Laócratas ha presentado un recurso de súplica ante el Tribunal Supremo (TS) con la intención de que retome la querella presentada por este mismo partido contra el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, por un presunto delito de prevaricación por su reunión del pasado mes de enero en el aeropuerto de Barajas con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, alegando que las sanciones de la UE que se violaron con esta visita no solo merecen un control político sino también administrativo por parte de los estados miembros.
En un escrito presentado este jueves, al que ha tenido acceso Europa Press, Laócratas se dirige contra el auto del pasado 26 de noviembre, en el que el TS acordó archivar el ‘Delcygate’ por considerar que, si bien Rodríguez entró en territorio español y con ello violó las sanciones de la UE que le prohíben adentrarse en el espacio Schengen, dicha vulneración solo es susceptible de control político.
Así, en contra del criterio de la propia Fiscalía del TS, y de la Fiscalía Provincial de Madrid y el juzgado de instrucción número 31 de Madrid –que investigaba la parte del ‘Delcygate’ relativa a la presunta prevaricación de varios funcionarios–, el Supremo determinó que «es un hecho notorio» que Rodríguez irrumpió en territorio español desde el mismo momento en el que su avión entró en el espacio aéreo de España y que «está asimismo acreditado» que Ábalos se reunió con ella.
También estableció que ello «implicó una vulneración de la expresa prohibición del Consejo (Europeo) de permitir su entrada en el territorio de la UE». Sin embargo, el alto tribunal sostuvo al mismo tiempo que «las obligaciones derivadas de las decisiones de la Política Exterior y Seguridad Común de la UE (PESC) tienen una naturaleza esencialmente política», de modo que su control sobre su cumplimiento debe ser solo político e incumbe únicamente al propio Consejo.
Laócratas ha atacado esta afirmación, esgrimiendo que la decisión PESC adoptada por el Consejo en 2017 sobre las sanciones contra Rodríguez «se incorpora al derecho interno vía publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), conforme a la Constitución española en su artículo 96». Además, ha argumentado que la Ley de Extranjería prohíbe la entrada en España a las personas que la tengan vetada en virtud de normas internacionales, incluida la normativa comunitaria.
Con todo, el partido ha considerado que «sostener que las obligaciones dimanantes de las decisiones PESC son políticas se trata de una verdad a medias, usada para tratar de ocultar que las consecuencias y la aplicación de las mismas son meramente administrativas». «Su cumplimiento o incumplimiento es una cuestión administrativa, no política, la política acaba en la decisión, la aplicación y las consecuencias son administrativas, conforme a la legislación española de extranjería», ha defendido.
OMISIÓN «TORTICERA»
Laócratas ha insistido además en que Ábalos incurrió en un delito de prevaricación porque, de forma «flagrante, torticera, abusiva y a sabiendas», no se aplicó la Ley de Extranjería a la ‘número dos’ del Gobierno de Nicolás Maduro.
La formación política ha acusado al ministro de autorizar la entrada de Rodríguez en el espacio aéreo español y, por tanto, en Schengen; su tránsito por el territorio «sin que fuera detenida, deportada, ni denunciada»; y que abandonara España en un vuelo comercial rumbo a Qatar «sin cumplir la normativa en cuanto al sellado y obtención del visado del pasaporte».
Además, Laócratas ha estimado que «el dolo del ministro querellado también está acreditado». «Este dolo puede inferirse por las distintas versiones que dio –hasta seis versiones distintas–, (…) reconociendo en su ultima versión que estuvo en la sala VIP de la terminal ejecutiva con ella», ha expuesto, concluyendo que «el ministro Ábalos mintió porque no podía reconocer que (Rodríguez) había entrado en España».
«La función de la administración de justicia en una democracia auténtica tiene que ser ejercer de control, freno y contrapeso de los otros dos poderes con base en la ley, perseguir el delito y hacer cumplir la ley, en eso consiste la división e independencia de los mismos, que debe ser reafirmada en cada acto jurisdiccional», ha reivindicado Laócratas en su recurso de súplica.
CAUSA ARCHIVADA
Vox, que se sumó a la querella presentada por Laócratas contra Ábalos, también ha recurrido el auto de archivo de las actuaciones, según anunció el pasado lunes en rueda de prensa el eurodiputado y portavoz de Vox, Jorge Buxadé, que se quejó de que el Tribunal Supremo y el juzgado madrileño habían emitido «resoluciones contradictorias».
El ‘Delcygate’ se investigaba también en el juzgado de instrucción número 31 de Madrid, a raíz de una serie de denuncias y querellas presentadas por el PP, Vox y Laócratas contra varios funcionaros por presunta prevaricación administrativa. Sin embargo, el juez Antonio Serrano-Arnal decidió archivarlo aduciendo que Rodríguez no llegó a entrar en territorio español, en la misma línea apuntada por la Fiscalía Provincial y la Fiscalía del Supremo.
