El ministro de Sanidad, Salvador Illa, en un diálogo con el presidente de Pimec, Antoni Cañete, en la 33ª edición ‘Premis Pimes 2020. Reconeixements Era Covid’ ha indicado que «posiblemente será necesario una tercera dosis de la vacuna en 2022».

«Algunas vacunas serán gratuitas desde el sistema público de salud, no serán obligatorias y se distribuirán con cita previa. El reparto será equitativo y las iremos proporcionando según las decisiones de los expertos», ha añadido el ministro de Sanidad.

Según el ministro, el próximo lunes la Agencia Europea del Medicamento emitirá una ficha técnica con los detalles de la vacuna y cómo se debe suministrar, a partir de la cual se hará una campaña de comunicación tanto para sanitarios como para la población con los detalles.

«Podremos comenzar a vacunar a partir del 27 de diciembre, gracias a un esfuerzo sin precedentes de la ciencia. Ahora podemos hablar el inicio del fin de la pandemia y creemos que para finales de verano más del 70% de la población ya estará vacunada», ha añadido Illa.

PERSPECTIVAS PARA EL 2021

Sobre las perspectivas hacia el 2021, ha expresado que deberemos seguir tomando precauciones pero será un momento para hacer una valoración constructiva y dar más valor a los sistemas de salud pública en cuanto a la prevención, «porque esta situación puede volver a pasar».

Sobre el balance entre la salud y la economía en la pandemia, el ministro ha indicado que se ha tenido en cuenta porque no se entiende una sin la otra y «porque la economía es el primer determinante social de la salud. Un país con una economía pobre tiene una salud pobre».

En cuanto a las diferencias en las medidas tomadas en Madrid y Barcelona, ha indicado que «podríamos dar por válido el cálculo a la hora de tomar medidas de cada comunidad» y que las comparaciones no son buenas en este caso.

Por su parte, el presidente de Pimec, Josep González i Sala, ha reconocido el esfuerzo de las empresas catalanas durante la pandemia, recordando también cifras de su afectación: «El 67% de las pymes todavía sufre una caída en las vendas y la demanda y, a pesar de la mejora en los últimos meses, el 17% afirma que no podría afrontar una tercera oleada de restricciones».

LAS PYMES COMO PROTAGONISTAS

El vicepresidente del Govern y conseller de Economia y Hacienda, Pere Aragonés, ha indicado para cerrar el acto que «ha sido un año muy duro para muchos y también en términos empresariales. Pero Cataluña ha mostrado resiliencia y resistencia ante las dificultades».

«Gracias a los avances científicos que han permitido generar una vacuna se podrán retomar los ámbitos sociales con la parte económica que hemos tenido que dejar de lado durante la pandemia. Y las pymes tendrán que ser protagonistas y poder acceder a los recursos que lleguen de la Unión Europea», ha concluido.

La futura estación central de València deberá ampliar su planteamiento inicial con más vías debido al aumento de la demanda previsto por la liberación del servicio ferroviario, por el cual se estima que en cinco años se pueda doblar el volumen de pasajeros.

Así lo ha anunciado el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en su visita a València de este viernes, donde se ha reunido con el alcalde, Joan Ribó, y el president de la Generalitat, Ximo Puig.

Ábalos ha anunciado la finalización en septiembre próximo de la redacción de los Estudios Informativos de la segunda Plataforma València-Castellón y del Eje pasante, tras lo cual serán sometidos a información pública para tramitación sectorial y ambiental.

Estas actuaciones forman parte del «proyecto integral para la transformación ferroviaria de la ciudad», en el que también se incluye la fase 3 del canal de acceso.

El responsable del ministerio ha remarcado la necesidad de transformar la configuración ferroviaria actual de València establecida por la Estación de València-Nord y de Joaquín Sorolla y abordar el siguiente conjunto de actuaciones, que suponen una inversión total superior a los 3.000 millones de euros.

Una de estas actuaciones es la segunda plataforma València-Castellón, con 62 kilómetros de doble vía adicional a la ya existente, que permitirá «segregar los tráficos de alta velocidad de los tráficos de cercanías, regionales y mercancías, incrementando la capacidad de la infraestructura y permitiendo la mejora general de las condiciones de explotación».

Al respecto, anunció la previsión de finalizar la redacción de su estudio informativo aproximadamente en septiembre de 2021, tras lo cual será sometido a información pública para tramitación sectorial y ambiental. Ábalos ha matizado que hay dos alternativas, una pegada a la actual por la huerta y otra «por el interior».

También se incluye entre las actuaciones la fase 3 del canal de acceso. Ábalos ha informado de los «avances previstos en el canal de acceso ferroviario, en cuyo proyecto constructivo se está trabajando actualmente», y ha destacado que, para su ejecución, se cuenta con una asignación presupuestaria de 52,8 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado.

Esta actuación, junto con el derribo del puente de Giorgeta, será el primer paso para acabar con la «gran cicatriz» que divide los barrios del sur y «liberar los suelos pertinentes para tanto para culminar el futuro bulevar García Lorca, como para la urbanización de los solares del entorno».

TÚNEL PASANTE Y ESTACIÓN CENTRAL

Respecto al túnel pasante, también se está redactando un segundo estudio informativo que «definirá el nuevo túnel ferroviario que discurrirá en dirección sur-norte, desde la futura estación subterránea Central de València hasta el entorno del límite de los términos municipales de Alboraya y Meliana».

El tramo, de unos nueve km de longitud, «conectará tanto con la actual línea València-Tarragona, como con el futuro tramo de alta velocidad entre València y Castellón». «También se construirán nuevas estaciones de cercanías en su recorrido», ha agregado Ábalos.

Asimismo, incluirá un conjunto de alternativas de salida hacia el norte por el interior, hasta el entorno de Sagunt, además de las más cercanas a la costa. Ábalos ha avanzado que se terminará su redacción en septiembre de 2021, tras lo que será sometido a información pública.

Respecto a la estación central, esta «necesita ser ampliada con respecto al diseño actual, en función del análisis de demanda realizado a consecuencia de la liberalización, para evitar su saturación en los próximos años».

REMODELACIÓN DE LA ESTACIÓN JOAQUÍN SOROLLA

Asimismo, el ministro «ha indicado que todas estas actuaciones deben realizarse en paralelo a un desarrollo que permita dar respuesta, en el más corto plazo, al aumento de viajeros esperado a consecuencia de la liberalización ferroviaria que supone multiplicar por más de dos los viajeros que hoy en día acceden a la estación de València-Joaquín Sorolla».

Por lo que, según ha anunciado Ábalos, «se procederá a la remodelación de esta estación de manera que podamos atender ese aumento de demanda hasta que se finalicen las obras del túnel pasante y de la futura Estación Central».

El responsable de Transportes ha afirmado que «se hace necesario plantear una actuación integral sobre la estación y sus conexiones hacia el norte y sur debido al incremento de usuarios previsto como consecuencia de la liberación del transporte ferroviario de viajeros que oficialmente se ha producido el pasado lunes en la Unión Europea».

Según ha explicado el ministro, en esta línea circulan unos 3,8 millones de viajeros anuales, pero en un periodo de cinco años, de acuerdo con los estudios de su Departamento sobre la demanda, estos 3,8 millones de viajeros podrían superar la cifra de los 9,6 millones.

