El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, se ha dirigido este martes al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, para señalarle que los inmigrantes que se encuentran en el muelle de Arguineguín, en el municipio de Mogán, pasan allí "más de una semana" y "hacinados".

De este modo, Morales ha querido salir al paso de las declaraciones de Marlaska en las que aseguraba que los inmigrantes que se encuentran en el muelle de Arguineguín no pasan más de 72 horas.

"No solo no es cierto que los migrantes pasen solo 72 horas en el Muelle de Arguineguín, sino todo lo contrario, ya que pasan más de una semana y además hacinados, con flagrante vulneración de los derechos internacionales, de hecho en estos momentos alberga a más 2.100 personas y no han dejado de llegar en las últimas horas", apostilló Morales.

Así, apuntó que ha criticado la forma en la que el Gobierno central está afrontando esta crisis migratoria, así como "el trato inhumano que vulnera el derecho internacional de estas personas", por lo que matizó que "no" puede estar de acuerdo con las manifestaciones del ministro de Interior, las cuales consideró además "censurables", según informó el Cabildo en un comunicado.

Morales sí que se mostró "totalmente de acuerdo" con lo manifestado por las organizaciones sociales que "han tachado de inciertas sus manifestaciones" --las de Marlaska--.

Además, Morales ha rechazado que "se esconda la realidad de esta manera" para, agregar, que el plan de choque presentado en los últimos días por la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, "tampoco es suficiente, no da las respuestas necesarias a esta crisis".

DIPLOMACIA Y COOPERACIÓN

Las soluciones a este problema, entiende Morales, pasan por emprender políticas diplomáticas y de cooperación con los países de origen, en las que consideró que "tampoco Europa se ha implicado", además de habilitar espacios "adecuados" para la primera acogida, cuestión que el Gobierno central "no ha hecho en 26 años y tampoco en los últimos seis meses.

Además, dijo, de limitar a 72 horas esa primera acogida y derivarlo para su posterior acogida a la península, donde "el 60 por ciento de las plazas estatales para este fin están vacías".

Morales apuntó que la patronal turística también han mostrado "su preocupación dado que esta situación, que debía ser transitoria, se está eternizando".

En este sentido, cree que la visita de Marlaska tuvo de positivo que "escuchara a las instituciones canarias en general y al Cabildo en particular, que no ha dejado de repetir que Gran Canaria no puede convertirse en Lesbos, algo que ha prometido el ministro pero que sin embargo sigue la estela de este lugar y de Lampedusa".

Morales señaló que Gran Canaria "no" puede "seguir a ultranza la política de convertirse "en frontera sur y espacios cárcel para estas personas", al tiempo que "ha denunciado situaciones como la de las ratas recorriendo el muelle de noche entre los migrantes dormidos en el suelo".

La Reina Letizia ha presidido este martes 17 de noviembre una reunión de trabajo para abordar la respuesta que ha dado UNICEF al impacto de la Covid-19 en la infancia vulnerable en España y en el mundo.

El presidente de UNICEF España, Gustavo Suárez Pertierra, junto a una representación de la organización, ha trasladado a la Reina los resultados del trabajo de la organización, con el objetivo de "no dejar a ningún niño atrás", manteniendo la actividad de sus proyectos y haciendo frente a las nuevas necesidades surgidas por la pandemia.

La Reina Letizia, Presidenta de Honor de UNICEF España, que apoya de forma activa el trabajo de la organización, mantuvo una primera reunión con el mismo objetivo el pasado 26 de marzo.

Desde entonces, la ONG ha encaminado sus esfuerzos a abordar temas claves para la garantía de los derechos de los niños como la salud física y mental, el acceso seguro a los centros educativos y la brecha digital, o la lucha contra el aumento de la pobreza infantil, según informa la organización.

Igualmente, UNICEF España ha apoyado la compra y distribución de suministros. A nivel sanitario, desde que comenzó la pandemia, la organización ha aportado cerca de un millón y medio de mascarillas, más de un millón de pares de guantes, 100.000 kits de detección del virus, 12.600 equipos de protección para los trabajadores sanitarios y 165.616 geles hidroalcohólicos.

Por otro lado, y gracias al trabajo con algunos aliados, la organización ha entregado al sistema de protección de menores un total de 1.739 tablets, 315 ordenadores y 500 cajas de juegos.

Estos esfuerzos se suman a los de la organización a nivel mundial para proteger la salud de todos los niños, garantizar el suministro de vacunas rutinarias, llegar a los más vulnerables, proporcionarles agua, saneamiento e higiene, facilitar su educación y protegerlos de la violencia, la explotación y el abuso.

A lo largo de la reunión, Doña Letizia ha tenido ocasión de conocer el impacto de la lucha de UNICEF contra la COVID-19 a nivel global. La directora adjunta de la Oficina de Programas de Emergencia de UNICEF en Ginebra, Meritxell Relaño, ha compartido con los presentes la estrategia que la organización está llevando a cabo para vencer al virus y paliar su impacto sobre la infancia.

Esto incluye la participación en el Mecanismo COVAX, que favorecerá la elaboración y distribución equitativa de pruebas diagnósticas y vacunas para la COVID-19 cuando estén disponibles.

En la reunión, han participado de forma presencial María Ángeles Espinosa, miembro del Patronato de UNICEF España; el director ejecutivo de UNICEF España, Javier Martos, y la directora de Planificación y Relaciones Institucionales de UNICEF España, Digna Crespo. Además, de forma telemática han estado conectados los miembros del Patronato de la organización.

La portavoz parlamentaria del Grupo Popular, Cuca Gamarra, ha admitido que le "sorprende" que Ciudadanos rechace el plan B jurídico alternativo al estado de alarma que su formación llevará este mismo martes al Pleno de la Cámara cuando, según ha subrayado, ese partido también había solicitado articular instrumentos jurídicos para abandonar la excepcionalidad.

"No sé qué ha cambiado para que Ciudadanos haya pasado de exigir un plan B jurídico al Gobierno a decir a día de hoy que no es necesario, cuando la pandemia no ha terminado y tienen que seguir luchando contra el virus", ha asegurado Gamarra en una rueda de prensa en el Congreso, al término de la reunión de la Junta de Portavoces.

En concreto, la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha rechazado esa propuesta del PP advirtiendo de que eso permitiría al Gobierno decretar confinamientos y toques de queda sin rendir cuentas ante el Congreso. A cambio, ha planteado mantener el estado de alarma mientras sea necesario, pero exigiendo que el presidente Pedro Sánchez acuda al menos una vez al mes a la Cámara para solicitar su prórroga.

"RESPONSABILIDAD DE SUPLIR UN VACÍO"

Gamarra ha subrayado que los españoles han dado confianza a sus representantes parlamentarios para que, aparte de controlar al Gobierno, lleven a cabo su capacidad legislativa, sobre todo cuando hay "un vacío" como ocurre en este caso. "Tenemos la responsabilidad de suplir ese vacío", ha apostillado.

En este sentido, ha recalcado que "no es admisible" decir a los españoles que "no hay otra posibilidad que el estado de alarma" hasta el fin de la pandemia y la "responsabilidad" de los grupos es articular esos instrumentos para buscar una alternativa después de que el Gobierno no lo haya hecho.

"Por lo tanto, nos sorprende esa posición y ese cambio cuando ellos mismos habían estado planteando la necesidad de un plan B jurídico, pero evidentemente cada grupo tiene su posición muy respetable y los españoles juzgarán si esas posiciones dan respuesta a lo que los españoles necesitan en cada momento", ha recalcado.

RECUERDA QUE EL GOBIERNO APOYABA ESA REFORMA

En este punto, Gamarra ha recordado que el propio Pedro Sánchez se mostró a favor hace meses de "afrontar reformas" de Leyes orgánicas como la Ley 3/1986 en materia de salud pública para "dotar de más instrumentos a las autoridades sanitarias" y ha añadido que públicamente también lo defendieron la vicepresidenta Carmen Calvo, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, o el titular de Sanidad, Salvador Illa.

