Los cinco quebrantahuesos llegados este año 2021 en el marco del proyecto de recuperación de la especie en los Picos de Europa, han sido liberados progresivamente desde mediados del mes de Julio.

Se trata de cinco hembras que se incorporan al stock de Picos, "Aurora", "Dries", "Lucía", "Hanna" y "Alba". Desde su salida de los jaulones de adaptación sus evoluciones están siendo adecuadas, adaptándose a su nuevo entorno con facilidad, según ha informado la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ).

Con estas cinco hembras ya son 30 los ejemplares --19 hembras y 11 machos-- los que de forma habitual están presentes en los cielos de Picos de Europa. Todos los ejemplares son cedidos por el Gobierno de Aragón al proyecto de recuperación de quebrantahuesos en Picos de Europa, desarrollado por la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ) en coordinación con las autoridades ambientales del Principado de Asturias, Cantabria y castilla y León.

Tras superar las distintas fases de su desarrollo en las instalaciones del centro de cría de Zaragoza (dependientes del Gobierno de Aragón) y posteriormente en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, donde toman contacto con otros ejemplares de su especie, son trasladados hasta Asturias y ubicados en el Parque Nacional de los Picos de Europa, y aquí completan su proceso de maduración.

La población de quebrantahuesos en la Cordillera Cantábrica sigue en crecimiento. A estos 30 individuos hay que sumar la presencia esporádica de ejemplares divagantes que visitan picos todos los años. Se trata de ejemplares de diversa procedencia, mayoritariamente son ejemplares pirenaicos, aunque se han estado observando ejemplares procedentes del proyecto andaluz e incluso alguno procedente del proyecto experimental que se está desarrollando en Castellón.

La evolución de los pollos de este año ha sido la esperada, y ya se encuentran en condiciones idóneas para volar. La pasada semana se procedió a la apertura de la jaula para que comiencen su vida en libertad, previa autorización de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, como se ha hecho en años anteriores con otros ejemplares.

A partir de este momento los técnicos especialistas de la FCQ seguirán a los ejemplares de cerca diariamente a través de dispositivos de radioseguimiento terrestre y GPS, vigilando sus movimientos, su alimentación, comportamiento y primeros vuelos.

El proyecto de reintroducción del quebrantahuesos en el Parque Nacional de los Picos de Europa, que se inició en 2010 con la suelta de los dos primeros ejemplares, pretende recuperar la población de esta especie extinta en los Picos de Europa en la década de los años cincuenta. El año pasado se produjo la primera reproducción exitosa tras 75 años de ausencia.

El quebrantahuesos se encuentra en el nivel más alto de protección en la Unión Europea, incluida España, donde está declarado como 'Especie en peligro de extinción'.

El portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Congreso, Enrique Santiago, se ha sumado a las presiones a la vicepresidenta Teresa Ribera para que tome medidas para bajar la factura de la luz y ha exigido a la responsable de la política energética del Gobierno que pase ya "de las palabras a los hechos" para crear una eléctrica pública y "aplicar otras medidas igual de eficaces para cortar de raíz la subida de precios".

Enrique Santiago, que también es portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso y secretario de Estado en el Ministerio que dirige Ione Belarra, cree que es una "excelente noticia" que la vicepresidenta cuarta se abra a crear una empresa pública de la energía.

Pero mientras que la parte socialista del Gobierno asegura que ese proyecto de empresa pública sólo se plantea de medio a largo plazo, el portavoz adjunto de IU quiere acelerarlo: "Llega la hora de pasar de las palabras a los hechos y de concretar esta medida en la práctica lo antes posible", ha dicho en un comunicado recogido por Europa Press.

EN FRANCIA "NADIE SE RASGA LAS VESTIDURAS"

A su juicio, se trata de "una propuesta razonada y factible" que desde IU se viene planteando desde hace varios lustros y que Unidas Podemos también ha defendido y expuesto públicamente. "Pero más allá de autorías, no se puede perder ni un minuto más en realizar lo que en buena parte de países de nuestro entorno es una realidad desde hace décadas, mucho antes incluso de que en España estallara esa inútil competencia para ver quién privatizaba más y más rápido que nos ha arrastrado hasta aquí", ha añadido.

