El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que remitirá a la Comisión Europea con el paquete de reformas e inversiones que pretende impulsar España para canalizar los 140.000 millones de fondos europeos de reconstrucción que recibirá hasta 2026.

Así lo ha anunciado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en rueda de prensa tras la reunión del Consejo Ministros, destacando que España cumple así con el plazo fijado por la Comisión Europea, el 30 de abril, para que los Estados miembro presenten sus planes.

«Es la mayor oportunidad que vamos a encontrar en los próximos años», ha remarcado Montero, tras explicar que, según el calendario, la Comisión Europea tiene hasta dos meses para dar el visto bueno al Plan, aunque no es necesario que esté aprobado por Bruselas para que se proceda a su implementación, como ya se ha venido haciendo, según ha apuntado la ministra.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció en rueda de prensa y ante el Congreso de los Diputados hace dos semanas para detallar el contenido del documento provisional del Plan de Recuperación, articulado en cuatro ejes y compuesto de 212 medidas, de las que 110 son inversiones y 102 son reformas para canalizar los fondos de reconstrucción que recibirá España para hacer frente a la crisis.

Entre los objetivos fundamentales que se ha marcado el Ejecutivo destacan impulsar la recuperación económica en el corto plazo y reconvertir y transformar la economía española para hacerla más competitiva y sostenible, en la mayor oportunidad que se le plantea a España en un siglo para lograr una verdadera transformación de su economía, en palabras del propio Sánchez.

Del conjunto del plan, se destinará el 39% a la transición ecológica, 29% a la transformación digital, el 10,5% a educación y formación y un 7% para I+D+i, según especificó el presidente.

Entre las inversiones, se contemplan 20 principales para los tres próximos años, con el foco en la movilidad sostenible, vivienda, energía, modernización de la administración pública y digitalización.

REFORMAS CONTROVERTIDAS

Sobre las reformas, la pata del plan más controvertida, se pretende abordar el sistema de pensiones, así como la transformación del mercado laboral, además de la modernización del sistema de salud, la reforma del sistema eléctrico, la modernización de la Justicia, la nueva economía de los cuidados, la ley de Aguas o la reforma fiscal.

En total, se movilizarán en el periodo 2021-2023 inversiones públicas por importe aproximado de 70.000 millones de euros, que tendrán un impacto «inmediato» en la economía y en el empleo este mismo año.

En concreto, el Gobierno sitúa en un 2% anual el efecto positivo de los fondos europeos tanto para este año como para el que viene y además contempla que permitirán la creación de 800.000 nuevos empleos en seis años.

Desde el Ejecutivo han transmitido su confianza en que se mantenga la hoja de ruta prevista para que la Comisión pueda aprobar en junio los planes de recuperación. No obstante, confía en que Bruselas flexibilice la normativa comunitaria sobre ayudas de Estado para acelerar los proyectos.

A la espera de que lleguen los fondos, el Gobierno ya ha incluido en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 la canalización de más de 27.000 millones de euros, a financiar con dichos fondos y que se destinarán a las inversiones y reformas recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El Banco de España insta a mantener, de cara al futuro, un «seguimiento muy cercano» para detectar posibles restricciones del crédito bancario a empresas viables, con el fin de evitar que se vea afectada la reactivación de la actividad económica.

En un artículo en el que analiza el endeudamiento bancario de personas físicas y empresas durante la pandemia, el Banco de España señala que la evolución del crédito en 2020 ha estado guiada en buena medida por consideraciones de riesgo, con un crecimiento «relativamente más débil» del crédito para aquellos segmentos de empresas y personas físicas más vulnerables o sensibles.

Para este estudio, la institución ha considerado como sectores sensibles las industrias manufactureras (salvo industrias de la alimentación, bebidas y tabaco), comercio y reparación de vehículos, transporte y almacenamiento, hostelería, y actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento.

Además de un menor aumento del crédito bancario, estos sectores vulnerables habrían presentado a su vez un peor comportamiento, en términos de crecimiento, de su crédito problemático o dudoso, según el análisis realizado por el Banco de España.

La institución ha destacado que la presencia de programas de apoyo como los avales del ICO y las moratorias crediticias habrían tenido un efecto significativo para contener estas tendencias, pero «sin llegar a anularlas».

«Es decir, en ausencia de los programas de apoyo, los grupos de empresas y hogares con mayor perfil de riesgo se habrían probablemente enfrentado ya a una restricción de crédito», advierte el Banco de España, que por ello reclama un seguimiento para detectar la posible aparición en el futuro de restricciones de crédito para empresas viables.

Según la institución, las diferencias en el crecimiento del crédito bancario por sector de actividad son «significativas», con una tasa de variación 5,8 puntos superior en los sectores más sensibles a la pandemia.

MÁS CRÉDITO BANCARIO PARA LAS EMPRESAS JÓVENES Y MENOS ENDEUDADAS

Además, la presencia de avales ICO aparece asociada a un mayor crecimiento del crédito a empresas, con un crecimiento cerca de 30 puntos superior tanto en el total de sectores como en los más sensibles.

Asimismo, el Banco de España observa que la tasa de variación del crédito bancario ha sido algo más alta para las empresas más jóvenes y las empresas de menor coste medio de la deuda, más rentables y más productivas, y bastante mayor para las empresas menos endeudadas.

Estas diferencias de comportamiento entre las empresas con distinto nivel de fortaleza financiera aumentan cuando se analizan exclusivamente los sectores más sensibles a los efectos de la pandemia, según el Banco de España.

