El recurso del Partido Popular ante el Tribunal Constitucional para impugnar la decisión del juez de sacar a Toni Cantó y a Agustín Conde de la candidatura popular a las elecciones del 4 de mayo se opone a «la interpretación restrictiva del derecho fundamental de participación política», así como a la imposición de «un requisito restrictivo no amparado por la ley ni por la doctrina».

El documento judicial, solicita el amparo ante la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 que acuerda excluir a sendos candidatos de las listas por ser «inelegibles» al empadronarse fuera de plazo.

Y que se declare vulnerado «el derecho fundamental al sufragio pasivo y el derecho fundamental de acceso en condiciones de igualdad a los cargos públicos electivos (23.2 de la Constitución Española) procediendo, «a la revocación de la misma, por cuanto ha desconocido y vulnerado el citado derecho fundamental, y, en consecuencia, acuerde revocar la misma».

La resolución recurrida, dictada tras validar la Junta Electoral Provincial la candidatura del PP, recoge que Cantó se empadronó en Madrid, por cambio de residencia, el 22 de marzo de 2021 y Conde el 26 de marzo de 2021 pero incide en que «el hecho de que reúnan, actualmente, la condición de vecindad administrativa de ciudadanos de la Comunidad de Madrid, no les confiere el derecho a ser elegibles a las presentes elecciones a su Asamblea Legislativa, del próximo 4 de mayo de 2021».

Frente a ello, los letrados del PP aluden a «una interpretación restrictiva» del artículo 23 de la Carta Magna, al entender que «la mención al censo electoral vigente no depende del momento en el que deba verificarse, sino que se refiere exclusivamente al cerrado el día primero del segundo mes anterior a la convocatoria electoral».

Entienden que la resolución vulnera «el derecho fundamental sufragio pasivo mediante la imposición ex novo, por la sentencia, de un requisito restrictivo no amparado por la ley y contrario a la doctrina de la interpretación más favorable al derecho fundamental, como el derecho fundamental de acceso en condiciones de igualdad a los cargos públicos electivos (23.2 CE)».

«La especialidad de la situación no es baladí dado que se fabrica jurisdiccionalmente por el Juzgado de lo Contencioso, ex novo, un requisito no establecido por la ley ni amparado por interpretaciones previas de la misma (el de que deben reunirse los requisitos para ser candidato no el día de presentación de la candidatura sino el día de «cierre censal»), requisito que sirve para excluir a determinados candidatos y que, por lo demás, condicionará la presentación de futuras candidaturas en las elecciones autonómicas a celebrar en la Comunidad de Madrid», afea el recurso.

COMPLETAR LA JURISPRUDENCIA

Ante ello, los letrados reclaman al tribunal de garantías que complete su jurisprudencia sobre el derecho fundamental del artículo 23.1 de la Constitución Española, dando respuesta a diversos asuntos.

Entre ellos, si se vulnera el derecho fundamental al sufragio pasivo «la creación ex novo, por parte de un órgano jurisdiccional, de un requisito de elegibilidad no establecido expresamente por parte de la LECM –Ley de Enjuiciamiento Criminal– y LOREG –Ley Orgánica del Régimen Electoral General–, que consiste en la mutación del tiempo en que se han de reunir los requisitos por los candidatos y su traslación desde al momento de la presentación de la candidatura al más restrictivo momento del cierre del censo electoral».

También preguntan si «constituye una contravención del principio de interpretación más favorable al derecho fundamental el que, ante una situación de duda respecto de la existencia –o no– del referido requisito, no establecido de forma clara por la LECM ni la LOREG, el órgano jurisdiccional se decante por la opción más limitativa para el derecho fundamental del artículo 23.1 CE».

Señalan los letrados del PP que «resulta evidente la especial trascendencia constitucional al ser el objeto del mismo una cuestión jurídica de relevante» y «generar repercusión política».

«Nos encontramos ante la necesidad de pronunciamiento de este Tribunal Constitucional, garante máximo de la supremacía constitucional, habida cuenta de que el Juzgado está introduciendo, sin base alguna en el tenor de la ley, una inexistente exigencia restrictiva e infundada a través de la cual se muta el momento temporal al cual se debe atender al examinar el cumplimiento de los requisitos para ser candidato, interpretación que altera en todo modo los requisitos necesarios para concurrir a las elecciones», recoge el fallo.

REQUISITO DE EMPADRONAMIENTO

Fuentes del PP de Madrid hacen hincapié en que «no es cierto que exista un requisito de empadronamiento previo al cierre del censo» e inciden en que «jamás se ha exigido hasta este caso, que un juzgado unipersonal decida así contraviniendo a la Junta Electoral Provincial».

Según apuntan, tanto Cantó como Conde han sido «discriminados frente al resto de candidatos en el presente y pasado». «Se ha creado jurisdiccionalmente un requisito que no consta en la ley, mediante una intervención vulneradora del principio de interpretación más favorable al derecho fundamental», han apuntado agregando que «en caso de duda» hay que estar a favor del «ejercicio del derecho fundamental de participación política».

En el día de la Atención Primaria (AP), el Consejo General de Enfermería (CGE) urge a aumentar un 10 por ciento el gasto sanitario dedicado a la AP en España, que en la actualidad solo representa el 14 por ciento de la partida del PIB dedicada a la sanidad pública.

Asimismo, advierten de que para acercar la ratio de enfermeras en este nivel de asistencia a la media europea harían falta, como mínimo, unas 25.000 enfermeras más en España. «Resulta preciso adecuar la dotación de personal a las necesidades reales de la población. Nos parece inaceptable que tengamos ratios de una enfermera por cada 2.000-2.500 ciudadanos cuando la media europea es de uno por cada millar», asegura el presidente del CGE, Florentino Pérez Raya.

Tal y como revela el Instituto Español de Investigación Enfermera del CGE en su último informe sobre demografía enfermera, entre los años 2010 y 2018 no se ha producido una variación relevante en el número de enfermeras en los equipos de AP. Esta situación se produce de forma similar en todas las autonomías, salvo alguna como Canarias, que en el último año vio aumentado su número de enfermeras considerablemente.

