Castilla y León contabiliza un total de 88.017 positivos por coronavirus, de ellos 2.022 nuevos, según datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad y recogidos por Europa Press.

Las estadísticas de este viernes registran, asimismo, 27 fallecimientos en hospitales y el total en este ámbito es de 2.838 defunciones, mientras que las altas hospitalarias de pacientes que ingresaron con COVID-19 alcanzan ya las 13.077, tras sumarse otras 158 nuevas.

Los brotes activos actualmente en el conjunto de la Comunidad son 693 y los casos positivos a ellos vinculados, 6.109. De ellos, Ávila contabiliza 67, tres más; Burgos, 56, los mismos; León, 26, seis más; Palencia, 60, los mismos; Salamanca, 94, siete menos; Segovia, 91, cuatro más; Soria, 35, cuatro menos; Valladolid, 201, 0nce más, y Zamora 63, siete más que este miércoles.

En total, se han diagnosticado ya en la Comunidad 88.017 positivos en COVID-19 en los distintos tipos de pruebas, después de una jornada en la que se han sumado 1.022 más. Según los datos de la Administración regional, 81.406 positivos han sido diagnosticados en test PCR y de antígenos.

LA PROVINCIA DE VALLADOLID SUMA 497 POSITIVOS

Por provincias Valladolid es la que suma más positivos nuevos con 497 y un total de 19.069; seguida de Burgos con 344 y 12.759; León con 323 y 12.005; Salamanca con 318 y un total de 12.439; Palencia con 179 y 5.538; Zamora con 172 y 4.580; Ávila con 81 y 4.925; Segovia con 65 nuevos y 5.747 y Soria con 43 nuevos y 3.292.

Respecto al número de fallecidos en hospitales con diagnóstico COVID, la cifra total es de 2.838, 27 más que este miércoles. La mayor parte se registra en la provincia de León con 586 --ocho más--, le sigue Valladolid con 572 --nueve más--; a continuación figura Salamanca, con 495 --cuatro más--; Burgos, con 305 --dos más--; Segovia se sitúa en 236 --dos más--; Ávila registra 191 --uno más--, Zamora 177 --uno más--, Soria 139--los mismos-- y Palencia suma uno más, hasta 137.

En el caso de las altas, un total de 13.077, se han computado 3.106 en Valladolid; 2.354 en León; en Salamanca 2.046; en Burgos 1.596; en Segovia 1.088; en Ávila 929; en Zamora 745; en Palencia, 648 y en Soria 565.

UN TOTAL DE DOCE RESIDENTES MÁS FALLECIDOS

Por su parte, la cifra de internos de residencias fallecidos, según los datos facilitados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, se sitúa en 2.959 --doce más que en el último parte emitido el miércoles-- en los 1.214 centros de personas mayores tanto públicas como privadas y centros públicos de discapacidad.

De los fallecidos, 1.854 corresponden a casos de positivos confirmados por COVID-19, doce más, y otros 1.105 a fallecidos con síntomas compatibles con el virus.

Según los datos facilitados por la Junta, de los 2.959 finados, 1.840 personas han perdido la vida en su residencia o centro, dos más que ayer, mientras que diez personas más han fallecido en el hospital, hasta un total de 1.119.

Un total de 69 residentes se encuentra aislado con síntomas compatibles con el COVID-19, tres menos que en los datos de este jueves, y 1.509 se encuentran en esa situación de forma preventiva pero sin síntomas, 195 más.

En cuanto a los centros bajo la tutela de la Junta de Castilla y León, la cifra de fallecimientos alcanza los 260 fallecimientos, uno más, de ellos 143 con positivo confirmado, mientras que otros 117 han sido con síntomas compatibles. Además, se encuentran hospitalizados 41 residentes, cuatro menos, mientras que 781 son los usuarios con positivo en COVID-19 confirmado, uno más.

Por otro lado, hay un residente en aislamiento con síntomas compatibles con el COVID-19, mientras que se mantienen 99 aislados de forma preventiva sin síntomas.

Andalucía registra ocho centros educativos cerrados de forma total, bien sean de la escuela pública, concertada o privada, el mismo número que el martes y uno más que hace una semana, y 408 aulas con sus alumnos en cuarentena por contagios de coronavirus (Covid-19), 61 más que el martes y 84 más que hace siete días, mientras que se han registrado 161 aperturas desde el 27 de octubre.

Según precisan los datos publicados este viernes --y que hacen referencia a los cierres a fecha de este jueves-- por la Consejería de Salud y Familias, los ocho centros cerrados suponen un 0,11% del total de 7.099 que hay en la región, ya sean de Educación Infantil, Primaria o Secundaria (ESO). Respecto a las aulas, las afectadas suponen un 0,52% sobre el total de 78.024. El 94,14% de los centros educativos andaluces están libres de coronavirus.

Por provincias, las que continúan con centros escolares cerrados son Málaga, con dos clausurados de un total de 1.029 centros (un 0,16%), Sevilla, con otros dos cerrados de 1.624 (0,12%) y Granada, que presenta también dos cierres completos de un total de 856 centros (0,23%).

Por su parte, Almería y Cádiz, que no presentaban ningún cierre este martes, tienen en este momento clausurado cada una de ellas un centro escolar. En la primera esto representa un 0,14% del total de 677 centros que tiene la provincia, y en la segunda el 0,11% de 858 centros.

Respecto a las aulas, Sevilla sigue liderando el número de aulas afectadas en Andalucía con 99 clases con suspensión parcial del total de 18.439 aulas (0,53%). Le sigue Granada con cierre parcial en 69 aulas de 8.700 (0,79%), Jaén con 55 clases afectadas de 5.770 (0,95%), Málaga con 49 de un total de 14.270 (0,34%) y Almería con 46 aulas aisladas de 7.133 (0,65%).

El resto de provincia presentan menos de 40 clases afectadas: Huelva tiene 36 aulas cerradas de forma parcial de 5.170 (0,69%); Córdoba, 31 de 7.390 (0,27%); y Cádiz, un total de 23 aulas aisladas de un total de 11.123 (0,20%).

Desde que empezase el curso escolar el 1 de septiembre, el Almería ha habido 222 reaperturas; en Cádiz, 151; en Córdoba, 173; en Granada, 132; en Huelva, 66; en Jaén, 201; en Málaga, 140; y en Sevilla, 358.

El conocido como caso de la 'viuda negra de Patraix' o caso 'Maje' ya está en manos de un jurado popular que, desde este viernes, deberá decidir sobre la culpabilidad o no culpabilidad de María Jesús, a la que llaman Maje, y uno de sus amantes, Salvador, por el asesinato del marido de ella, Antonio.

La vista por este crimen arrancó en la Audiencia de Valencia hace dos semanas y esta mañana se ha convocado a las partes -acusaciones y defensas- a las 11.30 horas para elaborar el objeto del veredicto. Esto es un cuestionario sobre el que los nueve miembros del jurado -cinco mujeres y cuatro hombres- tendrán que deliberar para alcanzar una conclusión final sobre los hechos.

El cuestionario ya ha llegado a manos del jurado y, tras recibir unas indicaciones técnicas del magistrado presidente del tribunal, empieza a deliberar a puerta cerrada y de forma secreta, tal y como contempla la ley.

El jurado, que no dispone de plazo fijo para emitir veredicto, podrá descansar en un hotel bajo custodia policial si así lo requiere. Cuando disponga de un veredicto, lo comunicará, el magistrado revisará que no haya ningún error y se convocará de nuevo a las partes del procedimiento.

En esa nueva vista, el portavoz del jurado popular leerá el veredicto ante los acusados en una sesión pública. Tras ello, las partes concretarán nuevamente sus peticiones de condena y/o absolución. Para llegar a la culpabilidad se necesitan al menos siete votos a favor, mientras que para alcanzar la no culpabilidad estos votos se reducen a cinco.

La Fiscalía requiere 22 años de prisión para Maje por un delito de asesinato con la circunstancia agravante de parentesco, y otros 18 para Salva, mientras que la acusación particular, que representa a la víctima, reclama 25 años para ella y 16 para él -ha rebajado cuatro años, según lo que solicitaba inicialmente-.

La defensa de Maje ha pedido la absolución mientras que la de Salva ha solicitado que se tenga en cuenta las atenuantes de reparación del daño y confesión y reclama siete años y medio de prisión por la muerte. Tras el veredicto del jurado, será el magistrado presidente el que, en sentencia, concrete las penas para los acusados.

En la última palabra ofrecida a los acusados durante el juicio, Maje aprovechó para volver a pedir perdón a la familia de su esposo, quien recibió seis puñaladas en su garaje del barrio de Patraix el 16 de agosto de 2017, por no acudir "por egoísmo y cobardía" a la Policía cuando Salva, su entonces amante, le contó lo que había hecho. "Quiero mostrar mi arrepentimiento, no me lo podré perdonar, fui cobarde y egoísta, solo pensé en mí y en las consecuencias que podría tener", señaló.

Por su parte, Salva, autor confeso del crimen, insistió en que confirmaba "todo" lo que había dicho durante la vista -declaró que ella le pidió que matara a su marido y que no fallara- y expresó su "profundo arrepentimiento".

VISIONES DISTINTAS, UN MISMO CRIMEN

La Fiscalía ha sostenido a lo largo del juicio que fue un crimen "planificado por ella y ejecutado por él", con lo que en el momento de las conclusiones pidió al jurado justicia: "Que le den lo suyo" a María Jesús y Salvador, les espetó.

El fiscal ha insistido en que el plan era conjunto y en que sin ayuda de Maje, Salva no hubiera podido perpetrar el asesinato. Ha destacado las vidas paralelas que llevaban ambos acusados. "Llega un momento en el que él se enamora perdidamente de la acusada y es dependiente de ella. Lo hace todo junto a ella, le lleva la compra, le saca billetes de transporte e, incluso, le compra faldas".

Maje, dijo durante la vista, "también le quería", pero tenía otros amantes y era una "mentirosa". "Siempre miente para tener vidas alternativas. Una y otra vez sin parar". "Tiene que estar acostumbrada a manipular a las personas porque no es fácil hacer todo esto", reflexionó.

Y el crimen, insistió ante el jurado, surgió de ella y lo planificaron antes de verano. "¿Quién va a desear la muerte de Antonio si no ella? ¿Salva? ¿Pero si no le molestaba?", se preguntaba el fiscal. "¿Alguien duda de que Salva actuase por inducción de ella?".

