El director de eldiario.es, Ignacio Escolar, ha defendido este martes la necesidad de "distinguir entre la desinformación y la propaganda interesada". Se ha referido a la diferencia entre los dos fenómenos, por un lado, "las personas que de forma desinteresada transmiten sin ser conscientes un bulo" y, por otro, "estructuras organizadas de partidos, organizaciones, grupos de presión que difunden mentiras intencionadamente utilizando la influencia de las redes sociales".

Ignacio Escolar ha asistido como ponente a la mesa redonda 'Los medios de comunicación antes, durante y después del Covid-19, presente y futuro: la prensa', programada dentro del seminario 'El periodismo antes, durante y después del Covid-19', que forma parte de la 19 edición de los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide. Estos encuentros se celebran en la sede Olavide en Carmona-Rectora Rosario Valpuesta, situada en la casa palacio de los Briones.

Ante la cuestión de cómo combatir la desinformación desde los medios en internet, ha argumentado que "se afronta con periodismo, haciendo un esfuerzo aún mayor desde las redacciones por eliminar los bulos y la desinformación".

Respecto al reto que ha supuesto la pandemia para los medios de comunicación, el director de eldiario.es se ha referido a ésta como "una especie del túnel del tiempo", en relación a la rapidez con la que las tecnologías y los hábitos de consumo de las mismas han avanzado en el tiempo del confinamiento. "Ha pasado en muchos ámbitos de nuestras vidas, como las videoconferencias, pero en el ámbito de la prensa ha afectado por dos motivos; por un lado, acelerando la transición del papel a la web y, por otro acelerando, la transición del gratis al pago", ha detallado.

En relación al modelo de financiación de la prensa online, ha indicado que "casi todos los periódicos españoles de calidad han apostado por modelos de pago" y que el modelo de socios o suscriptores, como el aplicado por eldiario.es, es el futuro de la prensa online ya que "absolutamente todos los periódicos de referencia del mundo han implantado este modelo de ingresos que llevamos utilizando desde 2012". Ha precisado que el modelo de eldiario.es es "diferente al modelo tradicional porque permite a quien no tenga ingresos seguir leyendo".

Sobre la razón por la que se apuesta por este plan económico basado en suscripciones al medio online ha señalado que, "por un lado, están disminuyendo los ingresos por publicidad en todo el mundo por la puja de las nuevas plataformas y, por otro lado, cada vez hace falta mayor volumen de impresiones para generar los mismos ingresos publicitarios", ya que "hay menos publicidad y se paga peor".

Por otro lado, recalcado la importancia de enseñar a los alumnos desde los colegios "cómo se informa y cómo reconocer una noticia falsa". Ignacio Escolar ha precisado que los métodos para ello "no son complicados, en una hora se pueden aprender, ya que hay determinadas muletillas como que te pidan que reenvíes la información al mayor número de personas posible o que es información que los medios no quieren que sepas".

Ignacio Escolar ha comparado, "salvando las distancias", lo que ocurre con la desinformación en las redes con lo que supuso en el siglo pasado la invención de los medios de comunicación de masas. Ha observado que "la propaganda y cómo fue utilizada por los totalitarismos fue tan eficaz en parte porque había un terreno virgen, una sociedad que no sabía ni detectarla ni enfrentarse a ella".

"Esta nueva revolución tecnológica nos ha traído nuevos medios de comunicación que han tenido gran impacto en la sociedad, porque no existe el conocimiento necesario para distinguir en ellos la mentira y la verdad, así como los efectos que produce", ha recalcado.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha evitado este martes pronunciarse sobre la declaración de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal como imputada en la 'Operación Kitchen' y ha defendido la presunción de inocencia.

"Desde el PP anunciamos hace meses que nos mantendríamos al margen y no llevaríamos a cabo ningún tipo de declaración al respecto y es lo que vamos a seguir haciendo, respetando el trabajo que hacen los jueces y la presunción de inocencia que tienen todos aquellos que comparecen en sede judicial", ha declarado.

Así se ha pronunciado Gamarra, en una rueda de prensa en el Congreso, al ser preguntada por esa declaración de Cospedal ante el juez en la que ha reconocido que se reunió varias veces con el excomisario José Manuel Villarejo en la sede del Partido Popular pero no le hizo ningún encargo.

Gamarra ha hecho hincapié en que el PP ya dijo que no llevarían a cabo "ningún tipo de declaración" sobre estos casos que ahora se están juzgando, aludiendo así a las manifestaciones que realizó en febrero ante el Comité Ejecutivo del PP su jefe de filas, Pablo Casado. Entonces éste afirmó --coincidiendo con el inicio del juicio por la reforma de la sede del partido supuestamente pagada con dinero negro-- que la actual dirección del PP no iba a "volver a dar explicaciones sobre ninguna cuestión pasada".

EL PP VA A RESPETAR LAS DECISIONES JUDICIALES

Esta mañana, antes de esa declaración de Cospedal ante el juez, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha asegurado que su formación respetará la decisión judicial y ha subrayado que el presidente del partido ha expresado con una "claridad absoluta" su compromiso con "la ejemplaridad. Eso sí, ha recalcado que es "decisivo" también "reivindicar" la presunción de inocencia.

Al ser preguntado por el hecho de que a primeros de junio el PP decidiera no abrirle expediente a Cospedal por la 'Operación Kitchen' y si eso no contraviene los Estatutos del PP, Montesinos ha indicado que así se pronunció el Comité de Derechos y Garantías del partido, que es el "órgano pertinente para tomar esa decisión" e hizo "un comunicado público".

De esta forma se ha referido a la decisión que el 4 de junio difundió el órgano disciplinario del PP acordando no abrir expediente informativo a Cospedal tras su imputación en la 'Operación Kitchen' argumentando que la presunta conducta no resulta del "ejercicio de un cargo público o representativo".

Según la nota emitida entonces por el PP, y tras analizar la situación de Cospedal, en el artículo 22.1 de los Estatutos del partido, el que se refiere a "supuestos especiales del régimen sancionador a afiliados", se señala que se sancionaría "en el caso de que un afiliado incurra en cualquier forma de corrupción en el ejercicio de un cargo público o representativo".

MONTESINOS: "COMPROMISO TOTAL CON LA EJEMPLARIDAD Y LA TRANSPARENCIA"

En esa entrevista en Antena 3, Montesinos ha señalado que el PP, y a "diferencia" de otras formaciones que "cuando no le gusta una decisión judicial lo que hace es atacar al Poder Judicial", lo que hace es "respetar los procedimientos judiciales y reivindicar también la presunción de inocencia". "Es muy importante y decisivo respetar esa presunción de inocencia en el marco del Estado de Derecho", ha abundado.

El responsable de Comunicación del PP ha subrayado además que, en el ámbito político, Pablo Casado ya se ha pronunciado "muy claramente ante los órganos internos del partido, con una claridad absoluta". "Y nuestro compromiso con la ejemplaridad y con la transparencia como bien ha explicado el presidente de PP es total", ha resaltado.

El diputado y portavoz del Grupo Popular en el Parlament balear, Toni Costa, ha exigido este martes al Govern, la destitución de las personas que autorizaron el concierto de reguetón en Plaza de Toros de Palma, al que se ha abierto un expediente tras ser considerado una de las situaciones que han podido provocar los contagios de jóvenes estudiantes en viajes de fin de curso a la isla de Mallorca que han supuesto un 'macrobrote'.

Según ha valorado el 'popular' Toni Costa en una rueda de prensa, "el macrobrote de COVID-19 que ya afecta ya a 1.200 jóvenes en España y 5.000 personas en cuarentena es una situación de extrema gravedad que se ha producido después de que Baleares diera autorización sanitaria para el macroconcierto con miles de personas en la Plaza de Toros de Palma".

"Haber autorizado este concierto es un hecho de irresponsabilidad extrema, sobre todo tras haber obtenido las advertencias de agentes policiales y de los técnicos de emergencias", ha añadido el diputado y portavoz del Grupo Popular en el Parlament.

"Es gravísimo que se autorizará un concierto con 2.000 personas, con la condición de que estas no bailasen. ¿Alguien se puede creer que jóvenes de 17 y 18 años en un concierto de reguetón no bailará?", se ha preguntado.

Costa, además, ha hecho hincapié en que "el Govern es responsable de esta situación como demuestra que el lunes hayan aprobado nuevas restricciones, evidenciado que las que había hasta entonces eran manifiestamente insuficientes, y que este martes se hayan reunido para coordinar las acciones que llevar a cabo, mostrando que se actuó con descoordinación".

"La situación es de improvisación total, de que se van haciendo las cosas tarde para ir tapando los agujeros de los acontecimientos que van surgiendo", ha criticado Costa, quien ha pedido que la reapertura del ocio nocturno "se haga respetando las evidencias que demuestran las pruebas pilotos para que cuando se abra sea de forma segura".

"Nos parecen bien las restricciones razonables, que no impidan que se visite Baleares como es totalmente deseable, tomadas desde la prudencia y la responsabilidad, lo que no se entiende es la falta de equilibrio, el haber pasado en a penas un mes de un extremo a otro", ha incidido.

