El Gobierno de Andorra ha aprobado un nuevo proyecto de ley de medidas excepcionales y urgentes por la situación de emergencia sanitaria causada por el Covid-19, por la cual se podrán alargar los ERTE hasta finales del mes de junio de 2021.

Así lo ha anunciado el ministro de Presidencia, Economía y Empresa, Jordi Gallardo, durante la comparecencia para explicar los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros celebrado este miércoles.

El texto contempla un paquete de medidas con el objetivo de "evitar despidos y la destrucción del tejido productivo", a la vez que acompañar a empresas y trabajadores en la reactivación de la economía, ha manifestado el titular de Economía y Empresa.

El proyecto de ley ya se ha entrado a trámite parlamentario por vía de extrema urgencia y será debatido para su aprobación en el Consell General --parlamento-- el próximo viernes, donde los grupos que apoyan el Gobierno suman mayoría absoluta.

El alargamiento de las Suspensiones Temporales de Contrato de Trabajo y las Reducciones de Jornada Laboral --el equivalente a los ERTE en Andorra-- será vigente hasta 90 días después de la declaración del fin de la situación de emergencia, con el 30 de junio como máximo.

Se podrán beneficiar de los ERTE las empresas que tengan la actividad principal suspendida obligatoriamente por decreto o que "esté afectada por impedimentos ligados a las restricciones por medidas decretadas y que demuestren una bajada significativa de la cifra de negocio", especifica en un comunicado el Gobierno.

La bajada de la cifra de negocio tendrá que ser igual o superior al 50% en el acumulado de los tres meses naturales anteriores a la presentación de la solicitud inicial para beneficiarse del programa, en comparación al mismo período del año anterior; o de entre el 30% y el 50% en los 12 meses anteriores.

También se incluyen aquellos sectores afectados por las medidas adoptadas por las autoridades extranjeras "que limitan la llegada de turistas".

En el ámbito laboral, también se establece que el tiempo no trabajado a compensar por el trabajador, generado entre el 1 de enero y el 20 de junio del 2021, se podrá recuperar a lo largo de todo el 2021, al igual que las horas generadas en el 2020 también se pueden compensar hasta el 31 de diciembre de 2021.

Por otro lado, la suspensión de contratos de trabajo por causa de fuerza mayor no es aplicable por la suspensión temporal de la actividad de las empresas por la situación de emergencia sanitaria.

Para los autónomos se mantiene una prestación económica en caso de que la actividad sea suspendida obligatoriamente por decreto o que se justifique una reducción significativa de la cifra de negocio.

MEDIDAS SOBRE LOS ALQUILERES

Además, también se mantienen las ayudas a los alquileres de los locales comerciales: será del 75% para las empresas con la actividad suspendida; y para los que acrediten una bajada de la cifra de negocio pueden solicitar una reducción del 50% hasta el 31 de marzo.

Para los afectados por ERTE o en situación de paro con motivo de la crisis sanitaria, se establece una reducción del alquiler de la vivienda del 10%, que puede llegar al 20% en casos de familias monoparentales, de autónomos con la actividad suspendida y percibiendo la prestación económica, o en que la unidad de convivencia demuestre una reducción global de los ingresos superior al 10%.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, no ha aclarado este miércoles si el Ejecutivo publicará los nombres del comité de expertos encargados de asesorar al Gobierno en la gestión de la pandemia del Covid-19 después de que así se lo ordenara el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) a través de una resolución y ha señalado que los servicios jurídicos del Ministerio lo están estudiando.

En la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial de Salud, Illa ha explicado que el Ministerio está estudiando esta resolución para darla cumplimiento, aunque ha defendido la "actitud de transparencia" del Ministerio de Sanidad y del Gobierno. "Siempre hay espacios de mejora y estamos dispuestos a mejorar, por tanto estamos estudiando la resolución para dar cumplimiento", ha subrayado Illa.

Por su parte, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, también ha hecho referencia a este asunto y ha reivindicado el número de solicitudes de transparencia en el Gobierno: "Lo importante es seguir trabajando y que tengan en cuenta el volumen tan importante que significan una carga de trajo para los ministerios concernidos".

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ordenó el pasado lunes al Ministerio de Sanidad que dé a conocer los nombres del comité de expertos al que aludió el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, como encargado de asesorar al Gobierno en la gestión de la pandemia de coronavirus, por considerar que no se vulnera el derecho a la protección de datos y, por contra, favorece el control de la actividad pública por parte los ciudadanos en "decisiones relevantes", según la resolución a la que tuvo acceso Europa Press.

El CTBG se posiciona así a favor de un abogado que el mismo 6 de mayo en el que Simón se negó en rueda de prensa a hacer pública la composición del comité de expertos pidió al Ministerio de Sanidad que le informara sobre el número de personas que lo integraban y que las identificara con nombres y apellidos.

En concreto, el Consejo de Transparencia da un plazo de diez días al Ministerio de Sanidad para que remita al abogado esta información, una decisión que pone fin a la vía administrativa, pero que se puede recurrir durante los dos meses siguientes ante los juzgados centrales de lo contencioso-administrativo de Madrid.

El vicesecretario de Participación del PP, Jaime de Olano, ha lamentado este miércoles que España "tiene el Gobierno más radical de Europa" a la vez que ha asegurado que, ante ello, su partido "será el dique de contención de las políticas totalitarias del Gobierno de Sánchez".

Jaime de Olano ha clausurado en Logroño -junto al presidente del PP de La Rioja, José Ignacio Ceniceros- los foros del PP regionales denominados 'Conversaciones populares: En defensa de la Constitución'.

Unas jornadas, en palabras del vicesecretario, están "de rabiosa actualidad" porque "estamos viviendo unos momentos en los que se está poniendo en cuestión la Constitución y la Transición Española. Se está poniendo todo en duda, desde el sistema elegido, la monarquía parlamentaria, se ataca a la jefatura del Estado y, además, esos ataques se hacen desde el propio Gobierno".

Ahondando en ello, el vicesecretario de Participación ha recordado que "hace mucho tiempo que se realizan estos ataques pero la novedad ahora es que se hacen desde el propio Gobierno". En este sentido, ha matizado, "el vicepresidente del Gobierno ataca a la jefatura del estado y no ha sido en ningún momento reprendido por el presidente del Gobierno".

Ante ello, asegura, al PP "no nos vale la excusa de que haga las declaraciones en nombre de Podemos, cuando uno está en el Gobierno, habla en nombre de todo el Gobierno", ha manifestado.

Con todas estas actuaciones, para el PP está claro que España "tiene el Gobierno más radical de Europa" y Pedro Sánchez "para sorpresa de todos y peligro de nuestros derechos, lejos de moderarse, lo que está haciendo es una grave radicalización del PSOE.

LEY CELAÁ

Para Jaime de Olano también es "preocupante" ver cómo desde el Gobierno se ataca "a la libertad educativa". En breves fechas, ha recordado, se aprobará la conocida como Ley Celaá "calificada por casi toda la comunidad educativa como el mayor ataque a la libertad de nuestro país, una Ley que, además, nace sin diálogo".

"Solo han hablado entre el PSOE y Podemos, sin contar con los expertos y es una Ley que ha recibido el rechazo unánime de toda la comunidad educativa. Una Ley, ha continuado, en la que prima la ideología y se aparta a un lado la meritocracia y el esfuerzo".

Además, ha proseguido, "esta Ley pone fecha de caducidad a la educación concertada, a la educación especial y ataca la libertad de los padres a la hora de elegir el centro educativo que quieran para sus hijos".

Para el PP, además, esta Ley "hace cesiones de carácter político" y es "incomprensible" lo que quiere hacer con el español. "No entendemos cómo un Gobierno de España puede acabar con el castellano o el español como lengua vehicular. Está haciendo un daño terrorífico al futuro de los jóvenes".

SEPARACIÓN DE PODERES

Jaime de Olano también ha hecho referencia a la separación de poderes. En este sentido, ha criticado, Pedro Sánchez "está aprovechando la pandemia para recortar las funciones del legislativo y ahora ataca despiadado al Consejo General del Poder Judicial. Aún así, ha indicado, "el PP se opondrá a estos recortes para defender la libertad de todos los españoles".

Este Gobierno, en definitiva para Olano, "ataca a su majestad el Rey, a la educación, a la libertad de prensa, a la separación de poderes, a la libertad de expresión... ante todo ello, el PP actuará como dique de contención a estas políticas totalitarias del gobierno de Pedro Sánchez".

PRESUPUESTOS

Durante su intervención, el vicesecretario también se ha referido a los presupuestos generales del Estado. "No solo pagaremos un precio económico sino también en forma de empleo porque los datos del paro son muy preocupantes y, además, pagaremos un alto coste político cuya 'cara' es la de Otegi y Rufián, que son los que han dictado las normas de estos presupuestos, y la 'cruz' vamos a ser todos los españoles".

Son unos presupuestos que "están basados en unas previsiones completamente falsas y, por ello, el PP ha presentado enmiendas a todas las secciones. Más de 1.500, algunas vetadas, y no se ha aprobado ninguna porque, además, el PSOE ha ordenado a sus socios que votaran en contra de nuestras enmiendas", ha criticado.

Enmiendas, ha indicado, que también hacían referencia a la situación de La Rioja porque "esta comunidad recibirá un duro golpe en materia de inversiones y es una de las grandes perjudicadas. La Rioja ha sido maltratada por Pedro Sánchez en estos presupuestos y Andreu, lejos de levantar la voz, solo aplaude las decisiones del presidente, algo inaudito cuando se han presentado las peores cuentas posibles".

El buque de rescate marítimo 'Aita Mari' zarpará este miércoles por la noche desde el puerto vasco de Pasaia, en Guipúzcoa, rumbo al Mediterráneo central y tras casi cinco meses de parada para la realización de labores de mantenimiento y acondicionamiento.

A bordo del barco viajará una tripulación formada por trece personas, cuyo objetivo es "monitorizar el cumplimiento de los Derechos Humanos en la ruta migratoria entre Libia e Italia", tal y como ha informado la ONG Salvamento Marítimo Humanitario (SMH) en un comunicado.

En unos catorce días aproximadamente, dependiendo de cómo esté el mar y cuáles sean las condiciones meteorológicas, el buque llegará a la zona. El pasado 10 de julio, el 'Aita Mari' llegó a Pasaia con el objetivo de realizar las reformas a bordo exigidas por las autoridades Italia como condición para poder navegar.

"Este obstáculo fue una estrategia más para detener a la flota solidaria, puesto que al 'Aita Mari' se le exigían requisitos de seguridad y navegación de los que estamos exentos por las características de construcción del buque", ha explicado la organización.

No obstante, la ONG ha acondicionado el barco para evitar posibles inmovilizaciones en puertos italianos --como ya ha sucedido en el pasado--. "Ante la ausencia de barcos de rescate en la zona, las personas se siguen jugando la vida en el Mediterráneo y las autoridades europeas no despliegan medios suficientes para auxiliarles y garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos", lamentan.

"Por ello, nos hemos visto obligados a realizar a bordo las reformas exigidas por Italia", recoge el texto, que describe las exigencias italianas como un proceso "perverso y arbitrario".

Sin embargo, SMH ha indicado que los planteamientos realizados suponen que "Europa sabe que hay náufragos en el mar y que ni los guardacostas libios ni los malteses van a actuar con diligencia", lo que obliga a los barcos de rescate a ocuparse de las labores de salvamento.

Así, lamentan que los "requisitos de navegación solo se exijan a la flota solidaria y no al resto de buques que transitan por la zona" El 'Aita Mari' realizó su último rescate el pasado 13 de abril, cuando localizó a 44 personas en el mar.

"Reclamamos una estrategia migratoria europea que incluya el rescate, sin miramientos, de cualquier náufrago en alta mar. Además, queremos agradecer el apoyo de la sociedad en estos duros meses para poder volver al mar", ha demandado la organización.

El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles 2 de diciembre de la Proposición de Ley Orgánica de modificación del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente.

El texto, que se ha aprobado sin modificaciones, al no haberse presentado enmiendas por los Grupos del Senado al texto recibido de la Cámara Baja, ha contado con 259 votos a favor y dos abstenciones.

La portavoz de la Comisión para las políticas de la Discapacidad del PSOE, Patricia Abascal, ha enfatizado que este miércoles es "un día histórico para las personas y mujeres con discapacidad" y ha mostrado su agradecimiento a las asociaciones de la discapacidad y, en concreto al Comité Español de Personas con Discapacidad (CERMI). "Hoy rebatimos una injusticia que lleva años perpetrándose y, aunque tarde, ha llegado", ha destacado.

Por su parte, la senadora del PP Violante Tomás Olivares, ha celebrado el "avance importantísimo" que se logra este miércoles, cuando se prohíbe "una forma de mutilación genital femenina" y se defiende "el derecho de la mujer con discapacidad a ser madre"; y ha felicitado al CERMI por ser "locomotora de cambio social en España". No obstante, ha lamentado la "ausencia injustificada de la ministra de Igualdad, Irene Montero".

Para el senador de Esquerra Republicana Josep Rufà, hoy el país se pone "a la vanguardia del feminismo" ya que "restaura la dignidad quebrada de tantas mujeres y niñas a las que se invadió sus cuerpos sin permiso". De hecho, con esta modificación del Código Penal España cumplirá en este sentido con el Convenio de Estambul, que considera esta práctica como una forma de violencia contra la mujer.

Además, la senadora del PNV María Rosa Peral ha puesto de relieve que gracias a esta aprobación, este jueves 3 de diciembre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad se podrá celebrar "con una pequeña victoria.

Para el senador de Ciudadanos Tomás Marcos, "España es hoy un país mejor" con esta ley que "nace de la sociedad civil" y que ahora se aprueba "desde el consenso de todas las fuerzas". "Es un hito por la igualdad y la inclusión social", ha subrayado, recordando que fue una iniciativa que surgió de CERMI Mujeres y que Ciudadanos impulsó en el Congreso.

UNAS 100 ESTERILIZACIONES CADA AÑO

Según ha recordado el senador de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño, citando datos del CERMI, "unas 100 personas son esterilizadas cada año en España, de las cuales la mayoría son mujeres" por lo que el voto a favor de este miércoles supone, según ha dicho, "poner fin a una situación de doble discriminación por discapacidad y por ser mujer". Además, ha pedido solucionar la "falta" de educación sexual a las mujeres con discapacidad y las "escasas medidas" para protegerlas frente al abuso sexual.

