El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, le ha insistido a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, sobre la necesidad de que Pedro Sánchez convoque una reunión de la Conferencia de Presidentes, que no se ha reunido aún desde que se volvió a decretar el Estado de Alarma.

Un plan de choque en el que participarían las distintas administraciones, tanto el Estado, como las comunidades autónomas y las entidades locales «en función de su gasto público».

Así se lo ha trasladado esta jueves a la ministra Darías, con quien han mantenido una reunión en Valladolid, en el palacio de La Asunción, en la que también se ha abordado la necesidad de «intensificar» la coordinación entre ambas administraciones en cuestiones como la solución con criterios homogéneos que ha de darse a los trabajadores temporales de larga duración tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE.

Una de las prioridades de la Junta de Castilla y León es garantizar la estabilidad en el empleo y llegar a los porcentajes que se prevén a nivel nacional, para lo que se está haciendo un esfuerzo en las convocatorias de procesos selectivos.

Así, en relación a la necesaria estabilización de los trabajadores temporales de larga duración, la Junta pretende garantizar la consolidación de los profesionales públicos que llevan tiempo ofreciendo su trabajo a la Administración, pero considera que la norma o el procedimiento que garantice esa consolidación tiene que estar liderado por el Estado.

Por otro lado, durante la reunión también se ha abordado la puesta en marcha del Programa de Captación de Talento que tiene como objetivos retener el talento en Castilla y León, divulgar la vocación de servicio público en aprovechando el gran nivel de las universidades y de la Formación profesional Dual de la Comunidad, programa al que se ha pedido al Gobierno que se sume.

Además, la Comunidad ha e Modernización de la Función Pública, financiado por los fondos europeos previstos, así como para acceder a otros fondos que puedan existir para este fin.

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de Andalucía, Elías Bendodo, ha defendido este jueves ante el Pleno del Parlamento que la dotación que se contempla para la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) en los presupuestos de la comunidad para 2021 garantiza el futuro de la cadena autonómica y el mantenimiento de los empleos y ha advertido de que el PSOE-A siempre ha sido el «mayor peligro» para el ente público.

Así se ha pronunciado Bendodo ante el Pleno de la Cámara en respuesta a sendas preguntas formuladas por PSOE-A y Adelante Andalucía sobre la RTVA, en las que han denunciado que los postulados de la «extrema derecha» de Vox se imponen en la cadena autonómica, con un «recorte» de 14 millones de euros en virtud del acuerdo presupuestario firmado por el Gobierno autonómico con ese partido.

El consejero ha señalado que la RTVA contará en 2021 con un presupuesto similar al de este ejercicio, algo más de 140 millones, más otros 3,5 millones para renovación tecnológica. Estas partidas, según ha asegurado, garantizan el servicio público y el mantenimiento del empleo.

Asimismo, ha querido dejar claro que no es función del Gobierno autonómico decir al equipo directivo de la RTVA cómo tiene que gestionar la empresa. Ha indicado que la Junta no interviene en la RTVA, a diferencia de lo que el PSOE y Podemos están haciendo en RTVE.

Ha agregado que el equipo directivo de la RTVA, una vez que se apruebe el presupuesto de la comunidad para 2021, deberá trabajar en un plan de eficacia y eficiencia. Se ha mostrado convencido de que Canal Sur avanzará en la modernización tecnológica y se adaptará al nuevo escenario audiovisual español.

Dirigiéndose al PSOE-A, el consejero ha criticado que ese partido se mostrara en contra de que la Junta transfiera a la cadena 11 millones de euros para cerrar el presente año y, sin embargo, ahora exija que se le aporten diez millones más para garantizar su futuro: «Eso es soplar y sorber el mismo tiempo», según Bendodo, para quien se «retrata la deriva del PSOE-A, que ni está ni se le espera».

Asimismo, ha indicado que el PSOE-A ha sido siempre el «mayor peligro» para la RTVA porque la consideraba «una herramienta más del régimen»: «Eso se acabó y la RTVA es ahora libre y profesional».

En cuanto a Adelante Andalucía, el consejero ha señalado que a los partidos que componen ese grupo parlamentario les «cuesta trabajo comprender» que la RTVA sea un organismo autónomo e independiente, dado que el modelo de Podemos con los medios de comunicación es de «control absoluto.

Por su parte, el diputado del PSOE-A Francisco Conejo ha señalado que su partido lo que rechazaba es que los 11 millones que se transfirieron hace semanas desde la Junta a la RTVA salieran del fondo Covid, que tiene que ir para la sanidad, y plantearon que deberían haber salido más bien de la partida de «propaganda y autobombo» que tiene la Consejería de la Presidencia.

Ha denunciado el acuerdo con la «extrema derecha» para reducir la dotación de la cadena autonómica y que ha tenido el rechazo unánime de toda la plantilla de la RTVA, de sindicatos, del colegio profesional de periodistas, de asociaciones de prensa y del propio consejo de administración de la RTVA, según ha dicho. «Los postulados de la extrema derecha se imponen en Canal Sur», según ha señalado Conejo, quien ha alertado de que se ha firmado realmente «desmantelar Canal Sur». Ha pedido a la Junta que dé marcha atrás en el acuerdo con Vox y garantice un servicio público esencial como la RTVA.

El diputado de Adelante Andalucía Jesús Fernández ha exigido a la Junta que financie justamente la RTVA, porque que está «infrafinanciada». «Les debería dar vergüenza recortar 14 millones en un presupuesto de más de 40.000 millones», según ha señalado, apuntando que en la cadena autonómica se está imponiendo la «ideología rancia» de Vox.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado, tras el Consejo Interterritorial de Salud de la pasada jornada, que es «mejor» tener un marco de actuación para las celebraciones navideñas, aunque sea «difuso», que «no tener nada». Pero aún así se ha mostrado reacio con ciertas «recomendaciones, que no normas» planteadas por el Gobierno central, como las reuniones de «diez allegados».

Tras el Consello de la Xunta, el presidente gallego ha defendido que «lo más seguro», bajo su punto de vista y el criterio del comité clínico que asesora al Ejecutivo autonómico desde el inicio de la pandemia, es «no mezclar unidades convivenciales» –en alusión a distintas familias que comen y pernoctan bajo el mismo techo–, o en todo caso reducir al mínimo (dos) las que se relacionen.

«Nosotros seguimos planteando ser un poco más rigurosos que las recomendaciones que se hicieron en la pasada jornada», ha dicho el presidente, antes de poner el foco en que no tiene tanta relevancia el número de personas como las unidades familiares que entren en contacto. «Seguimos planteando que no debería haber más de dos unidades familiares que se uniesen para celebrar las fiestas y lo vamos a seguir recomendando de forma intensa», ha apostillado.