Además, recuerdan que la ratio de enfermeras vinculadas a los servicios de AP oscila entre las 0,49 y 0,94 por cada 1.000 habitantes en las distintas comunidades. Así, Madrid, Baleares y Ceuta están a la cola, mientras que La Rioja, Canarias y Castilla y León lideran el ranking con mayor número de enfermeras de AP por 1.000 habitantes.

«La labor de las enfermeras y enfermeros de AP durante la actual pandemia de COVID-19 ha sido encomiable, tanto desde sus puestos habituales como también cuando muchas de ellas fueron derivadas a hospitales de emergencia», recuerdan desde el CGE. «Su rol actual en una campaña de vacunación sin precedentes está fuera de toda duda, pero es preciso afrontar un cambio estructural que potencia un nivel asistencial primario garante de la salud de las familias y de una población envejecida y aquejada de dolencias crónicas», añaden.

Del mismo modo, el CGE insiste en la necesidad de incrementar las plazas de enfermeras especialistas en Enfermería Familiar y Comunitaria en las convocatorias de EIR, así como la culminación de la Prueba de Evaluación de la Competencia, que sufre un retraso «histórico», y crear la categoría profesional de enfermera especialista en este ámbito en todas las CC.AA.

Además, prosiguen, «es imprescindible poner en valor el grandísimo trabajo que hacen las enfermeras de AP en los domicilios de miles de pacientes, una atención domiciliaria fundamental para garantizar la calidad de los cuidados de aquellos que no pueden trasladarse hasta el centro de salud». La atención a domicilio por parte de las enfermeras supone un total de casi 10 millones de visitas, siendo el profesional sanitario que más visitas realiza a domicilio.

«Sin una AP fuerte y bien dotada afrontamos un futuro sanitario incierto y marcado por la saturación de los hospitales, la falta de prevención y educación para la salud e incluso la excesiva medicalización de la población», señala Pérez Raya. Hace falta una atención integral, con buena permeabilidad y comunicación de los niveles asistenciales, con fomento de los hábitos de conductas saludables, y para ello es fundamental que los Gobiernos prioricen la salud frente a otros sectores, inviertan en lo más valioso que tenemos, no recorten en materia sanitaria y no solo ahora con la pandemia», añade.

A su juicio, la comparación con otros países del entorno en materia de AP es «sangrante», por lo que es «prioritario actuar ya». «Deben comprenderlo todos los partidos y todos los Gobiernos y Administraciones, no se puede apoyar el sistema sanitario en una AP famélica en cuanto a los medios y al personal», ha concluido el presidente del CGE.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas, un varón y dos mujeres, como presuntos responsables del homicidio a puñaladas de un varón cometido el pasado 15 de enero en el madrileño barrio de Lucero, el primer crimen registrado este año, ha informado la Jefatura Superior de la Policía de Madrid en una nota de prensa.

La investigación se inició ese mismo día, cuando la sala del 091 recibió de madrugada la alerta de un ciudadano que había encontrado el cuerpo sin vida de un varón en la calle Alhambra, en el madrileño distrito de Latina.

Los sanitarios del Samur-Protección Civil atendieron a la víctima, que presentaba dos heridos en el costado izquierdo y otras dos penetrantes en el abdomen. Realizaron a la víctima maniobras de reanimación, pero finalmente han tenido que confirmar el fallecimiento. En un primer momento esta persona, que era joven, estaba sin identificar y solo se sabía, según algunos vecinos, que minutos previos al homicidio hubo una violenta discusión entre dos o tres individuos.

Al lugar se desplazaron efectivos de seguridad ciudadana, que acordonaron el escenario del asesinato hasta la llegada de agentes del Grupo de Delitos Violentos de Policía Científica y del Grupo VI de Homicidios, quienes se encargaron de la investigación de los hechos.

Durante las primeras indagaciones, los agentes observaron que el fallecido presentaba un total de 12 heridas por arma blanca en distintas partes del cuerpo, la gran mayoría en la zona de la espalda. También en el lugar de los hechos, comprobaron que le habían sustraído el teléfono móvil y obtuvieron datos que posteriormente incriminarían a los arrestados.

UN CRIMEN POR MOTIVOS SENTIMENTALES

Las gestiones practicadas por los investigadores permitieron determinar la participación en el homicidio de tres personas, dos mujeres y un varón, que podrían formar parte del entorno cercano de la víctima y que el crimen podría haberse llevado a cabo por diversas relaciones sentimentales entre los implicados en el crimen.

Las gestiones practicadas por los agentes permitieron que a mediados de febrero una patrulla de seguridad ciudadana en el distrito de Carabanchel arrestara al varón implicado en los hechos y que los investigadores detuvieran posteriormente a las dos mujeres que participaron en el crimen.

Luego los agentes llevaron a cabo registros en los domicilios del varón arrestado y en el que se encontraban las dos mujeres residiendo. Tras la puesta a disposición judicial de los arrestados se dictó su ingreso en prisión.

Según las pesquisas, las dos detenidas residían en un narcopiso. Allí la víctima, José Luis, conoció a una de las inquilinas cuando iba a comprar droga y comenzaron una relación, que no era aprobada por la familia de ella, ya que este hombre le unos 2.000 euros. Debido a la presión, rompieron aparentemente, pero siguieron hablando por teléfono y por mensajes, como si fueran amantes.

Con el tiempo, esta mujer, sin decirle nada al fallecido comenzó a salir con otra persona, el supuesto autor material de los hechos. Cuando la víctima se enteró de esta relación, comenzó a insultarla, maldecirla y amenazarla de muerte. La detenida le envía los audios a su pareja actual quien, completamente celoso, organizó una encerrona para matar al ahora fallecido.

Es entonces cuando le hicieron quedaron a medioanoche y en la calle Alhambra le asesinaron de múltiples cuchilladas. Según fuentes policiales, la mujer en cuestión y su amiga iban cubiertas con capuchas y guantes, mientras que el hombre iba a cara descubierta, que fue el supuesto autor material de los hechos.

Tras el crimen, se llevaron el móvil del fallecido y se refugiaron en el narcopiso. Precisamente el hallazgo del terminal fue determinante para que los agentes les arrestaran.

El hombre detenido es español de 30 años y acumula 50 detenciones. La expareja de la víctima es española de 34 años y con varios antecedentes, mientras que la amiga tiene 29 años y no cuenta con antecedentes. Aún se desconoce muy bien el papel que esta tercera persona jugó en el asesinato.

