El Gobierno defiende que las elecciones de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo no deben interpretarse en clave nacional sino en su contexto autonómico, porque no son unos comicios generales sino de una región en la que la situación es muy "particular" y no es extrapolable a otros territorios, según argumentan distintas fuentes gubernamentales.

Eso sí, al mismo tiempo desde el Ejecutivo no han dudado en sumarse a la última estrategia del PSOE en la campaña de llamar a un cordón sanitario contra Vox, y responsabilizar al "discurso de odio" de este partido de las amenazas de muerte sufridas ya por dos ministros, entre otros; una nueva estrategia, con cambio de lema incluido, que precisamente avisa de que "no es solo Madrid" lo que está en juego, sino "la democracia", según los socialistas.

En todo caso, en Moncloa rechazan que los resultados del candidato socialista Ángel Gabilondo vayan a afectar a la posición y la gestión del Ejecutivo, en el supuesto de que, como pronostican algunas encuestas, el PSOE pierda apoyos y no logre formar gobierno con Más Madrid y Unidas Podemos. Y por ello, insisten en restar trascendencia nacional a la cita con las urnas en Madrid del próximo martes.

CONSEJO DE MINISTROS EN LA JORNADA ELECTORAL

En este contexto, han decidido mantener la reunión del Consejo de Ministros y la rueda de prensa posterior que celebran cada martes. El Gobierno sigue trabajando con normalidad, defienden, empezando por el presidente Pedro Sánchez, que también ha optado limitar su presencia en la campaña madrileña a los fines de semana, para seguir cumpliendo con su agenda institucional, explican en Moncloa.

El secretario general del PSOE arrancó la precampaña madrileña respaldando a Gabilondo cada fin de semana desde que a mediados de marzo se anunció el adelanto electoral. Además, redobló su presencia pública a las puertas de que comenzara oficialmente la contienda electoral, con varias comparecencias semanales en su calidad de presidente. Se le acusó incluso de estar opacando al candidato socialista.

Desde que arrancó la campaña el 18 de abril, el presidente ha recuperado una exposición mediática más reducida, como la que viene protagonizado en los últimos meses. Y con Gabilondo ha estado por ahora en dos ocasiones --en el arranque, el domingo 18, y el pasado domingo 25, en Getafe--, y estará seguro en el mitin de cierre del próximo domingo.

En esos dos mítines, Sánchez ha evitado además la confrontación directa con Díaz Ayuso, en un intento también de no entrar al trapo de la estrategia de la presidenta madrileña, que ha centrado su campaña en erigirse como un bastión de "libertad" frente al Ejecutivo central.

En el acto de arranque de la campaña del PSOE, Sánchez no mencionó a la candidata del PP por su nombre ni una sola vez. Y en el mitin del pasado domingo en Getafe, se centró el cargar contra Vox y en la amenaza que representa, a su juicio, para la democracia, por su "discurso del odio".

Entre semana, Sánchez ha delegado en sus ministros. La última que estuvo con Gabilondo fue la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, el pasado martes por la tarde. El miércoles no participó oficialmente en campaña ningún ministro, y este jueves, el titular de Política Territorial, Miquel Iceta, ha estado en un acto de campaña en Leganés, pero sin Gabilondo.

"HASTA EL ÚLTIMO MINUTO HAY PARTIDO"

En el PSOE y en Moncloa son conscientes de la dificultad que entrañan estos comicios, pero repiten una y otra vez que "hasta el último minuto hay partido", y que es posible que la izquierda sume los escaños suficientes para gobernar, porque todo dependerá de un "puñado" de votos, según fuentes socialistas.

Eso sí, distintas fuentes gubernamentales defienden que, pase lo que pase, hay que tener en cuenta que la situación de esta región es muy "particular" y no es extrapolable a otros territorios: por un lado, por la polarización que existe en Madrid, y por otro, por el hecho, a su juicio, de que la estrategia de la candidata del PP y presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, es distinta a la de otros 'barones' del partido en otros territorios, e incluso a la del propio líder 'popular', Pablo Casado.

En esta línea, también argumentan que el PP no tiene en otros territorios el peso que tiene en Madrid y que, además, el PSOE tampoco tiene el gobierno de esta región, por lo que no se arriesga a perderlo. Es más, aseguran que es Casado el que tiene las de perder en cualquier escenario: si Ayuso gana, puede ver amenazado su liderazgo; y si no logra conservar el gobierno de Madrid, el PP perderá uno de sus principales feudos.

Según los pronósticos de algunas de las últimas encuestas, el PSOE podría bajar incluso de los 30 de escaños, frente a los 37 que tiene ahora en la Asamblea. No obstante, fuentes socialistas defienden que lo importante en estos comicios no es tanto ganar en votos y escaños sino que sume la izquierda y lograr formar gobierno, algo que no descartan porque todo dependerá, a su juicio, de un puñado de votos.

Además, aseguran que la izquierda es "diésel", en el sentido de que a medida que avanzan las campañas, suele aumentar su movilización. En todo caso, para asegurarse de que el voto progresista acudirá a votar el próximo 4 de mayo, el PSOE decidió la semana pasada dar un giro a su campaña hacia la izquierda, y abandonar sus guiños al centro y a los votantes de ciudadanos, para centrarse en movilizar a la izquierda, con acercamiento a Unidas Podemos y a su candidato, Pablo Iglesias, incluido. Gabilondo pasó del 'Con este Iglesias, no', al 'Pablo, tenemos doce días para ganar las elecciones'.

Esta estrategia de reforzar el bloque de la izquierda se ha enfatizado aún más en los últimos días tras las amenazas de muerte a varios ministros socialistas, a la directora de la Guardia Civil, María Gámez, y a Iglesias, y las reticencias de Vox a condenarlas sin matices, lo que ha llevado al PSOE incluso a cambiar su lema, y pasar del 'Hazlo por Madrid', al 'No es sólo Madrid, es la democracia'.

El 'número seis' de la candidatura de Unidas Podemos a la Asamblea de Madrid, Jesús Santos, ha tachado este jueves de "criminal" la gestión de la Comunidad de Madrid en las residencias en este más de un año de pandemia y ha criticado que "no hayan medicalizado ninguna" pese a las resoluciones judiciales que le instan a ello al Gobierno regional.

En un mitin en Leganés, Santos ha explicado que cree que es "criminal su inacción", es especial en localidades como Leganés y Alcorcón, dos de los municipios donde más ancianos murieron en geriátricos en la primera ola de la pandemia. "En aquellos momentos de gente confinada, el personal de las residencias estaban desesperados", ha dicho.

De hecho, el también teniente de alcalde de Alcorcón ha relatado que en la Empresa de Servicios Municipales compraron en enero epis ante las subidas de precios, que pensaban que les iban a durar años. Pero tras lo sucedido empezaron a repartirlos en todas las residencias de Alcorcón, pero también de Moratalaz o de Leganés. "Nunca se me olvidará la llamada de una trabajadora de psiquátrico pidiéndonos EPIs porque estaban totalmente desprotegidos", ha contado.

"Ayuso nos mintió, no podemos olvidar jamás. Hicimos lo que teníamos que hacer por dignidad, por humanidad y por nuestros mayores. Pasaron los días y vimos cómo Ayuso no hacía nada. ¿Por qué no medicalizaban las residencias? Se lo dijimos por activa y pasiva y se lo dijeron los tribunales. Ahora todos los mayores vacunados. Tardan menos en investigar una vacuna y vacunar a los mayores que en medicalizar solo una residencia. ¿Cómo es posible? Es una auténtica barbaridad y por eso nunca se nos puede olvidar. No es que sean malos gestores, son malas personas porque odian a la clase trabajadora, porque odian a nuestros mayores porque ellos trabajaron por traer la dignidad y la democracia a nuestro país y construyeron estos pueblos con sus manos. Eso es lo que odia el PP y Ayuso", ha esgrimido.

Por eso, Santos ha apelado al "orgullo del Sur" para sacar del poder a los que "llevan 26 años despreciando" a los ciudadanos del sur de la región. "El 4 de mayo vamos a demostrar que lo peor que ha hecho Ayuso es despertar el orgullo del Sur y conseguiremos que nuestros hijos tengan la misma dentadura que los del barrio de Salamanca. El orgullo de decir que soy el sur y estoy hasta las narices de ver casas de apuestas delante del colegio. Soy del sur, voy con un novio de la mano y no permitirá que un nazi me amenace. Llevo toda la vida comiéndome la basura de Madrid y voy a votar para mandar al basurero de la historia al PP. Por la dignidad, a votar el 4M, que el Sur será la tumba del fascismo. Vamos compañeros, que sí se puede, a por ellos", ha terminado.

Por su parte, la directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y también candidata de Unidas Podemos en estas elecciones, Beatriz Gimeno, ha señalado que la gestión de residencias, que fue "un caos" durante el punto álgido de esta crisis sanitaria, ya era "dantesca" con anterioridad.

"Antes venían los familiares de los residentes contándonos que les daban sobras de comer; que se habían caído en el baño y se pasaban toda la noche en el baño. Intentamos sacar una ley de residencia que no salió. Esa gente no se merece ese trato y esa gente son nuestros mayores y han trabajado muy duro, luchado para conseguir un servicio público que les proteja. Son nuestro patrimonio, son lo que tenemos. No podemos dejar que nos lo expropien. No podemos permitir que nos construyan ese futuro. Todos vamos a necesitar una residencia, no podemos permitir que lo gestionen los privados, tienen que ser servicios públicos, universales, de calidad", considera.

Gimeno ha recordado que la vejez es el momento más vulnerables y cuando más ayuda de las instituciones necesitan las personas. Sin embargo, ha denunciado que las residencias de ancianos "son lugares donde se explotan a las trabajadoras, que no dan más de sí, que les gustaría cuidar bien pero no pueden por el nivel de explotación que sufren", ha concluido.

Por su parte, la 'número tres' de la candidatura de UP, Vanessa Lillo ha señalado, criticando el discurso sobre la libertad de la cabeza de lista del PP a revalidar la Presidencia regional, Isabel Díaz Ayuso, que Madrid "es un sitio impune porque no te puedes cruzar con las caras de los familiares que murieron en las residencias".

"Ella no va a los debates y por eso ha mandado una carta de un folio en blanco, porque no tiene nada que ofrecer. Lo que dice en el programa electoral no tiene nada que ver con lo que hacen. Somos la comunidad más desigual de España y eso lo sufrimos sobre todo en el Sur. Dejamos de recaudar 4.000 millones por regalas a los grandes empresarios, a los grandes florentinos", ha añadido Lillo para pedir la movilización de los ciudadanos del Sur el 4 de mayo.

RECUERDO AL 15M EN SU DÉCIMO ANIVERSARIO

Por su parte, la 'número dos' de la lista encabezada por Pablo Iglesias, Isa Serra, ha recordado al movimiento 15M, del que se cumple en unos días su décimo aniversario, y el lema de que 'si no hacen políticas tú, te la hacen contra ti'. "Lo decíamos desde las plazas y que había que llegar a las instituciones y los gobiernos. Por eso nos unimos para sumar en ese proyecto políticos, que sirvió para devolvernos la ilusión a muchísima gente, pero que también fue una barrera frente a la extrema derecha", ha comentado.

Una extrema derecha, ha continuado, que crecía en muchos países y en España "tardaba en llegar". "Y llegó gracias a los poderes mediáticos que están apoyando a la extrema derecha y llegó como una escisión al PP. Unidas Podemos sigue siendo una barrera frente a la extrema derecha y dice que con el fascismo no se debate. Y crea un precedente en este país", ha esgrimido.

