Foro Judicial Independiente (FJI) ha solicitado este jueves la dimisión del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, por incumplir «reiteradamente» su «obligación» de reforzar la independencia del Poder Judicial, afeándole en concreto su «pasividad» ante la última propuesta de PSOE y Unidas Podemos sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que pasa por impedir que pueda hacer nombramientos en puestos clave una vez expirado su mandato.
«Solicitamos la dimisión del ministro de Justicia, el señor Campo, y reclamamos a la clase política que apueste definitivamente por un modelo de gobierno del Poder Judicial que cumpla con los cánones anticorrupción que viene reclamando el Consejo de Europa desde hace siete años», ha dicho FJI en un comunicado.
La asociación judicial ha señalado como detonante la proposición de ley presentada el miércoles en el Congreso de los Diputados por PSOE y Unidas Podemos para limitar las funciones de un CGPJ caducado, algo que ya contemplaba la que ambos partidos introdujeron en octubre, cuyo plato fuerte era rebajar las mayorías por las que se elige a los doce vocales del turno judicial para que pasen de los tres quintos a mayoría absoluta.
FJI ha rechazado el argumento esgrimido por los socios de Gobierno de que la propuesta pretende corregir «un déficit en el diseño constitucional del Estado», advirtiendo de que, por contra, «la propuesta realizada tiene claros visos de inconstitucionalidad al impedir que el CGPJ pueda llevar a cabo una de las funciones que expresamente le reconoce el artículo 122.2 de la Constitución española: realizar los nombramientos de los más altos tribunales de nuestro país».
«El vaciamiento intencionado de funciones de un órgano constitucional como el CGPJ por parte del Poder Legislativo, en atención a criterios meramente políticos, supone desconocer la exigencia del principio de separación de poderes, el imprescindible equilibrio entre ellos y una injerencia inadmisible constitucionalmente, pues lo que busca es influir en la composición de la cúpula judicial», ha alertado el FJI.
Frente a ello, ha reivindicado que «el Poder Judicial por definición debe ser independiente», subrayando que en consecuencia «no puede bajo ningún concepto hacerse depender la composición de tribunales de los intereses de los distintos partidos políticos».
A este respecto, ha recordado que el pasado 9 de noviembre los 47 ministros de justicia del Consejo de Europa en su 70º aniversario reafirmaron su compromiso de reforzar la independencia del Poder Judicial y proteger el Estado de Derecho, para acusar después a Campo de incumplir «reiteradamente» esta «obligación».
«PASIVIDAD» DEL MINISTRO
FJI ha criticado la «pasividad» de Campo ante «una reforma que paraliza el funcionamiento del Poder Judicial», reprochándole asimismo que «ha interferido en la labor del CGPJ solicitando públicamente a aquel en diversas ocasiones que no realice nombramientos de magistrados del TS, a pesar de que el Consejo esté obligado a hacerlos».
También ha lamentado la reacción de Campo a la anterior propuesta de PSOE y Unidas Podemos porque «ha justificado públicamente una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para reducir las mayorías con las que se eligen los vocales judiciales que debilita aún más la separación de poderes, lo que ha provocado que por primera vez en la historia intervengan, llamando la atención a España, tanto la Comisión Europea como el Consejo de Europa».
Foro Judicial Independiente ha denunciado además que el bloqueo para la renovación del CGPJ, que lleva pendiente dos años y es la razón que ambas formaciones políticas esgrimen para justificar sus propuestas, «no es otra cosa que la incapacidad de los partidos para ponerse de acuerdo en perfiles independientes».
En este punto, ha expresado su pesar porque «el ministro no solo está dispuesto a repartirse los vocales del CGPJ sino que además aspira a alcanzar un acuerdo para designar al presidente del CGPJ y Tribunal Supremo, lo que contraviene directamente lo dispuesto en el artículo 586 de la LOPJ, tal y como lamentablemente sucede en este país desde hace 35 años, siendo responsables de dicha práctica los dos principales partidos que vienen alternándose en el poder en España».
Por todo ello, FJI ha pedido la dimisión de Campo, enfatizando que también reclamó las de ministros de Justicia de «distinto signo político», como Alberto Ruiz Gallardón y Rafael Catalá. «No podemos permanecer impasibles ante los ataques a la separación de poderes que se vienen realizando con el anuncio de reformas que socavan la independencia judicial», ha declarado.
