La Guardia Civil ha desmantelado una clínica médica clandestina que se había habilitado en un chalé en la localidad valenciana de Picassent. En la operación, ha sido detenido un falso médico --un hombre de 52 años-- y que explotaba laboralmente a personas para trabajar en el campo y, en ocasiones, como auxiliares de enfermería sin la formación requerida. Han sido liberadas ocho personas víctimas de explotación laboral.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Valencia iniciaron las actuaciones cuando tuvieron conocimiento de que varias personas estuvieron trabajando en una finca agrícola ubicada en el término municipal de Picassent, propiedad de un ciudadano pakistaní, ahora detenido.

A dichas personas se les imponían condiciones de trabajo perjudiciales y contrarias a las leyes laborales, tales como realizar jornadas de trabajo de más de once y doce horas diarias, sin ningún tipo de descanso semanal, percibiendo a cambio, cada uno de ellos, 750 mensuales, a los que se restaban doscientos euros 200 en concepto de alquiler por el alojamiento. Coincidían a su vez con otras ocho personas que se encontraban en su misma situación y que todavía continuaban trabajando en la citada finca agrícola.

El Instituto Armado detalla que las víctimas vivían "en un gran estado de insalubridad, cohabitando en una vivienda ubicada dentro de la finca agrícola utilizada como almacén de alimentos, con insectos y roedores, con habitaciones sin ventanas y expuestos a las inclemencias del tiempo, unido todo ello, a la vigilancia a la que eran sometidas, con cámaras de videovigilancia en distintas dependencias del inmueble".

Su situación se agravaba aún más al no gozar éstas de libertad ambulatoria, ya que a las mismas no se les permitía salir de la finca agrícola, evitando así cualquier posible denuncia ante los cuerpos policiales, agrega la Benemérita.

El denunciante, además de desempeñar en la finca funciones de agricultor, lo alternaba realizando funciones de auxiliar sanitario sin contar con titulación alguna para ello, cuando así se lo requería el detenido, en un chalet alquilado por este y habilitado como clínica médica clandestina donde el detenido ejercía como médico especializado en el tratamiento de distintas dolencias.

A esta clínica acudían pacientes con problemas de articulaciones, e incluso, con dolencias coronarias o diagnosticadas de cáncer, que eran sometidos a tratamientos médicos varios, entre ellos transfusiones de sangre, una vez tratada por el detenido. En su mayoría, los pacientes que acudían a la clínica provenían de Inglaterra, desplazándose desde este país exclusivamente para someterse a los tratamientos ofrecidos. Estos pacientes pagaban entre 10.000 y 20.000 libras por el tratamiento recibido.

Durante la investigación, se obtuvo información de los distintos organismos competentes de que el detenido no se encuentra en el Colegio Oficial de Médicos de Valencia, así como tampoco en ningún colegio oficial de España.

Del mismo modo, se averiguó que el chalet alquilado por este y habilitado como clínica médica clandestina ubicado en el término municipal de Picassent no aparece inscrito en el Registro Autonómico de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de la Comunidad Valenciana.

En la fase de explotación de la operación, llevada a cabo de manera conjunta por integrantes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Valencia, Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Valencia y la Inspección Sanitaria de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, se realizan registros en la parcela agrícola y en el chalet utilizado como clínica médica clandestina, ubicados ambos en el término municipal de Picassent.

Durante los registros, se intervino entre otro material, diversa documentación médica relacionada con el detenido (como recetas médicas prescritas por este), material informático, cientos de productos y sustancias medicinales (entre ellos suplementos dietéticos y nutricionales no autorizados en España), grandes cantidades de material, instrumental y aparatos médicos (como agujas, jeringuillas, goteros y aletas de vías intravenosas), 50 lingotes de plata de 1 kg cada uno (valor total aproximado de mercado de 33.100 euros), 89 lingotes de oro de 100 grs cada uno (valor total aproximado de mercado de 418.923 euros), 5.085 euros en metálico y diversas joyas.

Inmovilización de alimentos

Además de lo anterior, por parte de personal de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (Sanidad Alimentaria) se procedió a la inmovilización de grandes cantidades de productos alimenticios cultivados y elaborados en la parcela agrícola del detenido al considerar la existencia de riesgo inminente y extraordinario para la salud pública debido a que las instalaciones no reúnen ninguna condición higiénica ni de salubridad.

