‘Crecer’ es el lema de la candidatura que abandera la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, de cara a liderar Podemos en la cuarta Asamblea Ciudadana de la formación y que presentará oficialmente este sábado en Valencia.

Un eslogan que resume, según destacan fuentes de su candidatura, su voluntad de ampliar el espacio político a múltiples niveles para esta nueva etapa. De esta forma, el lema alude a crecer en militantes, subir electoralmente, avanzar en la feminización del partido y sumar un equipo que combina destacados dirigentes del partido, cargos territoriales y nuevas voces del activismo y la sociedad civil.

En un vídeo dirigido a los inscritos en Vistalegre IV, Belarra explica que hace siete años dejó su trabajo de investigadora en la universidad pública para formar parte de Podemos y, ahora, sigue trabajando «con la misma energía del primer día» para que «cada persona de este país tenga una vida digna de tal nombre».

«Todo lo que hemos logrado estos años, pese a los obstáculos y las trabas que nos han ido poniendo, ha sido gracias a que nunca hemos olvidado ni por un segundo quienes somos, de donde venimos y a quien defendemos».

Transcurridos ya siete años desde el nacimientos de Podemos, Belarra ha subrayado que la formación morada encara una nueva etapa con «muchos retos por delante» que pueden «resumirse en una palabra, crecer».

«FEMINIZAR» UN PODEMOS «MÁS CORAL»

Y para crecer, la aspirante a relevar a Iglesias ha enumerado tres tareas fundamentales a las que quiere dedicar «con toda su energía»: «feminizar» los liderazgos Podemos, que estos sean «más corales» y dar protagonismo a la militancia.

«Creo que es la hora de las y los militantes de Podemos, sois el corazón de este proyecto. Adelante compañeros, a crecer para seguir transformando este país porque sí se puede», ha destacado Belarra.

«EL MEJOR MOMENTO PARA AVANZAR»

Fuentes de la candidatura de Belarra han explicado que el lema parte de la convicción de que Podemos se encuentra «en el mejor momento para avanzar y ampliar el espacio político».

Sobre todo desde la actual «estabilidad», su «experiencia parlamentaria» y su condición de «fuerza de gobierno» en ayuntamientos, comunidades autónomas y en el Ejecutivo estatal de coalición.

Y es que en el equipo de la candidatura de Belarra reivindican que ese «peso político» hace que Podemos sea «la mayor fuerza del cambio en toda la Unión Europea.

Además, la principal aspirante a liderar Podemos quiere plasmar ese crecimiento en múltiples dimensiones, al incluir «más voces», gestar un liderazgo coral y aumentar también el número de militantes para robustecer la organización en cada territorio.

«Y por supuesto, crecer también electoralmente, hasta convertirnos en la fuerza política que consiga hacer a (la vicepresidenta tercera) Yolanda Díaz la primera presidenta del Gobierno de España», enfatizan desde la candidatura.

Otro factor para esta nueva etapa será consolidar la relación con la sociedad civil y continuar reflejando que la «esencia» de Podemos es la «defensa de la justicia social, del feminismo, de la ecología, de la lucha de los de abajo. Para ello, la candidatura abandera la apertura a «todos los sectores de la sociedad que necesitan una voz».

CARGOS DESTACADOS, DIRIGENTES TERRITORIALES Y NUEVAS VOCES

La candidatura de Belarra agrupa a destacados dirigentes como la ministra de Igualdad, Irene Montero, la eurodiputada Idioa Villanueva, la secretaria de Estado de Igualdad, Noelia Vera, así como los coportavoces de la formación morada, Rafa Mayoral e Isa Serra, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso Pablo Echenique y miembros de la Ejecutiva como el también secretario de Estado, Nacho Álvarez, o Ángela Rodríguez Pam (Secretaria de Derechos LGTBI del partido), entre otros.

También suma a dirigentes territoriales como la líder de los ‘comunes’ en el Parlament de Cataluña, Jéssica Albiach, la portavoz parlamentaria en las Cortes Valencianas, Pilar Lima, y la consejera del Gobierno canario Noemi Santana y los dirigentes autonómicos Irene de Miguel (Extremadura), Maru Díaz (Aragón), Jesús Santos (Madrid) o Javier Sánchez Serna (Murcia). Con ello, la candidatura busca dar «protagonismo colectivo» a las diferentes regiones y representar a «una España que es mucho más que Madrid».

Además se nutre de activistas como Serigne Mbaye o Alejandra y las incorporaciones de la sociedad civil como la actriz María Botto o el exatleta Roberto Sotomayor, «que dan un paso adelante y demuestran su compromiso con este proyecto».

«Un equipo que conjuga la experiencia institucional de estos años con experiencia en el afuera y que pone en valor, además, la pluralidad territorial de nuestro país», concluyen dichas fuentes.

La Organización Colegial Veterinaria (OCV) reclama una mayor participación de los veterinarios en la gestión de los espacios naturales y la fauna silvestre y recuerda que el medio ambiente es uno de los pilares del modelo One Health y dada la interrelación entre ganadería y especies silvestres en ecosistemas como la dehesa.

El colectivo veterinario pide que se potencien los equipos multidisciplinares en los departamentos de Medio Ambiente de las comunidades autónomas, con veterinarios que trabajen junto con biólogos e ingenieros de montes para abordar las cuestiones sanitarias.

El presidente de la OCV, Luis Alberto Calvo, ha denunciado que solo un escaso porcentaje de veterinarios se dedica profesionalmente a la gestión de espacios naturales de valor con distinto grado de protección, por lo anuncia que el colectivo va a emprender una labor institucional que aúne esfuerzos para lograr una «mayor presencia de compañeros en este ámbito».

El primero de estos esfuerzos ha sido la elaboración de un documento con información sobre la gran biodiversidad existente en España por su situación y orografía, con seis biorregiones según el tipo de paisaje predominante, y la necesidad de conservar ecosistemas, especies y variedad genética de estas últimas.

En total, de acuerdo con este documento, España posee 174 especies de mamíferos, 643 de aves, 39 de anfibios y 104 de reptiles, y se destaca, desde el punto de vista sanitario, que la fauna silvestre es relevante por su posible actuación como reservorio de enfermedades zoonósicas y de nuevos patógenos (enfermedades emergentes), en muchos casos compartidos con los animales de producción.

Por otro lado, el documneto redactado por un grupo de trabajo creado al efecto por la organización profesional recuerda la existencia de un plan sanitario de vigilancia sanitaria en fauna silvestre, desarrollado por el MAPA sobre especies cinegéticas como suidos, cérvidos, bóvidos, carnívoros y lagomorfos.

En ese sentido, destaca la «utilidad» de los planes técnicos de caza, en los que crece la relevancia de los aspectos sanitarios. En ese ámbito subraya que es oportuno elaborar planes de bioseguridad comunes pata explotaciones ganaderas y cinegéticas y en las dehesas.

Del mismo modo, defienden una mayor presencia de veterinarios en los departamentos de Medio Ambiente de las comunidades autónomas, para trabajar en equipos multidisciplinares junto a biólogos, ingenieros de montes y forestales; zoológicos; consultorías; programas de educación ambiental y en planes de salvamento de animales ante desastres naturales.

Por otro lado, pretenden fomentar la colaboración con el Seprona, la lucha contra el comercio ilegal de especies, así como el acceso progresivo a puestos de la Administración relacionados con la gestión de espacios naturales.

El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, no tiene constancia de que el líder del Frente Polisario Brahim Ghali haya entrado en España bajo la identidad falsa de Mohamed Bembatouche, y tampoco tiene previsto indagar en ese asunto dado que considera que no es de su competencia, según explican fuentes jurídicas.

En todo caso, este asunto podría acabar en los juzgados de La Rioja, ya que el Hospital de San Millán-San Pedro, donde fue ingresado el 18 de abril, está en Logroño, o en algún juzgado de Aragón, dado que fue enviado en ambulancia desde Zaragoza.

Así, dependiendo de la evolución del polémico ‘paciente Covid’, que ha generado una crisis diplomática entre Marruecos y España que ha derivado en una crisis migratoria en la frontera de Ceuta, Pedraz espera tomarle declaración el martes 1 de junio a las 10.30 horas «de su mañana» para que responda como investigado por la querella del activista saharaui Fadel Breica.

Las mismas fuentes consultadas indican que es probable que ese mismo día se le notifique la segunda querella, la de la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH) –que le acusa de genocidio– y el propio Ghali deberá decidir si responde sobre estos hechos ese mismo día o se le cita para más adelante. Es de suponer que una vez le notifiquen la querella, la defensa del líder del Polisario necesite unos días para estudiar el asunto.

Lo que parece inamovible es la decisión del juez de no adoptar medidas cautelares, como la de prisión, para asegurar que Ghali comparezca el 1 de junio, a pesar de las peticiones de los querellantes, dado que tras escuchar al fiscal del caso, Pedro Martínez Torrijos, esas medidas no son necesarias «a la vista de su estado de salud» y teniendo en cuenta que «no hay indicios claros de su participación en las conductas recogidas en la querella» de ASADEDH.

LA ENTRADA DE GHALI

Este mismo viernes el Gobierno español aclaraba que Ghali no llegó a España con pasaporte falso aunque sí utilizó otra identidad en el hospital de Logroño donde permanece ingresado. Y esta aseveración del Ejecutivo casa con el informe que redactaron el inspector y dos agentes adscritos a la Comisaría General de Información (CGI) que se desplazaron «de urgencia» al hospital el 4 de mayo.

En su informe, explicaban que en entrevista confidencial con el médico responsable de cuidados intensivos averiguaron que el paciente Mohamed Benbatouche ingresó en el centro el 18 de abril a las 22.48 horas proveniente de Zaragoza en ambulancia medicalizada del Servicio de Salud de Aragón e iba acompañado de dos personas.

Una, dice el informe, es un médico extranjero –«probablemente de nacionalidad argelina»–, y el otro es un familiar –sin más señas–. Los agentes reflejan que el doctor extranjero aportó un informe médico del paciente emitido por un tal «doctor Mohamed Seghir Nekkache, del hospital de L’Armee de Argel». Pero los agentes aparentemente cometen un error al atribuir el informe a Nekkache, dado que ése sería el nombre del centro hospitalario donde fue tratado Ghali en Argel.

No obstante, los agentes del CGI recogen que el informe médico argelino apunta en esencia que se trata de un paciente covid con severas complicaciones respiratorias, y ellos plasman en sus notas que «en efecto su estado es muy grave e ingresa en la UCI por una neumonía bilateral complicada por una polineuropatía que le impide respirar por sí mismo».