Por su parte, la senadora de Junts Per Catalunya María Teresa Rivero ha apuntado que lo que han hecho este miércoles es "hacer corresponder la norma al mandato que se dio el país hace 10 años" cuando ratificó en 2008 la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad que prohíbe esta práctica; y ha destacado que se avanza hacia "una sociedad más digna e igualitaria".

También el senador de UPN Alberto Prudencio Catalán ha destacado el "avance" en "la inclusión en la sociedad de las personas con discapacidad" y ha recordado las palabras del Papa Francisco quien dijo el año pasado por el Día Internacional de las personas con discapacidad, que había que "desarrollar anticuerpos contra una cultura que considera algunas vidas de serie A y otras de serie B".

Igualmente, la senadora de Vox Yolanda ha denunciado que la esterilización forzada es "aberrante" porque constituye "una mutilación y un ataque a los derechos e integridad de las personas con discapacidad", aunque ha criticado que los partidos que gobiernan apoyen derogar este precepto y "por otro lado estén a favor de ampliar plazos para abortar cuando el no nacido presenta algún tipo de discapacidad".

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Fundación CERMI Mujeres (FCM) han calificado de "hito histórico" la aprobación en el Senado, este miércoles, de la Ley Orgánica por la que se modifica el Código Penal para prohibir la esterilización forzada de personas con discapacidad.

Tal y como ha explicado CERMI, la erradicación de la esterilización forzosa supone un "logro impulsado desde la sociedad civil de la discapacidad" y supone "la corrección de una anomalía, del ordenamiento jurídico" español que "castigaba especialmente a las mujeres y adolescentes con discapacidad".

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación Arancha González Laya, ha pedido este miércoles una mayor colaboración entre la OTAN y la UE para gestionar la relación con China, especialmente en el ámbito tecnológico, espacio y ciberespacio e inteligencia artificial.

Según ha informado su Departamento, en la segunda sesión de la reunión ministerial de la OTAN, centrada en China, se ha referido al gigante asiático como a una fuente de "oportunidades y desafíos".

España apoya los esfuerzos de la OTAN por determinar el alcance de los potenciales desafíos que supone la acción de China en el mundo y sus posibles impactos en los intereses de la Alianza y para eso ve necesario fortalecer la relación con socios afines, tanto de Asia y el Pacífico como del norte de Europa.

En esta reunión telemática que comenzó el martes, González Laya ha defendido que la futura Alianza Atlántica debe ser más política, para complementar la adaptación de su vertiente militar de la OTAN. "Es difícil, si no imposible, apoyar una posición disuasoria sólida y creíble si no es respaldada por una unión política fuerte", ha avisado.

En el marco del Informe del Grupo de Reflexión sobre el futuro de la Alianza Atlántica en el marco de la iniciativa OTAN 2030, ha defendido que "proporcionar un sentido renovado a los lazos transatlánticos" debe realizarse "sobre la base de un compromiso incondicional a los principios y valores de la Alianza".

También se ha referido a los distintos temas de actualidad,empezando por la delicada relación con Rusia y ha señalado que si bien la posición de Rusia en determinados asuntos representa un "desafío permanente" para los Aliados y sus socios, la relación con Rusia debe mantenerse enmarcada en el "Enfoque a dos vías", convencida de que el diálogo es la mejor opción en aquellas áreas donde existen intereses comunes.

En relación con los temas de desarme, cree que los aliados deben seguir defendiendo el sistema internacional basado en normas. Para González Laya, la extensión del Tratado NEW START es en este sentido, crucial.

Respecto al proceso de paz en Afganistán, ha defendido como fundamental que sea liderado por los propios afganos, de forma inclusiva, desembocando en un acuerdo que incluya a todos, en particular los derechos de mujeres, niños y minorías étnicas. España espera que se den las condiciones para avanzar hacia esta transición.

El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha considerado que el cribado que se pueda hacer en las oficinas de farmacias no aportará "resultados relevantes" para la situación epidémica y que no es "seguro" ni para los trabajadores ni para los clientes de estos establecimientos.

Así, ha puesto como ejemplo que si un test antigénico realizado en una farmacia da positivo debería ser comunicado a la autoridad sanitaria y, a partir de ahí, si se ha producido un contacto con esa persona superior a quince minutos sin material de protección serían "contactos estrechos sin tener que serlo".

Por lo tanto, ha dicho, poniendo en la balanza los riegos y beneficios, en este momento, los técnicos en salud pública de Extremadura "no lo ven necesario y así lo estamos haciendo".

"Eso no quiere decir que, pasado un tiempo, si las circunstancias cambian o las características técnicas de los test son otras, porque lo diga el fabricante o el Instituto de Salud Carlos III, pueda ser que nosotros adoptemos un criterio de cribado en las oficinas de farmacia", ha asegurado.

Vergeles ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa en la que ha informado sobre los acuerdos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y de la situación de la pandemia en Extremadura y en la que querido diferenciar entre los test de anticuerpos y los test de antígenos.

Así, ha indicado el consejero que los test de anticuerpos miden las defensas y no el virus y son los que se van a poner a la venta en las farmacias, mientras que los test de antígenos sí sirven para conocer si se tiene el coronavirus.

Además, ha recalcado que los test de anticuerpos deben estar prescritos por un facultativo para proceder a una interpretación correcta del resultado, además de incidir en que estas pruebas no sirven para hacer cribado.

Por ello, el consejero ha considerado que por la tasa de positividad de las pruebas en Extremadura, que este pasado martes era de alrededor de un 5,8 por ciento, y porque se van a realizar en personas que no tienen síntomas, a los test de antígenos no se le puede conceder la misma validez que a una prueba PCR.

"Los test de antígenos tienen las misma validez que una PCR en población vulnerable, cuando la tasa de positividad en la comunidad autónoma es de al menos el 10 por ciento o en pacientes que presentan síntomas dentro de los primeros cinco días", ha aseverado el consejero, que ha añadido que si ese test da positivo es como si diera positivo una PCR.

La consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, ha pedido a la población el cumplimiento de las medidas contempladas en el Plan de adaptación de la actividad social de Navidad y cambio de año al Covid-19 en unas "Navidades distintas".

Lo ha explicado durante la rueda de prensa de presentación del nuevo centro de atención primaria (CAP) Alhambra en el barrio de Santa Eulàlia de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) junto al vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, y la alcaldesa de la ciudad, Núria Marín.

La consellera ha reivindicado el "trabajo de mucha gente" para dotar de herramientas a la sociedad con las que puedan organizar las fiestas navideñas al mismo tiempo que se garantiza, a juicio de Vergés, el control de la pandemia.

Al ser preguntada por si harán marcha atrás o modificarán alguna medida concreta del plan de Navidad, ha insistido en que dicho plan está trabajado pero ha matizado que lo estudiarán "todo", y ha añadido que todavía quedan muchos días para las fiestas.

Sobre el posible avance de tramo contemplado en el Plan de apertura que ha elaborado el Govern ante las restricciones de la segunda ola de la pandemia el próximo lunes, Vergés ha reconocido que los indicadores epidemiológicos muestran "un pequeño cambio".

Sin embargo, ha defendido que lo analizarán en el marco del comité técnico del Plan de Protección Civil de Cataluña (Procicat) para tomar una decisión en los próximos días.

Respecto al trabajo del Procicat, Vergés ha reiterado que el comité técnico también está trabajando en un plan específico para las cabalgatas de Reyes.

NUEVO CAP

En el marco del nuevo equipamiento sanitario de la ciudad, Aragonès ha destacado el "compromiso adquirido y el trabajo hecho" con la puesta a punto del nuevo CAP Alhambra que atendrá a la población de los barrios Santa Eulàlia Nord y Gran Via Sud de L'Hospitalet de Llobregat.

Vergés ha reivindicado que este centro es "más amplio, más moderno y más confortable" que el anterior (el CAP Mossèn Cinto Verdaguer) con el doble de consultas --pasando de 18 a 35--, ha tenido un coste de 4 millones de euros y atenderá a más de 20.000 personas.

La cartera de servicios del centro incluye actividades preventivas; atención y seguimiento de las enfermedades agudas y crónicas; atención y seguimiento de la salud de los menores; atención domiciliaria; consulta de salud mental de apoyo a la atención primaria; y atención odontológica.

NÚRIA MARÍN

Por su parte, Marín ha celebrado la construcción del nuevo CAP que considera un "espacio fantástico" que se ha conseguido a través del Pacto de Salud entre el Ayuntamiento y la Generalitat, a quien ha instado a seguir trabajando en los equipamientos sanitarios de la ciudad.

Concretamente, ha recordado que "quedan pendientes" otros dos CAP --el de la Florida y el de Sant Josep-- así como el futuro del Hospital General de L'Hospitalet, y ha añadido que serán posibles gracias a la colaboración institucional.

"No es una reivindicación exclusiva de la alcaldesa, es una reivindicación vecinal y de toda la ciudadanía", ha subrayado Marín, que ha insistido en ponerse manos a la obra y clarificar el futuro de estos equipamientos.

El Partido Popular ha anunciado que presentará mociones en todas las instituciones a nivel local, provincial, insular y regional en defensa de la autonomía fiscal para bajar impuestos, tal y como defiende la formación liderada por Pablo Casado.

En concreto, en la propuesta final de este texto se pide "respetar la autonomía financiera y la capacidad normativa que en materia tributaria reconocen la Constitución y las leyes a las Comunidades Autónomas" y se censura el acuerdo que el gobierno de coalición ha alcanzado con ERC sobre la fiscalidad de la Comunidad de Madrid.

En este sentido, en la moción se reclama al Ejecutivo "no llegar a acuerdos que vulneren la legislación vigente a cambio de votos de unas formaciones que han demostrado en numerosas ocasiones su deslealtad con España cuando no su claro objetivo de destruir nuestra nación".

En la argumentación del texto, el PP recuerda la Comunidad de Madrid ha sido una de las comunidades autónomas españolas que, durante los últimos 16 años, ha desarrollado una política de bajada de impuestos "que ha ahorrado a cada contribuyente madrileño unos 15.000 euros de media en estos años". Al mismo tiempo que, señala, Extremadura, Cantabria o Castilla- La Mancha han desarrollado las mismas bonificaciones y rebajas fiscales que Madrid en impuestos como de sucesiones.

Igualmente, incide en que Madrid ha visto incrementada su recaudación, "lo que le permite mantener los servicios públicos y seguir siendo solidaria con el resto de España", ya que aporta casi el 70 por ciento de los recursos del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos (fondo que financia en parte los hospitales y escuelas de 14 CCAA).

"El gobierno de España y sus socios de investidura han anunciado un acuerdo para homogeneizar impuestos entre las comunidades autónomas de régimen común. Esta medida vulnera la autonomía financiera reconocida constitucionalmente así como la legislación vigente y, en muchas CCAA, supondría una subida de impuestos a sus ciudadanos (en Madrid esa subida alcanzaría los 2.000 euros)", alega.

La presentación de mociones en todas las instituciones ha sido acordada este miércoles en una reunión telemática presidida por el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, los consejeros de Hacienda de Gobiernos autonómicos del PP y portavoces, un encuentro en el que también han participado los vicesecretarios de Territorial y Sectorial, Antonio González Terol y Elvira Rodríguez, respectivamente.

En el transcurso de este encuentro, García Egea se ha referido a la "intromisión e injerencia" que pretende el Gobierno en materia impositiva respecto a las CCAA, por lo que ha coordinado un "mensaje común y coherente" de las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Una reunión en la que se han puesto en común las medidas de las autonomías, así como la postura del partido ante la utilización negativa por parte del Gobierno de los fondos europeos.

Un total de quince provincias estarán este jueves 3 de diciembre en riesgo importante (aviso naranja) y riesgo bajo (aviso amarillo) por oleaje, fuertes rachas de viento, nieve y temperaturas mínimas en una jornada en la que la inestabilidad será la nota predominante, con un descenso de temperaturas, algunos chubascos en Baleares y nevadas al final del día en Pirineos y Cordillera Cantábrico, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Este jueves será una jornada principalmente marcada por el temporal marítimo que dejará a La Coruña, Lugo, Pontevedra, Asturias, Cantabria y Menorca en riesgo importante por oleaje a causa de los vientos del norte o noroeste de fuerza siete, que arreciarán hasta el nivel ocho al avanzar la tarde, y que provocará olas de hasta 8 metros de altura, salvo en las provincias de Baleares donde serán de entre tres y cuatro metros de altura.

Por su parte, Gerona, Tarragona, Guipúzcoa y Vizcaya estarán en riesgo bajo por oleaje por los vientos del norte y noroeste de fuerza siete y ocho que podrán provocar olas de tres metros de altura aunque en el País Vasco predominará el viento suroeste de fuerza siete que arreciará al nivel ocho y al final del día las olas podrán ser de hasta seis metros de altura.

Asimismo, las fuertes rachas de viento se notarán especialmente en La Coruña, Lugo y Pontevedra, que estarán en riesgo bajo por rachas máximas de entre 70-80 km/h por vientos del norte y del noroeste aunque serán probables en zonas altas y en el caso concreto de Lugo podrán llegar a 100 km/h. Este mismo fenómeno también se producirá en Asturias y Cantabria, que igualmente tendrán riesgo bajo, con rachas máximas de 90 km/h causadas por el viento del oeste.

Otro fenómeno climatológico que marcará la jornada del jueves será la nieve en Huesca, León, Palencia y Zamora, en riesgo bajo por acumulación de nieve de hasta 15 centímetros en León, ocho centímetros en Palencia y diez centímetros en Zamora 24 horas. Este episodio continuará al día siguiente, mientras que en Huesca la cota de nieve estará cerca de los 900 metros y se acumulará quince centímetros en 24 horas.

Además, el descenso de las temperaturas que ha dado comienzo este miércoles también se prolongará para este jueves, especialmente en Gerona, en riesgo bajo por temperaturas mínimas que alcanzarán los menos seis grados centígrados.