La defensa de Maje ha pedido la absolución porque "no hay ni una sola prueba directa, clara, eficaz que ponga relieve que Maje acordó con Salva matar a su esposo ni mucho menos en cómo lo tenía que matar". "Nunca hablan ni antes ni después, en ninguna de las múltiples conversaciones teléfonicas intervenidas y en la audición de la cafetería que se grabó ha quedado probado", advirtió el letrado.

Asimismo, afirmó que no existe móvil para el crimen, ni amoroso, porque se ha demostrado que Maje "las relacione sexuales las tenía por igual" con otros de sus amantes en vida de su marido, pero tampoco económico.

Por contra, la abogada de Salva ha afirmado que Maje "le convenció de tal forma que él era imprescindible en su vida que la única forma de ser felices era acabar con su matrimonio" y en ese sentido ha mantenido que Salva actuó porque "siempre pensó que era de amor verdadero y concertarían una vida en común".

Asimismo, recalca que, según demuestran los informes periciales de los psiquiatras, las cartas y las conversaciones telefónicas, Salva es una persona "extremadamente dependiente, le dijo que haría "cualquier cosa por ella", y ese servilismo hacia ella se mantuvo "tanto antes como posterior" al crimen.

Los servicios de protección a las víctimas de violencia de género, la teleasistencia móvil (Atempro) y la telemática (pulseras), han visto aumentado su presupuesto en 4,6 millones de euros, con respecto a las cuentas vigentes. Una subida que, según fuentes de Igualdad, se va a usar para aumentar y modernizar estos servicios.

Tal y como muestras las cifras, la partida destinada al servicio de teleasistencia móvil, un convenio con la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), ha crecido en 1,3 millones en el Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021, aprobado por el Gobierno esta semana.

Mientras, la partida que recae sobre el sistema de pulseras telemáticas, se ha incrementado en 3,3 millones con respecto a las cifras actuales.

Las mismas fuentes han explicado que esta subida se utilizará para mejorar y, principalmente, modernizar estos servicios. Así, señalan que los teléfonos usados por el programa Atempro no pertenecen a dispositivos de última tecnología, como tampoco lo son las pulseras.

ATENCIÓN EN TODO EL TERRITORIO

Igualdad señala que esta situación impide una correcta protección de algunas víctimas, principalmente aquellas que no viven en grandes ciudades o en zonas a las que es difícil que llegue la cobertura. A su juicio, es razonable que estas mujeres puedan tener 5G en sus dispositivos.

La partida de estos servicios, así, se destinará principalmente a negociar nuevos contratos con las empresas, de manera que, no sólo se pueda mejorar el servicio a las víctimas, sino también aumentar en lo posible el número de dispositivos.

El teléfono 016 también registrará en 2021 un aumento, si se aprueban las cuentas del Ejecutivo. En su caso, de 970.000 euros. En este sentido, el departamento que dirige Irene Montero, explica que quiere extender la atención a todos los tipos de violencia, así como aumentar su capacidad.

CUMPLIR CON LOS ACUERDOS INTERNACIONALES

El Ministerio quiere que el 016 no sea sólo un servicio de información y asesoramiento jurídico, como lo es ahora, y quiere se extiendan a la orientación laboral o la atención psicológica y contención emocional. Además, ampliarán la atención al whatsapp, entre otras iniciativas.

Estos servicios están contabilizados dentro del Plan 'España te protege frente a la violencia machista', que está presupuestado en 48,5 millones de euros, y que pretende solucionar los problemas que, en materia de protección y atención, se han evidenciado durante la pandemia del Covid19.

Con estas medidas de refuerzo se cumpliría, además, con los estándares internacionales y el ordenamiento jurídico actual. Dentro de esta propuesta también se encuentra la creación de centros de crisis, por parte de las comunidades autónomas, que prestarían atención integral a las mujeres y niños víctimas de esta lacra las 24 horas.

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes retirar la Medalla de Oro de la ciudad al rey emérito Juan Carlos I, tal como se aprobó en el pleno extraordinario de agosto, con los votos favorables de Bcomú, ERC y JxCat, y los votos en contra de PSC, Cs, PP y BCN Canvi.

La propuesta superó el primer trámite en la Comisión de Presidencia, Derechos de Ciudadanía, Participación, Seguridad y Prevención del pasado 15 de octubre con el mismo posicionamiento de los grupos municipales.

El concejal de Memoria Democrática, Jordi Rabassa (Bcomú), ha afirmado que Juan Carlos I no se merecía la medalla en 1992 y que tampoco se la merece ahora porque "ha abusado de su privilegio", y ha aclarado que con la retirada no se cuestiona su presunción de inocencia sino que se reprueban actitudes y comportamientos.

La tercera teniente de alcalde y concejal del PSC, Laia Bonet, ha discrepado con su socio del Gobierno municipal y ha justificado su voto en contra diciendo que consideran que la revocación de la medalla se tendría que producir cuando haya una sentencia firme.

Por su parte, Elisenda Alamany (ERC) ha celebrado que el Ayuntamiento dé "un paso hacia adelante para que la institución represente la voluntad de los barceloneses y su inequívoco espíritu republicano", ya que ha asegurado que la mayoría de catalanes rechazan la monarquía.

En la misma línea se ha pronunciado el concejal de JxCat Jordi Martí, que ha sostenido que no se conforman con la retirada de la medalla, sino que quieren que el rey emérito rinda cuentas ante la justicia: "Esperamos que la fiscalía y la justicia suizas hagan el trabajo que la justicia española se está negando a hacer".

"UNA FORMA DE INGRATITUD"

El concejal de Cs Paco Sierra cree que retirar la medalla al rey emérito es una forma de ingratitud hacia el monarca, lo ha calificado como un ataque a España y a las instituciones del Estado, y ha acusado al Gobierno municipal de "utilizar la ley a su gusto".

Bou (PP) ha tachado la revocación de la medalla como una medida ideológica que pretende crear división y confrontación y ha defendido que el rey emérito "representa uno de los éxitos más indudables" de la historia de España.

Por último, la concejal de BCN Canvi Eva Parera ha afirmado que "no son momentos para hacer de juez cuando hay tribunales que se pueden ocupar", ha calificado de vergonzoso que se vincule a la monarquía con el franquismo y ha pedido que no se ataque a las instituciones.

Euskadi ha vuelto a superar el máximo de positivos de covid-19 en un día, con 1.325 nuevos contagios detectados este pasado jueves, lo que supone 99 más que el día anterior y eleva la tasa de positividad al 8,2%, con menos pruebas realizadas. Además, Vizcaya y Bilbao han entrado en 'alerta roja' al superar los 500 contagios por cada 100.000 habitantes en 14 de días, con unas tasas de incidencia de 523,34 y 518,88, respectivamente.

Según ha informado el Departamento Vasco de Salud, a lo largo de este pasado jueves se hicieron 16.237 pruebas PCR y de antígenos, por debajo de los 17.159 test diagnósticos realizados el día anterior, de los que 1.325 fueron positivos, frente a los 1.226 del miércoles. De esta forma, la tasa de positividad se ha incrementando casi un punto, del 7,5% al 8,2%.

Por territorios, Vizcaya registró el mayor número de contagios, 605 positivos frente a los 524 del día precedente, lo que coloca a este territorio en 'alerta roja' al rebasar los 500 contagios por cada 100.000 habitantes en dos semanas (523,34).

El mayor número de casos se ha detectado en Bilbao, que suma 217 nuevos positivos en covid (72 que ayer) y, según el semáforo de colores con el que el Departamento de Salud indica los municipios que superan los 500 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, entra en 'alerta roja' con una tasa de incidencia de 518,88.

En el territorio vizcaíno, Salud también marca en 'rojo' los municipios de Abadiño, Abanto y Zierbena, Amorebieta-Etxano, Durango, Erandio, Ermua, Galdakao, Lekeitio, Muskiz, Ondarroa, Ortuella, Santurtzi, Sestao y Trapaga, mientras que el semáforo marca en 'naranja', al situarse entre 300 y 499 la tasa de incidencia, los municipios de Arrigorriaga, Barakaldo, Basauri, Berango, Elorrio, Etxebarri, Getxo, Leioa, Mungia, Portugalete, Sopela y Zalla.

En Guipúzcoa se han detectado 570 nuevos contagios (seis más). San Sebastián acumula 111 nuevos contagios, 13 menos que la jornada anterior, y la tasa de incidencia alcanza los 659,50 contagios por 100.000 habitantes.

En el territorio guipuzcoano, 30 municipios están en 'rojo', al superar los 500 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días (Andoain, Arrasate-Mondragon, Astigarraga, Azkoitia, Azpeitia, Beasain, Bergara, Deba, Eibar, Elgoibar, Errenteria, Hernani, Hondarribia, Irun,, Lasarte-Oria, Lazkao, Legazpi, Lezo, San Sebastián, Oiartzun, Oñati, Ordizia, Pasaia, Tolosa, Urnieta, Urretxu, Usurbil, Villabona, Zumaia y Zumarraga), mientras que en otros tres Salud marca 'naranja', Aretxabaleta, Mutriku y Zarautz.

Por su parte, en Álava se han contabilizado 140 nuevos positivos (15 menos). Vitoria, que baja de 102 a 100 los nuevos contagios, según el semáforo de colores con el que el Departamento de Salud, sigue en 'naranja', con una tasa de incidencia de 430,23, mientras que Agurain, con seis positivos más, es la única localidad alavesa que ha rebasado la 'línea roja' con una tasa de incidencia de 623,11.

Otros diez positivos en covid detectados este pasado jueves corresponden a personas residentes fuera de la Comunidad Autónoma Vasca, frente a los 13 de día precedente.

Con estas cifras, la incidencia acumulada en 14 días por cada 100.000 habitantes se sitúa en Euskadi en 629,75 con lo que la Comunidad Autónoma Vasca está en 'alerta roja' al superar los 500 contagios, y la razón de tasas de incidencia (que compara la tasa de incidencia acumulada en 14 días actual con la de hace una semana) es superior a 1 (en concreto, 1,39), lo que indica que la incidencia aumenta.

Por territorios, la mayor tasa corresponde a Guipúzcoa, que sigue rebasando la 'línea roja' con 875,35 positivos por 100.000 habitantes en 14 días, mientras que Vizcaya entra ya en 'alerta roja' con una tasa de 523,34, y Álava registra la menor, 415,59, de forma que este territorio se mantiene en 'naranja'.

El ministro de Transportes y Movilidad, José Luis Ábalos, ha anunciado este viernes que se han iniciado los trámites para que la denominación del Aeropuerto Alicante-Elche incorpore el nombre del poeta Miguel Hernández.

