La comisión de expertos encargada de la elaboración del anteproyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) ha entregado este miércoles al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, su propuesta de regulación integral, que supondrá la superación del modelo decimonónico a través de la figura del fiscal como investigador de las causas penales.

El Gobierno prevé tramitar la propuesta como el Anteproyecto de Ley en el plazo de un mes, según ha informado justicia.

La propuesta parte de anteriores intentos que no llegaron a cristalizar en el Parlamento, como fue el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011 y la Propuesta de Código Procesal Penal de 2013, junto con las reformas operadas en la actual LECrim por la Ley Orgánica 13/2015 en materia tecnológica y la ley 41/2015 en relación con las garantías procesales, según ha informado el ministerio en una nota.

El texto según adelanta el Ministerio, se sitúa a la vanguardia en cuestiones como la utilización del ADN, la prueba científica, el tratamiento automatizado de datos y las búsquedas inteligentes, las investigaciones encubiertas en entornos digitales o la denuncia telemática.

Otra cuestión destacada de la nueva regulación es la creación de un régimen de protección especial para los menores y las personas con discapacidad durante el proceso penal.

CLARIDAD DEL LENGUAJE EN EL ARTICULADO

Asimismo, respondiendo a las directrices marcadas por el propio ministro, en el lenguaje utilizado para la redacción del articulado se ha priorizado la claridad y sencillez con el fin de hacer la norma un ejemplo de norma jurídica comprensible.

El cambio de modelo, según Justicia, responde también a la necesidad de dar cumplimiento a las obligaciones internacionales contraídas por España y armonizar el ordenamiento español con el Derecho europeo. Además, la implantación del nuevo paradigma procesal penal permite un mejor encaje de la figura, de reciente creación, de la Fiscalía Europea.

En este sentido, Campo ha manifestado su voluntad de convertir el futuro anteproyecto "en un verdadero marco de debate donde el ministerio de Justicia se mostrará tan permeable como interesado en integrar la visión de todos los colectivos que tengan interés en participar del necesario proceso de transformación de nuestra justicia penal".

"Nuestra intención es que sus propuestas se vean reflejadas en el texto que se presente finalmente a las cámaras", apostilla, insistiendo en que "dada la envergadura e importancia del proyecto, es fundamental concitar un gran consenso, algo que solo será posible desde la participación de todos".

De este modo, una vez aprobado el anteproyecto en primera vuelta en Consejo de ministros, desde el Ministerio se abrirá un estrecho diálogo con el conjunto de la comunidad jurídica y otros sectores implicados con objeto de convertir la tramitación de la norma en un proceso que califica como "de construcción colectiva".

Varias organizaciones feministas y por los derechos sociales han puesto en marcha una campaña para exigir "responsabilidades y destituciones" en los servicios públicos de vivienda, Etxebide, y de empleo, Lanbide, ambos del Gobierno Vasco, por "negar protección y ayuda a una mujer víctima de violencia machista y con discapacidad del 57% e ignorar las recomendaciones al respecto emitidas por el Ararteko".

El grupo La Posada de los Abrazos, la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia, el colectivo Mujeres del Mundo-Babel, la organización Trabajadoras NO Domesticadas, el Centro Asesor de la Mujer Argitan y la plataforma contra la exclusión social Berri-Otxoak se han unido para denunciar el caso y exigir que "Lanbide, Etxebide y el conjunto del Gobierno Vasco defiendan los derechos que asisten a las mujeres víctimas de violencia machista".

Los colectivos, que se han concentrado este miércoles ante la sede del Gobierno Vasco en Bilbao, han denunciado que, "a pesar de las campañas instituciones en contra la violencia machista, a la hora de la verdad los servicios públicos de empleo Lanbide y de vivienda Etxebide no tienen en cuenta la situación de las mujeres maltratadas, a las que, como en el último caso defendido por el Ararteko, se les niega tanto el acceso a la vivienda como a las prestaciones sociales, a pesar del peligro para la integridad de las víctimas".

La reclamación se produce precisamente después de que la institución del Ararteko haya emitido una resolución en la que reclama al Departamento de Vivienda que "rectifique" la decisión del delegado en Bizkaia de "negar a la víctima de violencia machista la inscripción en el registro de Etxebide de solicitantes de vivienda protegida". Esta actuación de Etxebide ha supuesto, además, que Lanbide reclame a la mujer 3.800 euros, han indicado los colectivos.

"Los hechos revelados por el Ararteko son de una gravedad tan grande que ya no basta con rectificar, sino que el Gobierno Vasco debe demostrar con hechos que se toma en serio la protección y lucha frente al machismo, y para ello tiene que cortar cabezas políticamente e imponer sanciones por sendas actuaciones que son, además de injustas, humillantes y vejatorias, revictimizan vergonzosa y desvergonzamente a una mujer protegida por la justicia porque ha sufrido violencia de género", han advertido.

Las entidades sociales han pedido también a las fuerzas políticas que "exijan en el Parlamento Vasco explicaciones y responsabilidades por este hecho".

Las asociaciones han advertido del inicio de movilizaciones "hasta conseguir que se rectifique y se impongan sanciones ejemplificadoras por estos hechos", y han instado al lehendakari, Iñigo Urkullu, a que dé "un paso adelante y demuestre que no hay impunidad en las actuaciones violentas contra las mujeres, que no sólo se producen por parte de las parejas machistas sino que, como en esta ocasión, también se producen por parte de una Administración pública que ni entiende ni quiere entender situaciones que son dramáticas y que ponen en riesgo la vida de las personas".

Canarias ha contabilizado este miércoles 250 nuevos positivos --frente a los 178 del día anterior-- lo que eleva la suma de acumulados a 9.656 desde que arrancó la pandemia, según recoge el balance de datos que actualiza cada día la Consejería de Sanidad.

El archipiélago cuenta con 6.284 casos activos, 104 más que el lunes, al registrarse dos personas fallecidas en Gran Canaria y 144 altas --3.183 personas han superado ya la enfermedad en las islas--.

De las personas que pasan la enfermedad actualmente, 51 están en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), tres más que el martes, otras 207 están hospitalizadas (-2) y el resto, un total de 6.026, están aisladas en sus domicilios.

Por islas, Gran Canaria ha sumado este martes 182 casos nuevos que suben el acumulado a 5.441 y los activos a 4.393 --3.631 en la capital, Las Palmas de Gran Canaria-- con un total de 57 fallecidos (+2), seguida de Tenerife, con 18 casos nuevos --2.736 acumulados y 1.108 activos-- y 119 muertos.

En Lanzarote se han registrado 38 casos nuevos con lo que los acumulados suben a 854 y los activos a 556, mientras que la cifra de fallecidos sigue en 7.

En el caso de Fuerteventura, con 10 positivos este miércoles, los acumulados suben a 391 y los activos a 138; y en La Palma, sin nuevos casos, se alcanzan los 162 y 31 respectivamente.

La isla de El Hierro ha contabilizado un nuevo caso, por lo que los acumulados ascienden a 45, 42 de ellos activos, mientras que en La Gomera, con un nuevo positivo, se alcanzan los 23 y 12 casos, respectivamente.

Hasta la fecha, en Canarias se han realizado 282.144pruebas PCR para detectar el coronavirus, con un 4,28% de muestras positivas.

La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas está en contacto con el Ayuntamiento de Llíria (Valencia) y ofrecerá "colaboración máxima" si alguna de las familias quiere trasladar a su pariente de la residencia DomusVi de esta localidad a otra plaza pública disponible: "Que se pongan en contacto con el ayuntamiento y nosotros lo facilitaremos al máximo".

Así lo ha indicado el director general de Infraestructuras de Servicios Sociales, Enric Juan, en declaraciones a los medios para informar de las actuaciones realizadas tras la denuncia pública de una exempleada de la residencia que grabó imágenes de ancianos desasistidos, por la que la Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto de oficio diligencias de investigación penal.