Este aumento provendrá principalmente de dos vías: los nuevos servicios y trenes que tanto Renfe como sus empresas competidoras irán introduciendo en las distintas conexiones existentes en la actualidad y de «la mejora del servicio y los tiempos consecuencia de las inversiones impulsadas para la progresiva entrada en servicio del Corredor Mediterráneo».

AVE REGIONAL

Por otra parte, Ábalos se ha referido a la conexión en alta velocidad de las tres capitales valencianas, que ha señalado como parte del proyecto de Corredor Mediterráneo, y que espera permitir «no solo acercarnos a Catalunya y Andalucía», sino también «hacer que Alicante esté mucho más cerca».

En este sentido, ha defendido la «cohesión territorial» que supone esta cuestión, y ha apuntado a los problemas que tiene ahora mismo la infraestructura, relacionados con el nudo de la Encina (Alicante).

De hecho, la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, ha detallado que la problemática de esta infraestructura es «bastante difícil de entender y percibir» ya que «todas las obras están en marcha», pero ha apuntado que hay «dos incidencias» relacionadas con la señalización y las avenidas de agua en la Font de la Figuera.

El abogado Gonzalo Boye ha adelantado que entregará a la Audiencia Nacional pruebas documentales aclaratorias que le exculparán «sin lugar a dudas» del delito de blanqueo de capitales por el que se le ha propuesto juzgar en el marco de su presunta participación en el intento de introducir en España casi 4 toneladas de cocaína.

Así lo ha indicado después de que la juez de la Audiencia Nacional María Tardón haya propuesto juzgar a José Ramón Prado Bugallo, «Sito Miñanco», y a otras 45 personas físicas, entre ellas el propio Boye, por su presunta participación en dos operaciones con las que pretendían introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína y por la creación de un entramado criminal para blanquear el dinero obtenido con la droga.

En un comunicado, la oficina de prensa de Boye, quien ejerce la defensa del ex presidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, ha asegurado que, una vez se analice el procedimiento que ha permanecido secreto por espacio de casi dos años, se presentarán, «en tiempo y forma», pruebas documentales «suficientemente aclaratorias que, sin lugar a dudas, exculpan» al abogado de cualquier responsabilidad en ese supuesto delito de blanqueo de capitales.

En concreto, la juez de la Audiencia Nacional propone juzgar a Boye por un presunto delito de blanqueo de capitales en el seno de una organización criminal, procedente del narcotráfico, en concurso con un delito continuado de falsificación en documento oficial. Fuentes de la defensa destacan a Europa Press que este auto no ha sido notificado aún, pero aseguran que una vez analizados los argumentos expuestos en la resolución recurrirán el procesamiento.

En este sentido, ha recalcado que ni por parte de Gonzalo Boye «ni de nadie de su despacho, en ningún momento, ha habido blanqueo de capitales» y ha defendido que únicamente se ha hecho «el trabajo que como defensores tal cual lo establece el Estatuto General de la Abogacía Española y lo refuerza la propia ley 10/2010, de 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales, ya que el artículo 2.1 ñ) los excluye de ser sujetos obligados en materia de prevención del blanqueo de capitales».

En esta línea, la oficina ha recordado que la propia ley establece que los abogados «no estarán sometidos a las obligaciones establecidas en los artículos, 7, 3, 18 y 21 con respecto a la información que reciban de uno de sus clientes, incluido el asesoramiento y la defensa sobre la incoación o la forma de evitar un proceso, independientemente de si han recibido u obtenido dicha información durante, antes o después del proceso, y guardarán el deber de secreto profesional por la defensa de la propia esencia del derecho y conforme a la legislación vigente».

«CORREOS HUMANOS» PARA TRANSPORTAR DINERO

A lo largo de 72 páginas, la juez Tardón también concreta que el entramado utilizaba otras mercantiles además de las de Miñanco para ocultar los beneficios generados por la venta de la droga. Una tercera forma para esconder las ganancias sería el transporte de dinero que realizaban los propios miembros de la organización como una «actividad instrumental para alimentar los ingresos de sus empresas» o usando «correos humanos» para hacerlos llegar hasta Colombia.

La magistrada, que relata cómo se llevaban a cabo las operaciones realizadas por esos ‘correos humanos’, destaca que el 6 de febrero 2017 varios de los investigados fueron detenidos en el aeropuerto de Barajas cuando transportaban oculto en el fondo de su equipaje 889.620 euros.

Así, narra cómo ante esa aprehensión, García Arango y el también procesado Manuel Puentes Saavedra, quien coordinaba a través de «personas de confianza» los desplazamientos de dinero hasta Colombia, iniciaron las acciones para recuperar el dinero que pertenecía a Sito Miñanco.

PARTICIPACIÓN DE LOS ABOGADOS PARA RECUPERAR DINERO

Fue en ese contexto cuando Puentes Saavedra, Prado Bugallo y García Arango mantuvieron un encuentro con los abogados Gonzalo Boye Tuset y Jesús Morán Castro. En dicha reunión, éstos les informaron que elaborarían unos documentos y presentarían unos contratos de compraventa de letras de cambio que justificarían el origen legal del dinero intervenido.

De acuerdo a lo consignado en esa documentación confeccionada por los abogados, otro de los procesados, Manuel Pedro González Rubio, las habría adquirido y vendido a terceros unos días antes de la aprehensión del dinero en Barajas. Sin embargo, según la juez, este negocio «no presentaba lógica comercial alguna, por cuanto en algunos casos, las letras de cambio ya estaban vencidas cuando supuestamente González Rubio las vendió, y en otros la letra era de fecha anterior al préstamo hipotecario en virtud del cual se emitía».

La juez concluye que los abogados Gonzalo Boye Tuset, Jesús Morán Castro y Alejandro Guerra Medina, con la participación determinante de Lara Bolarín, conociendo la existencia de dichas letras cambiarias y el carácter ficticio de la operación comercial, «diseñaron y confeccionaron los documentos con el objeto de simular que González Rubio había vendido dichas letras de cambio días antes de la aprehensión y las presentaron en el expediente sancionador a sabiendas de su falsedad y de que la operaciones de compraventa eran ficticias, con el objeto de recuperar el dinero intervenido y ocultar que el mismo procedía del narcotráfico en última instancia»

La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha propuesto juzgar a José Ramón Prado Bugallo, «Sito Miñanco», y a otras 45 personas físicas, entre ellas al abogado Gonzalo Boye, por su presunta participación en dos operaciones con las que pretendían introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína y por la creación de un entramado criminal para blanquear el dinero obtenido con la droga.

En un auto de pase de diligencias previas a procedimiento abreviado, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 ha puesto fin a una investigación que se inició en febrero de 2016, momento en el que Sito Miñanco se encontraba cumpliendo condena de 16 años en el centro penitenciario de Algeciras por un delito contra la salud pública. En ese año disfrutaba ya del tercer grado, lo que le permitía trabajar en un parking de esa localidad.

La juez atribuye a los investigados, según su participación en los hechos, delitos contra la salud pública relativo a sustancias que causan grave daño a la salud pública, concurriendo la agravante de notoria importancia, cometido en el seno de organización criminal y de extrema gravedad; blanqueo de capitales; delito continuado de falsificación de documento oficial o tenencia ilícita de armas.

Además, impone distintas fianzas para cubrir las eventuales responsabilidades económicas que pudieran derivarse de los hechos y delitos atribuidos a cada acusado. Así, a Sito Miñanco y a otros 25 procesados por delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño, la juez les impone una fianza de 131,5 millones de euros.