Según destaca, "más de 30 de las 50 mayores empresas del sector eléctrico a nivel mundial son públicas o tienen una participación pública", y en nuestro entorno existen ejemplos como la italiana Enel o la francesa EDF, "que son mayoritariamente públicas y nadie se rasga allí las vestiduras, incluida su derecha o las compañías de la competencia".

"Aquí en España tenemos que enfrentarnos a los prejuicios, intoxicaciones y mentiras de la derecha y del entorno empresarial al que se debe mientras utilizan la subida de la luz solo en su beneficio y sin importarles los problemas que acarrean a la mayoría de la gente", se queja.

Y la apuesta de la empresa pública, en su opinión, "debe ir acompañada por otras actuaciones igual de eficaces para hacer frente de raíz a esta escalada de precios especulativa, además de poner cordura en el mercado de la energía de forma definitiva".

Y EL PP, EN LA "INOPERANCIA"

El portavoz parlamentario de IU ha aprovechado para reprochar al PP su negativa a respaldar medidas como la mejora del bono social que ayuda a los consumidores más vulnerables, el decreto ley para acabar con los denominados 'beneficios caídos del cielo' y la rebaja del IVA del recibo de la luz.

"Pablo Casado prefiere anteponer sus ambiciones, su inoperancia y su propio interés al del 97% de los consumidores domésticos, de las casi tres millones de empresas y autónomos, o de los más de 600.000 hogares vulnerables que se benefician de esta medida", concluye.

Ciudadanos quiere que el Gobierno de Pedro Sánchez explique qué está haciendo para evitar que Afganistán "caiga en manos del extremismo de los talibán", que ya controlan trece de las capitales provinciales del país, y si va a evacuar a los españoles que se encuentran allí, incluido el personal de la Embajada en Kabul.

A través de una batería de preguntas registradas este viernes en el Congreso, los diputados María Carmen Martínez y Miguel Gutiérrez piden al Ejecutivo que explique qué evidencias le llevaron a retirar el contingente militar español en Afganistán el pasado mayo.

Además, Cs quiere saber qué actuaciones se llevaron a cabo, en coordinación con los socios internacionales, "para asegurar el mantenimiento de la paz una vez que la presencia militar de los aliados se retiraba del terreno" y qué medidas está tomando el Gobierno, en el seno de la Unión Europea, de la ONU y de la OTAN, para evitar que Afganistán acabe controlado por los talibán.

Por último, el partido naranja pregunta si el Ejecutivo ayudará a los trabajadores de la Embajada y a los demás españoles a abandonar el país centroasiático y cómo se anticipará a un posible aumento de llegadas de solicitantes de protección internacional a España como resultado del deterioro de la situación en Afganistán.

RETIRADA DE LAS FUERZAS INTERNACIONALES

En su iniciativa parlamentaria, Ciudadanos alerta sobre el avance "imparable y devastador" de los radicales islamistas, que se espera que próximamente puedan asediar y hacerse con el control de Kabul.

Según explica, esta situación se produce porque el expresidente de Estados Unidos Donald Trump decidió retirar la presencia militar de Afganistán "sin asegurar que los esfuerzos de consolidación de la paz se habían completado", una retirada que el actual presidente, Joe Biden, ha continuado, aunque retrasando los plazos. Posteriormente, muchos otros países que contribuían con tropas a esa misión internacional también decidieron marcharse, incluida España.

El partido presidido por Inés Arrimadas destaca que, según varios expertos, esta retirada no tuvo en cuenta los efectos que tendría para el avance talibán, para las instituciones afganas y, principalmente, para la población.

El Ejército de Afganistán "está siendo incapaz de poder plantar cara al avance de los extremistas", mientras que "la comunidad internacional permanece paralizada y simplemente se ha hecho un llamamiento al cese de la violencia y se ha instado al Gobierno afgano a que negocie un acuerdo de paz con los talibán", algo que a lo que los radicales "no parecen dispuestos", afirma Cs.

El portavoz del Comité Autonómico de Gestión de Enfermedades Infecciosas de Baleares, Javier Arranz, ha reconocido que las UCI están "bastante tensionadas" en Baleares aunque ha indicado que se prevé una bajada de casos ingresados en unidades críticas "en los próximos días".