Por eso, ha rechazado que esta cuestión pueda tener algún problema de constitucionalidad y ha achacado la posición del Gobierno a que para él es "muchísimo más cómodo" el estado de alarma "y cuánto más largo mejor" como el aprobado recientemente que durará hasta mayo y con "escaso control parlamentario".

Gamarra ha reiterado que el Ejecutivo ha renunciado a buscar ese marco jurídico porque le resulta "más cómodo" el actual escenario de estado de alarma, máxime cuando estos meses, ha dicho, ha demostrado su "capacidad de limitar y de pisotear derechos fundamentales".

"La incoherencia está basada en la comodidad de gobernar restringiendo los derechos y las libertades", ha enfatizado, para añadir que este tipo de mecanismos excepcionales deben ser utilizados el "menor tiempo posible" y los españoles "tomarán nota" de qué partidos están preocupados por evitar esa limitación de libertades lo menos posible.

Ante el hecho de que Vox haya anunciado que votará en contra al plan jurídico del PP, Gamarra ha indicado que "hay más grupos que se sumarán" a la toma en consideración de la proposición de ley del PP --aunque no los ha precisado-- y ha agregado que el hecho de que no vaya a tener el apoyo suficiente para que salga adelante "no es causa suficiente para no promover" esa iniciativa.

Así, Gamarra ha recalcado que un partido liberal como el PP, que cree en la democracia y en la "mínima restricción posible" a los derechos fundamentales y las libertades, tiene la "obligación moral" de presentar esta proposición de ley en el Congreso. "A todos se nos va a juzgar por qué papel tuvimos en la pandemia", ha advertido.

LA VACUNACIÓN Y LOS EXPERTOS

Por otra parte, al ser preguntada si el PP cree que sería bueno hacer obligatoria la vacunación contra el Covid-19, Gamarra ha señalado que este asunto abre un debate "interesante", ya que es una cuestión que "necesita un debate jurídico profundo porque afecta a derechos fundamentales".

"Animo a que los debates no sean de blanco y negro, de sí o no, sino que estén basados en la evidencia científica y en lo que recomienden los técnicos y los expertos", ha dicho, para agregar que a partir de ahí se podría analizar qué se debe hacer.

En este sentido, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha señalado que para llevar a cabo esa medida "primero hace falta que haya expertos, segundo que lo recomiendan y avalen y, tercero, un marco jurídico que lo permita".

La presidenta del Tribunal de Cuentas, María José de la Fuente, ha presentado este martes en el Congreso el informe de fiscalización del Museo del Prado, en el ejercicio de 2018, en el que se recogen las carencias halladas en su gestión. Aún así, De la Fuente ha destacado que la pinacoteca ha cumplido con las recomendaciones realizadas por el organismo en su anterior fiscalización.

Durante su intervención ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para la Relación con el Tribunal de Cuentas, De la Fuente ha indicado que en este informe se han hallado algunas deficiencias.

Entre ellas, que el Museo El Museo no se ha adaptado totalmente su regulación jurídica a lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público; que la asignación discrecional de la cuantía individual de diversos complementos retributivos se ejerce por un responsable del Museo que no tiene asignada la competencia, o que formaliza incorrectamente contratos de interinidad para sustituir a los empleados que se encuentran en periodo vacacional.

También ha detectado un retraso la entrega al Tribunal de Cuentas de la relación certificada de los encargos a medios propios; una inadecuada aplicación de la tasa por la utilización de espacios; carencias informativas en la página del Museo; o una falta de igualdad tanto en el Pleno del Patronato, como en la Comisión permanente del mismo, entre otras puntualizaciones.

CRÍTICAS DEL PP

Aún así, De la Fuente ha señalado que el Museo "cumplió" con las nueve recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas en su anterior Informe, referido al ejercicio 2012. Además, ha indicado que ocho de ellas afectan al ámbito objetivo de la fiscalización.

Tanto PSOE como Unidas Podemos han destacado la importancia de este último punto, y han valorado positivamente que el Museo del Prado haya ido adoptando las recomendaciones del organismo fiscalizador.

Al PP, por su parte, no le ha gustado que el Tribunal de Cuentas haya 'examinado' el Plan Cuatrienial de la Pinacoteca, que abarca los años 2017 a 2021, en su actividad de 2018. Según su representante, Eloy Suárez, de este modo, "difícilmente se puede saber qué ha pasado con el Plan Cuatrienial" si "no se ha cumplido el objetivo".

Desde Vox, su portavoz en esta comisión, Pablo Sáez, ha pedido al organismo que preside De la Fuente, que se vigile el hecho de que bajen las ventas pero "suba la contratación de personal", especialmente "los contratos de alta dirección". "Es poco ejemplarizante", ha apuntado.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha celebrado la "tendencia clara" de bajada de la incidencia de la pandemia de COVID-19 "en el conjunto del país", pero ha advertido de que la cifra "sigue siendo muy elevada". Según los datos publicados ayer por el Ministerio de Sanidad, la incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 470, frente a 498 el viernes y 529 el lunes pasado.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes, Montero ha resaltado que estos datos son "positivos". "Muestran que vamos en la dirección correcta", ha argumentado, aunque ha advertido de que la situación en los distintos territorios españoles es "claramente desigual".

"Debemos seguir manteniendo la guardia alta y aplicando las restricciones que están formulando las administraciones sanitarias", ha reclamado Montero a la ciudadanía en la cuarta semana del Estado de Alarma por el gran aumento de casos de COVID-19.

Por otra parte, la portavoz del Ejecutivo ha aplaudido las "buenas noticias" sobre los ensayos clínicos de las vacunas contra COVID-19 de Moderna y Pfizer. "Es una cuestión que es una razón para la esperanza en el corto y medio plazo. Ojalá que todas estas hipótesis científica, que cada vez son más realidad, puedan confirmarse para que definitivamente podamos ganar esta batalla al virus", ha resaltado.

En este sentido, ha señalado que España podrá acceder a ellas a través de los mecanismos de compra conjunta de vacunas de la Unión Europea. En estos momentos las organizaciones comunitarias están negociando con Moderna, mientras que el pasado miércoles la Comisión Europea dio 'luz verde' al acuerdo que ha alcanzado con las farmacéuticas Pfizer y BioNTech para que los Estados miembros puedan comprar hasta 300 millones de dosis. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará este jueves en el Consejo Europeo donde, entre otros temas, se abordará la compra de vacunas por parte de la UE.

La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ha votado en contra de una proposición no de ley (PNL) impulsada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos para pedir al Gobierno la elaboración de un plan nacional para combatir la segunda ola de contagios del coronavirus.

Con 10 votos a favor y 26 en contra, la Comisión ha rechazado esta iniciativa en la que se pretendía que el Congreso de los Diputados se adhiriese al manifiesto 'En Ciencia, ustedes mandan, pero no saben' promovido por 55 sociedades científicas que agrupan a más de 17.000 profesionales sanitarios, y, en consecuencia, instar al Gobierno de España a impulsar todas las medidas y reformas contenidas en el decálogo que promueve dicha iniciativa.

El objetivo, según señala la PNL, era garantizar una gestión sanitaria de la pandemia de Covid-19 en España basada en criterios objetivos, claros, transparentes y comunes para todo el país y asentada sobre la evidencia científica disponible y la experiencia de nuestros profesionales sanitarios. No obstante, la iniciativa, que ha contado con una enmienda del Grupo Parlamentario Popular, no ha sido apoyada por los grupos parlamentarios de PSOE, Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, ni VOX.

Asimismo, la Cámara Alta ha rechazado, con 16 votos a favor y 20 en contra, pedir al Gobierno la adopción de medidas complementarias de salud pública para asegurar la veracidad en la contabilización de las cifras de fallecidos con COVID-19.

Esta iniciativa, presentada por el Grupo Parlamentario de VOX instaba al Gobierno a adoptar nuevas medidas de salud pública para asegurar la "veracidad" en la contabilización de las cifras de personas fallecidas con Covid-19, la enfermedad que provoca el coronavirus.