Por ello, ha exigido al Govern la destitución de las personas que autorizaron el concierto de reguetón en Plaza de Toros de Palma al que se ha abierto el expediente por haber sido considerado una de las situaciones que han podido provocar los contagios de estudiantes en viajes de fin de curso Mallorca que han supuesto un 'macrobrote'.

"Las personas que autorizaron los conciertos no pueden seguir en sus puestos de trabajo", ha incidido Costa, quien ha apuntado que "el 'macrobrote' puede suponer un riesgo del aumento de los contagios en Baleares y un desastre para la temporada turística por la imagen que se ha transmitido".

SOBRE LOS JÓVENES QUE CONTINÚAN EN MALLORCA

Por otro lado, el diputado y portavoz del Grupo Popular en el Parlament se ha referido a los jóvenes afectados por el 'macrobrote' que continúan en la isla de Mallorca, de quienes ha dicho que "no es admisible que se les obligue a guardar cuarentena si no se demuestra que son contactos estrechos".

Al respecto, ha puntualizado, si bien, que, hasta la fecha, "el PP no tiene constancia de que se haya incumplido la ley con ninguno de los jóvenes estudiantes que permanecen en la isla".

"El PP no dice que se esté incumpliendo ninguna ley lo que hace es exigir que se cumpla la normativa vigente a todos los efectos y que el Govern, aprovechando esta difícil situación, no se extralimite de sus funciones y evite errores de los que la presidenta Armengol pueda arrepentirse", ha incidido Costa.

"Hay que apelar a la prudencia y a la responsabilidad de toda la ciudadanía y especialmente de los jóvenes", ha afirmado pero también, ha añadido, "hay que acelerar la vacunación de este colectivo que es la que más contactos mantiene, especialmente en esta época del año".

COSTA: "ARMENGOL NO PUEDE SEGUIR ESCONDIDA EN EL CONSOLAT DE MAR"

Con todo, ante lo ocurrido y tal y como ya hiciera este lunes en Ibiza, Costa ha vuelto a reclamar la comparecencia urgente de la presidenta del Govern, Francina Armengol, en el Parlament "porque es el órgano representativo de la ciudadanía balear".

"Exigimos a la presidenta Armengol que salga a dar la cara porque no puede seguir escondida en el Consolat de Mar y solo publicar un hilo de mensajes en Twitter porque no soluciona nada", ha destacado.

Para el PP, "es inconcebible que Armengol pretenda solventar este asunto con una comparecencia de la consellera de Salud y Consumo en el Parlament". "La presidenta no debería siquiera haber esperado a que desde el PP se pidiera su comparecencia, si no haber pedido ella misma comparecer de forma voluntaria ante la Cámara porque los hechos son de tal gravedad que trascienden a la Conselleria de Salud", ha incidido.

El diputado y portavoz 'popular' en el Parlament balear, Toni Costa, ha considerado que "la comparecencia de Armengol ha de servir para aportar transparencia, garantías, seguridad y confianza; así como para evidenciar que se controlará la situación". Una situación en la que, ha añadido, "el PP está para ayudar a que se controle" con el fin de "volver a la tranquilidad y tener una temporada segura".

La portavoz del Govern, Patricia Plaja, ha sostenido este martes que el Gobierno de Pedro Sánchez no puede mirar hacia otro lado en el caso del Tribunal de Cuentas, que afecta a excargos de la Generalitat: "Esperamos que, además de tomar nota, trabaje en una solución".

Lo ha dicho en rueda de prensa tras el Consell Executiu, en la que ha avanzado que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, trasladará este asunto a Sánchez en la reunión de la tarde de este mismo martes en La Moncloa: "Esperamos pasos del Gobierno en este caso", ha insistido.

Plaja ha garantizado que la Generalitat hará una "oposición frontal" a este caso del Tribunal de Cuentas, que cree que hace referencia a unos delitos inexistentes que no han perjudicado a la administración y que forma parte de una ola represiva del independentismo, según ella.

Ha recordado que el ministro y dirigente socialista José Luis Ábalos aseguró que el caso representa una piedra en el camino: "Consideramos que está muy bien que hayan detectado esta anomalía de un tribunal que en realidad no lo es, pero pedimos al Gobierno que, a parte de hacer este diagnóstico, mueva ficha ante lo que consideramos que es una anomalía en un sistema democrático".

OPOSICIÓN AL PAGO

Ha destacado que por ahora no se ha hecho efectivo ningún pago y ningún embargo, y ha insistido en que la Generalitat no se considera perjudicada, "y es por eso que se opone frontalmente a que se pague este dinero", después de que el Tribunal de Cuentas haya fijado en 5,4 millones la responsabilidad contable que se reclama a los excargos afectados.

"Se está reclamando un dinero que dicen que se ha malgastado, y la propia administración catalana, que teóricamente es víctima, es la que está diciendo de forma categórica que en ningún caso este dinero se ha malgastado", ha remarcado, y ha dicho que el caso pretende arruinar a familias para crear miedo entre la ciudadanía y los cargos públicos independentistas.

Ha garantizado que el Govern estará "al lado de todos los perjudicados" y ha asegurado que sus servicios jurídicos están trabajando en el asunto, aunque ha descartado detallar qué pasos tomará la Generalitat, porque considera que el asunto requiere discreción.

Preguntada por si la Generalitat tomará medidas como pagar las cantidades fijadas por el Tribunal de Cuentas o presentar un informe negando haber sido perjudicada, Plaja ha insistido en rechazar avanzar las acciones que impulsará el Govern, que ha asegurado que "trabaja para minimizar al máximo el impacto" del caso.

Plaja ha subrayado que el Tribunal de Cuentas "no es un tribunal, pese a su nombre, sino un órgano administrativo parajudicial que busca venganza", que está politizado y que ha llevado este caso de forma arbitraria, por lo que cualquier otra persona se podría ver afectada en el futuro, según ella.

La portavoz del Govern, Patricia Plaja, ha afirmado que en la reunión de este martes en La Moncloa el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, quiere acordar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el contenido, un orden del día y la metodología de la mesa de diálogo "para hacerla útil".

En rueda de prensa posterior al Consell Executiu, ha subrayado que Aragonès quiere que sea una reunión "útil" de trabajo y no un simple encuentro de cortesía para hacerse una foto, y considera que debe servir para iniciar el acercamiento entre los dos gobiernos para facilitar el diálogo con el objetivo de solucionar el conflicto catalán.

"La voluntad es que la de hoy sea una reunión útil de negociación. Hoy no se va a pactar nada, es una reunión de negociación de dos presidentes de tú a tú que hablan de un conflicto político reconocido por parte de las dos partes que están en posiciones muy alejadas, pero que precisamente comienza hoy esta primera reunión entre dos presidentes que debe servir para ir haciendo un acercamiento", ha resumido.

Plaja ha asegurado que para el Govern es más importante pactar el contenido de la mesa de diálogo que fijar una fecha para reactivarla, aunque esperan que también se decida en la reunión: "Tenemos claro que el punto de partida son dos posiciones muy alejadas, hay que dar contenido y metodología, y después fijar una fecha, que esperamos que también salga hoy".

"Para el Govern es importante decidir cuándo se retomará la mesa de negociación pero todavía es más importante acordar el contenido, el orden del día y la metodología para hacerla útil", ha argumentado.

En el encuentro, Aragonès trasladará a Sánchez la necesidad de poner "fin a la represión", incluida la causa del Tribunal de Cuentas, y que España cumpla el informe del Consejo de Europa, que cuestiona las condenas del 1-O y pide retirar las peticiones de extradición a los dirigentes independentistas en el extranjero.

Así, Aragonès planteará que la amnistía y un referéndum de autodeterminación son los grandes consensos de la sociedad catalana, que considera que son la única vía para resolver el conflicto catalán.

NEGOCIACIÓN "DE IGUAL A IGUAL"

Para el Govern, es necesario que las dos partes pongan sobre la mesa las propuestas para superar el conflicto, ya que cree que hasta ahora el Gobierno de Sánchez no ha dicho cuál es la suya: "La voluntad del presidente es que estos interrogantes acaben desapareciendo esta tarde y estemos ante una reunión útil".

Con esta reunión, el presidente catalán pretende establecer las bases de una negociación "de igual a igual, partiendo del reconocimiento de un conflicto político y de la existencia de dos sujetos políticos enfrentados".

Aragonès también quiere abordar en la reunión "temas de relevancia" como la gestión de los fondos europeos y la recuperación social y económica tras la pandemia del coronavirus, que el jefe del Ejecutivo catalán ya ha reiterado en varias ocasiones que son cuestiones que se deben abordar en los órganos bilaterales que ya tienen la Generalitat y Gobierno, pero no en la mesa de diálogo, que se debe ceñir en el conflicto, según él.