Feijóo ha esgrimido que al Ejecutivo gallego le parece que, igual que los niños son «vectores de riesgo menores que los adultos», una reunión de «diez personas allegadas, es decir, conocidas», si proceden de distintas unidades familiares, sería «de alto riesgo». Por ello, ha advertido que «se trata de la responsabilidad individual de cada persona o familia para no tentar a la suerte».

Tras subrayar que lo que indica «el diccionario» sobre «allegados» es que se refiere a personas «conocidas» o «amigos» e incidir en que lo que salió del Consejo Interterritorial son «recomendaciones y no normas», ha remarcado que él, aún valorando ese marco «conjunto», aconsejaría a un gallego ser más estricto.

«LO MÁS SEGURO», SOLO CONVIVIENTES

«Aún valorando positivamente la recomendación conjunta, yo le diría a un gallego que lo más seguro es celebrar la fiesta con la misma familia con la que uno celebra los días ordinarios», ha insistido, para añadir que hasta «dos», aún aumentando «el riesgo», a la Xunta le parece asumible.

En este contexto y tras incidir en que los diferentes países han hecho propuestas distintas, ha recalcado que la clave reside en la responsabilidad individual. «Cada uno debe protegerse», ha dicho, antes de insistir en que la propuesta de la Xunta es ser «más estrictos» en la Comunidad.

Pedro Miret, consejero del distrito de Sarrià-Sant Gervasi en el Ayuntamiento de Barcelona, ha reclamado a su partido, Ciudadanos, que celebre unas nuevas primarias en Cataluña para que la militancia escoja al candidato a la Generalitat y ha anunciado su voluntad de postularse contra Carlos Carrizosa, el candidato designado por la Ejecutiva después de que Lorena Roldán, elegida por los afiliados en julio de 2019, renunciara.

En una carta fechada este miércoles 2 de diciembre y a la que ha tenido acceso Europa Press, Miret se dirige directamente a la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, para que reconsidere la decisión de la dirección del partido de no hacer primaras de nuevo, y recuerda que esto mismo fue lo que le pidió por escrito un grupo de militantes, incluido él mismo, el pasado 26 de octubre.

Previamente, en agosto, cuatro diputados del Parlament –Carmen de Rivera, Sergio Sanz, Antonio Espinosa y María Francisca Valle– habían presentado ante la Comisión de Garantías de la formación naranja una denuncia contra el Comité Ejecutivo para exigir la celebración de primarias.

Sin embargo, la cúpula de Ciudadanos siempre ha defendido su decisión de nombrar a Carrizosa, líder de Cs en el Parlament, como aspirante a la Presidencia de la Generalitat, argumentando que lo hicieron para favorecer una posible coalición con el PP y el PSC de cara a las elecciones de febrero, aunque finalmente ninguno de estos partidos ha aceptado.

Además, afirmaban que Roldán, portavoz en la Cámara catalana y en el Senado, decidió conjuntamente con el partido renunciar a su candidatura y en ese caso los Estatutos establecen que la Ejecutiva puede designar al sustituto o sustituta.

YA NO VA A HABER COALICIÓN ELECTORAL

Miret sostiene que las explicaciones que se dieron sobre el cambio de candidato, respecto a la alianza electoral, «han dejado de existir». «No existe, por tanto, causa alguna de las alegadas por el Comité Ejecutivo Permanente, para persistir en la privación del derecho de los militantes a participar en la elección de sus representantes», añade.

En su carta defiende que, «por responsabilidad y valores democráticos, procede abrir un proceso de primarias en Cataluña, respetando los derechos recogidos en los Estatutos de Cs» y «promoviendo los valores de la democracia interna», en lugar de «incurrir en decisiones arbitrarias que pudieren deslegitimar a sus candidatos o incumplir la propia normativa interna con vulneración de los derechos de los militantes».

Así, señala que esas elecciones internas son necesarias para que el candidato que resulte escogido por los afiliados quede «legitimado internamente» y pueda concurrir a los comicios autonómicos con «las máximas garantías de éxito».

A continuación, Miret expresa su compromiso con Ciudadanos y con todos sus militantes y anuncia su voluntad de postularse a las primarias.

EXPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE GARANTÍAS

Por su parte, Jesús Galiano, expresidente de la Comisión de Garantías de Cs que dimitió el pasado 1 de septiembre, ha dicho en un mensaje en Twitter que apoya la realización de primarias en Cataluña y ha mostrado su desacuerdo con la decisión de la Ejecutiva de no celebrarlas.

Galiano, que estaba al frente del órgano que vela por el funcionamiento democrático y transparente del partido y garantiza los derechos de los afiliados, abandonó su cargo el pasado septiembre, poco después de que se diera a conocer que Roldán dejaba de ser la candidata y que Carrizosa la sustituiría.

El secretario general de CC, Fernando Clavijo, ha afirmado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2021 son un «gran fracaso» que crean un «grave daño» a Canarias porque la dejan sin herramientas para afrontar la crisis y convierten el Estatuto de Autonomía y el Régimen Económico y Fiscal (REF) en «papel mojado».

Así lo ha puesto este jueves de manifiesto durante una rueda de prensa en la que ha añadido que se trata del primer presupuesto estatal que se aprueba desde la entrada en vigor del nuevo Estatuto y que lo que se han encontrado los isleños es que «se ha vulnerado» con «el silencio y la bajada de brazos» del Gobierno de Canarias.

Por ello, el nacionalista vio con preocupación que el Gobierno de Canarias «permita e incluso justifique el incumplimiento de nuestro fuero porque supone un precedente alarmante».

Al mismo tiempo, Clavijo rechazó que «no se incluya una dotación, por ejemplo, para cumplir la sentencia de Carreteras ni los convenios», resaltando que «cada convenio que no se firma no es solo inversión que se pierde; son cientos y cientos de puestos de trabajo que no se crean.

«Los Presupuestos para 2021 son un cuento en el que Canarias no cuenta. No cumplen nuestros derechos históricos ni contemplan los recursos para que las islas afronten la peor crisis de este siglo», aseveró.

Para Clavijo, queda acreditado que «el Gobierno nos trata de engañar cuando asegura que nos manda 5.500 millones; es la misma cantidad que nos transfiere todos los años para financiar los servicios públicos y no hay ni una medida excepcional para hacer frente al cero turístico ni recursos adicionales para sostener a un territorio con más del 60% de sus trabajadores en paro o en un ERTE».

«No vamos a ser cómplices con los Presupuestos con un Gobierno que nos ha mentido en la gestión de la crisis migratoria –continuó– y que nos ha dado la espalda a la hora de buscar soluciones para afrontar la crisis económica. No vamos a serlo porque no es verdad que haya más dinero en los presupuestos para las islas».