"Gracias Pablo por tanto dignidad contra la indecencia y la humillación fascista. Somos una barrera frente a la extrema derecha porque gracias a nosotros impedimos que gobierne la ultraderecha en muchos sitios. Y por eso atacan a las mujeres, a la infancia migrante, a las personas LGTB. Porque son reaccionarios y buscan chivos expiatorios. Y ahora han soltado a sus matones para agarrarse al poder y por eso humillan y desprecia a la infancia migrante y las personas más vulnerable", ha proseguido la también portavoz de Podemos.

Por su parte, el candidato Julio Rodríguez ha tachado el proyecto de Díaz Ayuso de "desacomplejadamente neoliberal, que quiere implantar claramente el trumpismo" en España. "Ella busca implantarlo porque va en contra de los deseos de los ciudadanos, que buscan un mundo más igualitario para todos. Van buscando la polarización más despiadada. Madrid es uno de los territorios más desiguales de Europa. No hay más que ver la polarización entre ricos y pobres. Y usan las mentiras porque saben que es la única manera de encandenarse al poder", ha indicado.

Para el exJEMAD, la derecha y la ultraderecha "juega con la mentira creando odio entre los más débiles". "Cuando justifican el odio tratan de enfrentarnos unos contra otros. Saben que frenarlo es muy difícil. Tras los discursos del odio vienen los crímenes del odio y lo estamos viendo estos días. Pero nosotros vamos a luchar contra ellos", ha finalizado.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha considerado este jueves "imperdonable" que el Gobierno central aún no haya puesto sobre la mesa una "alternativa normativa o jurídica" que diera seguridad jurídica a las comunidades autónomas en la toma de decisiones para luchar contra la pandemia del coronavirus, cuando faltan pocos días para el día 9 de mayo, en el que está previsto que decaiga el actual estado de alarma.

En declaraciones a los periodistas en el Parlamento andaluz, Moreno ha lamentado esta situación y ha apuntado que habrá que esperar a ver qué quiere hacer el Gobierno central. En cualquier caso, ha insistido en que el presidente español, Pedro Sánchez, lo que debería hacer es convocar de manera urgente una Conferencia de Presidentes para que se pudiera debatir sobre todos estos asuntos.

Ha advertido de que si el Gobierno central decide no hacer "nada", la Junta de Andalucía, con los instrumentos que tiene en sus manos desde el punto de vista normativo, tomará las decisiones que considere que sean necesarias y oportunas para frenar la pandemia.

Pero el presidente ha recalcado que ahora "lo importante es saber qué quiere hacer el Gobierno central, porque la pandemia no entiende de territorios".

"Lo que tiene que hacer el Gobierno es marcar normativa para el conjunto del Estado", según ha indicado Juanma Moreno, quien ha agregado que es incomprensible que, tras 14 meses de pandemia, el Ejecutivo nacional no sea capaz de plantear "ninguna alternativa normativa ni jurídica": "El Estado tiene que coordinar, planificar y liderar".

En la misma línea se ha manifestado minutos después el presidente en el transcurso de la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, en respuesta a la pregunta que le ha formulado el portavoz del Grupo Socialista, José Fiscal, quien ha pedido a Moreno que detallara las medidas que tenía previsto adoptar la Junta una vez que decaiga el estado de alarma.

"¿DÓNDE ESTÁ LA COGOBERNANZA?"

Juanma Moreno ha respondido al portavoz socialista indicándole que esa pregunta se la tendría que hacer a Pedro Sánchez, que "fue el que anunció la finalización del estado de alarma", y ha insistido en preguntarse "dónde están la cogobernanza, el respeto a las comunidades autónomas", así como el "espíritu autonomista" de los socialistas, "capaz de reivindicar, de defender la pluralidad que tiene este maravilloso país que es España".

El dirigente andaluz ha preguntado al portavoz socialista si veía "razonable" que el presidente del Gobierno "lleve seis meses" sin convocar una Conferencia de Presidentes, o anunciara "en una rueda de prensa en plena campaña electoral en la Comunidad de Madrid" que no va a prorrogar el estado de alarma "sin hablar ni una coma con quienes llevamos el peso de la pandemia, que son las comunidades autónomas".

Moreno ha insistido en que, a partir del día 9 de mayo, "las comunidades no podemos decidir sobre toques de queda, cierres perimetrales, sobre el límite de reunión o sobre los aforos de culto", y ha advertido de que "no sabemos cómo nos vamos a encontrar epidemiológicamente" para entonces.

"Nos quedamos sin instrumentos" para limitar contagios, ha subrayado Juanma Moreno, quien ha lamentado que, "a lo largo de tantos meses" de pandemia, el Gobierno no haya "previsto esta situación y no ha buscado una fórmula alternativa de verdad, hablada, consensuada con las comunidades autónomas, para no depender de las decisiones judiciales".

Ha preguntado al portavoz del PSOE-A si le parece "razonable que en una situación de pandemia, en la que hay que tomar decisiones con diligencia, rapidez y enorme seguridad jurídica, estemos pendientes de si el tribunal admite o no una determinada decisión a las comunidades autónomas".

Moreno ha denunciado que "el Gobierno de España no ha hecho sus deberes, ha abdicado de su responsabilidad, y la triste consecuencia" es que a partir del 9 de mayo "va a haber un enorme desconcierto en todas las comunidades autónomas y sus ciudadanos, que ven cómo su Gobierno, una vez más, se esconde ante la pandemia", ha concluido el presidente.

La Conselleria de Salud de la Generalitat administrará la vacuna del Covid-19 desarrollada por Moderna a los agentes de la Guardia Urbana y la Policía Nacional a partir del próximo lunes, han informado fuentes conocedoras este jueves.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dio un plazo máximo de 10 días al Govern de la Generalitat --que expira el día 6 de mayo-- para reanudar la vacunación contra el Covid-19 a policías y guardias civiles y alcanzar "la misma proporción" de agentes vacunados que en el cuerpo de Mossos d'Esquadra.

El TSJC resaltaba los "elocuentes datos" sobre la vacunación a cuerpos policiales en Catalunya: el 24 de marzo, se había vacunado al 77% de los mossos, al 68,9% de agentes de policías locales y al 77,9% de efectivos de la Guardia Urbana de Barcelona; frente al 3,6% de policías nacionales y al 2,8% de guardias civiles en Cataluña.

"No son necesarias demasiadas pruebas para entender que la demora en la vacunación de los funcionarios de los cuerpos y fuerzas de seguridad que están en activo puede situar a tales funcionarios en una situación de riesgo para su salud (incluso de riesgo grave o irreparable) superior a otros grupos de población", dicen los magistrados al justificar esta medida cautelar.

La vacuna de Moderna requiere de dos dosis para generar inmunidad frente al virus con un intervalo mínimo de 28 días entre inyecciones y, en Catalunya, se ha administrado desde los hospitales por sus particularidades de conservación a profesionales sanitarios y pacientes con enfermedades crónicas, entre otros enfermos con complejidad.

En Cataluña se empezó a vacunar con AstraZeneca a los colectivos esenciales --entre los que se incluyen los policías-- dada la limitación de vacunar a mayores de 55 años que había en España pero se frenó tras la suspensión cautelar de dicha vacuna y, cuando se retomó, pasó a ser a mayores de 60 años; por eso se dejó de inocular a esenciales en detrimento de la población general más vulnerable acorde a un criterio de edad, según explicó la Generalitat.

JUCIL Y JUPOL

En un comunicado, la secretaria regional de Jucil en Cataluña, Milagros Cívico, ha manifestado su "satisfacción por el inicio del proceso de vacunación a la Guardia Civil y la Policía Nacional destinada en Cataluña, con lo que se pone fin a una injusticia por parte de las autoridades catalanas hacía las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado."

Por su parte, el secretario regional de Jupol en Cataluña, Marcos Veiras, ha expresado: "Desde Jucil y Jupol estamos satisfechos por conseguir que al final se vacune a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña", pero ha lamentado haber tenido que acudir a los tribunales para conseguir que se vacunara a los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil.

Desde Jucil y Jupol también han criticado las "difamaciones" del Govern de la Generalitat, que consideran que ha culpado a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los retrasos en las vacunaciones de la población general.

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha rechazado este jueves un Estado de Alarma 'a la carta', con lo que respalda el planteamiento realizado por el lehendakari, Íñigo Urkullu, y se vuelve a mostrar en contra de que el Gobierno central "vuelva a pasar la pelota" a las comunidades autónomas tras el 9 de mayo.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Igea ha eludido a sus raíces vascas plasmadas en su segundo apellido. "Hoy me siento mucho más Arisqueta que nunca, estoy muy de acuerdo con lo que dice el Gobierno vasco", ha señalado el vicepresidente, quien ha insistido en la decisión sobre la situación en la que quedará el país tras el 9 de mayo corresponde al Ejecutivo central.

"Lo que no puede hacer el Gobierno, aunque me temo que lo hará, es volver a pasar otra vez la pelota a las comunidades autónomas", ha señalado Francisco Igea tras lamentar que el Ejecutivo haya incumplido su "promesa" de actualizar la Ley de Salud Pública para adaptarla a la situaicón de pandemia y se plantee ahora no prorrogar el Estado de Alarma.

Para defender su rechazo a impulsar un Estado de Alarma 'a la carta'. Igea ha destacado que la Ley dice "claramente" que no se puede usar esta figura cuando la crisis es global y, como ha argumentado, actualmente hay nueve autonomías que están en una situación de "alerta máxima".

"Es una obligación del Estado gestionar las pandemias, el Gobierno tiene que asumir su responsabilidad, nosotros asumiremos la nuestra, pero quien la tiene que tomar en este momento es el Gobierno", ha insistido, tras lo que ha afeado que el Ejecutivo esté "nuevamente" en campaña electoral y teme que sus decisiones influyan en el resultado de los comicios en Madrid.

"Hay que llamar al Gobierno a tomar una decisión, no se puede tener al país paralizado porque haya una campaña electoral, no se puede poner las campañas electorales por delante del interés ciudadanos", ha aseverado el vicepresidente.

Igea ha insistido en que la Junta será responsable y tomará decisiones dentro de sus competencias para atajar la pandemia tras el 9 de mayo, aunque ha eludido hablar de medidas concretas porque considera que ahora debe actuar el Gobierno central.

En este sentido, se ha mostrado "preocupado" por la incidencia de Covid en las regiones que lindan con la Comunidad y lo que esto puede suponer tras la eliminación de los cierre perimetrales, por lo que ha insistido en la importancia de trabajar en la vacunación "a toda velocidad" para que "intentar que la irresponsabilidad del Gobierno pille con el mayor grado de inmunización posible".

SITUACIÓN ACTUAL EN LA COMUNIDAD

El vicepresidente de la Junta ha detallado que la situación sanitaria tiene una tendencia sostenida sin registrar descensos. Así, la incidencia acumulada a siete días es de 93 casos por cada 100.000 habitantes y de 196 a 14 días. Además, se ha mostrado "muy satisfecho" por el ritmo de vacunación tras haber superado el millón de dosis puestas en la Comunidad y alcanzar al menos al 35 por ciento de la población con una dosis.

No obstante, Igea ha asegurado que a la Junta le "preocupa mucho" la detección de otras variantes de virus como puede ser la India. "Si algo nos ha enseñado esta pandemia es que el mundo es muy pequeño, espero que no se comentan los errores de otras veces", ha manifestado.

