El líder de Ciudadanos (Cs) en Andalucía y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha querido dejar claro este jueves que comparte «totalmente» las manifestaciones de la presidenta nacional de su partido, Inés Arrimadas, y ha asegurado que él «en ningún momento» ha dicho que no descartaba acudir a las próximas elecciones andaluzas, previstas en el año 2022, «de la mano» del PP-A, partido con el conforman coalición en el Gobierno autonómico.

En declaraciones a los periodistas en el Parlamento, Marín se ha pronunciado así tras ser preguntado sobre el hecho de que Arrimadas haya descartado este jueves que su partido concurra junto al PP a las próximas elecciones en Andalucía: «Acudir juntos a las urnas en Andalucía no es una opción que contemplemos porque somos dos partidos diferentes».

La dirigente de Cs se ha pronunciado así al hilo de que Marín abriera ayer miércoles la puerta a que la formación naranja y el PP concurran conjuntamente en Andalucía en los próximos comicios regionales, apuntando que son «un solo gobierno y cuando lleguen las elecciones seremos dos partidos sin descartar ninguna opción».

Marín ha expresado que le parecen «totalmente correctas» las manifestaciones de Arrimadas y que las comparte. «Yo comparto que somos dos fuerzas políticas distintas, que evidentemente queda mucho tiempo por delante, que tenemos nuestro propio proyecto en Cs para los andaluces y que conforme vaya pasando el tiempo, ya veremos qué va sucediendo. Eso es lo que ha dicho Inés, al menos lo que yo he escuchado», ha indicado Juan Marín.

Ha agregado que ayer lo que él dijo en Málaga –durante un acto con el expresidente de Cs, Albert Rivera– es que no descartaba «ningún escenario, pero con nadie». «¿O yo dije en algún momento que hablaba de una coalición con el PP?», ha planteado el dirigente andaluz de Cs, quien ha insistido en preguntar cuándo dijo él que iban a «concurrir con el PP en las próximas elecciones».

«Yo he dicho que no descarto ninguna opción, y no hablo sólo de una posibilidad de ir a unas elecciones con una fuerza política o con otra. Estamos a dos años, no estamos en ese escenario», ha insistido.

Respecto a si se ha sentido desautorizado por las palabras de Inés Arrimadas, ha indicado que no se puede «desautorizar algo que no se ha dicho»: «En absoluto, yo me siento respaldado». «Estoy para trabajar para que Arrimadas sea presidenta del Gobierno, estoy dentro de una organización y la respeto a pies juntillas», ha dicho.

Asimismo, ha señalado que le han sorprendido algunos titulares de la prensa que afirmaban que él había planteado que no descartaba ir a unas elecciones en coalición con el PP-A: «Yo no dije eso en absoluto. Somos dos fuerzas distintas que hacemos un trabajo que valoran los andaluces, pero no estamos en elecciones, quedan dos años por delante, y Cs hará lo que tenga que hacer cuando lleguen las elecciones».

Además, ha indicado que, en ningún caso, es un coordinador autonómico el que decide esto, sino que se decide siempre en el seno de la Ejecutiva nacional de Cs cuando llega una convocatoria electoral.

Ha agregado que las interpretaciones que puedan hacerse desde los medios de comunicación, según las líneas editoriales, las respeta, pero no tiene por qué compartirlas: «En ningún momento he dicho ayer que no descarto ir a unas elecciones en Andalucía de la mano del PP».

La ministra de Defensa, Margarita Robles, presidirá este viernes un acto en memoria del teniente general Francisco Veguillas Elices, asesinado por ETA en el año 1994 cuando ocupaba un alto cargo en el Ministerio como director general de Política de Defensa.

Robles ha decidido bautizar con el nombre del teniente general Veguillas uno de los salones del Ministerio de Defensa para reconocer su «importante contribución» a la «normalización institucional de los Ejércitos españoles en el nuevo contexto jurídico y social surgido de la Constitución de 1978 y a la nueva política de alianzas con nuestros socios internacionales».

Pero además, hace extensivo este homenaje a todos los miembros de las Fuerzas Armadas que fueron víctimas «de execrables actos terroristas, con los que España siempre tendrá una deuda de gratitud impagable», según destaca la disposición publicada en el Boletín Oficial de Defensa que anunció el cambio de nombre del salón del Ministerio.

Se da la particularidad de que el asesinato del teniente general Veguillas, con Julián García Vargas como ministro de Defensa, fue el primer atentado de ETA que vivió la ahora ministra Margarita Robles como secretaria de Estado de Seguridad en el Ministerio del Interior.

El atentado tuvo lugar en la plaza de Ramales de Madrid con la detonación de más de 50 kilos de explosivos al paso del vehículo oficial del militar. En él también perdieron la vida el conductor del coche y un joven tramoyista de la compañía del Ballet Clásico de Madrid que estaba trabajando en la zona.

Foro Judicial Independiente (FJI) ha solicitado este jueves la dimisión del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, por incumplir «reiteradamente» su «obligación» de reforzar la independencia del Poder Judicial, afeándole en concreto su «pasividad» ante la última propuesta de PSOE y Unidas Podemos sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que pasa por impedir que pueda hacer nombramientos en puestos clave una vez expirado su mandato.

«Solicitamos la dimisión del ministro de Justicia, el señor Campo, y reclamamos a la clase política que apueste definitivamente por un modelo de gobierno del Poder Judicial que cumpla con los cánones anticorrupción que viene reclamando el Consejo de Europa desde hace siete años», ha dicho FJI en un comunicado.

La asociación judicial ha señalado como detonante la proposición de ley presentada el miércoles en el Congreso de los Diputados por PSOE y Unidas Podemos para limitar las funciones de un CGPJ caducado, algo que ya contemplaba la que ambos partidos introdujeron en octubre, cuyo plato fuerte era rebajar las mayorías por las que se elige a los doce vocales del turno judicial para que pasen de los tres quintos a mayoría absoluta.

