La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha confiado este martes en que el debate en torno a la suspensión temporal de las patentes de las vacunas contra la COVID-19 empuje a más farmacéuticas a ofrecer licencias voluntarias como ya ha ocurrido hasta ahora en algunos casos.

En respuesta a una interpelación en el Senado presentada por el senador de EH Bildu Gorka Elejabarrieta, González Laya ha subrayado que "desde el inicio de la pandemia se han dado docenas de licencias voluntarias de empresas farmacéuticas que han ofrecido sus patentes a empresas con capacidad de producir".

Esto ha sido uno de los factores que ha permitido que India haya producido grandes cantidades de dosis para COVAX, el mecanismo de solidaridad internacional que busca suministrar vacunas a los países más pobres y del que España es miembro fundador, ha resaltado la ministra.

Así pues, en un momento en que Estados Unidos ha reabierto el debate de la suspensión temporal de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas, que ya habían planteado hace meses en la OMC países como India o Sudáfrica, la ministra ha confiado en que esta discusión suponga "un incentivo para que se multipliquen estas licencias voluntarias" lo que permitiría sumar capacidad de producción.

González Laya ha coincidido con el senador de EH Bildu en que el tiempo para lograr la inmunización de la población mundial apremia, dado el riesgo de la emergencia de nuevas variantes, y ha reconocido que los plazos para que se pueda tomar una decisión sobre las patentes en la OMC son lentos, ya que debe haber un consenso y se trata de "reglas jurídicas y vinculantes".

La supresión de patentes no puede ser la "única medida" que se adopte porque "va a llevar tiempo", ha insistido. Es precisamente por este motivo, ha explicado, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trasladó a sus socios comunitarios en la cumbre de Oporto del fin de semana una propuesta que también busca acelerar el proceso de transmisión de la tecnología y el conocimiento, reforzar la capacidad de fabricación y acelerar su distribución y que España espera que cuente con el consenso y el respaldo europeo.

"La situación de la vacunación a nivel global no es ni satisfactoria ni justa y no podemos darnos por satisfechos", ha reconocido, subrayando que para vacunar al 70 por ciento de la población mundial harían falta 11.000 millones de dosis y al ritmo actual esa meta no se alcanzaría hasta 2023 o 2024.

Así las cosas, ha asegurado que para el Gobierno "progresista" de España es "un imperativo moral" el acceso universal a la vacuna para todos los ciudadanos del mundo. "Esta es una prioridad de este gobierno, no solo por justicia sino para impulsar nuestra propia recuperación económica", ha remachado.

Podemos ha remitido una carta a sus inscritos de cara a la próxima celebración de su cuarta Asamblea Ciudadana en el que garantizan que estarán "a la altura" de esta nueva etapa para fortalecer la organización y subraya que el secretario general saliente, Pablo Iglesias, siempre será un "referente" tras una trayectoria de éxito "sin parangón en la historia de la democracia" y que ha cambiado "para siempre el rumbo del país".

En esta misiva, describe que la marcha de Iglesias "apena" pero debe comprenderse que adoptó "la mejor decisión" para su espacio político y que ha tenido la "valentía de tomarla en el momento más adecuado", decidida por él y no por sus adversarios.

Por ello, la formación asegura que en dicha Asamblea Ciudadana toca "renovar" la organización, "avanzar hacia liderazgos más corales" y poner toda "la fuerza del cambio" al servicio de un objetivo "ilusionante": apoyar a la vicepresidenta Yolanda Díaz para que sea la próxima candidata de Unidas Podemos en las elecciones generales.

Precisamente este jueves Podemos publicará el reglamento de Vistalegre IV y el protocolo para las candidaturas, proceso al que está previsto que concurra la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.

En su escrito a sus militantes y simpatizantes con motivo de la convocatoria del proceso asambleario para elegir el relevo de Iglesias, el partido ensalza la figura de que secretario general saliente y recuerda que tras siete años de "política institucional, parlamentaria y gubernamental" ha cambiado "para siempre el rumbo" del país.

LOGROS DE IGLESIAS

También incide en que "nunca" se podrá agradecer a Iglesias "todo lo que ha hecho" por este espacio y por el "cambio político" en España, pues con él al frente lograron "romper para siempre el bipartidismo", "conquistar" las principales ciudades y gobernar en muchas autonomías, aparte de lograr el primer Ejecutivo estatal de coalición y que sus ideas estén representadas en el Consejo de Ministros tras "más de 80 años de exclusión".

Además, el partido morado remarca que han logrado la articulación de un "nuevo bloque de dirección de Estado" y desde el Gobierno seguirán trabajando para garantizar una gestión de la crisis "opuesta" a la que hubo en 2008.

"La trayectoria de Pablo Iglesias al frente de Podemos es una trayectoria de éxito sin parangón en la historia de la democracia, de profesor universitario a vicepresidente del Gobierno en solo seis años, construyendo una organización desde cero y llevándonos a lo que somos hoy: el espacio político de izquierda transformadora con más apoyo popular y con más poder institucional de toda Europa", desgrana Podemos.

A su vez, loa el "último servicio" aportado a las sigla al permitir a Unidas Podemos crecer en "votos y escaños" en las elecciones del 4M, "marcando un punto de inflexión en las tendencias electorales" de la formación en los últimos años.

Pero a continuación expone que "plantar cara a las oligarquías", diciendo "verdades que nunca un líder político había dicho antes en España, sin renunciar a nada" y "sin equivocarse de lado" tiene "un enorme precio". "Y ese precio para Pablo y su familia ha sido convertirse en la diana de todos los ataques del poder y sus brazos mediáticos", argumentan.

PASO ATRÁS PARA QUE EL RESTO PUEDAN AVANZAR

Finalmente y por todo ello, Podemos pronostica que Iglesias seguirá siendo siempre un "referente" para todos y que su "empeño contra viento y marea" de cara a que Unidas Podemos formara parte del Ejecutivo les deja "en la mejor posición" para seguir creciendo con "nuevos liderazgos de compañeros, y sobre todo compañeras que tienen un inmenso futuro".

"Pablo Iglesias da un paso atrás para que el resto podamos dar muchos pasos adelante. Y vamos a estar a la altura, que nadie lo dude (....) Estamos convencidos de que, allí donde vaya, va a seguir empujando el cambio con más fuerza si cabe", relata la misiva.

También alaba el esfuerzo de "miles de personas" que forman parte de Podemos, pues con su compromiso han conseguido "escribir con tinta indeleble las páginas más hermosas" de su historia.

"Ahora, más que nunca, a seguir haciendo avanzar a España en la dirección correcta: la de la justicia social, la igualdad, los derechos humanos, el feminismo, el ecologismo, la solidaridad y la fraternidad entre los pueblos", concluye la misiva.

El Congreso de los Diputados instará al Gobierno a adoptar medidas que faciliten la conciliación a abogados, procuradores y otros operadores jurídicos, si bien varios grupos parlamentarios han afeado al PSOE que realice esta propuesta, que tiene el apoyo mayoritario de la Sala pese a ser tildada de demasiado genérica, cuando el pasado mes de agosto actuó de forma contraria a los intereses de este colectivo habilitando el mes de agosto para acudir a los tribunales.

La propuesta inicial, defendida por la diputada socialista Elvira Ramón, instaba a la Gobierno a "adoptar las medidas normativas necesarias que permitan y garanticen a colectivos, como abogados, procuradores y graduados sociales, que realizan sus labores profesionales en el ámbito de la administración de justicia la conciliación de su vida personal y familiar con su actividad profesional en el ámbito jurisdiccional, de la mediación y el arbitraje".

No obstante, la representante socialista ha aceptado transaccionar con el PP, que propuso el establecimiento de permisos para abogadas y procuradoras en caso de adopción o nacimiento de un hijo. El diputado de Vox, Carlos José Zambrano, ha criticado esta propuesta del PP por no tener en cuenta a los hombres, que a juicio de este parlamentario "también adoptan y tienen deberes" relacionados con los primeros días tras la llegada de un hijo a la familia.

Según se argumenta en la exposición de motivos de esta Proposición No de Ley, el pleno reconocimiento de la igualdad, aun siendo un paso progresivo, también ha sido insuficiente, y ello a pesar de que en 2007 hubo un avance muy importante con la aprobación de la Ley Orgánica para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, dictada al amparo de la necesidad constatada de tratar normativamente un problema de desigualdad entre mujeres y hombres.

La diputada socialista ha recordado que la propia Administración de Justicia se han introducido modificaciones destinadas a equiparar la regulación del permiso de paternidad y maternidad con carácter general a lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público, especialmente en las últimas reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Por ello cree imprescindible pues que estas medidas sean extensibles a otros colectivos, como abogados, procuradores, graduados sociales, etc., que también realizan sus labores profesionales en el ámbito de la administración de justicia.

De este modo, las medidas como permisos, licencias y bajas que tienen reconocidos los funcionarios que desempeñen su función en la administración de justicia, se regulen, para que se extiendan y otros colectivos, cuando desempeñen funciones ante los tribunales

PROPUESTA DE VOX

Zambrano, que ha adelantado su apoyo a la propuesta, ha criticado sin embargo que ésta carezca de contenido y ha propuesto, vía enmienda, una reforma de la Ley Orgánica del Pode Judicial (LOPJ) para introducir en la ley el principio de vacaciones judiciales, además de promover una verdadera desconexión de Lexnet en dichos periodos vacacionales, así como la ampliación de supuestos de suspensión de vistas en caso de partos, embarazos, accidentes o enfermedad de familiares directos o cónyuges etc. "Eso sí son medidas concretas y útiles para los profesionales", ha señalado.

María Prohens, del PP, se ha limitado a defender su enmiendas, justificándola en la falta de igualdad real entre hombres y mujeres en el mundo de la justicia, mientras que tanto Mikel Legarda (PNV), Sara Giménez (Ciudadanos) como Josep Pagés (Grupo Plural) y Carolina Tellechea han calificado de paradójico que el partido que sustente al Gobierno inste esta conciliación, una medida que consideran debería partir del propio Ministerio de Justicia.

"Podría haberse iniciado su aplicación el año pasado no habiendo habilitado el mes de agosto", ha señalado Legarda, una crítica que han compartido tanto Giménez como Pagés, que ha instado también a que este tipo de medidas se extiendan "a todo el espectro de los autónomos".

Por su parte, Marina Velarde de Unidad Podemos ha calificado la propuesta como una "medida de indudable interés" y ha anunciado su voto afirmativo.

CARTA DE DERECHOS

Por otra parte, la Comisión de Justicia ha aprobado una propuesta del Grupo Parlamentario Socialista para instar al a remitir a la Cámara, en el plazo de tres meses, un informe exhaustivo de las actuaciones llevadas a cabo por los distintos agentes y operadores implicados en la administración de justicia "a fin de implementar y hacer efectiva la Carta de Derechos de la ciudadanía ante la Administración de Justicia".