En rueda de prensa, en la que ha estado acompañado por la directora asistencial del Servicio de Salud, Eugenia Carandell, para analizar la situación de la pandemia en las Islas, Arranz ha explicado este viernes que ese descenso ya se nota en los casos hospitalizados, "que también han comenzado a bajar".

"Desde el Ministerio de Sanidad hay una previsión de que el pico máximo de casos en UCI en las Islas se produzca en torno al día 15 y después empezarán a bajar", ha dicho. En este sentido, se ha referido a la evolución de la pandemia en las Islas, donde el descenso de casos es "lento, pero se mantiene".

Ante la posibilidad de trasladar pacientes de las UCI de Baleares a otros lugares como Cataluña, Carandell ha aseverado que "se hará lo que se deba hacer". "Esperemos que no sea necesario pero recibirán el tratamiento necesario", ha afirmado, a la vez que ha comentado que la capacidad máxima de las UCI en las Islas es de 300 camas, de las que 92 están ocupadas por casos COVID actualmente.

Según la directora asistencial del Servicio de Salud, Baleares tiene "un sistema bastante organizado, coordinado por el 061, que también pide ayuda a la privada cuando toca". "Estamos aguantando la situación", ha reconocido.

Arranz ha recordado que, además de los casos COVID, en la UCI hay otro perfiles críticos como, por ejemplo, heridos de accidentes de tráfico como consecuencia del aumento de la población flotante en verano en Baleares o de la movilidad.

A pesar de situar a Baleares en un descenso de casos COVID, Arranz ha asegurado que si empezaran a subir los casos se estaría "en una situación muy complicada". Por eso, ha recordado a la población el respeto de las medidas sanitarias como la mascarilla, la higiene de manos y la distancia física o social.

El portavoz autonómico también ha vaticinado que habrá más olas de COVID, pero ha apostado porque serán "menos intensas y menos duraderas". De no cumplirse esto dependerá la duración de la inmunidad de las vacunas, la aparición de nuevas variantes y la vacunación de los menores. Asimismo, se ha preguntado qué pasará con el virus gripal para saber si eso influirán en futuras olas de casos COVID.

Preguntado por la posibilidad de extender la prohibición de las reuniones sociales a partir de la una de la madrugada tal y como apoyan CAEB, Pimem, UGT y CCOO, Arranz ha recordado que la desescalada lenta dio "un buen resultado" en la anterior ola. No obstante, ha recordado que Salud "siempre se rige" por la situación sanitaria para defender las medidas restrictivas.

DESESCALADA DE VACUNACIÓN EN SEPTIEMBRE

Respecto al ritmo de vacunación en Baleares, la directora asistencial del Servicio de Salud ha adelantado que ya se está elaborando un plan de desescalada progresivo para "completar la estrategia de vacunación en los centros de salud", que prevé se inicie en septiembre.

Al respecto, ha destacado tres estrategias puestas en marcha por el IbSalut para incrementar el porcentaje de vacunación llegando a más gente. Primero, la vacunación sin cita previa para embarazadas --cuya cifra de vacunadas ha aumentado un 19%--, segundo, la vacunación sin cita en tramos horarios y, tercero, las jornadas de puertas abiertas que han comenzado este viernes y acabarán el domingo.

Carandell ha especificado que el lunes se volverá a la vacunación sin cita pero sólo por la tarde y se mantendrá para llegar a esa población "más vulnerable, en situación de irregularidad, con horarios laborales difíciles o que tenían dificultad para pedir hora a través de Bitcita".

En cuanto a las tasas de vacunación, ha defendido que siguen subiendo por edad y mejora en la franja de 60 a 69 años gracias a la campaña de llamadas de Salud con la que han citado a 628 personas. "En estas próximas semanas, seguiremos explorando personas con factores de riesgo que no se han vacunado", ha indicado.

Respecto a las posibles razones de aquellos que aún no se han vacunado, la directora sanitaria ha enumerado tres posibles argumentos: el miedo a la vacunas derivado de la presión mediática en torno a los posibles efectos secundarios, la dificultad de los horarios laborales para adaptarse a los que ofrece Salud para vacunarse y la contrariedad a cualquier tipo de vacuna.

