El juez de la Audiencia Nacional que investiga los contratos del BBVA con el comisario José Manuel Villarejo ha puesto ya fecha a la declaración como imputado del actual jefe de auditoria interna de la entidad Joaquín Gortari por su posible participación en hechos que indiciariamente podrían ser constitutivos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos. Será el 15 de julio a las 10.00 horas.

En una providencia del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, pone fecha a la comparecencia y remite al auto con fecha de 24 de junio por el que rectificaba su decisión previa de no imputarle en la causa y atendía al recurso presentado por el abogado Felipe Izquierdo, quien está personado como perjudicado en la causa por haber sufrido el espionaje del comisario por orden de BBVA.

"A la vista del presunto carácter delictivo de los hechos que se refieren en el recurso, y ante la existencia de indicios que permiten inferir, desde la provisionalidad de este momento, la participación de Gortari, quien suscribe esta resolución considera útil y necesario su llamamiento, a fin de que pueda explicar si tuvo alguna participación en los mismos", señalaba entonces el juez.

El magistrado, en la resolución, explicaba que anteriormente no había accedido a su imputación habida cuenta de que no se razonaba adecuadamente la motivación, y recriminaba al Ministerio Fiscal que se adhiriera a la petición de Izquierdo alegando que no era estrictamente una diligencia de prueba sino una "imposición del sistema procesal penal".

"El sometimiento de una persona al procedimiento es un acto procesal que exige un esfuerzo por el instructor, en ningún caso puede resultar de una mera imposición legal, pues ello supondría someter al proceso penal a un principio inquisitivo incompatible con nuestro sistema de garantías constitucionales", recordaba.

No obstante, en el punto tercero de los razonamientos jurídicos, indicaba que en el recurso presentado por Izquierdo contra esa primera decisión "se exponen los motivos que justifican la citación como investigado del mismo", y por tanto acuerda la comparecencia de quien fuera jefe de gabinete del ex presidente de BBVA Francisco González.

DESESTIMA LA FIANZA DE 2 MILLONES

En ese mismo auto, el juez se alinea con la Fiscalía al entender que debe volver a desestimar la fianza de más de dos millones de euros que Izquierdo interesaba. El abogado quería que respondieran de ese monto tanto Gortari como González y el propio BBVA para que aseguraran las responsabilidades pecunarias que puedan derivarse de los hechos presuntamente delictivos.

Izquierdo alegaba para pedir la imputación de Gortari que la entidad bancaria dio órdenes de espiarle con flagrante vulneración de su intimidad y violación de sus derechos fundamentales por orden de González y de el ahora investigado. El juez debe fijar ahora fecha para su declaración.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, el real decreto que formaliza el traspaso de funciones y servicios de la sanidad penitenciaria a Navarra.

El acuerdo inicial entre el Gobierno de España y el de Navarra se tomó el pasado 2 de junio, en la Junta de Transferencias.

Mediante la aprobación del real decreto, a partir del 1 de agosto, la Comunidad foral ejercerá, dentro de su ámbito territorial y para el centro penitenciario ubicado en Pamplona, las funciones de asistencia sanitaria (incluidas las de índole médico-legal) establecidas en la legislación penitenciaria.

Este ejercicio deberá garantizar los derechos de los internos como usuarios de los servicios de salud, la accesibilidad de este colectivo a los recursos sanitarios, la calidad de las prestaciones sanitarias penitenciarias y la equidad en el acceso.

Seguirán siendo ejercidas por la Administración del Estado la coordinación general de la sanidad penitenciaria en el marco de la garantía de equidad y calidad en el acceso a las prestaciones de la cartera de servicios de la sanidad penitenciaria y la elaboración de estadísticas para fines estatales en el ámbito de la sanidad penitenciaria.

Para garantizar la coordinación del ejercicio de sus funciones respectivas en el ámbito penitenciario, el Ministerio del Interior y el departamento correspondiente del Gobierno de Navarra constituirán una Comisión de Coordinación y una Comisión Técnica de Seguimiento del centro penitenciario.

El acuerdo también contempla el traspaso a la Comunidad foral de diez efectivos de personal funcionario y laboral, adscritos a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Finalmente, conforme al régimen de convenio económico entre el Estado y la Comunidad foral de Navarra, este acuerdo comporta la valoración a nivel nacional de las cargas asociadas al traspaso que asciende a 131.339.227,17 euros.

A este montante se le aplica un índice de imputación fijado actualmente en dicho convenio económico en el 1,6%, por lo que resulta que la Comunidad foral minorará en 2.101.427,63 euros la aportación por la que contribuye a la financiación de las cargas generales del Estado no asumidas.

Junto a Navarra, hasta el momento esta competencia solo la asumen, tras así haberlo solicitado, Cataluña y el País Vasco.

La magistrada Lara Esteve, socia de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE), ha celebrado que el Gobierno haya aprobado este martes en el Consejo de Ministros el proyecto de Ley de Garantías de las Libertades Sexuales que castiga todo comportamiento sexual sin consentimiento, que aúna todos los delitos sexuales en uno solo de agresión y que penaliza a los proxenetas, entre otras medidas.

No obstante, ha advertido de que "la creación de normas represivas por sí solas no van a permitir reducir las agresiones". "Entiendo que tendrá una repercusión en la sociedad que haga entender que la violencia sexual es un delito, hay que recalcarlo por los delitos que nos encontramos", ha señalado Esteve en declaraciones.

Al igual que considera que "ayudó" la Ley de Violencia de Género a visibilizar la violencia machista y a ayudar a las víctimas, la magistrada cree que las actuaciones que recoge la nueva normativa "ayudan". "Hay cuestiones muy interesantes en prevención. Soy optimista, creo que sí que va a contribuir a una mejor prevención para evitar estos delitos", ha subrayado.

La ratificación de este texto se produce un año y cuatro meses de su primera evaluación por parte del Ejecutivo. Desde entonces, la norma ha pasado por consulta pública, el Ministerio Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo de Estado.

Estos dos últimos mostraron su disconformidad con la definición de consentimiento que incluía el texto, redactado por el equipo de la ministra de Igualdad, Irene Montero. También pusieron pegas a la unión de los delitos de abuso y agresión sexual en un mismo tipo.