"Esto está en todas las partes, el mundo es muy pequeño y la interconexión muy grande", ha señalado, tras lo que se ha mostrado especialmente preocupado por la "lentitud" en la toma de decisiones. "Esto es especialmente desesperante, espero que seamos capaces de aprender a tomar decisiones, tomar decisiones no parece la especialidad de este Gobierno", ha insistido.

En este sentido se ha referido también la decisión sobre la segunda dosis de la vacuna de AstraZéneta entre la población menor de 60 años que han recibido la primera. "Nos gustaría que se tomase alguna decisón en tiempo, que este Gobierno no sea el último en tomar decisiones en la UE", ha señalado.

Por último, sobre el anuncio de la farmacéutica Pfizer sobre la posibilidad de tener que administrar una tercera dosis de su vacuna en nueve meses, Igea ha considerado "muy probable" que el sistema de vacunación sea estacional y similar al de la gripe, aunque ha abogado por esperar a conocer la evolución.

Cuatro jueces de instrucción de la Comunidad de Madrid investigan ya las cartas con amenazas enviadas en los últimos días al líder de Podemos, Pablo Iglesias; el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska; la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto; y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, según fuentes jurídicas.

La Policía, tras concluir las pesquisas iniciales, ha enviado los distintos atestados a los juzgados madrileños para que las investigaciones continúen por la vía judicial. Cada caso ha recaído sobre un juez distinto, dado que se han denunciado de forma individual y, además, no hay autor conocido en tres de los cuatro, dos circunstancias que en sentido contrario habrían permitido una causa conjunta.

Así, la primera carta dirigida a Iglesias ha sido asignada al Juzgado de Instrucción Número 3 de Madrid, de la enviada a Grande-Marlaska se ocupará el 52 y, en el caso de la recibida por Gámez, se encargará un juzgado de instrucción de Colmenar Viejo, mientras que la de Maroto estará en manos del 41 de Madrid.

Al tratarse de presuntos delitos de amenazas, la competencia queda fijada por el domicilio de la persona a la que van dirigidas, de ahí que la carta enviada a Gámez se vaya a investigar en Colmenar Viejo y la de Maroto, que se habría enviado desde El Escorial, se vaya a tratar en Madrid.

Las mismas fuentes han apuntado que lo más probable es que la investigación judicial sobre la carta recibida por la ministra de Industria, Comercio y Turismo avance más rápido que las otras por ser la única con remitente identificado.

UNA NAVAJA, BALAS Y AMENAZAS

El pasado 22 de abril, se supo que Iglesias, Grande-Marlaska y Gámez habían recibido cada uno de ellos una carta sin remitente que contenía un mensaje amenazante y balas.

Las de Iglesias y Grande-Marlaska llegaron al Ministerio de Interior. La destinada al líder de Podemos contenía dos balas del fusil tipo Ceme y un mensaje: "Has dejado morir a nuestros padres y abuelos. Tu mujer, tus padres y tú estáis sentenciados a la pena capital. Tu tiempo se agota".

El sobre enviado al ministro de Interior tenía dentro dos cartuchos sin percutir del calibre 7,62x51 y un escrito que decía textualmente: "Tienes 10 días para dimitir. El tiempo de reírte de nosotros se terminó. Policía Nacional, Guardia Civil. El tiempo lo tienes en contra para los taponazos".

La directora de la Guardia Civil, por su parte, recibió la carta en la secretaría de su despacho, con un cartucho del calibre de 7,62 mm y otra nota amenazante dentro.

Posteriormente, Maroto recibió en la sede de su Ministerio otro sobre con una navaja manchada de rojo. Su remitente ha sido identificado como un vecino de El Escorial con un problema de salud mental que ha enviado otras cartas amenazantes, entre otros, a la Embajada de Turquía.

MÁS CARTAS PARA IGLESIAS, AYUSO Y ZP

Esta misma semana, Correos ha interceptado más cartas con amenazas con Iglesias, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, y el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como destinatarios.

El paquete dirigido a Díaz-Ayuso, que también contenía proyectiles, fue interceptado en el centro de Correos en San Cugat (Barcelona). El Juzgado de Instrucción 1 de Rubí, en la misma provincia, investiga ya los hechos.

La segunda misiva enviada a Iglesias tenía como destinatario formal la Dirección de la Guardia Civil pero realmente estaba dirigida al candidato 'morado'. En su interior había otros cuatro proyectiles. Y, en este caso, fue interceptada en el Centro de Tratamiento Automatizado (CTA) que Correos posee en Vallecas.

El último episodio conocido ha afectado a Rodríguez Zapatero. Los sistemas de seguridad de Correos intervinieron el miércoles una carta amenazante dirigida al ex presidente del Gobierno con dos posibles cartuchos de arma de fuego.

En este contexto, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han recibido órdenes de reforzar las medidas de seguridad de todos los candidatos que aspiran a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, poniendo servicio de escolta a aquellos que no la tenían ya.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha declarado que España incumplió las obligaciones impuestas por la Comisión Europea relativas a la ayuda estatal concedida por las autoridades de Castilla-La Mancha para el despliegue de la televisión digital terrestre (TDT) en zonas remotas y menos urbanizadas de comunidad autónoma.

Con esta sentencia, el Tribunal de Justicia ha estimado el recurso que interpuso la Comisión Europea alegando que España no había adoptado, dentro de los plazos previstos, todas las medidas necesarias para recuperar de TelecomCLM la ayuda estatal declarada ilegal e incompatible con el mercado interior.

Igual que la Comisión, el Tribunal cree que España no ha adoptado, en los plazos señalados, todas las medidas necesarias para recuperar de TelecomCLM la ayuda estatal declarada ilegal e incompatible con el mercado interior por la mencionada Decisión, ni ha acreditado que fueran cancelados todos los pagos pendientes de dicha ayuda ni tampoco ha cumplido con la obligación de comunicación a la Comisión Europea en el plazo fijado.

En relación con el incumplimiento de los plazos, destaca que "una recuperación tardía" de las ayudas, posterior a los plazos señalados, "incumple las exigencias" del Derecho de la Unión, recordando que la fecha de referencia es la prevista en la decisión o la que la Comisión haya fijado con posterioridad (sentencia de 12 de febrero de 2015, Comisión/Francia, C-37/14, no publicada, EU:C:2015:90).

Pone de manifiesto que España tenía la obligación de garantizar la recuperación "inmediata" y "efectiva" de tal ayuda en el plazo de cuatro meses a partir de la fecha de notificación de la decisión. Sin embargo, añade que España tardó "más de cuatro años" después de la fecha de la notificación. El Tribunal de Justicia considera que esta situación es "manifiestamente inconciliable" con la obligación de dicho Estado miembro de garantizar dicha recuperación.

Además, en este punto, el Tribunal de Justicia concluye que España "no aporta la prueba de que existiera una imposibilidad absoluta" de recuperar de TelecomCLM la ayuda declarada ilegal e incompatible con el mercado interior.

España justifica que no pudo ejecutar la decisión, por un lado, por "incertidumbres ligadas al ámbito de aplicación de la obligación de recuperación" y, por otro lado, por "dificultades experimentadas" debidas a supuestas exigencias que la Comisión impuso al desarrollo de ese procedimiento, así como por dificultades internas de carácter jurídico y político. El Tribunal de Justicia desestima estos motivos, basándose en su propia jurisprudencia que señala que no es justificación para incumplir con las obligaciones en virtud del Derecho de la Unión (sentencia de 24 de enero de 2013, Comisión/España, C-529/09, EU:C:2013:31).

Respecto a la obligación cancelación de los pagos pendientes del régimen de ayudas, el Tribunal de Justicia rechaza la alegación de España de invocar el principio de protección de la confianza legítima para justificar el incumplimiento de dicha obligación. En concreto, España justifica que no se cancelaron esos pagos a la luz de las conversaciones mantenidas con la Comisión con ella dirigidas a establecer un sistema de licitaciones tecnológicamente neutras en la zona II y la existencia de un período transitorio hasta la firma de nuevos contratos en el marco de la aplicación de la Decisión 2014/489/UE de la Comisión, de 19 de junio de 2013, relativa a la ayuda estatal concedida por España para el despliegue de la televisión digital terrestre en zonas remotas y menos urbanizadas (excepto en Castilla-La Mancha).

Al igual de la Comisión, el Tribunal de Justicia considera que estas conversaciones "carecen de pertinencia" en el marco de la ejecución de la Decisión 2016/1385.

Finalmente, el Tribunal de Justicia concluye que España, al no haber adoptado, en los plazos señalados, las medidas necesarias para recuperar de TelecomCLM los importes de las ayudas abonadas y al no haber demostrado que todos los pagos fueran cancelados, también incumplió con la obligación de comunicar determinada información en el plazo de dos meses a partir de la notificación de la Decisión 2016/1385.

El trabajador de un pub de Magaluf acusado de homicidio por una agresión a un turista, que murió en el hospital días después, se ha dirigido este jueves al Jurado que juzga estos hechos para defender que es inocente. "Suplico justicia", ha dicho.

El acusado ha hecho uso de su derecho a la última palabra en un alegato en el que ha roto a llorar. "Sólo pido una cosa: justicia. No quiero misericordia. Enviarme a prisión no hará justicia para la víctima, sólo es cometer otra injusticia", ha declarado.

"No di una patada a la víctima. Jamás en la vida he hecho o haría una cosa así", ha insistido el británico, que ha incidido en que no hay "ninguna prueba" que le señale. "Nadie me ha acusado de nada, sólo la Fiscalía", ha apostillado.

El juicio, que se celebra desde la semana pasada en la Audiencia Provincial de Palma, ha finalizado este jueves. El Jurado se reunirá el lunes para comenzar a deliberar el veredicto.

Los hechos tuvieron lugar la madrugada del 27 de abril de 2018 en Magaluf, en el local donde trabajaba el principal acusado, en la zona de Punta Ballena. La víctima es un ciudadano norirlandés de 30 años que se encontraba de vacaciones en Mallorca.

En el banquillo se sientan dos hombres, un británico de 38 años acusado de homicidio y un español de 40 años, el encargado del bar, acusado de encubrimiento. La Fiscalía pide 12 años de cárcel por el homicidio y un año y ocho meses por el encubrimiento. También solicita una indemnización de 10.000 euros para los padres de la víctima y 25.000 para cada uno de sus hijos.

En su turno de última palabra, el hombre ha asegurado que durante la investigación se han cometido "errores graves" y que la Fiscalía, en lugar de "aceptar sus errores", ha "continuado con este sinsentido". Ha mantenido que se le envió a prisión por "un vídeo falso" y que su abogado no pudo defenderle porque no tuvo acceso a las pruebas -al estar la causa declarada secreta-.

El hombre se ha emocionado visiblemente al hablar de su hijo, afirmando que se lo han "arrebatado" durante los dos años que pasó en prisión. También ha contado que tuvo ideas suicidas y que lo que le ha ocurrido "no es justo".

El trabajador ha reiterado que dio una bofetada a la víctima, pero no una patada, y que lo hizo porque quería "proteger" a una mujer con la que el ahora fallecido tenía una actitud agresiva. "Genuinamente creí que él iba a por la mujer, yo sólo quería intentar protegerla, nada más. Le di un guantazo, nunca lo he negado. Quería que se fuera", ha insistido.