Esta iniciativa se incardina en el cumplimiento el próximo 28 de mayo de 20 años de la firma del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia uno de cuyos acuerdos supuso la aprobación en abril de 2002 de una Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia.

Si bien una parte de la Carta ha sido llevada a término a través de las distintas reformas legislativas producidas en los últimos 19 años, el PSOE considera que es muy difícil tener un conocimiento cabal de todas aquellas reformas que pudieran necesitarse para su plena implementación y aplicación.

Por ello, el este grupo parlamentario ha defendido una recapitulación del estado de situación del desarrollo y observancia de los derechos referidos en la Carta, "a fin de que la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados pueda promover las medidas que resulten oportunas de cara a su completa implantación", según señala la exposición de motivos de la propuesta aprobada este martes.

El diputado del PNV Mikel Legarda ha apoyado la iniciativa, pese a reconocer que las disposiciones de este documento no tienen eficacia jurídica; mientras que Sara Giménez, de Ciudadanos, ha reprochado al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que no proponga este asunto desde su departamento.

El diputado del Grupo Plural Josep Pages, por su parte, ha aprovechado su intervención a favor de esta propuesta para denunciar el incumplimiento de otra Carta que versa sobre el uso de lenguas minoritarias en los procedimientos judiciales.

También ha votado a favor de esta propuesta la diputada de Unidas Podemos, Marina Velarde, que ha señalado que es necesario favorecer la defensa de las personas con menos recursos socioeconómico, así como el uso de un lenguaje más comprensible en la justicia y otros aspectos de esta Carta, que no tiene que ser "algo estático". Jesús Merino, del PP, ha señalado que la medida "está bien traída" porque responde al cumplimiento del pacto que se firmó en su día entre el PSOE y el PP.

El único grupo parlamentario que ha votado en contra ha sido Carlos José Zambrano, de Vox, que ha calificado la iniciativa de "autoalabanza y autocomplaciencia" sin sentido, mientas la administración de justicia carece de los medios necesarios.

Finalmente, y por unanimidad, la Comisión de Justicia ha aprobado por unanimidad la creación de un nuevo partido judicial en la isla de Formentera.

El movimiento asociativo de la discapacidad ha calificado este martes como un "día histórico" por la aprobación de la reforma para eliminar el término 'disminuido' de la Constitución Española, que consideraban "hiriente", y para cambiar un "enfoque asistencialista" por otro centrado en los "derechos y deberes" de las personas con discapacidad.

"Esta reforma situará a España en el rango constitucional como uno de los países con legislación fundamental más avanzada en materia de personas con discapacidad", ha destacado el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno.

Según el CERMI, el artículo 49 de la Constitución había quedado "desalineado y anticuado" dada la evolución que ha experimentado la concepción y el enfoque de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos.

Así, aplaude que el nuevo artículo "destierra" la palabra 'disminuidos' que para CERMI es "hiriente y no encaja con el modelo social de la discapacidad"; y aparte del cambio de nomenclatura, para la entidad, esta reforma "va mucho más allá" puesto que "prohíbe expresamente cualquier tipo de discriminación".

Por ello, el CERMI solicita que, cuando esta reforma llegue al Parlamento, tenga el apoyo de todas las fuerzas políticas y, en su caso, se introduzcan mejoras que lo perfeccionen y amplíen, "siempre con voluntad de acuerdo".

En la misma línea, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha celebrado esta reforma constitucional porque incorpora sus "demandas históricas" como son "el enfoque de derechos, la defensa de la inclusión y vida independiente, la perspectiva de género, la interlocución con las organizaciones y el lenguaje inclusivo".

"Aparte de ser una modificación terminológica, sustituyendo 'disminuidos' por 'persona con discapacidad', modifica por completo el articulado para superar el enfoque asistencialista y pasar a un reconocimiento centrado en los derechos humanos de las personas con discapacidad", subraya.

Para el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, la reforma constitucional implica no solo garantizar la "dignidad" de las personas con discapacidad sino que "aborda la discapacidad en su dimensión social, superando el paternalismo y la concepción médico-rehabilitadora".

Además, ha destacado que el nuevo artículo incorpora la perspectiva de género, con una especial atención a la situación específica de las mujeres y niñas con discapacidad.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha criticado que el PP en los últimos años está inmerso en una carrera de deslegitimación de la fiscalidad y ha preguntado a la formación que dirige Pablo Casado cuándo saldrá "del ruido, de la crispación y de la incapacidad para plantear alternativas".

"Con la actitud de desprestigio de las políticas fiscales lo único que hacen es deslegitimar lo público y provocar un ruido y un desasosiego respecto a la sostenibilidad de los servicios que se financian cargo al esfuerzo y el sacrificio de todos", ha reprochado la ministra en la sesión de control del Senado este martes.

En este sentido, ha instado a los populares a que empiecen a contribuir a la recuperación económica y a que hagan pedagogía fiscal. "¿Por qué mienten ustedes cuando dicen que para incrementar la recaudación hay que bajar los impuestos si ustedes no lo practican cuando gobiernan?", ha espetado la ministra a la bancada popular.

Ha señalado así que el PP "sabe", porque ha tenido responsabilidad de Gobierno, que en España existe dificultad de rendimiento de figuras tributarias a las que de forma paulatina se ha intentado revisar, "gobernara quien gobernara".

En este sentido, ha dicho que cuando gobernaba el PP se produjo la subida más importante de impuestos que ha protagonizado el país. "Lo hizo Montoro, que subió más de 50 veces los impuestos y lo hizo a la clase media y trabajadora, que como siempre para su partido son los pagan las crisis", ha criticado la ministra.

UNA RUTA DE FISCALIDAD DEFINIDA "CON PELOS Y SEÑALES"

Montero ha defendido que la hoja de ruta en fiscalidad, "definida con pelos y señales" en el Componente 28 del Plan de Recuperación, está en línea con las orientaciones de los organismos internacionales.

Así, la ministra ha señalado este martes que "lo que no puede hacer" un país o una comunidad autónoma es ejercer a la baja su capacidad fiscal pero "ir a pedir dinero de Europa.

Del mismo modo, Montero ha apuntado en la sesión de control en el Senado que lo que no puede hacer una comunidad autónoma es pedir al resto que contribuyan para que puedan ellos bajar sus propios impuestos.

Según ha explicado la titular de Hacienda, en el Componente 28 se estipula la constitución de un comité de expertos para la reforma fiscal que va a estudiar la modernización y adaptación al siglo XXI del sistema tributario español. "Este Gobierno escuchará al grupo de expertos para tomar las decisiones", ha remarcado

El objetivo es propiciar que áreas de actividad que son opacas a la fiscalidad tradicional puedan emerger, al tiempo que se pueda abordar un sistema progresivo y justo en la línea que marca la Constitución, ha explicado la ministra.

El Gobierno ha recalcado al PP que la asesora del Ministerio de Igualdad María Teresa Arévalo es personal de confianza de ese departamento, por lo que no se le exige valoración académica, pero en todo caso rechaza hablar sobre las informaciones que apuntan a que fue utilizada como niñera de los hijos de la ministra Irene Montero, un asunto éste por el que el Juzgado de Instrucción Número 46 de Madrid ha ordenado incoar diligencias.

El PP registró una batería de preguntas en el Congreso pidiendo al Ejecutivo todo tipo de detalles sobre Arévalo, como su formación académica y su experiencia laboral y política. Incluso reclamaban su currículum.

¿CUÁLES SON EXACTAMENTE SUS FUNCIONES?

Pero, además, los 'populares' querían saber, entre otras cuestiones, las funciones concretas que desempeña en el Ministerio de Igualdad, si ha ejercido como niñera u otras tareas personales ajenas a su cargo y, singularmente, si ha cuidado de los hijos de la ministra u otros altos cargos del Ministerio de Igualdad.

En su respuesta, el Gobierno señala que la Ley del Estatuto del Empleado Público determina que el personal eventual, entre las que se encuentra la citada asesora de Igualdad, realiza funciones "expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial", y que su nombramiento y cese son "libres".

Y que, por esa razón, este tipo de personal "no es objeto de baremo o valoración académica o profesional, al ser su nombramiento libre para el desempeño de una función de confianza o asesoramiento".

El PP también preguntaba al Gobierno si podía negar que María Teresa Arévalo haya ejercido durante el último año como cuidadora de la hija de la ministra Montero y de otros altos cargos del Ministerio de Igualdad.

SON INFORMACIONES "SIN BASE DOCUMENTAL"

Sin embargo, el Ministerio de Igualdad rehúsa entrar a valorar determinadas informaciones publicadas, a su juicio, "sin base documental y sin los medios imprescindibles para su acreditación y credibilidad".

El PP viene pidiendo cuentas al Gobierno por el conocido como 'caso niñera' e incluso exigiendo la dimisión de Montero. También ha solicitado una comisión de investigación en el Congreso sobre este asunto pero no encuentra los apoyos necesarios para que su propuesta sea debatida en el Pleno de la Cámara.

Los equipos negociadores de ERC y los comunes han acordado crear grupos de trabajo para avanzar en las negociaciones y concretar un acuerdo que desencalle la investidura del candidato republicano y vicepresidente del Govern en funciones, Pere Aragonès.

Fuentes conocedoras han explicado que representantes de ambas formaciones se han reunido este martes por la tarde en el Parlament y han valorado positivamente el encuentro, en la línea del primero celebrado este lunes, y han concretado que han seguido hablando de temas del programa del futuro Govern.

Los comunes les presentaron el lunes sus ejes programáticos --recuperación económica, salud, feminismo, transición ecológica y el diálogo sobre el conflicto catalán y la libertad de los presos del 1-O-- y los republicanos les han devuelto este martes el documento, en el que ha habido muchas coincidencias y que ahora deberán concretar en los grupos de trabajo para redactar un eventual acuerdo, han explicado las mismas fuentes.

Los morados, que apostaban por un acuerdo rápido, creen que aún tardará un poco más en llegar, ya que se han constituido los grupos de trabajo y el jueves hay pleno en el Parlament y prevén que no podrán celebrar reuniones.

ERC ha insistido en formar un Govern en solitario, mientras que los comunes preferirían entrar en el Ejecutivo, pero fuentes moradas han apuntado que esto dependerá del tipo de acuerdo al que lleguen y han descartado entrar en una dinámica de dilación de la negociación.

Desde los comunes han mantenido que la "línea roja" es que Junts no forme parte del Govern, y han reiterado su apuesta por la mesa de diálogo, que es uno de sus ejes programáticos a debatir.