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid no ha conseguido el 'sí' de ninguno de los grupos municipales con representación en el Consistorio -PP, Más Madrid, PSOE y Vox-- para aprobar una moción en la que los 'naranjas' solicitaban instar al Gobierno de la Nación a "impulsar de manera inmediata una Ley de regulación de Gestación Subrogada".

Ha sido la vicealcaldesa, Begoña Villacís, quien ha defendido esta iniciativa en el Pleno, donde ha expuesto que el modelo de gestación subrogada sería el modelo canadiense, esto es, una mujer mayor de 25 años, con situación económica estable, sin antecedentes, que haya gestado al menos un hijo.

"Hablamos de una mujer, esto es importante. Es una mujer, no un vientre. No estoy dispuesta a aceptar que se cosifique a la mujer. No se puede cobrar por una gestación subrogada, no hay alquiler porque no hay contraprestación", ha expuesto, para añadir a continuación que como madre de tres hijas nunca hablaría de un bebé como "un objeto".

"Si soy la que pare y decide, ninguno de ustedes son para decidir por mí. ¿Quiénes son ustedes para decidir por mí?", ha espetado. La vicealcaldesa ha pedido respeto para las mujeres que quieran gestar, ya que es "totalmente voluntario". "Les pido que dejemos disfrutar a las familias. No es una violencia", ha concluido.

Por su parte, la concejala de Vox en el Ayuntamiento Arantxa Cabello ha rechazado el "vender niños" que supone la gestación subrogada que ha defendido la vicealcaldesa, Begoña Villacís, en el Pleno de Cibeles, con una propuesta para instar al Gobierno de la Nación a autorizar el cambio legislativo. La moción ha sido rechazada por todos los grupos menos Cs.

Tras seguir las palabras de Villacís en Cibeles, Cabello ha reprochado que le ha parecido estar "escuchando a la patronal de los vientres de alquiler" identificando a "los bebés como un producto, los clientes con personas pudientes y las máquinas de fabricar bebés son mujeres con pocos recursos".

Cabello, que se ha reivindicado como mujer y madre, ha lanzado a Villacís que las criaturas "no se generan para luego regalarlas o venderlas porque, al final, se venden niños". "Es una cuestión de dignidad humana", ha apostillado asegurando que Vox defiende "los derechos de la mujer porque la esclavitud afortunadamente hace mucho que acabó".

La concejala de Vox, portavoz de su formación en la comisión de Familias, Igualdad y Bienestar Social, ha insistido en que la gestación subrogada es "una cuestión de mercantilización burda de la mujer". "Somos personas", ha terminado.

LA IZQUIERDA REPROCHA PONER "PRECIO A ÚTEROS Y DESHUMANIZAR A MUJERES"

La concejala socialista Emilia Martínez ha rogado a Villacís que se centre en asuntos municipales porque a Cibeles "no se viene a competir contra el Gobierno ni contra su líder, Inés Arrimadas, a quien usurpa sus funciones en el Congreso".

La edil se ha referido así a que los 'naranjas' llevaron una moción a la Carrera de San Jerónimo sobre la gestación subrogada tanto en 2017 como en 2019. Tanto PP como Vox la rechazaron, igual que el PSOE.

Esta petición para legalizar los "vientres de alquiler" es "previsible y oportunista". También ha cargado contra este "nicho de mercado" que pasa por "comprar el cuerpo de una mujer".

En la misma línea ha ido la concejala de Más Madrid Carolina Pulido, que ha pedido a Villacís que sea "honesta y llame las cosas por su nombre, vientres de alquiler", que lo que hace es "poner precio a los úteros y deshumanizar a las mujeres y sus criaturas".

Pulido ha recordado a Cs que existen vías legales y sin conflictos éticos como la adopción, la fecundación asistida o el acogimiento. Las edil de Más Madrid ha remarcado además que ser padre o madre es "el deseo de una persona adulta, no un derecho". "No somos incubadoras ni vasijas", ha concluido.

El Tribunal de Cuentas ha fijado inicialmente en 5.422.879,48 euros la responsabilidad contable inicial que se reclama al president de la Generalitat que permanece huido en Bélgica Carles Puigdemont, al expresident Artur Mas, a los indultados Oriol Junqueras, Raül Romeva y a otros 37 ex cargos de la Generalitat por el presunto desvío de fondos para las denominadas 'embajadas catalanas' y al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat, según el acta de liquidación.

Según este documento, de este importe total 5.151.156 euros corresponden al principal y otros 271.723,48 euros a intereses calculados previa y provisionalmente desde el día 28 de marzo de 2019, fecha de aprobación por el Pleno del Tribunal de Cuentas del informe de fiscalización, hasta la fecha del acto de liquidación fijado para este martes.

Se les reclaman a cada uno cantidades individuales por conceptos concretos que aprobaron cuando estaban en sus respectivos cargos, si bien todos ellos deberán responder al total de forma solidaria hasta os 5,4 millones del total, según fuentes del órgano contable consultadas.

Así, por ejemplo, las responsabilidades individuales se fijan en 1,9 millones de euros para Puigdemont y Junqueras, 2,1 para Romeva y 2,8 para Artur Mas. "La solidaridad se dará exclusivamente en las cuantías que corresponden a los periodos temporales de desempeño del cargo de cada uno de ellos", añade el documento.

Todas ellas se sumarán a los 4,1 millones de euros que la instrucción del tribunal contable calculó que costó el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y que ya fueron consignadas por personas del entorno independentista.

15 DÍAS PARA ABONAR

Durante el trámite de este martes, a los abogados de los afectados se les ha entregado un documento de 504 páginas que tendrán 3 horas para leer, tras lo cual cada uno de ellos tendrá unos 10 minutos para alegar 'in voce' con independencia de a cuántas personas representen lo que es tildado de "procedimiento arbitrario" por alguna de las defensas. Una vez notificado el expediente de liquidación los responsables tendrán un plazo de 15 días para abonar el dinero.

El abogado de Puigdemont, Gonzálo Boye se ha retirado de la vista tras presentar por escrito sus alegaciones. En declaraciones a los medios de comunicación ha reprochado que "solo" se les haya dado 10 minutos a los abogados sin importar la cantidad de clientes que tengan en el procedimiento. Asimismo, ha criticado las explicaciones aportadas por el órgano fiscalizador durante el procedimiento.

"Se necesita un manual de instrucciones para entender lo que están haciendo", ha dicho en referencia al acta de liquidación provisional que ha facilitado este martes el Tribunal de Cuentas. En el marco de su declaración, ha avisado que se reserva "acciones" para otras jurisdicciones.

En el acto están presentes tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, además de los representantes legales de la Generalitat, de Diplocat, de las sociedades Abogados Catalanes por la Constitución y de "Sociedad Civil Catalana, estos dos últimos personados como acción pública.

CONCEPTOS DE GASTO

Entre los conceptos por los que se reclama están los viajes al exterior del presidente y los consejeros de la Gereralitat (317.790,97 euros) y las actividades de la Secretaría de Acción Exterior y de la Unión Europea. Dentro de este epígrafe se reclama por las actividades relacionadas con el proceso de autodeterminación (27.189,47 euros) por los encuentro con delegados (3.863,85 euros) y por contratos varios otros 21.175 euros.

También se reclaman los gastos de las delegaciones del Gobierno en el Exterior y ante la Unión Europea. Dentro de este capítulo se cifran 3.22,48 euros por utilización de locales y 205.081,27 euros por los gastos en las delegaciones de Francia, Ginebra, Polonia, Alemania Reino Unido, Estados Unidos, EE.UU., Austria, Italia, Dinamarca y la Unión Europea relacionados con el proceso de autodeterminación (205.081,27). El documento añade que falta documentación justificativa por gastos en estas sedes por valor de otros 261.581,52 euros a lo que hay que sumar pagos injustificados (151.430,93 euros), servicios de asesoramiento y elaboración de informes (149.554,76 euros) y gastos en atenciones protocolarias y representación (32.844,24 euros).

A todo ello se añade, según las cuentas realizadas por el órgano fiscalizador, gatos en contratos de las delegaciones de Estados Unidos (92.843,61 euros), contratos en las delegaciones en Ginebra y la Unión Europea con HCSS (123.500 euros) y gastos de personal en estas delegaciones por valor de otros 127.813,54 euros.

PATRONATO DE CATALUÑA Y CONSEJO DE DIPLOMACIA

Un cuarto capítulo pasa por las actividades de promoción del proceso soberaneaste a través del Patronato de Cataluña y el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (DIPLOCAT), y en este punto se incardinan actividades tanto parlamentarias como académicas, culturales y deportivas por un total de gasto de 451.487,86 euros, a los que se suma un capítulo llamado "implicación de la Sociedad Civil Catalana" en debates europeos y "observación electoral" por 152.578,87 euros.

Dentro de los gastos por visitas internacionales a líderes de opinión, periodistas, comunicación y promoción en red se reclaman una de las cantidades más altas, un total de 932.125 euros, mientras que en el personal del diplocat aparecen gastos como la demanda de dos trabajadores por el cierre de la oficina de Lleida (80.232,96 euros) y la plaza de jefe de prensa por 134.286,76 euros.