En el resto del país, la AEMET señala que la llegada de un frente atlántico producirá un aumento de la nubosidad en la segunda mitad del día hasta quedar nuboso en el tercio noroeste peninsular, con precipitaciones en Galicia, que podrán extenderse al final del día, de forma más débil y dispersa al Cantábrico, mitad noroeste de Castilla y León, alto Ebro, Navarra y Pirineos.

Los cielos serán poco nubosos con algunos intervalos nubosos según avance el día en el resto de la Península sin descartar alguna lluvia débil en el área del Estrecho. En el archipiélago balear predominará los intervalos nubosos con posibilidad de alguna lluvia débil al principio de la jornada en Menorca. En cambio, en Canarias las precipitaciones irán acompañadas de alguna tormenta, más probables en La Palma, donde pueden ser localmente fuertes.

Por otro lado, la cota de nieve se situará en el norte peninsular en torno a los 1.500 metros de altitud pero bajará hasta los 1.100 metros. En relación con las temperaturas, los valores descenderán en la mitad suroeste peninsular y ascenderán en el cuadrante noreste. Además, las heladas débiles se producirán, según la AEMET, en "bastantes" zonas del interior peninsular, que podrán ser localmente fuertes en Pirineos.

El viento de componente oeste predominará en el país, especialmente según avance el día en las vertientes atlántica y cantábrica, así como en Canarias, con intervalos de fuerte en el litoral norte de Galicia y Cantábrico. En el área mediterránea, los vientos serán de componente norte al principio de la jornada mientras que en el Ampurdán habrá intervalos de fuerte, girando al suroeste a lo largo del día.

El Partido Popular, Vox, Ciudadanos y Navarra Suma han criticado este miércoles ante el titular de la cartera de Consumo, Alberto Garzón, la creación de su departamento, al considerar que se trata de "el Ministerio de la nada", "residual" y "artificial".

Los portavoces parlamentarios de estos partidos se han expresado así después de que Garzón haya defendido la necesidad de la dotación presupuestaria de su departamento para 2021, para llevar a cabo las competencias que tiene encomendadas en materia de consumo general, como el fomento del asociacionismo de consumo y de la defensa y protección de los derechos de los consumidores.

El ministro Garzón también ha destacado entre sus competencias la promoción del consumo saludable que se ejerce a través de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), así como la gestión de los juegos de azar y apuestas.

En el Pleno del Congreso, donde se han debatido las partidas de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que corresponden a diversos departamentos, Alberto Garzón ha desgranado así las tres grandes líneas políticas del Ministerio de Consumo. "Sin dotación presupuestaria, las palabras son palabras", ha subrayado.

A su juicio, se trata de "unos presupuestos buenos para el país y unos presupuestos buenos para todas aquellas personas que están dentro de las competencias de este Ministerio. "Con humildad pero con claridad, creo que estamos transformando elementos de gran incidencia social y estamos contribuyendo a erradicar algunas de las penurias más estructuralmente insertas en nuestra sociedad", ha afirmado.

En cambio, la oposición se ha mostrado contraria a la disertación del ministro de Consumo. En concreto, la diputada 'popular' Carmen Riolobos ha asegurado que el líder del PP, Pablo Casado, "ha hecho más por los consumidores" que Garzón y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque "ha conseguido bajar el IVA de las mascarillas".

UNOS PRESUPUESTOS "DAÑINOS"

"Señor Garzón, estos presupuestos son muy dañinos para los consumidores porque dañan las cesta de la compra porque usted ha pedido que se suba el IVA, dañan el poder adquisitivo de las familias porque usted ha pedido que se suban los impuestos. Afectan a las rentas más bajas, a la hostelería y todos los sectores", ha declarado Riolobos, para después añadir que el PP ha pedido la desaparición de su departamento a través de una enmienda al proyecto de PGE.

Según Riolobos, "es un Ministerio puramente artificial" porque tiene "muy pocas competencias porque están casi todas transferidas a las comunidades autónomas" y un "escaso" presupuesto. "Se creó para que usted fuera ministro, para que fuera presidente el señor Sánchez", ha comentado, al tiempo que ha agregado que se ha creado para que Garzón "pueda colocar a sus amigos".

En la misma línea, el diputado de Vox Tomás Fernández ha dicho que el Gobierno ha creado "el Ministerio de la nada, porque nada tiene que gestionar" y ya hecho hincapié en que "solo gestiona el 0,01% del presupuesto". "Eso sí, nos cuesta con 41 millones de euros, destinados sobre todo al pago de sobresueldos y sillones", ha remachado.

Para el diputado de Ciudadanos Pablo Cambronero, Consumo es un Ministerio "artificial" y "residual", que tiene como presupuesto una "cantidad irrisoria" y ha sido creado para "colocar a los amiguetes de la pequeña facción comunista de la amalgama podemita". "Sánchez tenía que colocarle a usted, señor Garzón, y ya está colocado", ha señalado, para después manifestar que, sin la AESAN, Consumo no tiene "ninguna" utilidad.

Además, el diputado de Navarra Suma Sergio Sayas ha manifestado que el presupuesto "tiene muy poco que comentar, básicamente, porque no existe". "Tiene usted menos presupuesto que una pedanía. Hay municipios pequeños en este país que gestionan menos presupuesto que usted", ha subrayado, al tiempo que ha afirmado que "solo se puede justificar desde el punto de vista de darle un sillón para posibilitar un acuerdo de gobierno".

"MODESTO", PERO "MUY BIEN USADO"

Por el contrario, las representantes parlamentarias del grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común y del PSOE han defendido la utilidad del departamento que dirige Garzón.

Desde Unidas Podemos, Laura López ha señalado que Consumo dispone de un presupuesto "modesto", que va a estar "muy bien usado". En su opinión, es "poco dinero para una gran tarea", que ha a afectar "positivamente" a todos los ciudadanos. Además, la diputada ha indicado que el objetivo de este departamento es proteger a las personas consumidoras que puedan estar en situación de vulnerabilidad.

Finalmente, la parlamentaria socialista Marisol Sánchez ha puesto en valor que, "por primera vez" en la historia de la democracia española, "las políticas de consumo cuentan con un Ministerio y un presupuesto propio", aunque sea "modesto". "Si es modesto el presupuesto, dicen que pequeño. No lo apoyan porque es un despilfarro. ¿En qué quedamos? ¿Un despilfarro pequeño? Para despilfarro los aeropuertos sin aviones que ustedes hacían y que todavía estamos pagando", ha zanjado.

El expresidente del Gobierno José María Aznar considera "más que dudosa, por decirlo suavemente" la posición del Gobierno español sobre Venezuela y que eso "alienta" en la UE "fórmulas de escapismo que no son las más deseables", cuando a su juicio la clave es "mantener la presión" y "endurecer" las sanciones a personalidades del régimen para lograr la democracia.

Así lo ha afirmado en un encuentro telemático de Nueva Economía Fórum junto a la presidenta del partido Vente Venezuela, María Corina Machado, y el exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma.

Aznar ha mostrado su desconfianza en la posición del Gobierno no solo porque en él hay miembros de Podemos, que considera "personas partidarias del régimen dictatorial" sino también por "miembros del PSOE claramente partidarios de la continuidad del régimen de Maduro". A ello ha sumado que los "socios" del Gobierno son un "Bildu, partido de antiguos terroristas" y ERC, "separatistas" y ambos "partidarios de la continuidad de Maduro".

Para Machado, es "lamentable, trágico" que España pueda pasar de ser "el principal vínculo con Europa" a convertirse en "aliado de la tiranía". Por eso, ha confiado en que otros países de Europa "entiendan lo que está en juego y de alguna manera neutralicen esas alianzas que tanto daño hacen a la institucionalidad democrática de España y otros países.

Los tres han tachado de "farsa" las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre pero han advertido de que no son "absurdas", sino que forman parte de un plan de 'distensión' para que el régimen se mantenga y pueda volver a acceder al sistema financiero internacional para convertir a Venezuela en un "lavadero de dólares. "Van 13 diálogos fallidos y se plantea otro incluso un esquema de transición con capos de las mafias pero con terroristas no se pacta", ha dicho Machado.

Eso sí, Aznar ha advertido de que, para conseguir un endurecimiento de las sanciones contra personalidades del régimen, la oposición debe unirse y hacer un planteamiento coherente tanto a la UE como a Estados Unidos, porque si no será imposible llevar a la práctica el no reconocimiento de las elecciones y "mantener la presión". También ve importante "un diálogo positivo" entre Europa y EEUU para que la presión "no se diluya".

LEDEZMA SOBRE EL 'DELCYGATE'

Ledezma, a su vez, ha pedido que las sanciones sean "eficaces" porque "no es posible" que se sancione a la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, "y luego esa señora aparezca aquí como si no hubiera roto un plato".

Para Aznar, la unidad y la coherencia de la oposición son clave para que sea mayor "la presión moral y política", mientras que el régimen contará con una ventaja mientras vea que puede "manejar a la oposición dividida".

Ledezma ha reconocido que ha faltado "unidad estratégica" pero lo ha atribuido al "drama" de que "factores de la oposición fueron penetrados por intereses del régimen", ya que desde 2015 Maduro se ha dedicado a atacar esa unidad.

RESPONSABILIDAD DE PROTEGER Y MISIONES DE PAZ

Ni Ledezma ni Machado ven con entusiasmo la consulta popular convocada por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconocido por España y otros países como presidente encargado, para mantener la presión. El ex alcalde ha apostado por el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y por el concepto de la responsabilidad de proteger.

A juicio de Machado, en Venezuela se dan las tres situaciones que tradicionalmente han justificado las operaciones de paz: violación masiva de los derechos humanos y exilio de la población, una amenaza de la seguridad nacional de otros países y una amenaza de conflicto armado, que no es "una guerra civil" sino que hay grupos armados en distintos territorios y la sociedad está atrapada.

Machado ha advertido de que hay un sector, y no solo de actores de oposición sino de la economía y el ámbito académico que "plantean que no haya fuerza para enfrentar y derrotar al régimen y que por tanto hay que acordar los términos de convivencia, es decir, mejorar las condiciones del cautiverio.

En eso están, ha dicho, los que "participan en la farsa del 6 de diciembre" sino también los que alientan un nuevo diálogo. "Está de visita la misión del Reino de Noruega que por enésima vez está planteando que el régimen conceda un proceso electoral que claramente no va a ocurrir pero muchos actores se beneficiarían".

Ledezma ha dicho esperar que al menos Venezuela sea "un espejo" para que el "el pueblo español tome conciencia de lo que significa perder lo que se logró en España desde los Pactos de la Moncloa, al término de un acto en el que los tres han advertido de que el "populismo bolivariano" y el Foro de Puebla quieren extenderse, empezando por Iberoamérica, aprovechando también el malestar por la pandemia.

"EN ESPAÑA PASAN COSAS QUE SE DECÍA QUE NO PODÍAN PASAR"

Para Aznar, en España "pasan cosas de esas que se decía que no podían pasar, igual que antes se decía en Venezuela o en Argentina" y "cuando se abre el camino de deslegitimación institucional se abre un camino extraordinariamente peligroso".

Mientras que ha confiado en "un buen resultado" en las próximas expresidente se ha mostrado especialmente preocupado por los intentos de "neutralizar" al expresidente colombiano Álvaro Uribe y por el proceso constituyente en Chile, apuntando que una reforma de una Constitución por la vía de una convención ciudadana es algo que no se ha visto desde la revolución francesa.

Ciudadanos ha lanzado una campaña en las redes sociales este miércoles con el lema "por culpa de Vox", para denunciar que una serie de enmiendas a los Presupuestos que proponían "beneficios sociales y económicos" para familias y empresas no se aprobaron porque el partido de Santiago Abascal prefirió dedicarse a "hacer vídeos" en vez de participar en las votaciones de la Comisión de Presupuestos del Congreso.

A través de un vídeo y de distintas imágenes difundidos a través de Twitter, Cs ha señalado que "por culpa de Vox", que "prefirió irse de vacaciones", los autónomos y las pymes estarán "más desprotegidos" ante la crisis del coronavirus, se subirá el impuesto de matriculación a los conductores y transportistas, habrá menos apoyo a la conciliación familiar y no habrá ayudas para comprar mascarillas.

"Y así, más de 700 enmiendas" a los Presupuestos Generales del Estado, dice la formación naranja, que calcula que esas son las propuestas que la oposición podría haber aprobado si Vox hubiese participado en los debates y las votaciones. La Comisión de Presupuestos cuenta con 37 diputados, y la ausencia de los cinco representantes de Vox permitió que el PSOE y Unidas Podemos superaran juntos la mayoría absoluta, al sumar 18 votos.

"PREFIRIERON HACER VÍDEOS QUE TRABAJAR"

En el vídeo que ha publicado, Ciudadanos muestra al portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, explicando que su grupo no iba a registrar enmiendas parciales a las cuentas públicas --aunque sí presentaron una enmienda a la totalidad, que fue rechazada en el Pleno-- y que se iban a dirigir directamente a los ciudadanos a través de una serie de vídeos.

"Prefirieron hacer vídeos que trabajar para conseguir mejoras para los españoles", concluye Cs, que también recuerda cómo su presidenta, Inés Arrimadas, reivindicó el trabajo desarrollado por su partido para dialogar con el Gobierno y limitar así las subidas de impuestos en el proyecto de Presupuestos, mientras otros estaban "de vacaciones pagadas en el Congreso a cargo del contribuyente".

El partido liberal se pregunta "dónde está la lealtad" que Vox dice tener hacia a los españoles y afirma que "con vídeos y totales en la tele no se protege el bolsillo de los ciudadanos".

El portavoz adjunto en la Cámara Baja, Edmundo Bal, ha rechazado la idea de la formación ultraconservadora de que los Presupuestos "no podían mejorarse". "Con oposición útil, Cs consiguió la tarjeta sanitaria única y frenar impuestos. Se podía lograr más, pero por culpa de Vox enmiendas positivas se quedaron sin el apoyo necesario", ha lamentado, apostando por "menos gritos y más utilidad" en la política española.

Por su parte, el diputado Guillermo Díaz ha indicado que Vox se ha convertido en "el mejor aliado" del Gobierno de Pedro Sánchez, que está "más contento" por haber podido tumbar enmiendas de la oposición.