Tras el encuentro con los comunes, que ha durado alrededor de una hora, ERC se está reuniendo con Junts de manera telemática, en la primera reunión formal que celebran después de que los republicanos rompieran las negociaciones para hacer un Govern de coalición y limitaran las conversaciones con Junts a obtener sus votos para la investidura de Aragonès.

La Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 de Spanair acudirá este miércoles al Congreso de los Diputados a entregar las más de 20.000 firmas que han recogido hasta el momento para pedir al Grupo Parlamentario Socialista (GPS) su voto a favor del dictamen de conclusiones que se aprobó el pasado 22 de abril en la Comisión de Investigación y que será elevado a Pleno del Congreso este jueves.

Las firmas han sido recogidas a lo largo de las últimas 24 horas en una campaña lanzada en la plataforma Change.org por la propia asociación, que se creó por algunos de las familiares de las víctimas en días posteriores a la tragedia.

"La desgracia quiso que esta catástrofe se produjera con un Gobierno del PSOE presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, pero eso no es motivo para que su partido insista en negar la realidad que se ha demostrado en los trabajos de la Comisión de Investigación de la Tragedia del JK5022 en el Congreso de los Diputados, creada para que se corrigieran las causas que provocaron esta catástrofe aérea", explica la asociación en el texto de la campaña.

Por todo ello, registrará las firmas en el Congreso, antes de que el dictamen se eleve al Pleno. "Queremos pedirle al PSOE que vote a favor del dictamen de conclusiones de la Comisión de Investigación o, al menos, que se abstenga", explican desde la asociación.

EL DICTAMEN RESPONSABILIZA A AUTORIDADES

La Comisión de Investigación en el Congreso de los Diputados sobre el accidente del vuelo JK5022 de Spanair aprobó el pasado 22 de abril un dictamen en el que se responsabiliza del "fallo sistémico" que provocó el accidente a diferentes cargos del Gobierno asociados al Ministerio de Fomento en 2008, dirigido en aquel momento por la exministra Magdalena Álvarez.

El dictamen recoge que el 20 de agosto de 2008, fecha en la que ocurrió el accidente, se produjo una "correlación de factores causantes que concluyen en el trágico accidente" en el que perdieron la vida 154 personas y 18 resultaron heridas.

En dicha comisión, aprobada el 6 de febrero de 2018 por el Pleno del Congreso de los Diputados, han comparecido un total de 48 personas y se ha analizado documentación tanto pública como privada.

El dictamen recoge que el fallo sistémico que provocó el accidente es una responsabilidad de los encargados del comprobar el correcto funcionamiento del sistema a través de los medios del Estado y establece un listado de cargos que en 2008 asumían puestos de responsabilidad, tanto en el Ministerio de Fomento como en la Dirección General de la Aviación Civil (DGAC), Aena y la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC).

Entre ellos se encuentra el entonces secretario general de Transportes y secretario de Estado, Luis Fernando Palao; el director general de Aviación Civil, Manuel Bautista; el jefe de Gabinete de la ministra Álvarez, Antonio Fernández; y Manuel Azuaga, presidente de Aena entre 2004 y 2008.

El dictamen añade que, "más allá de las responsabilidades civiles, penales o morales", en una democracia "debe plantearse con normalidad la responsabilidad política en un sentido fuerte, aquella en la que los gobernantes deben responder por todo aquello que tiene que ver con lo que efectivamente gobiernan"

Por ello, el GPS ha decidido emitir su voto particular en contra del dictamen al considerar que tanto la conclusión X, que establece estas responsabilidades, como la novena recomendación, --sobre las que solicitó informe al letrado-- suponen una "grave vulneración de la ley" y pueden ser contrarias al derecho.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la sentencia que condenó a 5 años de prisión a José C., profesor de taekwondo en un club de la ciudad olívica, por un delito continuado de abusos sexuales a una de sus alumnas, de 15 años de edad.

En esta resolución, que ratifica la emitida en octubre de 2020 por la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, los magistrados mantienen que el acusado abusó sexualmente de la víctima durante dos clases que le impartió en su domicilio los días 5 y 12 de noviembre de 2018 con la excusa de mejorar su "expresividad".

Según la sentencia, en esas clases el profesor realizó tocamientos a la menor, le pidió que se sacara el sujetador y le hizo preguntas de índole sexual, sobre sus relaciones con chicos o sobre si se masturbaba. Todo ello pese a que ella le dijo que se sentía incómoda y nerviosa.

En el fallo que ahora emite el TSXG, el tribunal entiende que "si solo se hubiese tratado de ejercicios para mejorar la expresividad de la alumna en un contexto de entrenamiento para la alta competición, es evidente que no habría tenido lugar excitación sexual en el monitor".

Así, los magistrados sostienen que en esta causa "ha quedado evidenciada la intención libidinosa del mismo en la ostensible erección de su pene, apreciada por --la menor--, tal como se acreditó a través de su testifical ante la Audiencia".

ARGUMENTOS DE LA DEFENSA

En su recurso, el acusado cuestiona la credibilidad de los testigos y niega la correlación de la valoración que hace el tribunal acerca del contexto en que se desarrollaron los hechos, defendiendo que "el trabajo que hizo no tiene ninguna connotación sexual".

Así, insiste "en el carácter escénico, expresivo o acrobático del taekwondo practicado" y apunta que "para hacer este trabajo conviene que la persona no tenga el sujetador, o al menos lo tenga aflojado"; y en cuanto a las preguntas de tipo personal añade que "conocer la madurez sexual es muy importante en los deportistas de alto rendimiento".

No obstante, el TSXG sostiene que "por mucho que en lo anterior pudiera subyacer una razón técnica, hay que situarse, como hizo la Audiencia, en el contexto en que acontecieron los hechos: en la casa del acusado, con las persianas bajadas, en ausencia de terceras personas y con obligación de reserva de lo que allí sucediera".

A ello agrega que "ninguna de las alumnas del acusado que declararon como testigos admiten que a ellas les hubiera pedido que se sacaran el sujetador, o les hubiera formulado preguntas íntimas". Por ello, afirma que "no tenían justificación las preguntas que se formularon" a la menor y que "tampoco existe explicación razonable al tipo de *ejercicios*".

En cuanto a la petición de la defensa de que no se estimen los hechos como constitutivos de un delito de abusos sexuales de carácter continuado, el Tribunal mantiene que "de ninguna manera puede hablarse de unidad natural de acción cuando entre ambos sucesos median siete días".

CONDENA

De esta forma, el TSXG confirma la sentencia de la Audiencia provincial, de forma que condena a 5 años de cárcel al acusado, por un delito continuado de abusos sexuales con prevalimiento sobre menor de 16 años, y le impone la prohibición de acercarse o comunicarse con la chica durante 8 años.

Del mismo modo, le impone una inhabilitación para ejercer profesión o actividad en la que tenga contacto con menores durante 8 años, y establece que deberá indemnizar a la víctima en 6.000 euros.

La Comunidad de Madrid ha notificado 1.402 casos nuevos de coronavirus, de los que 1.105 corresponden a las últimas 24 horas, y 18 fallecidos más en los hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este lunes, con datos a cierre del día anterior.

En la jornada del lunes se notificaron 348 casos nuevos de coronavirus, 231 de las últimas 24 horas, y 8 fallecidos más en los hospitales.

El número de hospitalizados se sitúa en 1.692 en planta -- 132 menos respecto al lunes -- y 506 en UCI --15 menos--, mientras que 300 pacientes han recibido el alta hospitalaria. Además, el número de pacientes en seguimiento domiciliario por Atención Primaria asciende a 5.749.

En el acumulado, la Comunidad de Madrid ha registrado 708.793 positivos, un total de 112.147 casos han requerido hospitalización, 11.337 han necesitado UCI y 98.154 han sido dados de alta por los hospitales. Atención Primaria ha realizado seguimiento domiciliario de 804.060 pacientes.

Respecto a los fallecidos, Sanidad Mortuoria ha contabilizado un total de 23.927, de los cuales 5.066 han sido en centros sociosanitarios, 17.473 en hospitales, 1.358 en domicilios y 30 en otros lugares.

En la Comunidad de Madrid la incidencia a 14 días es de 291,73 por cada 100.000 habitantes y se sitúa en el segundo puesto únicamente superada por el País Vasco (387,75).

PLAN DE VACUNACIÓN

En cuanto al plan de vacunación, el informe indica que se han administrado un total de 2.667.731 dosis de las 3.069.535 recibidas, con 749.294 segundas dosis registradas y 22.618 vacunas unidosis de Janssen, de manera que el porcentaje de población de la Comunidad de Madrid con la pauta completa se sitúa en el 11,4%.

Teniendo en cuenta solo la población diana, establecida en 5,6 millones de los 6,8 millones de ciudadanos, el porcentaje de inmunizados con la pauta completa asciende al 13,8%.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, las comunidades autónomas han notificado 4.941 nuevos casos de coronavirus, de los que 2.768 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, frente a los 1.349 registrados el lunes, lo que eleva a 3.586.333 la cifra total de personas contagiadas de Covid-19 desde el inicio de la pandemia.

Respecto a la incidencia media actual de contagios en España en los últimos 14 días, el informe muestra que sigue reduciéndose, situándose en los 180,69 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 202,2 notificado ayer por el departamento dirigido por Carolina Darias.

En cuanto a los fallecidos por Covid-19, este martes se han notificado 205 más, de los cuales 251 se han registrado en la última semana. Esto hace que la cifra global de muertos por coronavirus en España se eleve a las 79.100 personas.

Actualmente hay 8.106 pacientes ingresados por Covid-19 en toda España y 2.038 en una UCI, si bien en las últimas 24 horas se han producido 789 ingresos y 1.180 altas. La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa en el 6,47 por ciento y en las UCI en el 20,48 por ciento.

De las 2.768 personas diagnosticas de Covid-19 en el último día, 1.099 se han localizado en Madrid, si bien 119 en Andalucía, 156 en Aragón, 51 en Asturias, 27 en Baleares, 101 en Canarias, 51 en Cantabria, 39 en Castilla-La Mancha, 265 en Castilla y León, 89 en Cataluña, uno en Ceuta, 44 en Comunidad Valenciana, 50 en Extremadura, 70 en Galicia, 24 en Melilla, 45 en Murcia, 75 en Navarra, 424 en País Vasco y 36 en La Rioja.

FALLECIDOS

En cuanto a las muertes, Sanidad ha registrado ya 9.760 fallecimientos en Andalucía (48 en la última semana); en Aragón 3.463 (16 en los últimos siete días); en Asturias 1.952 (seis en la última semana); en Baleares 829 (una persona en los últimos siete días); en Canarias 753 (11 en una semana); en Cantabria 560 (tres en los últimos siete días); en Castilla-La Mancha 5.886 (seis en la última semana); y en Castilla y León 6.788 (10 en los últimos siete días).