Sobre la identidad del individuo hospitalizado, ese 5 de mayo los agentes anotan que el responsable del servicio del hospital «asegura sin ningún género de dudas que Mohamed Benbatouche es Brahim Ghali». De hecho les invita a que hagan una comprobación visual pero los funcionarios policiales declinan el ofrecimiento por considerarlo innecesario dado que el paciente está crítico.

LOS ANEXOS DEL INFORME: ABDELLA O BENBATOUCHE

Con todo, apuntan que los médicos ven que Ghali mejora y que para el 16 de mayo podría recibir el alta hospitalaria. A su informe de ese 5 de mayo los agentes incorporaron una serie de anexos, entre los que está la ficha de registro en el hospital de Logroño.

Ahí se puede leer que el paciente es Mohamed Benbatouche, que nació el 19 de septiembre de 1950 y que su nacionalidad es desconocida. Un informe médico del hospital San Millán-San Pedro de fecha de 4 de mayo explica que evoluciona bien porque el día anterior fue extubado, pero avisan de que aun no es capaz de deglutir y se desorienta por momentos.

Ese diagnóstico es más favorable que el que emitió semanas antes en el hospital militar argelino, ya que el 17 de abril realizan un informe sobre un paciente denominado Mohamed Abdella, que nació el 12 de febrero de 1950, y en el que indican que su estado de salud se agrava rápidamente por Covid-19.

Dado que esos informes médicos hablan de Mohamed Abdella y no de Mohamed Benbatouche, todo apunta a que Ghali habría usado una segunda identidad distinta a la usada en España para ingresar en Argelia.

EL INFORME DEL 11 DE MAYO

Con todo, el pasado 11 de mayo, agentes de la CGI volvieron a acercarse al hospital de Logroño y entonces ya sí pudieron hablar con Ghali, le notificaron que el 1 de junio tenía que ir a la Audiencia Nacional y éste «entendió sin ningún género de dudas el contenido de la citación».

No obstante se negó a firmar el recibí de la citación aduciendo que quería contactar antes con la embajada argelina y con personas de su confianza antes de hacerlo. Además solicitó que se le entregara al doctor extranjero que le acompaña a diario en al UCI –doctor que el agente en su informe vuelve a confundir con el nombre del hospital argelino Mohamed Nekkache–.

La embajada palestina en España ha reclamado este viernes a la comunidad internacional que «trabaje desde hoy» para «poner fin a la ocupación israelí», horas después de la entrada en vigor de un alto el fuego tras los combates de los últimos once días en la Franja de Gaza.

La misión diplomática palestina ha denunciado que los palestinos hacen frente «a un genocidio y terrorismo de Estado por parte de la ocupación militar israelí», antes de dar las gracias a los países que trabajaron «para frenar la agresión» israelí, «especialmente en Gaza».

«Esperamos que la comunidad internacional trabaje desde hoy para tratar las raíces del conflicto y poner fin a la ocupación israelí de nuestra tierra y permita a nuestro pueblo ejercer sus derechos de autodeterminación», ha sostenido en un comunicado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que el objetivo debe ser «construir un Estado democrático en las fronteras de 1967 con Jerusalén Este como su capital» tras un proceso fundamentado «en el Derecho Internacional y las resoluciones pertinentes de la ONU.

La legación diplomática palestina ha reclamado además «resolver el problema de los refugiados en virtud de la legalidad internacional y en especial la resolución 194 de 1048 de la Asamblea General de la ONU».

Por otra parte, ha abogado por «desmantelar el apartheid, cesar la sangría y que todos los actores trabajen para conseguir la armonía de las personas de la región, independientemente de su etnia, nación o religión».

«Es hora. Basta de ocupación y agresión, basta de asentamientos y trabajemos para el futuro de nuestros hijos y volver a traer la paz y la justicia a nuestra tierra, Palestina, Tierra Santa, tierra de Jesucristo», ha remachado.

La última escalada bélica estalló el 10 de mayo después de que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) disparara varios proyectiles, un día después de que agentes israelíes irrumpieran en la mezquita de Al Aqsa, el tercer lugar más sagrado para los musulmanes, e hirieran a cientos de fieles en pleno Ramadán.

Los incidentes en la mezquita llegaron además tras varios días de represión de las manifestaciones contra las órdenes de desahucio en el barrio de Sheij Jarrá, en Jerusalén Este, que se saldaron con cientos de palestinos heridos, y después del aplazamiento de las legislativas palestinas por la negativa de Israel a permitir el voto en esta zona de la ciudad.

La campaña de bombardeos de Israel contra la Franja de Gaza, iniciada el 10 de mayo y que ha concluido tras la entrada en vigor de un alto el fuego, ha dejado al menos 240 palestinos muertos, entre ellos 66 niños, según lo datos de las autoridades gazacíes.

En Israel han muerto doce personas, entre ellas una mujer india y dos hombres tailandeses, balance al que hay que sumar a cerca de 30 palestinos muertos a manos de las fuerzas de seguridad israelíes durante las últimas manifestaciones en Cisjordania.

Ciudadanos ha registrado en el Congreso una iniciativa en la que plantea al Gobierno la elaboración de un Plan que permita revertir la despoblación a través de la deslocalización de organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado de nueva creación a las provincias más afectadas por el éxodo rural.

Los de Inés Arrimadas han hecho este planteamiento a través de una proposición no de ley para su debate en la Comisión de Política Territorial del Congreso y, con esta iniciativa, pretenden que el Gobierno diseñe este plan en coordinación con las Comunidades Autónomas a través de la Conferencia Sectorial de Administraciones Públicas.

Asimismo, piden modificar el decreto actual de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público para impulsar una mejora de los derechos económicos y laborales de los funcionarios que estén desempeñando su trabajo en una provincia afectada por el éxodo rural.

De este modo, proponen establecer un complemento territorial específico para los funcionarios que estén trabajando en una de estas provincias y aumentar a siete días el permiso por fallecimiento, accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirurgica que precise de reposo, de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad cuando el suceso se produzca en una provincia distinta a la que se encuentra el puesto de trabajo.

Para estos sucesos de un familiar del segundo grado de consanguinidad plantean un aumento de seis días en el permiso, y también ampliar a dos meses el permiso para atender el cuidado de un familiar de primer grado cuando este resida en una provincia distinta.

DESCENTRALIZAR LAS OPOSICIONES

Otro de los puntos que recoge el texto de la iniciativa de Ciudadanos es en el que plantean la reforma del sistema de exámenes para el acceso a la función pública facilitando que se puedan realizar de forma descentralizada en todo el territorio.

También piden alcanzar un acuerdo con las Comunidades Autónomas para facilitar el acceso a los servicios sociales de promoción de la autonomía personal y de atención a la dependencia a los familiares a cargo de los funcionarios de carrera y del personal laboral al servicio de la Administración General del Estado que decida trasladarse a un puesto de trabajo en una provincia afectada por el éxodo rural.

Por último, quieren aumentar el número de plazas destinadas a funcionarios en prácticas en la Administración Periférica del Estado y se encuentran ubicadas en provincias afectadas por el éxodo rural, así como impulsar una campaña informativa específica para captar talento en la Administración Central entre aquellas personas que residen en zonas afectadas por el éxodo rural.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo establece –en su respuesta al recurso del Gobierno de Canarias tras la no ratificación del cierre perimetral de las islas por alta incidencia de covid– que la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986 puede ofrecer cobertura a limitaciones puntuales de derechos de los ciudadanos, pero siempre que la Administración autonómica justifique razonablemente sus medidas.

Así lo hace en una de las primeras respuestas que ha dado a conocer este viernes y que estrenaban el nuevo recurso de casación creado por el Gobierno respecto a las medidas que pueden adoptar los diferentes territorios una vez se levantó el estado de alarma el pasado día 9.

En otras resoluciones, referidas al cierre perimetral de Montefrío (Granada), el alto tribunal ha evitado pronunciarse amparándose en una decisión «improcedente de la Junta de Andalucía, por publicar en el Boletín Oficial nuevas órdenes tras no ser ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia las primeras en las que dejaba sin efecto el confinamiento. Dice que las medidas sanitarias no ratificadas judicialmente «no son aplicables» y fue innecesario que la Junta las dejara luego expresamente «sin efecto».

Sobre lo que el Tribunal Supremo no se pronuncia expresamente en ninguna de las cuatro resoluciones conocidas hasta el momento es sobre el establecimiento de límites generales a estas medidas, más allá de ratificar como «razonable» la valoración realizada por el TSJ Canario que rechazó el cierre perimetral de un territorio tan amplio como es una isla. Tampoco hay un pronunciamiento sobre un eventual ‘plan b’ o necesidad de una ley orgánica que preste seguridad jurídica a las restricciones que puedan realizarse en el futuro, una cuestión que no ha sido planteada en estos términos en el debate jurídico.

RESPUESTA PARA CANARIAS

En respuesta al recurso del Gobierno Canario, la Sala Tercera (de lo Contencioso) de Supremo ha desestimado el recurso contra la decisión judicial que denegó el cierre perimetral en las islas que se encuentren en niveles de alerta 3 y 4.

Considera que el control efectuado por la Sala de Santa Cruz de Tenerife en este caso no es contradictorio con el realizado por otras Salas territoriales porque no consta que las circunstancias contempladas por ellas sean las mismas que las de las Islas Canarias.

En su resolución, el alto tribunal añade que la decisión del TSJ canario se ajusta a los parámetros de ratificación de una decisión de estas características, pues se comprobó «razonadamente la insuficiencia de la motivación ofrecida para justificar la limitación y la inconsistencia de la medida con las excepciones previstas».

CÓMO SE DEBE CONTROLAR

Así, el control judicial efectuado en el procedimiento de ratificación ha de contener estos parámetros: comprobación de que la Administración que pide la ratificación es la competente para adoptar las medidas a ratificar; invocar los anteriores preceptos legales u otros que le confieran habilitación; identificar con suficiente claridad el peligro grave para la salud pública derivado de una enfermedadtransmisible que es preciso conjurar para preservar el derecho a la salud y a la vida y establecer debidamente la extensión de ese riesgo desde el punto de vista subjetivo, espacial y temporal; además de justificar que no se dispone de otros medios menos agresivos.

También se debe valorar por los TSJ que los medios propuestos propuestos son idóneos y proporcionados a tal fin. Sobre esos presupuestos, y si dicha justificación es suficiente y si la limitación pretendida es «efectivamente idónea, necesaria y proporcionada».

Igualmente responde el Supremo al Gobierno canario que las medidas sometidas a ratificación no pueden ser aplicadas antes de haberlas obtenido, y que la ratificación no suple la imprescindible habilitación legal. Por otra parte, resuelve que ratificación no impide a los afectados por ellas recurrir las disposiciones o actos que prevean las medidas, ni predetermina la suerte de sus recursos porque el pronunciamiento judicial que conduce a la ratificación se limita al control de los aspectos externos y reglados de la actuación administrativa y al examen preliminar de su proporcionalidad.