UNICEF España cumple este lunes 60 años, un aniversario marcado por la pandemia de la Covid-19 que ha generado una situación «crítica» para la infancia ante «el aumento de la pobreza, el trabajo forzoso, el abandono escolar o la aparición de secuelas en la salud mental».

«UNICEF España llega a los 60 años en un momento crítico para toda la población, pero especialmente para la infancia. La pandemia ha causado un retroceso de algunos avances clave y ha traído un aumento de la pobreza infantil, del trabajo forzoso, del matrimonio infantil o de la cifra de niños con desnutrición, así como un mayor abandono escolar y secuelas en la salud mental de niños, niñas y adolescentes», ha asegurado el presidente de UNICEF España, Gustavo Suárez Pertierra.

En este sentido, ha advertido de que la infancia de todo el mundo, también de España, «se enfrenta a un futuro repleto de incertidumbres». Por ello, refuerza su compromiso de «salvar, proteger e impulsar el porvenir de millones de niños, niñas y adolescentes que merecen desarrollar todo su potencial y disfrutar de un futuro en el que se cumplan todos sus derechos y sueños».

Además, este aniversario se conmemora en un momento marcado también por la llegada de las vacunas, una tarea en la que UNICEF está colaborando activamente a través del Mecanismo COVAX para garantizar que todo el mundo esté a salvo frente al virus.

Más allá de la pandemia, UNICEF España también recuerda la situación de millones de niños vulnerables que sufren conflictos como los de Siria o Yemen; o de quienes se han visto obligados a huir de sus hogares, como los niños rohingya.

«En seis décadas de trabajo por la infancia hemos conseguido avances notables. Pero mientras un solo niño, niña o adolescente de cualquier rincón del planeta siga viendo sus derechos vulnerados, UNICEF España continuará trabajando incansablemente para lograr un futuro justo para cada uno de ellos», ha afirmado Suárez Pertierra.

El Comité Español de UNICEF se ha convertido en estas seis décadas en uno de los que más fondos aporta a los programas de la organización (67,4 millones de euros en 2020, frente a las 118.000 pesetas –709 euros– que aportó en 1964).

EN 1954 ESPAÑA ERA PAÍS RECEPTOR DE AYUDA

En 1954, España era país receptor de ayuda por parte de UNICEF, que había nacido en 1946. Recibió leche en polvo, mantequilla, queso y otros alimentos básicos. Además, UNICEF apoyó campañas contra el tracoma y la sífilis congénita, y el equipamiento de salas para niños prematuros en hospitales.

La ayuda siguió llegando hasta principios de los 70, pero el 12 de abril de 1961 nació la Asociación de Amigos de UNICEF, liderada por Carmen Pardo-Valcarce, con el objetivo de conseguir fondos para los programas de la organización en países en desarrollo. Para ello se puso en marcha la campaña de sus populares tarjetas de Navidad.

El año pasado, España se convirtió nuevamente en receptor de ayuda, puesto que, a la vez que seguía apoyando a la infancia del resto del mundo, UNICEF España suministró mascarillas, equipos de protección o geles hidroalcohólicos para dar respuesta a la emergencia derivada de la pandemia de COVID-19 en nuestro país.

CONFLICTOS BÉLICOS Y DESASTRES NATURALES

Casi desde el principio, la organización en España quiso dar respuesta a las emergencias provocadas por conflictos bélicos y desastres naturales, y por ello a lo largo de estos años ha apoyado a los afectados por las hambrunas de Bangladesh en 1974 y Etiopía entre 1984 y 1985; el genocidio de Ruanda en 1994; los terremotos de Haití en 2010 y Nepal en 2015; o la actual situación de millones de refugiados que huyen de la guerra en Siria o Yemen.

En 1963 se realizó la primera campaña publicitaria para captar socios. En 1974 la Asociación de Amigos de UNICEF pasó a llamarse Asociación UNICEF España, y en 2005 se constituye como fundación. En 1993, el Consejo de Ministros había declarado a UNICEF España institución «de utilidad pública».

La Reina Doña Sofía fue entre 1971 y 2014 Presidenta de Honor de la organización, un cargo que ahora ostenta Su Majestad la Reina Doña Letizia.

Carmen Pardo-Valcarce fue la primera presidenta de UNICEF y, actualmente, el presidente es Gustavo Suárez Pertierra, y el director ejecutivo, Javier Martos.

El Juzgado de Menores de Huelva ha condenado por «homicidio doloso con agravante de parentesco» al menor acusado de matar a su madre en julio de 2020 en el núcleo lepero de La Antilla (Huelva). Así, se le impone al joven seis años de internamiento en régimen cerrado con tratamiento ambulatorio de salud mental, complementada con tres años de libertad vigilada con asistencia educativa.

Según recoge la sentencia, y que no es firme, por lo que cabe interponer recurso de apelación contra la misma, a la condena se le computará el tiempo que el menor ha pasado en internamiento como medida cautelar.

De este modo, el Juzgado de Menores considera probado que el 19 de julio de 2020 se inició una discusión entre el joven y la madre por la negativa de esta ante las pretensiones del menor de marcharse al domicilio en el que vivían el resto del año, durante la cual «le arrebató el teléfono móvil y lo lanzó por la ventana» y, a continuación, «agarró a su madre por el cuello sabiendo que con esa conducta causaría el fallecimiento de la misma, presionando hasta causarle la muerte por asfixia».

Así, según reza la sentencia, «a continuación, el joven expedientado trasladó el cuerpo de la fallecida a la habitación de esta para que el perro no la viera, y tras preparar unos cubos con agua y comida para el perro, se fue a la habitación con el referido animal, donde transcurrió un tiempo» y prosigue que «a las 16,26 horas fue cuando realizó una llamada para manifestar que había matado a su madre».

En este punto, según la sentencia, una vez personados los efectivos de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial en la vivienda «el joven comunicó a los agentes que había matado a su madre y ,si bien en dependencias policiales se negó a declarar, en la Fiscalía reconoció que la había matado».

Por otra parte, en la sentencia se explica que «no queda acreditado que en el momento de los hechos el menor tuviera sus facultades cognitivas y volitivas afectadas parcial o totalmente y que la autopsia constató como la causa de la muerte la asfixia por estrangulación».