La iniciativa fue registrada el pasado 28 de abril, si bien, tal y como ha explicado el diputado de VOX, Juan Luis Steegmann, desde esa fecha hasta la actualidad han fallecido unas 30.000 personas por coronavirus, por ello, en el texto, que ha contado con una enmienda del Grupo Parlamentario Popular, se proponía realizar cribados a los "presuntos pacientes" de Covid-19, y de forma periódica, e independientemente de la presencia de síntomas, en las residencias de ancianos.

Del mismo modo, abogaba por la creación de un registro digitalizado y "permanentemente actualizado" de los fallecidos con Covid-19 en España, realizar un estudio sobre las causas de fallecimiento de todas las personas y exigir a la Unión Europea que todos los países codifiquen las muertes por igual.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido a la Unión Europea que valide como forma de testeo frente al Covid-19 que las farmacias puedan realizar las pruebas de antígenos, tras el rechazo a su propuesta por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

Así lo ha trasladado en una carta enviada a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, donde explica que los expertos madrileños establecen que las pruebas de antígenos se pueden realizar en otros centros sanitarios, como farmacias "porque sus profesionales están capacitados, garantizan la seguridad e higiene y los resultados se pueden comunicar al Sistema Sanitario de Madrid".

La jefa del Ejecutivo madrileño ha recordado que las pruebas de coronavirus en farmacias ya se utilizan en países europeos como Francia, Portugal y el Reino Unido, así como en otros sistemas sanitarios consolidados, como Estados Unidos, Australia o Canadá. Por eso, la Comunidad de Madrid ha solicitado al Gobierno español un marco legal que permita a las farmacias realizar pruebas.

"Actualmente, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios no nos permite utilizar estos centros. Por eso consideraría útil que alguna autoridad europea pudiera validar esta nueva forma de testeo, no solo en España sino también para el resto de regiones europeas", le ha solicitado.

La Comunidad de Madrid ha llevado a cabo más de 3 millones de pruebas desde que comenzó esta pandemia. Actualmente se efectúan entre 170.000 y 200.000 pruebas semanales y está "siendo una de las regiones más avanzadas en el uso de pruebas de antígenos, con más de 130.000 realizadas durante la última semana", ha destacado la presidenta, quien ha añadido que, precisamente, las pruebas masivas y el diagnóstico rápido son uno de los factores clave en el manejo de esta segunda ola.

"Hemos multiplicado nuestra capacidad de realización de pruebas por 10 y nuestro objetivo es seguir así. Sabemos que esto no es suficiente para lograr nuestros objetivos en cuanto a incidencia y estar preparados para una nueva tercera ola", ha añadido la presidenta para reforzar su petición de permitir los test en farmacias.

AGUADO PIDE TAMBIÉN TEST

Por su parte, el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, ha pedido al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que convoque una nueva reunión del Grupo Covid-19, en el que participan ambas administraciones, para debatir sobre la autorización de test en farmacias.

De hecho, Aguado ha indicado este mismo martes que de poderse llevar a cabo el objetivo sería realizar test de antígenos en ellas a todos los madrileños antes de las Navidades. A esto han salido fuentes del Gobierno regional que han asegurado que "en estos momentos no se puede garantizar la viabilidad" de la propuesta.

La Fiscalía ha reclamado este martes siete años de cárcel para un manifestante acusado de presuntamente lesionar a dos agentes de Mossos d'Esquadra en una manifestación en el parque de la Ciutadella de Barcelona durante el primer aniversario del 1-O, en 2018, y la Generalitat, personada como acusación particular, ha pedido una condena de cinco años de prisión por los mismos hechos.

En el juicio de este martes en la Audiencia de Barcelona, el acusado se ha declarado inocente y su defensa, que ejerce el letrado del colectivo de abogados Alerta Solidària David Aranda, ha reclamado la absolución del manifestante y ha cuestionado las pruebas que han aportado las acusaciones, entre ellas vídeos de la jornada, de los que ha reprochado que no se ha detallado la cadena de custodia y ha asegurado que están editados: "No cumplen ni uno de los requisitos", ha criticado.

El procedimiento se basa en lo ocurrido en una protesta que convocó la ANC el 1 de octubre de 2018 y en la que, según los escritos de acusación de la fiscal y de la Generalitat, el acusado presuntamente golpeó a un mosso en la cara y después en la mano con un palo, y supuestamente también golpeó en la cabeza a otro agente, equipado con casco, con el mismo palo, que se ha mostrado en el juicio y ambos policías han reconocido.

Uno de los dos mossos que denunciaron lesiones durante la protesta es el entonces subinspector del Área Regional de Recursos Operativos (Arro) Jordi Arasa, que en junio fue condenado a dos años y cuatro meses de cárcel por dos delitos de lesiones en las cargas durante el desalojo de la acampada de los indignados del 15M de la plaza Cataluña de Barcelona en 2011.

Al exponer sus conclusiones finales este martes, la fiscal ha sostenido que el manifestante actuó "con ánimo de atentar contra la autoridad y contra agentes uniformados en despeño sus funciones, también de animar al resto manifestantes", y ha mantenido que el hombre usó el palo para golpear a los policías.

El letrado de la Generalitat se ha centrado en defender la validez de las pruebas aportadas, refiriéndose a que "tanto las diligencias judiciales como las policiales tienen según la jurisprudencia presunción de validez, no de irregularidad", a modo de reproche a los cuestionamientos de la defensa.

La defensa se ha referido a la jurisprudencia de la Audiencia Nacional al pedir especial cautela al enjuiciar actos cometidos durante una protesta, y ha señalado que "las personas que no tienen acceso a los medios de comunicación no tiene otra forma de hacer escuchar su voz, y a veces hay que permitir ciertas extralimitaciones en el uso y ejercicio de los derechos fundamentales".

Por estos hechos, la Fiscalía reclama condenar al acusado por un presunto delito de desórdenes públicos, un presunto delito de atentado a agentes y dos delitos de lesiones, uno de ellos leves, y pide una pena de en total siete años de cárcel además de una multa de 720 euros y una indemnización de 1.076 euros y 371 euros para los policías.

Por su parte, la Generalitat pide por los mismos presuntos delitos cinco años y seis meses de cárcel, una multa de 840 euros e indemnizar a los agentes con 1.514 euros y 489 euros.

TESTIGOS Y PRUEBAS PERICIALES

Los dos agentes implicados, que han declarado en el juicio como testigos, han sostenido ante la Sala que reconocieron al acusado como el hombre que supuestamente les agredió mientras varios manifestantes lanzaban objetos y vallas hacia la línea policial, y han explicado que el dispositivo estaba "justo" de efectivos porque preveían una protesta pacífica sin altercados.

Uno de los mossos ha afirmado que "la actitud del acusado era claramente agresiva, todo el rato intentaba agredir a agentes, intentado coger vallas" y según él animando a otros manifestantes a hacer lo mismo.

También han comparecido en el juicio dos agentes de la Unidad de Información de Mossos, quienes han explicado que siguieron al acusado en su municipio, Vilafranca del Penedès (Barcelona), porque vieron que durante la protesta llevaba un pañuelo de uno de los grupos de castellers de la ciudad.

Han contado que fueron a Vilafranca y entraron en un bar donde el camarero era "un chico de características similares al investigado" y que llevaba una pulsera igual que la del acusado en las imágenes de la manifestación.

Otros dos mossos han acudido al juicio para exponer el informe pericial en el que se usaron grabaciones de la jornada para comparar el aspecto facial del acusado, y han dicho que, a pesar de que en la protesta llevaba la cara tapada por debajo de la nariz, "todo lo que es visible coincide, a parte de la complexión corporal y un tatuaje que coincide en tamaño y forma".

El PSOE ha dejado claro este martes que no retirará su apoyo a la enmienda pactada con Unidas Podemos y Esquerra Republicana (ERC) para eliminar en la futura Ley de Educación (LOMLOE) la referencia expresa al castellano como lengua vehicular de la enseñanza, y ha insistido en que seguirá negociando los Presupuestos Generales para 2021 con quienes deseen, incluyendo a Bildu.

Así lo ha señalado la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, en rueda de prensa en el Congreso al ser preguntada por si habrá movimiento en cuanto a esa polémica enmienda, que supone una de las líneas rojas de Ciudadanos para negociar los Presupuestos, y por si hay o no acuerdo para que Bildu los respalde después de que el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, lo negase este lunes.