RESPUESTAS DE VOX Y DE PODEMOS

Vox ha reaccionado con desdén a la campaña de Ciudadanos en su contra. "Nos aburre la veleta colaboracionista", ha dicho en su cuenta oficial de Twitter.

También ha respondido Podemos, que ha destacado que a Cs se le ha olvidado que si gobierna en coalición con el PP en la Comunidad de Madrid, Andalucía y Murcia, es "gracias a Vox" porque cuentan con sus votos. "Menos postureo, por favor", ha pedido.

Ya ha comenzado la cuenta atrás para la llegada de 'Song Machine Live', la primera actuación en directo de Gorillaz desde 2018 que contará con tres espectáculos virtuales en tres zonas horarias diferentes que tendrán lugar los días 12 y 13 de diciembre.

Con el guitarrista Noodle, el bajista Murdoc Niccals, el batería Russel y el líder 2D, a los que se unen Damon Albarn y la banda completa de Gorillaz, este evento planetario contará además con una selección de artistas invitados.

Las entradas para el concierto, que para Europa y África está previsto para el domingo 13 de diciembre a las 20 horas, ya están disponibles en https://gorillazlivenow.com/ para disfrutar de una cita que la banda califica como un "regalo adelantado de Navidad" para sus fans. Y es que, aseguran Gorillaz, "este año hemos sido buenos, pero ha sido una mierda".

Chicos, lleváis más de dos décadas trabajando juntos. ¿Alguno ha estado a punto de dejar el grupo y, de ser así, por qué?

Murdoc: ¿Dejarlo? Ni de broma. ¡Gorillaz es una familia! Obviamente, hemos tenido más que palabras a lo largo de los años, muchas peleas, algunas denuncias de poca importancia y un PRESUNTO intento de asesinato, pero en plan de guasa. Lo que no te mata te hace más fuerte. ¡Hashtag BMF! (Juntos forever), ¿no es cierto?

Noodle: Los conflictos son la esencia de la vida. El metal se vuelve más resistente si le das martillazos, y lo mismo le pasa a Gorillaz.

¿Cuántas temporadas de Song Machine hay en proceso? ¿Habrá una precuela o un spin-off?

2D: Solo se puede estar en una temporada a la vez, de lo contrario sería invierno, verano otoño y primavera a la vez, y la vida ya es bastante complicada.

Hablemos de las colaboraciones de 'Song Machine, Season One: Strange Timez'. Elton John tiene fama de no aguantar tonterías. ¿Cómo os llevasteis con él?

Russel: ¿Por qué crees que no dejamos salir a Murdoc? No, la verdad es que EJ es todo un caballero, y además modesto. Toca el piano como Hendrix su Fender Strat, o Miles Davis la trompeta. He tenido el privilegio de verlo con mis propios ojos.

¿Habéis escrito cada canción pensando en el artista invitado?

Russel: Negativo. Ha sido más orgánico. La música elige al artista. Cuando el tema comienza a cobrar vida, te indica qué artista debería tocarlo.

¿Qué colaboraciones de 'Song Machine' no os habías planteado pero han participado en el álbum?

2D: Solo mi satsuma. Le dejé tirado en Kong y me golpeó un búho con ojos láser cuando estábamos grabando Momentary Bliss. Se puede oír un pequeño chillido en el tema pero solo si tienes la capacidad auditiva de un perro, o si eres un perro.

¿Cómo vivisteis el confinamiento, chicos? ¿Estuvisteis juntos en una burbuja?

Murdoc: No me gustan las burbujas, tío, excepto en el baño o en la alfombra roja. Parea ser sincero, me lo pasé inmerso en un pequeño proyecto que tenía. Mientras vosotros horneabais magdalenas y hacías unas manualidades mediocres, yo estaba en el sótano construyendo un acumulador de energía orgónica totalmente operativo. Os ahorraré los datos científicos porque no los entenderíais, solo diré que me siento de maravilla.

Noodle: El universo en sí mismo es una burbuja, ¿sabes? Estamos juntos en esto. Así que, preocúpate de los demás. Arigatou gozaimasu.

Hace tiempo que no actuáis en directo, ¿estáis emocionados o un poco asustados por los próximos conciertos en directo de diciembre? ¿Cómo os estáis preparando?

Murdoc: Me muero de ganas. Porque este año no ha habido conciertos. La diversión está oficialmente prohibida, sin final a la vista. Por eso, entramos con adrenalina en las postrimerías del 2020. En resumen, ¡He autorizado a la Gorillaz Live Band a que ponga en marcha un ESPECTÁCULO EN DIRECTO real, genuino y milagroso! Que se verá en streaming en una pantalla en diciembre. No te lo pierdas y disfruta.

Noodle: Daremos tres conciertos, uno en cada zona horaria. Si estás en Mánchester, en Miami o en Manila, podrás disfrutar con nosotros a tu hora. Será divertido.

¿Qué pueden esperar los fans de los próximos espectáculos en directo de LIVENow? ¿Os planteáis de manera distinta el escenario y las actuaciones en este caso en el que los fans estarán en streaming en directo desde casa?

Murdoc: Cualquiera que haya visto a Gorillaz en las giras 'Humanz' y 'The Now Now' sabrá qué esperar. Será eso, en DIRECTO ante tus propios ojos, solo que lo estaréis viendo a distancia, en LIVENow. Habrá un espectáculo visual impresionante, vibraciones positivas, artistas invitados y, por supuesto, el bueno de Damon acaparando toda la atención, como siempre. Es como un regalo anticipado de Navidad. Porque este año hemos sido buenos, pero ha sido una mierda.

¿Nos podéis dar alguna pista sobre quiénes serán los invitados especiales que podrían aparecer durante el espectáculo LIVENow?

Noodle: No puedo decirlo porque las personas que arruinan una sorpresa son lo peor. Pero puedo decir que algunos de nuestros amigos de Song Machine acompañarán a la Gorillaz Live Band en el escenario.

¿Qué consejo daríais a los fans para prepararse para el streaming de LIVENow. ¿Qué temas deberían tener en la lista? ¿Qué deberían pedir en el bar (alias la nevera)? ¿Deberían llevar algún tipo de ropa especial?

Noodle: Estar listos para estar con nosotros. Lo haremos lo mejor que podamos. Que se lo digan a sus amigos y hagan espacio para bailar. Quizá también algo de beber, y algunas luces.

Murdoc: Podrán vernos literalmente desde cualquier parte. En un pantano, subidos a una escalera, en un submarino (si tiene wifi). Nosotros llevamos la magia, vosotros la fiesta. Piensa en que habrá miles de fiestas reducidas por todo el mundo, bailando al mismo ritmo. Se me saltan las lágrimas. Ah, y recuerda, si te lo pierdes, nunca volverás a ver este Song Machine en ninguna otra parte. No sería una horrible tragedia. Hazte un favor y no te lo pierdas, ¿vale?

La Comisión del Estatuto de los Diputados, que se encarga de tramitar los suplicatorios en el Congreso, recibirá este jueves el que ha solicitado el Tribunal Supremo para poder investigar a Alberto Rodríguez, secretario de Organización de Podemos, y, una vez lo tome en consideración, comenzará a correr el periodo de 30 días hábiles que tiene para resolverlo, un plazo que habitualmente no se agota, con lo que podría tomar una decisión antes de que acabe el año.

El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Antonio del Moral acordó elevar suplicatorio al Congreso para suspender la inmunidad como aforado de Alberto Rodríguez y poder proceder así penalmente contra él por unos incidentes en una manifestación de 2014. El diputado de Podemos se había negado a prestar declaración voluntaria como investigado y había solicitado el archivo de la causa.

El suplicatorio es necesario para continuar con la tramitación del procedimiento penal abierto contra él en septiembre por un presunto delito de atentado contra la autoridad y una falta --o delito leve-- de lesiones al considerar que existen indicios de que propinó una patada a un policía durante los incidentes que se produjeron el 25 de enero de 2014 durante una manifestación contra la LOMCE en La Laguna (Santa Cruz de Tenerife).

Los trámites para la aprobación de un suplicatorio están regulados en los artículos 13 y 14 del Reglamento del Congreso, que establecen una serie de plazos que se contabilizan en días hábiles y que comienzan a contar cuando llega a la Cámara el suplicatorio enviado por el presidente del Supremo, actualmente Carlos Lesmes. En total, son 60 días hábiles, que normalmente no se agotan.

El primer paso se dio el pasado lunes con la recepción del suplicatorio por la Mesa del Congreso, que lo calificó con el apoyo de todos los miembros del órgano de gobierno de la Cámara, es decir, sin que Unidas Podemos pusiera ninguna objeción.

Una vez que la Comisión del Estatuto del Diputado haga lo propio este jueves, empezará a correr el plazo máximo de 30 días hábiles que tiene para presentar una propuesta.

DIEZ DÍAS PARA PRESENTAR ALEGACIONES

Esta comisión, que preside la socialista Begoña Nasarre y cuyas reuniones se celebran a puerta cerrada, deberá dar audiencia al afectado, bien sea en persona o por escrito, para que pueda presentar sus alegaciones en el plazo de diez días.

Una vez concluya su tarea, las comisión elevará su conclusión al Pleno de la Cámara, que es el que tiene la última palabra y donde el PSOE, con 120 diputados, tiene un papel clave. En anteriores suplicatorios la Comisión del Estatuto del Diputado ha resuelto este trámite en unas dos semanas.

TODO EL TRÁMITE PARLAMENTARIO, A PUERTA CERRADA

Eso sí, el debate y votación de los suplicatorios en el Pleno del Congreso tampoco es público, sino que se desarrolla con el hemiciclo a puerta cerrada y sin transparencia. Los diputados tampoco están obligados a seguir consignas de voto ya que su voto es secreto. Sólo se da a conocer el resultado.

Hasta ahora el Congreso ha aprobado 32 suplicatorios y ha rechazado 14 (dos de ellos sobre el mismo diputado). La última negativa del Congreso data de 1988 y se refiere a un contencioso por derecho al honor que tenía como protagonista al exministro socialista José Barrionuevo y el hermano de un etarra (el ahora arrepentido Soraes Gamboa) por incluir sus fotos en carteles de Interior.

El último suplicatorio concedido, el pasado mes de junio, fue el de la portavoz de Junts en el Congreso, Laura Borràs, investigada en una causa por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental en su etapa de directora de la Instituciò de les Lletres Catalanes (ILC).

En el caso de Borràs, tanto el PSOE como Unidas Podemos, además del PP, Ciudadanos y Vox, apoyaron el suplicatorio, mientras que Junts y PNV votaron en contra y los independentistas de ERC, Bildu y CUP prefirieron no participar en la votación.

Sin embargo, en el caso anterior, el suplicatorio para procesar al que fue portavoz de la antigua Convergència, Francesc Homs, por la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014 en Cataluña cuando era conseller de Presidencia, los ahora socios de gobierno se dividieron: el PSOE votó a favor de concederlo y Podemos, en contra.

32 SUPLICATORIOS APROBADOS

En años precedentes se ha autorizado a la Justicia para actuar contra tres diputados del PP --Vicente Ferrer, Arsenio Pacheco y Nacho Uriarte-- que habían dado positivo al volante; y el también 'popular' Jesús Merino por el 'caso Gürtel'. El suplicatorio del exconsejero socialista José Antonio Viera, investigado por los ERE, no llegó a completar la tramitación por dimisión del afectado.

Y en las legislaturas de finales del siglo XX destacan los suplicatorios del ex ministro socialista José Barrionuevo por el 'caso GAL' o los de los diputados de Herri Batasuna Jon Idígoras, Francisco Letamendía y Antxón Ibarguren por los incidentes producidos en 1981 en la Casa de Juntas de Guernica, donde varios miembros de esa coalición protagonizaron protestas en un acto que presidían los Reyes.

La mayoría de vocales del Consejo General del Poder Judicial se muestra crítico y "molesto" con la Propuesta de Ley presentada este miércoles por los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos en el Congreso dirigida a evitar que este órgano no pueda realizar nombramientos clave en periodo de funciones, según fuentes de la institución consultadas por Europa Press.

Las principales críticas tienen que ver con la forma empleada por los grupos sustentados por el Gobierno en funciones para plantear su propuesta, la de la Proposición de Ley, que supone una fórmula de tramitación legislativa 'express' que "hurta" al propio CGPJ y al resto de órganos consultivos la posibilidad de informar sobre las intenciones de la reforma.

Según fuentes del sector conservador de este órgano, eludir el pronunciamiento del Consejo sobre una modificación legislativa de sus competencias contraviene los estándares europeos establecidos al respecto, en especial al tratarse de unos cambios que afectan directamente al propio Consejo, que se regula además por ley orgánica.

La idea, sin embargo, no es novedosa. Así, los vocales designados a propuesta del PSOE Álvaro Cuesta (quien fue diputado por este partido) y de IU Concha Sáez, vienen reclamando que se limite la realización de determinadas funciones por un Consejo General del Poder Judicial (CGP) que se encuentra 'en funciones' desde el 4 de diciembre de 2018, en especial la de realizar nombramientos, que es lo que plantea la Propuesta hecha pública este miércoles.

A juicio de ambos vocales, que han plasmado su posición en votos particulares tras los últimos nombramientos realizados, al considerarlo una extralimitación de sus competencias.

La mayoría del órgano del gobierno de los jueces, sin embargo, considera que están perfectamente legitimados para hacer nombramientos, si algunos se plantean por qué desde la propuesta legislativa hoy presentada no se ponen los mismos 'peros' en relación con otras funciones, como son las disciplinarias.

En todo caso, todos los vocales consultados por Europa Press coinciden en señalar que, antes que emprender ninguna reforma, se debería proceder de una vez a la renovación de este órgano, y si se considera proceder después a los cambios que se consideren necesarios.

Lamentan además que se esté dando una imagen muy negativa de este órgano, a modo de moneda de cambio en relación con otros asuntos políticos, que tiene que ver muy poco con la labor habitual que realiza el mismo.

En cuanto a los vocales que reclamaban este cambio, Sáez ha planteado votos contrarios a todos los nombramientos realizados por el Pleno desde el pasado mes de mayo de 2019.

Sus planteamientos se vieron en principio respaldados por otros vocales, como ocurrió tras el Pleno de septiembre de dicho año que que designó a varios magistrados en tres diferentes salas del Tribunal Supremo.