«Todo ello sugeriría que, en general, en el último año, no serían las empresas más vulnerables las que han visto crecer más su deuda bancaria, sino que habrían primado la contención de riesgos financieros, aumentando la exposición a aquellas empresas con mayor fortaleza», sostiene la institución que añade que, en ausencia de medidas de apoyo, el crédito de las empresas más vulnerables habría presentado un mayor diferencial negativo de crecimiento.

En cuanto al crédito problemático, para el que se considera en este análisis el crédito dudoso y vencido, destacan las diferencias en términos de crecimiento para el ROA y la productividad, dándose menores tasas de variación para las empresas con una mejor posición en cada uno de estos factores.

«Se observa también que ha habido una mayor materialización ex-post del riesgo de crédito entre aquellas empresas que han accedido a avales ICO», indica la institución, que subraya además que una mayor fortaleza financiera (por ejemplo, mayor ROA o productividad) se asocia a una menor tasa de variación de créditos problemáticos de forma todavía más clara que en el conjunto de la población de empresas.

PARADOS Y EXTRANJEROS, MENOR CRÉDITO BANCARIO

En lo que respecta a las personas físicas, el Banco de España concluye que los parados, extranjeros, personas de más edad y rentas más bajas han registrado una mayor caída del crédito total, sin apreciar diferencias significativas por género.

La institución señala que la presencia de moratorias ha contribuido a una evolución más positiva del stock de crédito, con un crecimiento superior en 1,2 puntos para aquellas personas físicas con moratoria, sobre todo en estos colectivos más vulnerables, donde se observa un comportamiento diferencial menos negativo, excepto para los extranjeros, que redujeron más su crédito total cuando accedieron a moratorias.

En cuanto a la evolución del crédito dudoso y vencido, el Banco de España sólo observa diferencias relevantes de crecimiento en el grupo de parados, con tasas de variación más elevadas que el resto de personas físicas, y en el de extranjeros.

«En conjunto, parece que las personas físicas más afectadas económicamente por la pandemia han visto reducido más su crédito bancario que el resto, y, por el contrario, en este colectivo, se ha apreciado una menor reducción del riesgo de crédito», indica.

Entre las personas físicas que optaron a moratorias, la situación de desempleo y la menor renta se vincula a una menor tasa de variación de activos problemáticos, lo que indicaría, según el Banco de España, que «las moratorias están previniendo la aparición de problemas de crédito en algunos de los segmentos más vulnerables».

El peso de la industria nacional en el PIB podría elevarse al 18% en un plazo de diez años si se aplican las recetas del informe ‘Claves e inversiones estratégicas para una España 5.0’, en cuya elaboración han trabajado de forma conjunta PwC y Siemens.

Este plan, que ha sido presentado en un acto con la participación de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; y de los presidentes de Siemens y PwC, Miguel Ángel López y Gonzalo Sánchez, también considera que en ese mismo plazo podría conseguirse que el 74% de la energía generada en España sea de origen renovable.

Esta ‘España 5.0’ hipotetiza con un modelo de país «más sostenible, basado en una industria más digital y competitiva y apoyado en el desarrollo de infraestructuras más inteligentes y eficientes».

Claves para financiar esta renovación del modelo productivo son los 72.000 millones de euros en subvenciones no reembolsables y 68.000 millones de euros en créditos que recibirá España en fondos europeos en los próximos seis años (lo que equivale a un 11% del PIB). Los autores del estudio consideran que esta aportación es una «oportunidad histórica» para construir un modelo más «resilente y sostenible».

LA IMPORTANCIA DE IMPULSAR LA INDUSTRIA

«Reindustrializar el país para aumentar el peso y relevancia de un sector económico firme y poco dependiente del turismo», es una de las claves de esta ‘España 5.0’ según los autores, que también recuerdan que la industria es «vital» para garantizar el suministro local de bienes y servicios imprescindibles en situaciones críticas, como la reciente pandemia.

También recuerda el informe que el 99,4% del tejido productivo español lo componen pymes y, de ellas, un 84% son microempresas. Estas empresas, debido al tamaño «son más vulnerables a las amenazas que implica una sociedad hiperconectada como la actual».

Para este impulso industrial, el documento recomienda una «estrategia conjunta» entre Administración y empresas que cristalice en medidas como crear un marco normativo estable que fomente la eficiencia energética en las industrias electrointensivas; a establecer «incentivos claros» para la adquisición de nueva tecnología; a ayudar a las pymes a crecer y digitalizarse o impulsar la colaboración público-privada para fomentar la capacitación digital de los profesionales y conseguir atraer talento digital.

En este último punto, el de la digitalización, ha insistido el presidente de PwC España, Gonzalo Sánchez, que cree que es fundamental en las pymes, ya que constituyen «el grueso de la realidad económica del país y pueden aprovechar esta oportunidad para ganar masa crítica y afrontar los retos de nuestra economía«.

De la misma opinión es el presidente de Siemens España, Miguel Ángel López, que ha indicado que, al contrario de lo que mucha gente teme, «la digitalización no sustituye a las personas, sino que cambia su rol y las libera de realizar tareas mecánicas».

INFRAESTRUCTURAS MÁS INTELIGENTES

En cuanto al impacto que este plan de actuaciones tendría en el ámbito de las infraestructuras, el estudio señala que se impone en la necesidad de avanzar hacia la monitorización y gestión remota de elementos como la climatización, la iluminación, el aforo o la seguridad.

Desde el estudio destacan que los edificios son responsables de cerca del 36% del consumo energético mundial y del 39% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ello, creen que el autoconsumo y la eficiencia energética se configuran como «elementos fundamentales» para la descarbonización de la economía.