"Es una valoración positiva la redacción de esta ley, que además ha sido el esfuerzo de distintos ministerios y una respuesta a una demanda social que venía ya siendo importante en los últimos años", ha manifestado la socia de la Asociación de Mujeres Juezas, quien ha asegurado que "se estaba demandando una actualización de la norma penal a las demandas europeas".

En este punto, Esteve ha apuntado que esta ley "actualiza algunos conceptos y también innova en otros". Entre ellos, ha resaltado que, desde el punto de vista penal, unifica los conceptos de agresión y abuso sexual: "Hasta ahora el Código Penal regulaba de manera distinta el abuso y la agresión sexual. Para que hubiera agresión sexual era necesario intimidación o violencia, eran dos figuras que se valoraban de manera distinta".

La magistrada ha valorado de manera positiva la unificación de estos dos conceptos "como se establece en los parámetros europeos" y ha añadido que la nueva ley añade la definición del consentimientos en estas situaciones, algo que "antes no se preveía".

NO DEFINIR EL CONSENTIMIENTO GENERABA "CIERTA INSEGURIDAD"

Así, ha explicado que en el caso de la libertad sexual "no se definía el consentimiento, por lo que había que acudir a la jurisprudencia para establecer si era una relación sexual consentida o no consentida", algo con lo que, en su opinión, "se generaba cierta inseguridad". "En este caso se ha revisado la incorporación de la definición del consentimiento en el ámbito de la libertad sexual, algo que ya venía regulando el Convenio de Estambul", ha concretado.

En este sentido, la redacción de la nueva norma establece que: "Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona".

Dentro de las recomendaciones del Convenio de Estambul, esta ley también recoge la protección a todas las mujeres, niñas y niños con independencia de su situación administrativa, su etnia o nacionalidad, así como a las víctimas de trata y explotación sexual bajo la premisa 'todas las violencias, todas las mujeres', según ha indicado Igualdad.

Así, también se actúa contra la industria proxeneta al incorporar la tercería locativa que permitirá perseguir a los proxenetas que, de manera habitual y con ánimo de lucro, destinen cualquier establecimiento o espacio público o privado para la explotación sexual de terceras personas.

"La ley también introduce la penalización para el uso del inmueble destinado al ejercicio de la prostitución, que es una materia muy complicada. Entiendo que ha sido valiente a la hora de sacar este concepto y darle forma jurídica, habrá que ver las consecuencias que tiene para las personas que ejercen la prostitución", ha apostillado la socia de AMJE.

Con la nueva norma se evita la revictimización desarrollando medidas procesales de acompañamiento a las víctimas, incluyendo la posibilidad de evitar contacto visual con el presunto agresor o de declarar en salas especiales. Además, las mujeres víctimas de violencias sexuales tendrán recursos a su disposición aunque no denuncien, como los centros de crisis 24 horas, para las mayores de 16 años, o las casas de infancia para los menores de esa edad.

"Otra cosa novedosa de la ley es el derecho a la reparación integral del daño para la víctima, la asistencia psicológica, la reparación del daño moral y del daño social", ha concluido Esteve.

El presidente de la Caja de Solidaridad, Pep Cruanyes, ha llamado este martes a la ciudadanía a seguir haciendo aportaciones para responder pagar las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas por valor de 5,4 millones de euros a 34 exaltos cargos del Govern por la acción exterior desempeñada entre 2011 y 2017, entre otros casos. La citada Caja cuenta en este momento con 400.000 euros.

"Haremos lo posible y lo imposible para recuperar estos millones de euros destinados a fianzas injustas de todo tipo", ha advertido en rueda de prensa, acompañado por el exsecretario general del Diplocat Albert Royo y por el activista Francisco Garrobo, en la que posteriormente han participado la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, y el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri.

Cruanyes también ha anunciado que han presentado un escrito al juzgado número 13 para que devuelvan a la Caja de Solidaridad los 4 millones de euros que también les obligaron a consignar en el Tribunal de Cuentas, y por lo tanto considera que es un pago duplicado: "Es una cuestión de justicia".

Tras concretar que actualmente hay 400.000 euros en la Caja de Solidaridad y que, en los últimos días, han notado un incremento de nuevas aportaciones, Cruanyes ha argumentado que, en caso que les devolvieran estos 4 millones de euros, podría ayudar a los afectados por el Tribunal de Cuentas.

También ha recordado la acción de este organismo contra los impulsores de la consulta del 9N de 2014, después de que la semana pasada el Tribunal Supremo no admitiera los recursos de casación presentados por el expresidente de la Generalitat Artur Mas y siete exaltos cargos del Govern contra la sentencia dictada por el Tribunal de Cuentas en 2019, que les condenó a devolver 4,9 millones de euros.

El Tribunal de Cuentas es el órgano que, en esta deriva de la justicia española, ha encontrado como herramienta de represión económica, y que nos recuerda lo que fue durante el franquismo los tribunales de excepción", ha lamentado.

ANC Y ÒMNIUM

Desde la ANC, Paluzie también ha llamado a los ciudadanos a seguir haciendo contribuciones para llenar la Caixa de Solidaritat en favor "de todos los represaliados en esta causa general por la autodeterminación y la libertad de Cataluña".

Y lo mismo ha hecho Mauri, que ha llamado a la solidaridad para frenar "una represión incesante, que no para" y para que el Estado no se salga con la suya, ha dicho en sus palabras.

Ambos también han aplaudido el anuncio del Govern de crear un Fondo Complementario de Riesgos con 10 millones de euros para cubrir las fianzas de 5,4 millones que pide el Tribunal de Cuentas por la acción exterior de la Generalitat.

Así, Paluzie ha manifestado su satisfacción al respecto, pero también ha advertido de que no saben el tiempo que resistirá: "Somos conscientes de que el 'deep state' del Estado no tiene freno, y prevemos ataques enormes contra esta medida aprobada por el Govern".