Por otro lado, ha hecho un llamamiento a los senadores socialistas canarios para que «sean valientes, levanten la mano para defender a Canarias» y se puedan incorporar enmiendas que mejoren la posición de las islas».

En este sentido, recordó Clavijo que en el Senado Coalición Canaria volverá a presentar las más de 140 enmiendas que los nacionalistas presentaron en el Congreso «porque no vamos a dejar de pelear hasta el último minuto».

«Les pedimos que no ocurra lo que ayer vimos en el Senado» cuando comprobamos que «los votos de los socialistas canarios eran decisivos para evitar un daño irreparable al sector del plátano canario y a las rentas de los agricultores, a nuestro medio ambiente y a nuestro paisaje», insistió.

El PPCV y Ciudadanos han reprochado al ‘president’, Ximo Puig, y a la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, que hayan tardado semanas en reunirse, tras mantener discrepancias, y en medio de la crisis sanitaria. La presidenta de los ‘populares’, Isabel Bonig, la lamentado que «es un gobierno que está peleado en la mayor crisis» mientras que la portavoz adjunta de Cs, Ruth Merino, ha considerado que es «como la primera temporada de una serie mala que estás esperando a que acabe».

Así lo han indicado tras el encuentro mantenido este miércoles entre Puig (PSPV) y Oltra (Compromís) a cuenta de sus diferencias por el presupuesto de la Conselleria de Igualdad y las restricciones contra la pandemia. Ambos acordaron volver a convocar la comisión interdepartamental contra el coronavirus que lleva sin reunirse desde marzo e incluir a las consellerias de Educación y Políticas Inclusivas en el órgano que centraliza las emergencias, el CECOPI.

Bonig, en rueda de prensa, ha aludido a la reunión entre Puig y Oltra al lamentar «la reducción de la inversión extranjera en la Comunitat Valenciana», defender una armonización fiscal a la baja con reducción de impuestos y abogar por la seguridad jurídica.

A su juicio, el Botànic (PSPV-Compromís-Unides Podem) es «un gobierno que está peleado», algo que cree que influye a la hora de captar inversiones, y la vicepresidenta portavoz ha reconocido «públicamente que lleva ocho meses sin hablar con el presidente». Ha advertido que esta circunstancia se ha dado «en medio de la mayor crisis sanitaria, económica y social».

La presidenta del PPCV se ha pronunciado de este modo tras reunirse con el presidente de la Diputación de Alicante y presidente del PP en esta provincia, Carlos Mazón, también portavoz de este partido en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, para abordar iniciativas fiscales en los municipios gobernados por los ‘populares’.

Mazón ha aludido al encuentro entre Puig y Oltra al lamentar que los miembros del Consell no hablen de «lo necesario: de lo mal que se está gestionando la sanidad y los centros de tercera edad», así como «de la carga fiscal que se está imponiendo a los ciudadanos y de cómo podemos afrontar la situación económica».

En este contexto, ha resaltado que sea «noticia» que era el presidente de la Generalitat y su vicepresidenta se reúnan: «Me sorprende. Si yo no me reuniera con la vicepresidenta, de Ciudadanos, de la Diputación de Alicante sería noticia pero aquí la noticia es que se reúnen».

Ha resaltado que haya trascendido que «la máxima responsable de la atención a la tercera edad desde marzo no acude, porque no es miembro ni se convoca, al consejo de gobierno para luchar contra la Covid». «Ese consejo, desde marzo, estaba sin reunirse», ha criticado.

«PASIÓN DE CONSELLERS»

En la misma línea, la diputada ‘naranja’ ha rechazado esta reunión «de la que no se sabe demasiado porque parece que fue discreta» y ha reiterado la afirmación del síndic de Cs, Toni Cantó, de que son los protagonistas de la serie «pasión de consellers». «Es como una serie mala que esperas a que acabe para dejar de perder el tiempo en estas cosas», ha ilustrado en declaraciones en Les Corts.

Ha exigido, por contra, que Puig y Oltra «se pongan a trabajar y tomen las decisiones importantes sobre el día a día y no estén con estas disputas y episodios de celos y envidias». «Ellos sabrán, no nos interesan», ha enfatizado reclamando que «las peleas internas las dejen para el interior del gobierno».

Dicho esto, la representante de Cs ha deslizado que fue un encuentro «un poco forzado y algo pensado en que tienen que hacer algo porque se estaba hablando demasiado» de sus discrepancias. «Y luego dicen que el Botànic sale ‘més fort que mai'», ha ironizado, «a los pocos días vuelven a las andadas y volvemos a ver esas grietas».

Los grupos del Gobierno de las Comunidad valenciana han rechazado la enmienda de Cs a la ley de medidas fiscales de 2021 para reducir medio punto el tramo autonómico del IRPF para las rentas inferiores a 50.000 euros, al considerar que supone «algo parecido a lo de Ayuso» en Madrid. Mientras, Ciudadanos pretende negociar «hasta el final para que entren en razón» y esta bajada de impuestos permita incentivar el consumo.

Se trata de una de las propuestas que ha pasado este jueves por la comisión de Economía de Les Corts y que Cs mantiene ‘viva’ para el pleno de antes de Navidad donde se votará esta ley conocida como de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat.

«Hasta que no se vote no se sabrá», ha remarcado la portavoz ‘naranja’ Ruth Merino en declaraciones en pasillos, además de defender que «es algo serio que se tiene que hacer con rigor y calma» y que espera receptividad por parte del PSPV en materia de impuestos.

A su juicio, la bajada del IRPF es algo que está en la mano del conseller de Hacienda, Vicent Soler, y supondría un ahorro de 196 millones. «Subir los impuestos a los ricos no funciona, nos convertimos en la comunidad con los tramos más altos», ha alertado en el debate el diputado de Cs Tony Woodward, para ironizar que «no quedan letras para más deducciones».

Su objetivo es que la Comunitat imite la «estrategia fiscal» de comunidades como Madrid o Andalucía (PP-Ciudadanos) que «se ha demostrado en números que funciona al reducir el déficit y conseguir más riqueza».

Pero tanto los socialistas como sus socios de gobierno, Compromís y Unides Podem, han defendido las medidas acordadas conjuntamente en materia fiscal y han advertido que bajar los tramos acaba beneficiando a las rentas más altas.

El síndic del PSPV, Manolo Mata, ha asegurado que no cree que la enmienda de Cs «vaya a prosperar» y que «las rentas de menos de 50.000 euros ya pagan menos impuestos que en la etapa del PP» antes de 2015, además de apuntar que «bajar los tramos beneficia a los más ricos, los que ganan más de 175.000».

También ha destacado la propuesta de los tres grupos para profundizar en la reforma fiscal de 2017 con bonificaciones en ayudas al alquiler para jóvenes, mujeres maltratadas o para discapacitados. «Tenemos una buena ley para un futuro post-pandemia», ha aseverado a los periodistas, remarcando que el Botànic sigue debatiendo mejoras.