«Los edificios de la España 5.0 serían prosumidores de energía, mucho más activos y con potestad para generar electricidad, usarla, venderla, almacenarla o distribuirla a las redes inteligentes, formando así un ecosistema integrado», sentencia el informe.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha llamado a reflexionar sobre cómo aumentar las herramientas macroprudenciales disponibles para mitigar los efectos de crisis futuras y ha advertido de que en los próximos años será también necesario desarrollar una política macroprudencial para el segmento financiero no bancario.

En una conferencia en la Universidad de Zaragoza, el gobernador ha advertido de que la política macroprudencial para el sector bancario «puede no ser suficiente para contener los riesgos sistémicos que amenazan la estabilidad financiera si esta deja fuera al resto de los sectores financieros».

Según ha puesto de manifiesto, la introducción de nuevos requerimientos en una parte del sector financiero podría desplazar los riesgos a otros sectores del sistema financiero que estén menos regulados o sujetos a una regulación más laxa.

«Es por ello indispensable contar también con un marco macroprudencial que pueda alcanzar a todos los segmentos del sistema financiero. Sin embargo, hasta la fecha, la política macroprudencial se ha circunscrito en gran medida al sector de entidades de crédito», ha descrito.

Por otra parte, durante su intervención ha explicado que es precisamente durante las crisis cuando el colchón de capital anticíclico y, en general, los instrumentos que incrementan los requerimientos de capital, desarrollan «todo su potencial» a través de los efectos de su liberación.

Esta situación debería llevarnos a una reflexión sobre cómo conseguir aumentar el espacio macroprudencial disponible, ampliando así la capacidad para mitigar los efectos de crisis futuras, tanto las originadas por desequilibrios macrofinancieros endógenos de la economía como las que lo son por factores exógenos al sector financiero», ha señalado De Cos.

En esta línea, el gobernador ha recordado que algunas autoridades nacionales, como la de Reino Unido, han flexibilizado la implementación del marco original del colchón de capital anticíclico para exigir su acumulación en ausencia de alertas por desequilibrios sistémicos, según la métrica de la brecha de crédito-PIB.

«Bastaría con que la economía no se encuentre en un entorno recesivo para exigir un colchón de capital anticíclico positivo que pueda ser liberado cuando se materialice cualquier perturbación que lleve a situar al PIB en valores inferiores a su potencial. Los acontecimientos en torno al shock del Covid-19, de origen completamente externo al sistema financiero, han demostrado las bondades de este enfoque en el uso del colchón anticíclico», ha valorado.

En cualquier caso, ha reiterado que el Banco de España no activará este instrumento por un período largo de tiempo, «al menos hasta que no se hayan absorbido los principales efectos de la crisis», con el objetivo de eliminar la potencial incertidumbre que pueden tener las entidades sobre el momento de acumulación de los colchones de capital, lo que «podría desincentivar» su provisión de crédito al sector privado.

El director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), Ignacio García Magarzo, ha reclamado este martes en el Congreso priorizar la vacunación de los trabajadores de la cadena alimentaria, especialmente a los dedicados a la distribución.

Y es que, tal y como ha defendido ante la Comisión de Industria, Comercio y Turismo de la Cámara Baja, estos trabajadores «han sido, son y serán esenciales en la lucha contra la pandemia» y, además, no cuentan con capacidad para teletrabajar. Además, ha defendido esta medida como reconocimiento al papel jugado durante la pandemia, garantizando la provisión de alimentos, y su exposición al coronavirus.

García Magarzo, que ha acudido a esta Comisión dentro de la ronda de comparecencias para explicar el estado de su sector un año después de iniciarse esta emergencia sanitaria, trasladar propuestas y plantear cómo aprovechar mejor la llegada de fondos europeos, ha asegurado que la distribución cuenta con casi de un millón de empleados. «Estamos dispuestos a poner todos los medios para facilitar y agilizar la vacunación y existen posibilidades reales de hacerlo muy rápidamente», ha aseverado.

NI SUBIDA DE IMPUESTOS NI CONTRARREFORMA LABORAL

Por otro lado, el representante de esta organización, que cuenta entre sus asociados con Mercadona, Dia, Coviran, Alimerka o Ahorramas, entre otros, ha reclamado no aumentar impuestos ni a consumidores ni a empresas, ni tampoco una reforma laboral «que no sea pactada» con sindicatos y patronales. «Tampoco creemos que sea el momento», ha dicho.

En todo caso, ha incidido en la necesidad de no alterar el régimen de negociación colectiva –ha pedido preservar el actual modelo adaptado al lugar donde se opera ante la gran diversidad de empresas y «formatos» de negociación– ni las facilidades al empresario para realizar ajustes en materia de empleo o condiciones de trabajo.

En materia fiscal ha asegurado que en el sector están «totalmente alineados» con los objetivos medioambientales y de salud en los que se amparan los nuevos impuestos, pero cree que los tributos en este sentido «no son eficaces», sino que «parecen tener un fin meramente recaudatorio».

También ha defendido la imposición de «objetivos muy exigentes» en materia medioambiental y la mejora de la eficiencia, pero ha pedido al mismo tiempo «no imponer la forma de cumplirlo», ante el posible «error de imponer algún sistema que sea incompatible con la estructura de la distribución».

ENDURECER PENAS CONTRA EL HURTO Y CONTENER LA REGULACIÓN

Por otro lado, el representante de Asedas ha lamentado que, tras descentralizar el Gobierno central la adopción de restricciones a las comunidades autónomas, «se han tomado decisiones menos claras» en esta materia, con mayores dificultades para las empresas respecto a aforos o movilidad, con «importantes costes». Por ello, ha pedido «confiar en las empresas y los trabajadores», ya que considera que no se ha tomado «suficientemente en cuenta» su opinión para adoptar estas medidas.