Para Mauri, el fondo del Govern demuestra que las instituciones catalanas no dejan "desamparados" a sus funciones públicos, pero ha coincidido con Paluzie en alertar del riesgo de que no acabe funcionando, y por ello ha recalcado la importancia de seguir haciendo aportaciones a la Caixa de Solidaritat.

Royo, a quien el Tribunal de Cuentas pide 3,8 millones de euros, ha calificado de buena noticia la creación del fondo porque, a su juicio, demuestra que se ha buscado una respuesta y considera que les da un poco más de tiempo, pero considera que no se soluciona el problema de fondo y desconoce si esta opción se aceptará.

La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha remitido una carta al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, y a las presidentas del Congreso y del Senado, Meritxell Batet y Pilar Llop, reclamando el inicio "inmediato del proceso de elección" de candidatos para la renovación del órgano de gobierno de los jueces "dada la situación de bloqueo permanente del Partido Popular". Acusa al PP de realizar "técnicas de bloqueo inadmisibles en Democracia".

En la misiva traslada su preocupación "por el prolongado incumplimiento del artículo 122.3 de la Constitución Española que dispone que debe ser renovado cada cinco años, igual que cada cuatro años sucede lo propio con las Cortes Generales. "Sin embargo, desde el 4 de noviembre de 2018 no se ha procedido a cumplir con tal mandato constitucional", lamenta.

Desde JJpD inciden en que a pesar de los acuerdo que se dieron y que quedaron frustrados por las "escandalosas revelaciones de unos mensajes instantáneos", en referencia a los maensajes de Ignacio Cosidó, apuntan que ahora que se retoman las negociaciones se sigue "ante un flagrante incumplimiento de las obligaciones constitucionales de quienes tienen el deber institucional de proceder a renovar, en plazo, el órgano".

Indican además que las razones del PP para la no renocavión "son cambiantes e insuficientes" y añaden que "la pretensión de una reforma previa del sistema de elección no puede ser obstáculo para la renovación" ya que si debe hacerse, corresponde a las Cortes Generales adoptarla.

"Pero también es responsabilidad del Congreso y Senado cumplir la Constitución y renovar en plazo, conforme a la regulación vigente en cada momento, el Consejo General del Poder Judicial", subrayan para luego recordar que existe un Pcto de Estado sobre la Justicia que diseñó el actual sistema para la designación del Poder Judicial y que lleva vigente 20 años.

Por ello, reclaman que Lesmes se dirija de nuevo a las Cortes para proceder a la inmediata renovación del órgano y que las presidencias del Congreso y del Senado "inicien ya tal proceso, sea cual fuera su resultado".

"Si hay que hacer cambios en las normas, que se propongan, pero ya tenemos una regulación vigente y aplicable desde hace décadas: la que había el 4 de noviembre de 2018, fecha en la que debería haberse renovado la composición del CGPJ, y que hoy aún está en vigor", añaden.

Asimismo, reclaman que tanto el CGPJ como el Congreso y el Senado se dirijan a la dirección del PP, a Pablo Casado, o a los grupos parlamentarios que sea preciso, "para proceder al inmediato cumplimiento de nuestra Constitución y de la ley" dado que ambas están siendo incumplidas y vulneradas con "técnicas de bloqueo inadmisibles en Democracia".

MÉS per Mallorca preguntará al Gobierno del Estado sobre el reconocimiento "efectivo" de las enfermedades profesionales que sufren las camareras de pisos (Kellys) y lo hará a través de una batería de preguntas con solicitud de respuesta escrita que el senador autonómico Vicenç Vidal ha registrado esta semana en la Cámara Alta.

Según ha informado el senador autonómico Vicenç Vidal, este martes en rueda de prensa, "MÉS per Mallorca quiere ser la voz de las Kellys en el Estado".

Por este motivo, en el Senado se ha registrado esta semana una batería de preguntas, con solicitud de respuesta escrita, con el objetivo de interpelar al Gobierno del Estado para el reconocimiento "efectivo" de las enfermedades profesionales de las camareras de piso; que se regule la carga laboral de estas trabajadoras y que una parte del dinero destinado al Plan para Reavivar la Economía Balear del Sector Turístico se destine a la parte social, es decir, a los estudios ergonómicos y a las mejoras técnicas.

En caso de no recibir una respuesta escrita, ha continuado Vidal, "se pedirá la comparecencia en el Senado de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y de la responsable del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto".

Esta batería de preguntas, elevada esta semana al Senado, con solicitud de respuesta escrita, "no es una acción aislada de MÉS" dado que, ha recordado Vidal, "ya se han llevado a cabo previamente iniciativas para apoyar a las Kellys tanto el Parlament balear como en ayuntamientos de municipios turísticos".

LA FORMACIÓN RECLAMA "RESPONSABILIDAD" A LOS EMPRESARIOS

Por otro lado, la regidora de MÉS per Mallorca en el Ayuntamiento de Palma, Neus Truyol, ha recordado que "desde hace más de un año toda la sociedad se ha esforzado para incrementar la cobertura social a todos los trabajadores que por la COVID no han podido desempeñar su trabajo, para que nadie quedará atrás".

De este modo, y ante la reactivación turística, ha solicitado el "mismo esfuerzo" al sector empresarial. "Los empresarios de Baleares deben tomar la responsabilidad que ha demostrado la sociedad para, de forma importante y ágil, incorporar a todos sus trabajadores, incluso incrementar las plantillas, en el supuesto de que sea necesario ante un previsible aumento del trabajo".

Concretamente, sobre las camareras de piso, Truyol ha apuntado que "las Kellys se han demostrado como un sector que ofrece un servicio esencial". "Si ellas paran, se para la industria turística", ha hecho hincapié. Por este motivo, ha reivindicado, "condiciones laborales dignas y adecuadas".

"Es momento de poner a las Kellys y a otros trabajadores que han sido invisibilizados en el en el centro, de revalorizar la economía de los cuidados, que se ha demostrado esencial durante la pandemia", ha señalado.

LAS KELLYS PIDEN "SER ESCUCHADAS"

Finalmente, la representante de Unión Kellys Baleares Antonina Ricaurte ha agradecido el trabajo hecho desde MÉS per Mallorca "para visibilizar los problemas de la hostelería, en general, y de las camareras de pisos, en particular".