Además, 14.382 personas han fallecido en Cataluña como consecuencia del coronavirus (28 en los últimos siete días); en Ceuta se han contabilizado 112 fallecidos desde el comienzo de la pandemia (tres en la última semana); en la Comunidad Valenciana 7.342 (seis en los últimos siete días); en Extremadura 1.795 (tres en una semana); en Galicia 2.381 (dos en los últimos siete días); en Madrid 15.135 (62 en los últimos siete días); en Melilla 96 (seis en los últimos siete días); en Murcia 1.590 (ninguna en los últimos siete días); en Navarra 1.163 (cuatro en los últimos siete días); en el País Vasco 4.349 (32 en los últimos siete días); y en La Rioja 764 (cuatro en los últimos siete días).

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este martes el submarino S-81 'Isaac Peral', que el pasado viernes fue puesto a flote en los astilleros de Navantia, en Cartagena, una ocasión que ha aprovechado para reafirmar su apuesta por que la Armada "sea un referente en tecnología e industria de defensa".

Su objetivo es que el submarino S-81 "sea conocido en otros países". A su juicio, es un momento en el que "todos debemos hacer un esfuerzo por salir de la crisis económica en la que estamos", y cree que "los planes de recuperación nos van a ayudar a salir".

Ha reivindicado que la industria de defensa es "muy importante" y ha insistido en su apuesta por tener unas Fuerzas Armadas "modernas, de innovación, tecnología y algo que es muy importante: la creación de puestos de trabajo".

Acompañada por la secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro, ha podido estar en el interior de la nave y ha subrayado que "este proyecto nos parecía absolutamente esencial para que tanto la Armada Española como España sean un referente en todos los aspectos", así como "una apuesta para potenciar la industria de defensa".

El director del astillero de Navantia, Agustín Álvarez Blanco, y el jefe de la Oficina del Programa S-80, Ignacio Núñez, han explicado a la ministra la evolución de las fases de pruebas y los detalles y novedades de este prodigio de la tecnología nacional.

"En un año tan importante para la Armada, cuando celebramos el V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo, este también es un hito esperanzador de esta España que es capaz de todo", ha señalado Robles en el acto de amadrinamiento que ha precedido a su puesta a flote.

Cabe recordar que ese submarino es el primero de la serie S-80 destinado a la Armada que Navantia va a poner en marcha y que para su diseño ha optado por el Manual de Ingeniería de Sistemas de la NASA, en el que se definen los procesos necesarios y los hitos de revisión requeridos.

La finalidad del programa S-80 es tratar de proporcionar unos buques de última generación que dieran a la Armada ventaja tecnológica en un entorno impredecible y capacitar a la industria nacional para diseñar y construir un tipo de barco que sólo está al alcance de un reducido grupo de países, según Navantia.

El programa representa un antes y un después en la construcción naval española. El buque resultado de este proyecto está considerado uno de los submarinos convencionales (los no dotados de propulsión nuclear) más avanzados del mundo.

En su interior contará con tecnologías únicas, como un innovador sistema para realizar patrullas bajo el agua durante más de 15 días sin la necesidad de salir a flote, y permitirá a la Armada dar un salto abismal en cuanto a capacidades, reforzando un arma submarina en la que hoy solo cuenta con dos veteranos submarinos, el 'Galerna' y el citado 'Tramontana.

De manera paralela, Navantia trabaja ya en los demás buques del programa: en el S-82 se trabaja en la fabricación de estructuras no resistentes y el embarque de tanques en todas las secciones y comenzado premontaje de tuberías y equipos.

En el S-83 se ha terminado el casco resistente y han comenzado los trabajos de aceros: construcción de tanques, fabricación y montaje de polines y soportes. Mientras que en el S-84 ha comenzado la elaboración de cuadernas del casco resistente.

La Armada iniciará las operaciones con el S-81 'Isaac Peral' en febrero o marzo de 2023. Después, llegarán el S-82 'Narciso Monturiol', en diciembre de 2024; el S-83 'Cosme García', en octubre de 2026; y el S-84 'Mateo García de los Reyes', en febrero de 2028.

El juicio al que fuera presidente de Ausbanc, Luis Pineda, al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, a la abogada Virginia López Negrete y a otras siete personas, que se ha celebrado durante más de un año en la Audiencia Nacional, ha quedado este martes visto para sentencia después de los informes de las defensas y tras el turno de última palabra de los acusados.

Pineda, que ha declinado hacer uso de su turno de última palabra --"creo que está todo dicho"-- tan solo ha aprovechado para agradecer a la Sala la paciencia que tenido "a lo largo de este interminable juicio". Por su parte, Bernad, ha agradecido también a la Sala el haber garantizado a su defensa poder aportar las pruebas que no pudo entregar en instrucción.

Los otros ocho acusados también ha declinado hacer uso de la última palabra, momento en el que la presidenta de la Sala ha señalado que quedaba visto para sentencia. Cabe recordar que el fiscal de la Audiencia Nacional José Perals modificó en marzo levemente sus conclusiones y rebajaba la petición de una pena de prisión para Pineda de 116 años.

No obstante, esa modificación no afecta a los diez encausados, de hecho la petición de penas que hace el Ministerio Público para el secretario general del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernad, se mantiene en casi 25 años de cárcel por los delitos de organización criminal, extorsión y extorsión en grado de tentativa.

En el caso de Pineda, la Fiscalía le imputa un delito de organización criminal en calidad de dirigente, 16 delitos continuados de extorsión, tres delitos más de extorsión y ocho delitos de extorsión en grado de tentativa. A esto suma el delito de estafa, el delito contra la Hacienda Pública y el de blanqueo de capitales. La multa que solicita para él es de 10,3 millones de euros.

Para la abogada Virginia López Negrete, que ejerció la representación de Manos Limpias en el caso 'Noos', el fiscal interesa una pena de doce años de prisión por los delitos de organización criminal en calidad de integrante, dos delitos continuados de extorsión y un delito en grado de tentativa.

Para los otros siete procesados, el fiscal Perals rebaja también levemente las penas. En concreto, para el tesorero de Ausbanc Alfonso Solé Gil interesa 34 años y 6 meses de cárcel y para el adjunto a la presidencia de la asociación Ángel Garay 32 años y 6 meses.

En cuanto a los miembros de la junta directiva de la marca de Pineda, el fiscal solicita para María Teresa Cuadrado 19 años de cárcel, para María Manuela Mateos 64 años de cárcel y para María Isabel Medrano 60 años. Por otro lado, interesa para la jefa de gabinete de Ausbanc, Rosa Isabel Aparicio, 46 años de cárcel y para el director de publicaciones de Ausbanc, Luis María Suárez Jordana, 16 años.

DISOLUCIÓN DE AUSBANC Y MANOS LIMPIAS

En el escrito del Ministerio Fiscal se explica además que se solicita la inhabilitación del derecho de sufragio pasivo para todos durante la condena, y la inhabilitación especial para todas aquellas actividades económicas o negocios jurídicos relacionados con la actividad de la organización criminal por un tiempo de 10 años superior al de la duración de la pena de privación de libertad.

Perals quiere además, tal y como pedía antes del inicio de la vista oral allá por enero de 2020, que se acuerde la disolución de todas las sociedades del grupo Ausbanc y del sindicato Manos Limpias. Además quiere que se les prohíba definitivamente llevar a cabo cualquier actividad por las mismas y se les inhabilite para obtener subvenciones y ayudas públicas.

También solicita en su escrito el Ministerio Público en lo relativo a la responsabilidad civil, que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente a BBVA con más de 700.000 euros, a Unicaja con la cantidad de más de 900.000 euros, a Banco Sabadell con más de 2,5 millones, al banco Santander con más de un millón de euros y a Caixabanc con 24.200 euros.

A estas cuantías añade más de 1,3 millones a Liberbank, 36.000 euros para Nissan Ibérica, aproximadamente 150.000 para Barclays Bank y más de 300.000 euros para Caja Castilla-La Mancha. También se contemplan indeminzaciones para Europistas, Bankia, Caja Vital, Caja Rural del Sur y Banca March.

El fiscal pide además que Pineda abone las cantidades percibidas indebidamente como subvención por parte de Radio Televisión de Andalucía (RTVA) y que ascienden a 163.350 euros.

UNA ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

El escrito de acusación relata a lo largo de 66 páginas cómo el principal acusado --Pineda-- ideó la creación de una asociación "sin finalidad de lucro" que denominó Ausbanc pero que en realidad buscaba el enriquecimiento ilícito personal a través de tres canales principalmente: las cantidades que bancos y empresas pagaron ante las amenazas de realizar campañas públicas de desprestigio en su contra, las provenientes de subvenciones, y las cuotas de los asociados adheridos --quienes además no podían participar en la toma de decisiones de Ausbanc--.

La Fiscalía establece una estructura de la organización en cuya cúspide sitúa a Pineda por ser el encargado de buscar financiación y ocultarla bajo presuntos convenios publicitarios a cambio de publicidad favorable en sus revistas.

También la conseguía negociando con entidades bancarias a cambio de no presentar potenciales demandas contra las mismas. Estas actuaciones, según el escrito, contaron desde 2012 con el apoyo y beneplácito del entonces secretario general del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernard.

La Comunidad Valenciana ha comunicado este martes seis fallecidos más --uno correspondiente a la última semana-- y un total de 99 nuevos casos de coronavirus desde la última actualización de los datos.

Según la información facilitada por la Conselleria de Sanidad, se han registrado seis fallecimientos por coronavirus desde la última actualización, por lo que el total de defunciones desde el inicio de la pandemia es de 7.383: 801 en la provincia de Castellón, 2.817 en la de Alicante y 3.765 en la de Valencia.

De estos decesos, uno corresponde a los últimos siete días, mientras que dos se produjeron el pasado mes de enero y tres en el de febrero.

Además, se han notificado 99 casos nuevos de coronavirus confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos desde la última actualización, que sitúan la cifra total de positivos en 391.828 personas. Por provincias, 23 en Castellón (40.509 en total); 22 en Alicante (146.810 en total); y 54 en Valencia, (204.508 en total). El total de casos no asignados se mantiene en 1.

Por otra parte, se han registrado 306 altas a pacientes con coronavirus. De esta forma, ya son 393.935 personas en la Comunidad Valenciana las que han superado la enfermedad desde que comenzó la pandemia. Por provincias, las altas se distribuyen del siguiente modo: 40.903 en Castellón, 147.145 en Alicante y 205.832 en Valencia. El total de altas no asignadas se mantiene en 55.

