusados colaboraran con los líderes de la Gürtel en la creación de la "maraña societaria", sino que existen elementos que permiten afirmar indiciariamente que "estamos ante entramados diseñados específicamente desde su misma concepción con la sola finalidad de defraudar el pago de impuestos".

FACTURAS FALSAS Y BLANQUEO DE CAPITALES

El magistrado instructor envía juicio también esta pieza por los presuntos delitos de falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. Sobre el primero, el auto afirma que se emitieron facturas para obtener el cobro, si bien su contenido "reflejan unas intervenciones que no han tenido lugar y unos servicios que no se han prestado".

En cuanto al blanqueo de capitales, detalla los mecanismos y procedimientos realizados por los investigados para dar apariencia de legitimidad o legalidad a los bienes o activos de origen delictivo. Así, describe una estrategia planificada bajo la dirección de Correa y Crespo regida por el principio de jerarquía y con la misión claramente definida de "enriquecimiento de su líder".

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha indicado este miércoles que el anteproyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) llegará "muy pronto" al Consejo de Ministros, tras lo cual ha asegurado que se abrirá un amplio diálogo para mejorar el texto de cara a su tramitación parlamentaria. Campo ya había avanzado en declaraciones anteriores que el borrador estaría sobre la mesa del Gabinete antes de que acabara el año.

Así lo ha anunciado durante su intervención en el acto de presentación de la 'Guía para el Uso Forense del ADN', que ha señalado como ejemplo de "una materia compleja" en cuanto a su contenido y a su regulación, donde "la voz de los expertos resulta fundamental a la hora de adecuar nuestra legislación al estado del conocimiento científico".

En este sentido, ha revelado que el Ministerio de Justicia está trabajando en varios proyectos legislativos para "avanzar en la imprescindible actualización del ordenamiento jurídico", entre los que ha destacado "la elaboración de una nueva LeCrim, cuyo borrador de anteproyecto será sometido muy pronto a la consideración del Consejo de Ministros".

Campo ha vuelto a defender "la necesidad de superar el modelo decimonónico de un proceso penal aún vigente", incidiendo en que "supone una oportunidad para dar un salto cualitativo en la modernización de nuestra legislación procesal".

En particular, ha avanzado que la nueva LeCrim regulará "avanzadas técnicas de investigación contra el crimen que aún no tenían acomodo en nuestro ordenamiento jurídico y que en algún caso no están tampoco reguladas por ningún otro país".

El borrador también aborda el uso forense del ADN, según ha explicado, para dar respuesta a aspectos como la toma de muestras y el posterior análisis de las mismas, algo sobre lo que las normas vigentes "guardan silencio", integrando los estándares fijados por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Campo ha querido aclarar que "el Ministerio de Justicia solo tiene la primera palabra" en la nueva LeCrim, por lo que, una vez aprobada en el Consejo de Ministros, se abrirá un diálogo con expertos, operadores jurídicos y sociedad civil sobre "cómo mejorarla de cara a su tramitación parlamentaria", un diálogo que ha planteado como una "obligación".

Además, ha aprovechado para "poner deberes" porque no toda la regulación del uso forense del ADN está en las leyes procesales. De hecho, ha comentado, la mayor parte de esta materia está regulada por la Ley Orgánica 10/2007, sobre la base de datos policial de identificadores obtenidos a partir del ADN, que "debe ser revisada y actualizada" tanto por los avances científicos que se han experimentado en la última década como por la normativa europea sobre protección de datos.

Para esta labor, el ministro ha anunciado que se contará con la Comisión Nacional para el Uso Forense del ADN, que ha elaborado dicha guía y "demuestra un saber hacer imprescindible para el perfeccionamiento de nuestro ordenamiento jurídico".

LA JUSTICIA DEL FUTURO

Campo ha aplaudido el "estupendo trabajo" que representa la guía, a la que se ha referido como una iniciativa "tan valiosa como necesaria" porque pone "lo mejor del conocimiento científico al servicio del ciudadano a través de los tribunales".