«EN ESO NO VA A ENTRAR EL BOTÀNIC»

De Compromís, su portavoz, Fran Ferri, ha coincidido en que «la propuesta del Botànic es la correcta» mientras la de Cs «es injusta porque viene a beneficiar a los que más ganan en detrimento de los ciudadanos». Supondría, según él, que la Generalitat se encontraría con un «agujero» de cien millones que pagan las rentas más altas y que habría que despedir a 2.000 sanitarios».

«En eso no va a entrar el Botànic», ha recalcado, y ha añadido que no van «a entrar en el juego de Ciudadanos de una bajada de impuestos al estilo de Madrid, de las comunidades que menos invierte en sanidad y educación pública». Es más, ha tachado de incoherente que presenten «una amplia reforma fiscal» y que luego les critiquen a ellos por hacer lo mismo.

Y de UP, su síndica, Naiara Davó, ha invitado a la oposición a apoyar la reforma fiscal del Botànic que «beneficiará al 99% de los valencianos gracias a que aporten un poco más los más ricos y sean corresponsables de la reconstrucción», con un nuevo impuesto a propietarios de pisos vacíos para movilizar vivienda. Cs, a su juicio, «propone lo contrario: una reforma regresiva parecida a la política fiscal de Ayuso».

EL PP CREE QUE EL BOTÀNIC DECEPCIONA

Entre el resto de la oposición, el PP ha rechazado de nuevo la ley de acompañamiento porque «el Botànic vuelve a decepcionar utilizándola para sus obsesiones y fanatismos» al incluir tasas y cambios legales que creen que deberían hacerse por separado como «el clásico de parchear la LOTUP» o «priorizar las comarcas sobre las provincias». «Les resulta muy goloso utilizar los recursos de los valencianos en su beneficio», ha atacado su portavoz adjunta, Eva Ortiz.

Sus enmiendas se centran en la eliminación de todas las nuevas tasas y «chiringuitos innecesarios» como el Instituto Valenciano de Estadística, junto a propuestas como la incompatibilidad de que los altos cargos de la Generalitat trabajen en ayuntamientos. «Somos capaces de negociar, volvemos a tender la mano», ha afirmado la ‘popular’.

Desde el PSPV, el síndic Manolo Mata ha agradecido el «cambio del tono» del PP al pactar algunas enmiendas y ha defendido: «Todos tenemos que hacer un cambio porque la pandemia lo ha cambiado todo».

Respecto a las enmiendas del PP, ha reprochado que «resulta sangrante» que hablen de «chiringuitos y enchufados», y ha criticado la propuesta de prorrogar la concesión del Hospital de Torrevieja a Ribera Salud, ya que cree que, de continuar con el modelo de concesión, debería convocarse un concurso. No obstante, ha remarcado que no mantendrán este modelo y volverá a la pública.

Por su parte, el portavoz adjunto de Vox, José María Llanos, ha afirmado que las medidas del Botànic «no van en la dirección de disminuir el gasto público», ya que «cada año lo aumentan más». «Todo esto son servicios que están robando a los valencianos», ha aseverado.

Además, ha criticado la «inseguridad jurídica» que, a su juicio, generan varios aspectos de la ley, y ha criticado la creación de organismos como el Instituto Valenciano de Estadística. Es un organismo para que coloquen gente«, ha manifestado, y ha asegurado que el PP «hizo bien en eliminarlo» en 2011.

Ante esto, la síndica de Unides Podem, Naiara Davó, le ha afeado que «se ha pasado más tiempo criticando la ley de medidas que sus medidas» y ha criticado que «no ha explicado las razones para que se aprueben» sus enmiendas.

Ha asegurado que las enmiendas de Vox «han propuesto la derogación de 12 leyes», algo que «sí atenta contra la seguridad jurídica». «Todo lo que están presentando es una auténtica barbaridad», ha aseverado, y ha tildado las propuestas de la formación de nostálgicas y franquistas: «Pretenden suprimir toda la legislación propia desde el 83».

El Congreso ampliará este domingo su perímetro de seguridad, alejando así la presencia de público, al haber decidido celebrar el acto central del Día de la Constitución en el exterior del palacio, concretamente en la Puerta de los Leones, en vez del escenario habitual del Salón de Pasos Perdidos. Este amplio cordón policial alejará al público y evitará también posibles aplausos o abucheos de los ciudadanos al paso de los políticos.

Así, se prevé que a partir de las diez de la mañana del próximo 6 de diciembre se corte el tráfico de vehículos y de personas en todos los accesos a la Carrera de San Jerónimo para blindar así la seguridad del acto institucional.

Esta ceremonia tiene lugar en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso, donde cada año suelen darse cita en torno a 700 invitados entre miembros del Gobierno, las más altas autoridades del Estado, así como diputados y senadores. En ese contexto era habitual la presencia de público a lo largo de la Carrera de San Jerónimo aplaudiendo o abucheando a los políticos a su llegada o salida de la Cámara.

Sin embargo, las restricciones del aforo que ha traído consigo el Covid han obligado al Congreso a sacar al exterior este acto con motivo del cuadragésimo segundo aniversario de la Constitución para garantizar la asistencia de esa representación, con la correspondiente distancia de seguridad, así como reducir el número de invitados. Se espera en torno a 200, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

Por primera vez la celebración de esta efeméride tendrá lugar en la escalinata de la Puerta de los Leones, donde la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, leerá su tradicional discurso y donde se darán cita, además, la presidenta del Senado, Pilar Llop, los miembros de las mesas de ambas Cámaras, el Gobierno, con Pedro Sánchez a la cabeza, y los presidentes del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre otras autoridades.

En consecuencia, se ha decidido aplicar un dispositivo especial de seguridad, similar a los aplicados en días como la apertura solemne de las Cortes que preside el Rey y que incluyen una parada militar, según precisan las fuentes consultadas.

De ese modo, se ampliará el perímetro protegido cortando la Carrera de San Jerónimo entre la calle Cedaceros hasta la conocida como Plaza de Neptuno, así como en la Plaza de las Cortes y en las calles adyacentes al Palacio del Congreso. La ampliación del cordón policial impedirá, por tanto, la presencia de público en la Carrera de San Jerónimo a la llegada o salida de los políticos.

La Fiscalía ha mantenido este jueves la pena de 18 años de cárcel que solicita para el nigeriano de 39 años acusado de abusar en Mallorca de menores, muchas de ellas tuteladas, a las que presuntamente hacía regalos o les pagaba a cambio de mantener relaciones sexuales.

