La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha recibido este lunes de manos de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, la Memoria Anual del Ministerio Público correspondiente a 2020.
El acto de entrega ha tenido lugar en un encuentro privado en la sede del Ministerio de Justicia una semana después de que Delgado presentara la Memoria en el acto de la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo, presidido por el rey Felipe VI y el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes.
Aunque Delgado no ha hecho declaraciones en el marco de la reunión de este lunes, en la presentación en el Supremo esbozó algunos de los datos recogidos en la Memoria y destacó la labor del Ministerio Público durante la crisis sanitaria derivada de la pandemia de coronavirus.
Según precisó en aquel acto, el trabajo de los fiscales durante las primeras olas fue recopilado en el libro «La Fiscalía ante el reto de la pandemia covid», que se ha adjuntado este año a la Memoria. Delgado subrayó especialmente el trabajo de los fiscales de Sala que, en coordinación con la FGE, «tuvieron una actuación decisiva para unificar nuestros criterios».
LA FISCALÍA, EN CIFRAS
La fiscal también remarcó la labor del Ministerio Público en las investigaciones sobre las residencias de mayores. Según los datos de la Memoria, la Fiscalía interpuso 27 denuncias en 2020 vinculadas a la gestión de centros geriátricos y sociosanitarios. Incoó 785 diligencias preprocesales civiles de protección, de las cuales 491 continuaban en tramitación al finalizar el año. Se incoaron también 441 diligencias de investigación; 221 seguían abiertas al cierre de 2020.
Asimismo, Delgado subrayó las cifras relativas a la violencia de género. En la Memoria constan 47 mujeres asesinadas en 2020 a manos de sus parejas o exparejas. «Estas cifras son inasumibles en una sociedad democrática», señaló durante su discurso en la apertura del año judicial.
Entre los números presentados también destacan las 144 sentencias relativas a delitos de odio dictadas en 2020, según «los datos más relevantes que han podido ser extraídos» por la Fiscalía General del Estado «de la información facilitada por las fiscalías territoriales». Asimismo, constan 675 procedimientos judiciales de seguimiento –300 de ellos eran delitos con agravante– y 135 calificaciones.
PROPUESTAS
En el marco de la Memoria, el departamento dirigido por Delgado propone llevar a cabo una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) para reforzar la autonomía de la institución. Por otro lado, plantea crear una unidad de la Fiscalía General del Estado (FGE) experta en perseguir los delitos contra la administración pública, un asunto en el que centra varias propuestas.
A su vez, reclama «legitimación procesal» para recurrir las resoluciones administrativas vinculadas a los acercamientos de presos de ETA y a las concesiones de grados penitenciarios, para lo que sugiere una reforma del Reglamento vigente.