También se fijan los gastos por el contrato con la empresa Independt Diplomat por 1.392.300 euros y el contrato de arrendamiento del inmueble de Bruselas por 17.154,38 euros. Diplocat también gastó, según ha cifrado el Tribunal de Cuentas, en una empresa de trabajo temporal 6.061,21 euros y en la difusión de una conferencia sobre "un nuevo paradigma económico de Cataluña" 44.970,16 euros.

Finalmente, en subvenciones del Diplocat se gastó 422.056,66 euros, lo que eleva la cifra total reclamada a 5.151.156 euros, llegando a los más de 5,4 millones al sumar los intereses.

El condenado por allanamiento, agresión sexual y asesinato de su prima hermana en la isla de Fuerteventura ha sido penado con 41 años de prisión, según consta en la sentencia de la Sección II de la Audiencia Provincial de Las Palmas.

Además, tiene prohibición de acercarse o comunicarse de cualquier forma con los padres de la víctima durante 10 años y debe pagar indemnizaciones por un importe total de 350.000 euros.

El Tribunal, en concreto, le impone 25 años de prisión por un delito de asesinato con agravante de disfraz y aprovechamiento de tiempo y lugar; 14 años y 6 meses por el de agresión sexual con agravante de alevosía y un año y 6 meses por el de allanamiento de morada, también con agravante de disfraz y aprovechamiento de tiempo y lugar.

Fue declarado culpable por un jurado por todos los delitos y las acusaciones representadas por el Ministerio Fiscal, la familia de la víctima y el Instituto Canario de Igualdad pedían 42 años de prisión.

RETRASO MENTAL DE "CARÁCTER LEVE", "SIN ALTERACIÓN DE SU VOLUNTAD"

El condenado sufre un retraso mental "de carácter leve" que el Tribunal de Jurado considera que no supone "ninguna alteración de su voluntad, capacidad de comprensión y conciencia de su actuar en el momento de los hechos".

La Sección II de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha detallado también a través de la sentencia que una vez sea puesto en libertad, el condenado estará 5 años en libertad vigilada como consecuencia de la pena por agresión sexual.

El condenado también lo ha sido a inhabilitación absoluta y especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de las condenas y no podrá acogerse a indulto, dado que el jurado lo rechazó de forma unánime.

LA GOLPEÓ HASTA 30 VECES CON UN MARTILLO

El jurado consideró probados que el condenado robó las llaves de la casa de su prima hermana y entró armado con un martillo, dos navajas y una cuerda cuando pudo certificar que se encontraba sola y dormida.

La golpeó repetidamente en la cabeza con el martillo, hasta 30 veces, y casi muerta la agredió sexualmente. Intentó limpiar la sangre y ocultar el cuerpo sin vida de la mujer y al no poder hacerlo abandonó la vivienda.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha augurado que la reunión que mantendrán este martes en el Palacio de la Moncloa el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, "girará en torno a la amnistía y el referéndum", ya que, a su entender, "los golpistas son insaciables".

"Sin duda alguna es un encuentro que, lo vendan como lo vendan, es posterior a los indultos y previo a la reanudación de la mal llamada mesa del diálogo, lo que supone que Sánchez se va a seguir echando en manos de los independentistas para seguir en La Moncloa", ha declarado Gamarra en una rueda de prensa en el Congreso.

La dirigente del PP ha subrayado que "los separatistas y los golpistas son insaciables" y, por tanto, no se van a conformar con los indultos a los condenados por sedición y malversación que aprobó el Consejo de Ministros hace una semana.

"SÁNCHEZ HA ENGORDADO LAS ANSIAS DE INDEPENDENCIA"

"Tras los indultos, todo girará en torno a la amnistía y el referéndum de autodeterminación o de independencia pactado que no cabe en la Constitución y que siguen exigiendo al Gobierno", ha manifestado.

Tras asegurar que Sánchez "mintió" en la campaña electoral cuando dijo que no concedería los indultos, ha señalado que ahora al dar ese paso ha "engordado las ansias de independencia y de amnistía de aquellos que pusieron en jaque al Estado de Derecho".

Gamarra ha afirmado que, "ante todos esos pulsos que Sánchez ha decidido echar" al Estado de Derecho "de la mano de los independentistas", el Partido Popular "estará enfrente" para defender la legalidad y la igualdad de los españoles, ya que, la ley "es la piedra angular de todas las libertades".

"DONDE NO HAY ARREPENTIMIENTO, HAY REINCIDENCIA"

Al ser preguntado si, ante el hecho de que Aragonès haya anunciado que emprenderá una ofensiva en Europa para que se le vuelvan a abrir las puertas de la Comisión Europea, el PP teme que el independentismo tenga éxito con esa campaña, Gamarra ha indicado que el Gobierno de España debería "estar defendiendo los intereses de España ante cualquier ataque al Estado de Derecho y la integridad territorial que se pueda plantear".

"Si no lo hace el Gobierno de España, el PP lo hará y dará esa batalla en todas las instituciones europeas. Lo hemos hecho siempre y los españoles saben que no le vamos a defraudar", ha dicho la portavoz de los 'populares'.

Así, ha insistido en que si hay "abandono" del Ejecutivo se encargarán de defender esa legalidad e integridad territorial frente a los que "quieran romperla", instando "todos los instrumentos" que tengan a su alcance para que los pasos de los independentistas enfocadas a reiterar conductas que fueron sancionadas en el pasado "vuelvan a tener el mismo resultado por la acción del Estado de Derecho".

Gamarra ha subrayado que los indultos "sin arrepentimiento y sin respaldo del tribunal sentenciador y de la Fiscalía sin duda alguna son el camino hacia la reincidencia". "Donde no hay arrepentimiento hay reincidencia", ha proclamado.

Unidas Podemos ha avanzando que durante esta semana registrará una petición de indulto para Juana Rivas, cuya sentencia condenatoria revela que una parte del Poder Judicial se ha convertido en una "cueva de señoros" al "margen de la ley" y con una actitud de "desobediencia" respecto a las medidas contra la violencia de género.

Así lo ha indicado en rueda de prensa la diputada de la formación y portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Aina Vidal, para destacar que, con esta nueva petición, dan un paso "más" en apoyo a conceder esta medida de gracia a Juana Rivas, que es un "clamor" y se suma al indulto que está en tramitación actualmente.

Vidal ha desgranado que si algo dota de sentido a los indultos es poder "corregir las injusticias perpetradas por parte del Poder Judicial, que sigue negándose a cumplir con algunas de las leyes principales constitucionales".

CARGA CONTRA EL JUEZ QUE CONDENÓ A RIVAS

Al respecto, ha citado concretamente al magistrado Manuel Piñar, autor de la sentencia contra Juana Rivas y que "no tuvo ningún reparo en tachar las medidas de protección a víctimas de violencia de género de autoritarias, llegándolas a comparar incluso con prácticas de los tiempos de Hitler y Stalin".

También ha dicho que este juez es conocido por sentencias que lleva dictando desde 1999 y ha leído una parte de una de sus resoluciones, que rebajó la indemnización de una mujer tras sufrir un accidente de tráfico al entender que su cicatriz solo se podía ver "en situaciones íntimas y cuando va en traje de baño, por lo que podría ser un elemento de atracción física viendo la belleza y atractivo de la persona".

Por tanto, ha estimado que Rivas, que fue "injustamente encarcelada por defenderse a sí misma y a sus hijos", es "víctima" de una parte de la judicatura que se declara en "desobediencia" sobre algunos de los principios democráticos y leyes del país, especialmente en el caso de la protección de las víctimas de violencia de género.

DEBATE SOBRE LA COMPLICIDAD DE MAGISTRADOS CON LA VIOLENCIA MACHISTA

En consecuencia, pedirán el indulto no solo para resolver el caso concreto de Rivas sino también para "abrir un debate de la complicidad de algunos jueces con la violencia machista, algo que está fuera de la moral, la ética, del principio de igualdad y sobre todo fuera de la ley".

Además, Vidal ha augurado que presentarán más iniciativas próximamente en este sentido, al entender que el Poder Judicial "no puede ser una cueva de señoros al margen de los avances consensos sociales" del país.

"Vamos a ser totalmente firmes con la petición de indultos y entendemos que hay jueces en la judicatura española que claramente están al margen de la ley y los consensos", ha zanjado.

El director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, ha pedido este martes 29 de junio a los directores de comunicación españoles que eviten los anglicismos y usen el "tecnolenguaje lo menos posible" para "hablar claro y que lo entiendan los demás".

"Hablemos claro para que nos entiendan los demás, usemos los tecnolenguajes lo menos posible. Los anglicismos no nos molestan demasiado pero hay palabras alternativas. Muchas veces se usan para presumir y porque quedan bien en la conversación", ha lamentado Muñoz Machado en la gala organizada con motivo de la IV Edición de los Premios Dircom Ramón del Corral 2021.