Entre los procesados se encuentra el abogado Gonzalo Boye Tusquets, quien ejerce la defensa del ex presidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, por un presunto delito de blanqueo de capitales en el seno de una organización criminal, procedente del narcotráfico, en concurso con un delito continuado de falsificación en documento oficial. Fuentes de la defensa destacan a Europa Press que este auto no ha sido notificado aún, pero aseguran que una vez analizados los argumentos expuestos en la resolución recurrirán el procesamiento.

La decisión de proponerle juzgar se toma justo una semana después de que la juez instructora rechazara la petición de Boye de inhibirse en favor de los juzgados madrileños en relación a la investigación por presunto blanqueo de capitales. Tardón considera que estos hechos mantienen una conexidad con la causa principal sobre las operaciones de narcotráfico dirigidas por Miñanco y que por tanto no pueden juzgarse por separado.

Entre los investigados también se encuentra Manuel Pedro González Rubio, tirador profesional, que es procesado por dos delitos de homicidio en grado de tentativa, un delito de atentado a agentes de la autoridad y lesiones puesto que cuando iba ser detenido, el 5 de febrero de 2018, disparó nueve veces contra los agentes de la Guardia Civil, hiriendo a dos de ellos. «Únicamente cesó en su acción cuando se acabó la munición del arma con la que disparaba», apunta la juez instructora.

LIDERAZGO DE UNA ORGANIZACIÓN CON «EXPERIENCIA» EN EL NARCOTRÁFICO

En el auto con fecha de este viernes, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 explica que la actividad de Miñanco continuaba siendo la introducción y distribución de sustancia estupefaciente en España, por cuanto mantenía sus contactos en organizaciones suministradoras de la droga en Sudamérica.

Para ello tenía a su disposición «un bien nutrido grupo de individuos, que, en muchos casos, ya habían acumulado una apreciable experiencia criminal en el negocio del narcotráfico, y que estaban dispuestos a participar en estas operaciones, ejecutando de forma casi reverencial cualquier actividad», afirma la magistrada en su auto.

El entramado criminal lo dirigía Prado Bugallo con un marcado carácter personalista, junto a colaboradores de su máxima confianza como Enrique García Arango y Juan Antonio Fernández Fernández, también condenados por narcotráfico.

El auto explica que en el marco de esta investigación se llevó a cabo la intervención del buque Thoran, abordado en 2017 cuando transportaba 3,3 toneladas de cocaína, y la aprehensión, en noviembre del mismo año, de un contenedor de cocaína en Países Bajos que ocultaba 615 kilos de la misma sustancia.

Además estas dos operaciones, la juez señala que hasta el momento de su detención, en febrero de 2018, Miñanco mantuvo la planificación y ejecución constante de otras operaciones de introducción, distribución y venta de droga.

La resolución también detalla la estructura societaria atribuida a Miñanco y recalca que las propiedades estaban a nombre de terceros pero en verdad él era «el único titular real y efectivo». Incluye inmuebles y numerosos vehículos que utilizaban los miembros de la organización para no ser detectados por la Policía; y explica tanto la función de los Astilleros Facho S.L. –centro logístico para construir embarcaciones y para ocultar los beneficios de la droga–, como los lugares en los que los miembros de la organización se reunían.

«CORREOS HUMANOS» PARA TRANSPORTAR DINERO

A lo largo de 72 páginas, la juez Tardón también concreta que el entramado utilizaba otras mercantiles además de las de Miñanco para ocultar los beneficios generados por la venta de la droga. Una tercera forma para esconder las ganancias sería el transporte de dinero que realizaban los propios miembros de la organización como una «actividad instrumental para alimentar los ingresos de sus empresas» o usando «correos humanos» para hacerlos llegar hasta Colombia.

La magistrada, que relata cómo se llevaban a cabo las operaciones realizadas por esos ‘correos humanos’, destaca que el 6 de febrero 2017 varios de los investigados fueron detenidos en el aeropuerto de Barajas cuando transportaban oculto en el fondo de su equipaje 889.620 euros.

Así, narra cómo ante esa aprehensión, García Arango y el también procesado Manuel Puentes Saavedra, quien coordinaba a través de «personas de confianza» los desplazamientos de dinero hasta Colombia, iniciaron las acciones para recuperar el dinero que pertenecía a Sito Miñanco.

PARTICIPACIÓN DE LOS ABOGADOS PARA RECUPERAR DINERO

Fue en ese contexto cuando Puentes Saavedra, Prado Bugallo y García Arango mantuvieron un encuentro con los abogados Gonzalo Boye Tuset y Jesús Morán Castro. En dicha reunión, éstos les informaron que elaborarían unos documentos y presentarían unos contratos de compraventa de letras de cambio que justificarían el origen legal del dinero intervenido.

De acuerdo a lo consignado en esa documentación confeccionada por los abogados, otro de los procesados, Manuel Pedro González Rubio, las habría adquirido y vendido a terceros unos días antes de la aprehensión del dinero en Barajas. Sin embargo, según la juez, este negocio «no presentaba lógica comercial alguna, por cuanto en algunos casos, las letras de cambio ya estaban vencidas cuando supuestamente González Rubio las vendió, y en otros la letra era de fecha anterior al préstamo hipotecario en virtud del cual se emitía».

La juez concluye que los abogados Gonzalo Boye Tuset, Jesús Morán Castro y Alejandro Guerra Medina, con la participación determinante de Lara Bolarín, conociendo la existencia de dichas letras cambiarias y el carácter ficticio de la operación comercial, «diseñaron y confeccionaron los documentos con el objeto de simular que González Rubio había vendido dichas letras de cambio días antes de la aprehensión y las presentaron en el expediente sancionador a sabiendas de su falsedad y de que la operaciones de compraventa eran ficticias, con el objeto de recuperar el dinero intervenido y ocultar que el mismo procedía del narcotráfico en última instancia».

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha cedido a la exposición sobre Manuel Azaña en la Biblioteca Nacional el collar de la Orden Civil de la República, que perteneció al expresidente y que lució en el acto de toma de posesión de su cargo.

Esta pieza histórica fue identificada durante unos trabajos de catalogación y se encontraba en la caja fuerte que alberga los fondos de Bienes Culturales que custodia el Ministerio. Se trata de la única muestra de collar que queda en España de esta Orden de la República.

Además del acto de toma de posesión como Presidente de la República, el 11 de mayo de 1936, el collar aparece también en el retrato de Manuel Azaña realizado por J. M. López Mezquita que se conserva en la Hispanic Society of America de Nueva York, ha concretado el departamento que dirige Arancha González Laya.

Su identificación fue posible gracias a que los collares de la Orden de la República están numerados –en este caso con el número 3– y que en la Cancillería de las Órdenes del Ministerio se conserva el ‘Libro de usufructuarios de la Orden de la República [Collar]’, en el que se encuentran recogidos los datos de todas las personas a las que les fue entregada dicha condecoración.

«Es el collar de la Orden Civil de la República que perteneció a Azaña, presidente de la República, aunque le fue concedido con anterioridad, cuando fue presidente del Consejo de Ministros antes de ser presidente», ha explicado Enrique de Álvaro, funcionario del Cuerpo de Conservadores de Museos.

«Y, sabemos que fue devuelto al Ministerio de forma no muy clara por el Tribunal de Responsabilidades Políticas. Cómo llego al tribunal desgraciadamente todavía no lo sabemos», ha añadido este experto en la materia.