En este centro privado hay 35 plazas públicas concertadas y, según ha indicado Juan, el consistorio es el encargado de tramitar los recursos de la dependencia y "sabe cómo puede tramitar los cambios" de estas a otras plazas si así lo piden las familias. Se pueden solicitar, ha recordado, en cualquier momento, como también pasar de un tipo de prestación a otra.

"Nosotros ofrecemos colaboración máxima, si alguna de las familias quiere trasladarse que se ponga en contacto con el ayuntamiento y nosotros lo facilitaremos al máximo", ha indicado.

Respecto a la investigación abierta tras la difusión de las imágenes de la exempleada, ha recordado que ya había incoado un expediente sancionador sobre esta residencia ante denuncias previas de los familiares, que está en su última fase y en el que se ha propuesto una multa de 174.000 euros a la empresa.

Esas denuncias estaban relacionadas en algunos casos con "el trato que se daba a los usuarios" o sobre las propias condiciones en que se encontraba la infraestructura. La Inspección "fue, comprobó los detalles, se han hecho inspecciones de seguimiento para ver qué aspectos se subsanaban y cuáles no y en base a eso es por lo que se ha impuesto sanción".

Las denuncias se produjeron en 2019 y, según Enric Juan, la Conselleria ha actuado siempre tanto de oficio, dentro del plan de inspección, como a raíz de las quejas. Preguntado sobre si cree que se debería haber estado más pendiente de este centro a raíz de esas denuncias, ha indicado que "es de las que más se ha visitado", con cuatro visitas en los últimos meses antes de la pandemia e incluso en 2020. "Desde ese momento no hemos tenido ya más quejas de las familias y por eso no se ha actuado", ha agregado.

Así, ha reiterado: "Hemos ido de oficio a instancias de la familias y en cuanto hemos tenido conocimiento de alguna actuación se ha actuado de manera inmediata".

A la luz de las nuevas imágenes, el director general ha precisado que se ha dado traslado de este hecho a Fiscalía y a la Inspección de Servicios Sociales "por si hay nuevos hechos que se tengan que investigar", se incoarán "los expedientes que toque para depurar responsabilidades" y si hace falta se hará una nueva visita.

RESPONSABILIDADES Y CONTRATO

"Vamos a comprobar primero mediante la Inspección de Servicios Sociales la veracidad de los hechos, si pueden ser constitutivos de alguna sanción, si puede ser algún delito si así Fiscalía lo determina y a partir de ahí se derivarán las responsabilidades tanto por la Ley de Servicios Sociales como posiblemente por incumplimientos contractuales", ha dicho.

Preguntado sobre si la empresa, DomusVi, funciona peor que otras del sector, ha indicado que es un análisis que queda pendiente porque aún estamos en pandemia pero la percepción general es que la Covid-19 "ha afectado de forma muy desigual a las residencias".

El sector, ha añadido, "funciona de manera adecuada de forma general" pero la incidencia en algunas "ha sido bastante mayor y en algunos grupos empresariales también ha sido bastante mayor que en las residencias públicas por ejemplo", algo que "habrá que investigar".

El cordón sanitario establecido en Santoña ha "frenado la curva" ascendente de contagios en la villa cántabra, al disminuirse los contactos y, en consecuencia, el número de casos positivos, que era precisamente el objetivo del 'cordón sanitario' establecido el pasado 2 de septiembre durante un periodo, en principio, de 14 días.

"La curva se está frenando", ha valorado la directora general de Salud Pública del Gobierno de Cantabria, Paloma Navas, en una rueda de prensa que ha ofrecido junto al consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, para informar de la evolución de la pandemia en la región, donde por ahora no se prevén medidas de confinamiento en otros municipios y se mantienen las implantadas en Santoña.

"En este momento, porque esto cambia de día en día -ha dicho el titular del departamento- no hay ningún municipio en el que, de momento, nos plantemos hacer una resolución de confinamiento".

SE CONTIENE EL COVID EN SANTOÑA

En su comparecencia ante los medios, Rodríguez ha agradecido el comportamiento a "todos los satoñeses", que "se han tomado este asunto muy en serio".

Y es que a la vista de los últimos datos, "la cosa va mejor" en el municipio, y se ha conseguido "contener" la expansión del Covid-19 en la villa, aunque eso no quiere decir que se esté "todavía en una situación de no riesgo". La incidencia es de 671 casos por cada cien mil habitantes, casi el doble que la de Cantabria y España, de 235 y 236, respectivamente.

En este sentido, ha apuntado que el 'cordón sanitario' -que implica diferentes restricciones y el aislamiento del municipio- se mantiene en principio durante el plazo de dos semanas días decretado, y la posibilidad de acortarlo o incluso ampliarlo dependerá de la evolución de las cifras de contagios.

"Habrá que ver en función de la evolución de los datos. Todavía es muy pronto para tomar una conclusión al respecto", ha señalado el consejero. "Se tiene que confirmar esa tendencia a la baja y se tiene que confirmar que tenemos una incidencia acumulada que indica que no hay transmisión comunitaria", ha agregado.

EN ESTE MOMENTO NO SE PREVÉN CONFINAMIENTOS EN OTROS MUNICIPIOS

Sobre la posibilidad de que "a corto plazo" se adopten medidas similares a la de Santoña en otros municipios cántabros, Rodríguez ha señalado que "de momento no", aunque hay que analizar las situaciones particulares.

Así, ha apuntado que en determinadas poblaciones hay una "incidencia alta" del Covid que indica que "hay casos". En este sentido, ha explicado que para la incidencia se tienen en cuenta por un lado los positivos nuevos en un periodo concreto -que suele ser 14 días- y la población del municipio, y se ponen en relación con cien mil habitantes.

Por eso, "cuatro casos en una población de mil habitantes da una incidencia muy alta", ha evidenciado Rodríguez, para puntualizar a continuación que si por ejemplo esos cuatro positivos se detectan en un solo domicilio "no suponen ningún riesgo para la comunidad".

Y también hay que tener en cuenta a la hora de determinar la incidencia y adoptar medidas si han aparecido casos terciarios o cuaternarios en los contactos que siguen los rastreadores, ha señalado el consejero de Sanidad.

Con todo ello, ha concluido que, "en este momento, porque esto cambia de día en día, no hay ningún municipio en el que, de momento, nos plantemos hacer una resolución de confinamiento".

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Salamanca ha ratificado las medidas sanitarias preventivas para la contención de la COVID-19 en la capital salmantina que la Junta de Castilla y León había solicitado prorrogar durante siete días más.

Según han informado fuentes de la Junta en un comunicado, el auto judicial conocido esta tarde concluye que según los informes expuestos por la Administración autonómica, se producen "numerosos y nuevos contagios por COVID-19 que es preciso controlar a fin de evitar una mayor expansión del virus con el consiguiente riesgo para el resto de la población".

Por esta razón, según la Junta, se considera que las medidas adoptadas por la Junta de Castilla y León son urgentes y necesarias para la protección de la Salud Pública. Además, el Juzgado señala que se trata de medidas idóneas e ineludibles ya que lo que pretenden es evitar la aglomeración de personas y procurar que se respeten las medidas de distanciamiento.

Entre las medidas prorrogadas destaca que la participación en cualquier agrupación o reunión de carácter privado o familiar se limitará a un número máximo de diez personas, "tenga lugar tanto en espacios públicos como privados, excepto en el caso de personas convivientes".

En los velatorios se deberá respetar un máximo de quince personas en espacios al aire libre o de diez en espacios cerrados y la participación en la comitiva para el enterramiento de la persona fallecida se restringe a un máximo de quince personas, entre familiares y allegados además de, en su caso, la persona que oficie el acto de despedida del difunto.