Así lo ha explicado durante el acto homenaje al poeta oriolano que ha acogido el Palacio del Temple de Valencia este viernes con motivo del 110 aniversario del nacimiento del autor, que ha contado con la participación de la nieta y nuera de Miguel Hernández; el presidente de la Generalitat, Ximo Puig; la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, y el alcalde de València, Joan Ribó, entre otros.

Ábalos ha participado en el acto a través de un vídeo, en el que ha recalcado la "deuda" de España con Miguel Hernández y su familia. "Ningún país que se precie puede condenar a muerte a uno de sus poetas más relevantes y salir moralmente indemne", ha subrayado.

Así, como "España le debe tributo", ha anunciado que se incorporará su nombre al Aeropuerto de Alicante-Elche para "pagar parte de esa deuda". "Se han iniciado los trámites que lo harán posible", ha indicado.

Puig ha valorado que es una "buena noticia" que "la puerta más grande de la Comunitat Valenciana con el mundo se llame Miguel Hernández".

Por su parte, la nuera del poeta, Lucía Izquierdo, ha remarcado que desde la familia están "muy agradecidos" con la decisión. "Se lo merece todo", ha aseverado.

El presidente del PP, Pablo Casado, se ha reunido este viernes en su despacho del Congreso de los Diputados con el opositor venezolano Leopoldo López, al que ha definido como "el Mandela de Venezuela y un héroe de la libertad", cuyo papel será "fundamental" para la historia de su país.

"Es emocionante ver a mi amigo y héroe de la libertad Leopoldo López tras años de represión del dictador Maduro", ha escrito Casado en su cuenta de Twitter, en la que le ha expresado todo su apoyo en su "exigencia de elecciones presidenciales libres para la transición democrática, sanciones internacionales al régimen y plan humanitario para Venezuela".

Casado ha asegurado a Leopoldo López que "España está con él" y ha manifestado su esperanza de que "muy pronto haya elecciones libres en Venezuela y una transición pacífica a la democracia". López llegó a España el domingo tras huir de la residencia del embajador español en Caracas, donde estaba acogido desde el 30 de abril de 2019.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ultima la investigación abierta al Rey emérito por posible cobro de comisiones irregulares y su ocultación en paraísos fiscales, que previsiblemente será cerrada sin solicitar al alto tribunal la apertura de causa penal alguna, según adelanta El Confidencial.

La clave estaría en la aplicación extensiva de la inviolavilidad prevista en la Constitución, de la que gozó hasta su abdicación en junio de 2014 y que podría ser aplicada a los hechos investigados.

Las últimas noticias que habían trascendido desde el Ministerio Público podrían haber hecho pensar en un movimiento contrario, ya que el fiscal de Sala que dirige la investigación, Juan Ignacio Campos, admitió en un informe dado a conocer el pasado 1 de octubre que la comisión rogatoria solicitada a la Fiscalía de la República y Cantón de Ginebra, pese a que en dichas fechas no había sido cumplimentada en su totalidad-, abría "nuevas perspectivas" y la necesidad de ser complementada con la práctica de otras diligencias, "que sin duda abrirán un abanico de posibilidades imposibles de valorar" en dicho momento.

Campos realizó estas manifestaciones en un escrito en el que solicitaba la inadmisión a tramite de la querella presentada el pasado mes de julio por la asociación independentista Òmnium Cultural contra Juan Carlos I por presuntos delitos de corrupción, de blanqueo de capitales y de fraude fiscal relacionado con el origen de su presunta fortuna en cuentas en el extranjero.

Según la información conocida este viernes, el equipo de fiscales que analiza este asunto ya habría llegado a una conclusión, contraria a judicializar este asunto, y trabaja en un informe que será muy duro en el relato de hechos atribuidos al padre de Felipe VI, si bien concluiría que hay que aplicar en todo caso el principio de inviolabilidad.

Ello puede ser por dos motivos, o bien los hechos presuntamente delictivos -relativos al cobro de comisiones relacionadas con el AVE a la Meca y otras operaciones, así como a la gestión opaca de dichos fondos- se cometieron antes de la abdicación, por lo que no generan responsabilidad penal; o bien se opta por aplicar a este asunto lo señalado por el dictamen del Congreso de los Diputados que calificó de "absoluta" y con "efectos permanentes" la irresponsabilidad penal del exmonarca.

En su día, según recuerda el diario digital, dicho informe le sirvió al PSOE para oponerse a la constitución de una comisión de investigación parlamentaria sobre los negocios del Rey emérito que había sido solicitada por los grupos parlamentarios de ERC, JxCAT, PNV, Bildu, BNG, Más País, Compromís y la CUP. En todo caso, aún se estarían practicando diligencias menores, pero la idea es que el informe pueda notificarse antes de Navidad.

La investigación fiscal está dirigida a establecer la participación de Juan Carlos I en hechos penalmente relevantes ocurridos con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en el que dejó de estar protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución reconoce al Jefe del Estado". Una parte importante ha estado también dirigida a estudiar si las actividades presuntamente delictivas están o no prescritas.

EQUIPO REFORZADO EN FISCALIA

El pasado mes de julio, la Fiscalía reforzó el equipo de fiscales que investigan al Rey emérito. A los cuatro fiscales del Supremo especialistas en delitos económicos bajo la dirección del fiscal de Sala Juan Ignacio Campos se sumaron Rosa Ana Morán, que dirige la Unidad Especializada en Cooperación Penal Internacional de la Fiscalía General del Estado (FGE). Completan el equipo de expertos Paloma Iglesias, José Antonio del Cerro y Juan Carlos López Coig.

Para su análisis, los fiscales españoles han contado con parte de la investigación remitida por las autoridades suizas por posibles delitos relacionados con un depósito de 100 millones de dólares ingresados en la cuenta de la fundación panameña Lucum, vinculada al Rey emérito.

Se trata de documentos relativos a las declaraciones ante la Fiscalía del país helvético del gestor de cuentas Arturo Fasana, del abogado Dante Canónica y de la que fuera amiga íntima del monarca Corinna Larsen, a la que Juan Carlos I acabó donando gran parte de dicha cantidad.

La documentación responde a la comisión rogatoria emitida desde España hace ya varios meses solicitando información sobre este asunto, aunque no ha llegado todo lo reclamado.

En todo caso, lo que se investigan son posibles conductas cometidas después de la abdicación de Don Juan Carlos, en junio de 2014, relacionadas con el movimiento del dinero y que podrían constituir delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.

Las finanzas del Rey Juan Carlos llevan años bajo sospecha, si bien a mediados del pasado mes de marzo, apenas decretado el estado de alarma por la pandemia, este asunto volvió a primera línea informativa tras diversas informaciones publicadas en la prensa suiza y británica, provocando que la Casa Real anunciara que Felipe VI renuncia a la herencia que podría percibir de su padre y suspendiendo su asignación anual.

De la cuenta vinculada a la fundación Lucum salieron los casi 65 millones de euros transferidos a otra cuenta de Bahamas a nombre de Corinna Larsen y que ella en su declaración ante la Fiscalía suiza enmarca en una donación, en un "regalo no solicitado" para ella y su hijo por el "cariño" que les tenía.

La Comisión Europea ha enviado este viernes un ultimátum a España para que actualice los planes de riesgo de inundaciones para las demarcaciones hidrográficas de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Palma, Lanzarote y Tenerife; una obligación que debería cumplir ya desde 2015 y por cuyo incumplimiento España ha sido condenada el pasado abril por el Tribunal de Justicia de la UE (TUE).

El aviso tiene forma de una carta de emplazamiento que da dos meses a las autoridades para reaccionar a las preocupaciones expuestas por Bruselas, que avisa en un comunicado de que si no cumple con la primera sentencia llevará de nuevo a España ante la Justicia europea.

La sentencia del Tribunal con sede en Luxemburgo condenó a España en abril por incumplir no sólo el plazo establecido en la directiva para publicar y notificar los planes de gestión de inundación de Canarias, sino también la fecha límite que había especificado la Comisión Europea como ultimátum antes de elevar el caso a la Justicia europea: el 24 de septiembre de 2018.

Tras el fallo de Luxemburgo, España ha cumplido lo dictado en lo que se refiere a La Gomera pero sigue sin haber establecido, completado, publicado y comunicado los planes para la gestión de riesgos por inundaciones para el resto de islas del archipiélago.

El Ejecutivo comunitario apunta que España espera cumplir finalmente con todos los planes "entre noviembre de 2020 y marzo de 2021", pero advierte de que dado que la rendición de cuentas en materia medioambiental es un elemento clave para asegurar la correcta aplicación de las reglas ha decido lanzar este ultimátum.

La Comisión, además, ha anunciado la apertura de otro expediente sancionador contra España en relación a las normas europeas que obligan a contar con planes de riesgo de inundaciones a los Estados miembros, así como a cumplir otras exigencias reguladas por las directivas de estándares de calidad medioambiental o la de inundaciones.

En lo que a los planes de riesgo de inundaciones se refiere, los Estados miembro no solo tienen la obligación de diseñarlos y aplicarlos, sino también de actualizar la información que existe sobre ellos para asegurar que tanto el Ejecutivo comunitario como la opinión pública están informados.

En este caso, Bruselas también ha expedientado a Bulgaria, Chipre, Grecia, Lituania y Malta, a los que da igualmente un plazo de dos meses para corregir la situación o iniciará la segunda fase del procedimiento de infracción que, en última instancia, puede llevar el asunto ante el TUE.

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha anunciado en la Asamblea Regional un plan de contingencia en los hospitales de la Región para hacer frente a la situación provocada por la Covid-19 por si "empeorara". En ese sentido, ha indicado que han previsto poder ampliar en 500 las camas hospitalarias y triplicar las de la UCI en caso de ser necesario en un plazo de 24 horas.

Según ha dicho, en el Hospital del Rosell se han contratado 54 profesionales para abrir una unidad de semicríticos en Cartagena. "Hemos puesto en marcha una unidad de semicríticos avanzada en el hospital Virgen del Rosell de Cartagena para dar respuesta a la Covid-19. Ofrecerá asistencia con un alto nivel de especialización a pacientes que requieren una monitorización y una estrecha vigilancia".

En una primera fase, esta unidad contará con 6 boxes para estos pacientes con una capacidad de crecimiento escalonado acorde a las necesidades y hasta un total de entre 13 y 16 camas. El nuevo dispositivo parte de una disponibilidad de 27 camas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General Universitario Santa Lucía.