FJI ha rechazado el argumento esgrimido por los socios de Gobierno de que la propuesta pretende corregir «un déficit en el diseño constitucional del Estado», advirtiendo de que, por contra, «la propuesta realizada tiene claros visos de inconstitucionalidad al impedir que el CGPJ pueda llevar a cabo una de las funciones que expresamente le reconoce el artículo 122.2 de la Constitución española: realizar los nombramientos de los más altos tribunales de nuestro país».

«El vaciamiento intencionado de funciones de un órgano constitucional como el CGPJ por parte del Poder Legislativo, en atención a criterios meramente políticos, supone desconocer la exigencia del principio de separación de poderes, el imprescindible equilibrio entre ellos y una injerencia inadmisible constitucionalmente, pues lo que busca es influir en la composición de la cúpula judicial», ha alertado el FJI.

Frente a ello, ha reivindicado que «el Poder Judicial por definición debe ser independiente», subrayando que en consecuencia «no puede bajo ningún concepto hacerse depender la composición de tribunales de los intereses de los distintos partidos políticos».

A este respecto, ha recordado que el pasado 9 de noviembre los 47 ministros de justicia del Consejo de Europa en su 70º aniversario reafirmaron su compromiso de reforzar la independencia del Poder Judicial y proteger el Estado de Derecho, para acusar después a Campo de incumplir «reiteradamente» esta «obligación.

«PASIVIDAD» DEL MINISTRO

FJI ha criticado la «pasividad» de Campo ante «una reforma que paraliza el funcionamiento del Poder Judicial», reprochándole asimismo que «ha interferido en la labor del CGPJ solicitando públicamente a aquel en diversas ocasiones que no realice nombramientos de magistrados del TS, a pesar de que el Consejo esté obligado a hacerlos».

También ha lamentado la reacción de Campo a la anterior propuesta de PSOE y Unidas Podemos porque «ha justificado públicamente una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para reducir las mayorías con las que se eligen los vocales judiciales que debilita aún más la separación de poderes, lo que ha provocado que por primera vez en la historia intervengan, llamando la atención a España, tanto la Comisión Europea como el Consejo de Europa».

Foro Judicial Independiente ha denunciado además que el bloqueo para la renovación del CGPJ, que lleva pendiente dos años y es la razón que ambas formaciones políticas esgrimen para justificar sus propuestas, «no es otra cosa que la incapacidad de los partidos para ponerse de acuerdo en perfiles independientes».

En este punto, ha expresado su pesar porque «el ministro no solo está dispuesto a repartirse los vocales del CGPJ sino que además aspira a alcanzar un acuerdo para designar al presidente del CGPJ y Tribunal Supremo, lo que contraviene directamente lo dispuesto en el artículo 586 de la LOPJ, tal y como lamentablemente sucede en este país desde hace 35 años, siendo responsables de dicha práctica los dos principales partidos que vienen alternándose en el poder en España».

Por todo ello, FJI ha pedido la dimisión de Campo, enfatizando que también reclamó las de ministros de Justicia de «distinto signo político», como Alberto Ruiz Gallardón y Rafael Catalá. «No podemos permanecer impasibles ante los ataques a la separación de poderes que se vienen realizando con el anuncio de reformas que socavan la independencia judicial», ha declarado.

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha puesto en valor su trayectoria de «credibilidad en materia de honradez» frente al «historial de falsedades» del medio de comunicación que ha publicado la información sobre su viaje en yate junto a un adjudicatario de un contrato de suministro del Ayuntamiento, al tiempo que ha insistido en que no quiere «entrar» en su vida privada y explicar quien pagó dichas vacaciones.

El regidor socialista ha respondido este jueves nuevamente a preguntas sobre las informaciones publicadas en los últimos días, y en el mes de septiembre, por OKDiario, y este jueves se ha centrado en la credibilidad de éstas y en la suya personal, al tiempo que ha reiterado en considerar que su estancia en un yate en Ibiza y Formentera junto a un empresario «amigo» con el que el Ayuntamiento había suscrito en mayo un contrato de suministro y si él pagó ese viaje forma parte de su «vida privada», y no quiere «entrar en detalles» personales.

Óscar Puente ha puesto sobre la mesa sus ocho años como concejal de la oposición y cerca de seis como alcalde para defender que su trayectoria es de «credibilidad en materia de honradez, de defensa de la transparencia y en lucha contra la corrupción».

Frente a ello, ha situado las informaciones de un «pseudomedio que no acredita nada», ya que ha planteado que a él se le reclama que demuestre que pagó su estancia en un yate en el mes de septiembre, mientras insinúa que al medio de comunicación no se le ha reclamado que aporte la prueba de que el alquiler de la embarcación fue abonado mediante «transferencia bancaria» por la empresa de la que es titular un «amigo» del alcalde.

Así, ha apuntado que el citado medio «tiene un historial de falsedades que debería llamar a la reflexión», pues ha recordado que siguen disponibles en Internet informaciones que tilda de «falsedades siderales» como que un banco «rebajó en 400.000 euros» la compra de la vivienda familiar del regidor junto al paseo de Zorrilla o que veraneó en Puente Romano, en Marbella, «a 18.000 euros al mes».

Por ello, se ha mostrado «dolido» por que el Partido Popular del Ayuntamiento haya «comprado» esas informaciones, algo que él defiende que no habría hecho y por que ponga su credibilidad «a la altura de la de ese medio».

El primer edil, al ser preguntado sobre si estaría en disposición de demostrar que el citado empresario no pagó su estancia y la de una de sus hijas en el yate, ha reiterado que no quiere «entrar en detalles» de su «vida privada».