Los citados productos alimenticios se comercializaban a internacionalmente a través de la página web de una empresa propiedad del detenido.

La operación ha permitido liberar a ocho personas víctimas de explotación laboral y se procede a la detención del autor de los hechos, al cual se le investiga por los presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores, intrusismo profesional, estafa, blanqueo de capitales y contra la salud pública.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) han solicitado formalmente reunirse con los principales partidos políticos para apremiarles en la "necesidad urgente" de que respeten la independencia judicial y la separación de poderes, para lo que exigen la modificación del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el objetivo de que no dependa de los repartos entre formaciones políticas.

"Para que este órgano clave de la Justicia española, que debe ser y parecer independiente del poder político, no dependa en exclusiva de los repartos entre esos mismos partidos, como ocurre desde hace 35 años y como parece que se repetirá en las próximas semanas", señalan en un comunicado, recogido por Europa Press.

Las tres asociaciones, que unidas suman más de 2.500 jueces y magistrados, quieren así trasladar a los principales partidos su 'Manifiesto Ciudadano por la Independencia Judicial', que, apuntan, en pocos días ha recabado cerca de 20.000 firmas de distintos sectores sociales y profesionales para que se modifique la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Pero advierten de que la modificación no debe ir en la línea propuesta por el PSOE y Podemos, ya que ésta "politizaría aun más el CGPJ" sino para todo lo contrario. Quieren que todos los jueces puedan votar a 12 de los 20 vocales de este órgano, concretamente los que la Constitución indica que deben ser elegidos entre la propia Carrera Judicial, para que así al menos la mitad del CGPJ no dependa en la práctica de los dos grandes partidos.

Apuntan que así se evitaría la politización cada vez más descarada y la posibilidad de que se den bloqueos, como el actual, cuando toque renovarlo cada cinco años.

Al hilo, señalan que es una demanda no solo de los jueces sino también de la ciudadanía y de Europa. Y apuntan que el 70 por ciento de los españoles desconoce cómo se elige e incluso que exista el CGPJ, según el último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) al respecto, que data de julio de 2019.

De ese sondeo, las asociaciones destacan en el comunicado que sólo el seis por ciento de los encuestados apoyaba que el CGPJ siguiera siendo elegido por los grupos parlamentarios mientras que eran cuatro veces más los que prefieren que sean los propios jueces quienes elijan su órgano de gobierno, o una parte del mismo.

El posible acuerdo PP-PSOE

Por todo ello, APM, AJFV y FJI inciden en que lo único que piden es lo que piden no solo los jueces, sino también la Unión Europea y la ciudadanía, y es "que el Poder Judicial en nuestro país sea y parezca más independiente, porque de poco sirve lo primero si no se garantiza lo segundo".

Actualmente la renovación del órgano de gobierno de los jjueces sigue bloqueada por la falta de acuerdo de PP y PSOE, si bien este mismo lunes, el secretario de Justicia y Administraciones Públicas del PP, Enrique López, reconocía que "es posible" que haya un acuerdo para la renovación antes de final de año, aunque para ello el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe cumplir las exigencias de su partido.

Según declaraciones realizadas a La Sexta, esas condiciones serían que Podemos no participe en la negociación, que se despolitice el órgano y que el Ejecutivo retire de forma definitiva la proposición de ley para reformar el sistema de elección del propio CGPJ.

Castilla-La Mancha registra 69 aulas confinadas en la región por coronavirus --con datos actualizados este martes-- un 0,38% del total, lo que demuestra que las medidas "están funcionando" y la situación se está controlando "bien".

Así lo ha manifestado este martes el viconsejero de Educación, Amador Pastor, a preguntas de los medios en una rueda de prensa, en la que ha señalado que se trata de un porcentaje "bastante bajo", aunque es un dato que va fluctuando semana a semana.

Preguntado por el número de centros que han solicitado la instalación de filtros HEPA, ha indicado que están atendiendo todas las peticiones de información por parte de los ayuntamientos o AMPAS, pero no muchos centros lo han puesto en marcha, según el viceconsejero.