El director de la RAE ha resaltado que cada año se incorporan al Diccionario de la Lengua Española cerca de dos docenas de anglicismos, "algo que casi no se nota" en un documento que cuenta con 94.000 palabras compiladas. "Pero seamos razonables a la hora de usar palabras que no están asumidas aún en el común de las gentes", ha apuntado.

"Debemos utilizar esas palabras y no sustituirlas gratuitamente por otras que no están en el diccionario, palabras extranjeras o no consolidadas. Las palabras no entran en el diccionario caprichosamente: miren el diccionario, 'dircoms', que es muy accesible", ha recomendado Muñoz Machado con humor. El académico ha recordado que palabras como 'webinar' o 'partner' --incluso la propia 'dircom'-- no están en el diccionario y "tienen su sustitutivo útil".

Por su parte, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, se ha posicionado en esta misma línea, apuntando que "muchas palabras se incorporan en un lenguaje vivo". "Pero si podemos usar palabras de origen en español, mucho mejor, porque si hay palabras en nuestra comunidad no hacen falta incorporarlas", ha añadido.

"Bien está toda la creatividad que sirve para aportar cosas, pero que no rompa la gran comunidad de un idioma de 500 millones de hablantes. En el lenguaje la creatividad está muy bien y aporta cosas, pero cuidado que eso no sirva para romper lo ya construido", ha aseverado el filólogo.

Muñoz Machado ha recordado a estos directivos de la comunicación su "obligación de que el mensaje sea claro", recordando el "papel soberano" de la sociedad en materia de idioma. "Siempre puede haber discrepancias sobre el uso de palabras que a uno se le ocurren hasta que el pueblo soberano se pronuncia", ha reiterado.

El uso de las redes sociales para transmitir estos mensajes también han ocupado parte de la conversación. "El problema real que tenemos en la comunicación, a veces, es el del mal uso del lenguaje. Vamos a utilizar el lenguaje para crear vínculos de honestidad decente y vamos a intentar no usar la comunicación para despertar instintos, odios o crispación", ha destacado García Montero.

Muñoz Machado considera que "se escribe más y se habla menos", pero eso no tiene por qué suponer un problema para el lenguaje. "Se escribe de manera absolutamente contraria a las reglas generales del idioma, al canon. Pero no ocurre nada, porque las redes sociales es un ámbito cerrado y no perjudica a las normas", ha matizado.

La ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal ha reconocido este martes, en su declaración como imputada ante el juez de la 'Operación Kitchen' que se reunió varias veces con el ex comisario José Manuel Villarejo en la sede de Génova, con la intención de que le contara lo que sabía sobre filtraciones a la prensa relacionadas con el PP y ella, si bien ha negado que le hiciera encargo alguno, desmarcándose del presunto espionaje al ex tesorero Luis Bárcenas.

Según fuentes jurídicas, Cospedal ha admitido ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que su marido, el también imputado Ignacio López del Hierro, le presentó a Villarejo en 2009 como un policía en excedencia que dirigía una consultora importante, muy bien relacionada, que hacía labores de investigación.

Cospedal ha contado que se reunió con Villarejo en distintas ocasiones en el cuartel general de los 'populares'. En el primer encuentro estaba su marido, pero a partir de ahí las reuniones ya fueron solo entre ella y el comisario. Ninguna de esas citas constaba en su agenda oficial, un extremo que ha dicho desconocer. Además, se vieron fuera de la sede de Génova, al menos una vez en una cafetería.

Ha querido aclarar que nunca encomendó ninguna tarea a Villarejo, afirmando que su único propósito era que le transmitiera lo que supiera de las filtraciones a los medios de comunicación acerca del partido y de ella. No obstante, ha reprochado que la información que le proporcionó el comisario nunca fue útil, y que solía estar disponible ya en la prensa.

La ex secretaria general ha relatado que decidió contactar con Villarejo después de que el ya fallecido dirigente socialista Alfredo Pérez Rubalcaba dijera en una intervención parlamentaria en 2009 que lo escuchaba y oía todo, lo que la llevó a pensar que podía haber investigaciones relativas al PP.

Dado que no hubo encargos, ha razonado, tampoco hubo pagos. En concreto, se ha desvinculado de una anotación realizada por Villarejo en sus agendas personales el 6 de noviembre de 2013, meses después de que --de acuerdo con la instrucción-- ya hubiera comenzado 'Kitchen', en la que escribió: "Cospe muy preocupada 5 pagos 200", sugiriendo con ello la existencia de una contraprestación económica por sus servicios.

CONVENCIDA DE QUE 'KITCHEN' ES MENTIRA

Cospedal ha aseverado que no sabe nada de la 'Operación Kitchen', que se habría montado desde el Ministerio de Interior, con recursos policiales y fondos reservados, para espiar a Bárcenas y su familia con la finalidad de sustraerles la documentación comprometedora que pudieran guardar de la formación política y sus responsables para evitar que llegara a la Justicia.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 imputó a Cospedal y su marido al considerar, en base al conjunto de las pesquisas pero muy especialmente a las agendas incautadas a Villarejo el pasado octubre, que tuvieron una intervención "decisiva" para captar al chofer de los Bárcenas, Sergio Ríos --también investigado-- como espía de la 'Kitchen'.

Preguntada por Ríos, ha sostenido que solo supo de él cuando el caso saltó a la prensa. No tenía conocimiento de que Bárcenas le hubiera contratado como conductor de la familia, ha defendido.

En este punto, se la ha cuestionado sobre su jefe de seguridad, dado que Ríos declaró en el marco de la pieza secreta vinculada a 'Kitchen' que aceptó el trabajo porque venía de su "admirado" Andrés Gómez Gordo. Cospedal ha respondido que duda mucho de que 'Andy', como se le conoce en la trama, jugara algún papel en la colocación del chofer en la casa del ex tesorero del PP.

El interés sobre Gómez Gordo se debe a que el jefe de seguridad se configura en las agendas de Villarejo como su canal de comunicación con Cospedal. El 18 de julio de 2013 anotó, junto a las siglas IHL: "Aviso contacto Sergio. Él se encarga de hablar con Andrés Gordo". Y añadió sobre Cospedal: "Varios contactos y posible cita". Meses después, en septiembre, hizo un apunte revelador sobre COSPE: "Control LB".

Cospedal ha declarado que imagina que su marido conocía a Gómez Gordo, porque era su jefe de seguridad, si bien ha matizado que la relación entre ambos no tendría mayor trascendencia. En la misma línea, ha restado importancia a su propio trato con 'Andy'. Según la ex ministra de Defensa, no despachaban de forma habitual.

RAJOY, EL MINISTRO Y FRANCISCO MARTÍNEZ

Ha atacado asimismo la teoría construida en base a las declaraciones, las agendas y los audios que obran en esta pieza separada del caso 'Tándem', de que los mandos policiales mantenían informado sobre el desarrollo de 'Kitchen' al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y que éste a su vez se comunicaría con el ministro, Jorge Fernández Díaz, siguiendo la cadena hasta el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Cospedal ha contestado que apenas tenía relación con Martínez, especificando que la única vez que se reunió con el secretario de Estado fue con motivo de unas elecciones. No le consta que el ex 'número dos' de Interior hablase con Rajoy, ha indicado. Y tampoco sabe nada sobre el contenido de los contactos que pudiera tener con su jefe, Fernández Díaz, ha remachado.

En cuanto al ex ministro de Interior, Cospedal ha descrito a Fernández Díaz como un hombre que ha sido tratado injustamente, expresando su aprecio personal por él. En esos años, ha acotado, la relación entre ambos era de compañeros de partido.

BÁRCENAS, UNA PERSONA FALAZ

Durante su declaración, al igual que hiciera en un escrito remitido al juzgado este mismo martes, ha atacado la credibilidad de Bárcenas y ha enfatizado que ni el PP ni ella tenían interés en conocer qué documentación podía tener en su poder. Así, ha respondido por el partido al garantizar que el PP no tenía interés en los 'papeles' de Bárcenas, aunque ha recalcado que por Interior no puede responder, ya que los asuntos policiales no tenían nada que ver con su cometido.

Asimismo, ha asegurado que respecto a lo declarado por el ex tesorero en esta pieza separada, tiene el convencimiento de que todo es mentira y de que las supuestas grabaciones que hizo a Rajoy, entonces presidente del PP, y al ex dirigente Javier Arenas son una invención. De hecho, ha calificado a Bárcenas de falaz.

De este modo, ha insistido en que ese operativo no tuvo nada que ver con el PP, que era cosa de la Policía, aunque ha puesto el foco en que le llama la atención que no se investigue más sobre los 47 millones que el ex tesorero podría tener ocultos en Suiza.

Sobre su relación con Bárcenas, ha incidido en que tenía una clara animadversión hacia ella y se ha prodigado a la hora de resaltar las que entiende como incoherencias del ex tesorero. Al hilo, ha recordado que cuando dejó de llevar las finanzas del PP se le dejó la conocida como Sala Andalucía para que tuviera allí sus documentos y que cuando en enero de 2013 se le prohibió la entrada se le dijo "a esa persona" que recogiese toda su documentación, algo que hizo meses después.