Sobre este último caso, Carandell ha explicado que son "más difíciles de convencer" ya que funcionan por grupos a través de redes sociales "donde alimentan sus ideas". Con todo, ha finalizado admitiendo que España es un país donde la gente tiene "confianza" en las vacunas.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha autorizado este viernes la prórroga del toque de queda solicitada por la Consejería de Sanidad del Gobierno regional en 38 municipios de la comunidad autónoma, aquellos que tienen mayor incidencia de coronavirus, pero sólo durante seis días, no los catorce interesados.

En anteriores prórrogas, el TSJC había avalado la limitación de la movilidad de las personas -entre la una y las seis de la madrugada-, durante las dos semanas pedidas por la administración, primero en 53 ayuntamientos y después en 70, en los que esa restricción concluye esta medianoche.

Pero en prácticamente la mitad de ellos --concretamente en 38 y entre los que figura Santander y otros municipios grandes y turísticos-- se mantendrá el toque de queda, aunque solo durante seis días más, tras la resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativa del alto tribunal cántabro, de la que ha tenido conocimiento esta agencia.

Previamente, la Fiscalía de Cantabria había informado favorablemente a la solicitud que el departamento que dirige Miguel Rodríguez hizo al TSJC el pasado martes, y que restringe también durante la madrugada el tamaño de los grupos, hasta un máximo de seis personas, siempre y cuando no sean convivientes.

Los 38 municipios en los que estará vigente el toque de queda son Santander, Torrelavega, Castro Urdiales, Camargo, Piélagos, El Astillero, Santa Cruz de Bezana, Laredo, Santoña y Suances, Colindres, Medio Cudeyo, Polanco, Cartes, Entrambasaguas, Marina de Cudeyo, Ribamontán al Mar, Ampuero, Santillana del Mar, San Vicente de la Barquera, Villaescusa, Noja, Comillas, Arnuero, Meruelo, Bareyo, Selaya, Villacarriedo, Valderredible, Valdeolea, Udías, Vega de Pas, Vega de Liébana, Cabezón de Liébana, Solórzano, Vega de Pas, Herrerías, Cieza y Pesaguero.

En ninguno de ellos se podrá circular por la calle entre la una y las seis de la madrugada, salvo excepciones justificadas, y tampoco podrá haber grupos de más de 6 personas en domicilios u otros ámbitos privados en ese horario, salvo que sean convivientes. Además, todos los establecimientos públicos deberán cerrar a la una de la madrugada.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Almería, en funciones de guardia, ha ordenado dejar en libertad provisional a los dos hombres detenidos como presuntos responsables de efectuar varios disparos contra tres jóvenes, uno de ellos menor de edad, con un arma artesanal, el pasado día 10.

Fuentes judiciales han confirmado que los arrestados están investigados por los delitos de lesiones y tenencia ilícita de armas, toda vez que la autoridad judicial ha impuesto para ellos como medida cautelar el alejamiento con respecto a los heridos.

Los dos detenidos, de nacionalidad española y con antecedentes policiales, pasaron a disposición judicial este viernes tras su arresto por parte de la Policía Nacional por un presunto delito de lesiones, otro de amenazas y otro de tenencia ilícita de armas, según ha explicado la Policía en un comunicado.

Las pruebas e indicios recabados por los investigadores han conducido a la identificación y arresto el 11 de agosto de dos hombres de 47 y 23 años, residentes ambos en el barrio de Pescadería, y presuntos autores de los disparos, además de encontrar con el arma utilizada.

Los hechos, que terminaron con tres heridos leves por arma de fuego durante la madrugada del pasado martes en el barrio almeriense de La Chanca, entre ellos un menor de 17 años, se habrían desencadenado a raíz de una disputa entre vecinos cuando un transeúnte resultó sorprendido cuando orinaba en la vía pública y fuera reprendido por su actitud.

Así lo manifestaban fuentes de la investigación tras la elaboración de las primeras pesquisas en las que los agentes se han entrevistado con testigos e implicados en los hechos para tratar de esclarecer el origen de los disparos.