"Algún ayuntamiento se había lanzado a comprarlos y ahora nos han dado la documentación. En todo caso, la administración lo que hace es verificar si lo que se presenta cumple con los estándares", ha remarcado Pastor, que ha vuelto a insistir en que la medida recomendada por las autoridades sanitarias es la ventilación frecuente.

El Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid es el único representante español en un grupo de trabajo internacional, dirigido por el consorcio ICHOM, que ha consensuado indicadores para evaluar resultados en salud en COVID-19.

Según ha explicado el Hospital Universitario 12 de Octubre en un comunicado, ICHOM es un consorcio internacional que trabaja para crear conjuntos de estándares que permiten conocer resultados en salud a partir de datos recogidos por profesionales y pacientes.

En esta ocasión, todos los especialistas participantes han trabajado en tiempo récord para alcanzar un acuerdo que permita el seguimiento de resultados con estos indicadores lo antes posible.

Los centros que recojan estos datos podrán evaluar los resultados de la atención sanitaria a pacientes afectados por Covid-19, para utilizarlos en la mejora de la calidad de todos los servicios sanitarios del mundo.

Esto resulta especialmente importante en la actualidad, ya que la mayoría de los países están inmersos en la segunda ola de la pandemia, con tasas de infección por encima de lo esperable.

Trece factores

Este conjunto mínimo básico de datos estandarizados permite hacer el seguimiento de los afectados por Covid-19 tras su ingreso, a través de 13 dimensiones sobre el estado funcional, la calidad de vida, los síntomas, los resultados clínicos y la situación social y mental, junto a factores demográficos, clínicos y relativos al tratamiento, a fin de poder comparar entornos diferentes.

Para facilitar su conocimiento y utilización, este conjunto de indicadores está disponible en varios idiomas y ha sido incluido en la web de acceso libre https://www.ichom.org/portfolio/covid-19/.

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha rechazado el plan B jurídico que plantea el Partido Popular para que deje de aplicarse el estado de alarma durante la pandemia del coronavirus, advirtiendo de que eso permitiría al Gobierno decretar confinamientos y toques de queda sin rendir cuentas ante el Congreso. A cambio, ha propuesto mantener el estado de alarma mientras sea necesario, pero exigiendo que el presidente Pedro Sánchez acuda al menos una vez al mes a la Cámara para solicitar su prórroga.

La proposición de Ley Orgánica de Protección de la Salud y de los Derechos y Libertades Fundamentales presentada por el PP, cuya admisión a trámite se debate este martes en el Pleno de la Cámara Baja, apuesta por abandonar "el camino de la excepción" --el estado de alarma-- y recurrir a la legislación ordinaria para aplicar las medidas restrictivas que buscan frenar el contagio del virus.

Para Arrimadas, esto es "una barbaridad". "Quieren darle al Gobierno de Sánchez e Iglesias la posibilidad de decretar confinamientos y toques de queda sin ni siquiera tener que venir al Congreso, que es lo que exige el estado de alarma", ha declarado en una entrevista en la cadena COPE.

Aunque ha afirmado que en Cs no están de acuerdo con "el uso torticero que se hace del último estado de alarma" aprobado en el Congreso, ha defendido que esta es "la mejor herramienta" para limitar los derechos fundamentales de los ciudadanos obligando al mismo tiempo al presidente del Gobierno a dar explicaciones ante los diputados.

Proposición de ley

Por ello, ha apostado por seguir aplicando ese instrumento jurídico cuando haya que adoptar medidas restrictivas duras, pero exigiendo que Sánchez acuda al Pleno "como máximo cada 30 días para pedir una prórroga".

Así lo pedirá la formación naranja a través de una proposición de ley que presentará este martes y que incluye otras ideas dentro de un plan para hacer más eficaz la lucha contra la pandemia, según han precisado a Europa Press fuentes del partido.

"Me parece que eso es mucho más inteligente que darle a Sánchez y a Iglesias una herramienta para que puedan confinarnos sin tener que pasar por el Congreso" y que "eliminar el control judicial" de las medidas, ha argumentado.

El estado de alarma vigente actualmente fue aprobado por el Pleno de la Cámara Baja a finales de octubre para un periodo de seis meses, hasta el 9 de mayo.