Sobre esto último, la dirigente socialista ha respondido que, de momento, "no hay acuerdo" con ninguna fuerza política pero que su partido está hablando con todos los partidos que han mostrado voluntad de acordar los Presupuestos y que será a partir de la presentación de las enmiendas este martes cuando con el Gobierno empiece con la negociación.

Lastra ha expresado su esperanza en que esa voluntad de entendimiento del Gobierno y de una "mayoría" de la Cámara acabe con unos Presupuestos Generales que son "más urgentes y necesarios que nunca".

"BIENVENIDOS SEAN TODOS LOS ACUERDOS"

"Bienvenidos sean todos los apoyos que permitan a este país avanzar", ha resumido la socialista asturiana, para añadir que es "obligación" del PSOE y del Gobierno que comparte con Unidas Podemos hablar con todos los grupos que han presentado enmiendas a los Presupuestos con intención de mejorarlos y que además hayan expresado su disposición a apoyarlos.

Preguntada sobre qué pide Bildu a cambio para respaldar las cuentas del Gobierno, Lastra ha señalado que tendrán que esperar a ver lo que piden en las enmiendas que presenten a los Presupuestos, cuyo plazo concluye a las dos del mediodía. "A partir de ahí empezaremos a negociar", ha dicho.

Por último, ante la pregunta de por qué la negociación con la izquierda abertzale cuyos votos podrían no ser necesarios teniendo en cuenta el amplio apoyo que recibió la semana pasada los Presupuestos, Lastra ha indicado que el PSOE pretende que éstos salgan adelante con "un respaldo importante" de la Cámara.

El presidente y el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A) y Juan Marín (Cs), respectivamente, están "implicados" directamente en las negociaciones del Gobierno andaluz con grupos de la oposición para garantizar que el proyecto de Presupuestos para 2021 supera este miércoles en el Pleno del Parlamento su debate de totalidad.

Así lo ha indicado, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo (PP-A), quien ha insistido en subrayar que el de 2021 es, "más que un presupuesto, una herramienta para luchar contra el Covid en sus tres crisis" que genera, que son "económica, social y sanitaria".

Por eso, y después de que los tres grupos parlamentarios de la oposición --PSOE-A, Adelante Andalucía y Vox-- hayan registrado enmiendas a la totalidad a dichas cuentas, Bendodo ha realizado un llamamiento a Vox --con el que, según ha confirmado, la Junta está "negociando" un acuerdo como los alcanzados para los Presupuestos de 2019 y 2020 que el consejero portavoz "espera que se produzca"--, pero también al PSOE-A y Adelante para que "sean responsables", porque "esto no va de ideologías ni de partidismo, sino de salvar vidas y economía", según ha enfatizado.

En esa línea, Bendodo ha sostenido que parte de las ayudas que la Junta ha anunciado para pymes y autónomos, con un montante total de 667 millones de euros, va "a cargo" del Presupuesto de 2021, que es así un presupuesto "excepcional" para una "situación excepcional".

Ha remarcado que dicho proyecto de cuentas públicas "no debe tener ningún voto en contra" en la Cámara autonómica, y ha confirmado que el Gobierno andaluz de PP-A y Cs --que no suman mayoría absoluta en el Parlamento-- sigue "trabajando para obtener más síes que noes" al Presupuesto.

"En eso estamos centrados en las últimas horas", según ha comentado Bendodo, que ha explicado que el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo (PP-A), está "liderando las negociaciones" con la oposición, pero ha apuntado que ya "con implicación" directa "del presidente y del vicepresidente" de la Junta.

El consejero portavoz del Ejecutivo andaluz ha aseverado que "votar en contra" del Presupuesto de 2021 "es votar en contra" de las "ayudas a comerciantes, hosteleros, pymes o taxistas" acordadas por la Junta, y "condenar a miles de negocios a que bajen la persiana para siempre", según ha advertido para concluir.

Castilla y León contabiliza un total de 115.911 positivos por coronavirus, de ellos 1.186 nuevos, con 43 fallecidos notificados en las últimas 24 horas (35 de ellos en hospitales y ocho en residencias) y 191 altas más, según datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad y recogidos por Europa Press.

Las estadísticas de este martes registran 35 fallecimientos en hospitales. En total en este ámbito se han notificado hasta el momento en la Comunidad 3.370 defunciones. Por su parte, las altas hospitalarias de pacientes que ingresaron con COVID-19 alcanzan ya las 15.632, tras sumarse otras 191 en las 24 horas anteriores.

Los brotes activos actualmente en el conjunto de la Comunidad son 792 y los casos positivos a ellos vinculados se reducen a 6.709. De ellos, Ávila contabiliza 93, los mismos que en la jornada anterior; Burgos, 67, tres más; León, 40, cinco más que ayer; Palencia, 59, seis menos; Salamanca, 99, ocho más; Segovia, 86, ocho más; Soria, 76, dos menos; Valladolid, 193, dos menos, y Zamora 79, tres más.

En total, se han diagnosticado ya en la Comunidad 115.911 positivos en COVID-19 en los distintos tipos de pruebas, después de una jornada en la que se han sumado 1.186. Según los datos de la Administración regional, 109.206 positivos han sido diagnosticados en test PCR y de antígenos.

Por provincias, Valladolid es la que acumula más positivos este martes, con 505 más y un total de 26.047; seguida de León, con 171 y un total de 18.936; Burgos, con 121 más y 19.609; Zamora, con 108 más y 7.195; Palencia y Salamanca, con 82 más para un total de 7.650 y 16.996 respectivamente; Soria, con 51 más y 5.220; Ávila, con 37 más y 6.612, y Segovia, con 29 más y 7.646.

SIN FALLECIDOS EN EL HOSPITAL EN SEGOVIA

Respecto al número de fallecidos en hospitales con diagnóstico COVID, la cifra total es de 3.370, 35 más que en la jornada anterior. La mayor parte se registra en la provincia de León con 701 --diez más--, le sigue Valladolid con 689 --siete más--; a continuación figura Salamanca, con 554 --uno más--; Burgos, con 387 --cinco más--; Segovia con 245 --sin cambios--; Zamora 244 --cinco más--; Ávila registra 216 --dos más--; Palencia suma tres más hasta los 181 y Soria, 153 --dos más--.

En el caso de las altas, un total de 15.632, se han computado 3.773 en Valladolid; 2.837 en León; en Salamanca 2.328; en Burgos 2.046; en Segovia 1.135; en Ávila 1.033; en Zamora 1.020; en Palencia, 839 y en Soria 621.

23 INTERNOS DE RESIDENCIAS FALLECIDOS

Por su parte, la cifra notificada de internos de residencias de mayores y personas con discapacidad fallecidos, según los datos facilitados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, se sitúa en 3.212 --23 más que en el último parte emitido-- en los 1.214 centros de personas mayores tanto públicas como privadas y centros públicos de discapacidad.

De los fallecidos, 2.107 corresponden a casos de positivos confirmados por COVID-19, 23 más que en la jornada anterior, y otros 1.105 a fallecidos con síntomas compatibles con el virus, cifra sin cambios desde el mes de junio.

Según los datos facilitados por la Junta, de los 3.212 finados hasta el momento, 1.919 personas han perdido la vida en su residencia o centro, ocho más que el dato de ayer, mientras que 15 personas más han fallecido en el hospital, hasta un total de 1.293.

Un total de 26 residentes se encuentra aislado con síntomas compatibles con el COVID-19, uno menos, y 2.290 se encuentran en esa situación de forma preventiva pero sin síntomas, 104 más.

En cuanto a los centros bajo la tutela de la Junta de Castilla y León, la cifra de fallecimientos asciende a 269, tras notificarse uno más que en el anterior parte, de ellos 152 con positivo confirmado, mientras que otros 117 han sido con síntomas compatibles. Además, se encuentran hospitalizados 36 residentes, uno más que en la jornada anterior, y ascienden a 891 los usuarios con positivo en COVID-19 confirmado, dos más.