Esta condecoración ha sido concedida en seis ocasiones, entre ellas a los republicanos Niceto Alcalá Zamora (1932) y Alejandro Lerroux (1933), y a pesar de que debe ser devuelta al fallecer la persona que ha sido condecorada, solo se tiene constancia del collar del expresidente francés Albert Lebrun, que se conserva en el Museo de la Legión de Honor, y el de Manuel Azaña.

La muestra ‘Azaña, Intelectual y Estadista’, que permanecerá abierta hasta el 4 de abril, está organizada por Vicepresidencia primera del gobierno, a través de la Secretaria de Estado de Memoria Democrática, por la Biblioteca Nacional de España y por Acción Cultural Española.

Este préstamo del collar es la segunda aportación del Ministerio de Exteriores, que ya prestó la mesa que utilizó Azaña y sobre la que firmó su renuncia como presidente de la República desde el exilio. Donada por su propietario, dueño de la hacienda francesa donde tuvo lugar la firma, fue recibida con honores por el secretario de Estado de España Global, Manuel Muñiz.

El titular del Ejecutivo gallego y presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido al Gobierno central que los criterios de reparto de los fondos europeos los defina «un comité de expertos y no el politburó», ha dicho haciendo un símil del Ejecutivo con el comité central del partido comunista durante la Unión Soviética.

Lo ha hecho junto al presidente del PP, Pablo Casado, en el acto ‘Galicia: más inversiones, menos impuestos’, celebrado en el Monte de San Pedro, en A Coruña. De los fondos, ha dicho que son «una oportunidad histórica», pero ha asegurado, en referencia al posicionamiento del Gobierno, que «los indicios no son esperanzadores».

«Necesitamos que se definan los criterios de reparto», ha insistido en una intervención en la que ha arremetido contra la gestión del Ejecutivo, en particular en relación al Covid-19. «El gobierno más inexperto, más sectario y peor avenido posible», ha indicado Feijóo, quien, entre otras cuestiones, ha criticado «el fiasco en la distribución del material de protección» al inicio de la pandemia.

GESTIÓN DE LA PANDEMIA

Frente a ello, ha constrapuesto las medidas impulsadas por la Xunta en sus primeros cien días de gobierno. «Una ley para gestionar la pandemia, la única en España», ha expuesto. También ha destacado el que Galicia sea «la tercera comunidad autónoma con menos mortalidad, solo por debajo de Canarias y Baleares». «Y con menor ocupación de camas Covid», ha afirmado sobre la situación en los hospitales.

«Hemos hecho más por Galicia en los cien primeros días que el Gobierno de España en 365 días», ha remarcado en un discurso en el que asegurado que «el gobierno social-populista ha demostrado que es tan fiable como la máxima con la que nació».

«No dormiría tranquilo si tuviese que gobernar con ministros de Pablo Iglesias», ha dicho en alusión a las palabras de Pedro Sánchez, del que ha manifestado que desconoce «si ha logrado superar el insomnio», pero se ha mostrado convencido de que sí lo tienen ahora «la mayoría de los españoles».

«España es más que el tablero de ajedrez del señor Sánchez y Pablo Iglesias», ha insistido en un acto con la presencia también del secretario general del PPdeG, Miguel Tellado; el vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde y los presidentes provinciales del partido.

XACOBEO Y ALCOA

Los elogios a la gestión de la Administración gallega han centrado también el inicio de la intervención del presidente del PP, Pablo Casado, quien ha dicho que Feijóo y su equipo son «una referencia de gobierno».

Por otra parte, ha arremetido contra la falta de «compromiso» con Galicia por parte del Ejecutivo central, en particular con el Xacobeo. «En los presupuestos ni un rastro de ayuda», ha dicho en referencia a las infraestructuras y, en particular, a la Alta Velocidad.

En su intervención sobre los fondos europeos, ha tenido también palabras para el fallo judicial que anula el ERE de Alcoa en San Cibrao. «Una decisión que da un rayo de esperanza, de futuro, ante el desinterés y el abandono del Gobierno de España», ha añadido.

«VISIÓN DE ESTADO»

Por otra parte, en este acto el conselleiro Francisco Conde ha apelado a tener una «visión de Estado» en el reparto de estos fondos y ha subrayado que Galicia está «consensuando» la asignación de los mismos. «No se puede perder esta oportunidad», ha dicho en referencia a lograr una «Galicia más digital, más sostenible y más competitiva».

Por su parte, en su intervención el presidente provincial del PP coruñés, Diego Calvo, ha abogado por no caer «en los debates interesados de la izquierda» en relación a los fondos europeos, mientras ha rechazado el «intento de secuestro» de los mismos por parte del Gobierno. También ha arremetido contra los grupos de la oposición en el Parlamento gallego por pedir lo que «no se atreven» a reclamar a Sánchez.

El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado este viernes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de «cobardía» e «incompetencia» por no aplicar unos criterios comunes sobre la Covid-19 ante las fiestas navideñas y «papapetarse de nuevo» detrás de las autonomías. Tras lamentar que «una nación unida tiene 17 planes para Navidad», ha afeado al Gobierno que quiera dar solo «las buenas noticias», como la llegada de la vacuna a España, dejando las «malas noticias» para los presidentes de CCAA.

Así se ha pronunciado en un acto económico sobre fondos europeos en La Coruña, en el que también han participado el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Previamente, ha visitado la Ría O Burgo para exigir al Ejecutivo de Pedro Sánchez que cumpla «con su palabra» en relación con «el dragado de la ría tal y como está presupuestado».

En su intervención, Casado ha afirmado que la Xunta de Galicia tiene todo el apoyo del PP en las medidas «valientes, responsables y ponderadas» que ha tomado contra la Covid-19 y ha subrayado que estos meses Feijóo «ha dado la cara», «ha sido humilde, ha dado las gracias y ha pedido perdón». «Es justo lo contrario de lo que hace Pedro Sánchez», ha enfatizado.

En este punto, ha señalado que se está viendo que en este momento «una nación unida tiene 17 planes para la Navidad» y que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, «aparece hoy» para hablar de la vacuna. «Para las buenas noticias, sale el Gobierno. Para las malas noticias, que los presidentes autonómicos se las ingenien», ha denunciado.

EXIGE CRITERIOS COMUNES

Casado ha resaltado que sería «bueno» que el Ejecutivo de Sánchez aplicase unos «criterios comunes» en España, «con el margen de que cada comunidad autónoma tiene una incidencia de contagio, unas características distintas en el sector productivo, en la movilidad, en la edad de la población o en la capacidad asistencial en los hospitales».

«Pero tendrá que haber unos puntos en común para que al menos sepamos como manejarnos y no tengamos que estar con un mapa de afectación de la Navidad dependiendo de si tus padres viven en Valencia o si tus hijos están estudiando en Galicia», ha insistido.

Dicho esto, ha asegurado que el Gobierno no ha aplicado esos criterios comunes por «cobardía» y por «incompetencia» y le ha acusado de «parapetarse de nuevo» detrás de las comunidades autónomas cuando «parece que puede haber rebrotes».

En este sentido, ha recalcado que una cosa es la cogobernanza y otra el desgobierno», y «una cosa es la colaboración entre administraciones y otra la cobardía de la primera de las administraciones». Después de «70.000 fallecidos en España», ha dicho que «los españoles merecen un respeto» y que el Gobierno «dé la cara» y ofrezca soluciones de forma «humilde y responsable».