Sin embargo, a través de una enmienda pactada entre ERC y el PSOE, se estableció que la Conferencia de Presidentes autonómicos, previo acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud, podrá pedir que se levante la medida tras cuatro meses y que Sánchez debe rendir cuentas sobre su aplicación en sede parlamentaria cada dos meses. Ya en aquel momento, Cs pidió que el presidente acudiera al Congreso cada mes.

El seguro atiende cada año en España a 297.478 víctimas de accidentes de tráfico entre lesionados, fallecidos y los familiares de estos últimos, según el informe 'El daño corporal en accidentes de tráfico en 2019' recién elaborado por Estamos Seguros. Es decir, cada 1 minuto y 46 segundos alguna persona necesita la asistencia del seguro por un incidente de tráfico.

En su inmensa mayoría, el informe señala que las colisiones son leves y solo generan daños materiales. Incluso en aquellos casos en los que causan daños personales es habitual que se produzcan lesiones temporales sin secuelas y las víctimas se recuperen plenamente. El seguro, en concreto, atendió a 232.000 casos de estas características en 2019.

Las aseguradoras también dieron asistencia a 60.348 personas que sufrieron lesiones que dejaron algún tipo de secuela. Seis de cada diez personas que presentaron secuelas el pasado año tenían entre 26 y 55 años. La secuela más habitual afecta al sistema músculo esquelético (78% de las lesiones). Le siguen en importancia los perjuicios estéticos (15,9%) y los daños al sistema nervioso (3,3%).

Madrid y Barcelona, las más accidentadas

Las provincias que albergan una mayor cantidad de víctimas en números absolutos son las más pobladas del país. La clasificación la lideran Barcelona (32.235 personas), Madrid (30.482), Sevilla (19.096) y Málaga (16.279).

Sin embargo, los territorios que presentan una mayor cantidad de accidentes con víctimas en términos relativos son otros. Cádiz se sitúa en primera posición, con 121 víctimas por cada 10.000 habitantes, le siguen Pontevedra (111), Melilla (108), Murcia (98) y Sevilla (98).

En términos generales, las provincias de costa registran peores datos que las de interior en materia de seguridad vial. Especialmente en el sur peninsular. Además, los accidentes más graves del año se producen en periodos vacacionales. En concreto, en junio, julio, agosto y diciembre.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes el real decreto que contiene las bases reguladoras y la convocatoria de ayudas por valor de 3 millones de euros para pescadores y armadores que se vieron afectados por los procedimientos de suspensión de contratos o de reducción de jornada como consecuencia de la pandemia del coronavirus por el estado de alarma.

En concreto, estas ayudas, que fueron aprobadas hace una semana por el Consejo de Ministros, cuentan con un presupuesto de tres millones de euros con cargo a las cuentas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que será cofinanciada por el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP).

El BOE recoge que el periodo de referencia para poder acogerse a estas ayudas abarca del 16 de marzo al el 15 de julio. Así, armadores y pescadores tienen un plazo para la presentación de estas solicitudes de 15 días hábiles desde la publicación del extracto correspondiente en el boletín.

El Ministerio que lidera Luis Planas delegará la gestión de las ayudas en el Instituto Social de la Marina del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y éstas serán resueltas por las direcciones provinciales del instituto.

Con ellas se complementan las ayudas establecidas en el Real Decreto 703/2020, de 28 de julio, dirigidas a armadores y pescadores que no hubieran tenido un procedimiento de suspensión de contratos o reducción de jornada como consecuencia del coronavirus.

De esta forma, el importe máximo de la ayuda podrá alcanzar el 100% del importe subvencionable, siendo la contribución con cargo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca del 75%, correspondiendo el 25% restante a la contribución nacional de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 95.2 y 94.3 del Reglamento (UE) 508/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, y la excepcionalidad de las medidas específicas para atenuar el impacto del coronavirus.

Respecto al número máximo de días subvencionables, el BOE recoge que éste no será mayor al número máximo de días laborables a efectos pesqueros en el período de parada del buque comprendido entre el 16 de marzo y el 15 de julio, ambos inclusive, es decir, el número máximo de días subvencionables no será mayor a 85 días.