En cuanto a los lugares de culto, ceremonias nupciales y otras celebraciones religiosas o civiles se deberá respetar un máximo de 50 personas en espacios al aire libre o de veinticinco en espacios cerrados, sin superar en ningún caso un tercio del aforo.

En el caso de establecimientos de hostelería y restauración y sociedades gastronómicas el consumo en el interior de bares y cafeterías se deberá realizar sentado en mesa. En los restaurantes y sociedades gastronómicas está prohibido el consumo en la barra y en la zona de cafetería o bar.

"En todo caso, tanto en el interior de los locales como en terrazas al aire libre, deberá garantizarse una distancia mínima entre mesas y agrupaciones de mesas de 1,5 metros con un máximo de seis personas por mesa o agrupaciones de mesas", recuerdan las mismas fuentes.

En todos los establecimientos de hostelería y restauración y sociedades gastronómicas, así como, en su caso, en las terrazas al aire libre, no se permite el consumo de pie. En estas actividades se extremará el uso de mascarilla y la distancia interpersonal. "Estas mismas medidas se aplicarán a todo establecimiento, actividad o instalación en el que se preste algún tipo de servicio de hostelería, restauración o de terraza", indican las mismas fuentes.

En cuanto a la actividad en cines, teatros, auditorios, circos de toldo, plazas, recintos e instalaciones taurinas y espacios similares, así como en recintos al aire libre y en otros locales y establecimientos destinados a espectáculos públicos y actividades culturales y recreativas será de aplicación un límite máximo de veinticinco personas para lugares cerrados y de cincuenta tratándose de actividades al aire libre.

Por su parte, la práctica de la actividad física y deportiva no federada al aire libre se podrá realizar de forma individual o colectiva, sin contacto físico y hasta un máximo de cinco personas de forma simultánea. En las instalaciones y centros deportivos podrá realizarse actividad deportiva en grupos de hasta cinco personas, sin contacto físico.

La práctica de la actividad deportiva federada de competencia autonómica podrá realizarse de forma individual o colectiva, sin contacto físico y hasta un máximo de cinco personas de forma simultánea en el caso de los entrenamientos. No se aplicará este límite en las competiciones donde las reglas federativas garanticen espacios diferenciados para cada equipo.

Todavía queda por ratificar, por parte de un Juzgado de Valladolid, las mismas medidas para el caso de la capital vallisoletana.

Cantabria ha sumado en las últimas horas 172 nuevos contagios de coronavirus, 109 ayer martes y 63 hasta las diez de la mañana de este miércoles, con lo que el número de casos activos en la región se eleva a 1.443, de los que 48 están ingresados, nueve en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Valdecilla, y los 1.395 restantes en cuarentena domiciliaria.

No obstante, pese al nuevo incremento de contagios -casi un 11% más que la víspera- Sanidad observa una "bajada del ritmo de crecimiento", algo compatible con el mes de septiembre, por la reducción de la vida social tras las vacaciones de verano y la vuelta a la rutina, según ha apuntado el consejero, Miguel Rodríguez, para quien esta situación "favorece que la epidemia se controle".

Así lo ha manifestado en una rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles junto a la directora general de Salud Pública, Paloma Navas, para informar de la evolución del Covid-19 en la región, que roza los 6.000 infectados en lo que va de pandemia, en concreto 5.993, de los que se han curado 4.328 (el 72%), mientras se mantienen en 222 los fallecidos.

La mayoría de los contagios, 5.093, se han conocido por prueba PCR y 900 a través de test detección anticuerpos. En total, se han hecho 160.777, que suponen 27.658 por cada 100.000 habitantes.

BAJA EL RITMO DE CRECIMIENTO

Pese al nuevo incremento diario de casos, el consejero ha indicado que ha "bajado el ritmo de crecimiento", ya que el aumento semanal ahora es del 6% y en semanas anteriores esa tendencia era "mucho más alta".

Y si se tiene en cuenta la incidencia del virus en España, Cantabria está "exactamente en la media" nacional, con una incidencia en los últimos 14 días de 235 casos por cada cien mil habitantes en la región y 236 en el conjunto del país.

Por municipios, la distribución no es regular, y ha apuntado al respecto que para determinar la situación epidemiológica de uno de ellos hay que tener en cuenta otros datos al margen de la incidencia acumulada, que es un factor "importante pero no el único".

En cuanto a los brotes -cuando se identifica un punto en común de los contagios, algo que no sucede en más del 40% de los casos detectados en la actualidad- Navas ha indicado que suelen ser "mixtos", esto es, que una persona se contagia fuera de casa y luego transmite el virus en el domicilio.

Ha precisado al respecto que los que surgen en la hostelería y la industria son los que tienen "mayor riesgo" de presentar un número elevado de infectados, por lo que la responsable de Salud Pública ha pedido extremar las medidas en estos entornos.

Y es que en entornos laborales, y al igual que sucede en centros educativos, no se aplica la limitación de un máximo de diez personas en reuniones familiares y contactos y eventos sociales, y que si pueden ser "lo más pequeñas posibles, mejor", ha remachado.

PERFIL CONTAGIADOS Y HOSPITALIZADOS

Del perfil de afectados, el consejero ha señalado que en esta "segunda etapa" del Covid-19 en Cantabria se están contagiando "fundamentalmente" personas jóvenes.

Así, más de la mitad (el 60 por ciento) tienen menos de 45 años, y por franjas de edades hay un 24% de afectados de entre 15 y 30 años e idéntico porcentaje entre los de 30 y 45 años.

La "buena noticia" es que un 20% de los infectados son mayores de 60 años, con lo que se está consiguiendo "proteger" a la población de más edad y a las que el virus puede provocar una mayor repercusión en su salud si se contagian.

En cuanto a los infectados que precisan hospitalización, el responsable de Sanidad ha indicado que se trata fundamentalmente de personas que desarrollan neumonía (66% de los supuestos) u otras infecciones respiratorias.

Por otro lado, sobre la realización de pruebas en Cantabria se sigue la tendencia de la semana pasada, cuando se hicieron 9.810 PCR con una tasa de detección del 10%.

Ante esto, Navas ha aprovechado para agradecer y pedir colaboración ciudadana a la hora de respetar las cuarentenas de contactos de un positivo, por "respeto" a la Ley de Salud Pública y, también, al conjunto de la sociedad.

Al hilo, ha apelado al "esfuerzo" de las personas que se contagian para recordar con quiénes han estado y en qué lugares, porque "esto marca la diferencia en el control de la pandemia".

CIERRE OCIO NOCTURNO Y PROSTÍBULOS

En el turno de preguntas, cuestionado por el cierre del ocio nocturno, el consejero de Sanidad ha reiterado que no tiene "ninguna duda" de que se trata de una medida "positiva" para intentar frenar la pandemia, que fue adoptada -además- por unanimidad de los responsables del ramo de todas las comunidades autónomas y el ministro, Salvador Illa, que "algo sabemos cuando tomamos decisiones de este tipo".

De otro cierre, el de los clubes de alterne, ha recordado que es efectivo desde su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el pasado lunes.

COROAUTO DE MEDICINA AL PALACIO DE DEPORTES Y TEST DE SALIVA

En otro orden de cosas, sobre el segundo 'coroauto' de Santander instalado de forma temporal en el aparcamiento de la Facultad de Medicina, Rodríguez ha indicado que se trasladará al Palacio de Deportes de la ciudad en los próximos días, ya que la idea es cambiar la ubicación antes de que empiece el curso universitario para no "interferir" en el desarrollo del mismo.

Preguntado por la posibilidad de implantar en la región nuevos test de saliva para detectar el Covid, ha indicado Sanidad y Valdecilla están valorando no solo esa técnica, sino también otras.