La Audiencia Provincial de Baleares ha concluido este jueves el juicio tras celebrar una primera sesión en noviembre, que tuvo que interrumpirse porque una de las menores -cuyo testimonio se considera clave en la prueba- se negaba a comparecer. Se trata de una chica que presuntamente fue víctima de abuso sexual por parte del acusado cuando tenía 14 años, y este delito es el que lleva aparejada la pena más alta de los que se le imputan.

La menor ha admitido que mantuvo relaciones completas con el hombre a cambio de dinero, pero ha negado que el acusado la forzara, contradiciendo la declaración que prestó ante la Guardia Civil durante la investigación.

La chica ha confirmado que conoció al acusado a través de una amiga. Inicialmente ha dicho que le pidió el número del hombre a su amiga porque le «apetecía conocerlo», y su amiga le había «hablado bien» de él, pero ante la insistencia de la Fiscalía ha terminado admitiendo que esperaba obtener dinero de él.

«Me comentó que podía conseguir dinero, lo necesitaba y fui», ha declarado la menor, que inmediatamente ha añadido que le dijo al hombre que era mayor de edad. La chica ha explicado que cogió un taxi y fue a un hotel de Magaluf a encontrarse con el acusado, que la recibió en la entrada y la llevó hasta la habitación. También ha indicado que consumió cocaína que «ya estaba allí».

Sin embargo, se ha negado a concretar en qué consistió el encuentro con el acusado: «No quiero entrar en detalles», ha dicho.

Entre las pruebas figura una foto que la joven se habría tomado ese día con otra chica en un jacuzzi de ese mismo hotel, enseñando billetes. La adolescente ha rechazado que la cantidad a cambio de mantener relaciones fueran 3.000 euros, y ha dicho no recordar la cantidad que aparece en la fotografía. «Tampoco me puse a contarlos», ha espetado.

Por otra parte, ha negado haber contado nada de esto a una educadora de su centro de protección. La trabajadora declaró que la chica llegó al centro al día siguiente muy afectada, que le dijo que había ocurrido algo terrible y que pidió que le administraran la píldora del día después. Este jueves, la menor ha vinculado tal comportamiento a «un bajón» después de haber consumido droga, y ha rechazado haber contado «nada a nadie» sobre este episodio.

El acusado fue detenido en compañía de dos chicas, una menor de edad, en un hotel en Calvià. La Guardia Civil fue estrechando el cerco y estuvo vigilando a diario las bases de datos de hospedería para detectar si se alojaba en hoteles de Mallorca.

LA FISCALÍA CREE QUE VARIAS DE LAS CHICAS HAN MENTIDO

En su informe final, la Fiscalía ha sostenido que las chicas han intentado «proteger» en sus declaraciones al acusado por distintos motivos: por «miedo», presiones de otras chicas implicadas, y porque supone «perder su fuente de ingresos» y de «acceso a drogas». También cree que se debe a una «falta de conciencia sobre la gravedad de los hechos».

En un momento de la vista, la Fiscalía ha interrumpido el interrogatorio afirmando que la testigo estaba «mintiendo». De hecho, ha preguntado directamente a la menor por qué ha cambiado tantas veces su declaración a lo largo de la investigación.

Entonces, la menor ha reconocido que a la Guardia Civil le dijo cosas «que no fueron verdad» porque no le «pillaba en buen momento» y que ahora ha «rectificado». Además, ha expresado desconfianza hacia el agente con el que habló: «Quería sacarme información».

A pesar de todo ello, la Fiscalía cree que hay pruebas suficientes para sostener la acusación, gracias a otros indicios, como los mensajes de WhatsApp intervenidos y las declaraciones de otros testigos.

Durante el alegato final ha destacado, entre otros argumentos, que el hombre sólo se encontraba con ellas para mantener relaciones, con un interés económico de por medio, «en habitaciones de hoteles en la más absoluta clandestinidad».

REBAJA A DOS AÑOS LA PENA PARA EL OTRO ACUSADO

Por otro lado, la Fiscalía ha rebajado a dos años de cárcel la pena que se pide para el otro acusado, un español de 64 años que reconoció que varias veces dio a las víctimas billetes de 20 o 50 euros o les invitó a cenar o al cine, a cambio de prácticas fetichistas en las que él actuaba como ‘esclavo’ y las chicas como sus ‘amas’. Inicialmente se pedían cinco años para él.

Los dos acusados aseguraron que no sabían que las chicas eran menores de edad. La Fiscalía sólo ha apreciado la atenuante de error vencible para el acusado con el que se ha llegado a un acuerdo. Lo mismo ha ocurrido con la de reparación del daño, a pesar de que los dos hombres han consignado indemnizaciones.

La Fiscalía ha rechazado la tesis del nigeriano porque mantiene que constan conversaciones que demostrarían que siguió teniendo contacto con las chicas después de saber que eran menores, o pudiendo deducirse por las alusiones a los centros en los que residían.

SUGIERE QUE LE HAN DADO UN TRATO DIFERENTE POR EL COLOR DE SU PIEL

En su turno de última palabra, el hombre ha protestado porque considera que se le ha dado un trato diferente que al otro acusado, y ha insinuado que se debe al color de su piel. Además de esto, ha pedido perdón por sus actos y ha manifestado que desea hacer un curso de educación sexual «para no seguir haciendo este tipo de cosas».

Igualmente, el hombre ha asegurado que nunca quiso «hacer daño a ninguna de esas chicas» y que jamás las forzó, y ha reiterado que le «engañaron» diciéndole que eran adultas. «Una vez casi me matan metiendo droga en mi bebida», ha afirmado.

Su abogado ha pedido que los hechos se consideren cuatro delitos de corrupción de menores o un delito continuado, con una pena de un año y ocho meses o alternativamente un año y un mes.

La defensa ha asegurado que uno de los encuentros que se le imputan con la más pequeña de las víctimas «no ha existido» y que, respecto a la noche de los presuntos abusos, era factible que creyese que era mayor de edad por su aspecto.

Además, el abogado ha criticado el sistema de protección de menores. «Todos deberíamos irnos muy preocupados por el funcionamiento de los centros de menores en esta Comunidad Autónoma», ha dicho, incidiendo en que no hubo «ningún control» sobre las chicas y sus actividades. «Esto es la selva, nadie las busca», ha añadido.

VÍNCULOS CON OTROS CASOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL DE MENORES

Fuentes próximas al caso han indicado a Europa Press que el testimonio de la menor este jueves se consideraba especialmente importante debido a que está vinculada a otros casos de explotación sexual de menores tuteladas, actualmente bajo investigación en Mallorca.

De hecho, durante la sesión ha trascendido una investigación paralela sobre una presunta violación a esta menor en una ‘casa okupa’ de Palma, pero, al parecer, lo ocurrido en este caso ha dificultado las pesquisas en el otro. Según la Guardia Civil, la menor esperaba de los agentes que la mantuvieran informada de los avances y que la avisaran de si iban a detener al sospechoso. Al no hacerlo «se sintió defraudada» y ya no ha querido colaborar con ellos.