Antonina Ricaurte ha aprovechado sus declaraciones ante los medios de comunicación para reivindicar, una vez más, el reconocimiento de las enfermedades profesionales de las camareras de piso. Además, ha reclamado que se reconozca su derecho a jubilación anticipada y se regulen las sobrecargas de trabajo, que padecen.

"Las Kellys necesitamos que se nos escuche, que se legalicen las enfermedades profesionales y que estén codificadas, para que las Mutuas no nieguen a ninguna persona el derecho a ser atendida y se pueda tener mejor calidad de vida", ha destacado.

La periodista especializada en radicalización violenta Alexandra Gil ha subrayado este martes que "la sociedad tiene un reto con los presos yihadistas que van a quedar en libertad" y ha mostrado su preocupación por que "salgan con su ideología enriquecida por otros códigos de supervivencia, contactos o violencia".

Gil ha hecho referencia a las características comunes "entre las dinámicas de un barrio desfavorecido del que pueden proceder algunos yihadistas y las dinámicas de la cárcel", por lo que ha considerado que "muchos de ellos regresan de prisión con un refuerzo de la delincuencia y una banalización de la violencia".

La periodista ha participado en la XIX edición de los Cursos de Verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en Carmona (Sevilla), con la conferencia 'Radicalización y desradicalización: el papel de las prisiones', dentro del 'Curso internacional sobre terrorismo yihadista: la reconfiguración de la amenaza. 15º edición'.

Gil ha señalado en su ponencia el foco de debate sobre Francia y cómo se articula el modelo de actuación con los presos yihadistas de cara a la desradicalización y ha explicado el sistema de vigilancia que durante un año se le impone a los presos que alcanzan la libertad, "algo que para muchos viola los Derechos Humanos".

Ha apuntado que estas medidas "van desde el brazalete electrónico, perímetro de seguridad o acceso restringido a lugares de público". "En la actualidad se está estudiando acrecentar estas medidas, prolongando el tiempo de vigilancia", ha manifestado.

Gil ha indicado que estas medidas, que "están muy marcadas por la agenda política", no aspiran "a una seguridad basada en que el individuo abandone su ideología durante su estancia en prisión, sino a que existan la coordinación y los cauces para evitar que estas personas vuelvan a planear un atentado".

La periodista especializada en radicalización violenta ha recalcado la importancia de "lo que ocurre mientras el terrorista yihadista se encuentra en prisión" y ha afirmado que "no se puede tomar la prisión como un microcosmos al margen de la Yihad".

En este sentido, ha utilizado el término "tentáculos de la Yihad" para enmarcar todos los ámbitos por los que la radicalización puede continuar y hacerse fuerte dentro de las prisiones.

La periodista ha resaltado que "los programas que siguen los presos yihadistas dentro de las cárceles no tienen en cuenta todos los ecosistemas que tocan y afectan al individuo".

De estos factores, entre los que ha señalado "las parejas, los familiares, amigos o los antecedentes del individuo", ha destacado el papel de las madres de los presos. "Las madres han sido el motor de la vuelta de muchos yihadistas y, probablemente, lo único que tengan cuando salgan", ha apostillado.

En cuanto a su experiencia personal, Gil ha hecho referencia a que las madres que ha tenido oportunidad de entrevistar "son ateas o católicas, y no presentan símbolos de radicalización ni violencia".

Ha precisado que "cuando las madres tienen sus hijos en Siria, quieren que vuelvan aunque cumplan años de prisión, pero cuando están en la cárcel se conforma una rabia hacia el sistema penitenciario que se traduce en rabia hacia el Estado".

"Esta rabia no provoca que justifiquen los actos cometidos, pero empiezan a equilibrar lo que sus hijos hubieran hecho en Francia con lo que el país les está haciendo manteniéndolos en prisión", ha apuntado la periodista, a la vez que ha lamentado que "se pierde una pata de la realidad al no visualizar el problema que presentan estas relaciones".

Gil ha argumentado que "la gran cuestión es cómo aislar a los presos sin contribuir a dinamizar las sinergias de grupo" y se ha referido a que "el aislamiento y trato diferenciado de estos da pie a un cambio de jerarquía dentro de las prisiones, aumentando el poder de los yihadistas en la cárcel y alterando como son percibidos por el resto de presos".

El fiscal ha rebajado de cuatro años y medio de prisión a tres la pena solicitada para el conductor que en mayo de 2019 provocó el accidente de tráfico mortal de Escalante, en el que fallecieron dos personas, y que ha reconocido los hechos aunque no se ha mostrado conforme con la condena de cárcel interesada.

"Es una cosa que voy a tener que pagar de por vida", ha manifestado el joven en el juicio contra él, celebrado este martes en la Audiencia Provincial de Cantabria, en el que ha vuelto a pedir perdón por lo ocurrido a los familiares de las víctimas -un hombre y una mujer- y ha reiterado su arrepentimiento: "Más arrepentido que estoy no se puede estar. Lo siento", ha expresado, durante el interrogatorio y en el ejercicio del derecho a la última palabra.

En la sesión, desarrollada en la Sección Primera y que ha quedado vista para sentencia, el procesado ha admitido que la noche previa al siniestro -tuvo lugar sobre las 7.30 horas del día 12- había salido de fiesta por Santoña y consumido alcohol y drogas -arrojó una tasa en sangre de 0,65 mg/l y dio positivo en cocaína- y ha asumido que circulaba a 121 kilómetros por hora, según el atestado, por una travesía urbana limitada a 50 km/h (en el momento del choque la velocidad era de entre 114 y 119).

En este sentido, ha asegurado que no recuerda "nada" desde que cogió el coche en Argoños para dirigirse a su casa en Gama hasta "segundos" después del siniestro, cuando le despertó la camarera de un bar que hay en el lugar de los hechos. "Del momento del accidente y minutos antes no me acuerdo de nada", ha aseverado.