Así, se implantaría en la región si los responsables de laboratorio del hospital la consideran "adecuada", está "disponible" y es "asequible".

Ha destacado que en la actualidad en Valdecilla se procesan 1.500 pruebas diarias, que desde que se hacen hasta que se conocen los resultados tardan 4 horas como mínimo.

A propósito de lo anterior, pero respecto al ensayo de la vacuna de Oxford que iba a llegar a España en diciembre y que se ha suspendido al sufrir uno de los participantes en el estudio clínico una enfermedad inexplicable, el consejero cántabro cree que se ha actuado "de forma correcta", siguiendo las pautas de estos estudios que se hacen "con absoluta seguridad".

Finalmente, sobre los rastreadores militares ofrecidos por el Estado y solicitados por Cantabria, ha indicado que algunos efectivos se han desplazado ya a la región para conocer la forma de trabajar y coordinarse aquí y empezarán a desarrollar esta labor en los "próximos días", ha concluido.

El Consejo de Dirección de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha acordado la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del pasado 31 de agosto del Ministerio de Cultura y Deporte en el procedimiento de solicitud de autorización para operar como entidad de gestión en España planteado por Sociedad Española de Derechos de Autor (SEDA).

"Lamentamos tener que haber tomado esta medida después de haber recuperado el diálogo y las buenas relaciones con el Ministerio de Cultura y Deporte, pero nos vemos obligados a tomar esta decisión en defensa de nuestros socios, de la propiedad intelectual en el sector de la música y del conjunto de la cultura de España", ha explicado la entidad en un comunicado.

Desde la SGAE han alertado que la nueva entidad "carece" de plan de viabilidad y no dispone de los medios materiales para desarrollar su función, además de "no contar con el conocimiento propio de la gestión de la propiedad intelectual".

Tal y como la sociedad de autores remarcó en su escrito de alegaciones en el seno del expediente administrativo, esta nueva entidad "cede gran parte de la administración de sus derechos a entidades extranjeras y pone en riesgo el sector cultural español".

SGAE se ha mostrado sorprendida ante el hecho de que el Ministerio de Cultura haya podido conceder esta licencia de entidad de gestión en el ámbito musical "cuando un informe técnico objetivo y fundamentado, elaborado por la Subdirección General de la Propiedad Intelectual, máximo órgano competente, rechazaba precisamente esta posibilidad.

"Queremos mostrar nuestra preocupación por las graves consecuencias que puede tener para el patrimonio cultural español y para el mercado europeo de las entidades de gestión y creemos que lejos de favorecer los intereses generales de la propiedad intelectual en la música, supondría un elevado riesgo para los titulares de derechos de autor y una gran inseguridad jurídica para los usuarios", ha señalado.

El presidente de la SGAE, Antonio Onetti, ya se mostraba "sorprendido" en una entrevista con Europa Press la semana pasada de que a esta entidad "se la mire con lupa" mientras surgen nuevas sociedades como SEDA que nacen con "un plan de viabilidad que no es verosímil".

"Sus estatutos no cumplen ni con la directiva europea ni con la Ley de Propiedad Intelectual y han aportado un plan que se basa que en dos años van a tener un 50% de cuota de mercado. Eso ninguna empresa que llega nueva a un sector en que ha habido una sola entidad puede alcanzarlo, es difícil de creer. Hay muchas deficiencias y me sorprende que se le haya concedido licencia en esas condiciones", lamentó.

Onetti ve además "otro aspecto preocupante" para la nueva entidad de derechos musicales: su financiación "básicamente viene de entidades de gestión francesa e inglesa" y el reparto estará "subcontratado" con otra entidad francesa. "Eso es confiarle la gestión de nuestro patrimonio musical a una entidad francesa", reiteraba.

LICENCIA PARA SEDA

La entidad de derechos de autor SEDA recibió el pasado 31 de agosto la licencia del Ministerio de Cultura y Deporte y ya puede operar, tal y como confirmó a Europa Press uno de sus fundadores, Manuel Recio (Patacho).

Desde la entidad se apuntó a que el Ministerio ha valorado tanto que los Estatutos de SEDA cumplen con los requisitos establecidos en la legislación como que se ha presentado un plan de viabilidad para "asegurar la eficaz administración" en todo el territorio español.

También añadió que la concesión de la licencia a SEDA "favorece los intereses generales de la protección de la propiedad intelectual". SEDA se constituyó el pasado 5 de noviembre de 2019 y un mes después se presentó ante el departamento encabezado por José Manuel Rodríguez Uribes.

Patacho explicó que la idea inicial era la de haber obtenido la licencia antes del 30 de junio de 2020, para que varios de los autores que estaban en la SGAE --que administra derechos de autor musicales, sector al que está dirigida exclusivamente la nueva entidad-- pudieran tramitar su baja.

Navarra registró este martes 196 nuevos casos positivos de infección por Covid-19, según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), tras realizar en el sistema público de salud 2.298 pruebas PCR, con un 8,4% de positivos.

En la jornada de ayer, en los hospitales navarros se contabilizaron 16 nuevos ingresos relacionados con esta enfermedad, ninguno de los cuales fue en UCI. Este martes no se registraron en Navarra fallecimientos por Covid-19, por lo que el número total de muertes por esta causa se mantiene en 540.

Por zonas, en Pamplona y Comarca se registra el 40% de los positivos, el área de Tudela tiene el 29%, y a la de Estella pertenecen el 9% de los casos.

En cuanto a la distribución de los casos registrados por franjas de edad, el grupo mayoritario es el de 15 a 29 años, con el 28% de los casos; seguido del grupo de entre 45 y 59 años, con el 23% del total. A continuación, está el de los comprendidos entre los 30 y los 44 años, con un 19%; le sigue el de menores de 15, con el 16%; luego el grupo de entre 60 y 75 años, con el 11%; y, finalmente, se encuentra el de mayores de 75 años, con el 3%. La edad media de los nuevos casos se sitúa en los 36,1 años. En cuanto al género, el 51% son hombres y un 49% mujeres.

En la red hospitalaria de Navarra permanecen 117 personas ingresadas con Covid-19, ocho de las cuales se encuentran en puestos UCI y otras 15 en hospitalización domiciliaria. Los demás, 94 pacientes, están en planta. Todas estas personas dieron positivo en una prueba PCR, sea esta infección o no el motivo de su ingreso hospitalario y ocupan espacios Covid-19.

Respecto a la incidencia acumulada en Navarra de infecciones por el virus, si se suman los casos de ayer, a día de hoy, se sitúa en 11.598.

En la actualidad, 36 profesionales sanitarios del Sistema Público de Salud están afectados por Covid-19, un 0,29% de una plantilla de cerca de 12.400 trabajadores. En la última semana, entre el 1 y el 8 de agosto, han sido 23 los profesionales sanitarios afectadas por Covid-19.

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha afirmado este miércoles que "es más sensato" gestionar el asunto de Gibraltar "con una negociación" que simplemente con Reino Unido marchándos sin más de la UE, cosa que "solo sería dañina" para Reino Unido y para España.

Así lo ha afirmado en una conversación con el exministro británico y ex comisario europeo Peter Mandelson, organizada por Global Council. En ella, ha afirmado que si Reino Unido finalmente se aparta del acuerdo de salida que firmó con la UE "se arriesga a dañar la confianza", porque el tratado "es el resultado de un ejercicio de confianza entre Reino Unido y la UE".

Y la "confianza", ha añadido, es un "activo importante en las relaciones internacionales", sobre todo para un país de la talla que tendrá Reino Unido en el "nuevo mundo". "Espero que la Administración británica entienda esto y podamos cerrar este capítulo", ha añadido.

