La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado este viernes la condena a 5 años y 8 meses de cárcel para el ex alcalde de Santa Coloma de Gramanet Bartomeu Muñoz y ha rebajado las penas dictadas por la Audiencia Nacional contra el ex diputado del PSC Luis Andrés García Saéz, «Luigi» así como de otros dos condenados, por el caso ‘Pretoria’, en el que se juzgaron actuaciones ilícitas en operaciones urbanísticas realizadas entre 2002 y 2009 en esa y otras localidades catalanas.
Un total de siete condenados por la llamada ‘Operación Pretoria’, entre los que figuran los ex consejeros de la Generalitat de Cataluña Maciá Alavedra y Lluis Prenafeta, no presentaron recurso ante el alto tribunal. Los exmiembros del Ejecutivo regional fueron condenados en junio de 2018 a 1 año 11 meses y 27 días de prisión cada uno por delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales al aplicarles las atenuantes de dilaciones indebidas y de confesión.
A ambos se les impuso una multa de 3,2 millones de euros en el caso de Alavedra y de 5,8 millones en el caso de Prenafeta, y evitaron entrar en la cárcel tras el acuerdo de conformidad alcanzado con la Fiscalía Anticorrupción, que les rebajó su petición de seis a dos años de prisión al reconocer al comienzo de la vista oral que habían percibido mordidas del cuatro por ciento de cada operación; unos 800.000 euros cada uno.
El cuanto a los recursos presentados contra dicha sentencia, el Supremo respalda en términos generales la sentencia dictada por la Audiencia Nacional contra Muñoz como autor de un delito continuado de prevaricación administrativa, un delito continuado de cohecho, un delito de prevaricación administrativa y un delito de cohecho por la trama de corrupción urbanística que afectó a Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona.
Sin embargo, ha rebajado la pena al ex diputado socialista «Luigi», que fue condenado a 7 años, 1 mes y 29 días de prisión por delitos de tráfico de influencia en concurso medial con un delito continuado de prevaricación administrativa, cohecho continuado, blanqueo de capitales y falsedad documental. El TS le ha absuelto del delito de falsedad documental, por el que recibió 1 año y 6 meses de prisión, y le ha reducido la pena por el de cohecho –de 3 años y 2 meses a 1 año y 9 meses–, manteniendo el resto de la condena.
Otra de las penas que se rebajan ligeramente es la del empresario Josep Singlá Barcelo y a Manuel Valera Navarro, que fue condenado a 1 año, 10 meses y 15 días de prisión por delitos de tráfico de influencias continuado en concurso medial con un delito continuado de prevaricación y por cohecho. Por el primero, la pena de 10 meses y 15 días de cárcel pero modifica la cuantía de la multa para dejarla en 861.318 euros, y respecto al segundo le impone 6 meses de prisión y el pago de 300.000 euros.
El Supremo modifica igualmente la pena del también empresario Manuel Valera Navarro, presunto testaferro de ‘Luigi’, que fue condenado a 2 años y 3 meses de prisión. Así, le ha impuesto 8 meses de prisión y una multa de 566.124 euros por un delito de cohecho, y 6 meses de prisión y 280.322 euros por dos delitos de tráfico de influencias –uno por la operación de Sant Andreu de LLavaneres y otro por la de Badalona–. Por lo demás, ha confirmado la pena de 6 meses de prisión por un delito de tráfico de influencias en concurso con uno continuado de prevaricación administrativa. OPERACIÓN EN SANTA COLOMA
Respcto del exalcalde Muñoz, se confirma la pena de cárcel multa de 3,4 millones de euros por la operación ‘Pallaresa’, aprobada por el Consistorio en el año 2001 para la creación de un centro comercial hoteles y viviendas. La modificación de los contratos iniciales ocho años después ocultaba una revalorización del terreno de la que se benefició las sociedades que consiguieron irregularmente la adjudicación.
La operación «Pretoria» llevó al banquillo a un total de once personas que participaron entre los años 2002 y 2009 en tres operaciones urbanísticas del área metropolitana de Barcelona que, en lugar de favorecer el interés público, buscaban la obtención de elevados rendimientos económicos, propiciando importantes beneficios y comisiones que sumaron a su patrimonio, bien directamente o bien a través de testaferros.
El relato de hechos probados que ahora se confirma resalta el papel trascendental de ‘Luigi’, quien, en calidad de diputado del PSC entre los años 1980 y 1988, se consiguió posicionar como «facilitador» no solo interviniendo en las tres operativas sino liderándolas y facilitando las adjudicaciones así como la aprobación de posteriores cambios urbanísticos por los que se embolsó comisiones millonarias.
En la operación Pallaresa, gracias a su amistad con el entonces alcalde Bartomeu Muñoz, despachó directamente con los técnicos municipales orientando el sentido de los informes. De esta forma, la adjudicación fue a parar a Centre Comercial Gramenet, integrada por la empresa Proinosa, de Josep Singla, y posteriormente a Tultar, de ‘Luigi’, que percibió 2,1 millones de euros de forma ilícita. Parte de las ganancias obtenidas las invirtió en tres turismos de lujo y en obras de arte.