Por tanto, ha destacado, esos documentos, entre los que Bárcenas sitúa 'pendrives' con las grabaciones de Rajoy y Arenas, permanecieron en Génova un tiempo durante el cual podrían le haber arrebatado esa información y, en cambio, no se hizo nada, por lo que ha vuelto a calificar al ex tesorero de mentiroso.

Fuentes de la defensa de Cospedal han resaltado además que nunca pretendió ayudar al ex tesorero en el marco del procedimiento de 'Gürtel', más bien al contrario, cuando fue imputado pidió su dimisión, que se produjo en julio de 2009. Han recordado además que en abril de 2010 se le dio de baja como militante del PP y como senador y que se le revocaron todos los poderes.

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita 12 años de prisión y 13 de alejamiento para una mujer procesada por intentar asesinar al padre de su hijo a la salida del colegio del menor, en Oviedo. La procesada se encuentra en prisión provisional por esta causa desde el 9 de octubre de 2020.

La vista oral está señalada para este miércoles, 30 de junio de 2021, en la Sección Segunda de la Audiencia provincial, con sede en Oviedo, a las 10.30 horas.

El Ministerio Fiscal sostiene que la procesada, nacida en 1975 y natural de Colombia, y la víctima mantuvieron una relación de pareja con convivencia desde el año 2013 hasta el año 2019, fruto de la cual tuvieron un hijo, nacido en 2015.

El día 6 de octubre de 2020, sobre las 16.15 horas, el denunciante se dirigió en su vehículo a recoger a su hijo a la salida del colegio, en Oviedo. Una vez estacionado el turismo, cuando se disponía a salir de este pero aún se encontraba en el interior con la puerta abierta, la procesada se le acercó por la espalda.

Entonces, le agarró por el cuello con una mano y, con la otra, intentó clavarle varias veces una navaja de cachas de madera de 16,50 centímetros, mientras le decía: "sabes que vas a morir aquí", "hijo de puta", "tú vas a morir aquí hoy".

El hombre esquivó el ataque echándose hacia atrás en el asiento, momento que la procesada aprovechó para clavarle la navaja en el abdomen, en el flanco izquierdo, diciéndole: "de aquí no sales vivo". La víctima consiguió coger a la procesada por las manos y salir del vehículo, y logró reducirla que llegó la Policía.

A consecuencia de la agresión, el hombre resultó con una herida incisa en el abdomen de unos 4 centímetros, que requirió de primera asistencia médica y puntos de sutura. Tardó en curar diez días. Por el lugar donde se localizó la herida, pudo existir riesgo vital. Le resta como secuela una cicatriz de 1,5 centímetros en región abdominal izquierda.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato en grado de tentativa de los artículos 139 1. 1ª, 16.1 y 62 del Código Penal. Concurre la agravante de parentesco. Y solicita que se condene a la procesada a 12 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de condena, prohibición de aproximarse a menos de 500 metros a su expareja, su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro lugar por él frecuentado durante 13 años, así como de comunicar con él por cualquier medio durante el mismo espacio de tiempo.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que la procesada indemnice a la víctima con 600 euros por las lesiones y secuelas sufridas, más los intereses legales correspondientes.

El Papa ha afirmado que "solo una Iglesia libre es una Iglesia creíble", al tiempo que ha pedido a los fieles que se libren "de las hipocresías", de tener "vínculos ambiguos con el poder" y del "miedo a ser incomprendidos y atacados".

"Solo una Iglesia libre es una Iglesia creíble", ha afirmado en la misa que ha celebrado en la basílica de San Pedro del Vaticano por la Solemnidad de San Pedro y San Pablo, patronos de Roma. A la eucaristía han asistido varias decenas de personas incluido el cuerpo diplomático acreditado en el Vaticano. Ha sido una de las celebraciones más multitudinarias desde que comenzó la pandemia por el Covid-19.

Como es tradición, en la ceremonia ha participado también la delegación del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, del mismo modo que en la fiesta de San Andrés, patrono de la Sede de Constantinopla, acude a Estambul una delegación de la Santa Sede.

El Papa ha asegurado que su presencia "es un precioso signo de unidad en el camino de liberación de las distancias que dividen escandalosamente a los creyentes en Cristo".

Antes de dar comienzo a la misa, el Pontífice ha bendecido los palios destinados a los Arzobispos Metropolitanos nombrados en el transcurso del año y que les serán impuestos en sus respectivas Sedes por parte del representante pontificio.

El Papa ha definido San Pedro y a San Pablo como "columnas de la Iglesia" y ha dedicado parte de su homilía a la vida de los apóstoles. De Pedro ha señalado que "a pesar de ser fuerte e impetuoso, a menudo se dejó llevar por el miedo. Si bien era un apasionado discípulo del Señor, siguió razonando según el mundo, sin ser capaz de entender y aceptar el significado de la cruz de Cristo".

De este modo, ha añadido, "lo liberó del miedo, de los cálculos basados únicamente en las seguridades humanas, de las preocupaciones mundanas, infundiéndole el valor de arriesgarlo todo y la alegría de sentirse pescador de hombres. Y lo llamó precisamente a él para que confirmara a sus hermanos en la fe".

De Pablo, el Pontífice ha destacado que fue liberado por Jesús "del celo religioso que lo había hecho encarnizado defensor de las tradiciones que había recibido y violento perseguidor de los cristianos". Así, ha manifestado: "La pbservancia formal de la religión y la defensa a capa y espada de la tradición, en lugar de abrirlo al amor de Dios y de sus hermanos, lo volvieron rígido. Dios lo libró de esto".

El Papa ha instado a la Iglesia a mirar a estos "dos gigantes de la fe y ve a dos Apóstoles que liberaron la fuerza del Evangelio en el mundo, sólo porque antes fueron liberados por su encuentro con Cristo". Y ha agregado: "Él no los juzgó, no los humilló, sino que compartió su vida con afecto y cercanía, apoyándolos con su propia oración y a veces reprendiéndolos para moverlos a que cambiaran".

Por ello, ha invitado a los fieles a liberarse "de la sensación de derrota" y no quedarse "encerrados" en las seguridades. Así, ha instado a imitar a Pablo y "ser libres de las hipocresías de la exterioridad, a ser libres de la tentación de imponernos con la fuerza del mundo en lugar de hacerlo con la debilidad que da cabida a Dios, libres de una observancia religiosa que nos vuelve rígidos e inflexibles, libres de vínculos ambiguos con el poder y del miedo a ser incomprendidos y atacados".

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tiene previsto examinar el 14 de julio los recursos contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Almería que condenó a prisión permanente revisable a Ana María B.L., la mujer que acabó con la vida de su hijo Sergio, de siete años, en su piso de Huércal de Almería (Almería) en octubre de 2019 conforme al veredicto emitido por un jurado popular, el cual determinó que la mujer se encontraba "en plenas facultades" frente a los informes forenses que apreciaban la persistencia de un brote psicótico sufrido durante el verano antes del crimen.

En su recurso de apelación, que ha sido impugnado por la acusación particular y la Fiscalía, la defensa de Ana María B.L., incide en la prueba pericial que fue desechada por el jurado así como en las pruebas testificales que avalan dicho informe para que se anule la sentencia original y se declare la libre absolución de la acusada al entender que concurre la eximente incompleta de alteración psíquica, es decir, que la acusada habría actuado con sus capacidades mermadas.

La letrada María del Mar García Membrive ha confirmado su petición a la Sala de lo Civil y Penal para que imponga a la acusada una medida de internamiento en un centro médico psiquiátrico "adecuado para su enfermedad" cuya duración se determine en la ejecución de la sentencia o que, subsidiariamente, se atienda al menos la concurrencia de una atenuante analógica de alteración psíquica a la hora de fijar la pena y evitar así la máxima condena prevista actualmente en el Código Penal.

La defensa ha pedido que se practique la declaración testifical del médico y del psicólogo del centro penitenciario de El Acebuche que atendieron a la acusada tras su ingreso en prisión, ya que fueron inadmitidas en primera instancia, toda vez que ha insistido en la relevancia del informe psiquiátrico de los forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) que exploraron a la acusada tres meses después de los hechos.

En este sentido, sostiene que la exploración forense determinó que aún persistían síntomas de un "episodio psicótico" como un "embotamiento afectivo" que le impedía expresar emociones y una "desrealización", que le llevaba a estar desconectada de la realidad, por lo que determinaron que la mujer se encontraba todavía bajo los efectos de un "trastorno psicótico agudo con alteración parcial de sus facultades volitivas" que, en el momento de los hechos, habría alterado sus capacidades.

El informe pericial elevado a propuesta de la familia paterna del menor y el informe de la doctora que trató a la acusada, en los que se señalaba que los síntomas habían remitido, fueron valorados por los miembros del jurado frente a la postura de los médicos psiquiátricos forenses, quienes "no fueron convincentes" para el tribunal popular, el cual priorizó al dictamen de la doctora que trataba a la acusada, por el que se negaba la existencia de síntomas.