Para la ministra española, el Brexit tiene un "pecado original", y es que parte de "un malentendido", que "lo que importa hoy es la independencia", cuando, a su juicio, lo que de verdad importa es "la gestión de la interdependencia".

González Laya ha trasladado una idea similar en otra videoconferencia, esta vez con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rumanía, que organizaba su conferencia anual. En ella ha defendido que España apuesta por el multilateralismo en las relaciones internacionales no porque sea "naíf" sino porque para un país mediano la mejor manera de gestionar la interdependencia es con un sistema multilateral, no con la "ley de la jungla".

En esta intervención se ha referido también a la situación de Bielorrusia, subrayando que España no tiene "una ambición geopolítica" de sumar al país a la UE o a la OTAN, sino que lo que quiere es apoyar a quienes defienden determinados valores.

Un proceso electoral fallido y, más importante, la agresión y represión contra civiles que han sufrido formas increíbles de violencia no lo toleramos en Europa", ha dicho.

Su colega rumano, Bogdan Aurescu, ha insistido, por su parte en que la UE tiene que "seguir presionando" al Gobierno de Aleksander Lukashenko "para que haya diálogo con la oposción y no represión".

González Laya ha hablado de los desafíos inmediatos de la UE --ha mencionado el Sahel como uno de los principales peligros geopolíticos-- y también de la necesidad de una autonomía estratégica europea como concepto de largo plazo.

Autonomía, ha dicho, no concebida como autarquía o como un continente que se encierre "detrás de altos muros", sino para tener algo que decir en las nuevas normas mundiales, "algo que requiere más músculo, mientras Europa sufre cierta fragmentación".

Así, se trataría de reforzar la autonomía en materia de defensa --con el vínculo con la OTAN-- pero también de comercio, economía e industria, con "campeones industriales europeos", no solo alemanes o franceses, que tengan capacidad de invertir y desarrollar nuevas tecnologías --desde el 5G a la economía del hidrógeno--.

A su juicio, precisamente la primera gran prueba de esta capacidad será precisamente la inversión europea en vacunas contra el Covid-19, y no solo los mecanismos para su compra, sino para su producción y distribución dentro y fuera de la UE.

La titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, Marta Canales Gantes, considera que, atendidos los artículos 214 y 215 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no ha lugar a la aclaración de la sentencia sobre el Pazo de Meirás que la pasada semana le planteó la defensa de la familia Franco.

La magistrada indica en el auto, notificado este miércoles, que la resolución dictada es "clara y motivada al respecto", informa sobre su contenido el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

En concreto, los abogados de la familia solicitaban que la jueza detallara su decisión de negar a los herederos del dictador el derecho a la liquidación del estado posesorio, esto es, a la indemnización por los gastos de mantenimiento del pazo en que hubieran incurrido.

ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA

La magistrada entiende en la sentencia que no cabe la liquidación del estado posesorio, al ser la propiedad incorporada al patrimonio de la familia Franco "de mala fe".

Esa mala fe se materializa "cuando, tras aceptar el caudillo la donación del Pazo de Meirás, en su calidad de jefe del Estado, otorga una escritura pública el 24 de mayo de 1941 con la sola finalidad de inscribir este bien a su nombre en el Registro de la Propiedad, sin mediar precio alguno".

Recuerda además la jueza en la sentencia que el Estado asumió todos los gastos de la residencia estival que fue gestionada y administrada como residencia oficial del jefe de Estado, por lo que afirma que "el Pazo de Meirás se gestionaba de forma idéntica al Palacio de El Pardo".

El Procicat ha aprobado este miércoles una actualización de las medidas sanitarias en el ámbito educativo de cara al inicio de curso que establece que durante "al menos" las dos primeras semanas todos los alumnos catalanes a partir de seis años deberán llevar mascarilla.

Al tratarse del inicio de curso y que el alumnado no procede de un grupo estable, la obligación se alargará por este periodo, por indicación de la Agencia de Salud Pública de Cataluña, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Pasado el periodo de dos semanas se revisará la obligatoriedad a partir de los seis años y se determinará en función del territorio y el estado de la pandemia de covid-19.

COMUNICACIÓN LOS MIÉRCOLES

Todos los miércoles se comunicará a cada escuela si el lunes siguiente continúa la obligatoriedad de llevar o no mascarilla, en función de las condiciones de la pandemia.

Como norma general, la mascarilla es obligatoria en clase en escuelas e institutos a partir de los 12 años, y a partir de los seis años en los territorios donde se requiera según el estado de la pandemia.

El documento establece que, igual que en cualquier entorno comunitario, el uso de mascarilla en los centros educativos sea obligatorio para adultos, pero para los docentes de primero y segundo ciclo de Infantil no será exigible cuando su uso, por razón de la actividad docente, pueda interferir gravemente en el objetivo pedagógico.

El Procicat también ha aprobado que las reuniones entre las escuelas y las familias no pueden ser presencial y que las reuniones de los claustros deben ser telemáticas y solo presenciales de forma excepcional, en grupos inferiores a 10 personas.

Ha dado el visto bueno al cribado poblacional utilizando las escuelas e institutos desde la tercera semana de septiembre y priorizando las escuelas donde haya casos.

Los departamentos de Educación y Salud también han actualizado la sintomatología de covid-19 entre los menores y forman parte la fiebre por encima de 37,5 grados, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, resfriado nasal, fatiga y dolores muscualares, dolor de estómago y pérdida de gusto u olfato.

La Generalitat ha precisado que el dolor de garganta y el resfriado nasal se consideran síntomas si existe fiebre u otras manifestaciones consideradas en la tabla de sintomatología del coronavirus.

Los Mossos d'Esquadra han identificado a 22 personas en el desalojo la mañana de este miércoles de un bloque de pisos turísticos en el barrio del Poble Sec de Barcelona, que un grupo dedicado presuntamente a los robos de forma multirreincidente había ocupado.

Según ha explicado en un comunicado la policía catalana, los delincuentes que ocuparon la vivienda habían realquilado algunos pisos a terceras personas, a quienes habían cobrado 1.500 euros por vivir allí, según las propias víctimas.

De les 22 identificados, nueve son delincuentes multirreincidentes, tres menores de edad, y el resto han manifestado ser víctimas de la presunta estafa, por la que los Mossos ya han abierto una investigación.

Tras problemas de seguridad ciudadana y conflictividad con los vecinos de la zona, los Mossos pusieron en conocimiento de la autoridad judicial todos los hechos y los numerosos incidentes y finalmente el Juzgado de Instrucción 32 de Barcelona ha autorizado el operativo policial, que ha permitido desactivar y neutralizar este edificio, y que ha empezado sobre las 7.30 horas.

Una vez finalizado el operativo, los Mossos han entregado el bloque a sus legítimos propietarios, que han hecho tapiar la azotea con ladrillos, han cambiado las cerraduras y han instalado alarmas en cada vivienda.

MALESTAR DE LOS DUEÑOS

Según han explicado fuentes de los propietarios del edificio a Europa Press, convirtieron los siete domicilios del bloque en apartamentos turísticos, y fue durante el confinamiento cuando fueron ocupados por personas que causaban conflictos con los vecinos de la zona y alguna vez les habían intentado robar y los habían atacado a ellos mismos, lo que ha generado mucho malestar.

Varios vecinos de la zona han asegurado que están "desesperados", que llevan cinco meses con peleas, en contacto con los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana pidiendo medidas policiales para mejorar la seguridad de la zona y aseguran que muchos vecinos que alquilaban pisos contiguos se han ido porque los inquilinos del bloque intentaban entrar en sus casas por las terrazas.

INCIDENTE CON CUCHILLOS

Los vecinos de la zona han explicado a Europa Press que habían más personas ocupando ilegalmente los pisos, pero que a raíz de un incidente grave hace tres semanas, tras un intento de robo, muchas de ellas se fueron.