Este juicio no deriva de la pieza conocida como el ‘caso Corea’, que saltó a la opinión pública tras una violación grupal en diciembre de 2019 a una menor tutelada por el Consell de Mallorca. Los hechos que se han enjuiciado ahora en la Audiencia son anteriores, aunque cercanos en el tiempo.

Desde el estallido de la polémica por el caso de Camp Redó, éste es el primer caso relacionado con explotación sexual de menores tuteladas en Mallorca que llega a juicio.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha celebrado este jueves la aprobación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021 y ha dado las gracias a las 11 formaciones que los han respaldado y, en concreto, a ERC y EH Bildu, por dejar a un lado sus intereses «partidistas» y ofrecer un apoyo que ha calificado como «muy importante».

Eso sí, la ministra ha defendido que aunque van trabajar para «consolidar» la mayoría que ha hecho posible que los Presupuestos salgan adelante –y que ahora continúen su tramitación en el Senado–, no renuncian a ampliar esa mayoría en la medida de lo posible, y sumar formaciones que se han quedado fuera, como Ciudadanos.

Así lo ha asegurado en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Congreso tras superar las cuentas públicas su tramitación en la Cámara Baja, en la que ha sido preguntada sobre si descartan futuras alianzas con el partido de Inés Arrimadas, y sobre si el Gobierno considera ya a ERC y EH Bildu sus socios prioritarios.

PNV SÍ ES SOCIO PRIORITARIO

Montero no ha querido asumir esta terminología para referirse a estos dos partidos, y ha señalado que, por ejemplo, lo que entienden por socio prioritario es la relación que tienen con el PNV, que apoya «prácticamente» todos los proyectos que impulsa el Ejecutivo y que, por lo tanto, siempre se cuenta con ellos para dialogar y buscar su compromiso.

«ERC y Bildu apoyaron la investidura. Por tanto, desde el primer momento el bloque de la investidura ha sido también un bloque primero al que se ha llamado para poder dialogar, pero para el Gobierno esta posición no es excluyente con que otras formaciones se incorporen», ha ahondado.

En este sentido, ha insistido en que el Gobierno va a seguir «huyendo de los vetos cruzados» y apelando al «pacto constitucional» para sumar al mayor número de formaciones posible.

Eso sí, la titular de Hacienda ha reconocido a continuación, y tras criticar la postura del PP y también la decisión de Ciudadanos de apartarse finalmente de la mayoría, que el apoyo de ERC y Bildu «ha sido muy importante». «Quiero agradecer a ambas formaciones el compromiso con estas cuentas públicas», ha afirmado.

«En especial quiero agradecer el interés y que todos hayamos pospuesto nuestros intereses partidistas», ha apostillado, antes de dejar claro que en las negociaciones no han hablado de «filosofías» ni del «esquema» que cada uno quiere para España, sino exclusivamente de partidas presupuestarias.

RESPONSABILIZA A CS POR QUEDARSE FUERA

Sobre esa decisión de Ciudadanos de negarse finalmente a apoyar las cuentas, a pesar de que llevaban meses negociando con el Gobierno sobre los PGE, Montero ha defendido que la responsabilidad recae únicamente sobre el partido naranja, y que se debe a cuestiones «políticas».

«Ha sido una decisión de Ciudadanos lo que les ha excluido por mucho que quieran decir», ha asegurado, tras criticar que sus argumentos se basaran en la enmienda a la nueva ley de educación que eliminaba el castellano como lengua vehicular en Cataluña, y en el apoyo de ERC y Bildu a las cuentas; todo ello, «cuestiones que nada tiene que ver» con los PGE según Montero.

No obstante, ha añadido que quedan tres años de legislatura y que habrá muchos proyectos por delante para los que el Gobierno buscará todos los apoyos posibles. «Ojalá en el futuro podamos sumar todavía más formaciones al acuerdo que en el día de hoy», ha insistido.

«Hay mucha legislatura por delante, tenemos muchos proyectos que sacar, vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho desde el primer día. El resto de formaciones que no han votado siguen estando invitadas a participar de la construcción del país», ha recalcado.

Más País registrará una enmienda en el Senado para tratar de incluir de nuevo en los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene el despliegue de un proyecto piloto para reducir la jornada laboral a cuatro días, después de conocer que el Gobierno haya reconocido que lo está estudiando.

Así lo ha indicado el diputado en el Congreso Íñigo Errejón para calificar de «buena noticia» que el Ejecutivo esté analizando esta iniciativa promovida por Más País y Equo, pese a que no fue posible introducirla por vía enmienda en el Congreso.

Errejón ha explicado que la modificación presupuestaria busca desplegar un proyecto piloto que ayude a transitar a una jornada laboral de cuatro días o de 32 horas, medida que ya ha sido aprobada en Valencia y se ha puesto en marcha.

En este sentido, ha destacado que esta iniciativa es positiva para tanto para la salud, pues permite mayor conciliación, como para el medio ambiente, al reducirse los gastos de efecto invernadero por la caída de desplazamientos.

Pero sobre todo, ha ahondado Errejón, es positiva para la economía porque incentiva mayor productividad de los trabajadores y, a la vez, contribuye a generar más riqueza y empleo.

A tenor de que el Ministerio de Trabajo lo está estudiando y al quedar el trámite parlamentario de la Cámara Alta, la formación (por medio del senador de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño) va a registrar la misma enmienda presentada en el Congreso. Así, el diputado ha destacado que el Gobierno tendrá la ocasión de «votar a favor de lo ya aprobado en Valencia para España» e ir avanzando en la reducción de jornada.

EL GOBIERNO DESVELA QUE ESTUDIA LA MEDIDA

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha defendido este jueves la necesidad de abordar un debate sobre el tiempo de trabajo que incluya elementos como la reducción de la jornada laboral, el control de las horas extraordinarias, el derecho a la desconexión y la conciliación de la vida laboral y familiar.

Previamente, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, desveló que el Gobierno está «estudiando» la aplicación de la jornada laboral de cuatro días que, a su juicio, «podría favorecer sin duda la creación de empleo».

ENMIENDA DE MÁS PAÍS

La enmienda presupuestaria presentada por la formación que lidera Íñigo Errejón en el Congreso planteaba destinar una cantidad de 50 millones de euros para estos incentivos, que se nutrirían del fondo de Recuperación y Resiliencia.

Con ello, se persigue ayudar a las empresas que ensayen la iniciativa a complementar esa reducción de jornada hasta que se consolide el incremento de producción derivado del mayor rendimiento del empleado con este modelo. La Comunidad Valenciana tiene previsto desplegar en su ámbito territorial una iniciativa similar.