Tras el interrogatorio y la declaración de testigos y peritos, la acusación pública ha modificado sus conclusiones iniciales al contemplar la atenuante cualificada de reparación del daño -que conlleva un año y medio menos de petición de prisión-, toda vez que los padres del implicado consignaron un par de meses después del accidente más de 300.000 euros para indemnizar a las tres hermanas de la fallecida y a la hija, madre y hermano del fallecido.

Él murió en el acto y ella -que iba en el asiento del copiloto- nueve días después por las graves lesiones sufridas. Ambos se dirigían al aeropuerto de Santander para coger un avión con destino a Escocia y pasar allí unas vacaciones que cuando tuvo lugar la colisión, por alcance posterior y mientras estaban parados ante un semáforo en rojo que había accionado un peatón para cruzar por el paso de cebra.

Además, el ministerio fiscal reclama que se prive al enjuiciado -que entonces era transportista y que ahora trabaja como cocinero- del derecho a conducir vehículos a motor durante siete años, dos menos de los que pedía inicialmente. Todo ello por unos hechos que en opinión de esta parte constituyen un delito contra la seguridad del tráfico en concurso con dos de homicidio por imprudencia grave.

La acusación particular, ejercida por la hija del fallecido, ha mantenido la condena inicial solicitada de cinco años y medio de prisión y privación del carné de conducir durante nueve años.

Por su parte, la defensa se ha mostrado disconforme con este letrado y ha propuesto dos años de prisión y cinco de retirada del permiso de conducción, en base a la consideración de la atenuante muy cualificada, adhiriéndose subsidiariamente al planteamiento del fiscal.

ARREPENTIDO

El enjuiciado, que veranea en Gama y conoce la vía donde tuvo lugar el accidente, ha indicado a preguntas de las partes que esa noche bebió unos seis gin-tonics "como mucho" y se acuerda de "un momento" en el que 'chupó' también cocaína.

Aunque ha dicho no recordar el estado en el que se encontraba, se imagina que era "malo" cuando cogió el coche en Argoños -hasta donde le llevaron desde Santoña- para dirigirse desde allí a su casa. Ha precisado que "lo único" que puede rememorar es cómo salió de esa primera localidad y lo siguiente, ya después del impacto, cuando le despertó una camarera de una cafetería del pueblo preguntándole qué había hecho.

Así, ha asegurado no recordar "nada" desde que arrancó su vehículo hasta "segundos después" del accidente, y tampoco el momento de la colisión ni "minutos antes". Además, no sabe si por "la estupidez que llevaba encima" por el alcohol o como no tenía "conciencia" de haber consumido cocaína, pidió una verificación del test de drogas practicado.

A preguntas de su abogada, el acusado ha señalado que tras el accidente permaneció varios días ingresado, con fracturas de "todas" las costillas de un lado y "tres" del otro, lesiones en el hígado y otros órganos y la clavícula "rota".

Ha indicado que desde entonces tiene "dolores" en las rodillas y precisa tratamiento psicológico y psiquiátrico, acreditado con informes que ha presentado su representante legal, que también ha aportado el de vida laboral, los estudios realizados desde los hechos -grado en cocina-, las calificaciones obtenidas y contratos de trabajo.

En su declaración, pública a pesar de que la defensa solicitó que se celebrase a puerta cerrada -a lo que se opuso la sala-, el procesado ha relatado que desde entonces sufre ataques de ansiedad "bastante graves" y tiene "problemas" para conciliar el sueño, así como para relacionarse con la gente, a lo que se suma la pérdida de "muchos" amigos que han seguido "cogiendo" el coche como él ese día.

"La única manera que tenía yo de hacer llegar mi malestar era cortando la relación", se ha justificado el implicado, para remarcar que ha necesitado "un apoyo para ir sobrellevando la situación".

También ha destacado la indemnización a los familiares de las víctimas en la cuantía que "solicitaron", ya que "era lo único que estaba en mi mano". "Era lo único que podía hacer, intentar enmendar mi error: pagar las indemnizaciones para que las familias empezasen a cerrar la herida causada", ha explicado.

En este sentido, ha manifestado su disposición a solicitar un crédito pero como no se lo iban a conceder, sus padres le prestaron el dinero, y ahora tiene que "seguir adelante" para pagar la deuda.

Además, a través de su abogada remitió a los allegados de los fallecidos escritos pidiendo perdón y explicando cómo se sentía tras el siniestro. Algo que no hizo personalmente porque estaba "bastante afectado" a nivel psicológico y su doctora le recomendó que no se "involucrase tanto".

Así, el chico ha destacado que se ha mostrado "arrepentido en todo momento" de que murieran los ocupantes del vehículo contra el que impactó, y por tanto "de todas las decisiones que tomé esa noche, desde el primer momento al último, cuando me monté en el coche".

De este modo, ha vuelto a hacer llegar a los familiares de las víctimas su "más sincero perdón y pésame" por lo ocurrido ese día, en el que se subió al coche con la "intención de llegar a mi casa y meterme a la cama", pero no de causar "daño" a nada ni nadie.

TESTIGOS

Los guardias civiles que hicieron el atestado han señalado que en un tramo previo al siniestro con una "ligera curvatura" había huellas de derrape y frenada, fuera del carril de circulación, lo que "debería" haber aminorado la velocidad por la "fricción" aunque "no necesariamente" indica intención de frenar. "Parece más bien que estaba perdiendo ligeramente el control del vehículo", ha apuntado uno.

También han indicado que la visión de la calzada era "amplia y despejada" por lo que se podía "visualizar" al vehículo detenido ante el semáforo, que era rojo. Y desde 800 metros antes se suceden señales verticales, como cuatro semáforos, dos con paso de cebra.

El peatón que activó el que se encontraba en el lugar del siniestro para cruzar la vía ha manifestado que al pasar oyó "un golpe" y al girarse vio un turismo impactar contra el estacionado, al que desplazó. Entonces, se dio "prisa" y quedó "en shock".

Las diputadas autonómicas por Sevilla Maribel Mora y María del Carmen García han presentado este martes sus solicitudes de baja del grupo parlamentario Adelante Andalucía --que ha pedido cambiar su denominación por la de Unidas Podemos por Andalucía--, y pasarán a ser diputadas no adscritas en el Parlamento autonómico, una condición que desde el pasado mes de noviembre define la situación de la excoordinadora de Podemos Andalucía Teresa Rodríguez y de otros ocho parlamentarios que fueron expulsados del grupo en esa fecha.