Asimismo, ha apostado por generalizar la declaración responsable y el silencio positivo «donde sea posible» en materia de normativa, asegurando que, si el pequeño comercio está sometido a unas 3.000 normas de las diferentes instancias administrativas, ha dicho, 3.200 se modificaron o aprobaron durante la pandemia y en lo que va de año se han aprobado o modificado otras 800.

Finalmente, García Magarzo ha instado a aprovechar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para adoptar cambios en el Código Penal contra el «hurto multirreincidente», pues el endurecimiento de las penas recogido en la reforma de 2015 no ha sido aplicada tras dos sentencias del Tribunal Supremo.

En su opinión, esta regulación de hace seis años «estaba bien hecha» y por ello ha pedido a los legisladores cambios para facilitar «medidas correctoras superiores» como las propuestas entonces en casos de que el acusado arrastrara condenas previas.

El director general de Energía, Industria, Consumo y Soluciones de Gestión Empresarial de Minsait (Indra), Luis Abril, ha destacado que, para él, el éxito de los fondos europeos sería conseguir con su uso la transformación de varios sectores de la economía española de modo que los posicione a la cabeza de la competitividad a nivel mundial de cara al futuro.

«Aquí, el éxito de los fondos para mí podría ser que ayudaran no solamente a que una, dos o tres empresas sobrevivieran, sino que ayudaran a transformar sectores completos y posicionaran a determinados sectores a la cabeza de la competitividad mundial», ha asegurado en un desayuno organizado por la Cámara de Comercio de Madrid.

Pese a que aún se desconocen detalles sobre cómo serán ciertos aspectos de los fondos, Abril ha señalado que él es «optimista» sobre su uso.

El directivo de Minsait ha enfatizado que «hay que estar atento y dispuesto a aprovechar la oportunidad» y que las pymes deberían acceder a los fondos europeos en un contexto en que se pueden crear negocios en los que con «relativamente poco esfuerzo» llegas a «todo el mundo».

En este sentido, ha hecho hincapié en la propuesta de una plataforma tecnológica colaborativa e integrada que integre la demanda y permita llegar más lejos a las pymes en la comercialización de servicios.

Para Abril, la tecnología es un «habilitador» que da soporte a un proceso nuevo, que crea valor y mejora la cuenta de resultados de tu empresa.

A la hora de integrar tecnología y adaptarse a la digitalización, Abril ha reconocido, no obstante, que pueden ser necesarios cambios organizativos «dolorosos y complicados» que afectan a centenares, incluso miles, de personas, pero que son fundamentales.

No obstante, ha enfatizado que existen muchos casos de uso de tecnología muy avanzada que son sencillos y requieren «relativamente» poca inversión en comparación con el retorno en eficiencia y ventas.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Durante el encuentro, el directivo de Minsait ha desgranado el potencial de algunas de las tecnologías que copan la agenda en el momento, como puede ser la ciberseguridad, la inteligencia artificial, el ‘machine learning’, las criptomonedas o la realidad virtual.

Sobre la primera, ha señalado que los ciberataques están creciendo a ritmo acelerado, al igual que el interés por los servicios que Minsait ofrece, pero que la concienciación aún no es mayoritaria.

Por otro lado, también ha destacado la vinculación entre la digitalización de ciertos procesos, como la gestión de aguas de una ciudad, y la sostenibilidad.

Respecto a las criptomonedas, Abril ha subrayado que hasta que no haya una estabilización del valor de estas es complicado que tengan «cierta estabilización de su valor».

Además, ha añadido que aún hay aspectos de las criptomonedas que escapan a la regulación y que «habría que asegurar». Asimismo, ha vaticinado una integración mayor del mundo físico y digital en el futuro, aunque ha reconocido que «mucha gente no se siente cómoda» con ciertos niveles de digitalización del hogar.

Abril cree no obstante que la tecnología puede mejorar mucho el día a día de las personas y apuntar hacia dónde va la tendencia, aunque también ha señalado que habrá posibilidades de que las personas «gradúen» el grado de tecnología que utilizan en su ámbito privado.

El Centro de Políticas Económicas de Esade (EsadeEcPol) cree que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que enviará el Gobierno a Bruselas antes del 30 de abril para canalizar los fondos europeos refleja una falta de concreción y de ambición reformista y de inversión en áreas clave.

En el nuevo informe de EsadeEcPol titulado ‘Reformas, gobernanza y capital humano: las grandes debilidades del plan de recuperación’, los expertos han analizado las diez «políticas palanca’ que estructuran el plan, así como su gobernanza y los riesgos en su implementación.

En este sentido, el director de EsadeEcPol, Toni Roldán, ha señalado que «para lograr la transformación que se propone no es suficiente con un compromiso fuerte de inversión y unas tímidas reformas».

ACIERTO EN EL DIAGNÓSTICO DE LOS FALLOS DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

EsadeEcPol destaca, no obstante, tres aspectos positivos principales del Plan de Recuperación. En primer lugar, su «acierto en el diagnóstico de los principales fallos de la economía española»; en segundo lugar, «la adecuación con las prioridades establecidas por la Comisión Europea y las recomendaciones del Semestre Europeo para España, y en particular, en materia de transición ecológica y digital» y, en tercer lugar, la «desaparición de algunas reformas muy cuestionadas que se habían venido lanzando desde algunos sectores del Gobierno».

Sin embargo, en el informe se apunta que la deficiencia principal del documento es la «tímida» apuesta reformista y de inversión por la educación y el conocimiento, desde la educación no universitaria a las políticas activas hasta su digitalización, pasando por la escasa mención de la reforma universitaria o la baja ejecución del presupuesto de ciencia e I+D.

De manera similar, identifica como deficiencias su «falta de concreción y ambición reformista en áreas clave como las pensiones, el mercado laboral, la administración pública, la fiscalidad verde o el mercado interior».