Durante el transcurso de la investigación, uno de los arrestados ha sufrido en su vivienda un incendio supuestamente provocado y que ha presentado "daños considerables". La Policía Nacional ha abierto otra investigación para averiguar lo ocurrido y la detención de los culpables.

En total, la Policía ha determinado que fueron percutidos cinco cartuchos que hirieron en las piernas, espalda y cabeza a las víctimas que tuvieron que ser asistidos en el Hospital Torrecárdenas, y cuyo pronóstico es favorable.

Ciudadanos ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para pedir al Gobierno una serie de medidas frente al fuerte aumento de los precios de la electricidad en España, como ampliar el acceso al Bono Social e incrementar el descuento que se aplica en la factura a los consumidores vulnerables.

La iniciativa, registrada por el portavoz adjunto del grupo parlamentario, Edmundo Bal, busca que el Pleno de la Cámara Baja inste al Ejecutivo a "elevar los límites de renta previstos para acceder al Bono Social de electricidad" a fin de "facilitar el acceso a los descuentos en la factura de la luz" a personas que tienen dificultades para pagarla.

También aboga por revisar los requisitos establecidos para el acceso al Bono Social al objeto de "garantizar que ningún consumidor vulnerable queda excluido del sistema de descuentos de la factura de la luz", además de incrementar hasta el 30 por ciento el descuento previsto para consumidores vulnerables y hasta el 50 por ciento en el caso de consumidores vulnerables severos.

MANTENER LA REDUCCIÓN DE LA PRESIÓN FISCAL

Asimismo, Cs propone aumentar hasta el 50 por ciento el límite a la cantidad de ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero que pueden destinarse a medidas con incidencia social para paliar situaciones provocadas por la transición hacia una economía descarbonizada.

Como quinta y última medida, la formación naranja plantea que la reducción del IVA sobre la electricidad y la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, aprobadas mediante un decreto ley el pasado junio, se mantengan "hasta que se recuperen completamente los niveles de actividad y empleo previos a la pandemia".

Según Ciudadanos, la reciente escalada de precios --en este mes de agosto, la mitad de los días se han superado los 100 euros por megavatio hora-- ha "absorbido" el efecto de las medidas del decreto de junio para reducir la presión fiscal en la factura eléctrica y ha hecho que los descuentos vigentes y los umbrales de renta fijados para acceder al Bono Social terminen siendo "insuficientes".

Para Cs, es necesario que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos actúe ante los máximos históricos que se están registrando en los precios de la electricidad como consecuencia del encarecimiento de los precios del gas y de los derechos de emisión de dióxido de carbono.

CONSUMIDORES AFECTADOS POR LA ESCALADA DE PRECIOS

En su iniciativa parlamentaria señala que este problema ya afecta a quienes están acogidos al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), que son más de diez millones de consumidores, y "también acabará redundando a medio plazo" en un incremento de las facturas de los consumidores que se encuentran en el mercado libre.

Además, Cs destaca que esta situación se produce mientras los ciudadanos "aún se están recuperando del impacto económico y social" provocado por la pandemia del coronavirus y cuando la tasa de paro se mantiene casi dos puntos porcentuales por encima del porcentaje de personas desempleadas alcanzado en febrero de 2019.

Sobre el acceso a la electricidad, indica que, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 11 por ciento de los hogares españoles no puede permitirse mantener una temperatura adecuada en casa.

El Ministerio del Interior mantiene en estudio "caso por caso" de las más de 200 solicitudes de asilo pendientes de resolución tramitadas por ciudadanos afganos que se encuentran en España desde 2008 y que quieren continuar en nuestro país, aunque no contempla ningún mecanismo excepcional para suspender las expulsiones atendiendo a la crisis del país centroasiático por el avance talibán, como han anunciado Francia o Alemania.

Fuentes de Interior señalan, además, que se mantiene la presencia en la Embajada de Kabul de los policías que forman parte del personal de seguridad. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado este viernes que para el Gobierno es "prioritario" garantizar la seguridad de todo el personal, si bien por el momento no se ha tomado una decisión sobre su posible evacuación.