SITUACIÓN HOSPITALES

Actualmente, los hospitales valencianos tienen 171 personas ingresadas: 33 en la provincia de Castellón, con 4 pacientes en UCI; 46 en la provincia de Alicante, 8 de ellos en la UCI; y 92 en la provincia de Valencia, 28 de ellos en UCI.

En cuanto al proceso de vacunación, se ha administrado un total de 2.038.019 dosis. Por provincias, las cifras son las siguientes: 238.091 en Castellón, 749.115 en Alicante y 1.050.813 en Valencia.

Han recibido la pauta completa de inmunización (dos dosis para Pfizer, Moderna y AstraZeneca y la monodosis de Janssen) 653.098 personas. De acuerdo con los datos registrados, en estos momentos hay 1.979 casos activos, lo que supone un 0,49% del total de positivos.

Por último, la administración autonómica informa de que hoy se han registrado dos brotes de origen social en los municipios valencianos de Alfarp y Sagunto con 14 y 19 casos, respectivamente.

El PSOE de Andalucía abre este miércoles, 12 de mayo, el plazo para la recogida de avales con los que concurrir a las elecciones primarias que la federación socialista va a celebrar para elegir a la persona que encabece la candidatura a la Presidencia de la Junta en los próximos comicios autonómicos.

De acuerdo al procedimiento que desarrolla las bases y el calendario de la convocatoria de estas primarias, basado en lo dispuesto por los artículos 66 y 67 de los Estatutos Federales del PSOE y por los artículos 218 y siguientes del Reglamento Federal de Desarrollo de los Estatutos Federales, el plazo de recogida y presentación de avales discurre desde este miércoles y hasta el próximo 25 de mayo, fecha a partir de la cual se procederá a la proclamación de candidatos.

El plazo de recogida de avales se abre dos días después de que concluyera el de presentación de candidaturas, tras el que este lunes quedaron proclamados como precandidatos a las primarias la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz; el alcalde de Sevilla, Juan Espadas; el exdiputado y profesor de universidad Luis Ángel Hierro y el médico granadino Manuel Pérez García, después de que la Comisión Regional de Garantías Electorales verificase que dichas precandidaturas reúnen los requisitos reglamentariamente establecidos.

La Comisión Regional de Garantías Electorales es también el órgano al que se deben remitir los impresos de recogida de los avales, según establece el procedimiento de las primarias, que precisa que los impresos podrán conseguirse a través de la citada comisión, "descargándolos en la web del PSOE de Andalucía o en las agrupaciones municipales y/o de distrito".

También determina el procedimiento que "durante todo el periodo de recogida de avales", los representantes de los aspirantes, las agrupaciones y los militantes "podrán hacer llegar avales a la Comisión de Garantías Electorales del PSOE de Andalucía", los cuales "quedarán bajo la custodia de ésta".

Las personas aspirantes a la candidatura, "bien por sí mismos o a través de sus representantes, podrán hacer llegar, durante todo el plazo habilitado --del 12 de mayo al 25 de mayo, a las 14,00 horas-- los avales originales que hayan recogido".

Esta presentación se realizará de manera presencial por cada aspirante o su representante, según continúa el procedimiento de las primarias, que también dictamina que "las comisiones ejecutivas municipales y/o de distrito podrán tramitar ante la Comisión Regional de Garantías Electorales los avales individuales otorgados y firmados por los y las militantes de una agrupación".

Todos los avales, "entregados y/o presentados ante la Comisión Regional de Garantías Electorales, antes de que finalice el plazo señalado --el 25 de mayo a las 14,00 horas--, serán custodiados por la citada Comisión hasta la fecha de su verificación y validación".

NO SE PUEDE AVALAR A MÁS DE UN PRECANDIDATO

"Nadie podrá avalar a más de una persona", según se recoge en el procedimiento de las primarias, que también especifica que "se considerarán avales nulos todos los emitidos por una persona a favor de más de una precandidatura", de forma que "se contabilizará como un único aval válido, cuando un o una militante avale más de una vez a un mismo precandidato o precandidata".

"Una vez terminado el proceso de verificación se elevará un acta del mismo y se procederá a la proclamación de las candidatas y candidatos", según se establece también en el procedimiento, que detalla igualmente que "quienes hayan presentado su precandidatura podrán acreditar ante la Comisión de Garantías Electorales del PSOE de Andalucía un representante que esté presente en la verificación de los avales y el recuento de los mismos".

El censo de militantes actual, incluyendo el del PSOE-A y las Juventudes Socialistas, supera las 44.000 personas, según han confirmado este martes fuentes del partido.

En todo caso, según precisa el procedimiento, "el único censo oficial y válido para la elección en cualquier ámbito territorial será el actualizado y verificado por la Comisión Ejecutiva Federal, y autorizado por el Departamento Federal de Atención al militante y a la ciudadanía".

Conformarán el censo electoral "los militantes y afiliados directos del PSOE de Andalucía en pleno uso de sus derechos orgánicos a fecha de cierre de dicho censo, y que se encuentren al corriente de cotización del último semestre de 2020", así como los militantes de Juventudes Socialistas de Andalucía "al corriente de cotización del último semestre de 2020".

Para alcanzar la condición de candidato se debe reunir "como mínimo el aval del 2% y un máximo del 4% del total del censo válido para el proceso".

COMISIÓN REGIONAL DE GARANTÍAS ELECTORALES

En este proceso de primarias, la Comisión Regional de Garantías Electorales, "además de los supuestos que establece el Reglamento Federal, es la encargada de interpretar la normativa aplicable y dictar cuantas instrucciones sea preciso en el curso del proceso, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Comisión Federal de Garantías Electorales".

Está presidida por el senador por Málaga Antonio Morales Lázaro, y conformada por Mercedes Gámez, Ángel Gallego y María Luisa Sánchez como vocales, y por Luis Vargas Martínez como secretario.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) ha confirmado la sentencia de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra que condenó a 12 años y nueve meses de prisión a un varón, Ángel M.R.G., por intentar matar a su exmujer, provocando un accidente de tráfico en el Corredor de El Morrazo, y por la tentativa de homicidio de un conductor contra el que chocó intencionadamente.

La sentencia de instancia fue recurrida por la defensa del procesado, que alegó que se había vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, el principio de presunción de inocencia y que no hubo una correcta valoración de la prueba.

Así, el apelante señaló que durante el juicio se produjo una revelación "inesperada" sobre el estado de salud de la víctima, que padecía una depresión crónica y que pudo haber influido en su declaración. Sin embargo, el TSXG considera que esa circunstancia no supone una alteración en el juicio y que, en todo caso, el acusado ya la conocía.

Por otra parte, la defensa también alegó que no hubo ánimo de matar, y que el acusado sufrió el accidente porque su exmujer le mordió una mano, perdiendo el control del vehículo. Este argumento también es rechazado por el alto tribunal gallego, que señala que los magistrados de la Audiencia explicaron "perfectamente los motivos por los que concluyen que sí hubo ánimo de matar".

"MOTIVO VIL"

Así, indica que el acusado se lamentó de no haber conseguido matar a la mujer, "y así lo expresó de viva voz", y añade que el hombre estaba alterado porque la víctima se negaba a responderle acerca de si le había sido infiel. Según el TSXG, éste "es un motivo vil, pero no inexistente".

En esta línea, los jueces concluyen que su voluntad homicida es "incuestionable", puesto que "un coche a más de 120 kilómetros por hora colisionando contra otro es un instrumento apto para producir la muerte de los ocupantes de cualquiera de los vehículos, riesgo que, como dice la Sala, al menos integra un dolo eventual de homicidio".

Por otra parte, el TSXG también comparte la resolución de la Audiencia en lo que respecta a la alevosía, y apunta que ésta existió, ya que "se buscó la total indefensión" de la víctima, que no podía escaparse del coche.

CONDENA

La Audiencia de Pontevedra condenó en diciembre de 2020 a Ángel M.R.G. a penas que suman 12 años y 9 meses de prisión tras considerar probado que, el 14 de junio de 2018, el acusado recogió en su vehículo a su exmujer con la excusa de ir a tomar algo y hablar de su hija común. En lugar de eso, se metió por la autopista AP-9 en dirección a Rande y O Morrazo y comenzó a interrogar a su expareja acerca de supuestas infidelidades.

A pesar de que la mujer intentó calmarlo, el acusado la amenazó con provocar un accidente para matarse ambos y, en un momento determinado, ya en el Corredor de O Morrazo, colisionó deliberadamente contra un turismo.

Tras el choque le dijo a su exmujer que, en esa ocasión, le había salido "mal" la "jugada", y salió del vehículo para cruzar la mediana y abalanzarse sobre otro coche que venía en sentido contrario.

El PSE-EE contará en los primeros actos programados para celebrar los 135 años de su nacimiento en Euskadi con la presencia de la secretaria de Igualdad del PSOE y vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, o la presidenta de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Iratxe García.

También participarán en estos encuentros la presidenta de Navarra, María Chivite, y el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, que lideran las organizaciones socialistas en sus respectivas comunidades autónomas, el Partido Socialista de Navarra (PSN-PSOE) y la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE).

La Comisión Ejecutiva de Euskadi, reunida esta tarde, ha decidido que la celebración de estos 135 años de vida del partido en Euskadi, tenga lugar bajo el lema "Cumplimos-Sozialisten hitza".

El objetivo de esta conmemoración, han explicado desde el PSE-EE, es "destacar la trayectoria que ha llevado a los socialistas de la reivindicación de los derechos laborales en las minas de finales del siglo XIX, a la lucha contra la pandemia de la Covid-19 y la búsqueda de soluciones ante sus consecuencias".

La vicepresidenta Carmen Calvo visitará Bilbao el jueves 20 de mayo para clausurar, junto a la secretaria general del PSE-EE y vicelehendakari, Idoia Mendia, la jornada "Cumplimos con la igualdad".

Abrirá el encuentro una mesa redonda moderada por la secretaria de Igualdad del PSE-EE y diputada foral de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de Bizkaia, Teresa Laespada, en la que participarán, entre otras, la exviceconsejera de Planificación Territorial y Agenda Urbana, Arantxa Leturiondo, la directora de Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia, Patricia Campelo, y el catedrático de Estructura Económica Javier Bilbao.

El Parque Tecnológico de Miramón, en San Sebastián, acogerá el sábado 22 de mayo una mesa redonda con Idoia Mendia, la ministra Arancha González Laya y la europarlamentaria Iratxe García.

Con el título de "Cumplimos con Europa", la jornada repasará la larga trayectoria europea del socialismo español, con hitos destacados como la integración en la CEE, la reciente aprobación de los fondos europeos o la Conferencia para el Futuro de Europa que se inició este 9 de mayo.

La tercera actividad con un programa ya cerrado será el encuentro "Cumplimos con la cogobernanza", que reunirá a la vicelehendakari Idoia Mendia con dos compañeros que han asumido labores ejecutivas encabezando sus respectivos gobiernos.

