La Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación de la Junta de Andalucía, dependiente de la Consejería de Regeneración, Justicia y Administración Local, ha comunicado el cierre, con fecha límite de las 00.00 horas del 1 de abril de 2021, del Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) San Francisco-La Biznaga de Torremolinos (Málaga), que cuenta con 15 plazas y dos grupos educativos de convivencia.
En la resolución, se precisa que en la actualidad la Consejería dispone de 13 CIMI, 39 centros y servicios para el cumplimiento de las medidas de medio abierto y ocho servicios de mediación penal de menores para actuaciones de mediación, conciliación y reparación.
De todos ellos, 12 CIMI y 45 centros y servicios de medio abierto y mediación penal de menores son gestionados mediante contratos administrativos por entidades privadas especializadas en la intervención con menores infractores. El resto es gestionado de forma directa por la Administración, Delegación Territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local en Málaga, como es el caso del San Francisco de Asís.
Sostiene que el modelo de gestión dominante en materia de justicia juvenil en Andalucía «es el de gestión indirecta», un modelo «elegido en los años 90 ante la insuficiencia de medios y el coste económico de los recursos públicos» y que, desde la perspectiva de intervención con menores infractores, «resulta del todo satisfactorio».
Respecto a este centro, indica la resolución el recorrido realizado hasta ahora y cómo en 2001 se adaptó a los nuevos perfiles de menores. En 2010, se acordó suspender su funcionamiento y rehabilitarlo, «proyecto de rehabilitación integral que no se llevó a cabo en años subsiguientes».
En julio de 2013 se incorporó la gestión pública del CIMI tras vencer el contrato administrativo con una entidad privada. En enero de 2020 se emitió un informe de situación y costes de los centros y servicios de justicia juvenil San Francisco de Asís y de optimización de recursos en la provincia y en ellos se reflejan «las dificultades en la gestión y en el buen funcionamiento y organización de los servicios prestados».
En definitiva, según la resolución, «se viene a proponer la eliminación de la duplicidad de servicios idénticos con objetivo de asegurar la eficacia, eficiencia y responsabilidad en la gestión pública».
El 22 de junio pasado se emitió un informe respecto a este centro y se vio «muy necesaria» la reorganización de los centros y servicios de justicia juvenil en la provincia malagueña. Así, la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación ha iniciado los trámites para dotar a la provincia del número de plazas necesarias en CIMI y grupos educativos de convivencia para cumplir las medidas judiciales ordenadas por los juzgados de menores de Málaga, «unificando en toda Andalucía el mismo modelo de gestión» y que se licitará este año.
«A día de hoy, la comunidad autónoma cuenta con plazas de internamiento y grupo educativo de convivencia en Andalucía para la ejecución de las medidas, por lo que mientras se lleva a cabo la reorganización del mapa de recursos de justicia juvenil, se podrá continuar disponiendo de los recursos existentes en las provincias limítrofes como en la actualidad, sin que pudiera existir menoscabo en la calidad de los servicios prestados a la Administración de Justicia», defiende.
También añade que la fecha límite de cierre es el 1 de abril y que se pone a disposición de los órganos competentes en materia de función pública y recursos humanos el personal de la Relación de Puestos de Trabajo que presta servicios en los centros y servicios de justicia juvenil San Francisco de Asís.
RECHAZO DE LOS TRABAJADORES
Los sindicatos CSIF y Ustea han emitido sendos comunicados en los que critican este cierre y «privatización» de servicios, que el comité de empresa conoció el pasado viernes, 12 de febrero. «Con este cierre toda el sistema de centros de menores infractores en Andalucía quedará en manos privadas», han lamentado. Hace justo un año ya se informó al comité del cierre previsto de este centro.
El comité de empresa ha expresado su repulsa por tal decisión, «recriminándole su absoluta inacción por mejorar e impulsar este centro y el menosprecio al trabajo del conjunto de trabajadoras y trabajadores». «Ha tardado un año en hablar con el comité, y ha sido para comunicar su cierre. Ahí quedan muchos escritos demandando interlocución y mejoras en la organización que, visto el desenlace han ido a parar a las papeleras uno tras otro», han lamentado desde Ustea.
Este cierre afecta a más de 100 trabajadoras y trabajadores, que este martes han sido convocados a una asamblea general para establecer medidas ante el «cierre injusto de un centro público histórico para ponerlo en manos de la privada».
CSIF, por su parte, ha trasladado su «absoluto rechazo a la privatización» del CIMI San Francisco de Asís-La Biznaga, en Torremolinos y ha advertido que adoptará «cuantas medidas sean necesarias para frenar la privatización de este servicio público».»Este centro, gestionado por la Administración autonómica desde 1984, lleva en funcionamiento casi 80 años, desde 1942, dedicándose actualmente al seguimiento de medidas judiciales y a la atención educativa de menores infractores», ha recordado.
Desde este sindicato han señalado que el centro en los últimos años «ha ido reduciendo cada vez más su capacidad y limitando su actividad hasta situarse al borde de la privatización actual». «Con su cierre se eliminan del mapa recursos públicos esenciales para la atención y reinserción de menores infractores, mientras se deriva la gestión al sector privado», han sostenido.
A este respecto, CSIF ha lamentado «la falta de transparencia por parte de la Administración autonómica y reclama que facilite a las organizaciones sindicales información relativa al número de menores atendidos por los centros privados, así como sobre el coste para la Administración pública de estas externalizaciones».
El centro de menores San Francisco de Asís-La Biznaga tiene una quincena de plazas de capacidad –en régimen abierto, semicerrado y cerrado– y en sus instalaciones prestan servicio alrededor de un centenar de trabajadores entre educadores, vigilantes, personal de limpieza o personal del servicio de cocina.
«Esta noticia ha generado desconcierto entre los trabajadores, ante quienes hasta ahora la administración había defendido falsamente que este centro mantendría su actividad», han finalizado, no sin antes solicitar a la Junta de Andalucía que se replantee este cierre.