En las últimas sesiones, sin embargo, y tras constatarse una reincidente falta de acuerdo entre los dos principales partidos para pactar una renovación, los últimos nombramientos en la cúpula judicial contaron con un amplio respaldo, de la práctica totalidad de miembros de este órgano.

El vocal Cuesta, por su parte habló en su voto particular del pasado septiembre de "una injerencia política intolerable" lo que denomina el "boicot" a la renovación de este órgano, y considera que esta situación, que atribuye al PP, se mantiene "a propósito" para conseguir un resultado determinado en su funcionamiento.

En su voto particular, el exdiputado socialista reprochaba también al legislativo en 2018, una vez rotos los acuerdos de renovación "después de aquel célebre Whatsapp del Portavoz del PP en el Senado, de que controlaremos el TS por la puerta de atrás", continuó una tramitación parlamentaria iniciada de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), de la que destaca que no hizo previsión ni tuvo en cuenta los escenarios de ruptura, bloqueo y transcurso por agotamiento del mandato del órgano de gobierno de los jueces.

Con la propuesta presentada este miércoles, los dos partidos persiguen que el CGPJ no pueda realizar nombramientos clave en la cúpula judicial en periodo de funciones y se limite a funciones de mero trámite ordinario.

Los dos grupos parlamentarios pretenden debatir esta proposición de ley antes de que finalice el año, que se une así a la reforma del Poder Judicial que registraron para tratar de desbloquear su renovación, paralizada de momento a la espera de que el PP acceda a desbloquear el relevo del cupo de juristas.

De hecho, la limitación de competencias con periodo caducado del CGPJ ya era una cuestión que se recogía en dicha reforma y que ahora, con la nueva iniciativa, se define con mayor precisión.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles que se requiere "una respuesta integral y eficaz" en Líbano tras la explosión que dejó 200 muertos el 4 de agosto en Beirut "para pasar de la ayuda humanitaria a la recuperación".

El presidente ha participado en París en la Conferencia Internacional en Apoyo a la Población Libanesa sobre la explosión, un foro convocado por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, que ha contado con la intervención de dirigentes de 32 países y 17 organizaciones internacionales.

Casi cuatro meses después de la explosión registrada en el puerto de la capital libanesa, Beirut, que dejó más de 200 muertos y 6.000 heridos, en la conferencia se ha hecho "balance" de la distribución de la ayuda proporcionada por la comunidad internacional en la conferencia internacional de ayuda celebrada el 9 de agosto, donde se recaudaron cerca de 300 millones de dólares (casi 252 millones de euros).

Durante su intervención, Sánchez ha pedido a los líderes mundiales una respuesta para la situación en Líbano, agravada por la pandemia de la COVID-19 y por la explosión.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo español ha abogado por realizar "una investigación independiente, imparcial y transparente" sobre la causa de las explosiones "para identificar a los responsables y luchar contra la impunidad". Varias personas han sido arrestadas en relación a la explosión, incluidos los jefes del puerto y las autoridades locales.

"El pueblo libanés merece este tipo de respuesta", ha añadido Sánchez, que ha elogiado sus "esfuerzos" y ha destacado que es "un modelo ejemplar de coexistencia entre creencias religiosas y ha mostrado una gran solidaridad al proporcionar asilo a los refugiados sirios".

En la misma línea, el presidente español ha incidido también en la necesidad de una nueva etapa política en el país. "Para combatir el difícil contexto actual, Líbano también debe esforzarse por la rápida formación de un gobierno capaz de implementar una 'hoja de ruta' integral de reformas", ha señalado.

La explosión, que destruyó gran parte del puerto y las zonas residenciales de las inmediaciones, desencadenó una nueva oleada de protestas contra las autoridades que derivó en la dimisión del primer ministro, Hasán Diab, que se encuentra en funciones a la espera de la formación del nuevo Ejecutivo.

Además de los más de 200 muertos y 6.000 heridos, el suceso dejó a 300.000 personas sin hogar, 100.000 de ellos niños. En este sentido, Sánchez ha anunciado que España ha puesto en marcha un proyecto educativo "para ayudar a los niños afectados por la explosión, con laconstrucción de una escuela totalmente equipada".

"España ha estado, y seguirá estando, comprometida con la preservación de la estabilidad y seguridad de Líbano. Puede estar seguro de que estaremos a su lado en este momento de necesidad", ha concluido el presidente.

La conferencia también ha buscado poner en marcha reformas y avances en las conversaciones con el FMI; combatir la corrupción y reconstruir la confianza; y adoptar medidas para proteger a los más vulnerables y combatir la discriminación de género. En el foro se ha presentado además el fondo fiduciario de donantes: Marco de Reforma, Recuperación y Reconstrucción, del Banco Mundial, la ONU y la UE.

España, que ya respondió de manera inmediata a la petición que hizo la Cruz Roja libanesa en agosto enviando ayuda de emergencia, es un importante contribuyente de tropas a la misión de mantenimiento de la paz de la ONU al sur del país. Esta aportación a la estabilidad de la región, con 610 efectivos, representa nuestro mayor despliegue en el exterior.

Fruto de este compromiso, tras la explosión de agosto, España envió suministros médicos, medicinas, "equipos de cobijo" para la población, alimentos y desplazó a un equipo de rescate.

Otra contribución clave es el apoyo de España para que Líbano forme parte del Programa Masar ("camino", en árabe) de la AECID, un proyecto de acompañamiento en el Mundo árabe, en el ámbito de gobernanza democrática, en diálogo con las autoridades, y en vertientes como el género y el agua.

La explosión tuvo lugar en un momento en el que Líbano atraviesa una grave crisis económica --la peor desde la guerra civil (1975-1990)-- y se teme que la destrucción ocasionada por las mismas impacten directamente en la importación de alimentos y otros productos básicos.

Amnistía Internacional ha denunciado que, desde marzo, cuando comenzó la pandemia de la Covid-19, se han vulnerado "al menos cinco derechos humanos" de las personas mayores en residencias en España y advierte de que en estos momentos podrían volver a sufrir algunas de ellas.

En un nuevo informe titulado 'Abandonadas a su suerte: La desprotección y discriminación de las personas mayores en residencias durante la pandemia COVID19 en España', al que ha tenido acceso Europa Press, Amnistía Internacional precisa que en las residencias "se ha violado el derecho a la salud, a la vida, a la no discriminación de las personas mayores, a la vida privada y familiar y a la muerte digna".

En concreto, la ONG documenta en esta investigación cómo la "mayoría" de personas mayores que vivían en residencias de Madrid y Cataluña no fueron atendidas adecuadamente, ni derivadas a hospitales cuando lo precisaban, se vieron aisladas en sus habitaciones durante semanas, sin contacto con sus familiares, "violando su derecho a una muerte digna", durante los primeros meses de la pandemia de Covid-19.

En las residencias se ha violado el derecho a la salud, a la vida y a la no discriminación de las personas mayores. Además, las decisiones de las autoridades han impactado también en el derecho a la vida privada y familiar y en el derecho a tener una muerte digna", ha asegurado el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán.

La organización ha constatado que durante todo marzo, la falta de medios adecuados y suficientes fue "prácticamente absoluta" en la mayoría de las residencias en Madrid y Cataluña. "Sencillamente no había Equipos de Protección Individual (EPI) para residentes y personal", se lee en el documento.

Diana, trabajadora de una residencia pública de Madrid, cuenta a la organización que cuando comenzó la pandemia a mediados de marzo, ya que no les daban EPIs, optaron por hacerse "los EPIS de la fortuna o de la gloria, batas con bolsas de basura, calzas, gorros de plástico".

TRABAJADORA DE RESIDENCIA: "ESPARCIMOS EL VIRUS"

El informe también concluye que hubo una "falta de test para residentes y personal". El director de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid manifestó a Amnistía Internacional cómo el "mayor vector de contagio fue el personal". "Esparcimos el virus", lamenta Silvia, trabajadora de la residencia pública de Madrid, que tuvo que darse de baja por sintomatología compatible a finales de marzo sin PCR.

En casos de personas fallecidas durante el pico de la pandemia, la ONG ha constatado que "no se realizaron PCR a las personas residentes y en sus certificados médicos de defunción se hace constar 'sintomatología compatible con COVID-19'".

Según relata una doctora de un hospital público a Amnistía, durante un tiempo, en su hospital las instrucciones fueron no hacer PCR a las personas con sintomatología de coronavirus y tratarlos como 'caso posible'".

A fecha de noviembre de 2020, las autoridades de las Comunidades Autónomas de Madrid y Cataluña con las que se ha reunido Amnistía Internacional aseguran estar realizando test diagnósticos tanto a los residentes como al personal de los centros residenciales.

Además, Amnistía Internacional ha documentado "extensamente" en Madrid y Cataluña la denegación de derivación a hospitales "en base al lugar en el que residían y otros criterios generales --como la edad o grado de discapacidad, estado de salud (ser pacientes confirmados o con sospecha de COVID-19)-- sin una valoración individualizada", lo que "vulneró manifiestamente su derecho a la no discriminación".

Según precisa el informe, la no derivación en Madrid estaba prevista en protocolos, que establecían instrucciones y criterios para valorarlo. Mientras, en Cataluña, el Protocolo del Servicio de Emergencias Médicas (SEM), dependiente del Departamento de Salud, recomendaba no ingresar en la UCI a determinados pacientes de más de 80 años con coronavirus, y hacía referencia al criterio de futilidad.

EL MÉDICO TENÍA PROHIBIDO DERIVAR

La ONG ha recogido numerosos testimonios como el de Catalina, hija de Vicente Alberola, de 89 años, fallecido el 6 de abril en una residencia pública de gestión indirecta de Cataluña. El médico le dijo que "tenía prohibido derivar, que no iban a coger a nadie que tuviera las características de una persona así". Le había dicho que al auscultar parecía que tenía neumonía y no mejoraba con el antibiótico. Cuando Catalina dijo que ella lo llevaba al hospital, el médico le dijo que "no podía".

Otro médico de un centro de atención primaria (CAP) catalán que colaboraba con una residencia reconoció indignado que "hubo vidas que se pudieron salvar, pero no se hizo".

Según precisa Amnistía, durante finales de marzo y principios de abril, las escasas derivaciones fueron resultado de la insistencia de las familias. Montse, hija de Vicenta, de 72 años y con esquizofrenia, de una residencia en Cataluña, relató cómo tuvo que advertir a la residencia con interponer una denuncia y personarse en el centro, logrando así que la doctora llamara al SEM para derivar a su madre, que finalmente, después de un tiempo en el hospital, se recuperó.

A la nuera de Antonio Cintas, de 86 años, que falleció el 27 de marzo de 2020 en una residencia pública de Madrid para grandes dependientes, el doctor del centro le dijo, cuatro días antes de morir, que no hacía falta derivarle al hospital porque no estaba "tan grave".

En el caso de los mayores que sí llegaron al hospital, la ONG ha documentado casos de personas residentes que llegaron al hospital "en situación de deshidratación y desnutrición, en muy mal estado".

SEMANAS ENTERAS INCOMUNICADOS

Asimismo, Amnistía advierte de que muchas personas residentes han estado "durante semanas" enteras prácticamente incomunicadas en sus habitaciones sin contacto con el mundo exterior ni con sus familias. La organización denuncia que este "encierro de facto" en las residencias supuso una vulneración de los derechos a la vida privada y familiar de las personas mayores.

Elena Valero perdió a su padre en marzo en una residencia de Madrid, a apenas 300 metros de distancia de su casa. "Fue horrible saber que se estaba muriendo tan cerca y que no podía cogerle la mano, despedirme de él", relata.

Amnistía Internacional señala que, pese a que durante estos meses se han mejorado determinados aspectos, algunas de estas preocupaciones de derechos humanos hacia las personas mayores siguen vigentes en la segunda ola de pandemia.

Así, advierte de que siguen sin estar garantizadas las visitas a familiares; que las disposiciones discriminatorias en los protocolos de derivaciones de Madrid y Cataluña no han sido aún modificadas, y que todavía no se han tomado medidas de refuerzo de personal suficientes.

En este contexto, Amnistía Internacional recomienda a las autoridades, y en particular a Madrid y Cataluña, que aseguren que las decisiones sobre la atención médica en las residencias se realizan con base a "evaluaciones individualizadas", eliminando las disposiciones discriminatorias de los protocolos de derivación a hospitales; y que garanticen el contacto regular de familiares y residentes.

Más a largo plazo, aconseja al Gobierno impulsar la tramitación de una ley estatal que establezca un modelo residencial que garantice los derechos de las personas residentes en todo el Estado; y sugiere que la Fiscalía siga de cerca la situación en las residencias e impulse investigaciones de rendición de cuentas.

El presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado que "Bildu está utilizando" a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, "para construir su república vasca".

Así lo ha asegurado Esparza después de que este miércoles EH Bildu haya defendido que "es el momento de abordar el debate" sobre el estatus de Navarra y haya apostado por "una república vasca que considere y dé cauce a las singularidades de cada uno de los territorios vascos".

El presidente de UPN ha afirmado que estas declaraciones de EH Bildu "deberían ser motivo suficiente para que la presidenta del Gobierno rompiera el acuerdo entre el Partido Socialista y EH Bildu, pero parece que para Chivite lo importante no es Navarra, lo importante es su sillón". "EH Bildu deja a las claras que apoya los Presupuestos para seguir trabajando en la construcción de esa nación vasca, con Navarra dentro, que es su único objetivo político, les da igual la pandemia, les da igual lo que está sufriendo la sociedad navarra, ellos a lo suyo", ha asegurado.

Así, Javier Esparza ha considerado que EH Bildu "está demostrando que vive de espaldas a la realidad de Navarra" y ha argumentado que "no es momento de abordar ningún debate identitario, es momento de ver cómo hacer frente a esta crisis sanitaria y reforzar nuestros sistema de salud, es momento de ayudar a los sectores más perjudicados económicamente por esta crisis y de generar confianza y empleo, pero desgraciadamente las prioridades de Bildu son las de siempre, sus obsesiones identitarias, alejadas de las necesidades reales de los ciudadanos.