Este altercado ocurrió la noche del pasado 17 de agosto, cuando dos ocupantes del inmueble, tras frustrarles un robo, atacaron a varios vecinos con cuchillos dejándolos heridos de gravedad, uno de las cuales con amputaciones de dedos y cortes importantes en los brazos y el cuerpo.

Uno de los ocupantes del piso que presuntamente cometió el ataque fue detenido y ha ingresado en prisión preventiva, y el otro está identificado y tiene una orden de busca y captura, han indicado a Europa Press fuentes policiales.

El Parlamento catalán aprobará este miércoles por la tarde la ley que pretende limitar el precio del alquiler después de que el Sindicat de Llogaters, ERC, los comuns y la CUP hayan alcanzado un acuerdo con JxCat.

En declaraciones a los medios, el portavoz del Sindicat de Llogaters, Jaime Palomera, ha celebrado que el acuerdo no modifica contenido de fondo de la ley que busca "poner un tope" a los alquileres y que presentaron JxCat, ERC, comuns y la CUP pero que después JxCat trató de enmendar.

Una de las enmiendas de JxCat solicitaba que la limitación del precio no se aplicara a los pequeños propietarios que tuvieran ingresos inferiores a 5,5 veces el Indicador de renta de suficiencia (IRSC) --que equivale a 3.130 euros mensuales-- y, tras el pacto alcanzado este miércoles, ese límite quedará en la nueva norma reducido a 2,5 IRSC, que equivale a "unos 2.000 euros incluyendo el alquiler", en función de la población.

También se incorpora la rehabilitación y las obras de mejora de las viviendas que permitirían incrementar el precio del alquiler.

Palomera ha reivindicado que a partir de ahora "ningún contrato de alquiler podrá superar el precio del anterior contrato" y además se incentivarán pequeños descensos del precio si están por encima del precio medio de su zona.

Después de que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) considerara inconstitucionales varios de los artículos de la norma, el portavoz del Sindicat de Llogaters ha sostenido que si esta ley acaba en el Tribunal Constitucional (TC), dependerá de la "voluntad política" del Gobierno central.

ALBERT BATET

El presidente de JxCat en el Parlament, Albert Batet, ha celebrado que "ahora es un proyecto de ley mucho mejor, mucho más potente", y ha destacado que la prioridad de su grupo ha sido defender a los pequeños propietarios.

Considera que con este pacto han conseguido poner "unas bases óptimas para defender al pequeño propietario de la situación actual y de la realidad", y también incorporar mejoras en la vivienda.

"Es un hito para JxCat que hayamos conseguido este punto", y ha subrayado que esta ley sigue la línea de las leyes sociales que se aprobaron en la anterior legislatura y que fueron suspendidas por el TC, y espera que no acabe de la misma manera porque los comuns, que forman parte del Gobierno central, la apoyan.

La Setmana del Llibre en Català inaugurará este miércoles su "edición más necesaria de todas", según ha explicado el presidente del evento, Joan Carles Girbés, en la rueda de prensa de presentación junto a la presidenta de la Associació d'Editors en Llengua Catalana, Montse Ayats.

Girbés ha querido situar el foco en "el éxito que supone" celebrar la edición y no en el análisis de las ventas que, según él, será necesariamente menor porque la Setmana durará cinco días, la mitad de los tradicionales diez.

Girbés ha señalado que la celebración del evento es un gesto de "firmeza y responsabilidad del sector" y que ha sido posible gracias a la unidad y voluntad de este.

En los últimos meses, desde el sector de la cultura hemos sufrido mucho. Pero lo superaremos todo", ha afirmado Girbés, y ha añadido que será importante ver cómo se comporta el sector si llega una crisis económica después de la pandemia.

La Setmana presenta un total de 220 novedades editoriales y más de 300 actividades programadas entre presentaciones, mesas redondas, firmas de autores --200-- e itinerarios literarios, tres de los cuales programados fuera de Barcelona.

El 24 Premi Trajectòria será para la escritora, ilustradora y traductora Teresa Duran por su compromiso con el fomento de la lectura y el libro infantil y juvenil en catalán.

EN EL MOLL DE LA FUSTA

Esta edición se celebrará en el Moll de Fusta de manera excepcional porque contará con un 20% más de espacio para cumplir con las medidas sanitarias.

También contará con 224 expositores en 66 casetas --frente a los 219 en 62 de 2019-- y un aforo limitado a 935 personas, por debajo del 50% de capacidad del espacio.

Por primera vez habrá retransmisiones de los actos en directo y en diferido para que puedan seguirse de manera online.

Ayats ha valorado positivamente el nombramiento de Àngels Ponsa como nueva consellera de Cultura de la Generalitat alabando su trayectoria en diferentes ámbitos de la cultura de Catalunya y ha confiado en que se "entienda" con el sector del libro.

El Gobierno ha creado en las últimas dos semanas un total de 700 nuevas plazas de acogida de migrantes ante el incremento de la llegada de pateras al archipiélago, donde en menos de 48 horas han alcanzado las islas 350 migrantes. Además, habilitará dos nuevos centros propios de acogida.

Así lo ha anunciado la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, este miércoles 9 de septiembre en el Foro Canario de Inmigración, organizado por el Gobierno canario.

"El Gobierno de España responde y se adapta al flujo de llegadas y a las necesidades surgidas por el Covid-19. A finales de 2019 no había más de 100 plazas de acogida en las islas y hoy contamos con más de 1.700", ha explicado. De estas plazas, según ha precisado, un total de 700 se han creado en las últimas dos semanas.

Además, ha negado que actúen "improvisando" y ha explicado que están trabajando desde el Ministerio en la creación de dos nuevos centros de acogida propios en las islas.

"El Gobierno de España responde. Y no, no lo hace de forma espontánea ni improvisada. Hay un plan de choque en marcha desde que llegamos a esta Administración. Habilitamos un centro de migraciones propio en Tenerife, y estamos trabajando en otros dos centros de gestión propia en distintas islas en Canarias, en cuya búsqueda e instalación llevamos desde hace varios meses", ha indicado.

La secretaria de Estado de Migraciones ha recordado que nunca se había realizado en el archipiélago un despliegue de medios propios como éste, a pesar de que las islas han vivido episodios de presión migratoria en las tres últimas décadas.

También ha hecho "un llamamiento a la calma, y a la responsabilidad". "Canarias ha demostrado ser un pueblo solidario, y me entristece profundamente ver cómo algunas minorías, con fines partidistas, llenan las redes sociales de bulos e imágenes falsas que no hacen más que atizar el odio hacia los migrantes", ha señalado.

La secretaria de Estado de Migraciones ha subrayado que "estas personas no representan al pueblo canario" al que ha mostrado su agradecimiento por su actitud solidaria.

"Desplegando temporalmente plazas hoteleras hemos contribuido a activar un sector golpeado por la crisis del COVID-19", ha comentado, en referencia a los hoteles desplegados para acogida temporal de personas migrantes que estaban cerrados por la pandemia.

CASI 4.000 MIGRANTES EN 8 MESES

Hana Jalloul también ha recordado que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones mantiene en su agenda la visita a las islas. "Nunca se ha anulado esta visita y quiero subrayar que el ministro hace un seguimiento personal y exhaustivo de estos avances en materia de acogida", ha asegurado.

Según datos del Ministerio del Interior, recogidos por Europa Press, el aumento de la llegada de pateras a las islas en lo que va de año que se ha incrementado en casi un 600 por ciento en los primeros ocho meses del año.

Así, hasta el 31 de agosto, 3.933 migrantes han llegado a Canarias en pateras, lo que supone un aumento del 573,5% con respecto al mismo periodo del año pasado cuando llegaron 584 personas.

Por el contrario, el número total de migrantes en situación irregular que llegaron a España en los primeros ocho meses del año ha descendido un 26 por ciento.