También ha añadido que se sorprendió cuando la víctima se cayó, porque "no esperaba que alguien se cayera de una bofetada", y que "quería ayudar" pero rápidamente mucha gente se agolpó a su alrededor. El acusado ha expresado que tuvo "miedo" porque los turistas suelen ir a Magaluf en grupos grandes.

"Mi vida está en sus manos", ha dicho al Jurado.

LA FISCALÍA DEFIENDE LA ACTUACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL

En su informe final, la Fiscalía ha defendido la actuación de la Guardia Civil, cuestionada por la defensa. La representante del Ministerio Público ha rechazado que pueda haber "una conspiración de la Guardia Civil por atribuir algo a unas personas con las que no tienen nada que ver", y que su actuación ha sido "perfectamente legal".

Aunque en las cámaras no se aprecia claramente la patada que según los forenses fue la lesión letal, la fiscal considera que hay "indicios suficientes" para condenar al trabajador acusado. Entre otras cuestiones, ha aludido a que el trabajador "se cambió de ropa porque tenía miedo de que le identificaran" y a su actitud, por sus "gestos de preocupación" que se ven en un vídeo en el que habla con el encargado -unas imágenes sin sonido-.

La acusación particular ha mantenido su petición, reclamando una importante indemnización para los padres, hijos, expareja e hijastro de la víctima. "Su familia lo único que supo es que su hijo se fue de viaje y no volvió", ha dicho la abogada de los familiares.

LAS DEFENSAS PIDEN LA ABSOLUCIÓN

Por su parte, las defensas han rechazado estas tesis negando que el trabajador sea el autor de la patada o que el encargado tratara de encubrir lo sucedido.

El abogado del encargado del bar ha argumentado que cuando la Policía Local llegó, el encargado todavía no había hablado con el trabajador y por tanto no sabía lo que había pasado. También ha negado que dijera que las cámaras no funcionaban y ha remarcado que "en todo caso proporcionó la grabadora enseguida".

Además, el letrado ha razonado que el encubrimiento implica ocultar un delito grave y cuando llegó la Policía "nadie podía imaginar" que se había cometido un homicidio, puesto que la víctima seguía con vida. El hombre fue atendido por una ambulancia pero no fue trasladado al hospital, en el que ingresó en coma horas después.

Finalmente, la defensa del trabajador acusado de homicidio ha cargado contra la actuación de la Guardia Civil, criticando que descartaran la línea de investigación que apuntaba a otro posible sospechoso, según la declaración de un testigo. Este testigo afirmó que vio a otra persona dar una patada en la cabeza a la víctima, y que se lo reprochó.

Además, el abogado ha considerado que las alusiones de la Fiscalía a la "actitud" del acusado después de la agresión son interpretaciones que suponen "hacer una película" a partir de los fotogramas disponibles. Por último, ha señalado que "aquí ha habido una muerte trágica de una persona, pero no haremos justicia haciendo otra injusticia".

El portavoz parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha apelado directamente a los indecisos al trasladarles que si dudan a la hora de votar en estos comicios, la derecha continuará "jodiéndoles la vida" mientras persisten los "privilegios a lo multimillonarios" y les ha pedido imaginar lo que supondría que el "odio y la violencia fascista" pueda sentarse dentro del Gobierno regional.

"En estas elecciones, la neonazi que celebró el holocausto judío va a ir a votar, el exlegionario que simuló fusilar a los miembros del Gobierno va a ir a votar, los que mandan balas y navajas van a ir a votar", ha lanzado Echenique en clara referencia a las amenazas de muerte que recibió el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias.

En su intervención durante un acto electoral en la localidad madrileña Leganés junto a Iglesias y otros candidatos de Unidas Podemos al 4M, Echenique ha dicho que se va a dejar de "gilipolleces" y no va a pedir el voto para aquellos que dudan de si participar en estos comicios.

Eso sí, les ha trasladado que pese a que la derecha gana en el 30% de los distritos más pudientes y pierde en el 70% restantes, finalmente ganan porque tradicionalmente en esos enclaves hay mayor movilización, además de ir "dopados" a las elecciones.

Y es que ha alertado de que si optan por la abstención, la listas de espera en sanidad "serán más altas con un Ejecutivo de derechas, la Atención Primaria en centros de salud "va a empeorar", tener "buena dentadura" o atender correctamente la salud mental volverá a ser un privilegio y los alquileres continuarán en "subidas abusivas".

"Si no vas a votar te van a seguir jodiendo la vida mientras a los multimillonarios le siguen dando privilegios", ha enfatizado el portavoz parlamentario de Unidas Podemos para subrayar, además, que estas elecciones "no son como las demás" porque la "ultraderecha política y mediática se ha quitado la careta".

Y es que ha vaticinado que en estas elecciones "los que insultan en la calle a los homosexuales, los que copian técnicas nazis para generar odio contra los migrantes, los que odian a los pobres y los llaman mantenidos" van a "ir a votar seguro".

"OCHO BALAS EN UNA SEMANA, OCHO BALAS JODER"

A su vez, ha reivindicado que Unidas Podemos, y en particular esta candidatura, está "poniendo todo lo que tiene" para tratar de que el conjunto de la población tenga una "vida mejor", incluso su "tranquilidad, intimidad o la seguridad de su familia".

Concretamente, ha citado los casos de Alejandra Jacinto por defender a las familias desahuciadas, a Serigne Mbaye al que los "fascistas señalan" con deportarla, la coportavoz estatal de Podemos, Isa Serra, por tener una condena "sin pruebas" o el propio Iglesias, que ha padecido a las "cloacas del Ministerio del Interior", se han "inventado basura" contra él y ha sufrido el acoso "permanente" a las puertas de su domicilio en Galapagar. "Ocho balas en una semana, ocho balas joder", ha censurado ante el auditorio.

De hecho, Echenique ha confesado que "muchas veces" pensó en dejar la política y volver a su trabajo de científico, pero en esas reflexiones siempre le frenaba lo siguiente": "si pablo aguanta, yo tengo que aguantar".

"MADRID SERÁ LA TUMBA DEL FASCISMO, DEL RACISMO, DEL MACHISMO"

También ha participado el coordinador autonómico de Castilla y León, Pablo Fernández, para relatar que "sabe muy bien" lo que es la "desigualdad", la "pobreza" y el "sangrante deterioro" de los servicios públicos tras 34 años de gobiernos populares en esta región, que también se han encontrado sus "paisanos" que emigraron a Madrid tras 26 años de ejecutivos autonómicos del PP.

Fernández ha insistido, en lo que es una constante en la campaña de Unidas Podemos, que los comicios del 4M van de "democracia o libertad" y que "no van a permitir retroceder ni un milímetro" en los derechos y libertades conquistados. Y es que ha enfatizado que la democracia no la trajo "un rey corrupto que tuvo que huir a Arabia Saudí", en alusión a Juan Carlos I, sino los miles de españoles que dejaron su "sangre y su sudor".

En esta línea, ha exhortado a no dar "ni un paso atrás" el 4 de mayo ante la "derecha" que encabeza la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso" y la "ultraderecha fascista" que buscan, a su juicio, "degradar y eliminar" las condiciones materiales de la democracia. Especificamente, ha augurado que Ayuso tendrá que responder por dar "órdenes" de no trasladar a ancianos de residencias a hospitales cuando gobierne Unidas Podemos.

Para Fernández, en estas elecciones autonómicas la mayoría social debe decir "claramente que Madrid será la tumba del fascismo, del racismo, del machismo y la homofobia" y ha concluido con un afamado verso del poeta Rafael Alberti: "¡a galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar!".

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha descartado ampliar el estado de alarma que finaliza el 9 de mayo, tal y como ha vuelto a reclamar el lehendakari, Iñigo Urkullu, y ha asegurado que "en el 99% de las ocasiones los tribunales han ayudado a los ejecutivos" a la hora de aplicar una medida.

Lo ha dicho este jueves en Barcelona en declaraciones a los periodistas antes de clausurar la jornada 'Sostenibilidad y digitalización, claves para la reactivación de la economía y el empleo en Cataluña' de Expansión, en las que ha reprochado las críticas que ha recibido el Gobierno por parte de algunas comunidades autónomas precisamente por activar y mantener hasta ahora el estado de alarma.

"Hemos escuchado que recentralizaba competencias de las autonomías, que era una dictadura constitucional, que había que apoyarlo, que había que votar en contra... de todo", ha lamentado, y ha defendido la labor del Gobierno, que ha asegurado que con el estado de alarma ha sostenido al país protegiendo las libertades y los derechos para poder tomar decisiones económicas y políticas sanitarias buscando proteger la salud de los ciudadanos.

La vicepresidenta primera ha insistido en las críticas que han recibido de otras comunidades y ha señalado a aquellas que se "adentraron en la inconstitucionalidad, que ha tenido que parar el Tribunal Constitucional".

"¿Se acuerdan ustedes de la dictadura constitucional? ¿Cuando habíamos suplantado la Constitución? ¿Se acuerdan ustedes de cuando recentralizábamos e invadíamos competencias? Nada de esto ocurría. Ocurría que hemos asumido nosotros el peso y en exclusiva las responsabilidad, y ahora tenemos que trabajar todos juntos.", ha zanjado.

MADRID EN "REBELDÍA"

Ha centrado sus críticas en la candidata a la reelección a la Presidencia de Madrid, Isabel Ayuso, que considera que ha decidido levantarse en una "especie de rebeldía institucional continua, importándole muy poco la protección de la salud de los madrileños", y le ha advertido de que ahora es el momento de la coordinación.

"Es el momento de la política inteligente, de la política equilibrada, del respeto a las normas, de la lealtad de todos con todos y de la capacidad de coordinación", ha insistido la vicepresidenta primera del Ejecutivo de Pedro Sánchez, del que ha afirmado que ha trabajado para dar garantías de protección y de derechos y libertades para todos durante la crisis sanitaria.

También ha acusado al PP de pedir que esas garantías "desaparecieran con una reforma en la que pedían aflojar esas garantías judiciales"; una propuesta que ha rechazado y ha llamado al resto de partidos a mantener la lealtad institucional para salir de la pandemia más reforzados.

CONSOLIDAR LA DEMOCRACIA

Repreguntada por si se descarta definitivamente la prorroga de la medida constitucional decretada el 14 de marzo de 2020, ha replicado: "Lo ha dicho en reiteradas ocasiones el presidente. Ahora vamos trabajar para tener elementos de ayuda mutua de cogobernanza".

Clavo ha concretado que España y sus comunidades cuentan con la legislación ordinaria, con "el auxilio de los tribunales" y con el espacio de la Comisión Interterritorial, donde a través de la cogobernanza se pueden tomar decisiones.

Por todo ello, ha llamado a sacar a España de la pandemia sin merma de los valores de convivencia ni del modelo de democracia: "Si acaso saliendo mejor del modelo político en el que por fin España, tras 4 años, está consolidado".

En ese sentido, ha celebrado el mensaje del presidente de EEUU, Joe Biden, en el que llama a reforzar la democracia con políticas de igualdad y solidaridad, "haciendo pagar impuestos a los que más tienen y sin dejar a nadie sin respuesta a sus problemas, sin calidad en sus derechos, y sin respuesta a sus libertades y a su futuro".

Navarra detectó en la jornada de este miércoles 181 nuevos casos positivos de infección por Covid-19, según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), tras realizar en el sistema público de salud 2.814 pruebas (1.736 pruebas PCR y 1.078 test de antígenos). La tasa de positividad se situó en un 6,4%.