Eso sí, ha subrayado que el empresario vasco es su amigo, que lo dijo «hace tiempo» a los grupos municipales cuando se firmó el contrato y ha apostillado que él viaja con sus amigos «antes, durante y después» de esta polémica.

De hecho, se ha preguntado si tiene que «perder la amistad con este señor» porque le haya hecho un favor al Ayuntamiento, en referencia al contrato de suministro de material sanitario, sobre el cual ha apuntado que si bien «nunca» pide favores «de este tipo», en aquel momento, cuando la situación era «complicada» y el Consistorio no tenía mascarillas para sus policías o sus bomberos recurrió a él.

A este respecto, ha asegurado que este mismo jueves iba a solicitar al interventor municipal un informe sobre los trámites que se dieron para firmar dicho contrato, al tiempo que ha asegurado que en su momento el alto funcionario fue también conocedor del caso y si él o cualquier concejal de la oposición hubiera puesto «pegas o dudas» no se habría suscrito.

En este sentido, ha destacado y agradecido la actitud del portavoz de Ciudadanos, Martín Fernández Antolín, quien ayer señaló en un comunicado que el regidor había informado de que conocía a un empresario «amigo suyo» que podía suministrar mascarillas y material sanitario al Ayuntamiento. Ha contrapuesto esta actitud a la «memoria frágil» de la presidenta del Grupo Municipal Popular, Pilar del Olmo, de quien ha recordado que hace unas semanas en su comparecencia en la Comisión de Investigación por la ‘trama eólica’ y su trabajo cuando era consejera de Economía y Hacienda esgrimió en numerosas ocasiones que no recordaba las cuestiones por las que le preguntaban.

Por otro lado, ha incidido en que el contrato de suministro ha sido «el único» que ha firmado el Ayuntamiento con la empresa Zaiglobal y ha reconocido que en aquel momento estuvieron sobre la mesa opciones de otras empresas que podían suministrar material, pero la mayor parte «no deban ninguna buena pinta», mientras la de su «amigo» aportaba «cierta grantía», ya que ya trabajaba para el Gobierno Vasco y contaba con una «certificación europea».

Un estudio sobre igualdad y convivencia en los barrios, coordinado por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe), advierte del crecimiento de la xenofobia en la sociedad española, así como del «declive» de la red social de acogida existente en el país. Es por ello que propone políticas de arraigo e inclusión frente a este problema.

El trabajo ha sido presentado este jueves en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, departamento del que depende Oberaxe, y al acto han acudido el titular del Ministerio, José Luis Escrivá, la Secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, y la secretaria general de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, Milagros Paniagua.

Para obtener las conclusiones de este estudio, se han realizado dos análisis. El primero en el barrio madrileño de Vallecas, uno de los que tienen menor renta de la comunidad autónoma, en donde se han realizado entrevistas en ampas de colegios. Tal y como ha explicado la coautora del trabajo, Begoña Pernas, las entrevistas se han realizado en las Ampas de los colegios, ya que, según ha explicado, la elección de escuela tiene que ver con cómo «percibe» su posición social la población.

Así, se han determinado cuatro categorís entre la población, dos de ellas «muy separadas»: ‘Cosmopolitas’ y ‘Clase obrera’. Los primeros, ha indicado Pernas, dan «prioridad a la vida privada frente a la colectividad del barrio». «Tienen capacidad para prosperar» y ven en el mundo global un lugar por el que moverse, por eso «están a favor» de la migración «siempre que sigan siendo una minoría» y que «se comporten sin rasgos culturales». Es decir, que los migrantes también pertenezcan a ese mundo globalizado en el que ellos quieren moverse.

RESPETO POR EL ORDEN DE LLEGADA

En el otro lado se encuentra una clase obrera, que tiene extranjeros entre sus miembros. En este caso, la experta indican que se trata de un grupo social «en crisis» que «no puede prosperar» y se refugia en el barrio. Creen que los migrantes «tienen derecho a buscarse la vida» pero piden protección al Estado «primero para el pueblo», es decir, que se «respete el orden de llegada» y «unas reglas claras» hacia los que siguen llegando.

Entre estos dos perfiles, están las ‘Tejedoras’, en su mayoría mujeres, que no creen en un mundo cosmopolita porque «perdieron esa ilusión» en la crisis de 2008 y defienden el trabajar en «lugares comunes» y pedir protección al Estado, pero «muy concreta», porque son «aliadas de lo público». Ven a los migrantes como parte de una vida cultural «rica» y no tienen sentimiento de pertenencia.

Además, el estudio reconoce a un cuarto grupo, al que han llamado ‘Aislados’ y que son racistas. Según explica, este grupo no ha conseguido la posición social deseada y reniega del barrio. Por eso, explica, se encuentra «aislado socialmente» aunque se cree acompañado porque «ven sus ideas plasmadas en redes sociales», relacionadas con la situación de que «Vallecas y España se acaban» y el Estado les da «todo» a los migrantes». Son los mismos que piden que se dé prioridad a los nacionales.

Durante su intervención, la investigadora, ha explicado que «cada vez hay más gente» del grupo de ‘Ailados’ que, a su juicio, hablan de un paisaje que es una «fantasía de su ego herido. En este sentido, ha llamado a las autoridades políticas a «parar» esta «tendencia al aislamiento» a través de políticas de arraigo y de pertenencia.

SEGREGACIÓN EN LA EDUCACIÓN

Para la otra autora del trabajo, Marta Román, una de las claves de esta situación es el «vaciamiento de los espacios públicos», la falta de actividades de barrio, antes más frecuentes y la crisis del comercio de proximidad. Tal y como ha explicado en su intervención, estos locales de barrio hacen «mucho más» que ofrecer productos básicos, sino que generar «seguridad», «sensación de pertenencia» y «trato de proximidad».

