El Defensor del Pueblo (e.f), Francisco Fernández Marugán, ha asegurado este martes que las administraciones «no estaban preparadas pra dar una respuesta adecuada» a la crisis migratoria en Canarias que se registró después del verano de 2020 y ha indicado que hubo «falta de previsión» por parte de las autoridades competentes, así como «descoordinación» entre las mismas, así como «una ausencia notable» de una red de acogida.
Así lo ha declarado ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Defensor del Pueblo, ante la que ha comparecido para presentar el informe ‘La migración en Canarias’ que ha realizado la Institución, tras su visita, el pasado mes de noviembre al archipiélago para observar la situación.
Este estudio, ha indicado Fernández Marugán, ha recogido el «colapso» vivido en las islas durante los últimos meses del año pasado, que obligó a habilitar en Canarias dispositivos temporales, como hoteles, naves industriales y campamentos, para la acogida de personas migrantes.
Esta situación, vivió su momento más preocupante cuando miles de personas tuvieron que dormir al aire libre en el mulle de Arguineguín (Gran Canaria) ante la falta de medios. Una situación, que el Defensor ha calificado de «nada fácil».
El informe, ha indicado el Defensor, indica que los derechos de las personas migrantes que, en ese momento, llegaron a Canarias, se vieron «reiteradamente vulnerados» y que sus condiciones de acogida estuvieron «profundamente degradadas». «El informe rastrea múltiples hechos, pero todos confirman las malas condiciones de quienes estuvieron en Arguineguín y la vulneración de derechos que allí se produjo», ha denunciado.
UNA ACTUACIÓN CON DISFUNCIONES
Ante los diputados y senadores, Fernández Marugán ha señalado, además, lo «inadecuado» de «convertir zonas geográficas en lugares de privación de derechos» como, por ejemplo, el de circulación, «con el simple argumento de llevar a cabo un control migratorio» y «evitar el efecto llamada».
El portavoz de la Agrupación Socialista Gomera, el senador Fabián Chinea, ha denunciado, sobre este tema, las instrucciones del Ministerio del Interior para que la Policía controle, en los últimos meses, la salida de extranjeros de puertos y aeropuertos «frenando» a quienes intentan salir de Canarias con pasaporte o petición de asilo.
En este sentido, el Defensor ha llamado a estudiar cuál es la eficacia del sistema de retorno y a buscar alternativas para abordar la demora de las repatriaciones y solicitudes de asilo.
Del mismo modo, cree que hay que buscar medidas que permitan «ordenar las llegadas» y que estas «sean legales», porque, tal y como ha alertado, la llegada de migrantes a Canarias se irá incrementando en los próximos meses. A su juicio, el Ministerio de Exteriores debe tomar decisiones en este sentido que puedan beneficiar a España, un país envejecido que «necesita» de la inmigración.
Pero no es el único aspecto que preocupa al Defensor, que, según ha indicado, ve «disfunciones» en las labores de los poderes públicos españoles. A su juicio, «la coordinación entre administraciones con competencia fue insuficiente», se alzaron instalaciones no eran las apropiadas, el personal capacitado para identificar a estas personas vulnerables «fue escaso» y se produjo una «excesiva concentración en centros de acogida en determinados municipios y en barrios de ciudades en las cuales la grave crisis ocasionada por la pandemia se había dejado sentir».
Para poner fin a esta «larga lista de disfunciones», Fernández Marugán plantea en el informe medidas a corto, medio y largo plazo que, a su juicio, son posibles con «voluntad política». Entre estas propuestas se recoge la necesidad de mejorar los servicios jurídicos y de interpretación para los migrantes, la puesta en marcha de protocolos claros para las diferentes administraciones, o la colaboración entre comunidades autónomas para compartir responsabilidades de forma «solidaria», entre otras iniciativas.
SOLIDARIDAD ENTRE CCAA
En su intervención se ha referido, precisamente, a la solidaridad entre territorios, en relación a los menores no acompañados. Según ha indicado, en la actualidad son 2.776 niños bajo la custodia de la entidad canaria de protección de menores, una cifra que, a su juicio, «no es razonable» que los servicios canarios «asuman en solitario».
Fernández Marugán ha explicado que los servicios de atención canarios reclamaron ayuda este mes de abril para acogida de estos niños, una llamada a la que solo han contestado Castilla y León, para ocuparse de diez menores, Extremadura, para hacerse cargo de cuatro y Navarra que se ha ofrecido a acoger ocho. «Son menores que han venido de sus países de origen en condiciones difíciles», ha recordado el Defensor, quien ha llamado a «trabajar a fondo» para «integrar» a estos jóvenes como «medida de inversión social y económica».
«No creemos que Canarias sea quien tenga que apelar, sin intervención del Estado, para poder distribuir a los menores en el Estado», ha señalado el portavoz de Coalición Canaria en la comisión, el senador Fernando Clavijo, quien ha recordado que a estos niños hay que atenderlos y educarlos para «darles un futuro digno».
También los portavoces de ERC, Josep Rufá y María Carvalho, han mostrado su preocupación por la situación de algunos niños que comparten instalaciones con mayores de edad. En este sentido, Fernández Marugán ha hablado de una «aplicación inadecuada de protocolos» que, a su juicio, deben ser resueltos para hallar soluciones.
BÚSQUEDA DE DESAPARECIDOS EN EL MAR
Otro de los puntos en los que se centra el informe del Defensor es la búsqueda de personas desaparecidas en el mar durante el trayecto y que ACNUR, según ha explicado, cifra en 480, de las más de 23.000 que llegaron al archipiélago el año pasado. Al respecto, ha explicado que la Institución recibe quejas de las familias de los embarcados para que se investigue el paradero de los viajeros, un «trabajo durísimo» que, según ha indicado Fernández Marugán, no puede ser abordado por las organizaciones.
Además, Fernández Marugán se ha referido a la puesta en marcha del Plan Canarias del Gobierno que, a su juicio, «va en la buena dirección» y es «una medida adecuada» para atender esta situación. A su juicio es un «inicio» en el camino para «solucionar los problemas que se plantean en las llegadas».
Sin embargo, las medidas del Gobierno no gustan al PP, cuyo portavoz en la comisión, José Ignacio Landaluce, considera que «no se ha ocupado» sobre este tema y que, como le ha ocurrido con la crisis sanitaria del Covid-19, «no ha estado a la altura de las circunstancias que necesita esta crisis humanitaria».
También Vox ha sido muy crítico, en este caso con el informe del Defensor. Sus representantes en el órgano, Pablo Juan Calvo y Julio Utrilla, han mostrado su desacuerdo con la visión del documento que, a su juicio, presenta una migración que es inevitable, «que soluciona un problema humanitario» o que es «una oportunidad de crecimiento» para el país.
Los de Abascal han cuestionado que Fernández Marugán solo se refiera al pueblo canario para hablar de la posible xenofobia que puede surgir en la zona y no habla de la posible «falta de seguridad» que sufran los barrios o el «efecto disuasorio» para el turismo o que se hable de que estas personas huyen de situaciones de conflicto cuando, han indicado, más de la mitad provienen de Marruecos donde, han indicado, no existen conflictos.
El Defensor ha señalado que la Institución ha hecho su trabajo en diferentes situaciones ocurridas durante la crisis migratoria de Canarias y ha indicado que esta es la primera parte de un informe en el que se continúa trabajando.