Por otro lado, 204 pacientes permanecían ayer ingresados por Covid-19 en los centros de la red hospitalaria de la Comunidad foral, uno menos que el día anterior. Ayer se produjeron ocho ingresos relacionados con el coronavirus, dos de ellos en la UCI, y se registró un fallecimiento, un hombre de 73 años. El número total de muertes confirmadas por esta causa en Navarra se sitúa en 1.163.

Sobre los nuevos contagios, por zonas, en Pamplona y su comarca se registraron el 66% de los casos positivos, en el área de Tudela, el 8% y en el área de Estella, el 6%. Los demás positivos (20%) se reparten por otras zonas de Navarra.

En cuanto a la distribución por franjas de edad de los nuevos casos registrados, los grupos mayoritarios son el de 45 a 59 años, con un 24%, y el de 30 a 44 años, con el 22%. A continuación, se sitúan los grupos de menores de 15 años, con el 19%, y los de 15 a 29 años, con un 17%. Finalmente, se sitúa el grupo de 60 a 75 años, con un 15%, y el de mayores de 75 años, con el 3% de los nuevos contagios. La edad media de los nuevos positivos se sitúa en los 38,2 años. Con respecto al género, el 54% de los casos son mujeres y el 46% restante, hombres.

Desde la perspectiva de la ocupación hospitalaria, según informa el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O), tras el balance de ingresos y altas, 204 personas permanecen ingresadas con y por Covid-19 (una menos que ayer), 40 de las cuales se encuentran en puestos UCI (una menos que ayer) y otras 19 en hospitalización domiciliaria (una más que ayer). Los demás, 145 pacientes, están en planta (uno menos que ayer). Todas estas personas dieron positivo en una prueba PCR, sea esta infección o no el motivo de su ingreso hospitalario, y ocupan espacios Covid-19.

La incidencia acumulada de infecciones por el virus, según los reportes diarios, se sitúa en Navarra en 59.399 casos confirmados.

En cuanto al proceso de vacunación, este miércoles se administraron 6.770 dosis, lo que eleva el número de vacunas administradas a 234.186, de las 252.845 dosis recibidas en Navarra hasta el momento, tras la llegada esta mañana de 1.800 dosis de Janssen. Las personas que han completado su vacunación hasta la fecha son 67.962, tras haber recibido ayer su segunda dosis 1.565 personas.

Andalucía ha registrado este jueves 29 de abril, primer día de movilidad interprovincial desde el desde el pasado 17 de enero, un total de 1.698 casos de coronavirus, superior a los 1.484 positivos de la víspera y algo por debajo de los 1.884 de hace siete días, según datos consultados en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que ha contabilizado nueve fallecidos, inferiores a los 29 del miércoles y a los 16 del jueves pasado.

Además, la tasa de incidencia acumulada de la comunidad autónoma baja por décima jornada consecutiva hasta 225,7 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, 5,6 puntos menos que el miércoles y 25,9 menos que el jueves pasado (251,6).

Los 1.698 contagios de este jueves se registran tras contabilizarse 1.484 el miércoles, 1.44 el martes, 1.785 el lunes, 1.839 el sábado, 2.070 el viernes y 1.884 el jueves pasado.

Por provincias, Sevilla ha sumado nuevamente la mayor cifra de contagios con 430, seguida de Granada con 374 y Málaga con 200. El resto de provincias han contabilizado menos de 200 casos: Cádiz 181, Córdoba 147, Jaén 145, Almería 121 y Huelva 100.

Cádiz es la provincia que más fallecidos ha registrado, con tres, seguida de Jaén y Málaga con dos cada una, y Almería y Huelva con uno. Sevilla, Granada y Córdoba no han sumado decesos.

SUBEN PACIENTES EN UCI

Andalucía ha registrado una bajada de hospitalizados por coronavirus tras dos días seguidos con ascenso por lo que la cifra se sitúa en 1.450, 17 menos que el miércoles y 80 menos que hace siete días, mientras que los ingresados en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) han subido por tercer día seguido hasta 351, cinco más en 24 horas y 30 más que el jueves pasado.

Granada es la provincia con más hospitalizados con 348 y 102 de ellos en UCI --provincia con más pacientes en estas unidades--, seguida de Sevilla con 343 y 81 de ellos en UCI; Málaga con 158 y 27 en UCI; Jaén con 148 y 18 en UCI; Cádiz con 133 y 36 en UCI; Almería con 120 y 44 en UCI; Córdoba con 119 y 35 en UCI; y Huelva con 81 y ocho en UCI.

De acuerdo con los datos de la Consejería de Salud, Andalucía ha registrado desde el inicio de la pandemia 547.252 casos confirmados --1.698 más en 24 horas-- y ha alcanzado las 9.720 muertes tras sumar nueve. Por su parte, la cifra acumulada de hospitalizados sube hasta los 44.584, 137 más. La cifra de pacientes que han pasado por UCI alcanza los 4.799, tras sumar 45, y el número de curados es de 473.055 después de añadir 2.817.

En cuanto a los datos provincializados acumulados, de los 9.720 fallecidos desde el inicio de la pandemia --nueve más--, Sevilla con 1.922 se mantiene como la provincia con más muertes, seguida por Granada con 1.683; Málaga con 1.621 --dos más--; Cádiz con 1.440 --tres más--; Jaén con 951 --dos más--; Córdoba con 937; Almería con 803 --uno más-- y Huelva con 363 --uno más--.

SEVILLA SUMA 430 POSITIVOS

Por su parte, los casos confirmados por PCR o test rápidos de antígenos alcanzan los 547.252 desde el inicio de la pandemia --1.698 más--, liderados por Sevilla con 117.589 casos --430 más--, seguida de Málaga con 94.127 --200 más--, Granada con 81.178 --374 más--, Cádiz con 78.187 --181 más--, Almería con 52.703 --121 más--, Córdoba con 49.514 --147 más--, Jaén con 45.874 --145 más-- y Huelva con 28.080 --100 más--.

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización son 44.584 --137 más--, con Sevilla a la cabeza con 9.745 --22 más--, seguida por Málaga con 7.736 --13 más--; Granada con 7.380 --50 más--; Cádiz con 5.421 --21 más--; Jaén con 4.311 --siete más--; Córdoba con 4.288 --once más--; Almería con 3.670 --ocho más-- y Huelva con 2.033 --cinco más--.

De ellos, 4.799 han pasado por la UCI en Andalucía --45 más--, con la provincia de Sevilla a la cabeza con 930 --nueve más--, seguida de Granada con 899 --22 más--; Málaga con 718 --tres más--; Cádiz con 603 --uno más--; Almería con 599 --cinco más--; Córdoba con 523 --tres más--; Jaén con 389 y Huelva con 138 --dos más--.

Finalmente, la cifra de curados alcanza los 473.055 en toda la región, 2.817 más en 24 horas, con Sevilla a la cabeza con 98.513 --674 más--, seguida de Málaga con 86.204 --440 más--; Cádiz con 69.523 --318 más--; Granada con 66.376 --525 más--; Almería con 47.203 --321 más--; Córdoba con 41.914 --335 más--; Jaén con 39.734 --144 más-- y Huelva con 23.588 --60 más--.

Según los datos consultados en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), la incidencia acumulada en los últimos 14 días se sitúa de media en la región en 225,7 casos por cada 100.000 habitantes, con la provincia de Granada a la cabeza con 400,8. Detrás se sitúan Jaén con 301,9; Sevilla con 253,9; Almería con 223,9; Huelva con 244,9; Córdoba 190; Cádiz con 156,7 y Málaga con 131,1.

CONTINÚA POR DEBAJO DE LA MEDIA NACIONAL

Andalucía ha registrado 19.075 casos en los últimos 14 días con una tasa de 225,36 cada 100.000 habitantes --inferior a la media nacional de 230,07--, y 8.105 en los últimos siete días con una tasa de 95,75, inferior a la nacional de 106,68.

El Ministerio de Sanidad contabiliza 1.450 pacientes Covid en hospitales andaluces, con una ocupación del 8% de camas, por encima de la media nacional, situada en el 7,78%, y 351 en UCI, que registran una ocupación del 18,51% de las camas, inferior a la media nacional del 23,04%. Además, registra 167 ingresos por Covid en las últimas 24 horas y 191 altas.

El Gobierno de Canarias ha decidido permitir entrar o salir de islas que estén en nivel 3 y 4 presentando una prueba diagnóstica de infección activa (PDIA) negativa realizada en las 72 horas previas a la llegada al destino, siempre y cuando el viaje no esté sujeto a alguna de las exclusiones recogidas en la norma.

Así lo recoge una resolución del director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, hecha pública hoy jueves por la que se determinan las condiciones y requisitos que regularán los viajes interinsulares, tanto aéreos como marítimos, que afecten a las islas que estén en nivel de alerta 3 o 4 y que estará en vigor entre las 00.00 horas del 30 de abril y mientras perdure el nivel 3 o 4 en las islas afectadas por el desplazamiento.

Según recoge la resolución del director del SCS, la PDIA no se exigirá a las personas que no hayan cumplido aún los 6 años. Las pruebas diagnósticas de infección activa admitidas son PCR, test de antígenos, TMA y otras pruebas basadas en técnicas moleculares equivalentes: LAMP (Amplificación Isotérmica de Transcriptasa inversa) o NAAT (Amplificación de Ácidos Nucleicos).

La documentación acreditativa de la prueba deberá ser el original, redactada en español y será válida tanto en formato papel como electrónico. El documento contendrá, al menos, los siguientes datos: nombre y apellidos del viajero, número de documento de identidad, fecha de realización de la prueba, identificación y datos de contacto del centro sanitario autorizado que realiza la prueba y técnica empleada y resultado negativo de la prueba. En el supuesto de pruebas de antígenos deberá reflejar, asimismo, la especificidad y sensibilidad homologada.

Esta PDIA no tendrá la consideración de prestación sanitaria del sistema sanitario público, por lo que no será realizada por el SCS en sus centros propios o concertados. No obstante, deberán realizarse en centros, servicios y establecimientos sanitarios con capacidad diagnóstica para la realización de las pruebas de detección de COVID-19, autorizados por el SCS y que se puede consultar en este enlace https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idDocument=42864f56-3bc0-11eb-a849-fb22de613602&idCarpeta=e01092c2-7d66-11ea-871d-cb574c2473a4

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y la Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom) han presentado este jueves 'Periodistas y directores de comunicación: un compromiso ético para el futuro', un documento con las mejores prácticas y principios que deben orientar ambas profesiones y las relaciones entre ambas.

Así lo han dado a conocer las citadas organizaciones, que han explicado que consideran necesario "reforzar los comportamientos éticos y deontológicos que rigen sus trabajos". La presentación del texto ha tenido lugar en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid, donde su presidente, Juan Caño, ha moderado una mesa en la que participaron el resto de presidentes de las entidades firmantes.

"El compromiso que hoy hemos firmado refuerza los comportamientos éticos y deontológicos que rigen nuestro trabajo y nuestras relaciones, en un contexto en el que el avance de la desinformación intenta restar valor a los principios y normas que hasta hace unos años se consideraban intocables, entre ellos la difusión de información veraz, verificada y contrastada y, el respeto de los derechos de los demás", ha dicho el presidente de la FAPE, Nemesio Rodríguez.

Además, ha añadido que, a partir de ahora, periodistas y directivos de comunicación abren "una etapa trascendental" en sus relaciones "con una iniciativa que busca elevar la dignidad" de sus profesiones y garantizar a los ciudadanos que su derecho constitucional a la información, bajo este marco ético y deontológico, primará por encima de cualquier otro interés.