El «declive», a su juicio, de la red social pública que ayuda a las personas con menos recursos, a través de planes de vivienda o de urbanismo, por ejemplo, generan también problemas en otros aspectos. Así, señala Román, en barrios con rentas bajas hay «mucha rotación» por la baja calidad de las casas. «En cuanto hay más recursos la gente se va», ha señalado, lo que implica una falta de sentimiento de barrio.

En este sentido, ha destacado también el papel de los colegios que, según ha denunciado, «está derivando en segregación» debido al «enorme trasvase» desde centros públicos a privados que se han producido en los últimos 20 años. La experta ha indicado que en ese periodo España ha pasado de tener el 85% de alumnos en la escuela pública a un 65%, mientras que en el caso de Madrid, la situación actual es del 50%.

Esto genera, ha indicado, que exista «competencias» entre centros públicos, por ejemplo, en el sistema de elección de familias, provocando que se creen escuelas con buena o mala fama, según las listas de espera. Esto genera una «polarización», con centros que sólo tienen alumnado inmigrante.

SENSACIÓN DE «ESTAR A LA COLA»

Las autoras del estudio creen que son convenientes políticas frente a estos problemas, de vivienda, de urbanismo, de impulso del comercio local o contra la segregación educativa, que generen «arraigo» entre los grupos sociales que no lo tienen.

En este sentido apuntan que, en servicios universales como la Sanidad o las prestaciones por jubilación, no existen estos discursos de rechazo. Es decir, que lo que molesta a los grupos racistas es «sentirse a la cola» de ayudas en las que «los que van llegando se van colando», cuando, han explicado «no es así».

Román ha explicado que, entre 2008 y 2018, el 20% de la población con menos recursos vio mermada su renta en un 30% durante la pasada crisis, es decir, «las ayudas no mejoraros su situación» con carácter general.

El ministro de Inclusión, Seguridad y Migraciones, ha comparado este trabajo con el ambiente que vivió este miércoles en el Congreso durante el debate de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en donde, según ha explicado, se enfrentó el aumento de un 30% de la partida para Migraciones con el de las pensiones de jubilación, que es del 0,9%, con discursos, a su juicio, «demagógicos» que usaban el concepto de «los globalizadores contra los que defienden la patria»,

«Ayer en el Congreso vimos posiciones cada vez más desinhibidas por parte de los ‘Aislados'», ha declarado Escrivá. También ha apuntado que esta postura la marcan dos partidos –«uno fundamentalmente y otro que le siguió»– que apelaron en sus intervenciones a lo que sería la ‘Clase obrera’ de este estudio, en una postura similar a la que se va visto en Europa a través de Salvini o Le Penn, entre otros, ha indicado.

El ministro cree que España aún está «a tiempo» de que estas ideas «no calen» y propone la «didáctica» y la «desinhibición para contrarrestar lo que dicen».

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha pedido este jueves al ministro de Sanidad, Salvador Illa, extremar «al máximo la celeridad» de la vacunación frente al Covid-19, y que el Gobierno de España haga «todo lo posible» para que se empiecen a poner las dosis «cuanto antes», si es a finales de este mes de diciembre «mejor» que en enero.

Además, el regionalista ha apelado a la responsabilidad de los ciudadanos para que sean «receptivos» y se la pongan. «Nos tenemos que vacunar, por interés propio y solidaridad con los demás», ha sentenciado.

Se ha expresado así en una rueda de prensa que ha ofrecido junto al ministro en Santander, al término de una reunión en la sede del Ejecutivo regional y en la que Illa ha asegurado al presidente cántabro que su departamento está trabajando en esa línea de acelerar la vacunación, si es posible.

De este modo, aunque el responsable de Sanidad cree que la dosis no se empezarán a poner en nuestro país hasta principios del próximo año, si al final puede ser antes de esa fecha se hará, sin «duda», porque el Sistema Nacional de Salud está «preparado.

Además, el titular del Ministerio ha agradecido al mandatario cántabro la «claridad» con la que llama a la población a vacunarse, pues es la forma en la que se «salvan vidas», ha remachado.

Revilla e Illa han comparecido ante los medios de comunicación después del encuentro que han mantenido durante más de una hora y en el que también han participado el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, y el vicepresidente autonómico, Pablo Zuloaga, para abordar la situación de la pandemia en la región y el conjunto del país.

A ese encuentro seguirá, esta tarde, una visita al Hospital Valdecilla, que participó junto a los madrileños de La Paz y La Princesa en el primer ensayo clínico en fase II de una vacuna frente al Covid-19 en España, de la farmacéutica Janssen, de Johnson & Jonhson.

ACELERAR AL MÁXIMO LA VACUNACIÓN

«Extrememos al máximo la celeridad para que podamos vacunarnos», ha pedido al ministro el presidente cántabro, partidario de que, en la medida que sea posible, se empiecen a poner las dosis a finales de este mes de diciembre en lugar de en enero.

Y es que, a juicio de Revilla, la vacuna es «ya la única esperanza», y «muy fundada» además, para atajar la nueva enfermedad, y una solución «a medio y largo plazo». «Todos estamos deseando empezar a pincharnos», ha afirmado, para confiar a continuación en que las dosis lleguen «pronto».

A este respecto, el también líder del PRC ha subrayado la importancia de llegar a junio con aproximadamente 22 millones de vacunas puestas en España, ya que aunque sería casi la mitad de la población tendría un efecto «mayor» que el numérico, toda vez que se empezará a suministrar a personas de riesgo y colectivos vulnerables, como usuarios de residencias, ancianos o profesionales sanitarios y de centros de atención a la dependencia.