La creación de este nuevo dispositivo ha conllevado una inversión inicial superior a los 800.000 euros entre las obras de acondicionamiento, adquisición de equipamiento electromédico, mobiliario clínico, así como la importante dotación de personal necesaria para su entrada en funcionamiento.

Además, ha informado de que para el mismo se ha necesitado la contratación de 54 nuevos profesionales de distintos grupos profesionales, 27 enfermeras, 22 auxiliares de enfermería y 5 celadores.

En cuanto al material de protección sanitaria ha asegurado que está garantizado. La Comunidad tiene en stock 21 millones de guantes y ya ha cerrado el pedido de 66 millones más, también tienen almacenadas 15 millones de mascarillas y se está esperando la entrega de 11 millones más de aquí a diciembre. En cuanto a los respiradores de las UCI, se han comprado casi 900 y, además, otro millón de tests de antígenos.

También ha dado cuenta del número de rastreadores que tiene la Comunidad, donde hay más de 400. De ellos, 320 son recursos propios de la Región de Murcia y 100 pertenecen a las Fuerzas Armadas y ha anunciado que en la próxima semana se incorporarán 50 más.

A nivel educativo ha destacado el plan de digitalización para el que se destinarán 18 millones de euros. A través de este plan ya han llegado a los centros 5.400 dispositivos electrónicos dando soporte a los alumnos de Lorca, Lorquí, Jumilla, Totana y Archivel, que han pasado durante unas semanas a modalidad no presencial, y a todos los alumnos de Secundaria que "no disponían de los recursos necesarios" para esta modalidad. Del mismo modo, se han repartido 23.000 nuevos ordenadores para los centros docentes.

Durante su intervención, López Miras también ha defendido que debe existir coordinación en las medidas que se adopten en las distintas comunidades españolas porque "no puede haber 17 actuaciones diferentes para hacer frente a una amenaza que es global".

El presidente regional ha señalado que "si es un acierto que haya un toque de queda en toda la nación, no tiene sentido dar marcha atrás y revocar esa decisión en apenas unas horas, para que quede en manos de los gobiernos regionales". A su juicio, esos cambios de criterio "sin explicación alguna son los que crean desconcierto e inquietud entre la ciudadanía, son los que generan desconfianza en la actuación de las administraciones, y, lo peor, son los que dan vía libre al virus".

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha reducido de 8.000 a 3.000 la lista de espera de solicitantes de asilo para acceder al sistema de acogida español pero considera que "siguen siendo muchos" y se propone llegar a un máximo de 500.

Así lo ha indicado la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, este viernes 30 de octubre en una rueda de prensa para presentar las líneas de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2021 relativas a este Ministerio.

La secretaria de Estado de Migraciones ha afirmado que el sistema de acogida actual "no llega a abarcar a todos los solicitantes de asilo" pues hay un número "precario" de plazas para la cantidad de solicitudes. Por ello, apuestan por dotarse de centros propios y crearán 3.500 nuevas plazas.

"Tenemos que reducir la lista de espera de acceso para solicitantes de asilo con un máximo de 500 personas. Hemos llegado a tener 8.000, si bien es cierto que la hemos reducido a casi 3.000 pero siguen siendo muchas personas en lista de espera", ha precisado Jalloul.

También ha indicado que necesitan tener plazas en lugares estratégicos como Canarias o puntos de Andalucía, y más capacidad de respuesta ante emergencias, como la ocurrida en Canarias con un aumento del "700%" de las llegadas de inmigrantes en situación irregular.

En esta línea, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado que en 2021 reforzará el sistema de acogida a migrantes y prevé que en 2022 esté desplegado un nuevo modelo que corrija los "déficits" del actual, que considera "infradotado, poco eficaz" y con una "exigua" capacidad de plazas.

"Vamos a reforzar el sistema de acogida ya en 2021 y vamos a transitar a un nuevo modelo que estará desplegado en 2022 con cambios normativos de calado", ha anunciado.

El ministro ha indicado que el sistema de acogida de solicitantes de asilo actual tiene "déficits claros" porque está "infradotado" y es "poco eficaz". En concreto, ha precisado que España tiene una tasa de cobertura de solicitantes de asilo del 0,1, "una capacidad de plazas tan exigua que lleva a la improvisación".

"LLEGADAS MASIVAS A CANARIAS"

"Otro déficit importante lo tenemos en la acogida en costas", ha precisado Escrivá, refiriéndose a "lo que está pasando en Canarias con las llegadas masivas". En concreto, desde enero a octubre de 2020 han llegado más de 11.000 migrantes en situación irregular, según el gráfico mostrado en la rueda de prensa.

El ministro ha indicado que ante esta situación han tenido que operar con mecanismos como las plazas hoteleras que ha reconocido que son "claramente una respuesta inadecuada" pero, al menos, son "un punto de partida".

Para realizar el cambio de modelo integral de acogida en España, la secretaria de Estado de Migraciones ha precisado que están trabajando con la Agencia Europea de Asilo y con la Secretaría de Inclusión del Ministerio.

Además, para llevarlo a cabo, cuentan con un presupuesto de 488 millones de euros en los PGE de 2021, de los cuales, 424 millones se dirigirán a acciones en favor de los inmigrantes, lo que supone un incremento de un 33%; y 61 millones de euros, a acciones en favor de los emigrantes (un 3% más). A estas cantidades se suman los 41 millones de euros de los fondos de recuperación europeos.

En el ámbito normativo, el objetivo final del Ministerio, según ha añadido Escrivá, es "avanzar de una forma mucho más decisiva" en el consenso de migraciones "que pasa por una reforma de la Ley de Extranjería y del reglamento de Extranjería" donde, a su juicio, "hay mucho margen de mejora".

Agentes de la Policía Nacional han detenido a individuo como presunto autor de un delito de asesinato que tuvo lugar en la madrugada del 27 de diciembre del pasado año en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, ha informado la Jefatura Superior de la Policía de Madrid este viernes en una nota de prensa.

A finales del año 2019 un taxista encontró, entre dos vehículos estacionados en la calle Manuel Maroto de Madrid, el cuerpo de un varón. Este joven que falleció minutos después a consecuencia de las lesiones producidas por un disparo con arma de fuego.

Los sanitarios de SAMUR-Protección Civil encontraron al joven tirado en la calzada, entre dos coches, inconsciente y en parada cardiorespiratoria en la calle Manuel Maroto, a la altura del número 80, alrededor de las 5 la mañana del 27 de diciembre y tras 45 minutos de maniobras sin éxito han certificado su muerte.

En concreto, la víctima presentaba una herida penetrante por arma blanca en el hemitórax. Los sanitarios realizaron maniobras de reanimación, incluida una toracotomía -consistente en abrir el tórax y practicarle un masaje directo al corazón-, pero tras casi una hora no pudieron más que confirmar su fallecimiento, informaron en su momento fuentes de Emergencias Madrid.

Fruto de la investigación por parte de los agentes se identificó al autor material del asesinato y comprobaron que después de cometer el crimen abandonó su domicilio y se ocultó para evitar ser localizado y detenido.

Desde finales del año 2019 se encontraba en paradero desconocido, por lo que el Juzgado encargado del caso interpuso una requisitoria judicial para su búsqueda, localización y detención por este hecho delictivo.

Tras numerosas gestiones y dispositivos de vigilancia en torno a varios domicilios donde podría esconderse esta persona, a finales del mes de septiembre los agentes localizaron al presunto asesino caminando por la vía pública. Así, procedieron a su detención y a su traslado al juzgado reclamante quien decretó su inmediato ingreso en prisión.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha calificado de "censurable" el hecho de que el documental 'País Vasco y libertad, un largo camino hacia la paz', emitido por EiTB y en el que se analiza la trayectoria de ETA, "no recoja la opinión de las víctimas del terrorismo".

Urkullu se ha referido, de esta forma, en respuesta a una pregunta del PP en el pleno de control que celebra este viernes el Parlamento autonómico, a un programa emitido por la radiotelevisión pública vasca el pasado 19 de octubre, sobre el que la asociación de víctimas Covite denunció que contribuía al "blanqueamiento" de ETA.

El presidente de los populares vascos, Carlos Iturgaiz, integrado en el grupo parlamentario PP+Cs, ha denunciado que con este tipo de espacios, EiTB "tergiversa" la memoria y "la verdad sobre el terrorismo". Iturgaiz considera que la emisión de este tipo de programas, así como los recibimientos a presos de ETA que se celebran periódicamente en Euskadi, constituyen un "incumplimiento" de la Ley de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Terrorismo.

El lehendakari ha recordado al presidente del PP vasco que el programa del Ejecutivo autonómico recoge el "compromiso expreso" de que las víctimas constituirán una "prioridad" de la acción de gobierno en esta legislatura. De esa forma, y tras recordar que no existe "ningún mandato judicial" que prohíba los recibimientos a presos de ETA, ha reafirmado su compromiso con el cumplimiento "estricto" de la Ley Vasca de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Terrorismo.

Respecto al documental emitido por ETB, ha explicado a que "comparte" que resulta "censurable" que un programa que recuerda el final de ETA "no recoja la opinión de las víctimas del terrorismo". "Habría sido preferible un mayor equilibrio de voces y puntos de vista", ha manifestado.

Andalucía suma este viernes 30 de octubre 5.104 casos de coronavirus confirmados por pruebas PCR y test de antígenos, segundo día consecutivo por encima de los 5.000 casos después de que el jueves se registraran 5.202 positivos, según datos consultados en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que contabilizan 39 muertes en 24 horas, ocho más que la víspera.

Estos 5.104 casos suponen la segunda cifra más alta de contagios en la segunda ola, tan solo superada por los 5.202 del jueves, ya que hasta ahora las mayores cifras diarias de positivos no habían superado los 4.000 casos, con 3.503 el viernes 23; 3.442 el martes 21; 3.378 el sábado 24 y 3.149 el domingo 25.

Esta cifra con más de 5.000 contagios por segundo día consecutivo se alcanza precisamente después de que desde las 00,00 horas de este viernes la Junta haya activado el cierre perimetral de la comunidad y el confinamiento de 450 municipios.

La provincia de Sevilla ha registrado un nuevo récord diario de contagios, con 1.496 positivos, convirtiéndose en la provincia andaluza que ha sumado más casos en 24 horas en la segunda ola de Covid-19.