«EL GOBIERNO NO VA BIEN»

Casado ha afirmado que el Ejecutivo «no está a la altura de los retos» que tiene España sino que está «más preocupado» por sus «líos internos». En su opinión, España es un «gran país» pero «el Gobierno no va bien» y los españoles «se empiezan a dar cuenta de la incompetencia, de la arrogancia y de las mentiras».

«No puede ser que mientras los ministros del PSOE se pelean con los ministros de Podemos, los españoles estemos abandonados», ha denunciado el presidente del PP, para exigir «responsabilidad» al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado este viernes la condena a 5 años y 8 meses de cárcel para el ex alcalde de Santa Coloma de Gramanet Bartomeu Muñoz y ha rebajado las penas dictadas por la Audiencia Nacional contra el ex diputado del PSC Luis Andrés García Saéz, «Luigi» así como de otros dos condenados, por el caso ‘Pretoria’, en el que se juzgaron actuaciones ilícitas en operaciones urbanísticas realizadas entre 2002 y 2009 en esa y otras localidades catalanas.

Un total de siete condenados por la llamada ‘Operación Pretoria’, entre los que figuran los ex consejeros de la Generalitat de Cataluña Maciá Alavedra y Lluis Prenafeta, no presentaron recurso ante el alto tribunal. Los exmiembros del Ejecutivo regional fueron condenados en junio de 2018 a 1 año 11 meses y 27 días de prisión cada uno por delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales al aplicarles las atenuantes de dilaciones indebidas y de confesión.

A ambos se les impuso una multa de 3,2 millones de euros en el caso de Alavedra y de 5,8 millones en el caso de Prenafeta, y evitaron entrar en la cárcel tras el acuerdo de conformidad alcanzado con la Fiscalía Anticorrupción, que les rebajó su petición de seis a dos años de prisión al reconocer al comienzo de la vista oral que habían percibido mordidas del cuatro por ciento de cada operación; unos 800.000 euros cada uno.

El cuanto a los recursos presentados contra dicha sentencia, el Supremo respalda en términos generales la sentencia dictada por la Audiencia Nacional contra Muñoz como autor de un delito continuado de prevaricación administrativa, un delito continuado de cohecho, un delito de prevaricación administrativa y un delito de cohecho por la trama de corrupción urbanística que afectó a Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona.

Sin embargo, ha rebajado la pena al ex diputado socialista «Luigi», que fue condenado a 7 años, 1 mes y 29 días de prisión por delitos de tráfico de influencia en concurso medial con un delito continuado de prevaricación administrativa, cohecho continuado, blanqueo de capitales y falsedad documental. El TS le ha absuelto del delito de falsedad documental, por el que recibió 1 año y 6 meses de prisión, y le ha reducido la pena por el de cohecho –de 3 años y 2 meses a 1 año y 9 meses–, manteniendo el resto de la condena.

Otra de las penas que se rebajan ligeramente es la del empresario Josep Singlá Barcelo y a Manuel Valera Navarro, que fue condenado a 1 año, 10 meses y 15 días de prisión por delitos de tráfico de influencias continuado en concurso medial con un delito continuado de prevaricación y por cohecho. Por el primero, la pena de 10 meses y 15 días de cárcel pero modifica la cuantía de la multa para dejarla en 861.318 euros, y respecto al segundo le impone 6 meses de prisión y el pago de 300.000 euros.

El Supremo modifica igualmente la pena del también empresario Manuel Valera Navarro, presunto testaferro de ‘Luigi’, que fue condenado a 2 años y 3 meses de prisión. Así, le ha impuesto 8 meses de prisión y una multa de 566.124 euros por un delito de cohecho, y 6 meses de prisión y 280.322 euros por dos delitos de tráfico de influencias –uno por la operación de Sant Andreu de LLavaneres y otro por la de Badalona–. Por lo demás, ha confirmado la pena de 6 meses de prisión por un delito de tráfico de influencias en concurso con uno continuado de prevaricación administrativa. OPERACIÓN EN SANTA COLOMA

Respcto del exalcalde Muñoz, se confirma la pena de cárcel multa de 3,4 millones de euros por la operación ‘Pallaresa’, aprobada por el Consistorio en el año 2001 para la creación de un centro comercial hoteles y viviendas. La modificación de los contratos iniciales ocho años después ocultaba una revalorización del terreno de la que se benefició las sociedades que consiguieron irregularmente la adjudicación.

La operación «Pretoria» llevó al banquillo a un total de once personas que participaron entre los años 2002 y 2009 en tres operaciones urbanísticas del área metropolitana de Barcelona que, en lugar de favorecer el interés público, buscaban la obtención de elevados rendimientos económicos, propiciando importantes beneficios y comisiones que sumaron a su patrimonio, bien directamente o bien a través de testaferros.

El relato de hechos probados que ahora se confirma resalta el papel trascendental de ‘Luigi’, quien, en calidad de diputado del PSC entre los años 1980 y 1988, se consiguió posicionar como «facilitador» no solo interviniendo en las tres operativas sino liderándolas y facilitando las adjudicaciones así como la aprobación de posteriores cambios urbanísticos por los que se embolsó comisiones millonarias.

En la operación Pallaresa, gracias a su amistad con el entonces alcalde Bartomeu Muñoz, despachó directamente con los técnicos municipales orientando el sentido de los informes. De esta forma, la adjudicación fue a parar a Centre Comercial Gramenet, integrada por la empresa Proinosa, de Josep Singla, y posteriormente a Tultar, de ‘Luigi’, que percibió 2,1 millones de euros de forma ilícita. Parte de las ganancias obtenidas las invirtió en tres turismos de lujo y en obras de arte.

Ciudadanos ha registrado nuevamente su proposición de ley de Medidas de Lucha contra la Corrupción y para la Protección de los Alertadores, similar a la que fue rechazada el pasado junio por el Pleno del Congreso con los votos en contra del PSOE y Unidas Podemos, y ha afirmado que la seguirá presentando hasta conseguir su aprobación.

Tras señalar que siempre ha apoyado la creación de comisiones de investigación parlamentarias sobre los casos de corrupción de cualquier partido, Cs ha instado a todas las fuerzas políticas a permitir la aprobación de su iniciativa y así «luchar contra esta lacra que ataca a la raíz de nuestro sistema democrático».

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha explicado en Sabadell (Barcelona) que su partido vuelve a llevar este asunto al Congreso tras las noticias sobre las presuntas irregularidades en el Consell Esportiu de L’Hospitalet de Llobregat, por las que está investigada la alcaldesa de esta ciudad, la dirigente socialista Núria Marín.

Según la formación naranja, la proposición de ley registrada este viernes incluye varias mejoras técnicas «para tratar de conseguir el mayor consenso posible» y hace una trasposición completa de la directiva europea para proteger a las personas que alertan de los casos de corrupción.

La primera vez que Cs propuso una ley contra la corrupción en la Cámara Baja fue en septiembre de 2016, durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Aunque al año siguiente el Pleno aceptó tramitarla y se presentaron enmiendas, después se quedó parada en la Comisión Constitucional y Cs acusó al PP y al PSOE de haberla bloqueado.

La última versión de esta iniciativa que el partido de Arrimadas llevó al Congreso no fue aceptada por el Pleno, que el 17 de junio rechazó su admisión a trámite con los votos del PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya y el Partido Nacionalista Vasco, entre otros. En cambio, obtuvo el apoyo del PP, Vox y Más País.