Tras la petición de Revilla, el ministro le ha recordado que nuestro país ya cuenta con un plan de vacunación, así como la tradición que en este sentido existe, al contar ya con 14 vacunas -incluidas la de la gripe, que se ha puesto ya este año a 15 millones de personas frente a la media de 10 millones de campañas anteriores- de modo que la del Covid sería la decimoquinta.

Ha agregado que el SNS cuenta con 13.000 puntos de vacunación destacando que está preparado para suministrarla, y abogado además por un acuerdo estratégico en el ámbito comunitario, para que todos los europeos tengan las «mejores» vacunas y se suministren al mismo tiempo, en base a criterios de «equidad».

El líder del PP, Pablo Casado, visitará de nuevo Cataluña este viernes por quinta semana consecutiva y allí defenderá las recetas económicas su partido, como la bajada de impuestos que incluirá el PPC en su programa electoral, y que llevarían a que esta autonomía fuera de nuevo un motor económico, según han indicado a Europa Press fuentes del partido.

Casado se ha implicado de lleno en la precampaña electoral para las elecciones catalanas que se prevén para el próximo 14 de febrero y su intención es viajar casi todas las semanas a Cataluña hasta la fecha de los comicios. Este viernes acudirá a Rosas, un municipio de la comarca del Alto Ampurdán en la provincia de Gerona.

Los ‘populares’ quieren poner en valor su modelo económico y de gestión en esta campaña y, con ese objetivo, aterrizó hace unos días en Barcelona la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con su defensa de la autonomía fiscal de las comunidades para bajar impuestos como hace Madrid.

Casado y el PPC defenderán que Cataluña también debe bajar impuestos como hace Madrid. El presidente del PP, que considera «ilegal» la armonización fiscal que quiere llevar a cabo Pedro Sánchez, ya anunció hace una semana, en su visita a Tarragona, que en su programa para las catalanas llevarán una rebaja del tramo autonómico del IRPF y la supresión o bonificación inmediata de Sucesiones, Donaciones y Patrimonio.

En la misma línea se ha expresado el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, que ha revelado que su objetivo es «plantear una alternativa al separatismo y al ‘sanchismo» para recuperar el liderazgo económico y social en Cataluña.

Se trata de «doble alternativa» que consiste en una política que «dinamice la economía a través de unos impuestos bajos»; y «una política que defienda la seguridad y la propiedad privada», así como que proteja la libertad de los padres a elegir el centro educativo de sus hijos, en palabras del candidato de los ‘populares’ a la Generalitat.

Esos serán dos de los principales mensajes que la cúpula del PP llevará a Cataluña en sus actos de apoyo a Fernández. Tenemos la obligación de demostrar que en Cataluña se puede hablar de futuro, de bajar impuestos y de que la gente viva en libertad», asegura un miembro de la Ejecutiva del PP, que cree que aunque el constitucionalismo haya «sufrido mucho» en esta autonomía, el PP tiene el reto de demostrar que es una «alternativa seria.

‘GÉNOVA’ NO DA TANTOS ESCAÑOS A VOX

Aunque varias encuestas coinciden en que Vox podría irrumpir con fuerza en Cataluña y lograr por primera vez representación en el Parlament (el CEO de la Generalitat le concede entre 7 y 8 escaños y 8 y 9 al PP), en ‘Génova’ no creen que el partido de Santiago Abascal vaya a lograr tanta representación.

De hecho, el PP descarta que pueda producirse un ‘sorpasso’ de Vox en estas elecciones. El propio Casado lanzó ese mensaje de tranquilidad a los suyos el pasado lunes durante la reunión del comité de dirección del PP, según han señalado a Europa Press fuentes del partido, donde además confirmó que su formación proseguirá con su campaña contra la reforma educativa del Gobierno, conocida como ‘Ley Celaá.

QUINTA VISITA CONSECUTIVA DE CASADO A CATALUÑA

La visita de Pablo Casado este 4 de diciembre a Cataluña será la quinta que hace desde primeros de noviembre, donde hasta ahora ha acudido todos los viernes. Con su parada en Girona ya habrá recalado en las cuatro provincias catalanas.

Así, el pasado viernes fue a Reus (Tarragona) para acompañar al PPC en una donación a un banco de alimentos y después se reunió con diferentes empresarios. Una semana antes acudió a Lleida para visitar una explotación ganadera en Alcarrás y después se reunió con representantes de la concertada y especial.

A mediados de mes estuvo en Barcelona para mantener un encuentro con hosteleros y a principios de noviembre también viajó a esta provincia para reunirse con la patronal catalana y verse con entidades que defienden el bilingüismo en Cataluña.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha ensalzado este jueves, durante su vista a Cantabria, al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla como «joya de la Corona» de la sanidad española y ha destacado la «combinación» de atención sanitaria e innovación e investigación en ciencia que se realiza tradicionalmente en este centro.

«Tengo ganas de conocerlo de primera mano», ha dicho Illa en una rueda de prensa ofrecida en el Gobierno de Cantabria junto al presidente regional, Miguel Ángel Revilla (PRC), unas manifestaciones que se producen apenas unas horas antes de realizar esta tarde una visita a este hospital, dentro de la visita de hoy a Cantabria.

Illa ha afirmado que Valdecilla es un hospital con una «tradición muy importante» ya que fue fundado a principios del siglo XX y ha destacado que ya en la década de los 60 fue «pionero» en «todo el seminario de hospitales de formación especializada».

Y sobre todo ha destacado la «tradición» que tiene el hospital de combinar la atención a los pacientes con la innovación en ciencia, algo que considera que ha sido uno de los motivos por los que Valdecilla ha sido escogido por la farmacéutica Janssen para los ensayos clínicos de fase dos de su vacuna contra el coronavirus.

Precisamente, Illa ha señalado que, durante su visita a Valdecilla, pretende conocer algunos detalles de estos ensayos clínicos y de los avances logrados.