En el plano de técnica jurídica, el Supremo también apunta que artículo tercero de la Ley Orgánica 3/1986 ha de interpretarse conjuntamente con los artículos 26 de la Ley 14/1986 y 54 de la Ley 33/2011 y, así entendido, autoriza limitaciones puntuales de la libertad de circulación siempre que se cumplan unos requisitos.

REQUISITOS PARA APLICAR LA LEY SANITARIA

Estos son, que se acredite la existencia de una enfermedad transmisible grave que ponga en peligro la salud y la vida de las personas; que se justifique que esa limitación es imprescindible para impedir dicha transmisión por no haber otros medios eficaces para lograrlo; determine en función del número de enfermos y de su localización la extensión subjetiva y territorial de la limitación; y fije fundadamente el tiempo indispensable en que ha de mantenerse la limitación para impedir la difusión de la enfermedad.

Por otra parte, el alto tribunal ha rechazado por pérdida de objeto los recursos de casación presentados por la Junta de Andalucía y la Fiscalía contra los autos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que denegaron el confinamiento del municipio de Montefrío (Granada). En su auto, el tribunal explica que las medidas sanitarias aún no ratificadas judicialmente «no despliegan efectos ni son aplicables» y por ello rechaza pronunciarse sobre el fondo de este este asunto.

Los autos del TSJ de Andalucía recurridos -de 10 y de 14 de mayo- denegaron la ratificación solicitada fundamentalmente por entender que las medidas sanitarias adoptadas por la Junta de Andalucía en las Órdenes de 7 y 12 de mayo de 2021 restringen determinados derechos fundamentales cuyo desarrollo está constitucionalmente sometido a reserva de ley orgánica.

Tras el pronunciamiento del TSJ, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicó nuevas Órdenes en las que dejaba sin efecto el confinamiento por no haber sido ratificado judicialmente.

ERROR EN GRANADA

Según el Supremo, si la ratificación judicial es denegada, no es preciso que la Administración acuerde «dejar sin efecto» el acto que recogía las medidas sanitarias, «pues se trata de un acto que nunca ha sido legalmente eficaz».

Otra cosa, según la Sala, es que la Administración «pueda -o incluso deba- dar publicidad a la denegación de ratificación judicial de las medidas sanitarias, especialmente en el supuesto de que previamente éstas hubieran tenido alguna clase de publicidad oficial».

Así, reprocha a la Junta que se pretenda que se fije doctrina sobre una norma que la Comunidad Autónoma ha dejado sin efecto sin comunicarlo al Tribunal Supremo que ha conocido tal actuación por el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía como veremos a continuación, ya que tampoco la letrada de la Administración autonómica ha puesto tal información en conocimiento de este Tribunal Supremo.

Una vez sentado lo anterior, la Sala aclara que las Órdenes de 7 y 12 de mayo que acordaban el confinamiento de Montefrío, a las que se refieren los autos recurridos, nunca pudieron surtir legalmente efectos y, por consiguiente, era improcedente que la Junta de Andalucía dictase nuevas Órdenes dejando expresamente aquellas sin efecto. Además, recuerda que «no es función de los jueces y tribunales contencioso-administrativos ejercer una función consultiva».

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha asegurado este viernes, coincidiendo con la investidura de Peré Aragonès como presidente de la Generalitat, que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, es «rehén» de unos socios que quieren «hacer añicos» la Constitución y la soberanía nacional. Dicho esto, le ha instado a «romper» los acuerdos que mantiene con los independentistas «si de verdad quiere tanto a España».

«Emplazamos a Pedro Sánchez, a que si de verdad quiere tanto a España y le interesan tanto los intereses españoles, que rompa hoy mismo acuerdos que mantiene con todas las formaciones independentistas, también en Cataluña. Esa sería la prueba del algodón de que está con el interés general y no con el interés de sus socios, con tal de seguir en La Moncloa», ha manifestado.

Así se ha pronunciado Montesinos, en su visita al pabellón de Andalucía en la feria de Fitur que se celebra en IFEMA Madrid coincidiendo con el debate de investidura de Aragonès, quien ha sido investido este viernes como 132 presidente de la Generalitat, con 74 votos de los republicanos, Junts y la CUP, y 61 votos en contra del PSC-Units, Vox, los comuns, Cs y el PP.

CATALUÑA, UNO DE LOS ASUNTOS DEL DEBATE DE LA NACIÓN

El responsable de Comunicación del PP ha urgido de nuevo al jefe del Ejecutivo a convocar ya el Debate sobre el estado de la Nación en el Pleno del Congreso. «Sánchez tiene que dar la cara», ha proclamado, para añadir que debe celebrarse ese debate «sin más demora».

A su entender, los españoles requieren ese debate de política general para «abordar cuestiones capitales del país», dejando «la propaganda del futuro» para hablar de del presente y de los problemas actuales de los ciudadanos.

Montesinos ha señalado que uno de los asuntos de ese debate será la situación de Cataluña porque han asistido en el Parlamento de Cataluña a un debate de investidura que ha evidenciado que Pedro Sánchez es «rehén de unos socios que dicen abiertamente que quieren hacer añicos la Constitución, la igualdad de todos los españoles y la soberanía nacional».

«EL TIEMPO DE SÁNCHEZ ESTÁ AGOTADO»

El vicesecretario de Comuniación del PP ha acusado al presidente del Gobierno de estar en una «huída hacia adelante» porque sabe que «la cuenta atrás ha comenzado y tiene los días contados» en el Palacio de la Moncloa.

«Ayer vimos toneladas de propagada y de humo, pero no vimos propuestas concretas para los problemas de hoy de los españoles, para los problemas reales», se ha quejado, en alusión al Plan 2050 presentado por Pedro Sánchez.

Según Montesinos, «el tiempo de Pedro Sánchez está agotado» y ha empezado «el tic tac» que «escucha él mismo». «Enfrente está la alternativa de Pablo Casado y del PP, la alternativa del cambio tranquilo que como están constatando todas las encuesta va a llegar en cuanto decidan convocar elecciones», ha finalizado.

El nuevo presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se ha comprometido este viernes a ejercer el cargo con humildad y con determinación democrática, concluyendo su discurso tras ser investido en el cargo con el grito de «Viva Cataluña libre».

«Me comprometo a ejercer el cargo de presidente de la Generalitat de Cataluña con toda la humildad personal pero con toda la ambición colectiva. Con mano tendida y con determinación democrática, con espíritu de servicio y con valores republicanos. Siempre al servicio de la ciudadanía de Cataluña. Visca Catalunya lliure», ha manifestado.

Tras ser proclamado presidente, Aragonès ha saludado a los líderes parlamentarios de todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, que en ese momento ha abandonado el hemiciclo, y después de su intervención ha sonado ‘Els segadors’, el himno de Cataluña.

«Es un honor y una gran responsabilidad la que siento sobre mis espaldas. Trabajaré para ejercer responsabilidad con la honorabilidad que requiere este cargo, gobernando para todo el mundo y poniendo siempre por delante el servicio a la ciudadanía de Cataluña», ha dicho al comenzar su discurso.

Aragonès ha mencionado a Junqueras, con quien se comprometieron «en este proyecto político de servir a la gente, de trabajar por la libertad de este país hace aproximadamente unos 17 años».

«Desde entonces hemos participado conjuntamente en muchos ámbitos, muchas campañas y movilizaciones», y le ha agradecido la confianza, el apoyo, el compromiso y el aprendizaje.

Además, se ha referido a Pere Horta, que fue primer concejal de ERC en Pineda de Mar (Barcelona) –el pueblo natal de Aragonès– tras la restauración de la democracia, que murió hace tres años: «Probablemente sin saberlo y probablemente inconscientemente fue para mí hace muchos años un referente político y personal», y ha asegurado que encarnaba los valores republicanos.

Aragonès ha terminado la intervención citando el fragmento de un poema de Salvador Espriu: «Si te llaman a guiar un breve momento del milenario paso de las generaciones, aparta el oro, el sueño y el nombre. También la hinchazón vacía de los motes, la vergüenza del vientre y los honores».

Un juzgado ha abierto diligencias contra la directora de la residencia DomusVi Chantada (Lugo), Petri Rodríguez, a raíz de una denuncia presentada ante la Guardia Civil por el presidente de la Federación Galega de Asociacións de Familiares e Usuarias de Residencias de Galicia (REDE), Paulino Campos, por supuestas «agresión, amenazas y coacciones» a uno de los usuarios.

En concreto, según confirman fuentes judiciales, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Chantada emitió el miércoles una resolución a través de la cual «ha iniciado el procedimiento penal para la investigación de los hechos» recogidos en la denuncia, una vez recibido el atestado por parte del Instituto Armado.

Esta denuncia fue interpuesta el sábado 15 de mayo por el presidente de REDE –en calidad de «amigo» del anciano supuestamente agredido– y por otra persona por unos hechos que la empresa niega.

Según consta en el escrito de denuncia, el primero de los episodios relatados data del pasado 7 de mayo, cuando la directora del centro entró en la habitación de este usuario «con un tono de voz muy alto, exaltado y agitado».

De hecho, Petri Rodríguez le reprochaba haberse «comunicado con el exterior» para denunciar que –recoge la denuncia– los 200 mayores de la residencia llevaban días «en confinamiento ilegal» por un brote de covid que afectaba a menos de una decena de personas y del que ahora ya no quedan casos.

Así pues, en ese momento, el anciano fue «empujado y arrinconado contra la pared» por la directora «en un claro acto de agresión física», mientras él le instó a «terminar inmediatamente la acción violenta y a que se pusiera a una distancia mínima de un metro como corresponde a las medidas de seguridad y prevención» ante la covid.

Según la denuncia del presidente de REDE, las 200 personas que viven en DomusVi Chantada «fueron liberadas del confinamiento» al día siguiente, cuando el supuestamente agredido «tenía la intención de denunciar» los hechos ante la Guardia Civil, algo que «no pudo llevar a cabo por los impedimentos mostrados por la residencia para poder salir de sus instalaciones.

UN TELÉFONO «INUTILIZADO»

A mayores, el escrito presentado señala cómo el pasado miércoles, 12 de mayo, a este usuario «le fue inutilizado (bloqueado) el teléfono». Así, tuvo que pedirle el terminal a un compañero del centro para llamar a Paulino Campos, a quien le aseguró que sus hijos «habían decidido bloquearle el teléfono a petición de la directora de DomusVi Chantada con amenazas y coacciones», al tiempo que solicitaba «ayuda» para que el supuesto episodio de agresiones fuese puesto en conocimiento de la Guardia Civil.