PROTECCIÓN DE LOS DENUNCIANTES

El nuevo texto recoge medidas para proteger a quienes que alertan de casos de corrupción –irregularidades, infracciones o actos ilícitos en la Administración Pública–, reconociéndoles el derecho a la confidencialidad, a la asesoría legal, a asistencia psicológica y a la protección ante represalias, en particular en el ámbito laboral.

Además, se refiere a casos de corrupción producidos no solamente en el sector público, sino también en el privado, y prevé que se pueda alertar de forma confidencial mediante canales de denuncia interna.

En el marco de esta iniciativa, Ciudadanos propone crear la Autoridad Independiente de Integridad Pública como «garante de la recta actuación frente a la corrupción del sector público estatal y, en su caso, autonómico y local, así como del sector privado en aquellos casos que lesionen o menoscaben el interés público».

Este organismo independiente se encargaría de investigar los posibles casos de corrupción, asumiría las competencias en materia de conflictos de intereses de los funcionarios y recogería la protección integral del denunciante.

DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

Asimismo, Cs plantea reformar el Código Penal para tipificar el delito de enriquecimiento ilícito, por el que tendrían que responder las autoridades y funcionarios que experimenten un incremento sustancial de su patrimonio y no puedan explicar su origen, ya que podría ser indicio de la obtención de un lucro indebido como consecuencia de su actividad política.

También establece la responsabilidad civil subsidiaria para los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales por los delitos que hayan cometido, en el desempeño de sus obligaciones o servicios, sus cargos orgánicos, representantes, gestores, empleados o dependientes.

Por último, la proposición de ley prohíbe los indultos a personas condenadas por corrupción política, para impedir que el poder político pueda «autoabsolverse por delitos relacionados con la financiación ilegal de partidos, contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social y contra la Administración Pública».

La Comisión Europea prevé tomar su decisión sobre el permiso para poner en el mercado europeo la primera vacuna contra el coronavirus el próximo martes, 22 de diciembre, siempre que se confirme que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) emite un dictamen favorable sobre la candidata de BioNTech y Pfizer el lunes.

«La Comisión va a tomar su decisión en las 24 horas siguientes a la recomendación de la Agencia Europea del Medicamento», ha informado a Europa Press un portavoz comunitario, que precisa que ello no altera el calendario para su distribución, que empezará el día 26 para que los países de la UE puedan iniciar sus campañas de vacunación el 27.

De este modo, Bruselas vuelve a acortar los plazos inicialmente previstos para toda autorización de puesta en el mercado comunitario de un nuevo fármaco o vacuna, que suelen ser de 67 días porque incluye un análisis detallado de la información por parte de los expertos de la Comisión y debates con los Estados miembro.

Por la urgencia de la pandemia, el Ejecutivo comunitario agilizó al extremo los procedimientos y ha usado toda la «flexibilidad» prevista en la normativa comunitaria para casos de urgencia, por ello estimó primero que podría tomar una decisión en un máximo de tres días y finalmente confía en hacerlo solo en uno.

En el momento en que la EMA informe de su evaluación sobre la seguridad y eficacia de la vacuna de BioNTech y Pfizer, la Comisión Europea lanzará su propio procedimiento que incluye una consulta con los expertos de los Veintisiete y el análisis de los datos que sustenten la autorización ‘condicional’ que se espera de la agencia europea.

Otro elemento con el que se ha logrado acelerar la tramitación es que se procederá a la traducción de la autorización a todos los idiomas oficiales de la UE después de que haya sido adoptada y no antes, como suele ser habitual.

Bruselas espera cumplir todo ese proceso «en un máximo de 24 horas», reitera la fuente, si bien matiza que ello no implica que se vayan a adelantar los tiempos del reparto de dosis entre los Estados miembro, porque antes de esa última fase será necesario cumplir los últimos trámites burocráticos, como la certificación por parte del laboratorio alemán Paul-Ehrlich Institut y la validación de los países de la UE.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado denegar la petición formulada por la defensa del Partido Popular de aunar las acusaciones populares bajo un solo letrado en la vista oral en la que se juzgará a partir del 8 de febrero de 2021 el pago de la reforma de la sede nacional del partido con dinero de la presunta ‘caja B’. Los magistrados consideran la petición «extemporánea».

En un auto de 17 de diciembre, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala indica que «dada la fase del procedimiento, constituida ya la relación jurídico-procesal, habiendo formulado las acusaciones su respectivo escrito de acusación y propuesto su prueba, habiéndose dictado auto de admisión de prueba respecto a la solicitada por cada una de ellas y habiéndose señalado la fecha de juicio oral, tal petición es extemporánea».

Señalan que no es el momento procesal oportuno para alterar la posición procesal de las partes, «aun cuando sea por la vía deagrupación de la defensa y representación de las acusaciones populares». Y recuerda que cada una de ellas ha desplegado ya su estrategia a través del escrito de acusación con los hechos que consideran punibles, las personas contra quienes se dirigen y su calificación jurídica.

Destacan, al hilo, que se puede observar además que los escritos de cada acusación «no son idénticos» entre sí, ni lo son tampoco las pruebas propuestas. Con esto, echa por tierra uno de los razonamiento del PP –que concurre en este juicio como responsable civil subsidiario– ya que alegaba que las seis acusaciones persiguen los mismos hecho, ejercitan la acción penal contra las mismas personas, e incluso que coinciden en la calificación jurídica de sus seis escritos de acusación.

Por eso, los ‘populares’ entendían que existía convergencia de intereses, algo exigido por la interpretación del artículo 113 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal(LECrim) que realiza el Tribunal Constitucional (TC) y el Tribunal Supremo (TS) y que con la unificación se busca un proceso sin dilaciones indebidas.

Desde IU se dirigió escrito a la Sala a principios de diciembre apuntando que el objetivo del PP con esta maniobra era intentar dejar sin voz a las acusaciones populares, y advertía a la Audiencia Nacional de que el PP «desde el comienzo de esta causa ha jugado un papel alejado de la buena fe procesal, en una estrategia en la que su concepción de la acusación popular raya el abuso de derecho y el fraude de ley o procesal».

El Tribunal dice ahora que en todo caso «se trata de valorar cuál de los dos derechos en conflicto debe primar, si el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas o el derecho de defensa y el derecho a la libre elección de abogado por cada parte.

Y recalca que «no es lo mismo examinar el conflicto derecho a un proceso sin dilaciones indebidas versus el derecho de defensa» si se hace en la fase inicial del procedimiento cuando está en instrucción que cuando ya se ha completado la instrucción y la fase intermedia y falta algo más de un mes para el comienzo del juicio oral.

Puesto que esas dilaciones ya sólo se pueden dar en la vista o con posterioridad en el momento de los recursos, la Sala indica que será el presidente del Tribunal «a través de la facultad de dirección del juicio que le corresponde» quien velará por que se eviten posibles reiteraciones a través de la declaración de pertinencia o impertinencia de las mismas.

JUICIO QUE SE ALARGARÁ DURANTE 4 MESES

El tribunal formado por los magistrados José Antonio Mora Alarcón, Fernando Andreu y María Fernanda García Pérez prevé celebrar más de 40 sesiones que se prologarán hasta finales del mes de mayo de 2021.

En el banquillo se sentarán el extesorero del PP Luis Bárcenas, el exgerente ‘popular’ Cristóbal Páez y los socios de Unifica Gonzalo Urquijo y Belén García. También la empleada de esta empresa Laura Montero, ya que las acusaciones populares ejercen acusación contra ella, a diferencia de la Fiscalía y Abogacía del Estado.