La Conselleria de Salud y Consumo del Govern balear ha informado este miércoles de la restricción de la movilidad en cuatro barrios de Palma, Son Gotleu, Can Capes, Soledat Nord y Son Canals, con el objetivo de frenar el aumento de contagios por COVID-19.

Así lo ha anunciado la consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por el alcalde de Palma, José Hila. Tanto Gómez como Hila han destacado "la alta densidad de población", una causa que influye en la transmisión de la enfermedad.

Pese a la restricción de la movilidad, la consellera ha especificado que no afectará a quienes se tengan que desplazar para asistir a centros, servicios y establecimientos sanitarios, al trabajo, a los centros docentes y educativos, incluidas las guarderías, a los bancos, al juzgado, la renovación de permisos administrativos, así como para realizar exámenes oficiales.

La resolución de la Conselleria de Salud se publicará este miércoles en el Boletín Oficial de les Illes Balears (BOIB) y entrará en vigor este viernes a las 22.00 horas. El objetivo, según Salud, es "evitar las situaciones que pueden favorecer los contagios, sobre todo en lugares cerrados donde se producen aglomeraciones de personas, con escasa ventilación o donde no se usa mascarilla".

La consellera ha especificado que para dictar esta resolución se han seguido criterios epidemiológicos, sociales y asistenciales. En el primero, se han tenido en cuenta el número de PCR positivas, "muy elevadas durante agosto", la incidencia acumulada en los últimos 14 días y la tasa de positividad. "La transmisión comunitaria de los cuatro barrios es la más elevada de Mallorca", ha dicho.

En cuanto a los criterios sociales, la Conselleria se ha basado en la densidad de población, el número de positivos en la misma vivienda y la edad media de la población. Además, Gómez ha recalcado que el área de Salud de los cuatro barrios es el que "tiene más presión asistencial" de la Isla.

Así, el Hospital de Son Llàtzer, que corresponde por zona, ha pasado, en agosto, de 6 a 49 ingresos por COVID-19 y de 4 a 11 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

La consellera de Salud y Consumo ha comentado que, en cuanto los desplazamientos personales, se restringe la libre entrada y salida de personas en el núcleo de población correspondiente a la zona básica de salud de Son Gotleu. No obstante, la circulación por las carreteras, calles y viales que transcurren por la zona se permite siempre que tengan origen y destino fuera del núcleo de población.

El Govern permite la circulación de personas residentes, respetando las medidas de protección, si bien se recomienda que la población permanezca en su domicilio y se desaconsejan los desplazamientos y la realización de actividades no imprescindibles.

En cuanto a los establecimientos y locales comerciales, no podrá superarse el 50% de la capacidad. Salud impone que deberán cerrar como muy tarde a las 22.00 horas y se deberá establecer un horario de atención con servicio prioritario para personas mayores de 65 años.

La resolución prevé, entre otros aspectos, que las reuniones sociales no pueden superar las cinco personas si no son convivientes. Dicha prohibición incluye bodas, servicios religiosos --salvo las ceremonias fúnebres y velatorios--, celebraciones y la práctica deportiva.

Se suspende la actividad de los lugares de culto, salvo la celebración de funerales, pudiendo realizarse siempre y cuando no se supere el 33% de su capacidad y con un máximo de 15 personas. La resolución de Salud también prohíbe la realización de ferias y fiestas populares, verbenas y otros eventos populares, tanto de organización privada como municipal o insular.

Los restaurantes, bares y cafeterías limitarán su aforo al 50%, tanto en espacios interiores como exteriores, y la ocupación máxima será de cinco personas por mesa o agrupación de mesas. No se permite el consumo en barra y deberán cerrar como máximo a las 22.00 horas.

Las actividades en academias, autoescuelas y centros privados de enseñanzas podrán impartirse de forma presencial siempre y cuando no se supere una capacidad del 50% respecto al máximo permitido. Las actividades que realicen se limitarán a grupos máximos de cinco personas y se establecerán medidas de seguridad.

La resolución suspende la actividad de los gimnasios y centros deportivos de todo tipo, parques y jardines, y parques infantiles de uso público y locales de ocio infantil. Se exceptúan de dicha suspensión los establecimientos y espacios cedidos por el Ayuntamiento a los centros educativos.

También se establece que los incumplimientos individualizados de lo dispuesto en la resolución conlleva sanciones. Todas estas medidas afectarán en torno a 23.000 residentes de Son Gotleu, Can Capes, Soledat Nord y Son Canals, a excepción de las calles Manacor, Reyes Católicos y Aragón.

HILA APELA A LA RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL

Ante estas medidas, el alcalde de Palma, José Hila, presente en la rueda de prensa, ha apelado a la responsabilidad individual y ha recalcado que "es fundamental". "Palma ganará esta batalla si cada ciudadano la gana", ha dicho Hila, quien ha confesado "estar optimista porque Palma siempre ha salido de las situaciones difíciles".

Asimismo, ha reconocido su "preocupación" por estos barrios, "con una alta densidad de población". Hila ha señalado que muchos ciudadanos de esta zona viven en viviendas pequeñas, algo que dificulta el aislamiento.

El alcalde ha anunciado que Emaya desinfectará cada día las calles de estos cuatro barrios y se aumentarán las ayudas para que se pueda cumplir el aislamiento. También ha comunicado que se informará a la población y se trabajará en la concienciación ciudadana.

Por último, Hila ha recalcado que los dispositivos policiales se irán incrementando según las necesidades, pero que Policía Local y Policía Nacional partirán con las patrullas que se utilizaron durante el estado de alarma.

La secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, ha afirmado este miércoles que la visita del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, a Canarias por la crisis migratoria "nunca se ha anulado".

Así lo ha puesto este miércoles de manifiesto durante su participación telemática el Foro Canario de Inmigración, donde agregó que el ministro "hace un seguimiento personal y exhaustivo de estos avances en materia de acogida".

En cuanto a la situación de las infraestructuras para albergar migrantes Jalloul ha afirmado que "El Gobierno de España responde. Y no, no lo hace de forma espontánea ni improvisada. Hay un plan de choque en marcha desde que llegamos a esta Administración".

"Habilitamos un centro de migraciones propio en Tenerife --continuó-- y estamos trabajando en otros dos centros de gestión propia en distintas islas en Canarias, en cuya búsqueda e instalación llevamos desde hace varios meses".

En un comunicado, la Secretaría de Estado de Migraciones ha recordado que nunca se había realizado en el archipiélago un despliegue de medios propios como éste, a pesar de que las islas han vivido episodios de presión migratoria en las tres últimas décadas.

Asimismo, Jalloul ha recordado el compromiso del Gobierno en la gestión de los flujos de inmigración irregular que llegan a las costas canarias. "Las plazas de acogida de emergencia que actualmente se están utilizando en Canarias no existían en octubre de 2019. Se han buscado y acondicionado distintos recursos de acogida a lo largo de 2020", ha explicado.

De igual modo, ha recordado que sólo en Canarias, el Ministerio ha creado 700 plazas en las dos últimas semanas para responder de forma eficaz a la llegada a la que están expuestas las islas. "El Gobierno de España responde y se adapta al flujo de llegadas y a las necesidades surgidas por el Covid-19. A finales de 2019 no había más de 100 plazas de acogida en las islas y hoy contamos con más de 1.700", aseveró.

Por otro lado, sobre el traslado de migrantes a establecimientos hoteleros tras días en una carpa en el muelle, ha dicho que "Desplegando temporalmente plazas hoteleras hemos contribuido a activar un sector golpeado por la crisis del COVID-19".