De esta manera, las salidas de estas dos diputadas elevarán a once los diputados no adscritos que entraron en el Parlamento tras las elecciones andaluzas de 2018 desde las listas de Adelante, mientras que reducirán a seis los miembros que permanecerán en el rebautizado grupo Unidas Podemos por Andalucía.

Precisamente ambas salidas de estas dos diputadas se conocen apenas una semana después de que el grupo Adelante Andalucía comunicase su decisión de cambiar su denominación de forma provisional por la de Unidas Podemos por Andalucía mientras se mantuviese la "usurpación" de la marca Adelante Andalucía por parte de los promotores de la coalición que, bajo dicho nombre, celebró el pasado 26 de junio una asamblea constituyente en Granada de la que fue elegida portavoz la citada Teresa Rodríguez.

Adelante Andalucía fue el nombre bajo el que concurrieron en coalición a las elecciones autonómicas del 2 de diciembre de 2018 tanto Podemos como IU, Primavera Andaluza e Izquierda Andalucista, y que obtuvo 17 escaños en el Parlamento andaluz de los que, tras las salidas de Maribel Mora y María García, solo quedarán seis en el grupo que va a pasar a llamarse Unidas Podemos por Andalucía.

La ruptura interna del grupo se materializó el pasado mes de noviembre con las expulsiones de nueve parlamentarios solicitadas por Podemos con respaldo de IU por supuestos casos de transfuguismo de dichos diputados al haberse desvinculado de Podemos, partido al que representaban cuando concurrieron a las listas de Adelante Andalucía.

RAZONES DE SUS SALIDAS DEL GRUPO PARLAMENTARIO

En un artículo publicado este martes en el diario digital 'Público' bajo el título 'Sin rencor. Con esperanza', la parlamentaria por Sevilla Maribel Mora ha anunciado su decisión de abandonar el grupo de Adelante y pasar a ser no adscrita tras haber sido la primera senadora con la que contó Podemos tras ser designada para ello por el Parlamento andaluz en representación de la comunidad autónoma en 2015, según recuerda ella misma en dicha publicación.

Maribel Mora defiende en su artículo que Podemos e IU "se encuentran ahora mismo en las antípodas" del objetivo que se marcaba la coalición Adelante Andalucía cuando se conformó para las elecciones autonómicas de 2018 de 'construir un proyecto endógeno que participe en la refundación del Estado' y que nos llevara al 'autogobierno', lo que implicaba necesariamente 'soberanía alimentaria, energética, ambiental, identitaria, política y territorial para Andalucía'".

Según ha recordado, ella no fue expulsada el pasado mes de noviembre como sí sucedió con nueve de sus compañeros de grupo, una "operación política" hacia la que, "desde el primer momento, con el respeto y la educación con las que siempre he obrado en política, manifesté mi absoluta disconformidad", según indica Maribel Mora antes de apostillar que, "a cambio, lo que obtuve fueron un cúmulo de presiones que nunca comprendí si tenían como objetivo forzarme a abandonar mis convicciones o si, como finalmente ha sucedido, su intención era hacer que abandonara por mi propio pie el grupo parlamentario".

"Entonces creí que lo más oportuno era seguir haciendo aquello por lo que un día di el paso a la política institucional: trabajar por la justicia social y, sobre todo, por los y las más invisibles", defiende Maribel Mora, que lamenta que, "tan solo un día después de la expulsión de Teresa Rodríguez se me destituyó como vocal en la Mesa del Parlamento", e "inmediatamente como portavoz de las comisiones en las que venía trabajando desde que fui elegida". Además, "desde entonces se me ha impedido intervenir en el Pleno del Parlamento andaluz", según denuncia.

"CONTRADICCIONES"

"Han sido ocho meses en los que se me ha intentado silenciar políticamente, en los que se ha bloqueado mi trabajo", afirma Maribel Mora en su artículo, en el que, no obstante, defiende que "la razón fundamental" por la que ha tomado "la decisión de no formar parte del nuevo grupo parlamentario de Unidas Podemos por Andalucía" es porque le superan "contradicciones" como que el actual Gobierno de PSOE y Unidas Podemos "aún practique devoluciones en caliente, que se siga encerrando a personas que no han cometido delito alguno en los CIEs, que no cesen las redadas por perfil racial y que no cese el maltrato institucional al colectivo".

Y, "sobre todo, para mí, que soy una andalucista y una soberanista convencida, es imposible seguir vinculada a un proyecto que, por entrar a formar parte de un gobierno de coalición con el PSOE, ha renunciado a su espíritu transformador inicial y que, además, ubica a Andalucía en una posición subalterna", según sentencia Maribel Mora, que concluye que, "como sigo fiel a las premisas bajo las que un día fui votada por miles de andaluces y andaluzas, he de abandonar el grupo parlamentario del que había formado parte hasta ahora y que, por cambiar, tanto ha cambiado que en próximas fechas cambiará incluso de nombre".

Por su parte, María García ha explicado en unas declaraciones remitidas que el proyecto del grupo parlamentario Adelante Andalucía "hoy por hoy no tiene en absoluto nada que ver" con el proyecto "netamente andaluz" que se conformó para las elecciones de 2018.

Ha subrayado que tanto Maribel Mora como ella se sienten "identificadas" con los diputados que fueron expulsados del grupo, y "teníamos la esperanza de que todo volviera a la situación anterior a las expulsiones, que fueron injustas", según ha apuntado antes de recordar que a ella no se le expulsó del grupo de Adelante, pero sí le "han vaciado de contenido todo el trabajo parlamentario que podía hacer dentro del grupo", quitándole la portavocía de comisiones y no dejándole "participar en los Plenos", según ha lamentado antes de concluir que ya no se siente "identificada" con el grupo de Unidas Podemos por Andalucía en relación al "proyecto inicial" de Adelante.