Asimismo, se recoge que de la prueba practicada en la Audiencia «queda acreditado que los hechos ocurrieron tal y como se describen en los declarados como probados», destacando como «prueba principal incriminatoria» la propia confesión del acusado, «que desde un inicio reconoce los hechos cometidos», que son «corroborados» por otras pruebas como el informe de la autopsia, las testificales desarrolladas en la Audiencia y las periciales ratificadas en el plenario.

Según la sentencia, «la mecánica del estrangulamiento excluye cualquier consideración de comisión imprudente, toda vez que se trata de un modo de obtención del resultado de muerte en el que es necesario un comportamiento mantenido en el tiempo».

Cabe recordar que por auto del 20 de junio de 2020 se acordó la medida cautelar de internamiento en régimen cerrado con valoración en salud mental, medida que fue prorrogada el 15 de enero de 2021.

La vecina de Vigo acusada de engañar a mujeres vulnerables, a las que ofrecía empleo doméstico para, junto a su marido (ya fallecido), abusar sexualmente de ellas, ha aceptado una pena de 9 años de prisión, así como pagar indemnizaciones que suman 17.000 euros, en virtud de un acuerdo de conformidad que evita la celebración del juicio contra ella (previsto para este martes y este miércoles en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en la ciudad olívica).

La Fiscalía pedía inicialmente penas que sumaban 37 años de cárcel al considerarla cooperadora necesaria en cinco delitos de abuso sexual con introducción de objeto, con engaño, abuso de superioridad y abuso de situación de necesidad. Asimismo, le atribuía un delito de agresión sexual con intimidación; un delito de detención ilegal; un delito de trata de seres humanos con engaño, con fines de servidumbre y explotación laboral, en concurso con un delito de detención ilegal y uno de agresión sexual; y un delito de maltrato de obra. A ellos se sumaba un delito contra los derechos de los trabajadores.

Tras el acuerdo, la acusada ha aceptado un año de prisión por cada uno de los cinco delitos de abuso sexual, cinco meses por el delito de agresión sexual, tres meses por un delito de coacciones, tres años de cárcel por un delito de trata, y cuatro meses por un delito contra los derechos de los trabajadores.

La mujer también deberá pagar una multa de 180 euros por el delito leve de maltrato y deberá indemnizar en 1.000 euros a cada una de las cinco víctimas de abusos sexuales; y en otros 6.000 euros a cada una de las dos víctimas de agresión sexual.

MUJERES VULNERABLES

Los hechos se remontan a los meses de marzo a octubre de 2019 cuando, según la Fiscalía, la acusada y su marido contactaron a través de una página web de anuncios con siete mujeres de diferentes países sudamericanos, todas ellas en situación muy vulnerable, a las que ofrecieron empleo como trabajadoras domésticas y niñeras de su hija de 6 años, prometiéndoles que les pagarían un salario y regularizarían su situación administrativa en España.

En todos los casos, mantuvieron entrevistas con ellas en su domicilio, en la zona de Castrelos, y las convencieron de que, para obtener el trabajo, debían someterse a un reconocimiento médico que el propio marido les realizaba, haciéndose pasar por profesional sanitario. Ese falso reconocimiento consistía en tocamientos y en la introducción de un hisopo en la vagina y en el ano.

Varias de las mujeres no volvieron al piso después de ese ‘reconocimiento’, aunque al menos dos de ellas sí llegaron a trabajar para el matrimonio. Así, una mujer nicaragüense trabajó en el piso un día, y la obligaron a desarrollar las tareas domésticas vestida solo con tanga y sujetador, advirtiéndole de que pertenecían a una peligrosa organización de tráfico de drogas y órganos, y que tenían cámaras instaladas en la vivienda, por lo que no podría negarse a lo que le pidieran, bajo la amenaza de que podrían hacerle daño a ella o a sus hijos.

La acusada también hostigaba a la mujer exigiéndole que mantuviera relaciones sexuales con ella o con su marido, o que se duchara con la puerta del baño abierta, y llegó a golpearla. Al día siguiente de empezar en ese empleo, la víctima aprovechó una salida para acompañar a la acusada a llevar a su hija al colegio para escapar.

Una séptima víctima, una mujer colombiana, llegó a trabajar para el matrimonio durante 8 días, y también fue intimidada y amenazada para no salir del piso y someterse a los deseos de ambos (ducharse con la puerta abierta, trabajar en ropa interior o someterse a supuestas exploraciones médicas), todo ello en medio de una atmósfera de terror. La mujer estuvo en esa situación hasta que fue rescatada por la Policía, el 17 de octubre de 2019.

El marido de la acusada también fue detenido por estos hechos pero, cuando se estaba realizando el registro de su domicilio en presencia de la comisión judicial, el hombre aprovechó un momento de descuido y, pese a estar esposado, se abalanzó contra la ventana de la cocina, fracturando el cristal y precipitándose al vacío desde el noveno piso. Como consecuencia de las graves heridas, el hombre falleció.

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha exigido este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que «dé la cara» y explique qué restricciones será necesario aplicar en España para seguir controlando la pandemia del coronavirus una vez se levante el estado de alarma el 9 de mayo y bajo qué marco jurídico se podrán aplicar.

«Sánchez tiene que salir a dar la cara, no puede ser solo Míster Vacunas, tiene que salir también para hablar de las restricciones y de qué instrumento jurídico va a haber para dar cobertura legal a las Administraciones Públicas que toman decisiones» cuando ya no esté vigente el estado de alarma, ha declarado en una rueda de prensa telemática en la sede de Cs tras la reunión del Comité Permanente.

A su juicio, hay que dejar a un lado la «pelea ficticia» sobre el instrumento jurídico y centrarse en «el fondo de la cuestión», dejando claro a los ciudadanos cómo se espera que evolucione la pandemia en los próximos meses, a qué ritmo va a avanzar el proceso de vacunación y si seguirá siendo necesario establecer toques de queda o hacer cierres perimetrales de territorios.

«Si el 9 de mayo se prevé que hacen falta restricciones, que sea el presidente del Gobierno con las comunidades autónomas los que acuerden cuál es la mejor protección jurídica», ha pedido.

GOBIERNO Y PP CAMBIAN DE OPINIÓN SOBRE EL ESTADO DE ALARMA

Además, la presidenta de la formación naranja ha acusado al Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos y a fuerzas de la oposición como el PP de haber cambiado de opinión respecto al estado de alarma.