CRITICA LA FALTA DE ESFUERZO PARA LLEGAR A ACUERDOS PARLAMENTARIOS

En lo que se refiere a la gobernanza del plan, el Centro de Políticas Económicas de Esade identifica como deficiencias la «excesiva opacidad» respecto a los procesos de selección de proyectos e inversiones y el «insuficiente» compromiso con una cultura de evaluación y rendición de cuentas.

Finalmente, en la evaluación del riesgo de implementación, el informe de EsadeEcPol advierte que «una de las principales dificultades para el éxito del plan será la asunción compartida de responsabilidades por parte de los diferentes agentes que serán necesarios para su exitosa implementación».

En este sentido, Toni Roldán ha apuntado que «no es buena señal que hasta el momento no se hayan realizado esfuerzos para llegar a amplios acuerdos parlamentarios, casi un año después de que se empezaran a articular los primeros compromisos en Bruselas». Además, critica que las comunidades autónomas, entidades locales y representantes de la sociedad civil hayan tenido una débil implicación en los procesos.

La sostenibilidad ambiental, la innovación y la transformación digital serán los pilares fundamentales para el futuro del gestor aeroportuario Aena, que considera que hay motivos para un «moderado optimismo» en los próximos meses gracias al progreso de la vacunación, que permitirá un resurgimiento del tráfico aéreo y de sus principales magnitudes financieras.

El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, aseguró durante la junta de accionistas de la compañía celebrada este martes en Madrid de forma telemática, que hay motivos para un «moderado optimismo» en el sector.

«El progreso de la vacunación nos permitirá alcanzar en los próximos meses la deseada inmunidad comunitaria, lo que contribuirá al resurgimiento del tráfico aéreo y de nuestras principales magnitudes financieras», afirmó el presidente del gestor aeroportuario, fechando la recuperación en el ‘late summer’, siendo los destinos más demandados los de sol y playa, y recuperándose las ciudades y el largo radio en invierno.

«Cuando se levanten las restricciones, la demanda latente resurgirá con muchísima fuerza», explicó el presidente de Aena, quien aseguró que el gestor aeroportuario español encara con optimismo una recuperación que «ahora vemos muy cerca».

«Aunque a corto plazo existen numerosos interrogantes que nos obligan a continuar siendo muy cautos en las previsiones para los próximos meses, existen fundadas señales de que nos acercamos al principio del fin de la grave situación generada por el virus en el sector aéreo», indicó Lucena.

A largo plazo, los escenarios de tráfico contemplan alcanzar el volumen de pasajeros de 2019 entorno al año 2025/2026, en línea con las previsiones de los principales organismos aeronáuticos. Según explicó, el segmento europeo será el primero en recuperar los niveles previos a la crisis sanitaria, seguido del internacional de largo radio, y por último del doméstico.

Lucena destacó la capacidad de adaptación de la compañía al nuevo entorno «realmente formidable» y aseguró que aunque 2020 haya sido un año «pésimo» para todo el sector, «nuestra solvencia operativa y económica nos permite continuar siendo un referente mundial en el ámbito aeroportuario mundial».

DEFENSA DE LOS CONTROLES SANITARIOS.

Lucena confía en que la puesta en marcha de medidas como el pasaporte de vacunación europeo contribuya a generar un clima de mayor confianza en la recuperación de cierta normalidad en el sector aéreo.

En este punto insistió en que, «a pesar de libelos verdaderamente deplorables», los controles sanitarios instalados en los aeropuertos españoles «tienen el mismo nivel de exigencia que el del resto de países de la Unión Europea».

Lucena argumentó que los casos importados por viajes aéreos «son mínimos» y no tienen un impacto significativo en la evolución de la situación epidemiológica de un país. «Ojalá no se haga más demagogia en relación sobre la calidad de los controles sanitarios en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas», afirmó con firmeza.

«Esto únicamente daña de forma inicua y sin fundamento la reputación e imagen pública de una de las principales empresas de este país», lamentó Lucena.

Durante su discurso, que tanto accionistas como consejeros siguieron de forma telemática, Lucena explicó que para atenuar las consecuencias de la pandemia la compañía puso en marcha en 2020 un plan de ahorro de costes, fortaleciendo su posición financiera a través de préstamos bancarios, a lo que se sumó la no distribución de dividendo.

Además destacó el mantenimiento de tarifas aeroportuarias «muy competitivas», nuevos incentivos para promover la recuperación del tráfico y aplazamientos del pago, descuentos en rentas, así como renegociación de contratos.

PROPUESTA «JUSTA Y GENEROSA» A SUS INQUILINOS

En este punto, reiteró la voluntad de alcanzar acuerdos respecto a la renegociación de contratos de la actividad comercial en una propuesta que considera «proporcional, justa y equilibrada para todas las partes» ya que garantizan la continuidad de los contratos y la viabilidad de las empresas.

En su opinión, la propuesta es «justa y generosa» por lo que defenderán su posición en los casos en los que los arrendatarios comerciales judicialicen en acuerdo. Lucena afirmó con rotundidad que los accionistas de Aena se merecen «el mismo trato» que los de sus arrendatarios comerciales, a los que pidió que «arrimen el hombro».

PLANES DE ACCIÓN CLIMÁTICA E INNOVACIÓN

Tras el repaso a los resultados obtenidos en el año 2020 «año muy complicado para la compañía», Lucena presentó uno de los puntos de mayor relevancia de la junta de accionistas, como es la votación de carácter consultivo del Plan de Acción Climática de Aena 2021-2030.

Además del desafío de la sostenibilidad se refirió a otros de los pilares con creciente peso en la gestión de la compañía: la innovación y la transformación digital. Para ello se prevé aprobar en 2021 un plan estratégico de innovación con un horizonte de cinco años.