Por otro lado, hay un residente en aislamiento con síntomas compatibles con el COVID-19 y 209 aislados de forma preventiva sin síntomas, cuatro menos que en la jornada anterior.

El PP ha registrado en el Congreso más 1.500 enmiendas parciales a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 dirigidas a la reactivación económica y en respuesta a la crisis "sanitaria, económica, jurídica e institucional", para proteger a los sectores más afectados y para atender las necesidades de infraestructuras e inversiones "obviadas" con criterios de "igualdad" en todos los territorios, con el "espíritu" de ser negociadas y que se incorporen.

Así lo ha señalado la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, en una rueda de prensa en la Cámara Baja, en la que ha anunciado que el Grupo Popular ha formulado más de 1.500 enmiendas parciales al proyecto de Presupuestos, de las que 165 corresponden al articulado y en torno a 1.000 enmiendas son territoriales y provienen de todas las comunidades autónomas y provincias.

Gamarra ha indicado que se ha registrado este elevado volumen de enmiendas después de la presentación por parte del PP de una enmienda a la totalidad desde el "convencimiento" de que "no son los PGE que necesita España" al estar además fundamentados en previsiones que han sido declaradas "fallidas" por el Banco de España, la AIReF o la Comisión Europea.

"El marco en el que se sustentan las cuentas no es el marco real de España para 2021; si no partes de un análisis de realidad no puede tener unos PGE que den salida a las preocupaciones y problemas de los españoles", ha indicado Gamarra, tras rechazar también las líneas políticas de subidas de impuestos de los PGE y el haberse "dado por vencido" en materia de desempleo.

Por ello, ha explicado que las enmiendas van en la línea de defensa de la enmienda a la totalidad y de aportar "todas las infraestructuras y cuestiones territoriales no contempladas en unos PGE que debieran plantearlo para responder a toda España y todos los territorios con criterios de igualdad".

Además, ha criticado el "abandono" a los sectores más afectados por la crisis, por lo que ha avanzado que las enmiendas parciales del PP recogen propuestas para la reactivación económica y para hacer frente a la "crisis sanitaria, económica, jurídica e institucional".

ESPERA QUE SE INCORPOREN ENMIENDAS SOBRE INVERSIONES "OBVIADAS"

Según ha concretado Gamarra, "muchas" de las enmiendas presentadas por el PP responden a reivindicaciones de organizaciones, sectores y demandas de distintas comunidades autónomas, provincias y municipios en relación a inversiones necesarias en sus territorios que han sido "obviadas" en el proyecto de PP.

"Las presentamos con el espíritu de seguir adelante y que se puedan incorporar a esos PGE", ha indicado Gamarra respecto a las posibles negociaciones, tras haber recordado el acuerdo alcanzado con el resto del grupos en el Pacto de Toledo que evidencia el "espíritu" de negociación de los 'populares'.

"Algunas pueden coincidir con otros grupos, se analizarán y veremos en qué términos han sido presentadas las de otros grupos", ha añadido.

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ha presentado este martes las "normas propias" de Galicia de desarrollo del conocido como 'decreto de aprobado general' con las que se busca "no rebajar el nivel".

De este modo, con la resolución publicada este martes por la Xunta se vuelve a los criterios anteriores que ya regían en Galicia antes de la incidencia de la pandemia, de forma que para titularse en Bachillerato habrá que aprobar todo.

Sucede lo mismo de forma general en la ESO, "salvo casos muy excepcionales" por los que se podrá obtener el título con dos asignaturas suspensas si hay acuerdo del equipo docente --siempre que no sean conjuntamente lengua y matemáticas--.

En declaraciones a los medios en Santiago --en una visita al CAFI de Lamas de Abade--, el conselleiro ha cargado contra este decreto impulsado de forma "unilateral" por el Gobierno central, ya que "rompe la igualdad de oportunidad" y "desprestigia en gran medida el trabajo de docentes y familias".

Mientras en el decreto se establece que "un alumno pueda titular en ESO y en Bachillerato con independencia de las asignaturas suspensas", la Xunta fija que, con carácter general, para promocionar y poder tener la titulación de ESO y Bachillerato hay que "tener las asignaturas todas aprobadas", de forma que se busca "corregir los efectos perversos" del texto.

Y es que lamenta que la "desincentivación del estudio" es "muy perjudicial para una sistema educativo como el gallego", que se sitúa "en puestos de referencia".

De este modo, la Xunta ha formulado una queja formal ante el Ministerio de Educación por este decreto que considera "antiequitativo" por restar la "motivación" del alumnado.

EL DECRETO YA NO TIENE SENTIDO

Aunque Román Rodríguez aprecia que en el último trimestre del curso pasado esta norma "podía tener sentido" por "una situación de excepcionalidad" por el confinamiento, ahora "no puede valer para un momento como el actual" en el que se apuesta por un sistema presencial.

De tal forma, asegura que en Galicia se van a "mantener" los criterios de evaluación y promoción de curso para "preservar la calidad y equidad". Además, habrá una "recuperación progresiva" de los contenidos didácticos que "quedaron flojos" en el último trimestre del curso pasado.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado este martes que se reforzarán los cribados en las residencias de mayores para detectar contagios de COVID, y que se harán más pruebas PCR, test de antígenos, y en los casos que sea posible, test de saliva.

Así lo ha trasladado, a preguntas de los medios acerca de la situación de los centros geriátricos, y durante una visita al barrio vigués de Navia.

Según ha señalado Feijóo, Sanidade va a continuar haciendo el cribado entre los trabajadores de las residencias "cada quince días" y también pruebas "aleatorias" entre los usuarios. A ese respecto, ha apuntado que esos test están permitiendo detectar brotes en los centros geriátricos, con una "mayoría de casos asintomáticos".

Tras constatar que los cribados "son fundamentales", ha ratificado que "se intensificarán" con más pruebas PCR, más test, "también de antígenos", y "se valorarán los test de saliva cuando la situación del mayor lo permita".

"Vamos a seguir intensificando para que Galicia sea una de las Comunidades Autonómas cuyo número de fallecimientos sea menor en lo que se refiere a residencias de tercera edad. Lo cual no significa que estemos contentos ni satisfechos con la situación de las residencias", ha aseverado.

Al respecto, Feijóo ha reconocido que "hay mucho que mejorar" y que "el hecho de estar mejor que los demás" no significa que Galicia esté en la "situación óptima". "No vamos a parar, ni vamos a dar una vida por perdida, por supuesto", ha prometido.

VACUNAS

Por otra parte, el titular del Ejecutivo gallego también se ha referido a la fabricación y distribución de vacunas contra el virus, y ha recordado que la planta gallega de Zendal, en O Porriño (Pontevedra), es "uno de los centros de fabricación de vacunas más importantes de la UE".

Esta planta está produciendo la vacuna, tras un contrato de 250 millones de dosis con un laboratorio americano, y hay una reserva de producción de vacuna de otras marcas de hasta 500 millones de dosis. "Se está produciendo ya, lo que acredita que los laboratorios tienen confianza en ella", ha apuntado.

En ese contexto, ha señalado que "todo parece indicar que en el primer semestre de 2021 habrá dosis para poder vacunar a la gente". "Me gusta más la prudencia que los anuncios altisonantes y, en mi opinión, el segundo trimestre de 2021 tiene más garantías de que se implemente la vacuna, que finales de este año o primer trimestre del que viene", ha añadido.

En todo caso, ha recordado que faltan los controles de las agencias del medicamento en Estados Unidos y Europa, y comprobar que la vacuna "cumple dos requisitos: primero, que es segura, y segundo, que es eficaz.

La Asociación Española de Fundaciones (AEF) y la Fundación Daniel y Nina Carasso han lanzado la iniciativa Fundaciones Por El Clima para que las más de 8.000 organizaciones activas que hay en España se comprometan a luchar contra el cambio climático e impulsar "un cambio sistémico urgente" mediante la firma del Pacto por el Clima de las Fundaciones Españolas, según ha explicado en la presentación la directora de la Fundación Daniel y Nina Carasso, Isabelle le Galo.