La secretaria de Estado ha recordado que los hoteles desplegados para acogida temporal de personas migrantes estaban cerrados, y que su adaptación ha permitido que cientos de personas regresen a sus puestos de trabajo, como proveedores de electricidad, alimentarios, seguridad, gestorías laborales o mantenimiento.

El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, ha presentado este miércoles un escrito ante la Sala de lo Penal de este órgano instando a la continuación del procedimento contra el magistrado del Tribunal Constitucional Fernando Valdés por presunta violencia de género, han informado a Europa Press en fuentes fiscales. En el informe ha intervenido también la fiscal de violencia contra la mujer Pilar Martín Nájera.

El informe fue solicitado por la Sala de Vacaciones del Tribunal Supremo tras recibir la exposición razonada remitida por la juez de Majadahonda (Madrid) que inició las diligencias y luego las al alto tribunal dada la condición de aforado del magistrado del tribunal de garantías.

Una vez recibido el veredicto de Fiscalía, el ponente de la pieza de admisión, el magistrado Antonio del Moral, deberá ahora decidir si propone la apertura formal de una causa criminal contra Valdés en el alto tribunal.

Valdés, magistrado del TC desde 2012 a propuesta del PSOE, fue arrestado el pasado 11 de agosto por agentes de la Guardia Civil en su domicilio del municipio madrileño de Majadahonda y permaneció unas horas detenido, para pasar después a disposición judicial.

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Majadahonda, especializado en Violencia Sobre la Mujer, se hizo cargo del asunto, pero el magistrado está aforado ante el Supremo, de modo que es la Sala Segunda (de lo Penal) de este tribunal la única que puede investigarle.

Tras su detención y comparecencia en el juzgado de Majadahonda, Valdés fue puesto en libertad sin fianza tras valorar la juez el estado de salud y la edad del magistrado (75 años), y teniendo en cuenta la epidemia sanitaria derivada de la pandemia de coronavirus, según fuentes jurídicas. Ahora está a la espera de que el Supremo decida si procede abrir una investigación por su conducta.

Podemos, que ejerce la acusación popular en la causa contra la familia Pujol Ferrusola, solicita para el expresidente de Cataluña Jordi Pujol una pena de hasta 20 años de prisión por los delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal. Esta pena podría verse reducida a 16 años en caso de que se estime la figura de asociación ilícita en lugar de la de organización.

De igual forma, solicita en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el partido 'morado' interesa para la mujer del expresidente Pujol, Marta Ferrusola, penas que irían de los 13 a los 17 años de prisión por asociación ilícita --subsidiariamente organización criminal-- y blanqueo de capitales. Apunta Podemos que el papel de Ferrusola, al igual que el de Jordi Pujol, en esa asociación ilícita era la de dirección.

La petición de penas asciende en el caso del primogénito del clan familiar, Jordi Pujol Ferrusola, para quien esta parte pide 50 años y seis meses de prisión por asociación ilícita, blanqueo, falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública en relación al IRPF de hasta cinco años de 2007 a 2012. Al igual que ocurre con sus padres y hermanos, estas penas pueden verse incrementadas en caso de que se decida que cuadra más el delito de organización criminal que el de asociación ilícita, por lo que llegaría a los 54 años y seis meses.

La formación 'morada' señala en su escrito que existen indicios de que la familia Pujol Ferrusola ha aprovechado "su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante decenios, para acumular un patrimonio desmedido, directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas".

Ya a mediados de julio, el juez instructor de esta causa en la Audiencia Nacional, José de la Mata, propuso enviar a juicio al expresidente, a su mujer Marta Ferrusola y a sus siete hijos por formar presuntamente una organización criminal.

En el auto de transformación de la causa en procedimiento abreviado y que ponía fin a la investigación de la pieza principal de este caso, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 consideraba que los hechos serían constitutivos de delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental.

Además de toda la familia Pujol Ferrusola, el magistrado procedía también contra otras 18 personas que habrían participado o colaborado en las actividades ilegales, entre ellos la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, Mercé Gironés, o los empresarios Luis Delso Heras, Carlos Sumarroca Coixet y Carlos Sumarroca Claverol.

Según el auto, la investigación, que se ha alargado más de siete años, ha acreditado que parte de esas "actividades corruptas" que habría cometido la familia coincidieron en el tiempo con la Presidencia de la Generalitat de Cataluña que ostentó Jordi Pujol entre 1980 y 2003.

PETICIÓN DE PENAS

Tras las penas solicitadas para el matrimonio y el hijo mayor, la siguiente más elevada es la que se interesa para la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, Mercè Gironés. Se pide hasta 44 años de cárcel por delitos de asociación ilícita --subsidiariamente organización criminal--, blanqueo, falsedad documental y delitos contra la hacienda pública por el IRPF de 2007 a 2012.

Para el resto de hermanos, la petición de penas oscilan desde los seis años que solicitan para Marta y Mireia Pujol Ferrusola, hasta los 18 años y seis meses que se interesan para Josep Pujol Ferrusola, pasando por los 9 que piden para Oleguer, Oriol y Pere. A todos ellos se les imputan delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales.

Sobre el origen de la fortuna del 'clan Pujol', la acusación popular de Podemos señala que "existen indicios sólidos que acreditan que no proviene, como se alega por los miembros de la familia, de una herencia familiar procedente de Florensi Pujol Brugat.

LA FUENTE DE LA FORTUNA: PAGOS ILÍCITOS

Al hilo, apuntan que el origen en ocasiones se sitúa en "pagos ilícitos realizados por terceras personas", en su mayor parte vinculadas con distintas empresas, que realizaban abonos millonarios a la familia disimulados bajo distintas estructuras societarias más o menos sofisticadas y utilizando diferentes paraísos fiscales y fórmulas contractuales.

Como contraprestación a esos pagos, las empresas lograban la influencia de la familia Pujol "en adjudicaciones, cambios decalificación urbanística, adjudicación de concesiones, etc., a lo largo y ancho del espacio geográfico catalán".

La acusación sostiene además que en otras ocasiones, otros muchos casos, no había vinculación específica entre el pago a los Pujol a cambio de una adjudicación, sino que se realizaba "para crear o mantener una buena relación con la familia".

Recuerdan asimismo que "el liderazgo de la organización" estaba encarnado en el expresidente Jordi Pujol y su mujer MartaFerrusola Lladós quien, de hecho, se autodenominaba la "madre superiora de la congregación". Debajo de estos, y siguiendo sus instrucciones, se encontraban Jordi Pujol Ferrusola ("el capellán de la parroquia"), y coordinada con éste su cónyuge, y socia, Mercè Gironés.

MULTA POR EL BLANQUEO DE 123 MILLONES

Además, Podemos señala que los miembros de la familia Pujol-Ferrusola, incluida Mercè Gironés, deberán responder directa, conjunta y solidariamente por la pena de multa de los delitos continuados de blanqueo cometidos como directores o miembros activos dela asociación ilícita o grupo criminal al que pertenecen, y cuantifican el valor de los bienes blanqueados en más de 123 millones de euros.

A esa cantidad, indican, deben hacer frente en distintas proporciones. Así, el expresident debería responder por el diez por ciento, su mujer por el cinco, Jordi Pujol Ferrusola por el 25 por ciento y el resto por porcentajes que varían entre el cinco y el diez por ciento.

En su escrito de acusación, Podemos también pide el comiso de las comisiones ilícitas recibidas, de las ganancias y de las cantidades obtenidas por la facturación ilícita de las empresas de las que eran titulares os acusados, y que ascienden a más de seis millones de euros.

Asimismo, señalan que procede el decomiso de las cantidades recibidas de manera irregular por el partido político ConvergenciaDemocrática de Cataluña (CDC) que ascienden a 2,2 millones de euros.

Por otro lado, interesan la declaración en calidad de testigos de hasta 128 testigos, entre los que se encuentra la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, María Victoria Álvarez.