Tras ello, ha exigido a EH Bildu que "deje en paz de una vez a los navarros y que respete la posición mayoritaria que democráticamente, elección tras elección, se muestra en las urnas". "La mayoría de los navarros nos sentimos orgullosos de nuestra tierra, orgullosos de una Navarra foral, diferenciada y formando parte de un proyecto común que se llama España, esa Navarra es la que nos ha ofrecido calidad de vida, igualdad de oportunidades, desarrollo y empleo a muchísimas generaciones", ha indicado.

Además, ha añadido que "en las últimas elecciones los navarros votaron no a las políticas sectarias del nacionalismo y del independentismo vasco que padecimos con el Gobierno cuatripartito, por eso los ciudadanos les quitaron la mayoría".

"Desgraciadamente, el PSN claudicó y a cambio de la Presidencia del Gobierno está fortaleciendo a los proyectos independentistas vascos en Navarra. No vamos a aceptar ninguna clase de legitimidad democrática de EH Bildu, porque ellos son y representan el proyecto político de ETA, un proyecto totalitario manchado con la sangre de centenares de inocentes. Por cosas como ésta el PSN no debería pactar con Bildu y menos entregarle el futuro de Navarra", ha asegurado.

Javier Esparza ha afirmado que "las obsesiones identitarias ni curan a los enfermos ni evitan contagios de Covid, ni dan soluciones a los sectores más castigados, ni por supuesto crean empleo, más bien lo que traen es más paro, menos desarrollo, más pobreza y más fractura social".

La representación territorial del partido Verdes Equo en Asturias, Cantabria y Castilla y León, comunidades autónomas implicadas en la gestión del Parque Nacional de Picos de Europa, considera que este espacio "está en peligro" por la "proliferación" de actividades turísticas de todo tipo y la "presión humana" que sufren las zonas más concurridas, y que hacen peligrar su "delicado" estatus medioambiental.

En nota de prensa, Equo señala que, aunque el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque recoge que la gestión del uso público "se fundamentará en criterios de calidad, evitando la masificación" y se desarrollará "de forma compatible con la conservación de sus valores naturales y culturales" en los últimos años han proliferado "actividades turísticas de todo tipo".

Además, señala que entre las actividades que se proponen hay una "escasez tremenda" de las enfocadas a la sensibilización y educación ambiental, mientras que hay "un abanico muy amplio" de otras que pueden provocar un "importante impacto ambiental negativo" sobre los valores naturales de este espacio natural protegido.

Para Equo, el PRUG que se pretende aprobar para el Parque de Picos dentro de la Red Natura 2000, aunque supone "mejoras" respecto a la situación previa, sigue siendo "un peligro" para la integridad del Parque y para el cumplimiento de la Ley de Parques Nacionales.

Entre otras razones, cita el aumento de pistas habilitadas a la circulación de vehículos, permitiendo el acceso "al mismo corazón" del Parque desde las tres comunidades, así como el "escaso control" del mismo, lo que supone en muchos casos una "enorme presión" en lugares como Áliva, el valle del Cares, los lagos de Covadonga o la collada de Pandébano.

Señala además que "no hay personal suficiente" adscrito al Parque para poder desarrollar adecuadamente todas las tareas previstas en el propio PRUG, incluyendo las de educación y sensibilización.

En la parte presupuestaria, para Equo queda "bastante patente el enfoque real", ya que se destinan casi 6 millones de euros para atender el uso público, mientras que para investigación hay 3.000 euros, 270.000 para educación ambiental y 265.000 para participación ciudadana. "Todo este presupuesto para un período de 10 años", señala, por lo que resultan partidas económicas "exiguas".

En concreto, y en el caso de Cantabria, a Equo le preocupa la necesidad de estabilizar al personal que trabaja en el Parque y la necesaria ampliación de la plantilla, el acceso de cada vez más vehículos por la pista de Espinama (sin aparente control), y la generación de residuos en el entorno del teleférico de Fuente Dé por la afluencia de personas.

Destaca asimismo, el gasto "excesivo" para el cableado eléctrico destinado al Refugio Hotel de Áliva (en lugar de hacer una instalación fotovoltaica), así como el estado de "descuido" del edificio de centro de interpretación del parque.

Por ello, insta a las administraciones regionales competentes de las tres comunidades afectadas a "repensar" el presupuesto general y la distribución de las partidas para poder cumplir "efectivamente" los objetivos de este emblemático Parque, centrando sus actuaciones en la información y sensibilización ambiental de todos sus vistantes.

Además, solicita al Consejo Rector del Parque que se haga pública y facilite el "detalle" de las licencias de acceso rodado que en vigor en el Parque, información sobre los sistemas de control de acceso de vehículos a las zonas restringidas y las sanciones impuestas por este motivo, y el listado de personal adscrito en exclusiva a labores propias del Parque, así como los estudios científicos y técnicos sobre la flora y la fauna, y su estado de conservación, y el catálogo de especies y de hábitats protegidos por directiva europeas.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha defendido este miércoles en el Congreso la partida destinada por su departamento a la lucha contra la violencia de género y que, según ha explicado, es la mayor "de la historia" del país. Montero ha tenido que enfrentarse durante la sesión a las críticas de PP y Ciudadanos que le acusan de no cumplir con la ejecución del Pacto de Estado sobre esta materia.

Durante el Pleno de la Cámara baja, Montero ha explicado que, a nivel general, las cuentas del Ejecutivo cumplen con deudas que la sociedad había contraído con el feminismo, las mujeres o los menores. Según ha apuntado, estas partidas "rompen con los dogmas" usados en la crisis de 2008 y, por tanto, no habrá "ni austeridad, ni recortes ni privaticación", según ha declarado.

En este sentido, ha celebrado el aumento de las cuentas de su Ministerio, en un 157%, ya que, según ha explicado, ayudará a poner en marcha políticas relacionadas con los tres ejes en los que tiene previsto trabajar su Ministerio: la igualdad, la violencia de género y la no discriminación.

En el primero de ellos, ha destacado la labor que tendrá el Instituto de las Mujeres (que cambiará de nombre también con estos PGE) para acabar con la brecha en el empleo, en la educación, en las profesiones científico técnicas, así como la iniciativa del Ministerio de poner en marcha políticas públicas para la corresponsabilidad. Se destinarán para lograr estos objetivos 200 millones de euros.

LUCHA CONTRA TODAS LAS VIOLENCIAS

El eje de la violencia de género, ha apuntado Montero, recibirá 278 millones de euros. Entre sus objetivos para 2021, la responsable de Igualdad ha enumerado extender los servicios públicos y la protección a todas las víctimas de "todas las violencias machistas", también aquellas "fuera" del entorno de la pareja y la expareja. En este sentido, el Ministerio pondrá en marcha la Ley de libertades sexuales o la de lucha contra la trata.

Montero ha recordado que, en la lucha contra esta lacra, el Pacto de Estado obliga a repartir la cuantía entre el Estado, que pasa de 200 a 270 millones; las autonomías, que reciben 100 millones; y los ayuntamientos, con 20 millones, a los que hay que sumar otros 20 acordados a través de una enmienda de Unidas Podemos y PSOE.

Además, la Delegación del Gobierno contra esta lacra verá sus cuentas aumentar en 60 millones, con respecto a las anteriores, ha explicado, la ministra, y 48 millones de los fondos europeos irán destinados a un proyecto con el Ministerio de Trabajo, para la inserción laboral de las víctimas de trata.

Por último, Montero se ha referido a las partidas que irán destinadas a las políticas para la igualdad de trato que, en los próximos meses, se verán ampliadas por las leyes Trans y LGTBI que prepara su departamento.

EL PP ACUSA A MONTERO DE NO HACER "NADA"

La portavoz del PP en materia de Igualdad, Magarita Prohéns, ha criticado que la ministra haya hablado en las últimas semanas de "renovar o sustituir" en pacto contra la violencia de género cuando, en su opinión, lo que necesita ese acuerdo es "ponerse en marcha".

Así, ha explicado la diputada se haría caso a informes, como el del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que ha determinado que sólo 1 de cada 6 víctimas de esta lacra denuncian y se pondría en valor la labor de cuerpos y fuerzas de seguridad en esta materia que, según ha denunciado, están escasos de recursos.

"No ha hecho nada para mejorar la vida de las mujeres", ha criticado Prohéns, que ha acusado a Montero de estar "desconectada de la vida real de las mujeres". En este sentido, le ha reprochado que haga un estudio que determina que "el rosa oprime a las mujeres" cuando, a su juicio, lo que les preocupa es "el color rojo de sus cuentas bancarias". "Hay 19.000 mujeres más en paro que el mes anterior", ha criticado.

La representante 'popular' también se ha referido a la labor de la ministra "provocando una guerra sin cuartel en la izquierda" por la causa feminista y de estar en un Gobierno que ha puesto en marcha un Ingreso Mínimo Vital (IMV) que, a su juicio, es "una estafa social", dejando a "familias monomarentales con 18 euros al mes" e impidiéndoles acceder a otras ayudas; que presenta "retrasos" en el cobro de pensiones de maternidad o de viudedad", o deja a las mujeres sin la prestación por hijo a cargo.

MEDIDAS DEL PACTO "VETADAS"

También ha sido crítica con la ministra la portavoz de Ciudadanos en materia de Igualdad, Sara Giménez, quien le ha reprochado los retrasos que, según ha indicado, sufren las comunidades autónomas en relación a las partidas para violencia machista y que, ha indicado, son necesarias para desarrollar el Pacto de Estado contra la Violencia Machista.

También en relación al acuerdo, Giménez ha reprochado que se estén "vetando" enmiendas que lo cumplen, sólo porque las presenta Ciudadanos, como la pensión de viudedad para las víctimas en situación de pareja de hecho con su agresor o el fomento de la titularidad compartida de explotaciones agrarias, para mejorar la desigualdad de la mujer rural.

Muy diferente ha sido el discurso de la diputada de Vox Carla Toscano, quien ha calificado las cuentas para Igualdad como 451 millones "invertidos en ideología".

Así, cree que el dinero que se invierte en igualdad no es necesario en un país como España, en donde a su juicio, no existen estas desigualdad y cree que el plan sobre corresponsabilidad de Igualdad busca "meterse en las casas" de los ciudadanos para decirles cómo se tienen que "organizar". En cuanto a violencia de género, ha criticado que se financie una ley que "discrimina al hombre" y "no funciona" porque "no disminuye las víctimas" y acusa al departamento de Montero de querer beneficiar a lobby trans y LGTBI.

LA "BATALLA CULTURAL DE NUESTRA ÉPOCA"

En general, Toscano cree que el Ministerio de Igualdad debería desaparecer porque sólo busca la "demonización del hombre", la "destrucción de la familia", la "creación de individuos sin identidad, valores ni raices" para convertirlos en "marionetas del Estado" y para "inventar colectivos, victimizarles" y decirles "que llevan años oprimidos" y erigirse como salvadores.

"La ideología de género es la batalla cultural de nuestra época", ha declarado la representante de Vox, quien ha pedido en la tribuna que el dinero para Igualdad se dedique en "construir una sociedad más justa y más libre, donde impere la verdad, la bondad y la belleza".

A estas palabras ha respondido la portavoz de Igualdad del PSOE, Laura Berja, señalando que mujeres y hombres "no parten del mismo sitios" y que nacer mujer significa "más desigualdad, menos oportunidades y más violencia".

También Unidas Podemos y su diputada Sofía Castañón ha tenido palabras para la "indecencia ultra desnortada y desfasada" que niega la violencia machista, a la que ha culpado de no haber podido leer en el Congreso una declaración por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre, ya que se necesita unanimidad.

El Gobierno y las comunidades autónomas han acordado este miércoles, en el seno de Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), limitar la entrada y salida en las comunidades y ciudades autónomas entre el 23 de diciembre de 2020 y el 6 de enero de 2021, así como un máximo de 10 personas en las reuniones, salvo que se trate de personas que viven en el mismo domicilio y que no se superen dos grupos de convivencia como máximo.

Además, y según se establece en el 'Adopción de Medidas de Salud Pública para la Covid-19 para la celebración de las fiestas navideñas', se ha acordado fijar el toque de queda a las 1.30 horas los días 24 y 25 de diciembre, Nochebuena y Nochevieja, si bien sólo para regresar al domicilio y "nunca" para desplazarse a otros encuentros sociales.

"Es un acuerdo muy importante y de amplio consenso, resultado del trabajo coordinado entre Sanidad y las comunidades autónomas que harán que estas navidades sean diferentes. Y es que, no sólo se trata de celebrar unas navidades diferentes, sino de celebrar muchas navidades más", ha dicho en rueda de prensa la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, tras el pleno del CISNS.

En concreto, en el documento se señala que en el periodo de las navidades, las comunidades autónomas y ciudades autónomas harán efectiva la limitación de la entrada y salida en estos territorios, salvo para aquellos desplazamientos, adecuadamente justificados que se produzcan por alguno de los motivos previstos en dicho artículo, así como para los desplazamientos a territorios que sean lugar de residencia habitual de familiares o allegados del desplazado, cumpliéndose en todo momento los límites a la permanencia de grupos de personas que sean aplicables.

"Con esto queda de manifiesto que en Navidad nos quedamos en casa para celebrar las fiestas con los nuevos y sólo se realizarán todos los movimientos que sean imprescindibles", ha apostillado el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

No obstante, y a la vista de la evolución de la situación epidemiológica, las regiones podrán establecer que esta última salvedad, relativa a los desplazamientos a territorios que sean lugar de residencia habitual de familiares o allegados del desplazado, únicamente resulte aplicable en días determinados. Todo esto no será de aplicación en Canarias ni en Baleares debido a las características propias de la insularidad.

En aquellos casos en que los residentes de centros residenciales sociosanitarios realicen una salida más prolongada con motivo de las celebraciones navideñas, éstas quedarán restringidas a un único domicilio y manteniendo una burbuja de convivencia estable. Además, a su reingreso se aconseja la realización de una prueba de diagnóstico de infección activa y los días posteriores al reingreso se extremarán las medidas de vigilancia y prevención.

CABALGATAS ESTÁTICAS Y CAMPANADAS VIRTUALES

Respecto a los eventos de navidad, en el plan se prohíbe entre el 23 de diciembre de 2020 y el 6 de enero de 2021, la celebración deeventos presenciales con elevada afluencia de público, salvo que se garantice el cumplimiento de lo establecido en el documento de 'Recomendaciones para eventos y actividades multitudinarias en el contexto de nueva normalidad por COVID-19 en España'.