«Qué curioso que los que decían que era imprescindible ahora lo van a dejar caer y los que decían que era una desgracia que había que eliminar ahora son los que lo piden», y «vemos a presidentes del PP pidiendo el estado de alarma y a Sánchez diciendo que no hace falta», ha señalado, calificando de «bochorno absoluto» que «partidos que se dicen ‘de Estado'», cuando se requiere, «nunca están a la altura».

Por otro lado, Arrimadas ha dicho que va a plantear al presidente del Gobierno alcanzar «un compromiso por el éxito del proceso de vacunación», de manera que se aparte este asunto de las «peleas partidistas» y se transmita un mensaje de «tranquilidad» a la población dejando claro que la vacuna «es segura».

Un pacto al que invita a que se sumen todos los partidos, pues considera que tanto el Ejecutivo como el PP han actuado de forma «absolutamente irresponsable» al utilizar la vacunación «como arma electoral», generando «incertidumbre» y «una alarma social absolutamente infundada, innecesaria y contraproducente». Según ha apuntado, las dudas respecto a la vacuna de AstraZeneca han hecho incluso que algunas personas que estaban citadas no acudieran por miedo.

La líder de Ciudadanos ha advertido de que «está mucho en juego» porque la vacuna contra el Covid-19 sirve tanto para proteger la salud como para reactivar la economía. Por ello, ha reclamado al Gobierno que ayude a «generar certidumbre y tranquilidad con unos criterios únicos» para la vacunación y ejerza una labor de coordinación para conseguir la «unidad de acción de todas las comunidades autónomas».

El Gobierno sigue de cerca la situación en Birmania, donde el pasado 1 de febrero el Ejército dio un golpe de Estado y donde han muerto más de 700 personas en la represión de las protestas generadas por el derrocamiento del Ejecutivo de Aung San Suu Kyi, y trabaja para conseguir el restablecimiento de la democracia en el país asiático.

Así lo ha expresado el Ejecutivo en respuesta a una pregunta formulada en el Congreso por el PP, que se había interesado por las gestiones realizadas por el Gobierno para fortalecer la situación de los Derechos Humanos en Birmania hasta la fecha.

En su réplica, el Gobierno asegura que «sigue de cerca» la situación «tanto en sus relaciones bilaterales como en el marco de la Unión Europea y los foros multilaterales», principalmente a través del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, así como la Asamblea General y el Consejo de Seguridad.

En distintos foros, el Gobierno ha manifestado su «preocupación» por «la violación de derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales de los ciudadanos birmanos, por la declaración del estado de emergencia, la suspensión del Parlamento y las detenciones y arrestos arbitrarios del presidente, Win Myint, la Consejera de Estado, Aung San Suu Kyi, otros funcionarios y políticos del gobierno, defensores de losDerechos Humanos, periodistas, miembros de la sociedad civil, asesores locales y extranjeros y otros».

Además, desde el Gobierno se ha llamado «a las autoridades militares birmanas a ejercer la máxima contención frente a las manifestaciones pacíficas contra el golpe de Estado» y ya desde el día del golpe, que «condenó enérgicamente», ha venido reclamando «la liberación inmediata» de Suu Kyi y otros altos cargos «detenidos durante la asonada».

CONDENA DE LA VIOLENCIA CONTRA CIVILES

Igualmente, ha condenado «la violencia ejercida por la junta militar contra civiles, que se está cobrando la vida de numerosas personas a diario», defendiendo que las manifestaciones «muestran quela democracia es un valor universal», añade el documento.

Asimismo, esgrime la respuesta gubernamental, «España apoya el trabajo que la Oficina de la Alta Comisionada de NacionesUnidas para los Derechos Humanos realiza» en Birmania, y participa en todos los diálogos en los que la Alta Comisionada ha presentado informes sobre dicha situación en el marco del Consejo de Derechos Humanos, donde también «ha mencionado la grave situación en el país en sus intervenciones en los debates generales».

Dicho todo ello, el Gobierno asegura al PP que «continuará trabajando en favor del restablecimiento de la democracia y del Estado de derecho en Birmania, como la mejor garantía de la salvaguardia de todos los Derechos Humanos».

La defensa del acusado de presuntamente violar y matar a una niña de 13 años en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) en 2018 ha asegurado que él «pensaba que se estaba defendiendo de un ladrón que estaba en su casa», después de haber consumido una gran cantidad de alcohol y cocaína, y que sin querer, la mató.

En la primera sesión de este juicio en la Audiencia de Barcelona, la abogada Elisabet Martín ha explicado que el acusado se encontraba «desestabilizado por completo»: su madre estaba a punto de fallecer, su padre no lo quería en casa y no quería darle dinero, y estaba perdiendo la relación con su hija, ante lo que acabó refugiándose en la cocaína y el alcohol, siendo drogodependiente desde los 20 años.

Martín ha relatado que el día del crimen el estado mental del acusado estaba alterado y «perdió el contacto con la realidad», ya que había consumido, y al entrar en su casa escuchó ruidos e inspeccionó la vivienda con un cuchillo en la mano.

Según el relato de la defensa, vio una figura que no pudo descifrar y, creyendo que era un ladrón, acabó con la vida de la víctima sin saberlo y sin quererlo, porque pensaba que era alguien que quería robarle o atacarle.

La letrada ha explicado que desde que la niña desapareció hasta que murió solo pasaron cinco minutos, «en los que, según el fiscal y la acusación, el acusado la agredió sexualmente y la acuchilló, pero con solo cinco minutos eso no tiene ningún sentido», y ha remarcado que nadie del edificio escuchó nada.

Ha defendido que el acusado desde el primer momento explicó todo lo que podía recordar y «asumió que la causa y el fallecimiento de esta niña había estado motivado por una conducta suya».

«En ningún momento ha quedado probado el abuso sexual ni que la niña entrara forzada por el acusado en su casa», y ha añadido que en ningún momento el acusado quería matar a la menor y que está arrepentido.

HERMANAS Y EX PAREJA DEL ACUSADO

Una de las hermanas del acusado ha testificado en el juicio y ha explicado que no tuvo buena relación con él durante 2018, y ha afirmado que él tenía fobias y paranoias: «Tenía la paranoia de que había un ladrón que entraba a robar, que forzaba la puerta, veía cosas», y ha explicado que hasta en una ocasión no la reconoció a ella misma.