Por su parte, el presidente de APIE, Iñigo de Barrón, ha dicho que la asociación entienden "que este compromiso busca remover conciencias y recordar los principios del buen periodismo y de la correcta comunicación corporativa". "La pandemia ha elevado la exigencia social por un periodismo comprometido con la verdad y con los hechos y esta función no se puede realizar sin reglas claras entre los que emiten la información y los que tienen que transmitirla", ha declarado.

"Lo más positivo de este acuerdo es que llega como un mecanismo de autocontrol desde las cuatro asociaciones que lo firmamos. Debemos ser conscientes de que no se puede hacer periodismo a cualquier precio ni tampoco llevar la comunicación de las empresas sin principios y responsabilidad", ha manifestado.

Según el presidente de la APM, la "importancia" del protocolo de actuación que han presentado radica en que es la primera vez que los profesionales sientan "las bases del buen ejercicio de la información y la comunicación, de su convivencia, su complementariedad y su aportación a la transparencia y la búsqueda de la verdad, valores fundamentales del periodismo".

El presidente de Dircom, Miguel López-Quesada, cree que con este documento se eleva "el listón en cuestiones éticas y de deontología profesional (...) en un momento donde la transparencia, la coherencia y la verdad se deben valorar más que nunca".

UN COMPROMISO PARA EL FUTURO

El documento presentado se divide en cuatro apartados. En primer lugar, un preámbulo donde se pone de manifiesto la necesidad de actualizar una serie de retos éticos fruto de los acontecimientos y cambios que han vivido en los últimos años los profesionales de la información y la comunicación, conscientes de la especial responsabilidad que tienen de cara a una sociedad mejor informada y, por tanto, más democrática.

Un segundo apartado recoge una serie de compromisos de los directivos de comunicación, en torno a la información veraz; canalizar y facilitar los contactos entre los profesionales de los medios y los responsables de las empresas de acuerdo con la política de comunicación de éstas; conocer plazos, medios y dinámicas del trabajo de los medios para facilitar su labor, ajustando en la medida de lo posible sus respuestas a esas condiciones, trasladando claramente las expectativas de respuesta; la formación a los directivos de sus organizaciones en las dinámicas de trabajo de los medios y un uso adecuado del lenguaje, la no discriminación entre periodistas y medios; que las estrategias comerciales y publicitarias no deben condicionar el contenido informativo, y el respeto a la confidencialidad en las relaciones entre ambas partes.

El tercer apartado se centra en los compromisos de los profesionales de los medios, compuestos por publicar y difundir información veraz; contrastar las informaciones con varias fuentes solventes; actuar como cortafuegos ante bulos y rumores infundados; trasladar de forma clara plazos y características de la información que solicitan; garantizar la capacidad de empresas e instituciones de aportar su punto de vista y versión de los hechos; seguir las mejores prácticas en reconocimiento de erratas y errores factuales; que las estrategias comerciales o publicitarias de las empresas, incluidas las del medio de comunicación, no deben condicionar el contenido de las informaciones; y no utilizar nunca en beneficio propio las informaciones conocidas de forma anticipada, confidencial o privilegiada como consecuencia de su ejercicio.

El último apartado se ocupa de las relaciones informativas entre dircoms y profesionales de los medios, y se refiere en primer lugar a los acuerdos institucionales y las relaciones publicitarias entre empresas y medios, que no deberán condicionar las informaciones a difundir ni el tratamiento editorial, tampoco si no existen esos acuerdos.

Además, engloba otras cuestiones como el mutuo reconocimiento de la buena fe como punto de partida; la manifestación a la otra parte de eventuales conflictos de interés; el uso de las herramientas tecnológicas de forma responsable; y el respeto al derecho a la conciliación personal y familiar.

Finalmente, las asociaciones firmantes animan e invitan a sumarse a este compromiso a todas aquellas organizaciones, públicas y privadas, y profesionales del ámbito del periodismo y de la comunicación, que compartan su contenido.

El presidente de la Corporación RTVE, José Manuel Pérez Tornero, ha anunciado este jueves un "plan de choque" para recuperar audiencia y la publicación de una auditoría externa sobre la situación económico-financiera próximamente.

Así lo ha indicado el máximo responsable de RTVE durante su primera comparecencia periódica ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades para dar respuesta a las cuestiones planteadas por los distintos grupos parlamentarios.

En relación con las audiencias, el presidente de RTVE ha afirmado que "se cae muy pronto y se levanta muy lento" y ha destacado que TVE es "la televisión más consultada continuamente por todos los españoles". "No hay que dar por hecho que RTVE no es influyente. Es relevante, lo sigue siendo. Esto explica también la inquietud de todos los grupos políticos por la información de RTVE", ha recalcado.

Pérez Tornero cree que la Corporación no tardará dos años en repuntar las audiencias. "Vamos a subir mucho en relevancia y poco a poco en audiencia", ha declarado al ser preguntado por el PP, que cree que la caída es consecuencia de "un marcado sesgo ideológico". Además, el presidente de RTVE ha indicado que "la crisis de credibilidad es multifactorial" y la van a resolver "de un modo global".

También desde el Grupo Parlamentario Popular han interpelado sobre el presupuesto que va a administrar en 2021 la Corporación RTVE y han anunciado la presentación de una proposición no de ley exigiendo una auditoría externa "para conocer de primera mano cuál es la salud de los recursos financieros-económicos" que tiene la Corporación y que "toda la Dirección pueda cumplir con los objetivos", así como la petición de una comparecencia monográfica sobre la cuestión.

"Naturalmente que estaremos encantados de explicar con toda claridad y con toda transparencia la situación económica. La auditoría externa que usted demanda está en marcha y la vamos tener en muy pocos días", ha contestado Pérez Tornero, que ha precisado que es un estudio del ejercicio 2020 y que pedirá otra más relativa al primer trimestre de 2021.

En este punto, el máximo responsable de la Corporación pública ha manifestado que está en las manos del Parlamento que en 2022 la empresa pueda conseguir un presupuesto "que habrá de ser forzosamente austero, responsable con la economía y la situación del país, pero que tendrá que ser correspondiente a la exigencia" del mandato-marco que elaboren las Cortes.

En otro punto, la portavoz del PP, Macarena Montesinos, ha preguntado sobre el "ritmo" al que considera que debe producirse el cambio en RTVE, a lo que el presidente ha zanjado "sin prisa, pero sin pausa". Ante esta respuesta, la 'popular' le ha replicado que "más bien, con prisa y sin pausa" porque "la lista de errores no ha dejado de engordar en el último mes".

En el turno de réplica, Pérez Tornero ha asegurado que se tratará de conseguir una nueva gobernanza y un tiempo de "apertura y discusión" sobre el nuevo mandato-marco, y el contrato-programa. "Probablemente, a todos nos ha acelerado la situación de campaña electoral", ha afirmado, al tiempo que ha agregado que cree que, pasada esta, se construirá "un inicio de cambio muy rotundo".

Ha asegurado que "el ritmo del cambio está trazado" y ha dicho que su reto será convertir a RTVE "en la plaza pública donde quepan todos los españoles" y se ha comprometido ante sus señorías "a que todos se sientan orgullosos de RTVE".

Pérez Tornero ha asegurado que el info-entretenimiento (mezcla de información y entretenimiento) "no" tendrá continuidad en TVE y ha subrayado que los programas informativos "son responsabilidad editorial de TVE". "El periodismo que debe hacer TVE es público, valioso, informar con profundidad. Todo lo que sea banalización, show y escándalo no debería estar en ninguna parte de RTVE, pero fundamentalmente en los informativos", ha manifestado.

"La ley dice que la información es responsabilidad interna de RTVE. Les aseguro mi compromiso con esa responsabilidad interna. Seguiremos el informe de la CNMC sobre esa idea. Es un sentir general de todos los profesionales de la casa que el periodismo de calidad vale la pena y el periodismo banal no vale la pena y menos en la televisión pública", ha defendido.

APUESTA POR EL CONTENIDO NO LINEAL

En su comparecencia ordinaria ante el Parlamento, ha explicado que RTVE va a dar un gran paso de inmediato en el contenido no lineal. "RTVE hará apuestas muy fuertes de aquí a fin de año en esta línea. Cambios que vendrán acompañados de cambios muy profundos en la producción de contenidos, un cambio que es incluso difícil de imaginar. RTVE va a transformarse a tiempo y va a ser líder en contenido no lineal en colaboración con importantes alianzas internacionales", ha señalado.

"En RTVE podemos ser el caudal digital de España en estos contenidos, podcast, textos, interactivos... sumaremos un nuevo consumo para toda la ciudadanía. Transformación, España rural, lo local, la diversidad cultural, la formación profesional, la sostenibilidad... personalizaremos nuestra oferta y se responderá a otras las demandas individuales y colectivas y a la presencia de nuestro país en el mundo", ha explicado

JUEGOS OLÍMPICOS DE TOKIO 2020

También se ha referido a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En este sentido, ha explicado que el acuerdo con Discovery, de 47,5 millones de euros permitirá emitir en RTVE 400 horas sin restricciones de todas las disciplinas deportivas. Se podrán ver en directo la Ceremonia de Inauguración del 23 de julio, la de Clausura el 8 de agosto y todos los deportes con participación española, además de los deportes 'clásicos' de los Juegos Olímpicos.

Finalmente, la Comisión Mixta ha procedido a la designación de ponentes para la Subcomisión encargada de redactar la propuesta de mandato-marco a la Corporación RTVE.

El PSOE, el PP y Unidas Podemos han coincidido este jueves en el Congreso en la necesidad de limitar las comisiones que cobran los bancos por la retirada de dinero en efectivo en los cajeros automáticos.

Estas formaciones han acordado solicitar al Gobierno que pida a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) un informe sobre el coste de este servicio, en relación a las comisiones que se cobra, y a partir de ahí estudie medidas que garanticen la retirada de efectivo "con un precio ajustado a los costes del servicio".

Así consta en una enmienda, pactada por las formaciones del Gobierno con el PP, a partir de una proposición no de ley de Unidas Podemos sometida a debate este jueves en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

GARANTIZAR EL ACCESO, "ESPECIALMENTE EN EL ÁMBITO RURAL"

Concretamente, la iniciativa pactada insta al Gobierno a que solicite a la CNMC un "informe pormenorizado sobre la situación del sector bancaria que permita obtener una imagen fiable del coste del servicio de retirada de efectivo, para poder evaluar la cuantía del coste del servicio en forma de comisión".

Asimismo, también pide al Banco de España a publicar de forma periódica las comisiones que cada entidad cobra por la retirada de efectivo en cajeros automáticos.

A partir del diagnóstico de la CNMC, el Gobierno debe estudiar medidas para garantizar el acceso al servicio de retirada de efectivo en cajeros, "especialmente en el ámbito rural", incide la iniciativa acordada, "con un precio ajustado a los costes del servicio y en línea con las comisiones de los países de nuestro entorno".

EL PP RECONOCE "COMISIONES EXAGERADAS" POR PARTE DE ALGUNOS BANCOS

Durante el debate de la iniciativa, el portavoz económico de Unidas Podemos en el Congreso, Txema Guijarro, ha lamentado cómo la banca, ante un contexto de tipos bajos, busque compensar la aminoración de ingresos con "nuevas y abusivas comisiones", y ha instado a hacerle entender "que no todo es beneficio y que, de vez en cuando, hay que pensar en las personas".