Asimismo, la denuncia asegura que este usuario, que confesó estar dispuesto a llegar «hasta donde haga falta» para esclarecer los hechos, ya había sido agredido en otra ocasión «por un residente con las facultades perturbadas» sin que la dirección del geriátrico «tomase medidas preventivas» posteriormente.

«Por todo esto, se siente amenazado y perseguido, por lo que solicita la acción de la justicia, así como que se abra la posibilidad de un traslado de residencia en vista de los acontecimientos violentos recurrentes contra él y las libertades fundamentales (entre ellas las de libertad de expresión) por las que debería estar amparado», concluye el escrito.

DOMUSVI NIEGA LOS HECHOS

Tras la presentación de la denuncia ante la Guardia Civil y la apertura de diligencias, DomusVi ha emitido un comunicado en el que asegura que los hechos de los que se le acusa a Petri Rodríguez «son totalmente infundados, distorsionados y no responden a la realidad». «DomusVi Chantada y todo su equipo de dirección se reafirma en su postura y condena por completo el uso indebido de información no veraz en beneficio de terceros», recalca.

Además, la compañía destaca que «cuenta con el total apoyo» de los familiares del usuario supuestamente agredido, ya que no están de acuerdo con la interposición de esta denuncia y «no dudan de la buena gestión realizada por parte de los empleados y la propia dirección» –versa el comunicado–.

No en vano, DomusVi avanza que valorará emprender acciones legales frente a «las graves calumnias que ponen en entredicho la ética profesional» de la directora del centro de Chantada, quien de hecho «está a disposición de cualquier investigación que se lleve a cabo en torno a dichas acusaciones, con el fin de defender su inocencia».

La empresa también asegura que durante el brote de covid, superado hace casi una semana, «únicamente los residentes y empleados positivos estuvieron confinados en sus habitaciones y domicilios». Asimismo, niega haber requisado el teléfono móvil u ordenador «de ningún residente», por lo que insiste en la falsedad de las acusaciones que relata la denuncia.

En cualquier caso, el juzgado ha abierto diligencias para iniciar la investigación de los hechos, después de haber recibido el atestado con las declaraciones tomadas a los implicados y a la familia por parte de la Guardia Civil.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha anunciado que, tras la reunión celebrada este viernes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, se pondrá en marcha un Plan para la Mejora y Modernización de las herramientas y acciones que tienen las administraciones para la protección y atención de las víctimas de esta lacra.

Esta reunión se ha celebrado tras la convocatoria de urgencia que, este jueves realizó la ministra tras los últimos asesinatos por violencia machista, que dejaron cinco víctimas en tres días, y, especialmente, por dos de los últimos sucesos en los que las mujeres asesinadas habían denunciado a su agresor.

Estos sucesos, ha indicado la ministra, sumados «al discurso negacionista» de la violencia contra las mujeres que «por desgracia están también presentes en las instituciones» y «son emitidos por parte de representantes públicos de la ciudadanía», sitúan al país en «un escenario de alerta machista».

Frente a esta situación, el Pacto de Estado ha decidido impulsar un Plan de Mejora y Modernización de las herramientas y acciones con las que cuentan para atender a estas mujeres y este Plan comienza con «una fase de diagnóstico» de cada ámbito competencial.

Los actores implicados deberán entregar un informe, en un plazo de una semana, con un análisis de su situación y sobre los elementos concretos que piensan que pueden estar fallando.

IR «AL DETALLE»

Tal y como ha indicado la ministra, el objetivo es que esta primera fase se complete en un tiempo «lo más breve posible» para «poder pasar a una siguiente fase de evaluación».

En su intervención ha reconocido que el objetivo es ir «al detalle» de las diferentes heramientas y protocolos existentes en esta materia y que, en algunos casos no se han actualizado «desde antes» de que se firmara y aprobara el propio Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

La ministra ha destacado la disposición de los participantes en la reunión del Pacto, en la que ha estado presente la FEMP, representantes del Observatorio contra la Violencia contra la Mujer, las presidentas de las comisiones del ramo en el Congreso y el Senado, así como los portavoces de los grupos parlamentarios en las mismas, y representantes de otros departamentos del Gobierno, entre otros, a trabajar en esta materia.

«Esta reunión es la prueba fehaciente de que este Pacto funciona, es útil y, de que no solo está vivo, sino que es más necesario que nunca», ha declarado la ministra.

UN MENSAJE A LA SOCIEDAD Y A LAS MUJERES

La titular de Igualdad ha indicado que esta reunión es un mensaje a la sociedad para «reconocer» que, pese a las herramientas desplegadas en la lucha contra la violencia de género, ni se ha «llegado a tiempo» a los casos de las mujeres asesinadas; y también un mensaje para las mujeres sobre el «compromiso de las instituciones para erradicar» esta lacra y decirles que «no están solas».

«Este país está comprometido con las violencias», ha insistido, para indicar que la necesidad del Pacto no tiene que ver solo con los asesinatos, sino también con la aparición de los discursos negacionistas que, ha indicado, se están realizando desde las instituciones.

Los regantes de la cuenca del Tajo-Segura, agrupados en el ‘Círculo por el Agua’ se manifestarán el próximo lunes ante la sede del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para «despedir a la Huerta de Europa», ya que consideran que los recortes del volumen de agua transferible del Tajo al Segura perjudicarán al sector.

La concentración tendrá lugar el lunes, 24 de mayo, desde las 10.00 horas, cuando los regantes de Murcia, Alicante y Almería que dependen del trasvase protestarán por la propuesta del departamento que dirige Teresa Ribera de incrementar los caudales ecológicos del Tajo y cambiar así su los reglas de explotación.

Los regantes consideran que les perjudican los cambios que prepara el Gobierno, por los que limitará de 38 a 27 hectómetros cúbicos de agua la transferencia cuando los niveles de los embalses de cabecera del Tajo estén en situación 2. Por el contrario, el Gobierno estima que la restricción beneficiará «tanto a la cuenca cedente como a la receptora» y que este cambio obedece «estrictamente» a una recomendación técnica.

En la actualidad, el nivel 2 establece que cuando las existencias conjuntas de los embalses de Entrepeñas y Buendía están por debajo de 1.300 hm3, pero por encima del nivel 3 (desde 586 a 688 hm3 según los meses) se autoriza de manera automática una transferencia mensual de 38 hectómetros cúbicos.

El Círculo por el Agua asegura, por el contrario, que estos cambios supondrán un «gran problema» para el sector agrícola del Levante, que aporta más de 3.000 millones de euros al PIB español y mantiene más de 106.000 puestos de trabajo directos, y para el abastecimiento del consumo humano.

El Círculo por el Agua es un movimiento que impulsa el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) y que aglutina todos los agentes y sectores sociales y económicos afectados por los cambios legislativos previstos en el Trasvase Tajo-Segura.

Tras la concentración, a las 12.00 horas está programada una performance de más de 100 personas con platos vacíos y cubiertos que protestarán con camiones, una cosechadora y distribuirán productos de La Huerta levantina.

Desde las 11.30 horas una caravana de coches partirá de IFEMA hacia la sede del Ministerio en el centro de Madrid.

Galicia y Castilla y León han rendido homenaje al piloto Maxi Plaza, que falleció días después de un accidente aéreo que sufrió cuando se encontraba extinguiendo un incendio en Lobios (Orense) en agosto de 2020.

El homenaje ha tenido lugar en el aeropuerto de Matacán (Salamanca), donde comenzó su pasión por volar y cuyas instalaciones se encuentran cerca de su localidad natal, Babilafuente, un acto que se ha celebrado precisamente en el hangar de la empresa Babcock, con la que volaba en su tarea de extinción de incendios forestales.

Al acto han asistido familiares y amigos, además de los delegados del Gobierno en Castilla y León y Galicia, Javier Izquierdo y José Miñones, la subdelegada del Gobierno en Salamanca, Encarnación Pérez, y representantes de la empresa Babcock, del Ayuntamiento de Babilafuente y del aeropuerto y de la base aérea de Matacán.

El homenaje ha contado con distintas intervenciones y ha terminado con la entrega de la Medalla al Mérito de la Protección Civil en su categoría de Oro con distintivo rojo, que han recibido sus padres, además de unos ramos de flores en representación también de las instituciones, la empresa y el Ayuntamiento de Babilafuente.

Las intervenciones han comenzado con unas palabras de la subdelegada del Gobierno en Salamanca, Encarnación Pérez, quien ha recordado al piloto de 38 años por arriesgar y perder su vida por «salvar otras vidas» en «el más noble y generoso acto de servicio».

A continuación, el director ejecutivo de Babcock, Ángel Rodero, ha destacado los «valores que ejercía todos los días» de Maxi Plaza, de quien ha recordado su «trabajó duro» y su apoyo a los compañeros. «Te echamos de menos hoy y te echaremos de menos siempre», ha concluido.

«CUESTAN VIDAS»

Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha recordado que 1.060 kilómetros cuadrados de superficie en Galicia han sido asolados por las llamas en los últimos cinco años, con una media de cinco incendios al día si se cuentan todos los días del año, y que suponen pérdidas irreparables en la naturaleza; y también «cuestan vidas», ha añadido, como la del piloto de Babilafuente, que sufrió el accidente en Losbios, al igual que un compañero que también falleció; y ha terminado sus palabras queriendo hacer extensivo el homenaje a «todos los que luchan contra el fuego».

Después, el delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, ha insistido en la figura de Maxi Plaza, un piloto «muy experto» que volaba desde los 24 años y que luchó contra los incendios, lo que le costó la vida, al igual que su compañero. «Fallecidos en la tarea de salvarnos», ha añadido en recuerdo de ambos.

Finalmente, han tomado la palabra Verónica Pérez, en representación de la familia, y su padre, Marcelino Plaza, quienes han reconocido el dolor por la muerte del piloto, a quien han recordado con palabras de amor y con el mensaje de que se fue un hombre entregado a volar y a apagar incendios pero también «un buen padre, un buen hijo, un buen hermano, un buen amigo».

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha señalado que «lo que más le preocupa al Gobierno» son los menores que han llegado a Ceuta procedentes de Marruecos, al tiempo que ha garantizado que cualquier actuación que se lleve a cabo tendrá en cuenta «el interés superior del menor» y también «razones humanitarias».

Montero, que ha visitado la Diputación de Jaén, ha indicado en rueda de prensa que se está contactando con las familias de aquellos menores que han rechazado desplazarse a la Península, al mismo tiempo que se están realizando las pruebas para determinar las edades con el fin de contar con un número exacto de menores que se encuentran en suelo ceutí.