Esta testigo ha afirmado que el acusado tomaba drogas, y que cuando lo hacía se aislaba del mundo: «No era él. Él venía, se metía en su habitación, se aislaba del mundo, no podías hablar con él», aunque la otra hermana, que también ha testificado, ha negado haberlo visto tener visiones, pero ha asegurado que notaba cuando había consumido por su actitud.

«UN MARTIRIO» PARA LOS PADRES

La segunda hermana en declarar ha relatado que el acusado «les ha dado un martirio a los padres, que ha sido un maltratador psicológico», y que siempre se estaban peleando por temas de dinero.

La expareja del acusado, también testigo en el juicio, ha señalado que el acusado le mentía muchas veces, y que aunque él no le pasaba ninguna pensión para ayudar a criar a la hija que tenían en común, ella igualmente le dejaba ver la niña, aunque el día del crimen su hija –que estaba con el padre– la llamó para que la viniera a buscar, diciéndole que su padre estaba «raro».

El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero se ha ofrecido a acudir al Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid para abrir allí su correo electrónico de modo que el juez pueda comprobar que los ‘emails’ aportados para respaldar la factura de 26.000 euros que cobró a la matriz mexicana de Neurona Comunidad son reales, después de que el instructor Juan José Escalonilla haya ordenado nuevas diligencias para verificar la documentación entregada por el ex dirigente ‘morado’.

Monedero está investigado en el llamado caso ‘Neurona’ por una factura que emitió el 30 de diciembre de 2018 por valor de 30.000 dólares en concepto de «300 horas de consultoría presencial Buenos Aires, México y Colombia», y por la que el 25 de enero de 2019 recibió un ingreso bancario de 26.200,31 euros procedente de la empresa mexicana Neurona Consulting.

Tanto el juez como la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) creen que se trata de una factura falsa y que Monedero «tuvo relación con la posterior fundación o constitución de la sociedad mercantil Neurona Comunidad y con la presunta contratación a ésta por parte de la coalición electoral Unidas Podemos» para la campaña electoral de 2019.

En su declaración del 15 de marzo, Monedero negó que fuera falsa, atribuyendo los errores en la misma a que no es un experto en hacer facturas. Ese mismo día aportó unos ‘emails’ con Andrea Edlin López –socia mexicana de Neurona–, con los viajes realizados y las horas de trabajo imputables a cada uno, y un documento adjunto llamado ‘factura’. También dio un historial de los billetes emitidos a su nombre por Iberia en 2018 donde figuran vuelos a México, Colombia y Argentina.

Según fuentes jurídicas, Escalonilla ha solicitado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que compruebe las fechas de los correos electrónicos, al tiempo que ha pedido a Iberia que entregue los billetes de avión que constan en el historial de vuelos, mientras que al propio Monedero le ha reclamado el contenido de los ‘links’ de los actos en los que participó durante sus viajes de trabajo para Neurona.

DE VUELTA AL JUZGADO

Monedero ha contestado con un recurso de reforma en el que ofrece a Escalonilla volver «personalmente» a Plaza de Castilla para abrir su correo electrónico delante del juez o del letrado de la administración de justicia con la finalidad de que puedan comprobar las fechas de esos ‘emails’.

El objetivo de este ofrecimiento, de acuerdo con el recurso, es «agilizar esa constatación, evitando una sobrecarga de trabajo a la ‘fuerza actuante’ (la UDEF), y una mejor garantía de fe pública judicial», así como «colaborar con la labor del instructor».

No obstante, la defensa ha propuesto otra alternativa a la UDEF y a la comparecencia de Monedero que pasaría por pedir a la propia Neurona «que reconozca si esos correos fueron enviados y recibidos en las fechas que constan» en las copias facilitadas por el profesor universitario.

El juez, de momento, ha dado traslado al Ministerio Fiscal y a las demás partes para que presenten sus respectivas alegaciones a este ofrecimiento de Monedero, tras lo cual decidirá si lo acepta o lo rechaza apostando por la vía de la UDEF.

Además, las mismas fuentes han indicado que el cofundador de Podemos ya ha entregado en sede judicial las grabaciones de las charlas en las que intervino durante su estancia en esos países, que constituirían el contenido de dichos ‘links’.

NUEVO APLAZAMIENTO

Por otro lado, el juez ha acordado aplazar del 26 de abril al 7 de mayo las declaraciones de los doce testigos ofrecidos por Podemos con la intención de acreditar el trabajo que Neurona habría hecho para la campaña electoral de 2019, según consta en un auto del 9 de abril.

Atiende así una petición de Podemos para posponer nuevamente estas testificales por «motivos de agenda». Se trata del segundo aplazamiento de estas declaraciones, que en un primer momento estaban previstas para el 19 de abril.

Conforme al escrito en el que la formación política ofrecía al juez estos testigos, los mismos «integraban los equipos de trabajo de Podemos que, en coordinación con el equipo de Neurona, han cubierto todas las áreas de la campaña electoral, incluyendo a sus coordinadores».

El núcleo de esta causa, en la que se investiga la presunta financiación irregular del partido, es el contrato que Podemos firmó con Neurona Comunidad por 363.000 euros por labores de consultoría política para las elecciones generales del 28 de abril 2019. El juez sospecha que fue un contrato simulado para desviar dinero de las cuentas ‘moradas’, por lo que intenta determinar si realmente la empresa hizo ese trabajo para el partido.

A lo largo de la instrucción, Escalonilla ha archivado varios asuntos que constaban en la denuncia presentada en diciembre de 2019 por el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente, de la que partió el caso ‘Neurona’, tales como los contratos electorales con ABD o las obras de la nueva sede del partido. También cerró la investigación sobre las donaciones de la Caja de Solidaridad de la formación política a organizaciones afines pero la Audiencia Provincial le ha ordenado reabrirla.

Además, a raíz de un escrito presentado por la ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona, Escalonilla ha acordado abrir procedimientos independientes sobre los nuevos hechos denunciados por ésta, entre ellos el supuesto uso de una empleada del partido y ahora asesora del Ministerio de Igualdad como niñera de los hijos de la ministra, Irene Montero.