María Chivite y Adrián Barbón visitarán Bilbao el lunes 24 de mayo en una jornada que revisará la "compleja realidad" de la organización territorial de España y cómo "fenómenos inesperados, como la pandemia de la covid-19, han exigido la respuesta coordinada de los distintos niveles de la administración".

La Comisión Ejecutiva ha valorado que las jornadas "Cumplimos.Sozialisten hitza" ayuden a "repasar la contribución de los Socialistas Vascos al progreso de Euskadi y del conjunto de España y, ya con una mirada hacia el futuro, concentrar los esfuerzos en los cambios que deben contribuir a la cohesión social, a reducir las desigualdades, a ampliar los derechos y a generar empleo digno y de calidad".

11 DE JULIO DE 1886

Los Socialistas Vascos fundaron por impulso de Facundo Perezagua la primera agrupación socialista de Bilbao el 11 de julio de 1886 en plaza de La Cantera.

Siete años antes, lo había hecho el PSOE y, cinco después, el Partido Socialista obtuvo sus primeros concejales en España, cuatro en Bilbao y uno en la localidad vizcaína de La Arboleda. La Federación Socialista de Vizcaya se constituyó en 1900.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha avanzado este martes que el número de personas en expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) bajará de los 600.000 esta semana "por cómo van las cifras".

Así lo ha anunciado durante la rueda de prensa para presentar los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de su Ministerio.

El número de trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se situó a 29 de abril en 638.283 personas, lo que supuso 36.621 trabajadores menos que en marzo en la serie revisada y 105.345 menos en función de la fecha de notificación, según informó el Ministerio recientemente.

Según Escrivá, cuando se mira la estructura, las personas que están en ERTE están muy concentradas en sectores cuya recuperación a va a ser "muy fuerte" en los próximos meses "con toda seguridad".

"Hablamos de restauración, comidas y bebidas y actividades de alojamiento, que son la mitad de esos 600.000 ERTEs, pero es cierto que en algunas partes de estos sectores podría ocurrir que haya cambios en la estructura de la demanda y se ponga de manifiesto la necesidad de algún tipo de ajuste y ahí podremos tener una oportunidad de aplicar el mecanismo de flexibilidad interna para las empresas", ha resaltado Escrivá.

Para el ministro, "es perentorio disponer de un mecanismo permanente que permita a las empresas adaptarse a las caídas transitorias de actividad sin recurrir a los despidos, que impulse la formación y facilite la transición de los trabajadores afectados por los procesos de cambio estructural".

Escrivá ha recordado que en periodos de crisis económica, las empresas han recurrido tradicionalmente a ajustes de empleo a través de la finalización de contratos temporales y despidos, pero que, sin embargo, en esta crisis sanitaria los mecanismos de ajuste interno (ERTE) han demostrado su capacidad de limitar la pérdida de empleo ante caídas de actividad y recuperar dicho empleo con rapidez.

En la reforma número seis del componente 23, se promueve el establecimiento de un mecanismo de flexibilidad interna para las empresas, de carácter permanente, que impulse la estabilidad en el empleo y la recualificación de trabajadores en transición entre empleos y sectores.

Según se recoge en el Plan, no hay inversiones asociadas a esta reforma. "Se prevé la creación de un Fondo Tripartito para financiar el mecanismo, cuyas contribuciones públicas podrían proceder de préstamos del Fondo de Recuperación-Next Generation", según Escrivá.

Este mecanismo incorpora dos modalidades, por un lado una modalidad de flexibilidad interna que permitirá, ante caídas transitorias o cíclicas de la actividad de las empresas, minimizar el recurso al despido, salvaguardar el vínculo contractual con la empresa y facilitar la reactivación, pero también reducir la elevada contratación temporal y reforzar la formación de los trabajadores durante el período de baja actividad.

Por otro lado, el mecanismo incorpora una modalidad de transición para utilizar en momentos de cambio tecnológico o de transición hacia nuevos modelos de producción, de naturaleza permanente, que facilitará la movilidad de los trabajadores sin necesidad de pasar por el desempleo.

Escrivá ha apuntado que ambos mecanismos servirán para reducir el tiempo de búsqueda del empleo y contribuirán a disminuir el paro estructural.

La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ha instado este martes al Gobierno a adoptar "estrictos protocolos de uso y supervisión" en el manejo de las pistolas eléctricas tipo Táser entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, respaldando así mayoritariamente la proposición no de ley (PNL) de Unidas Podemos.

En la misma comisión, los grupos han rechazado otras tantas propuestas, entre ellas una PNL de Vox con enmienda del PP que buscaba censurar el retraso propiciado por la Generalitat de Cataluña para administrar las vacunas contra la Covid-19 tanto a policías nacionales como a guardias civiles.

El diputado de Unidas Podemos Rafa Mayoral ha defendido que el protocolo de uso para las pistolas eléctricas debe ser "público y accesible para la ciudadanía para poder hacer un control efectivo", alertando de que se debe evitar "males mayores" de este instrumento que usan policías locales, autonómicas y empiezan a adoptar tanto Guardia Civil como Policía Nacional.

Desde la oposición, el PP ha denunciando el "tufillo de desconfianza" hacia los policías que desprende la iniciativa y Vox ha aprovechado para ligar esto a los "gravísimos hechos instigados o perpetrados" por Unidas Podemos en la reciente campaña electoral en Madrid, recordando también la agresión a un agente del diputado Alberto Rodríguez.

QUE DIMITA MARLASKA POR LAS VACUNAS

Luis Gestoso, diputado de Vox, ha defendido su PNL ante la "ignominia del Gobierno catalán de no querer vacunar a los policías y guardias civiles", aunque se ha felicitado de que el Tribunal Superior de Justicia haya "arrastrado de la oreja a los golpistas para cumplir la ley".

La formación liderada por Santiago Abascal ha mantenido su proposición como gesto contra la "falta de escrúpulos" de los partidos independentistas al frente de la Generalitat, una iniciativa que ha sido enmendada por el PP para mostrar su "indignación ante un hecho vergonzante" que tiene dos protagonistas: el gobierno catalán y el ejecutivo presidido por Pedro Sánchez.

En concreto, el PP ha censurado la falta de respuesta en este "intento de humillación" y que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, hablara de "mera disfunción". El PSOE, por su parte, ha defendido la gestión del titular del Interior frente a la petición de que dimitiera por "no proteger" a los policías ni impulsar que el retraso en la vacunación fuera investigado por la Fiscalía, tal y como ha sostenido el portavoz popular.

El PSOE ha ironizado que un "partido negacionista" como Vox impulse una PNL sobre vacunas y ha recordado que el "Gobierno de España no pone las vacunas", remitiéndose a las comunidades autónomas. "El Gobierno y la Delegación del Gobierno en Cataluña hicieron su trabajo de defender a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sin politizarlas ni usarlas para fines políticos", ha señalado Francisco Aranda.

En la Comisión de Interior también ha salido adelante una proposición del PSOE para completar la transferencia en materia sanitaria en las prisiones a favor de las comunidades autónomas, así como otra del PP sobre la creación de una Unidad de Seguridad Ciudadana en la Comandancia de la Guardia Civil de Ourense. Además, se ha rechazado declarar el Campo de Gibraltar como zona de especial singularidad para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La fundación FAES ha denunciado este martes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "abdique de su responsabilidad" para afrontar la pandemia, una vez decaído el estado de alarma, y que con su "inhibición" empuje al Tribunal Supremo "a asumir una "responsabilidad no le corresponde". Además, ha criticado el "silencio lamentable" del Tribunal Constitucional sobre el alcance de esa medida excepcional, que ha estado en vigor hasta el pasado 9 de mayo.

Así, FAES ha calificado de "decepcionante" la incomparecencia del Tribunal Constitucional en este asunto, ya que, a su entender, "ha tenido tiempo y ocasión de pronunciarse sobre las implicaciones del estado de alarma y las condiciones en las que tienen que garantizarse los derechos fundamentales y ha optado por el silencio".

"El silencio lamentable de una voz que debería haberse escuchado con la fuerza y la autoridad que la Constitución le atribuye y los ciudadanos esperan", ha indicado la fundación que dirige el expresidente del Gobierno José María Aznar en un análisis bajo el título 'Inhibición culpable'.

"CAOS JURÍDICO"

Según FAES, un Gobierno puede acertar o equivocarse pero "lo que no es aceptable es que abdique de su responsabilidad". "Esto es lo que está ocurriendo con el caos jurídico que el Gobierno ha provocado deliberadamente, desoyendo todas las voces que pedían una solución legal, perfectamente viable, como alternativa al estado de alarma que acaba de decaer", ha enfatizado.

A su entender, el Gobierno "se desentiende de la crisis sanitaria que todavía sigue abierta, anima a las comunidades autónomas a forzar" las garantías constitucionales de los derechos fundamentales y "solo se dedica a pavonearse de los millones de vacunas que se han administrado".

Mientras tanto, se ha inventado un procedimiento de casación para que las comunidades puedan llevar al Tribunal Supremo las resoluciones de los respectivos Tribunales Superiores de Justicia que rechacen las restricciones propuestas por los gobiernos autonómicos", ha añadido.

Tras asegurar que "poco puede sorprender" del Gobierno porque acumula en su trayectoria "una voluntad permanente de socavar en beneficio propio el funcionamiento normal de las instituciones", ha recalcado que en esta actitud hay "una muestra más de arrogancia" y "un deseo de revancha hacia quienes con muchas razones objetaron la forma y la utilización que se ha dado a los estados de alarma".

FAES considera que atribuir la responsabilidad a los tribunales "trastoca la previsión constitucional en perjuicio de los intereses de los ciudadanos y de la lucha contra la pandemia". "El Tribunal Supremo se verá en la obligación de establecer la doctrina correcta", ha indicado, para agregar que la solución legal al vacío que existe "tardaría menos en aprobarse y entrar en vigor que la futura resolución" del alto tribunal.

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha comparecido a petición propia en el Parlamento autonómico para abordar la evolución de la pandemia, que "no terminó", por ello, ha advertido de que "transmitir el mensaje de que está superada es contraproducente y peligroso", unas palabras de reproche que han estado dirigidas al Gobierno central.

Así, y tras reprobar el tono "triunfalista" del Ejecutivo central, Comesaña ha incidido en que por este motivo la Xunta ha insistido en que el estado de alarma "no podía suponer un punto y final" desde el punto de vista normativo. "Desgraciadamente este aparente interés del Gobierno central de trasladar una imagen triunfalista, de fin de ciclo, no es real", ha recriminado el titular de Sanidade, quien ha apuntado que esto ha llevado a las comunidades a tener que aplicar la "ingeniería normativa" para seguir tomando medidas de restricción para gestionar la pandemia.