La familia Franco ha solicitado al Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña que se posponga la fecha del 10 de diciembre fijada para la entrega del pazo de Meirás, así como "al menos dos meses" para retirar los bienes desde que finalice el inventario.

Lo han hecho en un escrito remitido al juzgado en relación a la decisión de su titular de proceder a la ejecución provisional de la sentencia por la que se les condenó a la devolución del pazo, una medida a la que los Franco avanzaron que no se opondrían, de forma "provisional" y a la espera de que se resuelva su recurso ante la Audiencia Provincial de A Coruña.

Ahora, su representación legal sostiene que los familiares del dictador se ven "obligados a entregar un un inmueble de considerables dimensiones y en cuyo interior hay una gran cantidad de 'cosas' (bienes muebles)" que, recuerda, no figuraban en la sentencia.

Así, inciden en que el fallo, tras la demanda interpuesta por la Abogacía del Estado, "se circunscribió a las fincas o inmuebles reivindicados". "Sin hacerse extensiva ni incluir ninguna suerte de referencia a las cosas o bienes muebles que hubiese -y hay- en su interior".

PLAZO "EXIGUO"

Además de calificar la fecha del 10 de diciembre como un plazo "notoriamente exiguo", reclaman dejar sin efecto la misma después de que el juzgado adoptase unas medidas cautelares para proceder al inventario de los bienes. En ellas, se impide a los Franco sacar bienes hasta que el juzgado lo autorice.

Tras la visita hecha por la comitiva judicial, los técnicos de Patrimonio y los letrados al inmueble el pasado 11 de noviembre, el juzgado acordó también dar un plazo de 20 días naturales, ampliable, para efectuar el inventario con el material de imágenes y vídeos recabado.

En base a todo ello, y contra unas medidas cautelares contra la que los Franco ya avanzaron que presentarán un escrito de oposición, solicitan que quede "sin efecto" la fecha del 10 de diciembre para la entrega del inmueble y que se les dé un plazo, una vez realizado el inventario, de un plazo de "al menos dos meses" para la entrega del mismo.

Cataluña ha registrado hasta este martes 320.720 casos confirmados acumulados de coronavirus -290.377 con una prueba PCR-, 2.051 más que en el recuento del lunes, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web.

La cifra de fallecidos total se sitúa en 15.200, 68 más que los registrados el lunes: 9.351 en hospital o centro sociosanitario, 4.291 en residencia, 909 en domicilio y 649 que no son clasificables por falta de información.

En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 2.485, lo que supone un descenso de 50 respecto al último recuento.

Un total de 596 pacientes se encuentran ingresados en la unidad de cuidados intensivos (UCI) -de centros públicos y privados-, nueve más que en el balance anterior.

La tasa del riesgo de rebrote ha bajado: el lunes alcanzaba un nivel de 438, y 24 horas después está en 405.

La velocidad de reproducción de la enfermedad (rt) ha bajado a 0,76 y la incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 562,33 por cada 100.000 habitantes.

En las residencias de ancianos ha habido hasta ahora 23.693 personas que han dado positivo, de las que 7.115 han muerto y 154 se encuentran actualmente ingresadas.

POR COMARCAS

En la comarca del Barcelonès (Barcelona) se han contabilizado 107.347 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia, con 6.160 muertes, mientras que actualmente hay 713 pacientes ingresados; el riesgo de rebrote es de 407.

En Osona (Barcelona) se han contabilizado 8.943 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia, con 442 muertes, mientras que actualmente hay 50 pacientes ingresados; el riesgo de rebrote es de 641.

En el Bajo Llobregat (Barcelona) se han registrado 32.513 casos confirmados acumulados de coronavirus desde que empezó la pandemia, con 1.673 muertes; actualmente hay 164 pacientes ingresados, mientras que el riesgo de rebrote es de 399.

En el Gironès (Girona) se han registrado 10.196 casos confirmados acumulados de coronavirus desde que empezó la pandemia, con 251 muertes; actualmente hay 58 pacientes ingresados, mientras que el riesgo de rebrote es de 522.

El PSOE y Unidas Podemos tienen previsto rechazar este martes en el Pleno del Congreso la tramitación de la proposición de Ley Orgánica de Protección de la Salud y de los Derechos y Libertades fundamentales registrada por el PP y que contiene su lo que ha bautizado como su 'plan B' jurídico para, a través de la legislación ordinaria, evitar tener que recurrir en el futuro a la medida excepcional del estado de alarma si persiste la pandemia.