"El uso forense del ADN es quizá un gran ejemplo en un escenario jurídico como el actual donde la ciencia tiene cada vez más presencia en las sales de justicia", ha dicho, haciendo hincapié en "la importancia de las ciencias forenses en una administración de justicia moderna".

Asimismo, ha valorado la orientación que esta guía da a los poderes públicos ante la toma de decisiones legislativas, recalcando que se siguen descubriendo "nuevas técnicas forenses llamadas a definir los modelos de investigación criminal del futuro" y por eso se requieren ajustes periódicos en materia normativa.

En este sentido, ha reiterado que la genética forense es "uno de los medios más fiables de acceso a la verdad por parte de los órganos judiciales", pero también "es una técnica tan fiable como compleja" que precisa de una correcta interpretación que maximice su utilidad y prevenga "los riesgos asociados al mal entendimiento de los resultados.

En la misma línea, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que también ha intervenido en el acto, ha descrito la guía como "un valiosísimo instrumento" para todos los operadores jurídicos porque "se refiere a los diferentes ámbitos y fases del proceso desde el punto de vista jurídico pero también científico" y trata "las cuestiones de mayor interés", como la toma de muestras garantizando los derechos de víctimas y justiciables, la cadena de custodia o "la prueba penal transfronteriza".

Y, al mismo tiempo, ha enfatizado, "logra compatibilizar el rigor informativo con la claridad y sencillez en la exposición de las cuestiones más técnicas, de modo que hace accesible para quienes trabajamos en la administración de justicia nociones que a veces son complejas porque son nociones científicas", ha señalado, desde el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), donde ha tenido lugar el evento.

EL "EFECTO CSI"

Por su parte, el director del INTCF, Antonio Alonso, que ha sido el encargado de exponer la guía, ha indicado que su objetivo es "facilitar el conocimiento práctico de la aplicación forense del ADN" desde un "doble enfoque", jurídico y científico.

Alonso ha puesto en valor este documento frente a lo que ha denominado "efecto CSI", por el cual se asume que "el ADN es infalible", algo que ha refutado explicando que puede haber restos genéticos subyacentes de otras personas o contaminaciones posteriores que generen confusión, por lo que no siempre conduce al culpable.

Sin embargo, ha resaltado que se trata también de una técnica cada vez más precisa. Alonso ha contado que cada día se van introduciendo "nuevos marcadores de ADN que permiten conocer nuestro origen biogeográfico" hasta el punto de poder hacer un retrato robot porque aportan información sobre el color del pelo, los ojos o la piel.

Alonso se ha mostrado consciente de que esto suscita cuestiones bioéticas, en cuanto a la injerencia en la intimidad de las personas, si bien ha recordado que ya ha tenido una "enorme trascendencia" en investigaciones penales que estaban estancadas.

Se ha referido al caso del asesinato y la violación de Eva Blanco en 1997 en Algete (Madrid), en el que se tenía una muestra de ADN del autor pero sin coincidencias. Casi 20 años después, esos nuevos marcadores permitieron determinar que "era muy probable que fuera un individuo magrebí" y tras ello la Guardia Civil identificó y detuvo al responsable.

La Audiencia de Valladolid ha impuesto una condena de tres años de cárcel al joven Sansón F. por la muerte a navajazos del novio de su madre, Juan José C, en septiembre de 2018 en Nava del Rey, al declararle autor de un delito de lesiones en concurso ideal con un delito de homicidio por imprudencia.

En su fallo, el presidente del tribunal de jurado absuelve al joven del delito de homicidio doloso que le imputaba el fiscal y del asesinato que le atribuían las dos acusaciones particulares, por los que habían pedido 12 y 25 años de cárcel, respectivamente, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Además del pago de las costas, en las que se incluirán las correspondientes a las acusaciones particulares, se condena también al joven al pago de las indemnizaciones siguientes la familia de la víctima: 40.000 euros para María C.F, 90.000 a Saray C.G, 80.000 a Javier C.G, 89.631 a Rafael C.G, 56.091 a José C.R e idéntica cantidad a favor de Monserrat C.R, sumas que se incrementarán con el interés legal previsto en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Para el cumplimiento de la pena impuesta se acuerda el abono al acusado el tiempo que haya estado privado de libertad por esta causa, en total dos años, y se hace constar el parecer favorable del jurado a la aplicación de los beneficios de la suspensión de la pena que le ha sido impuesta al acusado. Se hace constar así mismo el parecer desfavorable del jurado a que se acuerde en la sentencia la petición de indulto.

