La secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón, ha adelantado este miércoles que se van a establecer «requisitos adicionales» para disfrutar de los beneficios fiscales de las ‘sicav’, como exigir a los accionistas una participación mínima de 2.500 euros, para lo que se otorgará competencias a la Agencia Tributaria para comprobar dicho requisito.
Así lo ha adelantado durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso para informar sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, en la que ha detallado que esta medida no se incluirá en las nuevas cuentas públicas, sino en otras leyes aparte, que recogerán otras medidas como el tipo mínimo del 15% para beneficios no distribuidos de las ‘socimis’.
Bardón ha explicado que los PGE y las previsiones de ingresos y gastos incorporan el factor de la incertidumbre derivada de la crisis sanitaria y económica generadas por la pandemia de Covid-19.
Asimismo, ha detallado que los PGE adoptan un «enfoque expansivo» para impulsar la recuperación económica y ha detallado que este año los ingresos no financieros alcanzarán los 223.208 millones, un 7,3% menos. El proyecto de PGE de 2021 contempla que los ingresos no tributarios alcanzarán los 255.631 millones, un 14,5% más. Dentro de estos, los ingresos tributarios sumarán una cifra de 222.107 millones de euros, lo que supone un incremento del 13% respecto al avance de liquidación previsto para este año, tras caer un 7,6% este año por la crisis económica.
LOS CAMBIOS TRIBUTARIOS SE DIRIGEN A «RENTAS ALTAS Y GRANDES EMPRESAS»
En cuanto a las novedades fiscales, ha defendido que se dirigen a «rentas altas y grandes empresas» y son de «limitado alcance», sin perjuicio de que un comité de expertos se encargará de revisar las figuras para acometer en el futuro una reforma tributaria integral, porque «no se puede tener un estado de bienestar de primera con unos ingresos de tercera».
Entre las novedades, ha explicado que se incluye un aumento de dos puntos el IRPF para las rentas del trabajo de más de 300.000 euros, elevando el tipo marginal dos puntos al 47%, y tres puntos para las rentas de capital de más de 200.000 euros, hasta el 26%, lo que afectará a un número «reducido» de 36.194 contribuyentes (0,17%) para que «aporten en mayor medida los que tengan mayor renta», se contribuya a reducir el déficit y mejorar la progresividad. Ha defendido que las medidas de IRPF están orientadas a rentas muy altas y con gran capacidad de ahorro.
Además, se reducirán las desgravaciones de planes de pensiones privados individuales a 2.000 euros la aportación máxima, mientras se eleva el límite conjunto de reducción (partícipe y empresa) de 8.000 a 10.000 euros en los planes de empresa, con lo que se potencian las aportaciones empresariales y se corrige la «regresividad» de estos beneficios. Igualmente, se prorrogan los límites vigentes del régimen de módulos de autónomos.
También sube un 1% el impuesto para patrimonios de más de 10 millones, hasta un tipo del 3,5%; y se limita la exención en el Impuesto de Sociedades sobre dividendos y plusvalías en filiales al 95%, que afecta a 1.739 empresas (0,12%), exceptuando a las empresas con facturación inferior a 40 millones durante los tres primeros años. Según Bardón, la medida afectará «fundamentalmente a grandes empresas».
A su vez, se incrementa del 6% al 8% el impuesto sobre las primas de seguros, si bien ha remarcado que seguirá en el tramo bajo de la UE y que para el seguro a terceros de un automóvil supondrá 6,20 euros más al año y para el seguro del hogar, unos 3,98 euros al año. «Los seguros se contratan en gran medida por personas físicas con alto poder adquisitivo que van en proporción a la prima», ha añadido.
Además, se subirá al 21% el IVA de bebidas azucaradas y edulcoradas al ser un «compromiso social para racionalizar el consumo responsable en la población infantil y juvenil» y combatir las dietas poco saludables. Se prorrogan los límites para aplicación del régimen simplificado y especial de agricultura, ganadería y pesca en el IVA.
En impuestos especiales, se reduce la bonificación del diésel que provocan «las mayores emisiones de gases contaminantes», con una subida de 38 euros por cada 1.000 litros. No obstante, la tributación de gasóleo de uso profesional y gasóleo bonificado no sufre variación.
Ha defendido que el impacto del alza del diésel será «muy moderado» en el bolsillo medio y se dirige al mayor consumo de las rentas altas y vehículos con gran cilindrada, ya que los cálculos apuntan a que 50 litros de repostaje supondrá 1,9 euros de media, mientras que en un consumidor medio, será de 3,45 euros al mes. Además, la diferencia entre la bonificación del gasóleo y gasolina es de 93 euros por cada 1.000 litros y se insta a España a aproximarse a la media europea.
LOS NUEVOS IMPUESTOS: ‘SOCIMI’, PLÁSTICOS Y RESIDUOS
A esto se sumarán cambios recogidos en otras leyes, con 4.223 millones más de ingresos tributarios, como las tasas ‘Google’ y ‘Tobin’, el nuevo impuesto a envases de plástico de un solo uso y otro nuevo sobre residuos o la ley de lucha contra el fraude y otras medidas.
Sobre las ‘sicav’ se establecen requisitos adicionales para beneficiarse de su régimen especial, como exigir a accionistas una participación mínima de 2.500 euros y se otorga a la AEAT competencia para comprobar el requisito. Para las ‘socimi’ se establecerá gravamen del 15% para beneficios no distribuidos. En 2022 aportarán 50 millones.
Ha detallado que las tasas ‘Google’ y ‘Tobin’ entrarán en vigor el próximo 18 de enero y ahora se están desarrollando los reglamentos; el impuesto a plásticos de un solo uso está en consulta y el de residuos está «muy trabajado».
Sobre este último ha apuntado que se deriva de la modificación de una directiva que insta a que en 2035 solo el 10% de residuos municipales generados acaben en vertederos y hay un «problema» en España por la variedad de impuestos autonómicos y el turismo de residuos, por lo que se garantizará una estrategia nacional en diálogo con CCAA sobre su gestión y recaudación.
La secretaria de Estado de Hacienda ha reiterado el interés de acometer una reforma fiscal «en profundidad» pero conforme a la recuperación económica, en paralelo a los trabajos técnicos que buscan un consenso multilateral aplazados a mediados de 2021.