El líder del PP, Pablo Casado, lleva meses defendiendo este plan jurídico como medida alternativa al estado de alarma para dar seguridad y certidumbre a las comunidades autónomas y cree que podría estar aprobado en un par de meses. "Espero que sea apoyado por el Partido Socialista, tal y como se comprometieron el propio presidente, la vicepresidenta y el ministro de Justicia", dijo la pasada semana ante el Comité Ejecutivo de su partido.

Sin embargo, fuentes parlamentarias han avanzado que los dos partidos que dan apoyo al Gobierno votarán en contra de la tramitación de la iniciativa.

En el texto, que aparece firmado por la anterior portavoz del partido, Cayetana Álvarez de Toledo, el PP asegura que al recurrir a la "excepcionalidad máxima" que recoge el artículo 116 de la Constitución, el Gobierno "confinó a los españoles y recortó sus derechos básicos de los ciudadanos, como los de libre circulación, reunión, libertad de establecimiento, libertad de culto y otros".

El PP subraya que es momento de abandonar "el camino de la excepción" del estado de alarma -prorrogado hasta seis veces- y preparar una respuesta jurídica que permita la protección conjunta de los derechos y libertades de los ciudadanos, "sin menoscabo de que el Estado también se encargue de velar por su salud", máxime cuando no ha terminado la crisis sanitaria, no se ha vencido al virus, ni se ha encontrado aún vacuna.

"Ante estos riesgos, inminentes o futuros, es imprescindible dotarnos de un instrumento jurídico a la mayor brevedad, que permita, desde la seguridad jurídica, la normalidad institucional, y la vigencia normativa, afrontar este tipo de situaciones sin que impliquen ni renuncias a los derechos constitucionales, ni negociaciones políticas que distorsionen el fin único en estas situaciones", asegura el PP en su proposición.

OBLIGAR A GUARDAR CUARENTENA O AISLARSE A LOS AFECTADOS

El PP propone en su iniciativa modificar el artículo tercero de la la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública, de forma que la autoridad sanitaria podrá, para controlar las enfermedades transmisibles, realizar las acciones preventivas generales y adoptar medidas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato.

Esas medidas, según prosigue, incluirán "el sometimiento obligado de las personas sospechosas a observación de salud pública; sometimiento a cuarentena o aplicar otras medidas sanitarias para las personas sospechosas; sometimiento a aislamiento y a tratamiento, cuando proceda, a las personas afectadas, así como la localización de quienes hayan estado en contacto con personas sospechosas o afectadas".

Además, la autoridad sanitaria podrá "controlar o limitar la entradas y salidas de la zona afectada o amenazada y controlar olimitar el movimiento dentro de dicha zona, lo cual podrá afectar al derecho a la libre circulación y deambulación por vías públicas, así como a derecho de reunión que podrá estar condicionado en su ejercicio tanto en lugares determinados, como en el número de personas". Según añade, todas las medidas "se tomarán conforme a los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad".

PODER HACER RESTRICCIONES CON UN ACTO GUBERNATIVO

En la misma iniciativa, el PP plantea la reforma de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para que los juzgados de lo contencioso-administrativo autoricen o ratifiquen las medidas que las autoridades sanitarias consideren "urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen privación de la libertad o de otro derecho fundamental".

Según el PP, resulta "razonable la exigencia de ratificación judicial del acto administrativo en los casos de privación de libertad o tratamiento médico forzoso (normas de cuarentena o procedimiento médico involuntario)". Sin embargo, cree que la restricción "sería posible realizarla por medio de un acto gubernativo que ponderase las circunstancias de proporcionalidad, idoneidad y necesidad, sin perjuicio su ulterior control judicial".

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha rechazado el plan B jurídico que plantea el Partido Popular para que deje de aplicarse el estado de alarma durante la pandemia del coronavirus, advirtiendo de que eso permitiría al Gobierno decretar confinamientos y toques de queda sin rendir cuentas ante el Congreso. A cambio, ha propuesto mantener el estado de alarma, pero exigiendo que el presidente Pedro Sánchez comparezca al menos una vez al mes.