«Estarán garantizadas su seguridad, su protección y su atención durante todo el tiempo que estén en nuestro territorio», ha dicho Montero. Sobre las personas adultas ha señalado que «las conversaciones mantenidas con el país vecino» están permitiendo que los adultos «de forma ordenada vayan regresando a su país de origen».

Ha compartido con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que lo ocurrido no se trata de una crisis migratoria porque «no es continuada en el tiempo» y «ha bajado la tensión de una forma suficientemente intensa», tanto como para que el titular de Interior «pueda tener la sensación de que la situación va a ir mejorando de forma progresiva».

«Entiendo que el ministro no quiera hablar de crisis migratoria porque parecería que la crisis migratoria dura más de un día y no es un momento puntual», ha señalado la portavoz del Gobierno.

Asimismo, ha indicado que si se tiene que quedar con algo, se queda «con las gestiones que se están haciendo a nivel diplomático yt con la disminución de la tensión de estos últimos días», aunque haya que seguir «estando vigilantes».

Ha reiterado el agradecimiento del Gobierno a todos los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, que «están exhaustos» , y también a las ONG por su trabajo «desinteresado y gratuito», a pesar de los «ataques» de miembros de alguna formación política, que Montero ha tachado de «impresentables».

En esta línea, ha incidido en que gracias a la labor de ONG y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, España ha puesto de manifiesto «su espíritu de acogida» y el haber antepuesto a las personas «sobre cualquier otro interés».

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un individuo como presunto autor de un delito de homicidio por la muerte de un varón que fue encontrado en su domicilio el pasado mes de diciembre en la localidad madrileña de Alcorcón, ha informado la Jefatura Superior de la Policía de Madrid en una nota de prensa.

Los agentes averiguaron que tras una fuerte discusión, el presunto autor agredió a la víctima en la cabeza con un objeto contundente hasta acabar con su vida. Aunque trató de limpiar la escena y deshacerse de los objetos que pudieran incriminarle, el pasado 10 de mayo fue arrestado, acordándose por la autoridad judicial su inmediato ingreso en prisión.

La investigación se inició el pasado mes de diciembre de 2020 cuando el propietario de una vivienda comunicó a los agentes que había accedido a esta, la cual tenía arrendada a un individuo, con intención de ver si se encontraba bien, ya que llevaba días intentando contactar con él y no respondía a las llamadas. Entonces descubrió su cuerpo sin vida del inquilino.

En el transcurso de la autopsia junto con los agentes de Homicidios se determinó que se trataba de una muerte violenta. Tras practicar los policías una segunda inspección ocular en la vivienda donde habían transcurrido los hechos, detectaron indicios biológicos que el presunto autor había limpiado, deshaciéndose además de los utensilios de limpieza que empleó.

Las principales gestiones se centraron en el entorno más cercano de la víctima y en concreto en un amigo íntimo con quien mantenía contacto diario, ya que ambos se dedicaban al tráfico de sustancias estupefacientes a baja escala.

Posteriormente pudieron constatar que la mañana de los hechos ambos amigos se habrían encontrado para tratar sobre sus negocios ilícitos. Una vez en el domicilio de la víctima se inició una discusión que finalizó con la muerte de uno de ellos tras ser agredido con un objeto contundente en la cabeza.

Después, el autor abandonó el lugar encontrándose en paradero desconocido desde entonces. Tras numerosas gestiones llevadas a cabo por los agentes, se localizó al presunto asesino.

La entrada y registro en su domicilio culminó con la detención de esta persona y su traslado a disposición judicial quien decretó su inmediato ingreso en prisión. En la vivienda se intervinieron seis terminales telefónicos, un machete y un pañuelo con manchas de sangre.

La Mesa del Congreso ha rechazado la pretensión de la CUP de someter a votación en el Pleno de la próxima semana la admisión a trámite de la proposición de ley de Amnistía para todos los procesados y condenados del proceso independentista catalán.

Esa proposición de ley, registrada en su día por ERC, Junts, PDeCAT y la CUP, tiene por objeto amnistiar a todos los procesados y condenados por la consulta soberanista de 2014 en Cataluña y el proceso independentista del referéndum del 1 de octubre de 2017.

Sin embargo, la Mesa del Congreso, con los votos del PSOE, PP y Vox, rechazó su tramitación por considerarla inconstitucional, ya que los indultos generalizados están prohibidos por la Carta Magna, tal y como habían argumentado los letrados de la Cámara.

Los partidos independentistas recurrieron a la Mesa, pero se volvieron a encontrar con el rechazo de PSOE, PP y Vox, a los que también se sumó Ciudadanos en la Junta de Portavoces. El siguiente paso sería recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional, pero esa vía parece no ser del agrado de los independentistas.

Así las cosas, la CUP quería implicar al Pleno del Congreso y, en su moción sobre el conflicto de Cataluña, cuyo debate se prevé para la próxima semana, incluyó un primer punto para forzar una votación y que toda la Cámara se pronunciase a favor de tramitar la Ley de Amnistía.

Pero la maniobra ha sido desactivada por los letrados de la Cámara, que, según aseguran fuentes parlamentarias, han desaconsejado esa votación alegando que «las mociones no son un instrumento idóneo para pronunciarse» sobre cuestiones propias de la Mesa del Congreso.

Siguiendo ese criterio, y al constatar que la CUP había desoído sus advertencias, la Mesa del Congreso ha optado por eliminar ese primer punto de la moción. La formación independentista ha protestado con un comunicado en el que acusa a la Cámara de «censura» y de «vulneración del derecho a la libertad de expresión».

SE PODRÁ VOTAR LO DEL REFERÉNDUM

Lo que sí se podrá votar es el segundo punto, con el que la CUP quiere instar al Gobierno a llevar a la mesa de diálogo que tiene abierta con el Ejecutivo catalán «una propuesta de referéndum, aprovechando el calendario y los trabajos que ya ha iniciado el Gobierno de Escocia».

La moción es consecuencia de la interpelación que la diputada de CUP, Mireia Vehí, dirigió el pasado miércoles al ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, que ya le recalcó que el derecho de autodeterminación no vale para Cataluña porque no es una colonia.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha aprobado este viernes otros cinco traslados de presos de ETA, entre ellos dos que estaban en Sevilla e irán a Logroño para seguir cumpliendo condena por su implicación en atentados como el de Máximo Casado o Eduardo Madina.

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha recordado que sólo quedan seis presos de ETA por ser trasladados «bajo la custodia del Gobierno de Sánchez» y ha vuelto a lamentar esta «cuenta atrás para dar por aniquilada la política de dispersión» que estuvo en vigor durante décadas para combatir el terrorismo.

Prisiones también ha comunicado el traslado desde la cárcel de Madrid I a la de Álava de Valentina Liliana Morisoli, que estaba desde el 18 de noviembre de 2020 en privación de libertad en calidad de presa preventiva.

Los dos presos de Sevilla II que irán a Logroño son Asier Arzalluz Goñi e Iker Olabarrieta Colorado. De ambos ha dicho la institución dependiente del Ministerio del Interior que «aceptan la legalidad penitenciaria», de ahí que la Secretaría General haya resuelto su progresión a segundo grado.

Asier Arzalluz Goñi ingresó en prisión el 10 de noviembre de 2009 y cumple condena acumulada de 30 años por los delitos de asesinatos, homicidio, estragos, atentados, detención ilegal, daños, lesiones, depósito y tráfico de armas. Cumplirá las 3/4 partes de la condena en abril de 2023. Olabarrieta Colorado, por su parte, cumplió las 3/4 partes de la condena en marzo de 2020.

Integrante del ‘comando Ttotto’, Arzalluz Goñi actuó bajo las órdenes del exdirigente etarra Francisco Javier García Gaztelu, ‘Txapote’. La AVT ha recordado que fue condenado a 75 años como autor material del atentado que acabó con la vida de los guardias civiles Irene Fernández Perera y José Ángel de Jesús Encinas.

En 2019, fue condenado a 33 años por el asesinato de Máximo Casado Carrera y luego a 20 años por el atentado contra el por entonces diputado del PSOE Eduardo Madina. Olabarrieta Colorado también fue condenado por este mismo homicidio terrorista en grado de tentativa.

ORDEN DE SECUESTRO DE ORTEGA LARA

Otro de los etarras beneficiado es Juan Luis Aguirre Lete, que dejará la cárcel de Zuera (Zaragoza) por la de Soria. Ingresó en prisión el 9 de agosto de 2002 y cumple una pena acumulada de 30 años. Cumplió las 3/4 partes de la condena en marzo de 2020. La Secretaría General ha resuelto su mantenimiento en segundo grado, a propuesta de la Junta de Tratamiento de la prisión de Zuera.

Entre sus víctimas consta Dionisio Herrero Albiñana y Fernando Múgica Herzog. Además, en 2006 el Tribunal Supremo confirmó la condena de 32 años impuesta por haber ordenado el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara.

Iratxe Yáñez Ortiz de Barrón irá de Asturias al centro penitenciario de Álava. En 2013 fue condenada a 22 años de prisión por intentar establecer en 2010 una base de la banda terrorista en Portugal. En el caso de Andoni Goikoetxea Gabirondo –de Dueñas (Palencia) irá a El Dueso (Cantabria)– cumple condena por almacenar y ocultar artefactos explosivos y el material para confeccionarlos en varios caseríos y zulos situados en el País Vasco y Navarra.

La AVT ha denunciado que «muy pronto el Gobierno de Sánchez habrá trasladado a prácticamente el 100% de los presos etarras». «Desconocemos si el siguiente paso en la política penitenciaria será que todos los presos acaben en cárceles del País Vasco y Navarra, pero desde la AVT estaremos vigilantes para defender siempre los intereses de nuestro colectivo», han recordado.

Actualmente hay 45 presos en el País Vasco y 10 en Navarra de un total de 192. Con los de hoy, bajo la tutela de este Gobierno, ya ascienden a 226 los traslados, correspondientes a 186 etarras, de los cuales 92 tienen delitos de sangre.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha anunciado este viernes que el Grupo Popular solicitará explicaciones urgentes en el Congreso y Senado de los ministros implicados en la «grave» crisis diplomática con Marruecos. Además, ha reclamado al Gobierno «diálogo, consenso y equilibrio» con los menores extranjeros no acompañados en Ceuta y ha garantizado que el PP no va a hacer «partidismo» con esta cuestión.

En su visita al pabellón de Andalucía en Fitur, que se celebra en IFEMA de Madrid, Montesinos ha subrayado que hay que dejar la cuestión de los menores fuera del «partidismo y de la gresca política» para centrarse en lo «importante».