Fundaciones Por El Clima ha celebrado este martes el acto de primeras adhesiones al documento tras varios meses de trabajo con cerca de 40 fundaciones. El objetivo de la plataforma es llegar a las más de 8.000 fundaciones activas que hay en España ya que el 93% de estas se han mostrado dispuestas a firmar este pacto. Sin embargo, le Galo ha matizado que "solo cuatro de cada diez integran en sus procesos prácticas enfocadas a la lucha contra el cambio climático".

Este dato ha servido para que tanto la AEF como la Fundación que dirige Isabelle le Galo considerasen que era el momento de actuar y más, tras la situación sanitaria que se vive en la actualidad en todo el mundo. "Es una llamada a la acción que va dirigida a todas las fundaciones sea cual sea la causa que defiendan", ha reconocido por su parte el director de la AEF, Juan Andrés García, que ha añadido que en estos momentos la sociedad está "inmersa" en una crisis sanitaria pero "pasará y la crisis climática seguirá afectando mundialmente".

Por ello, ha defendido que el documento servirá para ofrecer formación, mentoring, datos y encuestas para que las fundaciones, teniendo en cuenta su organización interna, puedan aplicar métodos para luchar contra la emergencia climática.

Isabelle le Galo ha detallado que el pacto consta de siete pilares que se irán poniendo en marcha "de forma progresiva" y según la realidad de cada fundación. Los pilares van desde educar y aprender, comprometer recursos, además de innovar e integrar para invertir de manera responsable hasta actuar de forma sostenible, informar con transparencia y continuar con empeño estas labores.

La iniciativa también contempla incentivar al sector filantrópico para "dar un paso decisivo" porque los fondos filantrópicos mundiales dedicados a la lucha contra el cambio climático se sitúan entre un tres y un cinco por ciento, tal y como ha apuntado le Galo.

"A pesar de la declaración de emergencia climática de la Unión Europea, a pesar de la hoja de ruta marcada por el Acuerdo de París, a pesar de datos científicos que son muy claros y preocupantes y a pesar de que solo quedan 9 años para actuar, aún queda mucho por hacer", ha lamentado la directora de la Fundación Daniel y Nina Carasso.

Por último, Juan Andrés ha destacado que este pacto se enmarca en un movimiento de Fundaciones por el Clima de escala mundial encabezado por las plataformas filantrópicas DAFNE y Global Dialogue.

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha desestimado el recurso de apelación presentado por la representación legal de un hombre de nacionalidad rumana que había sido condenado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial en marzo de 2020 a 8 años de prisión como autor responsable de dos delitos de prostitución coactiva, dos delitos de blanqueo de capitales y un delito leve de lesiones, sentencia que se confirma en todos sus términos.

Dicha resolución dictaba asimismo la prohibición de aproximarse a la víctima y una testigo protegida a una distancia no inferior a 500 metros de su domicilio o lugar de trabajo, y de comunicarse con ellas por cualquier medio, y que como responsable civil las indemnizara con 15.000 euros a cada una, así como a cuatro años de libertad vigilada.

En la sentencia de la Sala, de la que ha sido ponente el magistrado José Ignacio Pérez Villamil, y que no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, se analiza el recurso presentado por infracción de Ley y, se concluye, que su enfoque general "nada tiene que ver con la infracción de Ley y si con el 'error facti' o, en su caso, con la presunción de inocencia, de estimar que esta resulta vulnerada".

Pues a su juicio los argumentos empleados por el recurrente en el desarrollo del motivo no se dirigen a cuestionar las calificaciones jurídico-penales de la sentencia, sino que el planteamiento expuesto en el recurso "supone una enmienda a la totalidad de los hechos probados de la sentencia y un cuestionamiento de las pruebas de cargo tenidas en cuenta para conformar los mismos".

En lo que respecta a los dos delitos de prostitución, la Sala de lo Civil y Penal destaca que el tribunal sentenciador analizara la declaración de las víctimas de los delitos objeto de condena, "desde los parámetros de la lógica, la ciencia y la experiencia" , haciéndolo "de forma ejemplarmente detallada y razonablemente motivada, ajustándose plenamente a la lógica y teniendo en cuenta otras pruebas periféricas que vienen a corroborar la versión dada por las victimas de naturaleza testifical y documental".

Analizando los dos delitos de blanqueo de capitales, el Tribunal Superior considera que la valoración de la prueba incriminatoria realizada por la Audiencia Provincial desde una concepción racionalista de la misma, "no meramente persuasiva, resulta racional y lógica desde la óptica de las inferencias a las que llego la Sala para fundamentar el fallo condenatorio ahora impugnado".

Los magistrados recuerdan en su sentencia que "esta Sala de apelación no puede proceder a una revaloración de las pruebas personales como si se tratase de un segundo juicio contradictorio ('novum iudicium') pues lo impide el principio de inmediación y nuestra capacidad revisoria debe limitarse a la evaluación de la suficiencia de la prueba incriminatoria y a la razonabilidad de la valoración por el Tribunal de instancia", por lo que concluyen que deben desestimarse todos los motivos alegados en el recurso.

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha admitido este martes que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se "equivoca gravemente" al decir que los migrantes llegados a Gran Canaria no pasan más de 72 horas en el muelle de Arguineguín.

En respuesta a una pregunta del Grupo Popular en la sesión de control, el presidente ha señalado que ha habido hasta 2.000 migrantes a la vez, que después pasan a 150 y vuelven a subir, y por ello, ha exigido al Estado que ponga disposición "todos" los espacios de patrimonio que tiene en el archipiélago, se acometan derivaciones "regladas" y se conceda el asilo a quienes cumplan los requisitos porque "es un derecho".

Torres ha comentado que "no es justo" el ataque del PP al Ejecutivo porque siempre ha trasladado al Estado la "necesidad urgente" de actuar y mejorar la atención a los migrantes y exigido a la UE "que sea solidaria" porque la migración ilegal debe "combatirse entre todos".

En su opinión, "el mar no puede ser un muro", y por ello han demandado más vigilancia en las costas, acogida digna, "repatriar y derivar, lo decimos por activa y por pasiva", aparte de que desde las islas se hace un "esfuerzo extrapresupuestario" y se acoge a la mayor cantidad de menores no acompañados de su historia.

El presidente ha apoyado la carta de los dos obispos canarios en las que lamentan las declaraciones de dirigentes políticos que pueden alentar discursos xenófobos y defendido que "la política debe servir para resolver problemas".

Así, ha pedido a la portavoz del PP, Australia Navarro, Navarro que reúna a todos los alcaldes para que ofrezcan instalaciones municipales con las que mejorar la atención migrantes, siguiendo el ejemplo del ayuntamiento grancanario de Moya, o que gobiernos de corte 'popular' como Hungría, Polonia o Eslovaquia permitan el libre tránsito de personas.

NAVARRO: EL MUELLE ES UN "MONUMENTO A LA INEFICACIA Y DESVERGÜENZA"

Navarro, por su parte, ha comentado que el muelle de Arguineguín es un "monumento a la ineficacia y desvergüenza" del Gobierno de Pedro Sánchez, a lo que se une la "dejadez y complicidad" del propio Torres, que "son un escándalo".

La portavoz ha señalado que la situación migratoria no se arregla con censuras a los periodistas, "visitas guiadas" de ministras o alojando migrantes en complejos hoteleros.

Ha acusado a Marlaska de "mentir sin rubor" en televisión y permitir que Canarias "se convierta en un muro de contención de la inmigración irregular", ya que el Gobierno central tiene recursos y capacidad para actuar. "Si no lo hacen es porque no quieren", ha destacado.

Navarro ha insistido en que Sánchez quiere que los migrantes "no pasen de Canarias" pues se lleva un año "con este drama" y todavía no hay solución "ni fecha" para el desalojo definitivo del campamento de Arguineguín. "Todo es pura palabrebría, ya está bien de anuncios y engaños", ha agregado.

La Comunidad de Madrid va a llevar a cabo "proyectos de mejora de la calidad educativa en los que se premie el esfuerzo, para compensar el retroceso que plantea la LOMLOE". Así lo ha anunciado este martes el consejero de Educación y Juventud de la región, Enrique Ossorio, que ha participado en un Encuentro Digital de Europa Press para debatir sobre el 'Inicio del Curso Escolar en Tiempos del COVID'.