Granada ha sumado 1.063, cifra inferior a los 1.382 casos del jueves, y Jaén 743 positivos, superiores a los 566 del jueves. El resto de provincias han registrado menos de 600 casos: Córdoba con 554, Málaga con 497, Cádiz con 295, Almería con 229 y Huelva con 227.

Sevilla también es la provincia que suma más fallecidos, con 14 muertes en 24 horas, seguida de Granada con ocho, Córdoba con cinco, Málaga y Jaén con cuatro cada una, Almería con tres y Cádiz con una. La provincia de Huelva no suma fallecidos este viernes.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado que no ve el cierre por días de la región como un "triunfo" porque, a su parecer, "no hay ninguna guerra" con el Gobierno y ha reivindicado que ella ha defendido sus políticas en materia sanitaria.

"No es una guerra de Ayuso con Sánchez, ni Sánchez con Ayuso, sino es la defensa de las políticas sanitarias que hemos puesto en marcha hasta aquí y son las que están funcionando", ha expuesto en la presentación de la 'Oficina 360'.

La jefa del Ejecutivo madrileño ha hecho hincapié en que en los últimos días ha tenido que tomar "decisiones muy complicadas", especialmente la relativa al cierre de Madrid.

En este punto, ha trasladado que "lamenta la decisión tomada y también las molestias que pueda ocasionar" pero ha incidido en que el Puente de Todos los Santos es un momento de "muchísima movilidad" en el que suele haber en la región un millón de movimientos.

"Mi intención es cerrar la Comunidad solo lo imprescindible. Por eso quiero agradecer al presidente que haya accedido a nuestra petición desde la lealtad institucional", ha subrayado.

Ayuso ha defendido que saben que su política sanitaria está "funcionando" y no entendían por qué tenían que ser siete días seguidos los que se realizase el cierre. Además, ha insistido en que en su Gobierno creen que "cuánto más pequeños" los cierres "funcionan mejor".

REUNIÓN CON C-LM Y CYL

Respecto a la reunión que mantuvo con el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha desvelado que todos querían "llegar a un acuerdo" pero ella les manifestó que "en principio era contraria a cerrar la Comunidad sin más porque no hay ni un solo estudio que demuestre que funciona".

"De hecho, la Comunidad no ha estado cerrada este tiempo y, sin embargo, ha ido bajando la curva", ha dicho. A pesar de estas palabras, ha precisado que tomó la decisión porque es consciente de que "para otras comunidades esto puede generar muchas molestias".

Nueve detenidos en la operación por el presunto desvío de fondos al independentismo que la mañana de este viernes han comparecido ante el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona han quedado en libertad provisional tras acogerse a su derecho a no declarar, han informado fuentes jurídicas.

Entre ellos estaba el exconseller de ERC Xavier Vendrell, el exdirigente de CDC y presidente de Aguas de Cataluña, David Madí, y el presidente de la Plataforma proselecciones deportivas catalanas, Xavier Vinyals.

A las puertas de la Ciudad de la Justicia de Barcelona se han concentrado una treintena de personas para protestar por las detenciones y dar apoyo a los nueve arrestados, que llevan desde el miércoles en dependencias de la Guardia Civil.

El que fuera ministro del Interior en el primer Gobierno de Rajoy, Jorge Fernández Díaz, ha negado este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye 'Kitchen' que conociera esa operación, y ha afirmado que tampoco recibió indicaciones por parte del entonces presidente del Gobierno ni de la Secretaría General del PP al respecto. En aquel momento ese cargo en el partido era ocupado por María Dolores de Cospedal.

Durante dos horas, el exministro ha respondido a las preguntas tanto del juez Manuel García-Castellón como de su defensa, relacionadas todas ellas con la operación parapolicial que se organizó en 2013 con el objetivo de sustraer la información que guardaba el extesorero del PP Luis Bárcenas y que podría afectar al partido.

Fuentes jurídicas que han asistido al interrogatorio han señalado que ante el desconocimiento del asunto que esgrimía el ministro, el propio magistrado ha llegado a señalarle que le resultaba "francamente deprimente" que como ministro no se hubiera enterado de esa operación. Fernández Díaz también ha negado haber recibido esos mensajes que su número dos Francisco Martínez llevó ante notario y que supondrían que sí que tuvo conocimiento del operativo.

De hecho, ha sostenido que él no escribe así los mensajes, ante lo que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido que entregue su teléfono móvil para comprobar si realmente no los recibió y envió. El exministro en un principio, según fuentes que han asistido a la escena, se ha negado a entregar su terminal señalando que ya había cambiado varias veces de teléfono.

La alcaldesa de Gijón, Ana González (PSOE), ha destacado este viernes que la situación es "alarmante" en el concejo, con unos datos "muy preocupantes" con una incidencia en siete días de 966 casos positivos por COVID-19.

"La siguiente medida restrictiva sería el confinamiento", ha alertado la regidora gijonesa, en declaraciones a los medios de comunicación tras un acto en el Ayuntamiento, y unas horas después de haber participado en la reunión de la Federación Asturiana de Concejos para abordar la situación de pandemia en el Principado.

"Estamos en una situación grave en nuestro concejo", ha advertido tras dar a conocer el dato de la incidencia COVID. "Son muchos", ha asegurado, al tiempo que ha recalcado que aquí ya no podemos hablar "ni de nueva normalidad ni de vieja normalidad".

"Nadie podemos pretender tener una vida normal, porque solo podemos tener un objetivo individual y colectivo; cortar los contagios", ha defendido.

La alcaldesa gijonesa ha adelantado que esto va a significar que haya que cambiar nuestra vida, que cada vez que se vaya a hacer un movimiento se piense no si se quiere hacer, sino si se debe, no si puedo hacerlo, sino si tengo que hacerlo, y si es así, hacerlo en clave de salud personal y colectiva.

SITUACIÓN ALARMANTE

"La situación es alarmante, y tenemos que responder con responsabilidad todo el mundo", ha apelado González. Esta ha recalcado que ya hay muchas medidas restrictivas y muchas recomendaciones; "y somos gente adulta", ha remarcado.

Ha pedido hacer un esfuerzo, aunque ha reconocido que entiende la "fatiga" y que es una situación dura desde muchos ámbitos de la vida. Con todo, ha aconsejado disminuir lo más posible la movilidad y los contactos sociales. Según ella, solo de esto dependerá que se avance en el recorte del avance de los contagios.

En este sentido, ha augurado que si seguimos estrictamente las normas fijadas y tomamos las recomendaciones como algo serio, podemos cortar esta espiral de crecimiento de contagios.

Preguntado de por qué ahora quien no ha hecho caso a esas recomendaciones lo haría, ha opinado que en este momento casi todo el mundo tiene o ha tenido alguien cercano que se ha contagiado. "Ya no nos es ajeno", ha resaltado sobre la COVID-19.

"Tenemos la transmisión en la calle, en todos los sitios de Gijón", ha advertido. Eso sí, ha dejado claro que "nadie es culpable por infectarse del virus, de lo único que podemos ser culpables es de no seguir las recomendaciones y las normas".

Sobre si podría volverse al cierre de parques infantiles, ha apuntado que ahora se sabe que es mejor estar al aire libre que encerrados. Ha clarificado que nO pide a la gente que se quede todo el día en casa, pero sí que se lo planteen si es necesario. Los parques ahora se sabe que es bueno incluso para la salud mental de los niños, según la alcaldesa.

Respecto al Hospital de Cabueñes, ha coincidido con la plantilla en que le preocupa la presión asistencial que pueda haber, pero ha recalcado que le consta que el Principado ya está trabajando en esta cuestión.

Ha señalado que los profesionales sanitarios han sufrido mucha presión, al estar en primera línea estos meses, por lo que es normal este agotamiento que cree que está relacionado con las protestas. "Por eso es muy importante que reaccionemos", ha conminado.

En cuanto a la ampliación del cierre perimetral de Gijón a todo el concejo, ha recordado que estamos en un momento "muy difícil" por la pandemia.

Ha incidido en que en la toma de decisiones de un cierre hay que tener en cuenta las interacciones y cómo funcionan las personas. Hay que ver si estas interacciones son las que hay que evitar o las que permite la norma. Y si bien no se habla de juntarnos en grandes aglomeraciones, ha justificado la ampliación del cierre para hacer tareas cotidianas como poder ir a la farmacia, a la compra o al médico.

La Santa Sede ha hecho público, a las 12.00 horas de este viernes, que el Papa Francisco ha nombrado al sacerdote de la Diócesis de Cartagena Fernando Valera obispo de la Diócesis de Zamora.

Así lo ha comunicado la Nunciatura Apostólica en España a la Conferencia Episcopal Española. Fernando Valera Sánchez es, en la actualidad, director espiritual de los seminarios Mayor de San Fulgencio y Menor de San José, canónigo de la catedral de Murcia y miembro del Colegio de Consultores de la Diócesis de Cartagena.

Fernando Valera Sánchez es natural de Bullas. En esta localidad del Noroeste de la Región de Murcia nació el 7 de marzo de 1960. Hijo de José y de Catalina, creció en Bullas junto a sus dos hermanos. Fue bautizado en la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de esta localidad en la solemnidad de san José de ese mismo año.

En 1977, ingresó en el Seminario San Fulgencio de la Diócesis de Cartagena, entonces en Granada, y realizó los estudios eclesiásticos en la Facultad de Teología de Granada. El 3 de abril de 1983 fue ordenado diácono en la ciudad de Murcia y recibió el Orden Sacerdotal el 18 de septiembre de 1983 en su localidad natal.

En 1987 obtuvo la licencia en Filosofía por la Universidad de Murcia, cursando además el programa de doctorado Razón, discurso e historia en la Filosofía Contemporánea. Consiguió en 1995 la licencia en Teología Espiritual por la Universidad Pontificia de Comillas y en 2001 el doctorado en Teología por la misma universidad.

Ha publicado varias obras como 'En medio del mundo. Espiritualidad secular del presbítero diocesano' y 'El Espíritu Santo y la vida del presbítero' y tiene otras colaboraciones en congresos y diversos artículos de revistas especializadas. Ha sido director de tesis de licenciatura y doctorado, y ha formado parte de distintos tribunales académicos.

En sus 37 años de ministerio sacerdotal ha desempeñado diversos encargos y actividades pastorales y académicas. Por ejemplo, de 1983 a 1984, su primer destino fue la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de La Unión como coadjutor. Durante ese periodo fue también miembro del equipo pastoral encargado de la Parroquia de San Nicolás de Bari del Estrecho de San Ginés de Cartagena.