«Con diálogo, con consenso y con equilibrio, y con esa cogobernanza con las comunidades de la que tanto habla Pedro Sánchez se va a conseguir», ha declarado Montesinos el ser preguntado por la posición del PP ante esa propuesta de que las comunidades acojan a algunos menores tras la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta a raíz de crisis con Marruecos.

Tras asegurar que el PP es un «partido de Estado» y el «primer partido de la oposición», el vicesecretario de Comunicación del PP ha recalcado que el objetivo es que esta cuestión «se solucione cuanto antes. «Nosotros con los menores no vamos a hacer partidismo», ha subrayado.

«MÁXIMA TRANQUILIDAD» EN ANDALUCÍA TRAS LAS DECLARACIONES DE VOX

Ante el hecho de Vox haya amenazado con este tema al Gobierno andaluz liderado por Juanma Moreno, Montesinos ha hablado de «máxima tranquilidad en Andalucía» y ha subrayado que el propósito del presidente de la Junta es «agotar la legislatura». Además, ha precisado que el PP tiene un acuerdo de gobierno con Cs, mientras que con Vox alcanza acuerdos parlamentarios «puntuales».

«El gobierno de Andalucía es sólido y centrado en las preocupaciones de los andaluces y Moreno tiene el respaldo de Pablo Casado y la dirección nacional para tomar aquellas decisiones que considere oportunas», ha apostillado.

CASADO PREGUNTARÁ A SÁNCHEZ POR LA CRISIS CON MARRUECOS

Además, el vicesecretario de Comunicación del PP ha anunciado que el Partido Popular solicitará explicaciones urgentes en el Congreso y Senado de los ministros implicados en la «grave» crisis diplomática con Marruecos.

«Todos los ministros implicados tendrán que dar cuenta en la sede de la soberanía nacional qué están haciendo y qué van hacer sobre la grave crisis que ha afectado a una de nuestras ciudades autónomas», ha asegurado.

De hecho, éste es el tema que ha elegido Pablo Casado para su habitual duelo dialéctico con el presidente. «¿Está el Gobierno defendiendo los intereses de nuestro país?», es la pregunta registrada este jueves y a la que ha tenido acceso Europa Press.

«HUIDA HACIA ADELANTE» DE SÁNCHEZ

Montesinos ha acusado al presidente del Gobierno de estar en una «huída hacia adelante» porque sabe que «la cuenta atrás ha comenzado y tiene los días contados en Moncloa». «Ayer vimos toneladas de propagada y de humo, pero no vimos propuestas concretas para los problemas de hoy de los españoles, para los problemas reales», se ha quejado, en alusión al Plan 2050 presentado por Pedro Sánchez.

Dicho esto, ha urgido de nuevo al jefe del Ejecutivo a convocar ya el Debate sobre el estado de la Nación en el Pleno del Congreso. «Sánchez tiene que dar la cara», ha proclamado, para añadir que debe celebrarse ese debate «sin más demora».

A su entender, los españoles requieren ese debate de política general para «abordar cuestiones capitales del país», dejando «la propaganda y el futuro». A su juicio, se trata de hablar del presente y los problemas actuales de los ciudadanos.

Montesinos ha señalado que uno de los asuntos de ese debate será la situación de Cataluña porque hoy asisten en el Parlament –en el debate de investidura de Pere Aragonés– que Pedro Sánchez es «rehén de unos socios que dicen abiertamente que quieren hacer añicos la Constitución, la igualdad de los españoles y la soberanía nacional».

«Emplazamos a Pedro Sánchez, a que si de verdad quiere tanto a Epsañ y interesa tanto los intereses españoles, que rompa hoy mismo acuerdos que mantiene con todas las formaciones independentistas. Esa sería la prueba del algodón de que está con el interés general y no con el interés de sus socios, con tal de seguir en La Moncloa», ha manifestado.

Finalmente, Montesinos ha asegurado que «el tiempo de Pedro Sánchez está agotado» y que ha empezado «el tic tac» que «escucha él mismo». «Enfrente está la alternativa de Pablo Casado y del PP, la alternativa del cambio tranquilo que como están constatando todas las encuesta va a llegar en cuanto decidan convocar elecciones», ha indicado.

El Parlament catalán ha investido este viernes al candidato de ERC y hasta ahora vicepresidente del Govern Pere Aragonès como presidente de la Generalitat, con 74 votos de los republicanos, Junts y la CUP, y 61 votos en contra del PSC-Units, Vox, los comuns, Cs y el PP.

La elección de Aragonès se produce a cinco días de finalizar el plazo límite y pone fin a casi ocho meses de interinidad en la Generalitat, ya que Cataluña lleva desde el 28 de septiembre de 2020 con el gobierno en funciones por la inhabilitación de Quim Torra, y en este periodo Aragonès ya ha asumido las funciones de presidente, aunque con limitaciones que a partir de ahora ya no tendrá.

A sus 38 años será el presidente más joven de la historia y su elección supone la vuelta de ERC a la Presidencia de la Generalitat 41 años después –el último fue Josep Tarradellas–, tras cuatro décadas de presidentes de la antigua CDC, del PSC y del actual espacio de Junts.

En su discurso de investidura el jueves, Aragonès expuso su voluntad de sacudir las políticas de la Generalitat para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia e impulsar grandes transformaciones sociales, y manifestó su compromiso de culminar la independencia, aunque sin definir en qué plazo, y de solucionar el conflicto catalán con un referéndum pactado con el Estado: «Esta es mi obsesión».

Ahora la presidenta del Parlament, Laura Borràs, deberá comunicarlo al Rey para que proceda al nombramiento formal, aunque ya avisó de que no tenía intención de ir a la Zarzuela porque cree que hay otras vías para comunicarlo, y la ley fija que, en un máximo de cinco días tras el nombramiento, el nuevo presidente tome posesión, en un acto que se prevé para el lunes.

INVESTIDO EN EL SEGUNDO INTENTO

El dirigente de ERC ha logrado ser investido en el segundo intento, después de que a finales de marzo fracasara tanto en la primera como la segunda vuelta del primer pleno por el desacuerdo con Junts, que se abstuvo.

De hecho, es la primera vez en la historia que el candidato es investido tras perder dos votaciones anteriores, ya que en todas las legislaturas el presidente había sido elegido en primera o segunda votación, mientras que en 2015 Artur Mas no logró ser investido en primera ni segunda vuelta pero no lo volvió a intentar, y el candidato que fue elegido finalmente fue Carles Puigdemont.

INVESTIDURA 96 DÍAS DESPUÉS DEL 14F

La investidura se ha producido 96 días después de las elecciones catalanas del 14 de febrero y a cinco días de agotarse el plazo establecido para elegir un presidente y evitar la repetición electoral.

En estos más de tres meses, Aragonès ha pasado de defender la necesidad de lograr un acuerdo rápido para formar un Govern en plenas funciones –que quería que fuera amplio con ERC, Junts, CUP y comuns–, a renunciar a esta fórmula y apostar por un Govern de coalición solo con los de Puigdemont; ha visto cómo naufragaba en su primer debate de investidura en marzo, ha roto la negociación con Junts y ha propuesto gobernar en solitario, y finalmente ha cerrado personalmente un acuerdo de coalición en un fin de semana con el secretario general de Junts, Jordi Sànchez.

Tras los comicios, los republicanos optaron por comenzar a negociar con la CUP en vez de con Junts, y mientras que con los ‘cupaires’ logró cerrar en poco días un acuerdo que garantizaba sus apoyos a la investidura de Aragonès, con Junts las conversaciones se fueron complicando y los de Puigdemont se abstuvieron en la primera y segunda vuelta del primer pleno de investidura negando así la investidura del candidato republicano.

Desde el inicio, el principal escollo en la negociación entre ambos partidos fue la falta de acuerdo sobre cuál debe ser el espacio que debe decidir la estrategia independentista y el papel del Consell per la República (CxRep), y el bloqueo sobre este asunto provocó que Aragonès rompiera el 8 de mayo las negociaciones para hacer un Govern de coalición y propuso gobernar en solitario, algo que Junts rechazó, pese a que Sànchez había sido el primero en plantear esta opción un mes antes.

Ante esta situación, la negociación parecía haber embarrancado y la amenaza de la repetición electoral parecía más cerca que nunca, pero el fin de semana pasado Aragonès y Sànchez se reunieron con discreción en dos masías y lograron desencallar la negociación y sellar un acuerdo para hacer un Govern en coalición.

El pacto establece la creación de un órgano de dirección independentista con ERC, Junts, la CUP, ANC y Òmnium que se coordine con el CxRep, apuesta por la mesa de diálogo con el Gobierno central, aunque plantea «prepararse» para la confrontación con el Estado, si la primera estrategia no prospera, y reparte las carteras del Govern al 50% entre republicanos y Junts, dejando para los de Puigdemont departamentos como Economía, Salud, Acción Exterior y Derechos Sociales, mientras que ERC mantiene Educación y se queda Interior, entre otras.

Pere Aragonès se ha convertido este viernes en el 132 presidente de la Generalitat, un cargo al que llega tras más de media vida en ERC y después de haber sido el elegido por el líder del partido, Oriol Junqueras, para que los republicanos vuelvan a presidir el Govern por primera vez desde la restauración de la democracia en España.

A sus 38 años será el jefe del Ejecutivo catalán más joven en llegar al cargo en la historia de la Generalitat contemporánea y, pese a su juventud, lo hace después de dos décadas de militancia en ERC –desde los 16 años– y de varios años en la primera línea política, a diferencia de su antecesor, Quim Torra, que era un recién llegado a la política institucional.

Tras pasar por varios puestos de responsabilidad en el partido y el Govern, Junqueras le pidió dar un paso al frente después su encarcelamiento y la marcha de la secretaria general republicana, Marta Rovira, a Suiza, y, con Aragonès como candidato, ERC logró posicionarse el 14 de febrero como el primer partido independentista, pese a que el PSC le arrebató la esperada victoria.

Con su perfil de gestor, aparenta un gesto serio y tranquilo que se transforma en los mítines cuando deja la americana y se enfunda el traje de candidato, sorprende su sentido del humor en las distancias cortas, incluso se dice del nuevo presidente que es un gran imitador de compañeros y adversarios políticos, y la cocina es su actividad preferida para desconectar de la actualidad política.

Republicano e independentista desde la adolescencia, se define como keynesiano y socialdemócrata, pese a que algunos sectores lo han identificado con un perfil más liberal e incluso lo han acusado de querer privatizar servicios públicos en la polémica y fracasada ‘Ley Aragonès’.

DE LAS JERC AL PARLAMENT

Nacido en 1982 en Pineda de Mar (Barcelona), es licenciado en Derecho por la UOC, tiene un máster de Historia Económica por la UB y un programa de formación de directivos en políticas públicas y desarrollo económico en la Kennedy School of Government de Harvard, pero la política ha sido su principal ocupación desde joven.