Como retos de futuro Lucena recordó la propuesta del Documento de Regulación Aeroportuaria para el periodo 2022-2026, el Dora II, que tendrá que ser aprobado por el consejo de ministros antes del 30 de septiembre. Una propuesta que considera «equilibrada», y con unas previsiones de tráfico realistas con una inversión prevista «moderada» de 450 millones de euros.

Por ello considera que es el momento de elaborar un nuevo Plan Estratégico de Aena basado en elementos clave como la contribución a una aviación sostenible a medio plazo, el aprovechamiento de nuevas tecnologías como motor de desarrollo, la revisión de relaciones en el ámbito comercial, así como la integración armónica de las infraestructuras en ciudades.

ACUERDOS DE LA JUNTA.

Durante la junta, que contó un quórum de asistencia el 87,236% del capital social presente o representados (un total de 418 accionistas), se aprobó la modificación de diversos artículos de sus estatutos sociales para incluir la regulación de una Comisión de Sostenibilidad y Acción Climática y para regular la asistencia por medios telemáticos y la celebración por medios exclusivamente telemáticos de la junta general de accionistas.

La junta de accionistas también aprobó las cuentas anuales, la propuesta de aplicación de resultados, la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020, así como la ratificación del nombramiento de Juan Río Cortés como consejero independiente.

La demanda turística mundial no se recuperará hasta 2023 o 2024, cuando llegue a niveles prepandemia, según el director ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Manuel Butler.

Así lo ha manifestado en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, donde ha asegurado que la recuperación económica de este año «apenas» da para cubrir las pérdidas de 2020 en todo el tejido empresarial y las economías nacionales, aunque «será un año mejor».

Además, ha compartido unos datos del sector de 2020, que señalan que el número de turistas internacionales cayó entre el 58% y el 78%, lo que se tradujo en una caída del gasto que hacen esos turistas de entre 310.000 y 570.000 millones de dólares (256.000 y 472.000 millones de euros) en 2020. Eso puso en peligro más de 100 millones de puestos de trabajo directos del sector.

Asimismo, Butler ha destacado cinco puntos del ‘Informe de políticas: la Covid-19 y la transformación del Turismo’, publicado por las Naciones Unidas (ONU).

Estos son la gestión de la crisis y mitigación de los efectos socioeconómicos en los medios de subsistencia, el impulso de la competitividad y aumento de la resiliencia, la promoción de la innovación y de la digitalización del sector, coordinación y alianzas para transformar el turismo y promoción de la sostenibilidad y el crecimiento ecológico inclusivo.

En palabras del director ejecutivo de la OMT, las repercusiones de la Covid-19 en el turismo amenazan con aumentar la pobreza y las desigualdades y dar al traste con los esfuerzos de conservación natural y cultural. «La pandemia también podría ralentizar los progresos para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)», ha añadido.

A las preguntas de los partidos políticos, Butler ha rechazado hacer valoraciones sobre las políticas de los gobiernos en la pandemia, porque no entra dentro de las atribuciones de la OMT, ya que «se encargan de dar recomendaciones y guías sobre cómo actuar y ya depende de cada país decidir cómo adopta esas directrices».

El responsable de la OMT también ha criticado la falta de coordinación a nivel internacional, sobre todo en la parte de viajes. «Ha sido una falla y hay que aprender esta lección para construir esos mecanismos para que no pille con el pie cambiado», apuntó.

El conglomerado danés AP Moller-Maersk, dueño de Maersk Line, el principal operador mundial de transporte marítimo de mercancías, ha revisado sustancialmente al alza sus expectativas de resultados para el conjunto del ejercicio ante el impacto de la recuperación esperada y de los ‘cuellos de bottella’, agravados por circunstancias como el bloqueo del canal de Suez, sobre la demanda y los precios de los contenedores.

En los tres primeros meses de 2021, el gigante danés, que publicará sus cuentas el próximo 5 de mayo, adelantó que sus ingresos alcanzaron los 12.400 millones de dólares (10.253 millones de euros), casi un 30% más que en el mismo periodo de 2020, con un resultado bruto de explotación (Ebitda) subyacente de 4.000 millones de dólares (3.307 millones de euros).

Asimismo, entre enero y marzo, los volúmenes del negocio de transporte marítimo aumentaron un 5,7% y las tarifas de flete subieron un 35% en promedio en el primer trimestre de 2021 en comparación con el año anterior.

«El sólido desempeño continuado se debe principalmente a la continuación de la situación excepcional del mercado con una demanda creciente que conduce a cuellos de botella en la cadena de suministro y escasez de contenedores», ha destacado la multinacional.

De este modo, dados los resultados estimados para el primer trimestre y la excepcional situación del mercado que se prevé continuará «hasta bien entrado el cuarto trimestre de 2021», la compañía ha revisado al alza sus previsiones anuales.

En concreto, Maersk espera lograr un resultado bruto de explotación de entre 13.000 y 15.000 millones de dólares (10.749 y 12.403 millones de euros), frente a la anterior horquilla de entre 8.500 y 10.500 millones de dólares (7.028 y 8.682 millones de euros).

Además, la compañía confía en lograr un Ebit subyacente de entre 9.000 y 11.000 millones de dólares (7.442 y 9.095 millones de euros), cuando previamente esperaba registrar entre 4.300 y 6.300 millones de dólares (3.555 y 5.209 millones de euros).

Por otro lado, Maersk ha revisado al alza su previsión de gastos de capital (capex) hasta el entorno de los 7.000 millones de dólares (5.788 millones de euros), frente al anterior rango de entre 4.500 a 5.500 millones de dólares (3.720 y 4.548 millones de euros) para aumentar el número de contenedores y aliviar los actuales cuellos de botella.