La proposición de Ley Orgánica de Protección de la Salud y de los Derechos y Libertades Fundamentales presentada por el PP, cuya admisión a trámite se debate este martes en el Pleno de la Cámara Baja, apuesta por abandonar "el camino de la excepción" -el estado de alarma- y recurrir a la legislación ordinaria para aplicar las medidas restrictivas que buscan frenar el contagio del virus.

Para Arrimadas, esto es "una barbaridad". "Quieren darle al Gobierno de Sánchez e Iglesias la posibilidad de decretar confinamientos y toques de queda sin ni siquiera tener que venir al Congreso, que es lo que exige el estado de alarma", ha declarado en una entrevista en la cadena COPE.

Tras afirmar que en Cs no están de acuerdo con "el uso torticero que se hace del último estado de alarma" aprobado en el Congreso, ha defendido que esta es "la mejor herramienta" para limitar los derechos fundamentales de los ciudadanos obligando al mismo tiempo al presidente del Gobierno a dar explicaciones ante los diputados.

Por ello, ha apostado por seguir aplicando ese instrumento jurídico, aunque exigiendo que Sánchez acuda al Pleno "como máximo cada 30 días para pedir una prórroga", y así lo pedirá la formación naranja con una propuesta que presentará este martes.

"Me parece que eso es mucho más inteligente que darle a Sánchez y a Iglesias una herramienta para que puedan confinarnos sin tener que pasar por el Congreso" y que "eliminar el control judicial" de las medidas, ha argumentado.

Canarias ha recibido un total de 16.760 inmigrantes por vía marítima entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2020, lo que ha supuesto un incremento de 1.019,6 por ciento (+15.263 inmigrantes) con respecto al mismo periodo del 2019 cuando alcanzaron las costas del archipiélago 1.497 personas, según se desprende del informe de inmigración del Ministerio de Interior.

En cuanto a las embarcaciones irregulares llegadas a las islas han ascendido a 553 hasta el 15 de noviembre a diferencia de las 93 del pasado año, lo que ha implicado la llegada de 460 más (+494,6%).

Por su parte, en el conjunto de España el número de inmigrantes llegados tanto por vía marítima como terrestre entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2020 fue de 33.946 personas, lo que implica 6.451 personas más (+23,5%) que en el mismo periodo de 2019.

En este sentido, los inmigrantes llegados a España por vía marítima en dicho periodo fueron 32.427, es decir 10.136 personas más (+45,5%) que en el mismo periodo de 2019.

Estas 32.427 personas han llegado a bordo de 1.823 embarcaciones a diferencia de las 1.069 que arribaron entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2019, lo que ha implicado un aumento del 70,5 por ciento (+754 embarcaciones irregulares).

El informe también recoge la llegada de inmigrantes a Baleares y península por vía marítima donde muestra una bajada de 4.502 personas (-22,8%), ya que hasta el 15 de noviembre habían arribado 15.260 personas a diferencia de los 19.762 de 2019.

Por contra el número de embarcaciones irregulares crecieron, ya que en lo que va de año alcanzaron las costas de Baleares y Península 1.184 a diferencia de las 854 de 2019, lo que implicaron 330 pateras más (+38,6%).

En cuanto a Ceuta y Melilla, han bajado las llegadas de personas en situación irregular tanto por tierra como por mar. Así, a Ceuta han entrado en lo que va de año 358 personas en 82 pateras, un 28,2% menos. Por vía terreste, han entrado en Ceuta 280 personas, un 80% menos que en 2019.

En el caso de Melilla, el descenso de llegadas por mar ha sido aún más acusado que en Ceuta, hasta alcanzar el 98%. Solo nueve personas han llegado a la Ciudad Autónoma frente a los 478 del año anterior. Por vía terreste, las llegadas han caído también un 68%, al bajar de 4.060 a 1.289.

El presidente del grupo confederal de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Jaume Asens, ha asegurado este martes que "de momento no hay ninguna contrapartida a EH Bildu" y su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) es un "acto de generosidad política".