Miguel Ángel Paniagua, del PP, ha llamado a "ser cuidadosos a la hora de limitar el cobro de comisiones" ante el riesgo de no dejar "ninguna opción de generar ingresos" a estas entidades, si bien ha concedido que "algunas entidades cobran comisiones exageradas a sus clientes y debemos poner límites".

CAIXABANK ROMPIÓ EL MODELO COLABORATIVO, RECUERDA EL PSOE

Para el PSOE, la "dispersión" entre comisiones --van de 0,5 euros a 3,90-- implica que las normas de mercado no funcionan y que "se puede estar incurriendo en malas prácticas con prácticas abusivas". A juicio de su diputado Antonio Hurtado, porque no se está cumpliendo una normativa, según la cual la CNMC debe informar anualmente de las comisiones y las alianzas entre entidades --sólo se han publicado dos informes desde 2015-- y que el Banco de España debe analizar e informar de esta evolución para evitar posibles abusos.

Hurtado ha recordado que fue precisamente CaixaBank --entidad a la que el Estado aceptó vender la rescatada Bankia y que ahora plantea el mayor ERE de la historia del sector, con unos 8.000 trabajadores implicados-- la que "rompe el modelo colaborativo", gracias al cual las tasas de cobro "eran muy moderadas".

El vicepresidente del Govern en funciones, Pere Aragonès, ha reivindicado la gestión sanitaria y económica que han llevado a cabo sobre las consecuencias de la pandemia, y ha pedido al Gobierno que no impugne el decreto ley de la Generalitat que simplifica y agiliza los trámites necesarios para gestionar los fondos europeos Next Generation EU en Cataluña.

Así lo ha manifestado en la primera sesión de control que se celebra en el Parlament desde las elecciones del 14 de febrero, después de que el diputado de los comuns David Cid le haya recordado que hace siete meses que asumió las funciones de la presidencia de la Generalitat y que han pasado más de dos meses desde los comicios y aún no hay un nuevo Govern.

Aragonès le ha replicado que si no hay presidente en Catalunya es porque el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) inhabilitó a Quim Torra al frente de la Generalitat, y que desde entonces han tenido que afrontar las consecuencias económicas y sociales de la crisis sanitaria del coronavirus.

En relación a los fondos europeos, la diputada de la CUP ha preguntado cómo se asegurará que el dinero llegue a las pequeñas y medianas empresas y no a grandes compañías del Ibex 35, y Aragonès le ha respondido que en el decreto ley que aprobaron se prevén herramientas para favorecer e integrar proyectos de pymes así como iniciativas sociales y solidarias.

Sin embargo, ha lamentado que el Ejecutivo central intente impugnar dicho decreto ley al Tribunal Constitucional porque "sólo faltaría que la Generalitat haga un decreto para que las pymes puedan participar y el Gobierno ponga pegas a ello".

"No es la manera de funcionar. Tienen que poner herramientas y flexibilidad al servicio de poder ejecutar al máximo estos recursos. Lo que no podría pasar que el Plan Marshall quede parado por la burocracia del Estado", ha advertido.

También se ha referido a los fondos europeos el presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, que ha acusado al Estado de no escuchar a la Generalitat y de no querer que se gestionen desde Catalunya, lo que considera que perjudicará el bienestar de los catalanes.

Para Aragonès, el riesgo es que una parte importante de los fondos se destine a generar más gasto corriente y no a impulsar la economía productiva, y ha advertido de que "la cogobernanza no se está haciendo realidad".

"El Gobierno ha presentado un plan sin previo consenso con los territorios que tenemos que ejecutarlo. Se necesita flexibilidad en todas las convocatorias y proyectos, y la participación de la Generalitat en la selección de los proyectos tractores", ha reclamado.

FÁBRICA DE BATERÍAS

Desde los comuns, Cid también ha acusado a ERC y Junts de estar más pendientes "de discusiones del carné del Consell per la República" que de ocuparse de la futura ubicación de la planta de baterías Battery Hub, mientras que Aragonès considera que es un proyecto clave para la recuperación de Catalunya.

Por ello, ha pedido a los comuns que presionen al Gobierno central, del que forman parte, para que la batería se ubique en Catalunya porque será "una decisión que vendrá más condicionada por el Gobierno que por la Generalitat".

En materia económica, el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha asegurado que Catalunya lidera la huída de empresas desde el inicio de la pandemia frente a comunidades como Madrid, Andalucía y Galicia, con un saldo positivo en este aspecto.

"El liderazgo se ha perdido en pleno proceso soberanista, y la culpa siempre es de los demás. ¿No será posible que hagan algo mal? La autonomía catalana se desmorona, y son incapaces de dar estabilidad. Culpando a Madrid de todo no lo podrán corregir", ha apuntado.

Pese a admitir que ha sido un año difícil, Aragonès defiende que empiezan a revertir la situación, y ha puesto como ejemplo la mejora en los datos del paro respecto a la media estatal, y ha acusado a los populares de querer trasladar "la campaña electoral en Madrid en el hemiciclo".

El líder de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha preguntado a Aragonès sobre las medidas que aplicarán en Catalunya una vez decaiga el estado de alarma el 9 de mayo, y ha emplazado a Aragonès a acelerar la vacunación, a hacer cribajes masivos y a terminar con las "restricciones indiscriminadas" a sectores como la restauración.

El vicepresidente en funciones ha explicado que han hablado con el Gobierno, y que harán cambios legislativos para que Catalunya puedan tener herramientas "para seguir aplicando medidas de control que habrá que mantener durante unas semanas más", y que tendrán que pasar por una ratificación judicial.

"MISERIA MORAL"

Desde Vox, Ignacio Garriga ha acusado al Govern de discriminar policías y guardias civiles de la vacunación y de alegar que, como consecuencia, se retrasará la vacunación de las personas mayores de 70 años: "Esto es miseria moral, es lo que representan. ¿No le da vergüenza?"

"Lo que es miseria moral es usar la angustia que genera la pandemia para profundizar en divisiones de la sociedad. Miseria moral es usar la angustia sobre el futuro económico para sembrar odio, e intentar hacer culpables de esta situación a sus enemigos políticos y a los más vulnerables. Intentar romper el país este manera y la cohesión social, esto sí que es miseria moral", ha contestado Aragonès.

El vicepresidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, ha urgido este jueves a Junts a llegar un acuerdo para su investidura como presidente del Govern y a formar el nuevo Ejecutivo catalán "lo más pronto posible".

"La necesidad es clara y no es de los que nos sentamos en este hemiciclo, la necesidad es de la gente", ha afirmado en su intervención en la sesión de control en el pleno del Parlament.

Lo ha dicho después de que el presidente de ERC en la Cámara catalana, Josep Maria Jové, que forma parte del equipo negociador de los republicanos, haya insistido en que hace falta un acuerdo con Junts y si es esta semana mejor que la siguiente: "No valen excusas, no podemos perder más el tiempo. Es responsabilidad de todos, también de nosotros".

Aragonès ha sostenido que coincide con él y ha defendido que "es esencial que pueda haber un gobierno con todas las funciones" para afrontar la crisis provocada por la pandemia, trabajar para la reconstrucción social y económica, y buscar la resolución del conflicto.

Las elecciones del 14 de febrero dejaron bien claro que hay una clara voluntad de avanzar para que este país decida, que haya plena libertad, los presos salgan a la calle y los exiliados puedan volver en libertad, y afrontar también una reconstrucción en clave de progreso de la sociedad y de la economía del país", por lo que ve urgente que haya un Govern con todas las capacidades.

DEBATE CON ILLA

En su intervención, el líder del PSC en la Cámara, Salvador Illa, ha recordado a Aragonès que ha tenido dos investiduras fallidas: "Lleva tres fracasos consecutivos. Primero en ponerse de acuerdo para sustituir al señor Torra. En segundo lugar fue su primera sesión de investidura y cuatro días después la segunda sesión de investidura".

"Cada día que pasa se debilita más su autoridad. Cada ultimátum que pone encima de la mesa sirve para restarle credibilidad. Cada sesión de negociación sirve para resaltar sus discrepancias y desencuentros. Llevan más de cinco años gobernando juntos y no saben dónde quieren llevar al país", ha criticado en referencia al útimatum de Aragonès que puso el 1 de mayo como límite para llegar a un acuerdo de gobierno de coalición con Juns y que, más tarde, ERC aclaró que aceptarían llegar a ese pacto más allá de esa fecha.

Por eso, Illa le ha instado a que dé un paso al lado y apoye "una mayoría de izquierdas existente en esta Cámara" encabezada por el PSC para liderar Cataluña.

Aragonès le ha contestado que "la realidad es tozuda" --utilizando la misma expresión que había usado Illa en su intervención-- y que con los resultados electorales el candidato socialista no será presidente porque hay una mayoría absoluta independentista.

"Si usted tiene los apoyos suficiente, preséntese. Porque, a parte de su grupo, ¿tiene alguien más que quiera darle su apoyo? Usted es el candidato del no: del no al independentismo, del no a que haya una legislatura que se pueda abrir, del no a mi candidatura. ¿Y la suya?", ha replicado.

Así, ha asegurado que no dará un paso al lado ni renunciará al resultado de las elecciones porque "este país debe ponerse en marcha ya".

Un grupo de hosteleros ha vuelto a irrumpir esta mañana en un acto en el que participaba el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, para protestar por las restricciones impuestas al sector por la pandemia del coronavirus.

Los hosteleros han esperado a Revilla en el exterior del Palacio de Festivales de Cantabria, donde se conmemoraba el 30 aniversario de este espacio cultural, y le han increpado con gritos de "fuera" o "dimisión" mientras desde el interior el presidente se ha dirigido a ellos y ha dicho que comprende la "crispación de tanta gente", pero ha defendido que "no se puede hacer otra cosa en este momento".

"Qué más me gustaría a mí que ver esta región libre de Covid, ver Valdecilla sin enfermos de Covid, ver las UCIs dedicadas a atender a las enfermedades cotidianas que en muchos lugares de España no pueden ser atendidas porque el Covid está ocupando esas dependencias", ha dicho.

Por ello, les ha pedido "un poco de paciencia" porque "estamos al final de esta pesadilla". Así, se ha mostrado convencido de que en el mes de junio un 60 por ciento de la población de Cantabria estará vacunada y "entonces sí estaremos en condiciones de vivir una cierta normalidad".

"Hasta este momento, no tenemos más obligación que cumplir con lo que nos dicen las normas internacionales y los sanitarios, que son, en una pandemia, quienes firman las decisiones", ha continuado.

En este sentido, ha defendido que la sanidad "ocupa ahora" el lugar que le corresponde en una pandemia y "no a los políticos", porque si éstos no cumplen con las normas sanitarias "estaremos favoreciendo a un sector que comprendo y entiendo", pero "perjudicando a toda una población" por cuya salud "tenemos que velar".

"No nos queda otra alternativa en estos momentos", ha reiterado Revilla, quien ha reconocido que "es duro" tener que gobernar en estas circunstancias, pero "un político tiene que estar a las duras y a las maduras" y actuar según los protocolos internacionales, "los que se aplican en Francia, en Alemania, en Reino Unido, Holanda, Suecia, Suiza y en todos los países desarrollados del mundo".

Tras señalar que en Cantabria "se está haciendo lo mismo, lo que marcan las pautas sanitarias", ha destacado que "tenemos que aguantar esta pequeña última cuarta ola para enfrentar un futuro abierto a los ciudadanos".