De su lado, la multinacional ha elevado su previsión de crecimiento de la demanda mundial en 2021 a entre el 5% y el 7% desde el anterior 3,% al 5%, en parte por los volúmenes de exportaciones desde China a Estados Unidos.

El 55% de las empresas alemanas que operan en España cree que 2022 será el año de la recuperación y el 30,4% prevé un aumento de la inversión en el próximo año, según un informe elaborado por la Cámara de Comercio Alemana para España en colaboración con el Consejo Superior de las Cámaras de Comercio e Industria Alemanas (DIHK).

En concreto, se ha cuestionado a más de un centenar de filialesde empresas alemanas en España, pertenecientes mayoritariamente al sector industria, sobre la situación económica, los riesgos latentes y perspectivas de evolución en los próximos 12 meses en aspectos como inversiones y plantilla.

Estos datos suponen una mejora ya que en la anterior edición, en enero de 2020, solo el 39,6%, preveía una recuperación. Asimismo, han disminuido de un 26,4% a un 11,8% las empresas que prevén un empeoramiento en su situación económica.

También hay una evolución en lo relativo a las previsiones de inversión en los próximos doce meses, ya que el número de empresas que prevé reducir o no realizar inversiones se reduce al 25,5%, frente al 77,3% correspondiente a la encuesta de abril de 2020.

«Los resultados del Barómetro AHK Primavera 2021 reflejan un relativo optimismo por parte de las empresas alemanas en España, no solo en cuanto a la valoración de la situación de cada empresa sino también en cuanto a la evolución del contexto macroeconómico español», ha señalado Walther von Plettenberg, director gerente de la Cámara Alemana.

BUENOS DATOS RESPECTO A LA EVOLUCIÓN DE LAS PLANTILLAS

Además, también son buenos los datos respecto a la evolución de las plantillas, cuyo aumento figura en los planes del 27,5% de las empresas encuestadas. En comparación con el barómetro de otoño, disminuye el porcentaje de las empresas con intención de reducir el número de empleados de 24,4% al 16,7%.

A pesar de que el clima empresarial mejora, los resultados del barómetro apuntan la persistencia de una serie de riesgos que debilitan el atractivo inversor. Destaca la caída de la demanda que ha comportado la pandemia (punto que concentra el 78,4% de las respuestas), el marco económico y político (61,8%), el precio de la energía y de las materias primas (32,4%) y la seguridad jurídica (30,4%).

INFRAESTRUCTURAS Y CAPITAL HUMANO, LO MÁS VALORADO

El Barómetro se completa con una valoración por parte de las empresas alemanas de los factores de competitividad de España. Entre los aspectos mejor valorados están las infraestructuras o aspectos de capital humano, como la motivación de los empleados y su productividad.

En el extremo contrario, entre los aspectos que más quejas suscitan, figuran factores institucionales como las dudas sobre la estabilidad política, el funcionamiento de la administración o los costes energéticos, y también aspectos del sistema educativo, como la falta de calidad del sistema de Formación Profesional y del sistema educativo escolar.

Exolum, la antigua CLH, obtuvo un beneficio neto de 168 millones de euros en 2020, lo que representa una caída del 41,2% con respecto a los 285 millones de euros registrados en el ejercicio anterior debido al impacto por el Covid-19.

La cifra de negocio de la compañía el año pasado ascendió a 614,87 millones de euros, lo que representa una caída del 17% con respecto a 2019.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) del grupo a cierre de 2020 se situó en los 338 millones de euros, con un descenso del 26,6% respecto a los 460 millones de 2019.

Estos resultados recogen así el impacto de la pandemia sobre la actividad del operador de la red española de oleoductos, que ha visto cómo las restricciones a la movilidad hicieron desplomarse la demanda de productos petrolíferos el año pasado.

En rueda de prensa, el consejero delegado de Exolum, Jorge Lanza, indicó que en el caso de la demanda de productos de automoción, muy sensible a estas restricciones a la movilidad, en este mes de abril se sitúa un 9% por debajo de los niveles pre-Covid, mientras que en lo que respecta a la de la aviación, más impactada todavía por el coronavirus, es un 75% inferior a la de 2019.

LOS NIVELES DE 2019 DE DEMANDA NO VOLVERÁN A VERSE

En este sentido, Lanza confió en esperar a recuperar los niveles de demanda de los productos de automoción a partir del verano, aunque consideró que posiblemente los niveles de 2019 no se vuelvan a ver «nunca más».

Para el combustible de aviación, apostó por no ver una recuperación hasta 2022, tras el fuerte impacto en la demanda por el Covid-19 en 2020 y 2021.

A pesar de este impacto en los resultados, el directivo destacó que la compañía ha mantenido su esfuerzo inversor, con un incremento del 23,1% en las inversiones orgánicas en 2020, hasta los 105 millones de euros. Esta cifra, además, no incluye los 450 millones de euros de la compra de Interterminals a finales del año pasado, en la que fue la mayor operación en la historia del grupo para convertirse en la mayor compañía de almacenaje de líquidos de Europa.

DEFIENDE QUE CLH NO SE ENDEUDA PARA PAGAR UN DIVIDENDO MAYOR.

Además, Lanza se defendió de las críticas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) respecto a que el grupo destine todos sus beneficios a dividendos y señaló que en 2020 la retribución al accionista ha caído un 44%, debido al descenso en el beneficio, a pesar de que se mantendrá el ‘payout’ del 100%.

En el capital de la antigua CLH figuran como principales accionistas CVC (24,84%), Borealis (24,61%), Macquarie (19,87%), Crédit Agricole (9,93%) y APG (9,93%).