Interior, que participa también junto a Exteriores y Defensa en el plan para dar una solución a los traductores afganos que asistieron a las tropas españolas en Afganistán en los últimos años, ha recordado que las solicitudes de asilo de los nacionales afganos son escasas si se compara con otros países del entorno europeo, de ahí que se pueda mantener el estudio individualizado.

987 SOLICITUDES DE PROTECCIÓN DESDE 2008

Según los datos de la Oficina de Asilo y Refugio, dependiente del Ministerio del Interior, 987 afganos han solicitado desde el año 2008 protección internacional en España. 766 solicitudes ya han sido resueltas, y de ellas, 533 de manera favorable (el 70%) reconociendo algún grado de protección internacional.

De acuerdo a estos datos, quedarían otras 221 solicitudes por tramitar, aunque en estos momentos no consta ningún expediente abierto para proceder a una devolución inmediata. Sólo en 2020 se atendieron 34 solicitudes de asilo, frente a las 10.000 de países como Francia.

Por ese motivo, las autoridades españolas no ven necesario adoptar medidas excepcionales, "sino que se procederá al análisis individualizado de cada caso y se tendrá en cuenta siempre la situación actual en el país asiático".

Este procedimiento es habitual cuando median crisis como la que sufre Afganistán, en vista de la creciente inseguridad que impera en este país por el incesante avance de los talibán. De hecho, el Gobierno de Francia se sumó ayer a los de Alemania y Países Bajos al anunciar la paralización oficial de las deportaciones.

Las fuentes de Interior consultadas explican que la estabilidad de cada país es un factor determinante para las devoluciones de nacionales, dentro de un trámite de la Oficina de Asilo y Refugio que se suele demorar en el tiempo y que implica necesariamente atender a la estabilidad del país de origen en el caso de que se resuelva que el peticionario no es apto para obtener el estatuto de refugiado.

Desde Interior entienden que el volumen marginal de peticiones de asilo por parte de ciudadanos afganos permite hacer un seguimiento individualizado, sin necesidad de adoptar "medidas excepcionales" como la de suspender estos trámites, ante el riesgo por el avance talibán.

El diputado socialista Pablo Arangüena ha urgido este viernes que en el Gobierno gallego se diriman responsabilidades, tras la resolución del Tribunal Superior de Justiza de Galicia (TSJG) que ha dejado sin vigencia la obligación de presentar el certificado covid para acceder a la hostelería en los niveles de más incidencia del virus, y al ocio nocturno en los niveles medio y bajo --donde están abiertos los interiores de estos locales--.

Arangüena ha asegurado que el Ejecutivo autonómico, con Alberto Núñez Feijóo al frente, "ha estado cometiendo una grave ilegalidad durante los últimos 20 días" y ha esgrimido que "alguien debe asumir responsabilidades. A modo de ejemplo, ha señalado que, en una empresa privada, "un hecho similar implicaría el cese fulminante de su responsable".

El órgano judicial gallego ha tumbado esta medida debido a que la Xunta no envió al tribunal gallego la orden del 22 de julio que contenía el requerimiento de presentar el certificado covid en establecimientos de hostelería y ocio nocturno.

A este respecto, el socialista ha asegurado que "es la primera vez que un Tribunal Superior de Justiza autonómico tiene que explicar a un gobierno como hacer su trabajo". "El señor Feijóo muestra un grave desprecio por la legalidad", ha añadido, "y debería asumir las consecuencias del error como máximo responsable de la Xunta".

"Continúan los tics autoritarios del Gobierno gallego", ha señalado Arangüena, al tiempo que ha comparado la actuación del Partido Popular con la del expresidente de los Estados Unidos Donald Trump. "La derecha trumpista en Galicia no es tan nociva como Trump, pero se comporta como él", ha explicado.

"FALSEDAD EVIDENTE"

También ha valorado la crítica de la Xunta al Gobierno central por no recibir dosis del lote de 3,4 millones de viales que anunció el presidente Pedro Sánchez. Arangüena ha calificado de "falsedad evidente" las declaraciones de miembros del Ejecutivo autonómico como el consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, que aseguró que el sistema de vacunación en Galicia está "siendo atacado" por La Moncloa.