La defensa apela a la exploración de los forenses del IML, que mantiene que la acusada actuó bajo la persistencia de un brote psicótico que no habría remitido completamente y por el cual estuvo ingresada durante ocho días en el área de Salud Mental del Hospital Torrecárdenas en el verano previo a los hechos frente al veredicto del jurado, que consideró que la acusada "quiso de forma consciente y voluntaria causar el mayor daño posible al padre del niño", del que se encontraba separada hacía meses.

Del mismo modo, la representación de la acusada explica que no se estabilizaron los síntomas que la mujer padecía porque, según asegura, esta no llegó a terminar el tratamiento al no seguir bajo seguimiento médico ni tomar la medicación. En esta línea, recalca como evidencia de ello el comportamiento "absurdo", "ilógico" e "incoherente" mostrado por la mujer tras el crimen, cuando vistió el cuerpo del menor y condujo con él cerca de 40 kilómetros hasta las Norias de Daza en El Ejido para acudir a casa de una conocida, que avisó a las autoridades.

Así, la defensa respalda el informe forense frente al presentado por los psiquiatras propuestos por la acusación particular, quienes no llegaron a explorar directamente a Ana María B.L. pero que, en base al historial clínico de la acusada, quien sufrió otro brote en 2017, determinaron que en la fecha de los hechos se había producido una remisión de los síntomas.

El jurado también basó su decisión en el informe de alta que se produjo el 29 de julio de 2019 por parte de la doctora que trataba a la acusada, el cual hacía constar que esta se encontraba "consciente, orientada, con discurso fluido y coherente" mientras que una posterior cita, el 19 de agosto, no se observaron síntomas del trastorno psicótico agudo transitorio diagnosticado en julio ni tampoco delirios.

"NO FUE DADA DE ALTA"

Frente a esta apreciación, la defensa señala en que la acusada no pudo estar dada de alta porque no acudió a Salud Mental Comunitaria, de modo que no fue vista "por ningún facultativo hasta su ingreso en prisión" donde habrían seguido "persistiendo factores psicóticos".

Ana María B.L. fue condenada por un delito de asesinato con alevosía a prisión permanente revisable así como a la prohibición de residir en Huércal de Almería, en Alcolea o en cualquier lugar en el que viva el padre del menor, sus tíos y sus abuelos durante 30 años, tiempo en el que no podrá comunicarse con ellos ni acercarse a menos de un kilómetros de distancia. A todos ellos deberá indemnizar además por daños morales y, en el caso del padre, lesiones psíquicas con 800.000 euros.

También se le condenó a cuatro años y seis meses de prisión por los delitos de lesiones psíquicas hacia el padre y por otro de atentado contra los agentes de la autoridad al quedar probado en juicio que trató de atropellar con su coche a los guardias civiles que la detuvieron cuando se encontraban con su coche en Las Norias de Daza en El Ejido (Almería) con el cuerpo del menor en el asiento delantero.

Por el delito de asesinato, en el que se observa la agravante de parentesco y la atenuante de confesión, ya que reconoció ante los agentes que la arrestaron que había acabado con la vida de su hijo, se le impuso además cinco años de libertad vigilada.

La sentencia dictada por la Sección Segunda explica que sobre las 9,00 horas del 10 de octubre de 2019 la acusada acabó con la vida de su hijo asfixiándolo cuando estaba tumbado en la cama en su casa de Huércal de Almería para después vestirlo, montarlo en el coche con ayuda de una vecina a la que engañó y dirigirse a Las Norias de Daza en El Ejido para requerir la ayuda de una conocida, si bien allí fue detenida después de que la Guardia Civil le diera el alto en "reiteradas ocasiones" y tratara de "atropellar" a los agentes.

El jurado rechazó que la acusada actuara con sus capacidades mentales mermadas, tal y como defendían la Fiscalía y la defensa de Ana María B.L., lo que habría atenuado la pena. Los jurados dedujeron que la acusada no tenía síntomas que "hicieran pensar que continuaba con el trastorno psicótico" que dio lugar a su ingreso hospitalario, ya que el informe de alta hacía constar que la mujer se encontraba "consciente, orientada, con discurso fluido y coherente" con "un buen contacto interpersonal" estando "tranquila y colaboradora".

Asimismo, los psiquiatras de parte, que elaboraron su informe a partir de "una documentación médica que se le dio" sin que llegaran a explorarla, señalaron que el trastorno psicótico agudo y transitorio "no es una enfermedad permanente, se cura y desaparece, no es algo crónico, no afecta a la capacidad volitiva o intelectiva".

Junto a este aspecto, los miembros del jurado también se refirieron la declaración de los guardias civiles que detuvieron a la acusada, quienes manifestaron en sala que la acusada "estaba normal y conocía sus derechos antes de leérselos".

Unidas Podemos ha calificado de "día histórico" la aprobación de la Ley Trans y LGTBi en el Consejo de Ministros al situar a España en la "vanguardia mundial" en materia de igualdad, tras una tramitación "difícil" en la que hubo "algunos desencuentros" con el PSOE.

Así lo han destacado en rueda de prensa en el Congreso los diputados de la formación Aina Vidal y Juantxo López de Uralde respecto a esta normativa que genera "gran satisfacción" en el espacio confederal.

Vidal ha saludado que este martes se formalice un anteproyecto de ley tras diez años en lo que no ha habido ningún avance legislativo importante para el colectivo trans y LGTBi, cuando "ya era hora de que esto sucediera".

Por tanto, se plasmará "por fin" un derecho "tan básico" como la autodeterminación de género "sin informes médicos, sin tratamientos, sin testigos y sobre todo dejando de tratar como enfermas a las personas trans".

No obstante, ha criticado el "lamentable espectáculo" que han tenido que sufrir las personas trans durante los últimos meses, dado que los "derechos humanos no son una opinión o un debate".

"La identidad no es un capricho y ser reconocido en sociedad por lo que una es, es la diferencia entre tener un trabajo o no, entre poder ser atendida en un centro de salud por tu nombre o no. Y hoy, el 80% de las personas trans está en paro y muchas dejan de ir al médico o a otras instituciones por no sufrir el trauma de no ser reconocidas", ha sentenciado la también portavoz de En Comú Podem en el Congreso.

Finalmente, ha trasladado a los partidos y personas que "para su sorpresa" se oponen a la Ley Trans "un mensaje claro y una advertencia", al instar a que sean "cautos" en sus declaraciones y críticas dado que, como pasó con la ley del aborto o la ley de matrimonio igualitaario, es "muy posible que dentro de un año no reconozcan que estuvieron en contra".

Por su parte, López de Uralde ha admitido que "ha sido un secreto a voces" que la tramitación con el PSOE fue "trabajosa", con "algunos desencuentros", pero ha valorado que finalmente haya salido un proyecto de ley como planteaba Unidas Podemos.

De esta forma, ha destacado que cada vez que gobierna la izquierda se producen avances sociales, como ya ocurrió con las normativas sobre el aborto, el divorcio o el matrimonio gay.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha avisado este martes al líder del Partido Popular, Pablo Casado, de que si la moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la acaba presentando Vox, el líder socialista saldrá reforzado. Para evitarlo, le ha animado a que sean los 'populares' los que impulsen una moción de censura "mucho más eficaz, útil y transversal" que la que promovería el partido de Santiago Abascal.

En una entrevista en TVE, Arrimadas ha indicado que Vox tiene intención de presentar una moción de censura si no lo hace el PP y eso es algo que, al final, "acaba reforzando a Sánchez", como ya se vio el pasado octubre, cuando Vox propuso en el Congreso echar al presidente del Palacio de la Moncloa. "Le encanta que la alternativa a él y a su gobierno Frankenstein sea Vox", ha afirmado.

En su opinión, "lo lógico" es que ese mecanismo parlamentario lo utilizara el PP como principal partido de la oposición: "Hay que pensar en qué es lo mejor para España y, a veces, hay que tomar decisiones aunque no sean las que tenías pensado o las que más te apetecen".

Además, cree que los 'populares' podrían conseguir "muchos más apoyos" en la Cámara Baja que Vox, que no logró sumar los votos de ningún otro partido a su moción de censura. "Creo que sería mucho más eficaz, útil y transversal", ha argumentado, convencida de que el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos "se debilita cuando lo que tiene enfrente es una pluralidad de partidos políticos".

En el caso de que finalmente la moción de censura la presentase Vox y no el PP, la líder de Cs ha dado a entender que la posición de su grupo sería la misma que en la votación de octubre, cuando se opuso a esa iniciativa de Abascal por considerar que "hace que Sánchez esté contento".

"OPERACIÓN" DEL PP Y HERVÍAS CONTRA Cs EN GRANADA

Por otro lado, Arrimadas ha pedido al PP que deje de "atacar a Ciudadanos" porque, a su juicio, los votantes de ambos partidos quieren verlos "trabajar unidos".