Así, ha recordado que, según las previsiones, el día 9 de mayo se desconfinará Cantabria, aunque no sabe si la situación sanitaria permitirá que también se puedan "abrir otro tipo de restricciones o acabar con ellas", pero desde luego, una vez acabado el estado de alarma, "será una región libre, como espero que lo sea la mayor parte del territorio de España".

Ya dirigiéndose a los asistentes al acto, Revilla les ha pedido que le permitan "este desahogo" y ha admitido que quienes protestan "tienen derecho a exteriorizar su descontento, y si insultándome a mí, se consideran en cierto modo aliviados, lo acepto con la responsabilidad que me corresponde como presidente de Cantabria", ha dicho.

"Cuando hay situaciones de éstas, la culpa hay que echársela a alguien, cómo no, yo lo entiendo", ha insistido el presidente regional, quien ha defendido que en Cantabria se está actuando "con mucho rigor, cumpliendo con todo lo que hay que hacer para salvar la salud de los ciudadanos" y que el Servicio Cántabro de Salud está "atendiendo constantemente ahora esta pandemia", lo que considera que es algo valorado "en general" por el conjunto de los ciudadanos.

"Acepto este incidente, como no puede ser de otra manera, como reacción de un sector terriblemente castigado y al cual estamos intentando ayudar, o en la medida que precisan, pero sí de manera importante y que si con estos gritos se desahogan y entienden que hay alguien que tiene que recibirlos, encantado y asumo esa responsabilidad", ha concluido Revilla en su alocución.

El Gobierno tiene previsto proceder a repatriar a Túnez a los ciudadanos de este país que se encuentran varados en Melilla tras serles denegado el asilo y que deseen regresar a su país para lo cual contará con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Así lo ha adelantado la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, tras su encuentro con su homólogo tunecino, Othman Jerandi, si bien no ha dado datos concretos en cuanto al número de tunecinos interesados en regresar a su país o cuándo podrían arrancar estas repatriaciones.

La situación de los varios cientos de tunecinos que están atrapados en Melilla desde hace meses ante la imposibilidad de volver a su país ha sido uno de los asuntos abordados en el encuentro, un asunto que Jerandi ha reconocido que para su Gobierno es "muy preocupante" y para el que confía que se pueda alcanzar una solución adecuada "lo antes posible".

En este sentido, González Laya ha recordado que España no concede asilo a personas procedentes de Túnez porque entiende que es un "país democrático en el que se respetan los derechos y las libertades y por tanto no ha lugar" a su petición.

Por ello, y desde la apuesta del Gobierno por resolver las cuestiones migratorias por la vía de la cooperación, ha anunciado que se va a comenzar "con el retorno de aquellos que voluntariamente han pedido regresar a su país a través de OIM".

Dicho retorno, ha recalcado, se hará respetando sus derechos, con apoyo de la agencia de ONU y además se prevé apoyar "su reinserción socioeconómica a su vuelta a Túnez". "Será el comienzo de un retorno a su país de quienes se encuentran de forma irregular en el nuestro", ha acotado.

Según Jerandi, hay un "número importante" de tunecinos en Melilla que quieren regresar, si bien la ministra no ha dado cifras concretas. "No hay un número específico", ha afirmado, si bien ha incidido en que la cifra "aumenta a medida que estos ciudadanos entienden que no habrá posibilidad" de permanecer legalmente en España.

El ministro tunecino ha coincidido en que a medida que comiencen las repatriaciones y quienes se queden en Melilla vean que a los que regresan les va bien "seguro que también deciden volver". En este sentido, ha dicho que el Gobierno tunecino está preparando su regreso y les animado a regresar para "iniciar una nueva vida".

RELACIONES BILATERALES Y LIBIA

Los dos ministros han tenido ocasión de repasar las relaciones bilaterales en los distintos ámbitos, a los que Túnez desea que se puedan incorporar algunos nuevos, y el ministro tunecino ha confiado en que puedan impulsarse con una visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al país norteafricano.

Otro de los temas abordados, además de las relaciones de la UE y la vecindad sur de la que forma parte Túnez, ha sido Libia. Los dos países, ha comentado la ministra, trabajan por la estabilidad y la paz en Libia y apoyan los esfuerzos que está haciendo el nuevo Gobierno provisional así como la celebración de las elecciones previstas para finales de este año.

"España y Túnez junto con otros socios del Mediterráneo vamos a apoyarles para que todo siga hacia buen puerto y puedan celebrarse las elecciones en diciembre", ha señalado el ministro tunecino, subrayando que el tema libio es muy importante para el Mediterráneo en general y por eso los países de la región tienen que llevar "la voz cantante" para salvar el proceso con el que dejar atrás el conflicto en el país.

Patrimonio Nacional reabrirá al público el próximo domingo, día 2, el Real Monasterio de la Encarnación, ubicado en la céntrica Plaza de la Encarnación de Madrid, tras su cierre con motivo de la declaración del estado de alarma debido a la Covid-19, que se ha prolongado durante más de un año debido a la comunidad de las monjas agustinas recoletas que viven en la zona de clausura.

Se trata de un convento de monjas fundado en 1611 por Felipe III y Margarita de Austria-Estiria, fruto del deseo personal de la reina por levantar un convento en el entorno del Alcázar, quedando unido a este por un pasadizo, y que hasta el siglo XVII funcionó como una segunda corte paralela.

Su arquitectura es el mejor ejemplo del estilo de los Austrias tras la construcción del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Custodia, en su interior, una valiosa colección de relicarios y un excelente conjunto de piezas de la imaginería del siglo XVII, de autores como Gregorio Fernández y José de Mora, y una importante selección de retratos, de pintores como Carreño de Miranda.

Desde 2018, Patrimonio Nacional ha puesto en valor su colección con la restauración de 14 pinturas y esculturas, como 'San Juan Bautista', de José de Ribera, 'Cristo yacente', de Gregorio Fernández, y "La profesión de Sor Ana Margarita de Austria", de Antonio de Pereda.

Como novedad, será la primera oportunidad de descubrir el resultado del acondicionamiento llevado a cabo en la Sala de Esculturas y en el Salón de Reyes y finalizado en diciembre de 2019, apenas tres meses antes del confinamiento y el cierre del Real Monasterio.

Además, el público podrá ver por primera vez la huerta que gestiona la comunidad de religiosas que viven en el monasterio, en uno de los terrenos de los llamados "jardines ocultos" del Madrid de los Austrias. Desde el relicario, los visitantes podrán contemplar las plantaciones de hortalizas y frutas, base de la dieta monacal, y las flores con las que se ornamentan los interiores.

En línea con la política previa al confinamiento, la visita guiada constituye la única modalidad de acceso, en grupos de máximo 5 personas, además del guía. Los interesados deberán adquirir sus entradas a través de la web de Patrimonio Nacional a un precio de 3 euros por persona mientras continúe vigente, hasta el 9 de mayo, la campaña extraordinaria del 50% de descuento.

Los horarios de visita son de 10,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 18,30 horas, de martes a sábado, y de 10,00 a 15,00 horas, los domingos, con el último acceso 60 minutos antes del cierre, en todos los casos. Además, permanece el horario gratuito establecido los miércoles y jueves en horario de tarde.

En cualquier caso, el acceso al Real Monasterio será compatible con el respeto a los oficios religiosos, de manera que la visita puede variar los domingos y en ciertas festividades.

Además, se mantiene el uso obligatorio de gel y de mascarilla,entre otras medidas, de acuerdo con las directrices sanitarias estatal y autonómica, como se viene haciendo desde la reapertura de los Reales Sitios en junio de 2020.

APERTURA EXTRAORDINARIA EL 3 DE MAYO

Esta reapertura coincidirá además con la de la Sala de la Corona y de la Capilla del Palacio Real de Madrid, cumpliendo así el plan de la institución de recuperar progresivamente la normalidad en el accesoseguro a los Reales Sitios.

De forma paralela, Patrimonio Nacional abrirá de manera extraordinaria sus Reales Sitios en la Comunidad de Madrid el próximo lunes, 3 de mayo, día festivo en la región, con el fin de que losmadrileños puedan dedicar ese día festivo a la cultura y el turismo, contribuyendo así a la recuperación del sector.

Además del Real Monasterio de la Encarnación, que el 3 de mayo abrirá de 10,00 a 15,00 horas, el público también podrá visitar el Palacio Real de Aranjuez y el Real Monasterio de El Escorial, asícomo el Palacio Real de Madrid, entre las 10,00 y las 19,00 horas.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha defendido este jueves que los fondos europeos son una "oportunidad" para que España acometa reformas estructurales que cree que son necesarias desde hace tiempo.

"Estamos dispuestos a acometer reformas que España lleva necesitando desde hace mucho tiempo", ha dicho este jueves en Barcelona en la jornada 'Sostenibilidad y digitalización, claves para la reactivación de la economía y el empleo en Cataluña' de Expansión, en la que ha defendido el carácter reformista de su Ejecutivo.

"Cuando se conoce y se entiende la historia de nuestro país, se sabe muy bien porque en muchas cuestiones hemos llegado tarde. A esta no vamos a llegar tarde", ha sostenido.

Ha defendido que el compromiso del Gobierno y las exigencias de los propios planes de los fondos europeos, "una vez que Europa que decide algo que pareciera que nunca iba a decidir", tiene que servir para poner a Europa en posición de competitividad importante.

DAR "UN GIRO" AL MODELO ECONÓMICO

"Y además de competitividad, de hacer todos los equilibrios, que el tiempo presente nos obliga pensando en generaciones futuras, para dar un giro al modelo económico tan cacareado y tan utilizado en la política española continuamente sin fondos y sin decisión para poder arrastrarlo", ha añadido.

Ha explicado que se ha producido "un giro importante" en la concepción de las crisis económicas de la mano de su Gobierno y ha recordado que han alcanzado varios acuerdos con sindicatos y patronales.

En este sentido, Calvo ha dicho que se trata de tener fondos con metas, proyectos y objetivos muy determinados y exigentes que "van a requerir una gran participación de lo público y lo privado y la estructura territorial" de toda España.

"Tenemos la oportunidad, que ha venido tristemente pero que tenemos que transformar con el entusiasmo capaz de mover a todo nuestro sistema económico, que las empresas deben entrar en la gran revolución que nos está llevando la digitalización", ha añadido.

EUROPA

Para la vicepresidenta primera, Europa tenía una encrucijada con la pandemia, en un momento en que la situación la debilitaba porque también estaba afrontando la marcha del Reino Unido de la organización comunitaria.

"Europa casi se jugaba con alguna decisión de carácter económico su existencia política en el panorama internacional", ha añadido, y ha dicho que el rescate que ha hecho Europa de sí misma, manteniendo solidariamente el endeudamiento y los planes de futuro, forma parte también de una situación inédita.

Para Calvo, ante este conjunto de situaciones las decisiones que gravitan desde la economía a la política y viceversa han sido "impecables.

DEMOCRACIA E IGUALDAD

Ha defendido que las democracias tienen que salir reforzadas de la pandemia y ha advertido de que para que eso ocurra "hay que seguir tomando decisiones de carácter económico" que sostengan al tejido empresarial, que según ella es la única manera de sostener empleo y saber cómo enfocar futuro.

"La mejora manera de sostener la fortaleza de la democracia es hacer políticas de igualdad con un giro interesante, que tiene que ver con la equidad", ha añadido, y ha dicho que todas las oportunidades derivadas de la pandemia parten desde la premisa mayor, que es sostener la democracia.