Este Complemento de Reducción de Jornada permitiría la jornada de cuatro días sin reducción de salario de los trabajadores y la enmienda propone una línea de ayudas plurianuales gestionadas por las comunidades autónomas.

Una alusión del portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Alejandro Hernández, en el Pleno de la Cámara al «invento» de la patria andaluza, «con su padre y todo», ha desencadenado este jueves un nuevo cruce de reproches entre la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, y el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno.

Ha sido en la sesión de control al Gobierno andaluz, en el Pleno del Parlamento, dos semanas después del incidente en ese mismo espacio que también tuvo entre sus protagonistas a Susana Díaz –que acusó a Moreno de haber pactado con los «herederos del franquismo», en alusión a Vox–, y el portavoz de dicho grupo, Alejandro Hernández, que tras esa referencia pidió la palabra visiblemente molesto en el Pleno sin que la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet, se la concediera, tras lo que los diputados de Vox decidieron abandonar la sesión.

En esta ocasión, la polémica ha surgido durante la pregunta que Alejandro Hernández le ha trasladado al presidente de la Junta, y que estaba centrada en la conocida como ‘Ley Celaá’, la reforma educativa impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

El portavoz de Vox ha aludido a la «retirada del español como lengua vehicular de la enseñanza» que se refleja en la Lomloe, y ha comentado que eso «en Andalucía no parece que pueda llegar a ser un problema, más allá de los desvaríos de algunos orates que defienden que el acento andaluz convierte este habla en una lengua propia».

«Daría para mucha discusión la poda de este jardín, y no es este el momento ni la ocasión, pero no nos descuidemos, si se ha inventado una patria con su padre y todo, más fácil sería hacer algo similar con el idioma», ha apostillado el portavoz de Vox, aludiendo así a Blas Infante, reconocido en el Estatuto de Autonomía como ‘padre de la patria andaluza’.

Posteriormente, cuando le ha tocado el turno a Susana Díaz en la sesión de control al Gobierno, la dirigente socialista ha reprochado a Juanma Moreno que no haya defendido a la figura de Blas Infante «ante la extrema derecha».

«La dignidad del pueblo andaluz se defiende no poniendo la dignidad del Gobierno de la Junta en manos de la ultraderecha y no tolerando a esa ultraderecha faltar al Estatuto», ha sentenciado Susana Díaz, que además ha denunciado que Moreno «rompe el espíritu del 4 de diciembre» al centrar sus esfuerzos y sus políticas en «contentar» a la «ultraderecha» que «aporrea micrófonos, insulta al adversario y jalea a un grupo de militares nostálgicos del franquismo».

Susana Díaz ha aprovechado para reivindicar el aniversario de las movilizaciones ciudadanas por la autonomía del 4 de diciembre de 1977 y la «historia de éxito» del autonomismo andaluz, marcado por «la superación y por la defensa de valores propios de política social, igualdad, tolerancia y solidaridad».

Por su parte, el presidente de la Junta ha respondido a la líder socialista que «cada día que va pasando en estos dos años estamos viendo la enorme incapacidad para hacer oposición» al Gobierno de PP-A y Cs que tiene Susana Díaz.

«Cuando lo único que tiene que traer aquí cada semana para hacerme oposición es Vox, atacar a Vox» y estar «permanentemente obsesionada con Vox, es que tiene poco que aportar a Andalucía», ha argumentado el presidente de la Junta, quien ha trasladado a Susana Díaz que con esa actitud «no va por buen camino para sus intereses, ni para los del PSOE ni para Andalucía».

El presidente de la Junta y del PP andaluz, Juanma Moreno, ha asegurado este jueves que «todavía es pronto» para plantear la posibilidad de listas conjuntas de su partido y Ciudadanos (Cs) en las próximas elecciones autonómicas porque «dos años es una eternidad en política» y ha defendido que cuando lleguen esos comicios «habrá que ver qué es lo más interesante desde el punto de vista electoral y en qué condiciones se podría producir».

Moreno se ha pronunciado de este modo en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, un día después de que el vicepresidente de la Junta y líder de Cs en Andalucía, Juan Marín, abriese es la puerta a que la formación naranja y el PP concurran conjuntamente en las próximos comicios autonómicos asegurando que «somos un solo gobierno y cuando lleguen las elecciones seremos dos partidos sin descartar ninguna opción». Este jueves la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha descartado por completo esta posibilidad en declaraciones a RNE.

«Todavía es pronto para anticiparse a esa posible decisión porque quedan dos años y dos años es una eternidad en política, pero es verdad que el nivel de sintonía que hay en el Gobierno andaluz entre Cs y PP es de una complicidad casi plena y eso facilita muchísimo las cosas, que los ciudadanos perciban que hay un solo gobierno y que la acción del gobierno sea más eficiente, coordinada y cohesionada», ha reconocido el jefe del Ejecutivo andaluz.

Acto seguido, Moreno ha añadido que «de aquí a esa ‘Andalucía’ Suma habrá que ver cuando lleguen esas elecciones qué es lo más interesante desde el punto de vista electoral y en qué condiciones se podría producir» antes de insistir en que «ahora mismo me parece todavía mucho tiempo por delante como para tomar esas decisiones».

En cualquier caso, el presidente del PP-A ha querido dejar claro que su partido «no quiere ocupar espacios de nadie», sino que aspira a «ocupar nuestro espacio natural, que yo siempre he defendido, soy una persona centrista, moderada, que creo que hay una escala de matices en todo en la vida y por tanto hay que romper con esos frentismos antagónicos que se están viviendo en los últimos tiempos».

«Lo que queremos desde el Gobierno andaluz es ocupar ese espacio de centralidad, puede ser que algunos líderes de Cs lo vean como una ocupación, pero yo creo que es el espacio natural donde nos sentimos cómodos en el PP, con Cs en el Gobierno, y donde creo que hay un futuro de colaboración y cooperación entre ambas formaciones políticas muy interesante a medio y largo plazo», ha concluido Moreno.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha informado en el Consejo de Gobierno de este jueves sobre la tramitación del Anteproyecto de Ley de Garantías a las personas con discapacidad, que busca dar «tranquilidad y seguridad» en el que es el proyecto de vida de estas personas y hacer frente a los nuevos retos que surgen, como es el hecho de que ahora quienes tienen alguna discapacidad sobreviven a sus padres.

Así lo ha explicado Blanco, que ha comparecido en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno junto al portavoz y vicepresidente, Francisco Igea, y la consejera de Sanidad, Verónica Casado, quien ha dado cuenta de la evolución de la pandemia de coronavirus en la Comunidad.