Se acuerda la libertad de Sansón F.M, debiendo fijar domicilio, que no podrá abandonar sin autorización, y presentarse los días uno y quince de cada mes en esta Sala.

La condena llega después de que el pasado viernes los miembros del jurado dictaminaran que Sansón dio muerte a la víctima sin intención de quitarle la vida, tan solo de herirle, y que el incidente se produjo en el transcurso de un forcejeo entre ambos en el que no se considera acreditado que el joven arrebatara la navaja a su oponente.

Los miembros del jurado distinguían dos fases en el forcejeo, una en la que Sansón estuvo agarrado al filo de la navaja y manos del fallecido y otra en la que, aun sin hacerse con el arma, la dirigió al cuello de Juan José C. con ánimo de herirle.

El hecho de que no aparecieran huellas o restos biológicos del acusado en el arma homicida fue esgrimido por el jurado para no dar por probado que Sansón llegara a arrebatar el arma a su contendiente.

El veredicto del jurado determinó que se trata de un homicidio imprudente y descartó, fundamentalmente, la tesis del asesinato mantenida por las acusaciones particulares.

El fiscal y las acusaciones particulares habían mantenido, sin embargo, peticiones de 12 y 25 años de cárcel, respectivamente, el primero por homicidio y los letrados de la familia de la víctima por asesinato, mientras que la defensa había pedido un fallo absolutorio, al tratarse de un homicidio por imprudencia con la concurrencia de legítima defensa, y, alternativamente, interesaba entre uno y dos años para el caso de que se aplicaran las atenuantes de provocación o arrebato.

A lo largo del juicio, el encausado, que tan solo declaró a preguntas de su letrado, mantuvo que la muerte de su padrastro, un hombre al que definió como muy "agresivo", machista y maltratador de su madre, se produjo accidentalmente en el forcejeo que ambos mantuvieron en plena calle, después de que la víctima sacara de forma sorpresiva una navaja de grandes dimensiones, tipo 'Curro Jiménez', tal y como apuntó uno de los testigos, y tratara de matarle.

El joven, que vivía con su padre en Medina del Campo, relató que aquel fin de semana se trasladó a Nava, en plenas fiestas, para visitar a su madre, que por aquel entonces mantenía una relación con el fallecido.

Así, siempre según su versión, la noche del 7 al 8 de septiembre de 2018 salió de copas con su padrastro hasta que en un momento dado éste le pidió que volvieran a casa, trayecto en el que a eso de las 7.20 horas, como así ha mantenido Sansón, la víctima "se metió una raya de coca" --las pruebas toxicológicas sólo hallaron alcohol en su organismo-- y "se volvió loco", para acto seguido sacar la navaja y tratar de acometerle tras llamarle "maricón de mierda", improperio que le soltó después de que le recriminara por el trato que daba a su progenitora.

"Sacó una navaja, me llamó maricón y de repente comenzó a tirarme navajazos", alegó el joven, que, según dijo, se aferró a la hoja del arma, de forma que ésta quedó asida por los dos contendientes y se inició entonces un forcejeo en el que Juan José C.

recibió hasta cinco heridas a la altura de la cabeza, una de las cuales, mortal y de 7 centímetros de profundidad, penetró en su yugular y provocó su muerte por hemorragia en pocos minutos.

El acusado alegó en que en ningún momento arrebató la navaja a su oponente, frente a lo que sostienen el fiscal y las acusaciones, pero no supo explicar con certeza cómo se produjo la herida mortal.