A este respecto, afirmó que la compañía no se endeuda para pagar un dividendo mayor y consideró que la CNMC supervisa el comportamiento de la empresa en lo referente a precios y garantía de suministro, donde consideró que se cumple y no ha ningún problema.

De cara al futuro, Exolum, que aspira a ser una compañía cero emisiones en 2050, no renuncia al negocio tradicional de transporte y almacenamiento de hidrocarburos, donde considera que «hay potencial de mejora» a través de la eficiencia y la reducción de la huella de carbono, y donde ve un crecimiento a futuro en el negocio de Aviación «cuando acabe el Covid-19», apostando por continuar con la expansión internacional «prudente» en este área, dijo Lanza.

No obstante, en ese futuro de la compañía también figura una apuesta por los biocombustibles, así como los químicos, que son un mercado compatible con la transición energética y donde prevé continuar con su expansión, indicó el consejero delegado del grupo.

APUESTA POR LA DIVERSIFICACIÓN.

Además, Exolum apuesta en esta trasformación de la compañía para ser un actor relevante en la transición energética por la diversificación a través de otras líneas de negocio fuera de su negocio tradicional como son la economía circular, el hidrógeno y los ecocombustibles.

Así, el grupo ha presentado una cartera de unos 26 proyectos (20 de hidrógeno, tres de biocombustibles para aviación y otros tres de economía circular) con los que aspira a captar fondos europeos que supondrían una inversión de unos 1.000 millones de euros, indicó Lanza.

En lo que respecta a la economía circular, el grupo cuenta con el proyecto de construcción en Algeciras de una planta de tratamiento de aguas residuales que transforma el residuo en combustible de barcos.

En el caso del hidrógeno, está desarrollando oportunidades en la cadena de esta tecnología para proyectos destinados a la transición hacia una economía más sostenible, procurando contar con el apoyo de fondos de la UE.

RED DE HIDROGENERAS POR 500 MILLONES.

Así, el grupo tiene un proyecto para desarrollar un red de hidrogeneras en España destinada a la movilidad del transporte pesado con una inversión total estimada, junto a sus socios, de más de 500 millones de euros.

En lo que se refiere a los ecocombustibles y la aviación sostenible, Exolum cuenta con un proyecto pionero que habilita que cualquier pasajero despegando desde España pueda introducir bioqueroseno en el combustible de su vuelo.

Siete cada diez españoles no cree que la economía se recupere del impacto provocado por la pandemia de coronavirus antes de 2023 pese a los planes de recuperación y la llegada prevista de fondos europeos, según los datos del último Eurobarómetro publicados este martes.

Así, el 70 por ciento de los españoles considera que la recuperación de la economía no será efectiva antes de 2023, un dato que cae al 61 por ciento de media a nivel europeo. Solo el 5 por ciento de los españoles consultados cree posible la recuperación este año mientras que un 19 por ciento apunta a 2022.

En opinión del secretario de Estado para la UE, Juan González-Barba, que ha participado en la presentación en la sede de la Comisión Europea en Madrid junto a su nueva representante en España, María Ángeles Benítez, el dato puede deberse al hecho de que la encuesta se realizó en el primer trimestre del año, que ha sido «duro», pero si se hubiera hecho en el segundo, con la vacunación ya en marcha probablemente habría sido más optimista.

La práctica totalidad de los consultados -98 por ciento de españoles y 93 por ciento de europeos- reconocen que la pandemia ha tenido consecuencias económicas graves para su país. Además, el 94 por ciento de los españoles valora negativamente la situación del empleo en la actualidad y el 91 por ciento también ve de forma negativa la situación económica en general.

Paradójicamente, según ha resaltado Benítez, el 53 por ciento de los españoles consultados valora de forma positiva la situación laboral de su hogar y el 62 por ciento tiene la misma valoración de su situación financiera.

Los españoles tienen una opinión mucho más negativa sobre la situación económica de España que la de los europeos. Así, a nivel europeo el 69 por ciento ven negativamente la situación de la economía de su país y el 70 por ciento tienen la misma opinión en lo relativo al empleo.

Sin embargo, son algo más optimistas que sus vecinos europeos en lo que se refiere al futuro, tanto en lo relativo a la situación económica y laboral de sus países como a su propia situación a nivel personal y de sus hogares.

En este último ámbito, algo más de uno de cada cuatro españoles -el 26 por ciento- cree que su situación laboral personal mejorará en los próximos doce meses, mientras que el 27 por ciento cree que lo hará su situación financiera. La media europea es del 20 y el 21 por ciento respectivamente.

SOLO LA MITAD CONFÍA EN EL PLAN DE RECUPERACIÓN

Por último, solo el 52 por ciento de los españoles cree que el plan de recuperación europeo NextGenerationEU será efectivo a la hora de responder al impacto económico de la pandemia, dato ligeramente superior a nivel europeo, con un 55 por ciento de media.

Para González-Barba, la mejor manera de superar el «escepticismo» de los ciudadanos respecto a los planes de recuperación será «una ejecución rápida y eficaz» de los mismos, «un reto en el que no podemos fallar». En el caso de España, ha incidido en que los 140.000 millones previstos suponen un plan de recuperación sin «parangón» con el resto de Europa, salvo Italia, que recibirá más fondos.

El secretario de Estado ha considerado que esta desconfianza entre los ciudadanos podría venir motivada por el hecho de que en España, al contrario que en otros países europeos, la elaboración y ejecución del plan de recuperación «está suscitando críticas» que aunque son «legítimas» en exceso pueden ser contraproducentes ya que generan «una percepción más negativa que en otros países, donde hay un enfoque de política de Estado».