Al respecto, Isabel Blanco ha explicado que este anteproyecto «surge de la demanda de las familias» y del compromiso de la Junta con las personas más vulnerables y que tienen algún tipo de discapacidad, más de 178.000 personas en Castilla y León, el 7 por ciento de la población.

Y es que este anteproyecto «da una garantía legal» a la atención centrada en las personas con discapacidad ya que se garantiza que puedan participar y decidir sobre su propia vida fomentando la autodeterminación, para lo que se establece un servicio de apoyo técnico, y se garantiza que cuando fallezcan sus padres o cuidadores, sigan recibiendo la atención que precisan.

La Ley incluye varios aspectos como la atención centrada en la persona, la continuidad de apoyos, la promoción de la autonomía personal y la ética como base del modelo de atención primando el reconocimiento de la dignidad de la persona y sus valores, así como el derecho que debe tener toda persona con discapacidad para tomar decisiones sobre su propia vida.

Para ello, se establece un sistema de apoyos planificado y de futuro, que seguirá vigente incluso cuando falten sus familiares o tutores, y que se elaborará con el asesoramiento de un profesional de referencia contando con la familia, conforme a los deseos y preferencias de la personas con discapacidad.

Asimismo, Isabel Blanco ha explicado que se han incluido cuatro apartados en este anteproyecto de ley que coinciden con las etapas de la vida como son la ‘Atención temprana’, en los primeros años de vida, una prestación que es universal en Castilla y León y que llega en estos momentos a 3.216 menores de 0 a 3 años; o el paso de la etapa educativa a la laboral y vida adulta, con la atención en un centro de día que da continuidad al sistema educativo y al proceso de integración social y laboral.

La tercera etapa es la transición del trabajo a la jubilación a través del envejecimiento activo para que, a pesar de que falten sus familiares, las personas con discapacidad puedan envejecer de forma saludable y puedan seguir viviendo donde ellas deseen o permanecer en el entorno donde han desarrollado su proyecto vital, y la última etapa son las transiciones vitales profundas que generan desamparo personal por la pérdida de los apoyos familiares y que garantiza que estas personas tendrán prioridad en el acceso a las prestaciones esenciales.

Se espera que este anteproyecto se tramite y pueda ser aprobado en las Cortes el próximo año.

Decenas de vecinos y, sobre todo, vecinas de Cañada Real se han plantado ante la sede de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, ante la falta de suministro eléctrico continuado desde hace 65 días reclamando a las administraciones y a Naturgy los mismos derechos que tiene el resto de la ciudadanía porque son «gente trabajadora» que está «enfermando».

‘Queremos pagar la luz. Solución ya’, ‘Hartos de sobrevivir, queremos vivir’, ‘Algo falla en la humanidad cuando gritamos por nuestros derechos’ o ‘La Cañada no es droga’ son algunos de los lemas de las pancartas que se han dado cita en Sol, acompañados por velas. Reclaman la vuelta del suministro eléctrico de forma continua y permanente.

La protesta ha sido convocada por la asociación vecinal Alshorok y la del Sector 5, la asociación Tabadol, AMAL (Asociación de Mujeres Árabes Luchadoras) y Comisión por la Luz Sector 6.

Fue el pasado 2 de octubre cuando se produjo un corte en el suministro eléctrico a raíz del enganche a la red de grupos dedicados al cultivo de mariahuana. Ha dejado sin luz de forma intermitente a las 900 familias que en la actualidad viven en el Sector 6 de la Cañada Real, el más vulnerable de este ámbito.

Luzma es vecina del Sector 6 y miembro de AMAL y de la Comisión. Ha explicado a Europa Press que llevan 65 días sin suministro eléctrico wn sus hogares. «Hemos tocado la puerta de Naturgy, ninguna explicación. Hemos tocado la puerta de Comisionado de la Comunidad, ninguna explicación, en el Ayuntamiento, igual. Con el Defensor del Pueblo, ninguna explicación», ha enumerado.

«ESTAMOS ENFERMANDO»

Hoy por hoy conviven con «niños, ancianos, gente enferma que tiene que estar enganchada a la luz. «Somos un barrio más, nos sentimos como todo el mundo, con derecho a tener suministro en casa. Conocemos que en el Sector 6 se vende droga pero sólo está en un kilómetro, en los 5 restante somos gente normal y corriente, trabajadora, que nos estamos enfermando», ha alertado.

«Los niños se están poniendo de bronquiolitis. Hay gente enferma que empeora, que están ingresando. Hay gente diabética que no puede ponerse insulina porque tenemos la luz apagada. Tenemos que estar haciendo hogueras para los niños. Somos personas y tenemos derecho, como cualquier persona de España porque estamos en España», ha subrayado.

Luzma ha asegurado que la Cañada «va a seguir luchando, cueste lo que cueste, hasta que devuelvan el suministro eléctrico». «Hay gente que lleva viviendo ahí 40 años, ¿qué pasa ahora? ¿Qué quieren de nosotros?», ha preguntado.

«Sabemos que el Sector 6 se va a desmantelar pero tenemos un Pacto Regional, donde se recoge que mientras tanto nos tiene que garantizar los derechos básicos, como suministros, educación, sanidad. ¿Qué quieren de nosotros? ¿Que nos vayamos? No nos vamos a ir, en nuestro barrio, es mi hogar, es mi casa, no me la ha dado nadie. Queremos una solución para hoy, no para mañana», ha reclamado esta vecina de Cañada.

MÁS MADRID AFEA A ALMEIDA Y AYUSO QUE «NO HAGAN NADA»

Concejales de Más Madrid también han querido mostrar su apoyo a la vecindad de Cañada Real asistiendo a la concentración en Sol Pilar Sánchez, Javier Barbero, Nacho Murgui, Carolina Pulido y José Luis Nieto.

Pilar Sánchez ha remarcado, en declaraciones a Europa Press, que las familias de los Sectores 5 y 6 «llevan dos meses sin electricidad, sin agua caliente, sin luz ni calefacción». Mañana está previsto que en Madrid la mínima sea de -1º y con eso se pone en riesgo la vida y la salud de los niños y niñas, de las personas más vulnerables de la Cañada Real», ha señalado.

Y «ahora mismo ni la Comunidad ni el Ayuntamiento están tomando decisiones ni ninguna medida para paliar esa situación, no están tomando ninguna medida de emergencia, no hay generadores ni ningún camión que pueda producir electricidad, no hay una sola medida que pueda paliar la situación en el corte plazo».

«En el largo plazo nos encontramos lo mismo. Un alcalde (en referencia a José Luis Martínez-Almeida) que sabe la situación, sabe lo que está pasando en Cañada y no hace nada y la presidenta de la Comunidad (Isabel Díaz Ayuso) también y tampoco está tomando medidas que pueda salvar la vida de estas personas», ha remarcado.