El tenista Cisco García lleva meses preparándose para laclasificación de los Juegos Paralímpicos de este verano en Tokio, y en esta ocasión, hace una parada especial sumándose a Talento Cruzcampo, plataforma social en la que acompañará a otras jóvenes promesas, los participantes becados por la cervecera a través de su fundación para impulsar su empleabilidad y apoyar la hostelería, en una jornada que mezcla con poderío, deporte y nutrición.

En el marco de esa formación integral, en la que se incorporan diversas capacidades, los chicos de Talento Cruzcampo se entrenan ahora en nociones de nutrición y dietética, adquiriendo habilidades que les ayudarán a destacar en su incorporación al sector de la hostelería. Un perfecto equilibrio entre alimentación, entrenamiento y motivación es necesario para la práctica al más alto nivel que todos los deportes requieren. Por ello, Cisco García ha querido compartir su experiencia como atleta y las claves desde las que ha trabajado esa motivación con la que volvió al deporte tras quedar paralítico en un accidentepracticando snowboard.

El deportista cordobés es un gran ejemplo de superación, entregay constancia en cada meta y busca cada día desarrollar su mejor versión, potenciar su acento, uno de los valores fundamentales en la formación de los jóvenes del programa y la esencia para marcar la diferencia. El talento ayuda al talento: ese es el espíritu con el que nace el programa destinado a 40 jóvenes que trabajan con la Fundación Cruzcampo en su crecimiento personal y profesional.

Según Cisco García, «los límites nos los ponemos nosotros mismos, es muy importante que los jóvenes sepamos que podemos conseguir todo lo que nos propongamos y encontrar nuestro talento». Así, ha reconocido que el tenis de silla de ruedas le ha salvado la vida y ha apostado por que «seas como seas, siempre hay que tener unos objetivos y lucharpor ellos para ser feliz», toda vez que ha recordado que tiene hasta el 8 de junio para conseguir llegar a Tokio.

Durante la jornada de Talento Cruzcampo y Deporte en el Centro Especializado de Alto Rendimiento de Remo y Piragüismo (CEAR) de la Cartuja, los participantes del programa han elaborado junto a Cisco García una receta especialmente diseñada para cumplir con los requisitos nutricionales de la dieta de los deportistas olímpicos invitados a su degustación.

Una de las participantes María Camino ha señalado que, gracias a Talento Cruzcampo, ha descubierto su pasión por la cocina y aprender sobre materias como la nutrición que le genera «una oportunidad de futuro que le ilusiona». «Entre la hostelería y el deporte hay muchos valores en común como la constancia, el esfuerzo y la capacidad de superar los retos día a día», ha destacado.

En este sentido, diez deportistas de alto nivel de diversas disciplinas invitados por la Fundación Andalucía Olímpica degustan y valoran la receta de Cisco García y los jóvenes de Talento Cruzcampo, sumándose a esta experiencia de aprendizaje e intercambio. Son JaimeCanalejo y Javier García Ordóñez, clasificados en remo para los Juegos Olímpicos 2021, el mundialista absoluto de piragüismo Gonzalo Martín Fijo, la atleta internacional absoluta Maribel Pérez Rodríguez, el mundialista sub-23 de piragüismo Eulogio Reyes Díaz, el piragüista internacional Ignacio Trujillo Artillo; Antonio Ángel Álvarez Avilés, medallista del campeonato del mundo júnior de karate, el taekwondista internacional Álvaro Leo Aparicio, los remeros Antonio José Díaz Ramos y Gonzalo García Ferrero, mundialista sub-23.

La receta con mucho acento inspirada en Tokio está compuesta por un plato principal de merluza a baja temperatura, consomé de cebolla con miso y tomates cherry asados, acompañada de ensalada de habas frescas y wakame aderezada con salsa ponzu. Para culminar un postre desashimi de sandía con piel de cítricos y menta.

El deportista clasificado para los Juegos Olímpicos Javier García Ordoñez se ha mostrado encantado con el menú, especialmente «el toque diferente inspirado en Tokio, algo novedoso y de agredecer».

A través de la formación transversal del programa Talento Cruzcampo se capacita a los jóvenes para resolver los retos actuales del sector de la hostelería: fomentar la digitalización, abrir la puerta a nuevos canales de comunicación, dinamizar el consumo y el ocio seguro, cuidar el medioambiente, entre otros.

Cruzcampo busca inspirar a estos jóvenes, despertando su talento y dándole herramientas para convertirlos en gestores de cambio, encontrando su acento y sacando su mejor versión.

«Tuve que reinventarme para vivir la vida que me apasiona. Para conseguir la gloria primero hay que ser valiente, eso lo aprendí a los ocho meses de mi lesión en un viaje a Japón. Siempre he confiado más en el sudor que en las lágrimas, si algo te ruge dentro, si te quema las entrañas, tienes que hacerlo. El miedo es muy cobarde, hay que atreverse», continúa Cisco García durante su charla a los participantes.

A su vez, Talento Cruzcampo cuenta con el apoyo de otras organizaciones Fundación CEOE, la Asociación de Autónomos, ATA y Marcas de Restauración. Entre los más de cien colaboradores que se han sumado a la acción social de la Fundación Cruzcampo, destacan los 50establecimientos de hostelería que acompañarán a los participantes de Talento Cruzcampo en su proceso de aprendizaje o las incorporaciones de entidades como Autismo Sevilla, CEAR, Cruz Roja, Dircom, ESIC, Fundación ISDI, Fundación Prolibertas, Fundación Valentín de Madariaga, Human Age Institute o Secot.

Fundación Artemisan ha presentado alegaciones a la orden ministerial para sentar las bases de la futura estrategia de conservación del lobo del Gobierno en las que alerta de que supondrá abrir la puerta a traslocaciones, perjudicará a los agricultores y a la propia especie. Por ello, espera que finalmente prime el interés de la propia especie así como el consenso de todos los sectores implicados en vez de la «ideología o los intereses de determinados colectivos».

La entidad señala que el documento planteado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico abre las puertas a traslocaciones de animales que expandirán el conflicto a otras localizaciones geográficas en las que en la actualidad no hay lobo.

Además, considera que el documento contempla un plan autonómico de control en situaciones con casos de depredación, pero no habla de abatimiento de ejemplares, con lo que se podría contemplar su captura y liberación en otras zonas.