Entre 1984 y 1990 fue Coadjutor de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Molina de Segura; al tiempo que fue Profesor de Metodología Científica en el Centro de Estudios Teológico Pastorales San Fulgencio de Murcia (1988-1991); Párroco de San Antonio de Padua de Mazarrón (1990-1991); o Sacerdote misionero fidei donum en el Alto de Bolivia (1991-1992) .

También cursó estudios en la Universidad Pontificia de Comillas; fue párroco de Nuestra Señora de Loreto de Algezares; y Párroco in solidum de Nuestra Señora de la Asunción de Moratalla y de San Bartolomé de El Sabinar, de la Virgen de la Rogativa y de San Juan y Béjar.

Cursó estudios en Roma residiendo en el Pontificio Colegio Español de San José; ha sido Párroco de Santiago Apóstol de Lorquí; profesor del Instituto Teológico San Fulgencio impartiendo las asignaturas de Sacramentos al servicio de la comunidad y Pneumatología; y párroco de Nuestra Señora del Rosario de Puente Tocinos (Murcia) y arcipreste de Murcia-Nordeste.

Asimismo, ha sido Párroco de la Purísima de Javalí Nuevo (Murcia) y delegado diocesano para el X Congreso Eucarístico Nacional de Toledo; profesor de Pneumatología como clave de comprensión de la Teología Fundamental del Instituto Teológico de Murcia OFM, centro agregado a la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Antonianum de Roma. Profesor de Teología Espiritual, Sacramento del Orden y Matrimonio en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Dámaso (sección a distancia) en su extensión en Murcia.

Finalmente, sus últimos cargos han sido los de Vicario episcopal de la Zona Suburbana I; Director espiritual de la Congregación Hermanas Misioneras de la Sagrada Familia, de derecho diocesano; Director espiritual del Seminario Mayor de San Fulgencio y del Seminario Menor de San José; Miembro del Colegio de Consultores de la Diócesis de Cartagena; y Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Murcia.

Extremadura, Baleares y Canarias son por el momento las únicas autonomías que han decidido no aplicar el cierre perimetral en sus territorios para limitar los movimientos durante estos días. La última en aprobar este confinamiento ha sido Galicia, mientras que Madrid cerrará la región tan sólo durante los dos puentes -el del 1 de noviembre y el del 9 del mismo mes- tras contar con el benéplacito del Gobierno central.

El cierre perimetral está ya en vigor desde este viernes enel País Vasco, Navarra, Aragón, La Rioja, Asturias, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Cantabria, Cataluña, Murcia, Ceuta y Melilla y la Comunidad Valenciana.

El próximo miércoles, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud establecerá los criterios de aplicación relativos a la eficacia de la medidas que adopten las Comunidades Autónomas, como por ejemplo la temporalidad de las medidas a siete días. Mientras tanto, estarán vigentes las medidas de restricción perimetral que cada región adopte de cara a este fin de semana.

A las 12.00 horas de este viernes , la situación por Comunidades Autónomas es la siguiente:

ANDALUCÍA

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado el cierre perimetral de la comunidad autónoma desde este viernes 30 de octubre y hasta el 9 de noviembre, con el objetivo de frenar los contagios por coronavirus.

También se incluye el cierre perimetral en las provincias de Granada, Jaén y Sevilla, actualmente en nivel cuatro de alerta sanitaria. Asimismo, mantendrá el horario de la limitación general de la movilidad nocturna inicialmente fijado por el Gobierno de España para la franja de 23.00 a 6.00 horas.

ARAGÓN

El confinamiento perimetral en Aragón entró en vigor este martes y, en principio, se extenderá hasta el próximo 9 de noviembre. Las tres capitales de provincia -Huesca, Zaragoza y Teruel-- ya estaban cerradas desde la semana pasada, que se mantiene, de forma que los habitantes del resto de municipios pueden transitar libremente dentro de Aragón, pero no podrán entrar ni salir de la Comunidad salvo por causas justificadas.

ASTURIAS

En Asturias, el cierre perimetral de la comunidad autónoma entró en vigor este miércoles. Por otro lado, el toque de queda en la región será desde las 0.00 hasta las 6.00 horas.

BALEARES

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha descartado de momento el cierre perimetral de las islas, aunque se han tomado medidas como toque de queda nocturno o limitación a 6 personas en las reuniones sociales. Este miércoles ha comenzado el confinamiento perimetral en Manacor, que será de 15 días.

CANARIAS

Las Islas Canarias han quedado excluidas de este posible confinamiento perimetral y de la limitación horaria que se impone en todo el país y que establece la restricción de movimientos entre la 23.00 horas y las 06.00 horas, una medida de la que Canarias había solicitado quedar exenta por sus buenos datos epidemiológicos.

CASTILLA Y LEÓN

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado el cierre perimetral de la Comunidad a partir del viernes, 30 de octubre, hasta la finalización del "primer periodo" del estado de alarma, el 9 de noviembre a 14.00 horas.

CASTILLA-LA MANCHA

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha sumado a la medida acordada por Castilla y León de cerrar la región para limitar los movimientos.

CANTABRIA

El Gobierno de Cantabria ha decidido cerrar la Comunidad Autónoma desde esta noche y hasta el lunes 9 de noviembre, además de modificar el calendario escolar y suspender la semana no lectiva del día 2 al 8 para evitar la movilidad de las familias.

CATALUÑA

El Govern decretará este jueves un confinamiento perimetral de los municipios para el fin de semana, de manera que no pueda haber movilidad entre ellos, y cerrará Cataluña para que no se pueda salir ni entrar del territorio catalán.

EXTREMADURA

El Ejecutivo extremeño ha indicado que probablemente en el próximo Consejo de Gobierno se tendrán que tomar decisiones que afectarán a grandes núcleos de población. El consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha asegurado que el aislamiento perimetral no se ha mostrado eficaz en ninguna parte de Europa aunque sí en poblaciones pequeñas y ha abogado por controlar todos los factores que puedan generar "algún tipo de riesgo.

EUSKADI

El Gobierno vasco, uno de los primeros en pedir el estado de alarma, limitará la entrada y salida de personas en el territorio de Euskadi, así como los accesos y salidas de los municipios en los que las ciudadanos tengan fijada su residencia.

GALICIA

La Xunta ordenará el cierre perimetral de todas las ciudades gallegas, debido a la mala evolución la pandemia de COVID-19, y restringirá las reuniones únicamente a personas convivientes en estos municipios.

Los cierres perimetrales afectan a Vigo; A Coruña y Arteixo; Santiago, Ames y Teo; Ferrol, Narón, Fene y Neda; Pontevedra, Poio y Marín; y Lugo (en Ourense se mantiene la limitación que ya había).

LA RIOJA

La comunidad riojana anunció el confinamiento perimetral de Logroño y Arnedo, además del cierre la hostelería y restauración durante un mes de estas localidades. Estas medidas se suman al cierre perimetral de la región que se decretó desde las 00.00 horas del pasado 23 de octubre hasta las 00.00 horas del 7 de noviembre y que la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJR lo ratificó el pasado lunes.

NAVARRA

Similar es el caso de Navarra, que inició el confinamiento de su territorio a las 00.00 horas del pasado 22 de octubre y hasta el 4 de noviembre, cuyo Tribunal Superior ratificó la orden foral por la que limita la entrada y salida de la Comunidad foral, salvo por motivos laborales o sanitarios, y que también ordena el cierre de los establecimientos de hostelería y restauración, medida que este martes ha sido avalada por el TSJN.

MURCIA

Por su parte, el gobierno murciano ha acordado el cierre perimetral de toda la Región de Murcia y de los 45 municipios de la Comunidad para poner freno a la expansión de los contagios por Covid-19. La medida entrará en vigor en la medianoche de este jueves, en cuanto se publique en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), y tendrá una duración de 14 días que podrán ser prorrogados.

MADRID

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ordenado el cierre de la autonomía solo los días que corresponden al Puente de Todos los Santos y de La Almudena, con el aval del Gobierno, según fuentes regionales. Ha incidido en que pedirá de nuevo "diálogo" para que en la orden se puedan flexibilizar aperturas y cierres de las comunidades autónomas, tras haber pedido al Gobierno que le permitiera hacer el cierre por días. COMUNIDAD VALENCIANA

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha anunciado este jueves el confinamiento perimetral de la Comunitat Valenciana desde el mediodía de este viernes, una medida que se adopta durante siete días en los que la población no se podrá salir ni entrar de la autonomía pero podrá moverse entre municipios, comarcas y provincias.

CEUTA Y MELILLA

El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Vivas (PP), anunció un decreto con el que prohibirá salir o entrar en la ciudad autónoma "salvo causa debidamente justificada" durante los dos próximos fines de semana, desde el 30 de octubre hasta el 2 de noviembre y entre los días 6 y 8 del mes próximo. Presume que será necesario sostener la medida "hasta mediados de diciembre".

Por su parte, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla ha establecido el toque de queda desde las 22.00 horas de la noche y ha restringido los viajes a la Península, tanto en barco como en avión, además del cierre de los establecimientos de alimentación a las 21.00 horas.

El Puente de Todos los Santos estará marcado por el tiempo anticiclónico, con cielos poco nubosos o despejados, y temperaturas diurnas en aumento desde este viernes y con pocos cambios durante el fin de semana, aunque a partir del martes se espera un descenso de los termómetros debido a la inestabilidad que dejará también precipitaciones en la Península, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Del 30 de octubre al 1 de noviembre, se esperan nubes bajas, brumas y nieblas matinales en Galicia y la meseta Norte, localmente persistentes en la cuenca del Duero, así como intervalos de nubes bajas en el mar de Alborán y el norte de las islas Canarias. Además, durante la tarde del sábado y del domingo, la AEMET prevé algunas lluvias dispersas en el extremo noroeste peninsular.

Los vientos serán de levante en el Estrecho el viernes y del suroeste en Galicia hasta el domingo mientras que en Canarias serán vientos de componente este, con probabilidad de calima en las islas orientales.

Sin embargo, la semana entrante comenzará con precipitaciones y viento ocasionalmente fuerte el lunes en Galicia y el entorno de la cordillera Cantábrica occidental, así como nieblas en los valles del oeste peninsular y la meseta Norte y brumas en el Mediterráneo. Los cielos continuarán siendo poco nubosos en el resto del país.

Las precipitaciones podrán producirse el martes y el miércoles en muchas zonas de la Península con vientos de componente norte. A partir del miércoles, y con mayor incertidumbre, la inestabilidad aumentará con posibles precipitaciones en cualquier punto de la Península y vientos de componente sur y este.