El consejero ha advertido de que la reforma de la ley educativa, la LOMLOE, también conocida como 'Ley Celaá', pretende "dinamitar la cultura del esfuerzo en el alumnado y la calidad de la enseñanza", ya que introduce la "repetición máxima en dos ocasiones en toda la educación obligatoria y que los alumnos de Secundaria puedan pasar de curso sin límite de suspensos, titular Bachillerato con suspensos, suprimir asignaturas troncales y que todos los alumnos tengan títulos que desgraciadamente no valdrán nada".

Además, ha destacado que la futura ley estatal va contra la libertad de elección de los padres a elegir la educación de sus hijos, recogida en el artículo 27 de la Constitución, y "quiere romper el distrito único que, además, evita la segregación porque el alumno de cualquier barrio puede acceder y solicitar plaza donde considere oportuno".

Ossorio ha señalado que se pretende con ella marginar a la concertada "como red subsidiaria y no complementaria de la pública, eliminando el concepto de la demanda social, la cesión de terrenos y la educación diferenciada".

En este sentido, ha dicho que el 56% de las familias escogen educación pública, el 29% educación concertada y el 15% restante, educación privada. Esto se traduce en que, en la Comunidad de Madrid, el 94% de los padres consiguen la primera opción de centro para sus hijos.

Con respecto a la educación especial, el consejero ha lamentado que la ley estatal pretende "acabar con los centros de Educación especial convirtiéndolos en centros de apoyo y referencia de los colegios ordinarios, en un plazo de 10 años", en contraposición con la Comunidad de Madrid, que trabaja desde hace meses en la elaboración de una ley para garantizar la Educación especial.

Además, ha criticado que la ley promueva "la existencia de 17 sistemas educativos diferentes", y "arrebatar al español la categoría de lengua oficial del Estado y vehicular, para arrinconarlo en determinados territorios". Sin embargo, ha recordado que la Comunidad de Madrid tiene "muchos proyectos de futuro", destacando la "mejora" de la ley educativa madrileña para "hacer de contrapeso a la 'Ley Celaá".

A juicio de Ossorio, el Gobierno español está cometiendo "muchos despropósitos" que "escandalizan", como es, tal y como ha mencionado, el acercamiento de los presos de ETA o la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "Pero si pudiera borrar una de ellas, borraría la LOMCE", ha reconocido.

INCIDENCIA DE COVID-19 EN DESCENSO

Respecto al inicio del presente curso escolar en la Comunidad de Madrid, marcado por la actual situación sanitaria, Ossorio ha destacado que, debido a las circunstancias provocadas por el COVID-19, en las primeras semanas creció el número de contagios y de alumnos en cuarentena, pero en unos porcentajes mínimos sobre el total. Luego se estancaron y las últimas semanas están en descenso, con 25.000 alumnos y 1.200 aulas en cuarentena. Además, la región no cuenta actualmente con ningún centro cerrado, lo cual supone un "éxito", según Ossorio.

Por ello, ha reconocido y agradecido, una vez más, la labor especial de los docentes y equipos directivos de los centros educativos, y de los coordinadores COVID, por la labor realizada durante este inicio de curso, "el más difícil de la Historia".

En cualquier caso, el consejero de Educación y Juventud ha resaltado que la pandemia ha acelerado el proceso de transformación digital en el sistema educativo, donde se ha avanzado "años".

"Desde la administración educativa somos muy conscientes de que la pandemia ha generado la posibilidad de digitalizar y personalizar la educación de nuestros alumnos, permitiendo que cada uno pueda aprender a su ritmo, obteniendo lo mejor de cada individuo", ha dicho, por lo que ha resaltado que una de las preocupaciones de la región sigue siendo reducir al máximo las carencias tecnológicas que sufren miles familias y alumnos.

Esquerra Republicana (ERC) quiere dejar sin presupuesto para 2021 a la Casa del Rey, al Tribunal Constitucional, al Tribunal de Cuentas y al Ministerio de Defensa, así como cancelar los créditos previstos para el uso de gastos reservados, ya que entiende que la Corona es "corrupta", que los tribunales son "órganos represores" y que no debe destinarse dinero a "tanques y balas" o a "espiar" a la disidencia política.

En rueda de prensa en el Congreso, el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, ha explicado que su grupo ha presentado 320 enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para el próximo ejercicio que recogen reivindicaciones "históricas" no sólo para Cataluña sino también para la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares.

ENMIENDAS "PROTESTA"

De ese total, el independentista catalán ha recalcado que ERC a registrado cinco "grandes" enmiendas a la totalidad, que ha calificado de enmiendas "protesta", para dejar sin partidas, entre otras, a la Casa del Rey.

Se trata ya de un "clásico", según ha apuntado Rufián, que Esquerra enmiende los Presupuestos para dejar sin dinero a la Monarquía, que en su opinión es una institución "opaca y corrupta" a la que no se puede "premiar" con "500.000 euros mas" por las "corruptelas" del Rey Juan Carlos I.

A su juicio, también debe quedarse sin presupuesto el Tribunal Constitucional, al que considera un órgano "politizado y alineado con los postulados más conservadores y reaccionarios" del país, y el Tribunal de Cuentas, que se ha convertido, según ERC, en "un órgano más de represión" al obligar a pagar fianzas a por delitos ya enjuiciados como el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

¿10.000 MILLONES PARA DEFENSA CON LA QUE ESTÁ CAYENDO?

De la misma forma, ERC quiere suprimir los siete millones de euros que el proyecto presupuestario del Gobierno de coalición destina a algo "tan opaco" como los fondos reservados, "que es básicamente dinero para gente como el teniente coronel Baena y sus operaciones de Torrente 6.

Pero también, como formación "antimilitarista", Esquerra plantea suprimir los más de 10.000 millones de euros que los Presupuestos destinan al Ministerio de Defensa para "tanques y balas", "Con la que está cayendo y caerá el sentido común debería decir lo contrario", ha apostillado.

El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero, ha defendido que la incorporación de EH Bildu a la cogobernabilidad del país supone avanzar en el reconocimiento de la España "plurinacional" y ha desvinculado ese movimiento del acercamiento de presos de ETA.

A su vez, ha criticado que ciertos sectores del PSOE protesten ante el apoyo de la formación vasca a la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), lo que revela su cercanía con las posiciones del PP.

"Tenemos una cierta mala costumbre de pensar que solamente hay consensos en España cuando son hacia la derecha y, en cambio, parece que nos da lo mismo que dejemos una parte desde la izquierda desatendida. Estos presupuestos, al igual que el acuerdo de investidura, es incorporar a esa España a la izquierda y también plurinacional. Por eso creo que es muy importante la incorporación de Bildu", ha subrayado en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press.

A su juicio, su respaldo a la tramitación de los PGE viene simplemente de su reflexión de que o comparte la gobernabilidad del Estado o "no tiene mucho que hacer", rompiendo junto a ERC esa lectura que parecía que "solo podía colaborar en la gobernabilidad fuerzas de derecha nacionalista", como los casos de PNV o la antigua CiU.

Monedero ha insistido en que la posición de Podemos respecto al acercamiento de presos de ETA es aplicar íntegramente la legislación penitenciaria actual, por lo que no hay negociación con Bildu.

Pero además Monedero ha cargado contra el PP por hacer "política con las víctimas" y "no tratarlas por igual". Además, ha reprochado que los populares censuren la postura de Bilu cuando negociaron estando ETA activa. "Qué hipócrita es el PP. Cuando ETA estaba matando, acercó presos y se sentó con ETA", ha remachado.

ALFONSO GUERRA HA ENVEJECIDO MAL

Sobre si era necesario desde Podemos subrayar públicamente el apoyo de Bildu por primera vez a la tramitación de los PGE, ha explicado que todas las fuerzas políticas necesitan hablar a sus votantes, dado que es necesario asumir que la "plurinacionalidad es una realidad en España".