En una entrevista en 'Las mañanas de RNE', Asens ha explicado que lo "que ha hecho" la formación vasca es "mostrar su predisposición a votar afirmativamente" las cuentas públicas. "Es un hecho histórico de gran trascendencia, porque la izquierda abertzale va a participar en la gobernabilidad de España", ha celebrado.

Así, y tras explicar que la formación morada pretende que eso también suceda con las formaciones independentistas, Asens ha instado a JxCat y a ERC a tener la "visión de Estado y el sentido de la responsabilidad" del partido que lidera Arnaldo Otegi.

Precisamente, Asens ha salido al paso de las acusaciones de la oposición contra EH Bildu, formación a la que acusan de no haber condenado de forma expresa la violencia de ETA. "Es que es falso. Bildu es una coalición de partidos y todos y lo estuve repasando han condenado de forma explícita el terrorismo y la violencia", ha afirmado.

Preguntado por los actos de homenaje a presos etarras tras haber cumplidos sus penas, Asens ha argumentado que no se debe pedir "necesariamente" que "no se hagan actos privados de bienvenida o lo que sea", siempre y cuando estos no se hagan de forma pública. En el momento en que eso ocurre, ha señalado, "colisiona" con el derecho de las víctimas.

LA CONSTITUCIÓN NO ES "UN DOGMA DE FE"

"Si hay gente que quiere recibir a un ser querido que ha estado privado de libertad no vamos a prohibirlo. La diferencia está en la incidencia que puedan tener esos actos en las víctimas", ha apostillado.

En cuanto a las declaraciones de EH Bildu en las que hablaba de ir a Madrid a acabar con el régimen, Asens ha asumido que existe "un cambio de época. "Y este gobierno de coalición tiene muchos retos por delante. Solo este gobierno tiene ahora mismo la posibilidad de modificar el campo de juego", ha aseverado.

En esta línea, el dirigente de Unidas Podemos ha explicado que la Constitución es un "límite legal evidente que dibuja el perímetro" sobre el cual deben moverse para ejecutar estos cambios. Eso sí, ha advertido que la Carta Magna "no es un dogma de fe", sino "fruto de una correlación de fuerzas en un determinado momento".

A su juicio, ésta es susceptible de ser modificada siempre que se tengan las mayorías necesarias. "Si esa correlación cambia y hay necesidad de ello se debería modificar", ha sostenido, para después señalar que la Constitución española es de los documentos europeos que menos reformas ha recibido.

Por otro lado, Asens se ha referido al papel de Ciudadanos en la negociación de las cuentas públicas. En concreto, al alejamiento de la formación naranja después de que Bildu mostrase de forma pública su apoyo a los PGE. "El problema es que tal y como está compuesta la política en España, cuando tú incluyes a uno excluyes a otro", ha sostenido.

Según el presidente del grupo confederal de Unidas Podemos, el partido que lidera Inés Arrimadas "no es del todo honesto en sus intenciones". "Quiere romper al gobierno de coalición: no me acabo de creer su estrategia del todo", ha reconocido.

En este sentido, Asens ha señalado que Cs "no ha roto" sus "alianzas con la extrema derecha" y, además, ha propuesto al PP concurrir juntos a las elecciones autonómicas en el País Vasco y en Cataluña. "Su apuesta por la gobernabilidad de la derecha es clara. No me acabo de fiar", ha zanjado.

Unos 291 inmigrantes han llegado a Canarias a bordo de cinco pateras durante la noche y madrugada de este martes, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Así, durante la noche Salvamento Marítimo interceptó tres pateras al sur de Gran Canaria con 85 inmigrantes, de los que 84 eras hombres y una mujer, por lo que fueron trasladados al muelle de Arguineguín, en Mogán (Gran Canaria), donde han sido asistidos por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y Cruz Roja.

Asimismo, durante la madrugada Salvamento Marítimo interceptó seis embarcaciones irregulares con 174 migrantes, entre los que había una mujer y 10 menores, de origen magrebí todos. Uno de los inmigrantes precisó traslado a un hospital, mientras que el resto fue atendido por el dispositivo sanitario en el muelle de Arguineguín.

Finalmente, otra patera fue interceptada a la altura de Montaña Roja, en el municipio de Granadilla de Abona (Tenerife), con 32 migrantes subsaharianos, entre ellos siete menores, que se encontraban todos en buen estado de salud.