Hoy nos encontramos sin estado de alarma, sin esa reforma (de la ley orgánica) y con un recurso a nuestra ley, porque ni legislan ni nos deja legislar", ha reprochado Comesaña en la comparecencia en la que, en su último turno, y ante las críticas de la diputada del BNG Montse Prado por hablar de esa forma y al tiempo pensar en grandes eventos con diez mil personas, el titular de Sanidade defendió por el contrario que también ha que salir de la "burbuja.

"No podemos vivir en la burbuja permanentemente, sino con normas, normativa y con instrucciones", ha subrayado el conselleiro de Sanidade en la que, ante la insistencia del diputado socialista Julio Torrado, dijo que su postura era la misma que la del PP: "estado de alarma sí" como paso previo a la reforma de la ley orgánica. "Si no hay reforma, estado de alarma no", ha remarcado, preguntado por si apoyaría una nueva situación de este tipo, al respecto de la que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado un último recurso si la justicia no avala las medidas aprobadas por la Xunta y publicadas en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

"¿Ley orgánica sí o no?", le devolvió Comesaña al diputado socialista Julio Torrado, quien en su primera intervención lamentó las imágenes que se vieron en varios puntos de España con el fin del estado de alarma el pasado sábado, ante lo cual el conselleiro de Sanidade defendió el proceder de los gallegos.

Julio Torrado también se pronunció en este sentido y destacó el comportamiento de los gallegos, "mucho mejor si se ven otros espectáculos". Sin embargo, ha señalado que las situaciones que se han podido vivir en otros puntos del estado también pueden estar vinculados a "discursos que alimentan la confrontación, el hooliganismo y el fanatismo y odio".

"Con la confrontación permanente pasa esto", ha avisado, antes de advertir de que "las administraciones que trabajan para vivir en la confrontación no ayudan a controlar la pandemia, aunque algunos solo piensen en el corto plazo".

Además, en su intervención, el diputado socialista recriminó que al Gobierno gallego "no le gusta ni el estado de alarma ni ir a los juzgados". "Lo que les gusta es hacer lo que les dé la gana y eso es inconstitucional", ha avisado el parlamentario, que la Xunta "está en la confrontación" del aval judicial a las medidas para gestionar la pandemia y a la que le ha invitado a redactar otra normativa que no "limite libertades" constitucionales.

"Me sorprende la crítica tan exacerbada", ha continuado, por su parte, la diputada nacionalista Montse Prado, al respecto del Ejecutivo autonómico y el fin del estado de alarma. Así, recordó que los populares dijeron que votarían "no" en el caso de que el Gobierno volviese a llevar la prórroga al Congreso por "considerarla una herramienta estéril".

Además, la diputada del BNG ha manifestado que "sorprende" que "tuviese que llegar una pandemia" para que la Xunta "se diese cuenta de que el marco autonómico no sirve para solucionar los problemas gallegos" y que hay que estar "a expensas de lo que diga Madrid, que casi nunca lo hace a favor de los intereses de los gallegos".

Montse Prado ha concluido, también, que el PP "parece que quiere una cosa, cuando en realidad quiere la contraria". "Estoy convencida de que ya sabía que teníamos escasas herramientas para actuar, tenemos un autogobierno raquítico", ha enfatizado la diputada nacionalista, quien también ha mostrado su "sorpresa" por la "preocupación" por el aval judicial pese a lo que la Xunta "publicó las medidas en tiempo de descuento" y "luego ninguna prisa por trasladarlas al TSXG".

"LEALTAD"

Mientras la diputada del PPdeG Encarna Amigo defendió la "lealtad" del Gobierno autonómico con el Gobierno central, el conselleiro de Sanidade volvió a recriminar que el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez "ni legisla ni deja legislar".

"Hemos sido leales", dijo, asimismo, Comesaña, quien lamentó que el Gobierno central solo "estuvo rápido" en la presentación del recurso de inconstitucionalidad contra la ley de salud gallega. En concreto, se presentó contra el artículo 38.2 de la normativa, si bien esta ley ha servido de argumentación de la Xunta para establecer las medidas recogidas en el DOG el pasado 7 de mayo y para remitir los argumentos ante el TSXG.

Comesaña ha lamentado en que al Gobierno "solo se le ocurre judicializar la pandemia al cuadrado". "A los gobiernos nos eligen para gobernar y se desentiende de todo. No quiere que los datos negativos tengan que ver con ellos, pero sí las cajas de las vacunas y el proceso de vacunación autonómico", ha recriminado Comesaña, quien ha dicho que la Xunta asumirá el "coste" de gobernar para los gallegos. "No vamos a dejar de lado a los gallegos, aunque tengamos que asumir un coste", ha manifestado.

Comesaña ha insistido en que en todos los consejos interterritoriales Galicia ha pedido "herramientas" para la gestión de la pandemia. "El estado de alarma nos daba herramientas y el problema es que esas herramientas no están", ha indicado, para censurar, a renglón seguido, que tampoco "hay una alternativa", en referencia a una ley orgánica renovada.

"REPULSA"

En sus respuestas, Comesaña también ha querido mostrar su "repulsa" a las concentraciones que hubo en varias ciudades, aunque ha precisado que "en Galicia no se dieron".

Además, ha atribuido a que aquí ha primado el "sentidiño" tanto de la población como de los sectores implicados --hostelería, ayuntamientos, fuerzas y cuerpos de seguridad-- y también ha reivindicado que "algo tendrá que ver la coordinación de la Xunta", después de la experiencia del "famoso fin de semana de las terrazas", en referencia a la primera desescalada.

Esta noche se cumplirán dos semanas de la desaparición en la isla de Tenerife de Anna y Olivia, de uno y seis años, junto a su padre, Tomás Gimeno, un suceso que ha dado la vuelta al mundo y sobre el que todavía se mantienen abiertas todas las hipótesis por parte de los responsables de la investigación.

El dispositivo de búsqueda continúa activo una jornada más por tierra, mar y aire y no pasa un día en el que no se reciban llamadas y mensajes con supuestas pistas que son investigadas por la Guardia Civil, una vez que el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, apelase a la colaboración ciudadana.

Todo comenzó el martes 27 de abril. Tomás Gimeno recogió a sus hijas a las cinco de la tarde, tal y como había pactado con su expareja, y aunque debía entregarlas a las nueve de la noche, nunca llegó a hacerlo. A partir de entonces se suceden una serie de llamadas en las que Gimeno advierte a Beatriz, la madre de las niñas, de que no las volverá a ver nunca más.

Beatriz denuncia los hechos ante la Guardia Civil y la tarde del miércoles aparece una embarcación propiedad de Gimeno a la deriva y vacía frente al Puertito de Güímar. Al día siguiente, con la primera luz del día se despliega un amplio dispositivo de búsqueda que halla flotando en el mar una silla de coche para bebés que pertenece a Anna, la menor de las niñas.

Las cámaras del Puerto Deportivo Marina Tenerife captan a Tomás Gimeno el día de la desaparición. Según las imágenes, llega al muelle con su coche a las nueve y media. Da varios viajes entre su vehículo y la lancha para llevar bolsos, maletas y ropa. Poco antes de las diez sale a navegar y regresa a las once y media. Compra un cargador en una gasolinera cercana, carga la batería en la garita del vigilante del muelle deportivo y a las doce y media zarpa por última vez.

Como consecuencia de la desaparición, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Güímar incoa diligencias previas por la presunta comisión de un delito de secuestro y declara la investigación bajo secreto de sumario. La Guardia Civil también encuentra restos de sangre en el baño de Tomás Gimeno. Finalmente se comprueba que son de él.

La investigación ha llevado aparejado varios registros en la finca propiedad de Gimeno, situada en Igueste de Candelaria, donde en principio no se ha encontrado nada relevante. También se han barajado numerosas hipótesis, todas abiertas, entre ellas que pudiese haber huido en un velero con la ayuda de terceras personas.

Beatriz, por su parte, ha difundido varios vídeos de las niñas y algunos mensajes para ayudar a encontrarlas, el último el pasado semana para agradecer la convocatoria de un aplauso masivo en apoyo a la familia.

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha rechazado este martes por 21 votos a 15 una Proposición no de Ley (PNL) presentada por el PP con varias medidas de reforma en materia del Justicia, entre ellas una dirigida a instar al Gobierno a reformar la Ley del Indulto de modo que no puedan concederse a personas condenadas por rebelión y sedición, como son las penadas por el 'procès'.

La iniciativa incluía otros puntos referidos a la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), para que sean los propios jueces quienes elijan a los vocales judiciales del CGPJ; y al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para garantizar la imparcialidad del fiscal general del Estado.

La propuesta, defendida por el diputado Carlos Rojas, buscaba también "reducir la discrecionalidad del Gobierno" en material de concesión de indultos, de modo que los informes que deben emitir la Fiscalía y el tribunal sentenciador sean vinculantes en casos de "delitos de especial gravedad".

Rojas se ha referido para justificar esta reforma a las recurrentes noticias que cíclicamente aparecen sobre la eventual concesión del indulto por el Gobierno a quienes han sido condenados por sedición en la causa del 'procès' independentista en Cataluña, y ha añadido que el indulto "sólo es democráticamente" asumible cuando en su concesión concurran las razones de justicia, equidad o utilidad, algo que en a su juicio no se da en el caso de los líderes independentistas en prisión.

Rojas ha argumentado igualmente a favor de una reforma del Estatuto de de los fiscales para que Abogacía del Estado que exija su abstención en los casos que la afectan por razón de su anterior puesto, en clara alusión al paso del ministerio a la fiscalía general de su actual titular, Dolores Delgado.

La reforma reclamaba además reforzar las atribuciones del Consejo Fiscal y dotar de una mayor transparencia las comunicaciones entre el Gobierno y la Fiscalía General, obligando a publicarlas en la memoria anual del Ministerio Público.

Como tercer pilar de su PNL, el PP pretendía emplazar a Moncloa a reformar la LOPJ para que los doce vocales del CGPJ que proceden de la carrera judicial "sean elegidos directamente por y entre todos los jueces y magistrados pertenecientes a todas las categorías judiciales y que se encuentren en servicio activo".

Todas estas medidas han recibido el rechazo del resto de grupos políticos excepto Vox y Ciudadanos. Así, Mikel Legarda del PNV ha recordado que todas ellas ya se ha debatido anteriormente en distintas mociones y propuestas no de ley y han merecido el rechazo de su grupo parlamentario.