En estos días, las temperaturas descenderán de forma acusada hasta el miércoles y se recuperarán a partir del jueves.

En Baleares, la AEMET señala que es poco probable que se produzca alguna precipitación mientras que las temperaturas descenderán el martes y el miércoles. En el caso de Canarias, comenzarán la semana con régimen de alisios y posibilidad, a partir del jueves ,de alguna precipitación con vientos de componente norte y oeste.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes una nueva prórroga, hasta el 30 de noviembre, del cierre de la frontera exterior de la zona Schengen, con los cambios propuestos por el Consejo de la UE. De este modo, Canadá, Túnez y Georgia quedarán excluidos de la corta lista de países desde los que se permite viajar libremente al área Schengen.

A partir de las cero horas del 1 de noviembre, a esa breve lista se añaden Singapur y las regiones administrativas especiales (RAE) de Hong Kong y Macao aunque, en estos dos últimos casos, la frontera solo se abrirá efectivamente si hay reciprocidad, igual que se ha decidido en el caso de China.

La lista de países desde los que se pueda viajar al área Schengen sin limitaciones la forman Australia, Japón, Nueva Zelanda, Ruanda, Singapur, Corea del Sur, Tailandia y Uruguay.

La nueva orden incluye la posibilidad de denegar la entrada por motivos de salud pública a toda persona nacional de un tercer país que, "previa comprobación por las autoridades sanitarias, no cumpla los requisitos de control sanitario para la COVID-19 que establezca el Ministerio de Sanidad. Esa condición se aplica también a los viajeros procedentes de los países incluidos en esa lista.

En todo caso, el cierre de la frontera exterior contempla excepciones y sí permite la entrada de ciudadanos o residentes en la zona Schengen, trabajadores transfronterizos, estudiantes con su correspondiente visado, profesionales de la salud, incluidos investigadores sanitarios.

También pueden viajar los profesionales del cuidado de mayores que se dirijan o regresen de ejercer su actividad laboral, el personal dedicado al transporte de mercancías, el personal militar, diplomático o consular.

El Tribunal Constitucional ha declarado ajustada a derecho la última modificación efectuada en marzo de 2019 en la Ley de Caza de la Comunidad de Castilla y León, en respuesta al recurso que fue interpuesto por el Defensor del Pueblo.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha mostrado su satisfacción porque el TC respalde el instrumento legal que posibilita la caza hasta tanto se tramita y apruebe la nueva Ley cuyo Proyecto ultima.

Según el Director de los Servicios Jurídicos, Luis Miguel González Gago, con esta sentencia se avanza tanto en la garantía de la práctica de esta actividad como en la mayor protección de la fauna silvestre.

Recoge expresamente el Alto Tribunal, reproduciendo la exposición de motivos de la norma, que en Castilla y León más del 88% de su superficie son terrenos cinegéticos, y que la mayor parte de los mismos, en torno a 78.000 Kms. cuadrados, están constituidos bajo la figura de cotos privados de caza; que la actividad cinegética se ha demostrado en los últimos años como la herramienta de gestión y control más eficaz de las poblaciones de ungulados silvestres, jabalíes o conejos, que permite reducir los daños ocasionados por esta fauna silvestre sobre los cultivos, la ganadería, los accidentes de tráfico, y evitar posibles epizootias y zoonosis; y destaca que las zonas rurales de Castilla y León, especialmente las menos industrializadas o pobladas, son las más vinculadas a la actividad económica derivada de la caza, hasta el punto de que los ingresos obtenidos de la misma constituyen su principal fuente de riqueza, y contribuyen, por tanto, a evitar la despoblación del medio rural.

Como remarcaban los Servicios Jurídicos de la Junta, el Tribunal reconoce que la Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva en materia de caza y explotaciones cinegéticas, respetando siempre la competencia transversal del Estado sobre la protección del medio ambiente, que viene dada por la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad de 2007, como manifestación de interés general y público en la preservación de la riqueza biológica, que es escasa y fácilmente extinguible.

Sobre la declaración de las especies cinegéticas o cazables que contiene la Ley, el Defensor del Pueblo criticaba que no se había justificado que se pudiera dar una extracción ordenada de ejemplares, de acuerdo con los niveles poblacionales, su distribución geográfica y su índice de reproductividad, alegación desestimada por el Tribunal porque no se señala qué informes o estudios técnicos serían necesarios a su juicio incorporar a la tramitación de la ley, ni que norma exige su aportación.

ADECUADA TRAMITACIÓN

Al respecto, indica el Tribunal Constitucional que la norma autonómica se ha tramitado adecuadamente, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía y el Reglamento de las Cortes de Castilla y León, careciendo la demanda de una carga argumental mínima -se presentó la proposición de ley por los grupos parlamentarios de forma articulada y acompañado de unos antecedentes y una exposición de motivos, la Mesa de la Cámara la admitió a trámite y ordenó su publicación, la Junta de Castilla y león informó el texto sin hacer objeción a su tramitación, el Pleno la debatió y tomo en consideración, y definitivamente dicho Pleno la aprobó-.

Sobre la alegación de que la ley haya sido hecha para solventar una casuística concreta, -lo que se conoce como "ley singular"-, manifestada por el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional también lo rechaza, de acuerdo con las argumentaciones expuestas por los Servicios Juridicos de la Junta.

No es una ley autoaplicativa, ya que regula con carácter general y abstracto la actividad cinegética, y exige la realización de actividades administrativas posteriores, como la aprobación de un plan cinegético por coto, expedir las licencias de caza, fijar los horarios de caza o limitar el uso de la munición, totalmente controlables por los juzgados y tribunales si no se ejercen adecuadamente.

Tampoco es una ley de destinatario único, ya que sus previsiones van dirigidas a una pluralidad indeterminada de sujetos, cazadores y administraciones competentes. Y no es una ley para un supuesto de hecho concreto, ya que se hizo con vocación de permanencia y sus previsiones se proyectan para regular el futuro.

Para la Consejería de Fomento y Medio Ambiente la sentencia tiene una singular trascendencia dado que, como ya dijera el Tribunal Supremo en su sentencia nº 427/2020, de 18 de mayo, que avaló la normativa reglamentaria de la Junta sobre la Caza, esta actividad siempre que se desarrolle de forma legal, responsable y segura, es determinante para la conservación del patrimonio natural, y no sólo favorece la protección de los ecosistemas, garantizando el equilibrio entre depredadores y presas, sino que evita importantes daños a la fauna protegida, especialmente a la más débil, a la seguridad vial, a las economías de los titulares cinegéticos, al empleo, a la agricultura, a la sanidad animal y sector ganadero, o a la salud de las personas.

Además, desde el punto de vista humano, para comprender la importancia de la caza en Castilla y León, recuerda la Junta que este deporte es practicado por más de 125.000 cazadores, y que lo realizan sobre unos 5.500 cotos privados de caza.

Con esta sentencia se avanza en la garantía de su práctica, aunque todavía la ley, como señala González Gago, está pendiente de la resolución también por el Tribunal Constitucional de una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, contra la misma.

Al respecto, adelanta esta sentencia del Tribunal Constitucional que la aprobación de la Ley de Caza no produce una infracción de los artículos 9 y 24 de la Constitución, es decir, no se vulnera ni el principio de legalidad ni el de tutela judicial efectiva, y aunque el dictado de la ley haya tenido efectos en un incidente de suspensión cautelar previamente acordado por la Sala en un recurso contencioso-administrativo contra el Decreto 10/2018 de la Junta de Castilla y León, no por ello puede calificarse de ley singular, sin que exista una reserva reglamentaria de materias, por lo que la aprobación de leyes no puede quedar restringida porque exista un reglamento que esté impugnado judicialmente.

El Consejo de Ministros aprobará el próximo martes un subsidio para los auxiliares y técnicos de cultura que tengan cotizados 35 días, según ha adelantado la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una entrevista en Antena 3.

"Por primera vez en nuestro país se va dar una prestación con 35 días cotizados", ha indicado la titular de Trabajo, que presentará la medida el próximo martes junto al ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, tras su aprobación por el Consejo de Ministros.

Díaz ha recordado que por parte del Ministerio de Cultura se han aprobado ya ayudas al sector, pero "quedaban fuera técnicos y auxiliares y esto se va a corregir". Asimismo, ha reconocido la importancia del sector y la apuesta del Gobierno por el mismo.

"La cultura es básica para nuestras vidas y en términos económicos es vital y hay que cuidarla", ha concluido Yolanda Díaz.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha recomendado "escuchar" a su departamento en lo que se refiere a los detalles del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y no a otros ministerios como el de Derechos Sociales, cuyo responsable es Pablo Iglesias, porque hay "mucho ruido sobre este tema".

"Le sugiero que en cuestiones de detalles sobre el IMV nos escuchen a nosotros, al Ministerio competente, al de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y seguro que tendrán información precisa sobre lo que se ha hecho y sobre lo que se va a hacer. Hay mucho ruido sobre este tema, mucha información no precisa", ha asegurado Escrivá este viernes en una rueda de prensa para presentar las principales líneas de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 relativas a su departamento.

Así se ha pronunciado el ministro al ser preguntado por una de las modificaciones anunciadas por el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, sobre el Ingreso Mínimo Vital, en relación a que podría haber varios beneficiarios de la prestación en un mismo domicilio.

Para Escrivá, el hecho de que existan dudas sobre este cambio anunciado por Iglesias demuestra que hay "mucha información no precisa" y "mucho ruido" sobre este tema. "La pregunta que me hace refleja exactamente eso", ha zanjado el ministro.

El pasado martes, el vicepresidente segundo Pablo Iglesias aseguró que hubo "una pelea dura" dentro del Gobierno para facilitar los trámites de las ayudas del Ingreso Mínimo Vital. Así lo indicó en una entrevista en la Cadena Ser, subrayando que no podía "aceptar" que esta prestación "no llegue a la gente que lo necesita.

Un día después, el ministro José Luis Escrivá se mostró "sorprendido" por estas declaraciones y precisó que no tenía sensación de que exista "pelea" y ya insistió en que el Ministerio responsable de esta prestación es el suyo, emplazando a Iglesias a resolver los problemas en el ámbito de su Ministerio de Derechos Sociales.

"Hay otra parte del Gobierno que tiene responsabilidades sobre políticas sociales, sobre la tutela en el ámbito de la asistencia social, y alguno de los problemas transitorios deben de resolverse en el ámbito de lo social y la responsabilidad está en el ámbito de la Vicepresidencia de Derechos Sociales", puntualizó.