Parte de la expectación de este juicio llegará con las testificales, pues entre los comparecientes previstos están los expresidentes del Gobierno y ex líderes del PP José María Aznar y Mariano Rajoy, cuyas declaraciones han sido solicitadas por acusaciones populares y no por Anticorrupción.

En el caso de Aznar, será la primera vez que declare en la Audiencia Nacional para que explique qué sabe sobre la presunta contabilidad paralela de su partido. En cambio, Rajoy ya compareció ante este tribunal como testigo en el juicio por la primera época de la trama Gürtel.

También comparecerán los ex secretarios generales del PP Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes y María Dolores de Cospedal, así como el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, los exministros Federico Trillo, Jaume Matas y José María Michavila; y el expresidente del Senado Pío García Escudero, así como otros ex altos cargos del partido.

Más de 1.800 aspirantes se presentan este sábado a la segunda prueba de evaluación de acceso a la Abogacía correspondiente al año 2020. El examen servirá para comprobar que los aspirantes cuentan con la formación suficiente y conocen debidamente la normas deontológicas y profesionales.

La primera prueba de este examen tuvo lugar el pasado 4 de julio y se presentaron más de 6.600 aspirantes y se desarrolló en formato ‘online’. Inicialmente estaba prevista el 28 de marzo de 2020 pero tuvo que aplazarse como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

El Ministerio de Justicia y la Universidad de Educación a Distancia (UNED), tras varias negociaciones en las que también participó el Consejo General de la Abogacía Española, llegaron a un acuerdo para poder usar la experiencia del centro educativo en pruebas masivas a distancia.

La prueba de aptitud es requisito previo para el ejercicio de la actividad desde la entrada en vigor de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales.

EXAMEN ONLINE

Para la realización de esta segunda prueba se han admitido un total de 1.883 aspirantes, que desarrollarán el examen online de manera síncrona a través de la plataforma AVEX de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Los aspirantes han solicitado el examen únicamente en dos idiomas: castellano y catalán, y 12 personas han solicitado adaptación por capacidades diferentes.

Según ha informado el Ministerio de Justicia en un comunicado, los aspirantes realizaron el pasado 2 de diciembre un simulacro de los tiempos reales del examen. Durante los dos días siguientes se facilitó la apertura de la plataforma para que los aspirantes se familiarizaran con la misma.

En la página web del Ministerio de Justicia se publicó, con previa antelación, el manual de la prueba de evaluación con los requisitos e instrucciones para el acceso a la plataforma AVEX y la realización del examen, así como la ayuda técnica.

El examen dará comienzo a las 09.00 horas de este sábado, 19 de diciembre, y tendrá una duración de tres horas, si bien su finalización está prevista a las 15.30 horas, debido a las ampliaciones de tiempo para las adaptaciones.

PREGUNTAS CON RESPUESTAS MÚLTIPLES

Será una prueba escrita objetiva de contenido teórico-práctico con respuestas múltiples para contestar a un total de 75 preguntas, divididas en dos partes.

La primera parte de la prueba, compuesta de 50 preguntas, versará sobre materias comunes referidas a la deontología profesional, organización y ejercicio de la profesión. La segunda parte, con 25 preguntas, tratará de materias específicas de los ámbitos civil y mercantil; penal; administrativo y contencioso-administrativo; y laboral.

El 21 de diciembre estará disponible en la plataforma de la UNED la plantilla de las preguntas con las respuestas provisionales, que también se harán públicas en la web del Ministerio de Justicia, donde posteriormente se podrá consultar, por los cauces habituales, los resultados de la prueba.

El Consejo por la República (CxRep), que encabeza el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ha convocado este sábado la asamblea fundacional de representantes, que es el órgano de representación general y de decisión superior de la entidad.

Aunque la sesión constitutiva, que empezará a las 10.00 horas, tenía que celebrarse en Argelers (Francia), finalmente se hará entre Barcelona –en el Palau de la Generalitat– y Bruselas –en el Press Club – por las restricciones derivadas de la pandemia del coronavirus.

En el acto podrán participar todos los diputados del Parlament partidarios de que Cataluña sea un estado independiente en forma de república y quieran formar parte de esta asamblea de representantes.

También están invitados los diputados de los grupos que suscribieron el acuerdo de investidura que dio paso al actual del Govern y a la creación del CxRep, como determina el reglamento de la entidad, aprobado por unanimidad el 20 de abril.

Así, hasta el momento está previsto que asistan representantes de JxCat; del PDeCAT, que en el momento fundacional formaba parte del grupo de JxCat; de Demòcrates de Catalunya, que estaba integrado en el grupo republicano, mientras que los diputados de ERC no acudirán por considerar que es un acto «partidista».

Por parte de la CUP, fuentes de la formación han explicado a Europa Press que no participarán en el órgano pero acudirán como «observadores» al acto a través del diputado Carles Riera al haber sido invitados.

‘PREPARÉMONOS’

En base al orden del día, además de elegir la Mesa del Consell per la República, está previsto ratificar a Puigdemont como presidente del órgano y debatir su acción política y el plan de gobierno, así como el documento político denominado ‘Preparémonos’.

‘Preparémonos’ es la propuesta que el CxRep ofrece al conjunto del movimiento independentista para culminar el camino iniciado con el referéndum del 1-O, y recoge gran parte de las conclusiones de los debates estratégicos realizados por sus miembros.

Así, concreta los ejes principales de la estrategia a seguir para cumplir con el mandato del 1-O, las bases que la legitiman y una guía para la acción para todos los actores que deben protagonizarla: sociedad civil, instituciones autonómicas y el mismo CxRep.

«Es una propuesta para que el movimiento independentista supere la situación de impasse en la que está actualmente y culmine el camino iniciado el 1-O, hecho desde una visión transversal, sin renunciar a ninguna vía democrática para alcanzar la república, incluyendo la confrontación no violenta y asumiendo los riesgos», reza el documento.

RÉGIMEN ELECTORAL

El orden del día también se prevé votar el reglamento y el régimen electoral que debe servir para elegir la futura asamblea de representantes ordinaria, que se elige cada dos años a través de un sufragio libre y secreto por parte de las personas inscritas en el registro ciudadanos del CxRep.

La asamblea estará formada por 121 representantes: 81 elegidos en las diversas circunscripciones electorales establecidas en el reglamento, y 40 elegidos en circunscripción única entre los cargos electos de Cataluña.

Adolfo García Sastre, médico y virólogo en el hospital Monte Sinaí de New York, se muestra optimista con las vacunas contra la COVID-19 y apela a que todos «debemos ponernosla, aunque no sea obligatoria, porque debemos ser responsables». «Si conseguimos la inmunidad del rebaño, el virus será circulatorio en los humanos, pero no tendremos síntomas».

Debido a la configuración del virus, a su juicio «es fácil de contener con una vacuna, por lo que es responsabilidad de cada uno que alcancemos una solución en la primavera del año 2021».

En su intervención en el ciclo organizado por Fedeto, ha destacado su confianza en las distintas vacunas «que alcanzan un 95% de efectividad, que es muchísimo cuando hablamos de vacunas». Sobre los medicamentos «confía en que haya más medicamentos, además de los que hay hasta ahora, que no son muchos», ha informado Fedeto en nota de prensa.

Respecto a la inmunidad que ofrece la vacuna, García Sastre entiende que «es mejor tener una vacuna que te garantice un año de inmunidad a no tenerla; tiene muchos anticuerpos, por lo que serán más duraderas, pero aún no sabemos todo sobre su inmunidad».