«AGRADECER Y ESCUCHAR» AL PERSONAL DE VALDECILLA

También ha indicado que, con su visita, quiere «agradecer» a todo el personal de Valdecilla, unos 7.000, el trabajo que han realizado desde el inicio de la pandemia, desde los médicos hasta los trabajadores de la limpieza.

«Me gustaría decírselo uno a uno. No podré y lo haré a través del gerente», ha afirmado el ministro.

Además, según ha indicado, quiere expresar a todos los trabajos su «apoyo» a la labor que han realizado y decirles que, aunque quedan todavía «meses complicados», se está trabajando por parte de todos los dirigentes políticos –cada uno en su puesto y desde su responsabilidad– para lograr «que esto se acabe lo antes posible».

Y también pretende aprovechar su visita a Valdecilla, que está previsto que se produzca a partir de las 16.30 horas, para «escuchar» a los profesionales de Valdecilla y que así éstos les puedan trasladar sus «inquietudes».

«Al final los que están primera línea son de los que hay que aprender», ha afirmado el ministro, que quiere escuchar esas «inquietudes» de los profesionales para «intentar atenderlas de la mejor forma posible».

Por su parte, Revilla ha agradecido al ministro que vaya a dedicar un día a visitar Cantabria y para visitar Valdecilla, un «emblema de la sanidad española».

Antes de la rueda de prensa, Revilla, el vicepresidente regional, Pablo Zuloaga, y el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, se han reunido con el ministro para hablar de la situación de la pandemia en Cantabria y en España e intercambiar impresiones.

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha aclarado este jueves que no se va a equiparar la sanción por el uso indebido del móvil en el coche a la de conducción temeraria «porque se trata de infracciones distintas».

Así lo ha indicado el responsable de la Dirección General de Tráfico (DGT) en un encuentro digital, organizado para dar respuesta a las dudas sobre las reformas legislativas recientemente aprobadas por el Gobierno en materia de tráfico.

En concreto, ha explicado que la conducción temeraria es una infracción muy grave, sancionada con multa de 500 euros y detracción de 6 puntos, mientras que conducir utilizando el móvil es una infracción grave, sancionada con multa de 200 euros y actualmente conlleva la pérdida de 4 puntos.

«En el proyecto de Ley de actualización del Permiso por Puntos que vamos a enviar al Congreso proponemos que si el conductor lleva el móvil en la mano, se pierdan 6 puntos», ha manifestado Navarro.

Además, ha detallado que si el móvil va «en el salpicadero, no sería objeto de denuncia, siempre que se utilice para ello un soporte homologado y no se manipule durante la conducción». No obstante, aconseja que si se necesita utilizarlo, primero se detenga «en una zona segura».

VEHÍCULOS DE MOVILIDAD PERSONAL

Preguntado sobre la posibilidad de exigir un seguro obligatorio de daños a terceros tanto a bicicletas como a patinetes eléctricos, el director de la DGT ha precisado que, tras una primera regulación de estos vehículos, se abrirá un debate con los ayuntamientos para avanzar en una «mucho más detallada». «Está previsto hablar de todo», ha apostillado.

En este sentido, ha aclarado que, en la actualidad, si el responsable de un accidente es el conductor de un patinete eléctrico alquilado, «con toda probabilidad habrá seguro al que reclamar, ya que las compañías que alquilan estos patinetes tienen suscritas pólizas de responsabilidad civil a tal efecto».

Además, el director general ha añadido que, si por el contrario se trata de un particular, «podrá tener o no seguro específico suscrito, pero en caso negativo, algunas compañías de seguros empiezan a ofrecer cobertura en las pólizas de hogar para este tipo de siniestros». Si no hubiera póliza contra la que reclamar o el responsable se diera a la fuga, «el Consorcio de Compensación de Seguros podría llegar a hacerse cargo, si se acreditan convenientemente los hechos», ha subrayado.

Sobre si sería conveniente que la usuarios de vehículos de movilidad personal tuvieran unos conocimientos mínimos sobre legislación de tráfico y seguridad vial, Navarro cree que sí, pero ha añadido que «no se trata de que haya que pasar un examen para llevar una bici o un patinete». «Hay vías intermedias. Nos gusta la idea de los cursos que se desarrollan en Alemania o Bélgica en colaboración con los ayuntamientos, o la introducción de la bici en las clases de educación física de Portugal», ha comentado.

VELOCIDAD A 30 KM/H

Respecto al establecimiento de un límite máximo de velocidad de 30 km/h en las calles de un solo carril por sentido, el director de Tráfico opina que «es de sentido común que en una vía de un solo carril no se pueda circular a 50 km/h» y ha recordado que se trata de una medida que busca «la protección de los usuarios más vulnerables».

«La hemos trabajado a propuesta de los ayuntamientos y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Estamos convencidos de que se puede circular a 30 km/h y, además, está contrastado, porque ya son muchos los municipios en los que ya se aplica», ha subrayado.

Por otro lado, se ha referido a los vehículos que superan la velocidad permitida en carretera. «Ir a más de 200 km/h es delito. Nosotros siempre hemos estado en contra de la comercialización de vehículos que puedan alcanzar esas velocidades, pero la normativa aplicable es la legislación acordada en Europa«, ha aclarado.

Sobre si la prohibición de rebasar los 20 km/h en los adelantamientos en las carreteras convencionales supone un peligro para los usuarios de las vías, ha argumentado que «superar en 20 km/h el límite para adelantar incita a superar los límites».

«Con esta limitación se adecua la velocidad de estas vías a su capacidad de seguridad y se refuerza el mensaje de que adelantar conlleva un riesgo de colisión frontal de consecuencias más graves cuanto mayor sea la velocidad», ha matizado Navarro.