Asimismo, se recomienda la celebración de actividades en las que se puedan garantizar el cumplimiento de las normas de higiene y prevención, tales como cabalgatas de reyes estáticas en lugares donde se pueda controlar el acceso, campanadas virtuales o retransmisiones de eventos navideños por televisión u otras opciones telemáticas.

En este punto, en el documento que se va a aprobar este miércoles se ha suprimido la recomendación de realizar la maratón de 'San Silvestre', reflejada en el primer borrador, y se prohíbe la celebración de los grandes eventos deportivos, aconsejando realizarlos de forma virtual.

Asimismo, las actividades navideñas tradicionales que se celebren en cines, teatros, auditorios, carpas de circo o similar se realizarán respetando el aforo previsto en la comunidad o ciudad autónoma correspondiente. Cuando sea posible, se recomienda que las actividades se realicen al aire libre y siempre garantizando que se cumple la distancia de seguridad para minimizar el contacto entre los asistentes.

En relación a las ceremonias religiosas en espacios cerrados, se podrán seguir celebrando de acuerdo a las normas de aforo establecidas en cada comunidad autónoma, si bien se aconseja evitar cánticos y utilizar música pregrabada. También se deberán evitar las muestras física de devoción o tradición.

La celebración de eventos religiosos, tales como la misa del gallo, el documento señala que "no será óbice para el cumplimiento de la regulación relativa a la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno", y se recomienda ofrecer como alternativa servicios telemáticos o por televisión.

LA HOSTELERÍA SEGUIRÁ CON EL MISMO HORARIO Y AFORO

Respecto a la hostelería, el plan señala que seguirán con las mismas normas de aforo y prevención, así como con el resto de restricciones vigentes en cada comunidad autónoma, si bien se insiste en la importancia de garantizar una adecuada ventilación mecánica o natural en los interiores, así como reforzar la necesidad de utilizar mascarilla cuando no se esté comiendo o bebiendo.

Sanidad y las comunidades autónomas van a acordar también recomendar a la población que organice sus compras con antelación para evitar las grandes aglomeraciones en calles y centros comerciales. Asimismo, los comercios y calles comerciales deberán respetar el aforo previsto en su región, asegurándose el mantenimiento de la distancia interpersonal deseguridad.

Durante el periodo navideño, el documento destaca la necesidad de que las administraciones competentes aumenten la frecuencia de horarios del transporte público para evitar las aglomeraciones, garantizando una adecuada ventilación y el cumplimiento de las medidas de prevención, que incluyen no comer y hacer un uso correcto de la mascarilla. Siempre que sea posible, se recomendará realizar los desplazamientos en transporte al aire libre.

Finalmente, se recomienda a los estudiantes que regresan a casa para las vacaciones que limiten las interacciones sociales y extremen las medidas de prevención los 10 días antes, y una vez en el domicilio, limitar contactos, respetar su burbuja de convivencia e interactuar sobre todo al aire libre, en lugar de en el interior.

"Ha habido un nivel amplio de consenso y un deseo compartido de que se restrinja al máximo la movilidad y los contactos sociales", ha zanjado Illa.

La Vicepresidencia Segunda que lidera Pablo Iglesias ha alcanzado un acuerdo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que dirige José Luis Ábalos, que prohibirá los desahucios sin alternativa habitacional para las familias vulnerables mientras dure el estado de alarma.

En este sentido, no habrá lanzamientos hasta que las autonomías ofrezcan otra vivienda alternativa para desplegar el realojo de la población afectada.

Con ello, se extenderá la prohibición de desahuciar al menos hasta el próximo 9 de mayo, cuando finaliza la medida extraordinaria decretada por el Ejecutivo. Hasta ahora, la paralización se limitaba hasta enero del año que viene y para situaciones de impago del alquiler por situaciones derivadas de la crisis del Covid-19.

La idea es que el decreto ley extienda la imposibilidad de lanzamientos de población vulnerable se apruebe cuanto antes, y siempre antes de que finalice el presente año.

En virtud de este acuerdo, las familias vulnerables no podrán ser desahuciadas mientras no exista la posibilidad de que sean realojadas en una "vivienda digna", según han explicado a Europa Press fuentes del departamento que dirige Iglesias.

Concretamente, las comunidades autónomas serán las encargadas de ofrecer esta alternativa habitacional, que será siempre una vivienda, descartando otras opciones como habitaciones en albergues. Así, el lanzamiento no podrá ejecutarse hasta que estas personas vulnerables no tengan asegurado y garantizado su realojo.

AFECTA A LOS GRANDES TENEDORES DE VIVIENDAS

El acuerdo, que se sustentará en un decreto ley, establece que la condición de vulnerabilidad se concederá mediante los servicios sociales a través de un informe "vinculante", que los tribunales tendrán que solicitar "obligatoriamente" en el caso de que los afectados aleguen dicha vulnerabilidad.

Dicho pacto para imposibilitar lanzamientos incluye también a las familias en precario en viviendas de "grandes tenedores", es decir, a propietarios de más de una decena de viviendas. En este caso, se establece que las comunidades autónomas tendrán un plazo máximo de tres meses para buscar una nueva vivienda que permita residir a las personas afectadas.

Precisamente esta era una de las reivindicaciones de Unidas Podemos, que quería medidas específicas para que la prohibición de desahucios fuera efectiva en el caso de bancos y fondos de inversión, tanto para situaciones de alquiler como impago hipotecario.

Este decreto solo se ciñe al asunto de los desahucios mientras la prohibición de volver a recuperar la prohibición de cortes de suministros de población vulnerable, medida que se dejó de aplicar a finales de septiembre, se sigue negociando entre Unidas Podemos y PSOE.

PRIORIDAD PARA IGLESIAS

Iglesias había presionado para prorrogar la imposibilidad de desahucios más allá de enero de 2021 y que comprendiera situaciones de vulnerabilidad previas al Covid-19.

La cuestión generó tensiones entre los dos socios del Gobierno en coalición, sobre todo a raíz de la enmienda ya retirada a los Presupuestos que presentó Unidas Podemos con Bildu y ERC.

Esta maniobra provocó un fuerte malestar en las filas socialistas y varios ministros afearon a Pablo Iglesias en público su comportamiento ante esta medida de presión de la formación morada, que perseguía aumentar la protección a la población vulnerable desde finales de septiembre.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha asegurado que los partidos que apoyan los Presupuestos Generales del Estado (PGE), como es el caso de ERC o Bildu, "comprenden mucho mejor el espíritu social de la Constitución" que la "bancada de la derecha", que conciben la carta magna como un "instrumento para golpear al adversario".

En este sentido, ha asegurado que se abre una oportunidad de, junto a estas formaciones, para "consolidar" con esa mayoría "progresista" una dirección de estado que haga el país más "plural", "fraterno" y "plurinacional".

Por tanto, ha advertido a la derecha de la "crispación", que vio en la pandemia "no como una grave crisis" sino una oportunidad para "hacer caer" al Ejecutivo de coalición" que, con esa mayoría "reforzada" tras los PGE, va a tener "gobierno socialcomunista para rato".

Además, les ha acusado al PP de no creer en la "Constitución", partido que "solo acepta los procedimientos democráticos cuando gobiernan".

Como ejemplo, se ha referido a las declaraciones del secretario general de los populares, Teodoro García Egea, que mantiene "abiertamente" que van a seguir bloqueando el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) porque se niegan a que Unidas Podemos, ERC o Bildu participen en su renovación, pese a que representan a una parte del país con la "misma legitimidad" que ellos.

Durante su intervención en el Pleno del Congreso dedicado a la tramitación de los PGE, Iglesias ha asegurado que las nuevas cuentas públicas no solo cambian el rumbo del país en términos económicos sino también políticos, con una mayoría progresista en la que algunos, como es su caso, han luchado por conformar "no solo en los últimos meses sino durante años".

CRITICA LA IDEA "ESTRECHA" DE ESPAÑA

"Es una mayoría que representa un proyecto de país. Una España plural, diversa, fraterna y plurinacional que se parece mucho más al país que tenemos que la idea estrecha y centralista que tiene la derecha", ha destacado Iglesias. Y es que Iglesias ha replicado que la nación "no es solamente lo que PP, Vox y Ciudadanos dicen que es".

A continuación, se ha referido a la conmemoración del aniversario de la Constitución del próximo 6 de diciembre y que seguramente escucharán durante estos días a la "bancada de la derecha" que son "más constitucionalista que nadie" aunque, en su momento, no votaron la carta magna.

"Quiero decir aquí que los grupos que conforman esta mayoría plural que va a hacer realidad estos Presupuestos: ERC, PNV, Bildu, Más País, Compromís y Teruel Existe (...) comprenden mucho mejor el espíritu social de la Constitución y se toman más en serio el cumplimiento efectivo que consagra que los diputados del PP y Vox", ha sentenciado.

De hecho, les ha reprochado que tampoco creen en la justicia fiscal, los derechos de los trabajadores o el derecho a una vivienda digna, pues defienden una idea del Estado que no refleja la pluralidad de España. Actitud que, a su juicio, genera un problema y lleva a ciudadanos a querer otro Estado porque ven que las instituciones le son ajenas o es cosa de los "madrileños".

EXIGE AL PP QUE PIDA PERDÓN POR LOS RECORTES EN SANIDAD

El también líder de Podemos ha arremetido sobre todo contra el PP, dado que los anteriores presupuestos llevaban el sello del Ejecutivo dirigido por Mariano Rajoy, una etapa marcada por la "corrupción", el "ultraliberalismo" y en recortes a la sanidad, que ha estimado en 10.000 millones de euros.

Para Iglesias, esa política de menoscabar la sanidad pública debilitó al país a la hora de afrontar la pandemia "con muchas mejores condiciones". En consecuencia, ha trasladado a los populares que "no estaría de más" que el PP reconociera que se "equivocó", algo que sería un "enorme ejercicio de dignidad política".

En materia presupuestaria, ha destacado que sube la inversión en educación un 60%m un 60% en el caso de la lucha contra la pobreza infantil o un 157% en materia de igualdad, entre otros factores.

También ha subrayado los avances que ofrece los PGE en materia de justicia fiscal, que son el primer paso para una "profunda reforma del sistema fiscal". Al respecto, ha destacado la subida de un punto del Impuesto de Patrimonio para rentas con más de 10 millones de euros, así como la subida del IRPF para grandes rentas de trabajo y capital.

En materia social, se aumenta en más de 600 millones de euros en la aportación del estado al sistema de dependencia, revirtiendo con ello los recortes del PP en 2012, así como el refuerzo de inversión para la educación de 0 a 3 años con 200 millones y una partida de 300 millones para la contratación de cuidadores profesionales de cara a facilitar la conciliación de familias con hijos menores de 14 años.

Desde el PP, Alicia García ha recriminado a Iglesias sus reuniones con el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, para "vender España a trozos blanquear a Bildu", diciendo, por ejemplo que la coalición abertzale "respeta la Constitución".

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez ha asegurado que el populismo "democrático no existe", porque estos movimientos siempre "tienden al autoritarismo". "Vienen siendo lo mismo, por eso invito a leer 'El señor Presidente' desde la perspectiva contemporánea", ha señalado el Premio Cervantes.

Ramírez ha participado en la presentación de la edición conmemorativa de 'El Señor Presidente', obra de Miguel Ángel Asturias precursora del 'boom' latinoamericano y la conocida como 'novela del dictador'. Se trata de una publicación de la Real Academia Española, la Asociación de Academias de la Lengua Española, la Academia Guatemalteca de la Lengua y la editorial Alfaguara.

"El tema de las dictaduras en América Latina sigue siendo actual, sigue habiendo una recurrencia de dictadura por las imperfecciones de nuestra propia vida política y social. Y, en este sentido, 'El señor Presidente' sigue siendo actual", ha señalado Ramírez, quien ha reiterado estas similitudes con la obra.

"Cuando encontramos nuevas figuras de dictaduras del siglo XXI, vamos a hallar muchísimas semejanzas porque los mecanismos del poder absoluto, cuando se ejercen sin consideraciones en la democracia, siguen siendo los mismos: el poder en una sola mano, servilismos, mecanismos oscuros para acceder al poder...", ha añadido.

Ramírez ha reconocido que muchos de los escritores latinoamericanos del siglo XX --en especial los asociados al 'boom'-- han estado adscritos a la idea de la izquierda, respaldando movimientos como la revolución cubana. "Pero después empiezan las contradicciones (y eso cambia), a pesar de que en los años 60 hubiera unanimidad en los escritores", ha destacado.

'El Señor Presidente' es la obra maestra de Miguel Ángel Asturias, una novela fundamental del siglo XX que abrió camino a todos los autores del boom. Asturias fue reconocido con el Premio Nobel de Literatura en 1967.

Esta ediciónn incorpora textos complementarios de Arturo Uslar Pietri, Mario Vargas Llosa, Darío Villanueva, Sergio Ramírez, Luis Mateo Díez, Gerald Martin, Mario Roberto Morales, Lucrecia Méndez de Penedo y Anabella Acevedo.

Escrita entre 1920 y 1933 y publicada en 1946, 'El Señor Presidente' es uno de los máximos exponentes de la llamada 'novela del dictador' en la que se encuadran otras obras como 'Tirano Banderas', de Valle-Inclán, 'Yo el Supremo', de Roa Bastos, 'El otoño del patriarca', de García Márquez, o más recientemente, 'La Fiesta del Chivo' y 'Tiempos recios', de Mario Vargas Llosa.

En ella, Asturias se inspira en el último gobierno de Manuel Estrada Cabrera, en Guatemala, para explorar los mecanismos que hacen funcionar una dictadura política, así como sus efectos en la sociedad. Narrada desde distintos puntos de vista que van conformando de manera indirecta la figura del Presidente, esta novela es uno de los antecedentes del boom latinoamericano y su autor, uno de los representantes del realismo mágico.

El portavoz parlamentario de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha acusado este miércoles al PSOE y Unidas Podemos de pretender "asaltar" de nuevo el Poder Judicial "al más puro estilo bolivariano" con su proposición de ley para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no pueda realizar nombramientos clave cuando su mandato haya caducado, como ocurre en la actualidad.