De hecho, la política lo ha rodeado desde pequeño: su abuelo, el empresario hotelero y téxtil Josep Aragonès, fue alcalde de Pineda de Mar durante el franquismo y posteriormente lideró Reforma Democràtica de Catalunya, el embrión de Alianza Popular impulsado por Manuel Fraga, mientras que su padre fue concejal independiente en la lista de CiU.

Con este contexto familiar, Aragonès se interesó por la política desde niño y asegura que empezó a tomar conciencia independentista con 10 años, la fue consolidando con el paso de los años y con 16 años comenzó a militar en las JERC –las juventudes de ERC–; un año después ya estaba en la dirección de la organización y en 2003 pasó a ser el portavoz y entró en la Ejecutiva Nacional de ERC.

Con 24 años, en 2006, dio el salto al Parlament como diputado en representación de las JERC en la legislatura del segundo tripartito y vivió desde la dirección del partido la crisis interna y la pugna de esa época entre Josep Lluís Carod-Rovira y Joan Puigcercós, en la que se posicionó a favor del segundo.

Después de los tripartitos y con ERC ya fuera del Govern, Aragonès se mantuvo en el Parlament y entre 2011 y 2018 también puso un pie en la política municipal liderando la formación en Pineda de Mar –su pueblo natal y en el que todavía vive–, que pasó de un concejal a cinco y a ser segunda fuerza en el ayuntamiento.

RELACIÓN CON JUNQUERAS

De la mano de Junqueras, que pasó a liderar el partido en 2011, Aragonès fue escalando puestos y ganando peso en la formación: en 2012 fue uno de los negociadores del acuerdo con CiU para investir a Artur Mas y en esa legislatura fue el portavoz adjunto de ERC en el Parlament.

Sin embargo, la relación entre ambos se remonta a 2004, cuando Aragonès invitó a Junqueras a una charla organizada por las JERC y después estuvieron cenando y conversando; cinco años más tarde Junqueras se convertiría en el candidato republicano a las elecciones europeas, por lo que se atribuye a Aragonès el haber descubierto al que sería el próximo líder republicano.

Con la vuelta de ERC a la Generalitat en 2016 en la coalición de JxSí junto a CDC, Junqueras lo situó como secretario de Economía, departamento que él encabezaba, pero lo apartó del núcleo organizador del 1-O, a diferencia de miembros destacados de la Conselleria como Josep Maria Jové y Lluís Salvadó.

Esta decisión, que anticipaba las aspiraciones que el líder de ERC tenía guardadas para Aragonès, evitó que fuera detenido y encausado, y le libró de ser cesado por el 155 por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, que lo mantuvo durante los meses de intervención de la autonomía catalana como uno de los máximos responsables de la Generalitat.

De hecho, el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, elogió el papel de Aragonès en esa etapa por haber colaborado «activamente» en la aplicación del 155.

LÍDER VISIBLE DE ERC

Los hechos de otoño de 2017 en Cataluña, con el encarcelamiento de los presos del 1-O y las causas judiciales por el proceso independentista, acabaron precipitando su ascenso a los mandos de ERC y del Govern.

El 22 de enero de 2018 Aragonès visitó a Junqueras en la cárcel de Estremera junto a la secretaria general del partido, Marta Rovira, y el líder de ERC le pidió dar un paso al frente para situarse como el líder visible de la formación: «Si le pasa algo a ella –refiriéndose a Rovira–, te toca a ti».

Dos meses después, Rovira se marcharía a Ginebra (Suiza) para evitar comparecer ante el Tribunal Supremo (TS), por lo que Aragonès le tomó el relevo como líder del partido, libre de causas judiciales y presente en Cataluña, asumiendo el cargo de adjunto a la Presidencia de ERC y posteriormente como coordinador nacional de la formación, puesto que ocupa actualmente.

DE VICEPRESIDENTE A PRESIDENTE EN FUNCIONES

Este paso al frente también se tradujo en responsabilidades en el Govern de Quim Torra y paós a ser vicepresidente y conseller de Economía –los mismos cargos que había ostentado Junqueras entre 2015 y 2017–, desde donde fue el artífice de los Presupuestos de la Generalitat de 2020 acordados con los comuns, los primeros desde 2017 y que aumentaban el gasto del Ejecutivo, y trató de encauzar junto a Torra las constantes crisis que deterioraron las relaciones entre Junts y ERC durante la legislatura.

Además, la inhabilitación de Torra en septiembre del año pasado lo ha obligado a asumir las competencias de presidente en funciones a lo largo de seis meses situándose en la máxima posición institucional del Govern durante la segunda y tercera ola del coronavirus, aunque ha tratado de limitar su rol para no ocupar la figura de presidente de la Generalitat y evitar tensiones con sus socios.

ABANDERADO DE LA VÍA AMPLIA

Con el giro estratégico de ERC tras los hechos de 2017 hacia lo que se ha definido como independentismo pragmático, Aragonès se ha erigido como uno de los principales abanderados de la apuesta por ensanchar la base de apoyos al independentismo para forzar al Estado a aceptar un referéndum y por anteponer la vía del diálogo a la confrontación, dejando una eventual declaración de independencia en segundo plano.

Pese a que la vía amplia que tanto pregonó durante la campaña no ha comenzado con buen pie y su acuerdo con Junts se ha retrasado tres meses, su voluntad es presidir un Ejecutivo que huya de la dinámica de la última legislatura, impulse la reconstrucción tras la crisis del Covid-19 y afronte lo que define como cuatro revoluciones urgentes: la social, la feminista, la ecologista y la democrática, y avance hacia la resolución del conflicto catalán.

La Plataforma de Infancia se ha puesto en contacto con los Ministerios de Interior, de Inclusión y Migraciones, y de Derechos Sociales y Agenda 2030 para trasladarles su preocupación por «las vulneraciones de los derechos» de menores en Ceuta, «ante las imágenes y noticias de posibles devoluciones de niños y niñas».

Así lo ha dado a conocer este viernes la ONG, que ha añadido que «los medios de comunicación están alertando de posibles devoluciones colectivas donde no se ha podido identificar a posibles menores edad, así como de posibles devoluciones en caliente de niños y niñas».

«Las devoluciones de niños y niñas no son legales en nuestro ordenamiento jurídico y no pueden ser toleradas», ha insistido Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de Infancia, quien ha advertido que «la situación excepcional no puede amparar, de ningún modo, la realización de devoluciones en caliente de niños y niñas, contrarias al derecho internacional, tal y como ha dicho el Tribunal Constitucional».

En este sentido, considera «importante que se investiguen estos casos, así como garantizar la puesta en marcha de los procedimientos oportunos». Por esta razón, la Plataforma de Infancia se ha puesto en contacto con la Fiscalía para que tome en consideración estas informaciones, las investigue y actúe, si fuera necesario, para garantizar que no se realizan.

Como recuerda la ONG, el derecho internacional y el ordenamiento jurídico español establecen que se debe identificar adecuadamente a estos niños y niñas; especialmente a aquellos que viajan solos; protegerlos y asegurar su adecuada atención inmediata; así como realizar una valoración individualizada del interés superior de cada niño o niña con la finalidad de identificar posibles perfiles vulnerables, establecer cuál es la solución mejor para su situación individual y proporcionarles la intervención más adecuada, lo que requiere que sean escuchados.

En este sentido, ha puesto de relieve que las organizaciones de infancia se han puesto a disposición de las autoridades para garantizar y realizar adecuadamente las valoraciones de interés superior del menor.

A su juicio, también es «fundamental» valorar una posible reagrupación familiar en el caso de que sea aconsejable, de acuerdo a su interés superior, tras la expresión de voluntad por parte del niño, la niña o el adolescente.

En este punto, ha aclarado que estos procesos requieren una adecuada valoración del riesgo; así como establecer contacto con las familias en origen y no debe llevarse a cabo cuando exista un ‘riesgo razonable’ de que este retorno pueda dar lugar a una violación de los derechos humanos del menor.

«En ningún caso se deberá hacer mediante la entrega de los niños, niñas o adolescentes a las autoridades marroquíes por suponer un riesgo claro de que queden finalmente desprotegidos o sufran cualquier tipo de vulneración de sus derechos», ha añadido la organización.

La Plataforma de Infancia se ha puesto en contacto también con las comunidades autónomas para «solicitar su implicación en la búsqueda de soluciones colectivas». «Es importante que las comunidades autónomas colaboren y participen solidariamente en esta decisión, así como que ofrezcan recursos y otras soluciones para el resto de niños y niñas que ahora mismo están en Ceuta, si fuera necesario», ha concluido.

Por otro lado, ante el anuncio por parte del Gobierno de España de la agilización de los protocolos de repatriación de los niños y niñas marroquíes que han cruzado a Ceuta para reunirlos con sus familias en origen, Save the Children ha recordado que es esencial que estas reagrupaciones y retornos se hagan siguiendo una evaluación del interés superior de cada menor y no de manera automática. «Es esencial que antes de producirse la repatriación, las autoridades garanticen que es segura y adecuada para su desarrollo y sus derechos», ha añadido.

La ONG ha insistido en que antes de que se adopte cualquier decisión es necesario realizar una valoración de cada caso, para considerar si el posible retorno asegura el bienestar y desarrollo del niño o niña. «Para ello, es necesario realizar una entrevista personalizada con cada niño y niña y no caben medidas sistemáticas ni la mera manifestación de la voluntad del menor, mantiene la organización», ha subrayado.

La ONG ha indicado que algunos marroquíes que ya vivían en Ceuta están buscando a menores con los que mantienen relación familiar, como Zohra, que está buscando a su sobrino, de 16 años, que cruzó la frontera días atrás. Su hermana y parte de su familia viven en Marruecos y no han tenido noticias desde hace días: «Mi hermana está muy preocupada, quiere saber su hijo donde está, si está vivo o no».

Ha señalado además que muchos niños, niñas y adolescentes que llegaron a Ceuta desde Marruecos en los últimos días están viviendo en la calle, quedando expuestos a una vulnerabilidad aún mayor. Es el caso de Riduan, de 14 años y procedente de la ciudad marroquí de Castillejos. Este chico ha cruzado solo la frontera hasta en dos ocasiones esta semana, la última de ellas a nado durante la noche.