En relación con las sanciones por llevar en el vehículo detectores de radar, el director de Tráfico ha afirmado que «la finalidad de llevar en el vehículo un detector de radar o cinemómetro es la de su utilización para evitar ser denunciado y eludir la posible denuncia, creando en quien infringe un sentimiento de impunidad ante las infracciones por exceso de velocidad».

A este respecto, ha precisado que «un avisador no sería un detector, sino un dispositivo que comparte información de la ubicación de los cinemómetros fijos de España». Un detector sería el dispositivo que es capaz de detectar las ondas emitidas por un cinemómetro (tecnología doppler) y de este modo alertar al conductor», ha recalcado.

También ha apuntad que su departamento trabaja en una norma que permitirá su utilización de un intercomunicador en el interior del casco «en un futuro próximo». «Y tenemos previsto aprobarla antes de que finalice 2021», ha agregado.

Al ser cuestionado sobre «para cuándo un año tranquilo con las autoescuelas y sus alumnos», el director de la DGT ha asegurado que están «en el mismo barco» y que Tráfico trabaja para conseguir «un servicio de exámenes de calidad y bien organizados». «Resolver este problema es una prioridad para nosotros», ha subrayado.

Finalmente, el director de Tráfico ha asegurado que el uso del carril central y/o izquierdo, estando libre el carril de la derecha es «un mal hábito» que a la DGT «preocupa» y «ocupa».

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han participado en una operación a escala internacional contra el lavado de dinero que se ha saldado con 422 personas detenidas y 4.031 «mulas de dinero» identificadas en todo el mundo.

La operación EMMA 6, en la que han participado 26 países y Europol, se desarrolló entre los meses de septiembre y noviembre de 2020 por sexto año consecutivo, y ha contado con el apoyo de la Federación Bancaria Europea (EBF), FinTech FinCrime Exchange, Interpol y Western Union, según ha informado el Ministerio del Interior.

Durante el operativo, se iniciaron 1.529 investigaciones penales. Además, se identificaron 4.942 transacciones fraudulentas de dinero, gracias al apoyo del sector privado que incluyó a más de 500 bancos e instituciones financieras, evitándose una pérdida económica total estimada en 33,5 millones de euros.

La operación EMMA 6 ha contado con la participación, además de España, de autoridades policiales de Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Chequia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Moldavia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Suecia, Suiza, Eslovenia, Eslovaquia, Reino Unido y Estados Unidos

Esta semana, Europol y las autoridades policiales de la UE –junto con socios internacionales e instituciones financieras– lanzan la campaña #DontBeaMule para concienciar al público sobre los riesgos de ser víctimas de las organizaciones de las mulas de dinero.

La campaña tiene como objetivo informar al público sobre cómo operan los delincuentes, cómo pueden protegerse y qué hacer si se ven involucrados en una de estas situaciones.

«MULAS DE DINERO»

Las «mulas de dinero» son individuos que, a menudo sin saberlo, han sido reclutados por organizaciones criminales como agentes de lavado de dinero para ocultar el origen del dinero de procedencia ilícita. Las mulas transfieren fondos robados entre cuentas –a menudo en diferentes países– en nombre de otros, sin saber que están participando en actividades delictivas y engañadas por la promesa de conseguir dinero de forma sencilla. A cambio, reciben una comisión por sus servicios.

Si bien las mulas se reclutan a través de numerosos procedimientos, como el contacto directo o el correo electrónico, los delincuentes recurren cada vez más a las redes sociales para reclutar nuevos cómplices, a través de anuncios de ofertas de trabajo falsas, anuncios emergentes en línea y aplicaciones de mensajería instantánea, según ha recordado Interior.

Aunque se han informado algunos casos relacionados con la COVID-19, transferir fondos directamente, fraude de pago autorizado y las estafas mediante supuestas relaciones sentimentales que requieren apoyo económico continúan siendo los esquemas más recurrentes. El uso de criptomonedas por estas mulas monetarias también está en aumento.

Laócratas ha presentado un recurso de súplica ante el Tribunal Supremo (TS) con la intención de que retome la querella presentada por este mismo partido contra el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, por un presunto delito de prevaricación por su reunión del pasado mes de enero en el aeropuerto de Barajas con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, alegando que las sanciones de la UE que se violaron con esta visita no solo merecen un control político sino también administrativo por parte de los estados miembros.

En un escrito presentado este jueves, al que ha tenido acceso Europa Press, Laócratas se dirige contra el auto del pasado 26 de noviembre, en el que el TS acordó archivar el ‘Delcygate’ por considerar que, si bien Rodríguez entró en territorio español y con ello violó las sanciones de la UE que le prohíben adentrarse en el espacio Schengen, dicha vulneración solo es susceptible de control político.

Así, en contra del criterio de la propia Fiscalía del TS, y de la Fiscalía Provincial de Madrid y el juzgado de instrucción número 31 de Madrid –que investigaba la parte del ‘Delcygate’ relativa a la presunta prevaricación de varios funcionarios–, el Supremo determinó que «es un hecho notorio» que Rodríguez irrumpió en territorio español desde el mismo momento en el que su avión entró en el espacio aéreo de España y que «está asimismo acreditado» que Ábalos se reunió con ella.

También estableció que ello «implicó una vulneración de la expresa prohibición del Consejo (Europeo) de permitir su entrada en el territorio de la UE». Sin embargo, el alto tribunal sostuvo al mismo tiempo que «las obligaciones derivadas de las decisiones de la Política Exterior y Seguridad Común de la UE (PESC) tienen una naturaleza esencialmente política», de modo que su control sobre su cumplimiento debe ser solo político e incumbe únicamente al propio Consejo.

Laócratas ha atacado esta afirmación, esgrimiendo que la decisión PESC adoptada por el Consejo en 2017 sobre las sanciones contra Rodríguez «se incorpora al derecho interno vía publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), conforme a la Constitución española en su artículo 96». Además, ha argumentado que la Ley de Extranjería prohíbe la entrada en España a las personas que la tengan vetada en virtud de normas internacionales, incluida la normativa comunitaria.