Por su parte Josep Pagés, del Grupo Plural, ha recordado respecto a posibles futuros indultos a condenados por el 'procés' que el PSOE eliminó el delito de referéndum ilegal en su momento, lo que fue ratificado por el PP porque no lo restituyó cuando tenía mayorías para hacerlo. A ello se une, ha señalado, el hecho de que la condena por sedición cuente con el voto discrepante de dos magistrados del Tribunal Constitucional.

Para Carolina Telechea, de ERC, lar reforma planteada por el PP, "aparentemente muy rigurosa", sólo busca reforzar la represión del independentismo.

Por ello se pregunta por qué el PP no instó prohibir estos indultos en 1988, en los casos de Armada y Tejero. También ha recordado que tanto PSOE y el PP han concedido 227 indultos a personas condenadas por corrupción desde 1996.

Igualmente se ha mostrado en contra de la propuesta el diputado de Unidas Podemos Enrique Santiago, que ha recordado que el fiscal general designado por el PP Eduardo Torres- Dulce, dimitió según informaron en su momento los medios de comunicación por las presiones recibidas desde este partido. "Esta propuesta para limitar indultos también es una enmienda a la totalidad de la política de indultos del PP", ha añadido Santiago, que ha recordado los 6.000 indultos dados en ocho años por el Gobierno de Aznar, más de mil en un sólo día.

GRUPOS A FAVOR

Por su parte, la diputada de Ciudadanos Sara Giménez ha mostrado su apoyo a la propuesta de los populares argumentando que las actuaciones el Gobierno en materia de justicia "ha llevado a un desprestigio de las instituciones inconcebible", desde el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del estado, que ha calificado de "duro golpe contra la decencia democrático" hasta la reciente reforma "al más claro estilo polaco" que ha merecido la llamada de atención de las instituciones europeas.

También se ha posicionado a favor de la propuesta el diputado de Vox Javier Ortega-Smith, a pesar de criticar duramente la "incoherencia del PP", que cuando Gobierno no hizo la reforma que ahora propone. Su partido propone la reducción de todos los indultos, por conculcar las decisiones adoptadas por los tribunales.

Finalmente la diputada del PSOE Andrea Fernández Beneítez ha reprochado al PP que se niegue a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y prefiera "jugar con los tiempos y rechazar cualquier voluntad de acuerdo". Respecto a las propuestas del PP sobre el indulto ha señalado que por su propia naturaleza es una decisión que corresponde al gobierno, y que "si los informes son vinculantes lo vaciaría de contenido".

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, comparecerá este miércoles en el Congreso para hablar sobre diversos asuntos, que van desde el pago con fondos públicos de la estancia de Juan Carlos I en Emiratos Árabes y la sonada ausencia del Rey Felipe de la entrega de despachos judiciales en Barcelona, pasando por la reforma parcial de la Constitución promovida por el Ejecutivo o su plan para luchar contra la desinformación.

Calvo acudirá este miércoles a la Comisión Constitucional para hablar, a petición propia, de la intención del Gobierno de modificar el artículo 49 de la Carta Magna para eliminar y cambiar el término "disminuidos" que se incluye en el mismo para referirse a las personas con discapacidad.

Y, a partir de ahí, acumula desde hace meses otras treces peticiones de comparecencia sobre asuntos de distinta índole. Así, el PP le pide cuentas sobre los cuestionamientos de la libertad de expresión que considera que se han hecho desde el Gobierno y por el mecanismo contra la desinformación aprobado hace meses por el Consejo de Seguridad Nacional.

¿UNA DEMOCRACIA PLENA?

Pero también quiere que la 'número dos' del Ejecutivo se pronuncie sobre las dudas expresadas por el que fuera vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, sobre que España sea una democracia plena, o sobre las opiniones de él y algunos de los ministros de Unidas Podemos en torno a los incidentes registrados en distintas ciudades españoles a raíz de la entrada en prisión del rapero 'Pablo Hásel'.

Los de Pablo Casado quieren además detalles sobre unas declaraciones del excomisario José Manuel Villarejo en las que implicaba a la vicepresidenta en una trama político empresarial en la que estaría enfrentada al fallecido ex secretario general del partido Alfredo Pérez Rubalcaba, así como sobre el Plan del Gobierno abierto de España 2020-2024.

Y POR LAS DUDAS DEL CONSEJO DE ESTADO SOBRE LOS FONDOS EUROPEOS

De la misma forma, tanto el PP como Ciudadanos reclamaron el pasado marzo a Calvo explicaciones sobre el informe del Consejo de Estado cuestionando el decreto del Gobierno para la gestión de los fondos europeos, mientras que los de Inés Arrimadas, por su parte, la emplazarán a hablar sobre la crisis migratoria en Canarias, y los de Vox a explicar los motivos del cambio de nombre de la estación de tren Madrid-Chamartín por Madrid Chamartín-Clara Campoamor.

De su lado, el Grupo Plural, del que forman parte Junts, Más País-Equo, Compromís, y el Bloque Nacionalista Galego (BNG), pidieron cuentas a Calvo en sede parlamentaria tras conocerse que Patrimonio Nacional se hacía cargo de los gastos de la estancia del Rey emérito en Abu Dhabi, a donde se trasladó el pasado mes de agosto, pero también para saber de primera mano su opinión sobre la conocida como 'ley trans'.

También sobre la Monarquía va la petición de explicaciones de Vox a la ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, a la que exigirán que detalle las razones que llevaron al Ejecutivo a no invitar al Rey Felipe a la entrega de despachos en Barcelona el pasado mes de septiembre.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) ha rebajado de 20 a 19 años de cárcel la condena al hombre que en julio de 2018 mató a su mujer en el domicilio que compartían en la calle de la Estrella, en La Coruña.

El TSXG entiende que no concurren los elementos necesarios para poder tener en cuenta, como en la sentencia apelada, la agravante de género, según informa el alto tribunal gallego y recoge el fallo.

"Es posible llegar a entender que en la relación entre el condenado y la víctima pudiera existir una cierta situación de subordinación, pero lo que desde luego no resulta posible aceptar es que esa situación derivara de una concepción determinada de los roles que cada uno de los integrantes de la pareja asumiera desde su propio género", explica.

En la misma línea, indica que "parece que esa dependencia quizás estuviera motivada por el estado de salud de la víctima y su necesidad de apoyo en la figura de su compañero, al margen de los roles que justifican la apreciación de la agravación derivados de la desigualdad por razón de género".

Además, el TSXG subraya que el Tribunal del Jurado "fue tajante al rechazar que la acción que enjuiciamos tuviera como elemento determinante la condición de mujer de la víctima".

AUXILIO AL SUICIDIO

El hombre, condenado como autor de un delito de homicidio, alegó durante el juicio que cometió los hechos "atendiendo la expresa petición que de manera insistente le había realizado su esposa de querer poner fin a su vida".

El jurado, sin embargo, descartó, por unanimidad, la calificación de auxilio ejecutivo al suicidio solicitada por la defensa porque los médicos aseguraron que la víctima era "totalmente válida" para poder quitarse ella misma la vida.

El condenado, según consta en la sentencia, apuñaló a la víctima "sin importarle los años que había durado su relación de pareja y siendo consciente de la situación de debilidad, tanto física, pues en ese momento pesaba unos 38 kilos, como anímica, por la fuerte depresión que sufría y la medicación que estaba tomando, lo que le facilitó la ejecución de la acción".

Este hecho supone que el delito de homicidio sea agravado y, por tanto, aumente la pena de prisión. El jurado descartó que el acusado hubiese cometido un delito de asesinato al no probarse la concurrencia de alevosía ni ensañamiento.

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha quitado hierro a la polémica por la falta de un plan de vacunación para que el personal del Servicio Exterior pueda ser inoculado, como han venido pidiendo los sindicatos, recordando que también en España hay muchos funcionarios que aún no se han vacunado.

La jefa de la diplomacia ha explicado en rueda de prensa con su homólogo de Croacia, cuando se inició el proceso de vacunación en España envió una carta a los países en los que hay funcionarios españoles destacados "proponiendo un intercambio en las vacunaciones" de forma que España vacunaría a los funcionarios de este país si estos hacían lo propio con los españoles.

Dicha vacunación se haría conforme a los "protocolos" que cada país adoptara para inocular a sus propios ciudadanos y sin darles "una prioridad específica", ha aclarado, precisando que por ahora son ya "más de 50 países los que han cumplido con esta pauta" y que han vacunado a los funcionarios españoles.

"Lo mismo estamos haciendo nosotros", ha añadido, explicando que el personal extranjero destinado en España está siendo vacunado conforme le va tocando al grupo de edad al que pertenece en el calendario de vacunación español.

No obstante, ha reconocido la ministra, hay algunos países "con dificultades específicas", como puede ser Haití, "donde no se ha recibido una sola vacuna" hasta la fecha, o Afganistán, Malí o Níger, países todos ellos en los que impera la inseguridad.

SOLUCIONES ESPECÍFICAS PARA ALGUNOS PAÍSES

En estos casos, el Ministerio está "buscando soluciones específicas con el Ministerio de Sanidad y con las comunidades autónomas" y tratando de encontrar respuestas que "se ajusten a las posibilidades y a la capacidad", ha indicado.

"En unos casos se facilitará la llegada de los funcionarios a España" para su vacunación y en otros "buscaremos acercar la vacuna a esos países terceros", ha precisado.

Por otra parte, González Laya ha incidido en que "hay también muchos funcionarios que no se han vacunado en nuestro país porque todavía no les ha correspondido"

Y ante la preocupación que pueda haber por el personal desplegado en el exterior aún sin vacunar ha subrayado que el Ministerio tiene contratada una póliza de seguro y que "permite evacuar a aquellos que se encuentren en una situación sanitaria para la cual el país se encuentran no tenga la capacidad de ofrecerle cuidados médicos".

El Ministerio, ha zanjado González Laya, se preocupa por el "cuidado" a los funcionarios, al igual que otros departamentos, porque son "nuestra mejor arma".

PETICIÓN DE LOS SINDICATOS

Precisamente, CCOO, CSIF, FEDECA/ADE, SISEX y UGT, todos ellos con representación en Exteriores, han remitido una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como a González Laya, la titular de Sanidad, Carolina Darias, y el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, en la que denuncian la "pasividad" del Gobierno en este asunto.

"Es lamentable que a fecha de hoy aún no hayan tomado las medidas necesarias para que, en coordinación con el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas se proceda a la vacunación de los funcionarios y empleados del servicio exterior, así como de sus familias, en aquellos países donde sea necesario", sostienen en la carta.

Los sindicatos piden que se elabore "un plan de vacunación específico para el personal en el exterior, así como de sus familias, con carácter inmediato" y plantean la posibilidad de que todos ellos puedan ser vacunados en el gabinete médico de Exteriores, aprovechando sus viajes a España, así como con carácter previo a su salida hacia su destino en el exterior.