Espinosa de los Monteros cree que esta iniciativa, que los grupos proponentes pretenden debatir en el Congreso antes de fin de año, supone "un nuevo envite" a la independencia del Poder Judicial, pues busca "desactivar" al órgano de gobierno de los jueces impidiendo que, estando en funciones, pueda realizar nombramientos "tan importantes" como el presidente y los magistrados del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, entre otros.

"Este asalto al Poder Judicial, al más puro estilo bolivariano, se produce como consecuencia de este Gobierno ilegítimamente constituido a base de las mentiras de Pedro Sánchez y, por supuesto, acompañado por un deseo, nunca oculto, por parte de los comunistas de Podemos de efectuar un cambio de régimen --ha resumido--. Lo han dicho muchas veces y lo están cumpliendo".

Frente a esto, el partido que lidera Santiago Abascal ha recalcado a los jueces y magistrados que está "a su lado" porque la lucha por la independencia judicial es una de sus "señas de identidad".

"La única manera de mantener la independencia judicial es que sean los propios jueces los que, de manera independiente, elijan a los jueces y magistrados que les representan, es decir, que los políticos saquen sus manos de las instituciones judiciales", ha defendido Espinosa de los Monteros.

SUS 'RECETAS' PARA "BLINDAR" LA JUSTICIA

En este sentido, Vox ha anunciado la presentación de dos proposiciones no de ley para instar al Gobierno a "blindar" la justicia en España porque, según ha denunciado la secretaria general del grupo en el Congreso, Macarena Olona, el PSOE y el PP, hasta la fecha, lo único que han hecho es "atacar" la independencia de los jueces porque saben que "la justicia es la bestia negra de los políticos".

Con sus iniciativas, que se han registrado tras reunirse con las principales asociaciones judiciales, los de Abascal persiguen, por un lado, desactivar la reforma impulsada por el PSOE y Unidas Podemos para que las instrucciones de las causas penales se encomienden a los fiscales.

Pero, además, también quieren reforzar la independencia judicial con medidas que aseguren la objetividad y transparencia en los nombramientos de los altos cargos del Poder Judicial, para que no se realicen de forma discrecional sino electiva, y en los que se prime como criterio de selección el ejercicio de la función jurisdiccional.

Canarias ha registrado esta semana un total de 47 brotes nuevos con 319 afectados, de los que once han precisado ingreso hospitalario, según ha informado la Consejería de Sanidad.

Además, continúan en seguimiento 28 brotes antiguos, mientras que del total de brotes nuevos, 32 se han notificado en Tenerife, 11 en Gran Canaria, dos en Fuerteventura, uno en Lanzarote y uno en La Gomera, con ramificación en Tenerife.

Por ámbito, 15 tienen origen social, 14 familiar, 12 laboral, dos deportivos, dos sanitarios, uno sociosanitario y uno educativo. Hay que destacar que la mayoría de los brotes sociales y laborales tienen ramificación al ámbito familiar.

Asimismo, muchos de los brotes tienen menos de 10 casos, salvo uno que afecta a 17 personas en Tenerife, de origen laboral con ramificación familiar. El siguiente más numeroso también se localiza en Tenerife, de origen familiar con 16 personas contagiadas.

Los dos siguientes brotes con más de 10 casos se localizan en Gran Canaria, uno de origen laboral con ramificación familiar, con 13 afectados, y el otro de origen social con ramificación familiar con 12 personas contagiadas. El quinto brote con más de 10 afectados se localiza en Tenerife, de origen familiar con once personas afectadas.

En cuanto a los brotes deportivos, se notifica uno con 10 personas afectadas en un equipo de fútbol en Tenerife y el ya informado en días pasados en una instalación deportiva en Fuerteventura, con seis personas afectadas.

Sobre este último, el pasado viernes se informó de que la Inspección de la Dirección General de Salud Pública en Fuerteventura decretó cese cautelar de la actividad en la instalación, tras la incidencia notificada durante un torneo de pádel celebrado el domingo anterior con incumplimiento de las medidas de protección entre los asistentes.

En cuanto a los brotes hospitalarios se han notificado uno en el Hospital Universitario de Canarias, que afecta dos trabajadores y un familiar, y otro en Hospital Bellevue con tres trabajadores y un paciente afectados.

RESIDENCIAS DE MAYORES

Por otro lado, respecto a los brotes sociosanitarios, el notificado esta semana se corresponde con el ya informado en la residencia de ancianos Virgen de la Divina Gracia, en Tenerife, con 13 personas afectadas, de las que una ha requerido ingreso hospitalario. En este brote no se han registrado nuevos casos.

Tampoco se han notificado nuevos casos en el brote detectado la semana pasada en la residencia de mayores de Santa Rita, en el Puerto de la Cruz, y donde se ha confirmado la detección de un total de 28 casos positivos: 5 entre los trabajadores y 23 entre los residentes, de los que 5 han sido ingresados al HUC debido a sus pluripatologías previas.

Este brote se detectó cuando 1 trabajador y 5 residentes dieron positivo en COVID-19, tras lo cual se realizó el pasado viernes, día 27 de noviembre, un cribado en el centro en el que se confirmaron los otros 4 trabajadores y 18 residentes contagiados.

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha afirmado que su partido y el PP tienen "idearios bastante diferenciados", pero luego son capaces de ponerse de acuerdo para formar gobiernos, como hicieron en Andalucía, donde se cumplen dos años desde las elecciones autonómicas en las que el PSOE perdió la mayoría y salió de la Junta.

Así se ha manifestado Bal, en rueda de prensa en la Cámara Baja, al comentar las declaraciones de este miércoles del vicepresidente del Gobierno andaluz y líder de Cs en esa comunidad, Juan Marín, que ha abierto la puerta a que la formación naranja y el PP concurran conjuntamente a los próximos comicios en Andalucía.

"Somos dos partidos políticos distintos que tenemos dos idearios bastante diferenciados y en algunas cosas coincidentes", ha manifestado, añadiendo que esto se ve en el día a día.

"Cuántas cosas votamos diferente el PP y Ciudadanos en relación con las distintas iniciativas que plantean los grupos parlamentarios o el Gobierno y, sin embargo, nos ponemos de acuerdo", ha señalado al referirse a gobiernos de coalición como los de Andalucía y la Comunidad de Madrid.

UN GOBIERNO "DE ÉXITO" EN ANDALUCÍA

El portavoz parlamentario ha celebrado que hace casi dos años que estos dos partidos pusieron fin a casi 40 años de gobiernos socialistas en Andalucía, a pesar de las "redes clientelares" y el "voto cautivo". "Conseguimos desbancar al PSOE del Gobierno y celebrar que hoy tenemos un Gobierno de éxito, de futuro, sólido y estable", ha destacado.

En un desayuno informativo de Europa Press en Málaga, Marín ha indicado que ahora comparten gobierno y que cuando lleguen las elecciones serán "dos partidos" que se presentarán "cada uno como considere", pero "sin descartar ninguna opción".

En el mismo acto, el expresidente de Cs, Albert Rivera, ha dicho que él no puede hacer "equidistancia" entre los líderes de PSOE, Pedro Sánchez, y del PP, Pablo Casado. Según ha explicado, sus valores hacen que se posicione con el modelo que defienden los 'populares', con los que está de acuerdo en "muchas cosas", mientras que con el modelo de Sánchez no comparte "casi nada".

ERC LESIONA LA AUTONOMÍA TRIBUTARIA DE MADRID

Por otro lado, Bal se ha mostrado "absolutamente de acuerdo" con la queja que el consejero de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty (PP), ha trasladado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por el acuerdo con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para crear una comisión bilateral que estudie una reforma fiscal integral, tras la petición de ERC de acabar con el "paraíso" fiscal" de Madrid.

En esa carta, el consejero avisa de que el Ejecutivo autonómico se opondrá a la imposición de subidas de impuestos, incluso acudiendo al Tribunal Constitucional, rechaza que pretendan "invadir deslealmente la autonomía fiscal" de Madrid y denuncia un "desprecio flagrante hacia los madrileños".

Para el diputado de Ciudadanos, no solo se trata de un "desprecio" a los madrileños, sino a "la autonomía de todas las comunidades", y ha echado en cara a Esquerra que plantee algo así cuando por su parte siempre ha defendido las competencias de la Generalitat de Cataluña y previene contra las políticas que buscan "recentralizar".

"Esto es una lesión a la autonomía de ciertas comunidades que le resultan antipáticas", ha concluido, acusando a ERC de no respetar el reparto competencial que establece la Constitución y la autonomía tributaria que la ley de financiación autonómica da a las comunidades.

La Dirección General de la Policía Nacional cuenta desde finales de noviembre con un plan operativo que solicita a las comisarías generales que envíen información periódica sobre movimientos radicales o criminales vinculados a la ocupación de viviendas, así como monitorizar las redes sociales y fuentes abiertas para detectar manuales que inciten a cometer este delito. La Guardia Civil, por su parte, también ultima su propio plan, según confirman fuentes del Instituto Armado.

El plan anti-okupas de la Policía, con fecha de 27 de noviembre y al que ha tenido acceso Europa Press, se remite a las instrucciones de la Fiscalía y de la Secretaría de Estado de Seguridad. Hace dos meses, el Ministerio del Interior estableció criterios comunes para elaborar atestados más precisos que permitan el desalojo inmediato sin necesidad de solicitar medidas judiciales en aquellos casos de delito flagrante.

De la Comisaría General de Información requiere, en concreto, un breve informe valorativo sobre casos en los que la ocupación o la usurpación de inmuebles esté vinculada a movimientos radicales, apoyándose para ello en las brigadas periféricas dentro de sus competencias.

Explorará de esta forma páginas web o portales donde se difundan manuales de ocupación con instrucciones para acceder a las viviendas, así como la forma de "reaccionar ante la llegada de agentes o las pautas de cómo defenderse jurídicamente".

Interior explicó hace dos meses que, sin desatender las alternativas para colectivos vulnerables, quería que los agentes dejaran constancia de puertas y ventanas forzadas, coacciones al propietario y vecinos o consumo irregular de luz y agua. La Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía incide en esto al referirse a la "tendencia al alza de la ocupación ilegal de viviendas en España", reconociendo que "está generando una grave sensación de inseguridad entre los ciudadanos".

LA DAO RECOPILA LA INFORMACIÓN POR TRIMESTRES

La Policía establece que la DAO, a través de la Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación (UPEC), recopile de forma trimestral información que "genere inteligencia sobre el fenómeno" a partir de las actuaciones de las comisarías generales de Información, Policía Judicial, Seguridad Ciudadana, Extranjería y Fronteras, así como de las jefaturas superiores de las diferentes comunidades autónomas.

Las comisarías de Policía Judicial y Extranjería tienen que informar de organizaciones criminales para evitar la "consolidación de grupos dedicados a la localización y usurpación de viviendas" o que "desarrollen otras actividades ilícitas posteriores a la ocupación".

En el caso de Extranjería, el plan recuerda que "aplicará en la dinámica operativa de la intervención policial frente ocupaciones ilegales los procedimientos existentes de actuación a adoptar en virtud de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social".

La Comisaría General de Seguridad Ciudadana tiene que informar de las "incidencias más relevantes" a través de una tabla Excel, recabando datos de las jefaturas superiores a excepción de Cataluña y País Vasco, según reza en el documento del plan operativo.

También se alude a la participación de la División de Cooperación Internacional para "explotar los canales con las autoridades de los países afectados, fomentando el intercambio de información", así como a la División de Formación para establecer programas encaminados a "garantizar la actuación correcta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en sus intervenciones.

La Comunitat Valenciana ha registrado este miércoles un total de 62 brotes de coronavirus, entre los que destacan uno de 17 casos positivos en Orihuela y otros dos con 12 personas afectadas en Ademuz y Algemesí, los tres de origen social.

De los 62 focos detectados en la Comunitat, 44 se corresponden a la provincia de Valencia, 13 se han notificado en Alicante y cinco en Castellón, según ha informado la Conselleria de Sanidad Universal.

Cuatro nuevos brotes son de diez o más casos positivos, todos ellos de origen social: uno en Orihuela con 17 afectados, dos con 12 positivos en Algemesí y Ademuz y otro con diez casos en Barxeta.

Asimismo, 14 de los nuevos brotes se han notificado en la ciudad de Valencia, con entre seis y tres casos. Todos son de origen social salvo dos de ámbito educativo y uno laboral. La ciudad de Alicante ha registrado siete brotes de origen social con siete personas afectadas en cada uno de ellos. Castelló de la Plana tiene un nuevo brote, con siete positivos de origen laboral.

La ciudad alicantina de Elche ha sumado dos focos de coronavirus, uno con cuatro positivos de ámbito educativo y otro con cuatro casos de origen social. Xàtiva también ha registrado dos brotes, ambos con tres positivos, de origen laboral y educativo. Burjassot ha sumado un brote social de siete positivos y otro de tres.

El resto de brotes se corresponden a L'Eliana, con 6 casos y origen social; Callosa de Segura, con 3 casos y origen social; El Verger, con cuatro casos y social; Dolores, con ocho casos y origen social; Gata de Gorgos, con 6 casos y social; Antella, con 7 casos y social; Torrent, con 5 casos social; Villahermosa del Río, con 6 casos y social; Gandia, con 4 casos y laboral; Carrícola, con 4 casos y laboral y Ayora con 3 casos social.

También hay focos de covid-19 en Formentera del Segura, con 4 casos y social; La Llosa de Ranes con 3 casos y educativo; Picassent, de 6 casos y social; L'Alcora, con 3 casos laboral; Torrevieja, con 7 casos y laboral; Senyera, con 3 casos y social; Nules, con 4 casos de ámbito educativo; Albatera, con 4 casos social; Riba Roja de Túria, con 4 casos social; Meliana, con 6 casos y origen social, y Llanera de Ranes, con 4 casos y social.

Igualmente, los nuevos focos también se reparten entre Vila Real, 3 casos y ámbito educativo; Benetússer, con 5 casos y origen social;Godella, con seis casos y origen social; Carcaixent, de 4 casos y social; Alzira, con 9 casos y social; Museros, con 5 casos y social; L'Alcúdia, con 4 casos y laboral; Alboraia, con 3 casos y social;Bétera, con 4 casos y laboral; Canet d'en Berenguer, tres casos y social.