La coordinadora general de Más País Andalucía y coportavoz federal de la formación, Esperanza Gómez, ha exigido al Gobierno medidas "urgentes que reviertan la situación límite de sus masas de agua" de Doñana.

En una nota de prensa, ha señalado que "desde hace décadas era un secreto a voces que el entorno de Doñana estaba siendo esquilmado hídricamente de forma irresponsable ante la pasividad y el cinismo de los Gobiernos central y andaluz", que por otro lado "ponen en solfa su valor y llenan sus discursos de una pátina de sostenibilidad".

La máxima responsable en Andalucía de Más País ha anunciado que su grupo federal en el Congreso ha registrado una pregunta parlamentaria en la que "se exhorta al Gobierno central a que intervenga y actúe urgentemente para salvaguarda el valor ecológico que atesora Doñana y que está en serio riesgo por la extracción masiva de recursos hídricos de sus acuíferos y ponga en marcha planes de desarrollo de la comarca que sean compatibles con el parque".

A juicio de Esperanza Gómez, "la sentencia 559/19 del tribunal continental al recurso de la Comisión Europea no hace más que, tras diez años de la denuncia de WWF, desnudar al rey, corroborar una situación de falta de control y hasta fomento, por la permisividad mostrada, para esquilmar recursos hídricos esenciales en los hábitats de Doñana", y que el último Plan Hidrológico del Guadalquivir 2015-2021 "se hizo pensando exclusivamente en consumos humanos, agrarios y turísticos sin control, medidas correctoras o alternativas".

Esta realidad, añade la coportavoz federal de Más País, "la llevan denunciando desde hace lustros todos los grupos ecologistas, expertos e investigadores científicos y asociaciones de defensa del entorno, y están hasta corroboradas por estudios e iniciativas de la administración, avisos que han sido sistemáticamente obviados por los sucesivos gobiernos andaluces y en su labor de tutela de ese entorno también por el Gobierno central".

La coportavoz federal de Más País espera que, "aunque la sentencia apunta a Gobierno Central por razones obvias, la administración autonómica no es menos negligente y está en el principio de muchos problemas", pues ha fomentado actividades y puesto en marcha planes de desarrollo "completamente equivocados para el entorno de Doñana y que a la larga han atentado con la supervivencia del espacio de mayor interés ecológico de Europa".

Según ha continuado Gómez, la Ejecutiva de Más País Andalucía ha tratado esta cuestión y ha acordado emprender acciones informativas y reivindicativas para "concienciar a la población andaluza en general y a los jóvenes andaluces en particular sobre el estado crítico que vive Doñana y la irresponsable actitud de los gobernantes andaluces, que siempre han primado el interés de algunos sectores económicos o el rédito político antes que el desarrollo compatible con el bienestar de la reserva", ha concluido.

El secretario general del PPE, Antonio López-Istúriz, ha avisado este martes de que los "bandazos oportunistas" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tras la concesión de indultos a los líderes del 'procés' y el impulso de una mesa de diálogo con el Gobierno catalán acaba con "años de esfuerzo" y "movilización" en Bruselas explicando la "gravedad" del referéndum ilegal del 1 de octubre. A su entender, esa actitud puede "pasar factura" a España.

López-Istúriz, que ha presentado el curso de verano que organiza la delegación española del Grupo del PPE bajo el título 'España, Europa y Libertad' en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), ha hecho hincapié en ese "esfuerzo, trabajo, energía y movilización de funcionarios, políticos, embajadores o empresarios" estos últimos años explicando en Europa "la gravedad del 1 de octubre y el ataque a la democracia española".

"La falta de consistencia en el relato nos puede pasar factura. El trabajo de la delegación española del PP liderada por Dolors Montserrat ha sido determinante para explicar el ataque de los independentistas catalanes a nuestra Constitución", ha declarado, para añadir que "frente a bandazos oportunistas" del Gobierno, el PP trabajará en defensa de la unidad de España.

Además, el eurodiputado del PP ha criticado que el Gobierno permitiese que la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europa aprobase el informe redactado por el socialista letón Boris Cilevics que cuestiona las penas del procés y pide retirar la solicitud de extradición a Carles Puigdemont.

A su entender, ese informe "daña" la imagen de España al "cuestionar" su sistema judicial y "equiparar" a nuestro país con "un régimen autoritario como el de Turquía". "Tampoco van a entender mucho en Europa gobernar un país con aquellos cuyo objetivo es destruirlo", ha manifestado.

"LA COMISIÓN HA IDO DESMINTIENDO AL GOBIERNO"

Asimismo, López-Istúriz ha resaltado que Pedro Sánchez hace tres años al llegar al Consejo Europeo generó "expectativas", pero sus acciones en las instituciones europeas "han ido desenmascarando la verdadera cara del presidente del Gobierno".

"Y con la pandemia descubrimos que por primera vez un presidente del Gobierno español, porque no pasó ni con Felipe González, ni con José María Aznar ni con Mariano Rajoy ni siquiera con Zapatero, se escudaba en la UE para tratar de esconder una mala gestión o criticar a la UE como hacía el hasta hace poco vicepresidente del Gobierno. Lo nunca visto", ha exclamado, en alusión a Pablo Iglesias.

Para apoyar sus palabras, ha recordado las declaraciones del Gobierno asegurando que la UE "no permitía bajar el IVA de las mascarillas", así como las relativas a la "subida de peajes de autopistas" o el "IVA de la luz", algo que ha "obligado a la Comisión Europea a reaccionar constantemente negando estas cuestiones".

"Ante todos y cada uno de estos envites, la Comisión ha ido desmintiendo al Gobierno. No recuerdo tantos desmentidos del Ejecutivo europeo en tan poco tiempo para un Gobierno", ha enfatizado, para añadir que diferentes altos cargos de la UE han "llamado la atención" al Ejecutivo por distintos asuntos como su intento de reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para rebajar las mayorías parlamentarias.

En este punto, ha señalado que "gracias al trabajo" de Pablo Casado en Europa esa reforma judicial "se pudo frenar" y no se ha producido ese "pretendido asalto al Poder Judicial" que era "un atropello al Estado de Derecho" y "ponía en riesgo la recepción de fondos europeos".