Así se ha pronunciado en relación con la situación en el Ayuntamiento de Granada, donde el alcalde, Luis Salvador, y otro concejal de Cs gobiernan en minoría después de que dos compañeros suyos y los siete ediles del PP abandonaran el equipo de gobierno a principios de junio. Los 'populares' tomaron esta decisión ante la negativa de la formación naranja a cederles la alcaldía durante los dos próximos años en virtud de un pacto para turnarse en el cargo que, según Cs, nunca existió.

La presidenta de Ciudadanos ha dicho que si existiera ese acuerdo, el PP "lo enseñaría", y cree que el motivo por el que "ha liado esto" en Granada es porque forma parte de "una operación que tienen puesta en marcha con una persona que estaba antes" en Cs, en alusión a Fran Hervías, exsenador y exsecretario de Organización de su partido que ahora está en el PP.

Según ha explicado, en aquellos Ayuntamientos donde los dos partidos pactaron ostentar la alcaldía dos años cada uno, los acuerdos se están cumpliendo y se están haciendo ahora los cambios, pero no es el caso de Granada, donde Salvador está como regidor "para cuatro años".

Por tanto, Arrimadas ha reclamado al PP que "deje los acuerdos tranquilos". Nos tenemos que llevar bien, gobernamos muy bien en muchos sitios" y "muchos votantes del PP no entienden que, en un momento como este, tan grave para España, la obsesión del PP sea intentar atacar a Cs", algo que, por otra parte, "les suele salir mal", ha manifestado.

"El adversario es el gobierno Frankenstein, no nosotros", ha subrayado antes de recalcar que su objetivo es ofrecer una alternativa al Ejecutivo de Sánchez.

Sobre la posibilidad de que Ciudadanos siga sufriendo fugas de cargos y militantes que se unan a los 'populares', la presidenta cree que "todo el daño que querían hacer ya lo podrían haber hecho" y que "no va a ir a más". A continuación, ha reiterado que Cs ocupa "un espacio político propio" y que ella va a seguir luchando "por este proyecto y por España".

LO IMPORTANTE ES LA ESTABILIDAD DE LOS GOBIERNOS

Asimismo, Arrimadas ha asegurado que en la formación naranja actúan como "buenos socios" allí donde "se cumple el pacto" y que "lo importante es la estabilidad" de los gobiernos, que es en lo que deberían centrarse los partidos, en vez de "mirarse el ombligo".

En este sentido, ha reiterado su compromiso de mantener los gobiernos de coalición que comparten con el PP en Andalucía y Castilla y León y en Ayuntamientos como el de Madrid.

Respecto a Murcia, donde Cs echó al PP de la alcaldía de la capital tras pactar con el PSOE y donde promovió con los socialistas una moción de censura frustrada contra el presidente del Gobierno autonómico, el 'popular' Fernándo López Miras, ha insistido en que esa decisión de romper con el PP se circunscribía a Murcia.

"Se ha demostrado que no había ninguna operación pactada a nivel nacional", porque "si esto hubiera sido una operación con Moncloa, habríamos presentado una moción de censura en otro lado, por ejemplo, en Madrid", ha indicado.

Si esto no se hizo, fue "porque no quisimos hacerlo, no porque no pensáramos en la posibilidad de que (Isabel) Díaz Ayuso pudiera convocar elecciones" con la "excusa" de Murcia, ha dicho sobre la decisión que tomó entonces la presidenta de la Comunidad de Madrid (PP) de romper el acuerdo de gobierno con Cs y adelantar los comicios, en los cuales el partido naranja se quedó sin representación parlamentaria.

Arrimadas ha afirmado que Ciudadanos se comportó de forma "leal" y "ética" con Díaz Ayuso y con el PP, con la voluntad de mantener el Ejecutivo de coalición madrileño porque "funcionaba bien". Haberlo roto mediante una moción de censura habría servido para "defendernos de un ataque" y "vengarme del PP", pero no sería "pensar en el interés de los ciudadanos", ha declarado.

Este martes ha comenzado a puerta cerrada en la Audiencia Provincial de Toledo el juicio contra el sacerdote de Talavera de la Reina (Toledo) acusado de un delito continuado de agresiones sexuales y contra la integridad moral de una menor, durante los años en los que ejerció como su director espiritual, por el que el Ministerio Fiscal solicita 17 años y la acusación particular 22 años de prisión.

El Ministerio Fiscal ha pedido antes de iniciarse la primera de las sesiones que el juicio se celebrase a puerta cerrada, solicitud a la que se han adherido tanto la acusación particular como la defensa, en base a la protección de la intimidad e imagen de la víctima y el derecho a la presunción de inocencia del acusado, demanda la que finalmente ha accedido la sala.

En declaraciones previas a los medios de comunicación, la abogada de la acusación particular, María Victoria Vega, ha reconocido que "ha costado mucho" llegar al día de hoy, en parte por la dilación judicial que existe en torno a todos los procedimientos, pero también debido a la situación de la víctima, que "está mal".

Había que esperar, ha dicho, a que "pudiera estar fuera de un hospital y ser lo suficientemente fuerte como para declarar, que no es fácil". "Eso es lo que más nos ha costado; es una valiente, es la heroína de todo esto", ha destacado su letrada, que ha confesado que buscan "justicia".

"Ya hemos ganado lo más duro, por ella y por otras víctimas que sí han contactado pero que no son capaces de venir ni de declarar porque no pueden, no tienen esa fuerza y el miedo es superior", ha detallado Vega, que no ha querido concretar la cifra de afectadas, respectando su decisión de "no participar de esto".

El acusado --que está libertad posiblemente, ha señalado la abogada de la acusación particular, porque es sacerdote y no tenía antecedentes penales"--, empezó a ejercer como director espiritual de la víctima en el colegio debido a la situación "de angustia y confusión" que presentaba la joven "al verse inmersa en una ambiente de conflicto familiar derivado de la crisis matrimonial en la que se hallaban sus progenitores", según recoge el escrito del Ministerio Público.

EN EL DESPACHO PARROQUIAL

Ello ocurrió desde el curso escolar 2010-2011, cuando la menor contaba con 14 años de edad, prolongándose durante los cuatro años siguientes. En enero de 2011, el sacerdote estando en el despacho parroquial a solas con la joven durante las charlas que mantenían cada quince días, le pidió un beso, a lo que ella se negó, pero el acusado "la besó, le quitó el sujetador y le tocó los pechos" mientras ella lloraba y, a continuación, le dio una bofetada y la llamó "puta", le pidió perdón y le dio un abrazo.

Desde esa fecha hasta junio de 2013, el acusado repitió esa conducta cuando se encontraban a solas --siempre cerraba la puerta del despacho-- quitándole el sujetador y realizando "tocamientos lascivos sobre su cuerpo desnudo se lo chupaba". En ese espacio temporal se sucedieron episodios similares e incluso el sacerdote obligó a la joven a realizarle varias felaciones e indicando a la menor que si lo contaba nadie la iba a creer.

Cuando la joven dejó el colegio para entrar en la Universidad, empezaron a "aflorar sus patologías psiquiátricas", según el escrito del Fiscal, con un primer diagnóstico de trastorno de conducta alimentaria, teniendo lugar su primer ingreso clínico, durante el que recibió la visita del acusado, que le dijo que si contaba algo "la mataba". Seguidamente en el tiempo la llevaron a otro centro médico, donde estuvo ingresada, volviendo al domicilio familiar cuando le dieron un permiso médico.

EXORCISMO

Una vez allí la madre, "de forma velada y con una excusa aparente", logró llevarla a la casa del sacerdote --con quien mantenía una relación sentimental-- para que le practicara un exorcismo, ya que le dijeron que estaba enferma "porque tenía un demonio dentro". El sacerdote, ese día y en presencia de la progenitora, le realizó varias preguntas relacionadas con temas sexuales y a continuación tocó varias parte de su cuerpo, pero ninguna íntima, y le metió el dedo en la nariz y la boca con óleo sagrado.

Al día siguiente, el sacerdote se citó a solas con la joven, con el pretexto de continuar el exorcismo que le habían practicado el día anterior, momento en el que se volvió a producir un abuso sexual. Estas conductas y hechos se volvieron a reproducir en el tiempo hasta que la joven ingresó de nuevo en un centro hospitalario a consecuencia de las patologías psiquiátricas que padecía. El acusado, en los encuentros que mantenían, pegaba a la joven --incluso llegó a darle una paliza por la que tuvo que ser ingresada-- y le decía que nadie la iba a querer.

La víctima está diagnosticada de un trastorno por estrés postraumático, anorexia nerviosa compulsiva-purgativa y trastorno de la inestabilidad emocional de la personalidad tipo límite.

El Fiscal pide 15 años por el delito continuado de agresiones sexuales y dos más por el delito contra la integridad moral, además de la inhabilitación para ejercer cualquier profesión u oficio que conlleve el contacto regular con menores de edad. Igualmente, solicita que se le imponga la pena de libertad vigilada por tiempo de diez años, y la prohibición de comunicarse por cualquier medio con la víctima, y de aproximarse a menos de 300 metros de ella o cualquier lugar donde esté durante 20 años. Además, deberá indemnizarla con 50.000 euros por los daños morales sufridos.