De ese modo, en sus alegaciones, la fundación subraya que esta estrategia «pretende, sin justificación alguna, sustituir a la anterior, aprobada con consenso y que funcionaba correctamente».

Asimismo, alerta de que las medidas que contempla el borrador supondrán «un grave perjuicio para los agricultores, para la especie y para la sociedad en general».

En concreto, añade que se ha eliminado el ‘Anexo I. Participantes en la redacción de la Estrategia’, que sí aparece en el índice del documento, por lo que se desconoce la autoría de las personas encargadas de su elaboración y, por tanto, su experiencia profesional, quedando su validez en entredicho.

Al colectivo cinegético le sorprende, por otro lado, que según el borrador, se pretenda promover una gestión consensuada y propiciar la participación de todos los sectores interesados, cuando parte de la inexistencia del consenso, ha producido importante malestar entre los sectores afectados y no se ha tenido en cuenta en su redacción a los ganaderos, el colectivo que más relacionado está con la especie.

En un comunicado añade respecto al contenido, alega que el manejo del hábitat dentro de esta estrategia se condiciona en función del lobo, fomentando zonas de refugio y reproducción en espacios donde, a priori, la población de ungulados no es abundante, por lo que se generará mayor impacto aún sobre la ganadería.

Asimismo, considera que el vallado para la cría de ganado extensivo o la caza como un conflicto en sí mismo, supeditando su instalación a la evaluación del impacto sobre el lobo.

Otra de las cuestiones que discute es la propuesta de uso de muladares como disposición de carroña para el lobo, cuando el Real Decreto 1632/2011 que los regula señala que deberán disponer de una zona acondicionada cuyo acceso esté restringido a los animales de la especie que se desea conservar, si fuera necesario por medio de vallas, vallas que la propia estrategia pone en cuestión.

En cuanto a las indemnizaciones previstas para los ganaderos por los daños ocasionados por el lobo, advierte de que estas se condicionan a que se adopten de medidas para evitar los daños, ya que estas medidas deben ser financiadas por la administración competente, sin que la estrategia haga referencia a ello. De esta manera, alerta de que «se carga una vez más todo el peso de la estrategia sobre los ganaderos».

Precisamente, subraya que la evolución de la población de la especie en España es una de las mejores a nivel europeo, con en torno a 300 manadas y más de 2.500 ejemplares, por lo que manifiesta que en su opinión, «no tiene sentido» la pretensión de la estrategia de generar flujos continuos de efectivos entre la Península Ibérica y Centroeuropa para evitar un aislamiento genético que es inexistente en España.

En sus alegaciones critica también que se considere que en algunas áreas la caza del corzo puede ser incompatible con la protección del lobo porque esa actividad en provincias como Soria, Guadalajara o en todo Aragón es una de las fuentes principales de ingresos para los pueblos de la denominada España vaciada.

Otra de sus objeciones al borrador es que pretenda limitar la instalación de vallados cinegéticos y ganaderos en determinadas zonas. A ello se suma la sustitución del aprovechamiento cinegético de la especie por medidas de control por parte de las administraciones.

Por último, cuestiona que se cree un código deontológico sobre comunicación e información del lobo que condicionará la libertad de información de los profesionales de la comunicación, así como la participación social condicionada y sesgada que propone el borrador para el grupo de trabajo, en el que solo tienen cabida aquellos que demuestren interés y bagaje en tareas proactivas a favor de la convivencia del lobo, limitando la participación de científicos, técnicos o gestores.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado este lunes el trabajo realizado por los 741 agentes adscritos a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de Policía Nacional, una labor con la que, según ha indicado, se da una «respuesta eficaz» en ámbitos como la lucha contra las mafias que trafican con personas.

Grande-Marlaska, acompañado por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, así como otros mandos policiales, ha visitado la sede de esta comisaría general.

La principal labor de esta comisaría es el control de entrada y salida del territorio nacional de españoles y extranjeros; la prevención, persecución e investigación de las redes de inmigración ilegal, y, en general, el régimen policial de extranjería, refugio y asilo e inmigración.

El ministro ha recorrido las instalaciones del Centro Nacional de Coordinación de Puestos Fronterizos de la Policía Nacional (CEFRONT), que controla en tiempo real los casi 80 puestos fronterizos españoles; el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), que supervisa la aplicación de la normativa europea e internacional; y la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF).

OPERACIONES «CONSTANTES»

Además, el titular de Interior ha mantenido un encuentro con la Jefatura de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (Escala Superior) en el salón de conferencias del edificio, en el que ha elogiado el esfuerzo que realizan en misiones vitales.

Tal y como ha informado el Ministerio, Grande-Marlaska ha destacado «las complejas investigaciones realizadas» por estos agentes «en su faceta de lucha contra las redes criminales que favorecen la inmigración irregular, la trata de seres humanos y otros delitos conexos».

Interior indica que son «constantes» las operaciones policiales conducidas por esta comisaría general contra las redes dedicadas al tráfico ilegal de migrantes entre el norte de África y España y, entre las más recientes, ha destcado la ‘Operación Tsunami’ de este domingo por la que se detuvo a veinte miembros de un grupo que operaba en el Campo de Gibraltar y captaba a sus víctimas en Ceuta y ciudades marroquíes de los alrededores.

También ha destacado la operación en la que la Policía Nacional detuvo en Gran Canaria y Lanzarote a cinco varones identificados por varios inmigrantes irregulares como los responsables de las embarcaciones en las que arribaron un total de 94 personas, quince de ellas menores de edad, sin ningún tipo de medida de seguridad, comida o bebida.

UNA «PROFUNDA TRANSFORMACIÓN»

Entre el casi centenar de migrantes que llegaron en estas pateras están los cuatro menores fallecidos en Canarias recientemente, como consecuencia de las condiciones del viaje.

Por otra parte, Interior explica que los mandos de la comisaría general han expuesto la «profunda transformación» sufrida por esta unidad policial, que ha pasado de ser un centro directivo vinculado a la gestión para convertirse en una de las cinco áreas operativas de mayor relevancia de Policía Nacional.

Esto, señalan, ha obligado a impulsar la formación y especialización de sus efectivos y a fomentar las relaciones institucionales con otros ministerios competentes en materia de migración, así como la Fiscalía de Extranjería entre otros organismos.