En cuanto a si una persona que haya pasado la enfermedad debería ponerse la vacuna, el doctor entiende que «es lo mejor, porque aunque tenga anticuerpos propios, la carga de los mismos que aporta la vacuna es muy superior».

Ha recordado que la vacuna es doble y que se ha probado en más de 30.000 personas con unas efectos más que positivos. «Tan sólo se han dado incidencias en personas que tenían un alto índice de alergias de algún tipo, pero muy alto. En esos casos hay que observarles durante las primeras horas, si hay una reacción aplicar el medicamento oportuno, y no habría más problemas», apunta Sastre.

A su entender, «cuantas más vacunas haya, más vidas se salvarán» y ha cifrado en 16 mil millones de vacunas las que se necesitan a nivel mundial. «Es necesaria la vacunación generalizada para evitar la pandemia».

ENTREGA DE GALARDONES

Al finalizar se han entregado dos galardones empresariales. El primero ha sido para los profesores, por su labor para que la educación pudiera seguir desarrollándose durante la pandemia.

En representación de Cofarta lo ha entregado el presidente de Fedeto, Ángel Nicolás, a Javier López López, profesor del Colegio Maristas Santa María de la ciudad de Toledo.

También se ha entregado el galardón a la Federación Intersectorial de Autónomos de Castilla-La Mancha, por su labor de interlocución regional del colectivo de empresarios autónomos en la región.

Ha entregado el galardón el director de Empresas de Caixabank en Castilla-La Mancha, Justo Gutiérrez, a Sonia Gómez, autónoma del sector de Guías de Turismo en la provincia de Toledo.

El Consejo Fiscal avala la definición del consentimiento expreso que constituye una de la principales novedades de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual presentada por el Gobierno a principios del pasado mes de marzo.

Así lo han acordado este viernes por unanimidad los miembros de este órgano consultivo, que recomiendan en todo caso que el articulado regule esta figura en positivo, han señalado a Europa Press fuentes de este órgano.

En el anteproyecto se señala que «se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes, su voluntad expresa de participar en el acto». Según la Fiscalía, que así lo señalará en su informe, este cambio de redacción otorgará más claridad a esta figura.

El informe del Consejo Fiscal, cuyas sugerencias no son vinculantes, se unirá al que tienen que presentar el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial.

Los ponentes del informe del órgano de gobierno de los jueces, según adelantó El Español, habrían puesto pegas en sus primeras reuniones a la definición de consentimiento expreso que propugna la norma auspiciada por el Ministerio de Igualdad ,a cuyo frente se encuentra Irene Montero, si bien aún no existe una posición final sobre este asunto.

Otro punto de la Ley que ha sido protagonista en el debate del Consejo Fiscal, y en el que no ha existido unanimidad, se refiere a los delitos de explotación sexual (prostitución). Así, el informe que se hará público en los próximos días sugerirá la necesidad de que se cuente con una ley concreta para abordar este fenómeno con el fin de profundizarse más en el delito, sin perjuicio de que se pidan también puntualizaciones técnicas dirigidas a «pulir» los preceptos penales con el fin de mejorar la persecución de estas conductas.

Se pide mejorar, por ejemplo, lo relativo a la figura del proxeneta o tercera persona que se beneficia de una explotación sexual porque aunque ya estaba contemplado en el Código, es cierto que la jurisprudencia existente hacía complicada su persecución. Este aspecto debe ser mejorado en la nueva normativa según sugerirá el Consejo Fiscal.

CASTIGOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL

Según el Anteproyecto se castigará con la pena de prisión de 1 a 4 años cualquier comportamiento sexual «que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento», e incluye como delito leve el denominado ‘acoso callejero’.

Las condenas por violaciones irán de 4 a 10 años, aunque se podrán elevar a 12 si concurre una circunstancia agravante y a 15 si concurren dos o más.

La norma, que elimina la diferencia entre abuso y agresión, pone en el centro de los delitos sexuales el consentimiento de la víctima para que no sea necesaria la existencia de violencia o intimidación para que sea considerado una agresión. La eliminación de esta diferencia ha sido vista con buenos ojos por el Consejo fiscal, según las mismas fuentes, sin perjuicio de que las penas se establezcan en función de las características de cada conducta en concreto.

El anteproyecto asume así el conocido ‘solo sí es sí’, reivindicación que se evidenció tras la polémica primera sentencia del caso de La Manada, que condenó a los 5 acusados por un delito de abuso por una violación múltiple de una joven durante los Sanfermines de 2016 –si bien posteriormente el Tribunal Supremo elevó las penas al sentenciar que fue una violación–.

La plataforma Más Plurales, de la que forman parte sindicatos, asociaciones de familias, empresas y organizaciones educativas del sector de la concertada, ha convocado para este domingo una nueva concentración de vehículos por todas las ciudades de España, al igual que sucedió el pasado 22 de noviembre.

Se trata de la sexta movilización de la plataforma –la última fue este miércoles frente a las puertas del Senado– antes de que la LOMLOE, la reforma educativa más conocida como ‘Ley Celaá’, y a la que se opone firmemente esta plataforma, sea sometida a debate y votación el próximo 23 de diciembre en el Pleno del Senado.

El dictamen de la Comisión de Educación de este viernes es el que se votará el próximo miércoles en el Pleno del Senado, donde el Gobierno necesita mayoría absoluta de la Cámara al tratarse de una Ley Orgánica, un umbral asumible para el PSOE dado que los grupos que apoyaron la norma en el Congreso también alcanzan la mayoría absoluta en el Senado.

La Ley solo tendría que volver al Congreso si el Pleno del Senado aprobase alguna enmienda ‘viva’ –enmiendas que no se aprobaron en Comisión–. De momento, el Congreso mantiene abierta la posibilidad de un último debate el próximo 29 de diciembre.

El redactado de la ‘Ley Celaá’ contempla no ceder suelo público para escuelas concertadas, la prohibición de que los concertados segreguen por sexo y la eliminación del criterio de «demanda social» de los concertados al priorizar el aumento de plazas públicas, entre otras cuestiones.

Para Más Plurales, la supresión de la «demanda social» de los centros privados sostenidos con fondos públicos «deja vía libre para que la Administración suprima aulas en los centros concertados y las abra únicamente en centros públicos», lo que para ellos supone un «ataque a la libertad» porque entienden que se vulnera el derecho de las familias de elegir centro para sus hijos.

Pero además, la Plataforma ha expresado su preocupación por lo relativo a la asignatura de Religión, que seguirá siendo de oferta obligatoria y de carácter voluntario para los alumnos, pero que como novedad no contará para la nota media, al no tener una asignatura alternativa. La Plataforma considera que este cambio «relega la Religión al estatus de asignatura de segunda, que ocupará un lugar decorativo y secundario en el currículum escolar».

Sus protestas también se han centrado en torno a cómo quedaría la educación especial con la LOMLOE, la cual dice que en el plazo de 10 años los centros ordinarios deberán contar «con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad», lo que la Plataforma interpreta como el cierre de estos centros.

La derecha española (PP, Cs y Vox), que votó en contra de la norma en el Congreso, también ha iniciado su propia campaña de desprestigio de la ‘Ley Celaá’, por lo que en las últimas semanas ha mostrado su apoyo a esta Plataforma. De hecho, las tres formaciones ya anunciaron que recurrirían la ley ante el Tribunal Constitucional en caso de llegar ésta a aprobarse, lo que previsiblemente sucederá.