López-Istúriz ha afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene "influencia" en el exterior pero además "sufren vergüenza" en la esfera internacional con ejemplos como, según ha dicho, el breve paseo de "29 segundos" de Pedro Sánchez con el presidente de Estados Unidos en el marco de la Cumbre de la OTAN. Según ha dicho, fue la UE la que acudió al "rescate" y logró un "acuerdo" en materia de aranceles con el Gobierno norteamericano.

Tras criticar la "falta de estrategia" del Ejecutivo en política exterior y que no haya logrado a situar a sus candidatos en puestos internacionales, ha avisado que España debe replantearse su política internacional y "decidir si quiere estar al lado de los regímenes autoritarios como Cuba, Nicaragua, Venezuela o Turquía" o "del lado de las democracias liberales que llevan por bandera la libertad".

"IMPORTANTE FISCALIZACIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS"

El secretario general del PPE también se ha referido a los fondos europeos para avisar que hay que hacer reformas porque ese dinero no viene a "poner parches a las economías de la UE ni a financiar gastos al capricho de gobiernos".

Por eso, ya ha avisado que habrá una "importante fiscalización" de esos fondos, que deben sentar "las bases de una economía con reformas estructurales que generen empleo sostenible. Según ha agregado, son fondos para "mejorar el futuro de nuestros hijos y nietos, no para endeudarlos".

"No estamos dispuestos a que se repita lo ocurrido con los Gobiernos de González y Zapatero, no una tercera vez, aunque el riesgo indudablemente es importante", ha subrayado, para dar por sentado que cuando Pablo Casado llegue a la Moncloa le tocará "arreglar de nuevo esta situación".

La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha desestimado el recurso del Ayuntamiento de Barcelona contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que declaró nulo el artículo 75.2 del Reglamento Orgánico Municipal de Barcelona aprobado por el Pleno de la Corporación el 29 de diciembre de 2015, y que había sido impugnado por la Abogacía del Estado al entender que infringía la obligatoriedad de la presencia en el Salón de Sesiones o de Plenos de la efigie del Rey que dispone el artículo 85.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto de 28 de noviembre de 1986.

La Sala resuelve que el citado artículo 85.2 tiene carácter de norma básica, "que atañe a símbolos del Estado en cuanto que se ordena que en todos los municipios, en lugar preferente y en el lugar en que se reúne su máximo órgano, esté presente el símbolo de la forma política del Estado español, haciéndose visible que el poder local se ejerce en coherencia con esa forma política. No se debe olvidar que los municipios, según el artículo 137 de la Constitución, son elementos de la organización territorial del Estado. Su autonomía, garantizada por ese y otros preceptos constitucionales encuentra su sentido en el seno de esa organización", añade la Sala.

Agregan los magistrados que ello "no excluye que sobre dicha materia pudiera haber una regulación municipal, siempre que sea complementaria y respetuosa con el reglamento estatal; ni que los reglamentos orgánicos municipales opten o por reproducir lo previsto en el ROF o, simplemente, no regulen nada, centrando su reglamentación orgánica en las materias que son por entero de su competencia, dejando en este aspecto al ROF que despliegue por sí su directa fuerza vinculante".

La sentencia admite que ciertamente, "y en ese aspecto lleva razón el voto particular a la sentencia mayoritaria" del TSJ catalán, debería ser una norma con rango formal de ley la que así lo previese; ahora bien, tal afirmación sería atendible en el momento presente pero el artículo 85.2 del Reglamento es fruto del momento histórico normativo en que se aprueba y en coherencia con el punto de evolución en el que se encontraba la doctrina constitucional. Son esas circunstancias excepcionales y ya superadas, las que justifican y hacen admisible que tal previsión se haga en el ROF.

Aplicado lo expuesto al caso, el tribunal desestima el recurso de casación, "no sin dejar constancia de que los términos del litigio se ventilan entre la sentencia y el voto particular. Siendo ambos planteamientos rigurosos y bien fundados, no obstante esta Sala entiende que el parecer mayoritario es más ajustado a Derecho, apreciando en el voto particular un criterio atendible, pero en exceso formal y que deja en segundo plano el origen del ROF así como su interpretación a la luz de la evolución de la doctrina constitucional", dice la sentencia.

Resalta el Supremo, respecto de los alegatos de la parte recurrente, que el ROF "en lo ahora litigioso en nada merma el ámbito competencial del Ayuntamiento de Barcelona, su potestad de autogobierno para la gestión de los intereses que, realmente, le son propios dictando desde esa potestad normas que impliquen un régimen orgánico y de funcionamiento complementario respecto de la legislación básica y respecto de la autonómica, tanto general como del municipio de Barcelona. En este sentido la norma declarada nula de pleno Derecho por la sentencia impugnada no contenía esa regulación complementaria, sino otra claramente incumplidora del artículo 85.2 del ROF".

EL 75.2 DEL REGLAMENTO MUNICIPAL

El artículo 75.2 del Reglamento Orgánico Municipal de Barcelona señalaba que la representación de elementos simbólicos e institucionales presentes con carácter permanente en el Salón de Sesiones ha de responder a la singularidad histórica y de capitalidad de Barcelona, y a los principios democráticos, de neutralidad religiosa y de catalanidad, y que su aprobación corresponde al Pleno del Consejo Municipal, mediante acuerdo adoptado por una mayoría de dos tercios de sus miembros.

Entendió la Abogacía del Estado que tal precepto infringía la obligatoriedad de la presencia en el Salón de Sesiones o de Plenos de la bandera de España y la efigie de Su Majestad El Rey, con infracción del artículo 3.1 de la Ley 39/1981, de 28 de octubre, relativa a la bandera de España, y en cuanto a la efigie de Su Majestad El Rey, el artículo 85.2 del ROF que dispone lo siguiente: En lugar preferente del salón de sesiones estará colocada la efigie de S. M. El Rey.

La sentencia del Supremo se ciñe sólo a lo relativo a la efigie del Rey y a analizar si dicho artículo 85.2 del ROF es norma básica y no puede quedar desplazada por los reglamentos orgánicos municipales.