«No quiero volver a Marruecos», ha explicado este niño, según la ONG. «Entré solo, pero luego me encontré con los amigos del barrio. Quiero estudiar aquí en España. Quiero un futuro mejor y ayudar a mi familia»

El exministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, ha pedido hoy al titular actual de esa cartera, Fernando Grande Marlaska, que hable con «rigor» y no enfangue el terreno con «cifras falsas» porque el PP nunca acercó a 800 presos de ETA y menos cuando el funcionario de prisiones José Ortega Lara estaba secuestrado. Además, ha precisado que el acercamiento de 103 reclusos de la banda terrorista se produjo en 1999, cuando ETA había declarado una tregua y «no mataba».

Mayor Oreja respondía así a las afirmaciones de Marlaska de esta mañana, quien, para justificar los acercamientos de presos de ETA que está realizando el Gobierno de Pedro Sánchez, ha dicho que los traslados actuales responden a la «legalidad penitenciaria», pero no así los realizados en 1997 y 1998 por el Gobierno de José María Aznar. Según el ministro del Interior, en aquel momento se acercaron a 800 presos de ETA al País Vasco mientras Ortega Lara estaba secuestrado y con ETA «matando».

Sin embargo, Jaime Mayor Oreja, ha corregido a Marlaska y en declaraciones a Press ha explicado que nunca se pudieron acercar a 800 presos entre otras razones, porque no los había. La cifra de presos de ETA en los años en los que estuvo secuestrado Ortega Lara, entre el 17 de enero de 1996 hasta julio de 1997, osciló entre los 531 y los 554. «Difícilmente se habrían podido producir 800 aproximaciones», ha exclamado el exministro del Gobierno de José María Aznar.

Tras aportar estos datos, el exministro del Interior ha asegurado que «si el rigor en la política penitenciaria de hoy es el mismo con el que habla Grande Marlaska de la etapa de 1997 y 1998, que Dios nos coja confesados».

ENTRE 1996 Y 1997 LA CIFRA DE PRESOS OSCILÓ ENTRE 531 Y 554

Además, y para confirmar la «falta de rigor» de esas declaraciones, Mayor Oreja recuerda que la mayor cifra de presos de ETA que ha habido ha sido de 762.

En cuanto a la afirmación de Frenando Grande Marlaska de que los acercamientos se produjeron cuando estuvo secuestrado Ortega Lara, Mayor Oreja ha pedido al actual titular de Interior que pregunte a los hermanos de José Ortega Lara para sabar cuál fue exactamente la posición del Ministerio del Interior en el ámbito penitenciario en aquellas fechas: «No hubo ninguna decisión política, ni 800 ni ninguna, derivada de unas conversciones con ETA en aquella etapa».

De hecho, ha señalado que mientras Ortega Lara estuvo secuestrado –desde el 17 enero 1996 hasta julio de 1997–, tuvo que «padecer la mayor de las presiones «precisamente por parte del PNV para que cambiara la política penitenciaria». Esta política, ha recordado, estaba basada en la dispersión y la había puesto en marcha su «admirado y buen amigo» Enrique Múgica.

Además, ha recordado que el acercamiento de presos de ETA que se produjo en septiembre de 1999 por el Gobierno de Aznar fue de 103 y una vez que ETA había dejado de matar. Recuerda que él habló siempre de «tregua trampa» por lo que no quería acercar a presos de la banda.

Señala que solo, tras las conversaciones indagatorias que mantuvieron Javier Zarzalejos, Pedro Arriola y Ricardo Martí Fluxá con ETA a raíz de la tregua que había declarado la banda, le pidieron que hiciera una propuesta y planteó acercar a 63. Finalmente, el Gobierno de Aznar decidió un acercamiento de 103 internos de la banda y con anterioridad a esa cifra se habían acercado a otros 16 cuando ETA estaba en tregua.

PIDE A MARLASKA QUE NO ENFANGUE CON CIFRAS FALSAS

Pero Mayor Oreja recalca que estos traslados «nunca se hicieron inmersos en un proceso de negociación con ETA, jamás aceptando reivindicaciones de la banda». «Esas dos acciones se hicieron porque creíamos que se producían circunstancias convenientes, pero nunca inmersos en un proceso de negociación o conversaciones con ETA», ha recalcado.

El exministro ha dicho entender los problemas que tiene el señor Markaska por la «imposibilidad de explicar la transferencia de la política penitenciaria al Gobierno del PNV», pero cree que «lo menos que se le puede pedir es que sea riguroso y no trate de enfangar el terreno, recordando cifras absolutamente falsas».

En una entrevista en la COPE, Marlaska ha sido preguntado por las últimas declaraciones del coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ligando los acercamientos de presos de ETA a los acuerdos para la investidura como presidente del Gobierno de Pedro Sánchez.

«Los traslados de los presos condenados por delitos de terrorismo obedecen a la legalidad penitenciaria», ha contestado Marlaska, sin querer aludir directamente a las palabras de Otegi. En este sentido, ha subrayado que lo partidos de la oposición no ponen en cuestión que se cumple la ley dentro de unos traslados que se llevan a cabo con «transparencia».

Según Marlaska, donde se podía cuestionar la legalidad penitenciaria era en los años 1997 o 1998, cuando gobernaba el PP, y estando un funcionario de prisiones secuestrados se aprobó el traslado de 800 etarras, con la banda terrorista «matando», ha subrayado.

No obstante, el titular del Interior ha señalado que él no es partidario de convertir la política penitenciaria en una «herramienta partidista», después de que tantos plantaran cara a ETA hasta derrotarla.

En este sentido, al ministro le han preguntado si es esperable que los condenados por terrorismo de ETA salgan pronto a la calle tras la transferencia al País Vasco de la gestión penitenciaria. «Yo no dudaría de la solvencia de un partido tan importante, que ha representado tanto para estabilidad española como el PNV», ha indicado.

Dicho esto, ha comentado que lo que se ha transferido es la gestión de prisiones pero que la política penitenciaria «sigue siendo de la administración general central y el poder judicial es quien resuelve finalmente sobre asuntos como permisos, los terceros grados o la libertad condicional».

El Papa Francisco dará comienzo el próximo mes de octubre a un camino sinodal de tres año que arrancará, como novedad, con la consulta a las iglesias locales y «a todos los bautizados» y tendrá tres fases: la mencionada diocesana, una continental y, finalmente la universal. Así, este camino culimnará con la Asamblea de 2023 en Roma.

Así lo ha comunicado la oficina de prensa del Vaticano, que ha adelantado que la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos se estructurará a partir del título ‘Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión’ y contará con «una modalidad inédita para el camino hacia la Asamblea».

Según ha detallado la Secretaría General del Sínodo de los Obispos, el recorrido para la celebración del Sínodo se articulará en tres fases, entre octubre del 2021 y octubre del 2023, pasando por una fase diocesana y otra continental, que darán vida a dos ‘Instrumentum Laboris’, o documentos de trabajo distintos, antes de la fase definitiva a nivel de Iglesia Universal.

«La articulación de las diferentes fases del proceso sinodal hará posible la escucha real del Pueblo de Dios y se garantizará la participación de todos en el proceso sinodal. No se trata solo de un evento, sino de un proceso que involucra en sinergia al Pueblo de Dios, al Colegio episcopal y al obispo de Roma, cada uno según su propia función», explica.

La apertura del Sínodo tendrá lugar en el Vaticano y en cada diócesis a la vez. El Papa será el encargado de abrir los trabajos en el Vaticano el 9 y 10 de octubre de este mismo año, mientras que una semana después, el domingo 17 de octubre, se abrirá el proceso en las diócesis bajo la presidencia del respectivo obispo.

Esta primera fase, llamada diocesana durará hasta abril 2022 y tendrá como objetivo «la consulta al Pueblo de Dios» con la finalidad de que el proceso sinodal se realice en la «escucha de la totalidad de los bautizados», según los organizadores.

Para facilitar la consulta y la participación de todos, la Secretaría General del Sínodo enviará un documento preparatorio, acompañado por un cuestionario y de un vademécum con propuestas para realizarla en cada diócesis. También se enviará este documento a los dicasterios de la Curia Romana, a las uniones de Superiores y Superioras Mayores y otras uniones, a las federaciones de la vida consagrada, a los movimientos internacionales de laicos, a las universidades y facultades de Teología.

Además, cada obispo nombrará antes de octubre 2021 a un responsable o eventualmente a todo un equipo diocesano para la consulta sinodal, que pueda servir como punto de referencia y de contacto con la Conferencia Episcopal y que acompañe la consulta en la Iglesia particular, en todos sus pasos.

De forma paralela, y también antes de octubre de este año, cada Conferencia Episcopal designará, a su vez, un responsable que actúe como referente y contacto con los responsables diocesanos y con la Secretaría General del Sínodo. «La consulta en las diócesis se desarrollará a través los organismos de participación previstos por el derecho, sin excluir otras modalidades que se juzguen oportunas para que sea real y eficaz», explican.

La consulta a los bautizados concluirá con una reunión pre-sinodal, que será el momento culminante del discernimiento diocesano. Después de la clausura de la fase diocesana, cada diócesis enviará las conclusiones recogidas a la Conferencia Episcopal antes de la fecha establecida por la propia Conferencia Episcopal.

Así, se abrirá un periodo de discernimiento de los pastores reunidos en asamblea (Conferencia Episcopal), a los cuales se pide escuchar «aquello que el Espíritu ha suscitado en la Iglesia que se les ha confiado», según el texto explicativo. En el proceso de redacción de la síntesis participará también el responsable de la Conferencia Episcopal, por lo que se refiere al proceso sinodal y su equipo, así como los representantes elegidos para participar a la Asamblea General Ordinaria del Sínodo en Roma, una vez que hayan sido ratificados por Papa.

La síntesis final será enviada a la Secretaría General del Sínodo antes de abril de 2022. Se enviarán también las contribuciones de cada Iglesia particular, así como contribuciones enviadas por los Dicasterios de la Curia Romana, de las Universidades, Facultades de teología, de las Uniones de Superiores y Superioras Generales (USG-UISG), de otras uniones, de las federaciones de la Vida Consagrada, y de los movimientos internacionales de laicos. La Secretaría General del Sínodo procederá a la redacción del primer documento de trabajo antes de septiembre 2022.

Después comenzará la fase continental, abierta hasta marzo de 2023. La finalidad de esta fase es dialogar a nivel continental sobre el primer documento de trabajo, el Instrumentum Laboris, que cada continente deberá elaborar por cuenta propia. La Secretaría General del Sínodo publicará y enviará el primer documento de trabajo (en septiembre 2022). Como en la otra fase, el plazo máximo para enviar las nuevas propuestas finalizará en marzo del 2023.

A partir de entonces, la Secretaría General procederá a la redacción del segundo documento de trabajo o Instrumentum Laboris que finalizará antes de junio 2023. Finalmente, la Secretaría General del Sínodo enviará el segundo documento de trabajo a los participantes de la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos que tendrá lugar en octubre del 2023.