La Policía Nacional mantiene activado un dispositivo de búsqueda para encontrar a Iria Rodríguez Vila, una joven de Vigo de 33 años que lleva desaparecida desde el pasado viernes, 23 de octubre.

Según informan fuentes oficiales, la denuncia la interpuso este jueves su abuela, con la que residía en la ciudad olívica, después de que no volviese a casa tras salir de un centro educativo.

La investigación, de acuerdo con las mismas fuentes, trata de averiguar si la joven, de 33 años de edad, se pudo haber dirigido a casa de unos amigos antes de que se le perdiese la pista.

Tras la denuncia, la asociación SOS Desaparecidos ha publicado un cartel de alerta por redes sociales en el que se describe a Iria Rodríguez Vila como una mujer de 1,70 de altura y de "complexión gruesa". Además, tiene pelo castaño, ojos verdes y saltones, acné y varias cicatrices.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha mostrado a las principales organizaciones del Control del Tabaco en España, presididas por el CNPT, y a la asociación Nofumadores.org, en una reunión mantenida este jueves, la intención del Gobierno de subir el precio del tabaco.

Según han informado desde Nofumadores.org, Illa les aseguró que la no inclusión en los Presupuestos Generales del Estado no quiere decir que "no pueda hacerse por otros procedimientos legislativos", señalando que están trabajando con el Ministerio de Hacienda para resolver los aspectos técnicos.

En este sentido, Nofumadores.org ha recordado al ministro que con un 34 por ciento de población fumadora es muy difícil luchar contra el tabaquismo con una "cajetilla a 5 euros o el tabaco de liar a 2,5 euros. "Estamos haciendo justo lo contrario que Europa y seguimos siendo su estanco", ha apostillado.

Asimismo, y tal como ha comentado la organización, el ministro de Sanidad ha admitido que se había reunido con la industria del tabaco, a la cual informó que las medidas se tomarían en función de la protección de la salud e incluso apuntó a una paulatina "reconversión" de los sectores que viven del tabaco, tal y como la presidenta de Nofumadores.org le había pedido previamente, por ser una industria que está basada en la muerte de 55.000 españoles al año.

Otros países como Dinamarca, Francia, Reino Unido, o Finlandia ya anuncian que entre 2030 y 2035 el tabaco estará tan desnormalizado que los niños lo mirarán con extrañeza como una costumbre del pasado. "Estos países y otros tantos tienen una estrategia de 'END GAME'. En España aún ni se ha articulado, ni se ha puesto fecha, y mientras tanto 550.000 personas han muerto por tabaquismo en la última década y la generación de mujeres que vivió el paso a la democracia en España iguala ya en muertes de cáncer de pulmón a las muertes por cáncer de pecho", ha detallado la presidenta de Nofumadores.org.

En efecto, el cáncer de pulmón entre mujeres se ha incrementado un 400 por ciento en los últimos 30 años debido al aumento de la población fumadora femenina. Por este motivo, Nofumadores.org ha destacado a Illa la necesidad de establecer una hoja de ruta y un calendario de planificación para una nueva ley de tabaco fundamentada en un 'Programa de lucha contra el tabaco en España', con un sistema de financiación innovador, que aporte viabilidad económica y garantía de futuro en su aplicación, siguiendo los modelos que ya funcionan en Francia 'Programme national de lutte contre le tabac 2018-2022' y en el Reino Unido 'Tobacco Control Plan 2017-2022'.

Para Nofumadores.org, acabar con el humo en las terrazas de hostelería es la acción principal ya que conseguiría la desnormalización del tabaco en un país donde tenemos el mayor número de bares y restaurantes per cápita del mundo siendo estos nuestros centros neurálgicos de sociabilización.

Además, Nofumadores.org se sumó al resto de organizaciones en lamentar que la distancia de seguridad para poder fumar o vapear en espacios comunitarios se haya establecido en tan solo dos metros, en lugar de los 10 metros que aconsejan los expertos, por ser una actividad de alto riesgo realizada sin mascarilla en la que se proyectan aerosoles a larga distancia.

"Obviamente, los dos metros son insuficientes y han sido la excusa para seguir fumando en las terrazas y en las calles", ha avisado el vicepresidente de Nofumadores.org, Ubaldo Cuadrado. Asimismo, Nofumadores.org ha reclamado la "inmediata extensión" a toda España de la prohibición explícita de fumar en las terrazas que ya se da en Baleares y Canarias, con el objetivo de aumentar la seguridad de los usuarios y trabajadores del sector hostelero y reducir el riesgo de transmisión y contagio del virus, así como medida de protección a las personas fumadoras pasivas.

Este aumento de los espacios libres de humo, a juicio de la organización, debe hacerse "inmediatamente extensible" a los perímetros de todos los centros sanitarios y educativos, empresas y establecimientos públicos. Al mismo tiempo, Nofumadores.org ha pedido a Illa que cuente con ellos para poner los cimientos de la 'Primera Generación sin Tabaco en 2025', lo que supondría que los nacidos a partir de 2007 no podrán comprar tabaco.

Se trata de niños que a día de hoy tienen 13 años y aún no han probado el tabaco por lo cual no lo echarían de menos nunca, pero para ello tenemos que reforzar las medidas que impiden el acceso al tabaco a estos menores y calificar de infracción grave el hecho de vender tabaco y productos relacionados a menores de edad. "Solo conseguiremos terminar con la pandemia del tabaquismo cortando el flujo de entrada de nuevos usuarios, los cuales la industria busca siempre entre las generaciones más jóvenes", han apostillado desde Nofumadores.org.

Asimismo, Nofumadores.org coincide con el resto de asociaciones en una medida, en la cual el ministro ha anunciado que ya estaban trabajando en la adopción del empaquetado genérico para todos los productos de tabaco.

El comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, ha defendido este viernes su labor al frente del cuerpo y no va a poner su cargo a disposición tras la absolución judicial de su antecesor Josep Lluís Trapero, una sentencia que celebra. Sallent rechaza consignas políticas y ha defendido la decisión de quitar la escolta de mossos al expresidente Puigdemont.

En una entrevista de Ser Catalunya, al preguntársele si la absolución de Trapero puede comportar que el propio Sallent cese en favor suyo, ha respondido: "El conseller Sàmper dijo que ofrecería la posibilidad de volver al comisario Trapero. Esta una decisión política. Por tanto, aquí yo soy una parte pasiva".

Pero ha defendido seguir, al planteársele si debe poner su cargo a disposición del Govern: "Pues yo considero que no. Considero que, como los 17.000 policías que trabajan cada día, yo cada día me levanto para hacer mi trabajo".

"Si yo pusiese mi cargo a disposición, difícilmente, en situación tan crítica como la que estamos viviendo ahora, tendría la misma credibilidad a la hora de trabajar con mis comisarios. No somos entrenadores de futbol ni políticos. Somos funcionarios", ha añadido.

CELEBRA LA ABSOLUCIÓN DE TRAPERO

Sallent ha celebrado la sentencia, y ha constatado que también lo dijo en la intranet de Mossos: "Siempre confiamos en que lo que hicimos es lo que podíamos hacer en aquellas circunstancias y que se había dado cumplimiento a las órdenes de la magistrada".

Ha explicado que su relación con Trapero es profesional y larga, y que se pondría a sus órdenes si vuelve a encabezar el cuerpo por decisión del conseller.

TORRA Y PUIGDEMONT

Respecto a las críticas a Mossos del entonces presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha respondido que defiende toda acción del cuerpo que sea profesional: "Queremos estar fuera de lo que es este debate político. No queremos que nadie nos diga qué tenemos que hacer, sino que lo que toca es cumplir en cada momento las normas y las resoluciones judiciales".

También ha hablado de que se encontrara, al acceder al cargo, con mossos junto al expresidente Carles Puigdemont en el extranjero: entonces ya lo consideró "absolutamente inaceptable" y tomó medidas para que dejara de ser así.

Sobre si parte del independentismo recela de los Mossos, ha contestado que "efectivamente se ha producido una evolución importante en este sector social hacia lo que es el cuerpo de Mossos d'Esquadra. Alguien hizo un relato de lo que no somos los Mossos", aunque ha advertido de que son profesionales públicos que nunca harán nada contrario a lo que supone ser policía.

Pero lo ha enmarcado sólo en lo que define como diálectica pública: "Ni siquiera en el momento más difícil, más allá de algunas manifestaciones que hubo como ésta de algunas autoridades públicas del país, directamente a mí nadie nunca me ha dicho qué tengo que hacer ni cómo".

"LA RESILIENCIA DEL CUERPO ES INCUESTIONABLE"

Eduard Sallent ha defendido que "la resiliencia del cuerpo es incuestionable" y ha pedido que se les deje trabajar.

Sobre las relaciones de Mossos con el poder judicial, ha explicado que al llegar al cargo encontró desconfianza en la judicatura, Fiscalía y otros cuerpos de seguridad -ha dicho textualmente-, pero hay que entenderse con ellos y reconstruir puentes: "No entendernos significa no ser capaces de hacer nuestro trabajo".

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha denunciado que la protesta y los incidentes registrados este pasado jueves en Bilbao contra las medidas preventivas frente al coronavirus "también son terrorismo", dado que "atentan contra la salud y el bienestar" de los ciudadanos, por lo que ha expresado su condena "radical" a esta protesta 'negacionista'.

Urkullu se ha referido, de esta forma, en el pleno que celebra este viernes el Parlamento Vasco, a los incidentes registrados este pasado jueves en Bilbao, en los que seis personas fueron detenidas por la quema de 25 contenedores durante una protesta contra las medidas adoptadas para frenar la expansión del coronavirus.

El lehendakari, en respuesta a una pregunta del PP sobre el terrorismo, ha mostrado su "condena radical" a los incidentes registrados en la capital vizcaína, sobre los que ha afirmado que "también son terrorismo", puesto que se trata de unos actos que "atentan contra el bienestar y la salud de los ciudadanos".

Iñigo Urkullu ha realizado estas afirmaciones minutos después de que, a su llegada al pleno, el consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, haya anunciado que la Ertzaintza investiga el "perfil" de los participantes en los incidentes registrados, dado que algunas de ellos tienen "antecedentes delictivos" por hechos similares. Además, Erkoreka ha informado de que las imágenes de la movilización fueron difundidas a través de redes sociales que no están "precisamente" vinculadas a la 'izquierda abertzale'.