En cambio, ha resaltado la "sobreactuación" en sentido contrario por parte del PSOE, que se "encuentra más a gusto negociando con el PP", una actitud "absolutamente sorprendente". Por tanto, Monedero ha tildado de "hipócrita" el hacer un "cordón sanitario" a la izquierda abertzale, cuando durante años se pidió que hicieran política y dejaran las armas.

En este sentido, ha lamentado ese "cierto complejo" por parte del PSOE, con dirigentes que montan "escándalo" ahora por el respado de Bildu y que son "los mismos que en su día cortaron la cabeza a Pedro Sánchez".

Y es que Mondero ha lamentado este ruido cuando desde Podemos "no se ha negociado nada" sino "simplemente hay una comprensión" de que para gobernar España hay que dialogar con las "izquierdas periféricas", algo que genera "gran enfado" desde el arco político de la derecha porque da estabilidad al Gobierno.

Finalmente y sobre las últimas declaraciones del exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, ha dicho que sus posición política se asemeja a "esas películas antiguas" que al visionarse otra vez pasado el tiempo "decepcionan" porque "han envejecido mal".

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha firmado esta mañana el decreto que prorroga durante 14 días, desde las 00.00 horas del 18 de noviembre (esta noche) hasta el 2 de diciembre, los límites a la entrada y salida de personas tanto en la comunidad autónoma como en los municipios, conforme a la petición realizada por la Consejería de Sanidad a la vista de la evolución de la pandemia del Covid.

Esta nueva medida está justificada por la Dirección General de Salud Pública al considerar que la región se encuentra en situación de "riesgo extremo", con una incidencia acumulada a 14 días de 515,94 casos por cada 100.000 habitantes, y de 255,56 casos si se toman en consideración los datos de los últimos 7 días, ha informado el Ejecutivo en nota de prensa.

Aunque la incidencia es dispar en los municipios y en la última semana se aprecia una tendencia a la "estabilización" del número de nuevos casos diagnosticados, las autoridades sanitarias observan "transmisión comunitaria no controlada en un gran porcentaje de la población", por lo que consideran clave "evitar la movilidad de personas de áreas más afectadas y evitar el contagio de las que menos lo están".

El nuevo decreto mantiene por lo tanto el cierre perimetral de Cantabria salvo para desplazamientos adecuadamente justificados, como asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios; cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales; y asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de educación infantil.

También se incluye la asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o especialmente vulnerables; desplazamiento a entidades financieras y de seguros o estaciones de repostaje en territorios limítrofes; actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos judiciales o notariales; renovación de permisos y documentación oficial, así como trámites administrativos inaplazables.

Se permiten igualmente desplazamientos para la realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables; causas de fuerza mayor o situación de necesidad o cualquier otra actividad de análoga naturaleza y debidamente acreditadas.

Por lo que respecta a las limitaciones al desplazamiento entre municipios, sean o no limítrofes, la norma incluye algunas precisiones para evitar confusiones o interpretaciones indebidas.

Por ello recalca que la entrada y salida de los municipios de residencia sólo debe realizarse para desplazamientos "adecuadamente justificados", entre ellos la asistencia a centros sanitarios; el cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales; la asistencia a centros educativos, incluidas las escuelas de educación infantil, las academias que imparten enseñanzas no regladas y las autoescuelas; o el retorno al lugar de residencia habitual o familiar.

También es posible la movilidad a otro municipio para el cuidado de mayores, menores o personas dependientes; trámites en entidades financieras, de seguros o repostaje en municipios limítrofes; trámites administrativos inaplazables o requeridos por órganos públicos; realización de exámenes o pruebas oficiales y actividades cinegéticas de caza mayor, debidamente autorizadas por la autoridad competente y específicas en una zona, para evitar la sobreabundancia de especies cinegéticas que causan daños en los ecosistemas, en los ciclos productivos de la agricultura, la ganadería y en la seguridad vial, además de causas de fuerza mayor y análogas debidamente acreditadas.

El decreto precisa también las actividades posibles con desplazamiento a un ayuntamiento limítrofe, las cuales deben estar "debidamente justificadas" y tener por objeto "la adquisición de productos de alimentación y productos de primera necesidad que no se pueden adquirir en el municipio de residencia; la recolección en huertos y la atención, explotación y alimentación de animales domésticos".

Asimismo es posible atravesar el límite entre municipios durante la práctica de cualquier deporte o actividad física individual, "siempre que se limite a un municipio contiguo y únicamente con la finalidad de dar continuidad a la práctica de dicha actividad".

No será posible, por el contrario, el desplazamiento por un medio que no sea la actividad física, aunque su objetivo sea practicar un deporte que no sea posible en el municipio de residencia, como el surf o el golf.

Finalmente y como hasta ahora, el decreto autoriza la circulación en tránsito y sin ningún tipo de restricción por todo el territorio de la comunidad autónoma.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha emplazado a principios del mes de diciembre para tomar decisiones acerca del cierre de la hostelería en las grandes ciudades y otros municipios, y ha matizado que no hay "ninguna fecha" sobre el fin de esa medida, al tiempo que ha advertido de que "no se puede garantizar nada más que seguir trabajando" para mejorar la evolución de la pandemia.

Así ha respondido el titular del Ejecutivo gallego, durante una visita al barrio vigués de Navia, y a preguntas de los medios sobre el posible levantamiento del cierre de la hostelería a partir del 4 de diciembre.

Al respecto, Feijóo ha señalado que la Xunta "no ha concretado ninguna fecha de término para el cierre de la hostelería" (aunque la orden publicada en el DOG el 4 de noviembre sí establece esa fecha como plazo de vigencia de las medidas, sujeto a revisión), y que, cuando se estableció el cierre de locales del sector, se hizo "convencidos" de que "si no se les pedía ese esfuerzo en noviembre, no se podría garantizar ese sector en el mes de diciembre".

"Si dejamos que la curva de nuevos contagios prosiguiese con la misma intensidad de la segunda quincena de octubre, supondría una tensión enorme en plantas de hospitalización y en UCI. Lo que intentamos es aplanar la curva y disminuirla si es posible; si es así, haremos que diciembre sea mejor que noviembre", ha señalado Feijóo.

No obstante, ha puntualizado que "salvar la Navidad desde el punto de vista de la hostelería o de tener los comercios abiertos", es algo que "se verá a principios de diciembre".

OBJETIVO: REDUCIR LA PRESIÓN HOSPITALARIA

Según ha reiterado, "el objetivo" de las medidas es "disminuir la presión hospitalaria en noviembre para tener más disponibilidad en diciembre, y no al contrario". "En este momento, no puedo confirmar más que el objetivo se mantiene, pero no podemos garantizar nada más que seguir trabajando", ha sentenciado.

Por otra parte, cuestionado acerca de la reunión del comité clínico y de posibles cambios en las restricciones, Núñez Feijóo ha recordado que, en los últimos días, Galicia ha conseguido reducir el porcentaje de positivos en las pruebas PCR realizadas, pasando de más de un 8 por ciento al 6 ó 6,5 por ciento actual. "Es un avance importante", ha señalado.

No obstante, ha puntualizado que, cuando se cumplen 10 días de la implementación de las restricciones (cierres perimetrales de las ciudades, cierre de la hostelería en esas zonas, reuniones solo de convivientes, etc.), "todavía es pronto para ver la evolución completa". "Esperaremos al fin de semana o principios de la semana que viene", ha añadido.

El presidente del gobierno gallego ha señalado que, aunque se ha reducido la positividad de las PCR y "ya hace días" que el número de altas supera al de nuevos contagios, "hay que tratar las cosas con mucha prudencia". "La semana que viene será muy importante para ver la evolución. Vamos a seguir trabajando con rigor y esperanza, pero con realismo", ha incidido.

Núñez Feijóo ha recordado que "las alarmas saltaron" en la segunda quincena de octubre cuando, en solo dos semanas, Galicia dobló el número de casos activos de COVID, aunque ha señalado que "los datos de hoy son mejores que los de hace 10 días". "Hay algunos que ya señalan que, en algunas zonas de España, podemos estar en la tercera ola. Vamos a ver cómo finalizamos la segunda en Galicia antes de aventurar qué puede ocurrir en las próximas semanas", ha zanjado.