"Yo veía mucha sangre pero pensé que era la mía", justificó Sansón, quien tras la refriega huyó del lugar, acudió a casa de su madre para contarle lo sucedido y cogió un coche con el que poco después tuvo un accidente al salirse de la carretera.

Su versión, sin embargo, fue contradicha en el juicio por los forenses judiciales que realizaron la autopsia y que calificaron de "imposible" que Juan José C.

recibiera el navajazo en un mero forcejeo, aseveración que basaron en la trayectoria de la herida y el hecho de que la misma se produjo por detrás del cuello, con lo que, a su entender, lo más factible es que el acusado llegara a arrebatar la navaja al fallecido y le acometiera con ella, tal y como atestiguarían también las lesiones de defensa que presentaba el padrastro en varios dedos de la mano izquierda, con pérdida incluso de las yemas.

El hecho de que en el mango del arma no aparecieran células epiteliales de Sansón lo explicó a posteriori un miembro del Departamento de Biología del Servicio de Criminalística del Instituto Armado, quien apuntó la posibilidad de que los restos de sangre de Juan José C.

Hallados en la navaja pudieron "enmascarar" el perfil genético que el encausado pudo dejar en el mango, explicación que, en cambio, no ha sido tenida en cuenta por el jurado.

Otros dos peritos de la defensa, sin embargo, sostuvieron la versión del forcejeo dada por el encausado, en el sentido de que dieron credibilidad a una escena en la que víctima y procesado estuvieran agarrados por las manos y el filo de la navaja oscilara entre ambos.

De hecho, los dos expertos calificaron de "inusual, atípica" la herida que alcanzó al fallecido por detrás del cuello, una lesión que, como así coinciden ambos, "no es la típica que lleva a cabo alguien que quiere matar a otro de forma intencional, sino que es más compatible con un forcejeo en el que la víctima la pudo recibir al perder el equilibrio y caer al suelo".

El veredicto emitido por el jurado da más credibilidad a la pericial de presentada pro la defensa y descarta que la muerte de la víctima fuera fruto de un asesinato o de un delito de homicidio doloso en el transcurso de un forcejeo entre el joven, que el día de los hechos contaba con 18 años, y el entonces novio de su madre, de 49 y padre de cinco hijos.

El Ministerio de Educación y FP ha informado este miércoles de que un 1,67% de las aulas del sistema educativo español están en cuarentena por Covid19, mientras que los datos de absentismo por la crisis sanitaria "no son relevantes" y no se reflejan en las estadísticas.

En total, según ha explicado el departamento que dirige Isabel Celaá, en la actualidad hay 6.469 aulas en cuarentena y, la propia ministra ha indicado que los porcentajes se han mantenido estables desde el inicio del curso, siempre en torno al 1,6%-1,7%.

En este sentido ha recordado que no todos los menores en cuarentena están contagiados por coronavirus, sino que se les obliga a aislarse cuando se detecta un positivo en su grupo.

En una rueda de prensa realizada para explicar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 que corresponden a su departamento, la ministra también ha precisado que la ausencia de alumnos en las aulas por miedo al contagio es "irrelevante".

ESCUELAS ABIERTAS ANTE UN CONFINAMIENTO

En este sentido, ha indicado que este tema, que preocupó en su momento al inicio de curso, por las discrepancias mostradas por algunos colectivos de padres en el sistema de la 'vuelta al cole', no está siendo un problema finalmente.

Preguntada por la posibilidad de que cierren las escuelas ante un posible nuevo confinamiento domiciliario, Celaá ha señalado que su intención es mantener siempre abiertos los centros escolares, como también se está haciendo en países vecinos, como Francia y Alemania.

La responsable de Educación y FP ha destacado la importancia de mantener abiertas las aulas, no sólo porque se está jugando con "la educación de una generación", sino porque los colegios, según ha indicado, están siendo un "buen detector" del Covid19. Al respecto, la ministra ha destacado la labor de detección que se está realizando en las escuelas en todo el territorio español.