Con todo, el partido ha considerado que «sostener que las obligaciones dimanantes de las decisiones PESC son políticas se trata de una verdad a medias, usada para tratar de ocultar que las consecuencias y la aplicación de las mismas son meramente administrativas». «Su cumplimiento o incumplimiento es una cuestión administrativa, no política, la política acaba en la decisión, la aplicación y las consecuencias son administrativas, conforme a la legislación española de extranjería», ha defendido.

OMISIÓN «TORTICERA»

Laócratas ha insistido además en que Ábalos incurrió en un delito de prevaricación porque, de forma «flagrante, torticera, abusiva y a sabiendas», no se aplicó la Ley de Extranjería a la ‘número dos’ del Gobierno de Nicolás Maduro.

La formación política ha acusado al ministro de autorizar la entrada de Rodríguez en el espacio aéreo español y, por tanto, en Schengen; su tránsito por el territorio «sin que fuera detenida, deportada, ni denunciada»; y que abandonara España en un vuelo comercial rumbo a Qatar «sin cumplir la normativa en cuanto al sellado y obtención del visado del pasaporte».

Además, Laócratas ha estimado que «el dolo del ministro querellado también está acreditado». «Este dolo puede inferirse por las distintas versiones que dio –hasta seis versiones distintas–, (…) reconociendo en su ultima versión que estuvo en la sala VIP de la terminal ejecutiva con ella», ha expuesto, concluyendo que «el ministro Ábalos mintió porque no podía reconocer que (Rodríguez) había entrado en España».

«La función de la administración de justicia en una democracia auténtica tiene que ser ejercer de control, freno y contrapeso de los otros dos poderes con base en la ley, perseguir el delito y hacer cumplir la ley, en eso consiste la división e independencia de los mismos, que debe ser reafirmada en cada acto jurisdiccional», ha reivindicado Laócratas en su recurso de súplica.

CAUSA ARCHIVADA

Vox, que se sumó a la querella presentada por Laócratas contra Ábalos, también ha recurrido el auto de archivo de las actuaciones, según anunció el pasado lunes en rueda de prensa el eurodiputado y portavoz de Vox, Jorge Buxadé, que se quejó de que el Tribunal Supremo y el juzgado madrileño habían emitido «resoluciones contradictorias».

El ‘Delcygate’ se investigaba también en el juzgado de instrucción número 31 de Madrid, a raíz de una serie de denuncias y querellas presentadas por el PP, Vox y Laócratas contra varios funcionaros por presunta prevaricación administrativa. Sin embargo, el juez Antonio Serrano-Arnal decidió archivarlo aduciendo que Rodríguez no llegó a entrar en territorio español, en la misma línea apuntada por la Fiscalía Provincial y la Fiscalía del Supremo.

PSOE y Unidas Podemos han augurado que habrá gobierno progresista para muchos años tras la conformación de la mayoría holgada de cara a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021, que además deja claro que el «trío de Colón» (PP, Vox y Cs) «no pintan nada».

En esta línea, el portavoz parlamentario de la formación morada, Pablo Echenique, les ha recomendado a estas tres formaciones que dosifiquen su «rabia» porque «van a tener que digerir» muchos cambios legislativos.

Concretamente, se ha referido a la Ley de Eutanasia, la Ley ‘Trans’, la derogación de la reforma laboral del PP, la Ley de Memoria Histórica, la regulación de los alquileres, varias subidas del salario mínimo, una reforma fiscal para «subir impuestos» a las grandes fortunas y corporaciones, acabar con los «paraísos fiscales interiores» (en referencia a la armonización fiscal y el caso de Madrid) o la derogación de la Ley ‘Mordaza’, entre otras cuestiones.

En su intervención durante el debate en el Congreso para la tramitación de los PGE, Echenique ha insistido en que las nuevas cuentas públicas «son sólo el aperitivo» del programa de gobierno que vendrá. Por tanto, entienden que los «tres partidos de la foto de Colón muy alterados, muy desorientados y muy rabiosos», al ver como se pone fin a sus «recortes salvajes».

El portavoz de Unidas Podemos ha celebrado que los Presupuestos inauguran una nueva etapa política con una mayoría «holgada» que representa «todo lo contrario» a PP, Vox y Cs: «pluralidad, diálogo, justicia social y mirar al futuro».

Por tanto, ha empatizado irónicamente con las tres formaciones porque ese bloque «garantiza» el Gobierno de coalición para los próximos tres años y les ha aconsejado que «no gasten toda la rabia tan rápido».

Su homóloga en el PSOE, Adriana Lastra, ha celebrado esa mayoría permite disponer de los «presupuestos más sociales de la historia» con uno de los apoyos parlamentarios también «más grandes» de la democracia, lo que hablar de «fortaleza», «estabilidad» y «gobierno para muchos años».

EL PP SUENE IGUAL QUE HACE 20 AÑOS

La portavoz socialista ha loado a las formaciones que apoyan las nuevas cuentas públicas y que, pese a sus diferencias y «ambiciones políticas» distintas, han conseguido ponerse de acuerdo «en dejar las encuestas y ponerse en las propuestas».

«Todos menos las tres derechas», ha destacado para recriminar a este arco parlamentario que se dediquen a «agitar espantajos» del pasado, algunos de los cuales «nunca existieron» y otros fueron «espantados por la ley y la democracia».

También ha lamentado que el PP suene igual que hace «15 o 20 años» y dicha ahora que esta mayoría plural es «la antiespaña» cuando agrupa a formaciones legítimamente elegidas por los ciudadanos. «Abandonen toda esperanza que hay gobierno para muchos años», ha zanjado Lastra.