El viceportavoz socialista en el Parlamento gallego ha calificado a la Xunta como "líder en ilegalidad e incompetencia" en España. "El PP está abonado a la desinformación constante a la población", ha señalado, "pero no puede ser que utilice una página de información pública sobre la vacunación para sacar ventaja política de la pandemia", ha concluido.

La Región de Murcia ha registrado 492 nuevos casos positivos por COVID-19 en las últimas 24 horas, en una jornada en la que se han registrado, al igual que el día anterior, tres fallecidos por esta causa. Se trata de tres hombres de 84, 92 y 59 años de las Áreas de Salud II (Cartagena) y VI (Vega Media), según ha informado la Consejería de Salud.

Así, la cifra de decesos notificados se eleva 1.645 y el número total de afectados por Covid-19 en la Región de Murcia desde el comienzo de la pandemia se sitúa en 130.735.

De los 492 nuevos casos, 147 corresponden al municipio de Murcia; 40 a Lorca; 32 a Cartagena; 30 a Molina de Segura; 17 a San Javier y a Las Torres de Cotillas; 14 a Yecla; 13 a Alacantarilla, Jumilla y Mazarrón; once a San Pedro del Pinatar y a Torre Pacheco; diez a Alhama de Murcia, Cieza y Totana; ocho a Abanilla, Cehegín y Ceutí; siete a Archena; y cinco a Los Alcázares, Alguazas, Fortuna y Lorquí. El resto están repartidos por los demás municipios.

El número de casos activos se sitúa en 5.072 en la Región de Murcia (diez más respecto a la jornada anterior), de los que 180 están ingresados en centros hospitalarios (14 menos). De ellos, 27 se encuentran en cuidados intensivos (uno más que el día anterior).

El resto, 4.892, permanecen en aislamiento domiciliario (24 más) y hay 124.018 personas curadas, 479 en el último día. Además, el número de pruebas realizadas sigue creciendo, en concreto ya se han realizado 1.361.234 PCR/antígeno y 114.291 de Anticuerpos.

CONTINÚAN CRIBADOS

La Consejería de Salud ha informado que los equipos del '061', junto a con Salud Pública y la colaboración de los ayuntamientos, continúan realizando cribados para la población de 14 a 49 años este fin de semana en Lorca, Cartagena, Jumilla, Murcia, Cehegín, Moratalla, San Javier, Mazarrón, Ceutí y Fortuna.

Los horarios por la mañana serán de 10.00 a 14.00 horas y los de la tarde de 16.00 a 20.00 horas.

El viernes por la tarde se hará en el recinto ferial IFELOR, y en Cartagena en la zona Escuela de Enfermería del Hospital del Rosell; mien tras que el sábado por la mañana se llevarán a cabo en el Pabellón Miguel Hernández de Jumilla y el centro de salud de El Palmar (Murcia), y por la tarde en los centros de salud de Cehegín y Moratalla.

Por último, el domingo por la mañana se realizará en la carpa de Recinto Ferial San Javier, para la población de San Javier, San Pedro del Pinatar y los Alcázares; y por la tarde en los centros de salud de Mazarrón, de Ceutí -para población de Ceutí, Alguazas, Lorquí, Torres de Cotillas y Ricote- y fortuna -para población de Fortuna y Abanilla-.

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, de acuerdo con las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), mantiene la alerta por altas temperaturas y riesgo extremo de incendios forestales en la mayor parte del país durante el fin de semana, incluidas las Islas Canarias.

Este viernes, tercer día de la ola calor, tanto las máximas como las mínimas alcanzarán valores por encima de los normales en gran parte del país, excepto el área Cantábrica y buena parte de Galicia. Es probable que se sobrepasen los 40ºC grados en los ríos de la vertiente atlántica sur, medio Ebro y localmente en Baleares, incluso los 44ºC en el valle del Guadalquivir. En Canarias, podrán superarse los 40ºC en zonas interiores.

"Existe riesgo de incendios forestales prácticamente generalizado en todo el país, por lo que es necesario extremar las precauciones para evitar su aparición", ha avisado Protección Civil en un comunicado.

Así, ante las altas temperaturas, se recomienda limitar la exposición al sol; mantenerse en lugares bien ventilados; ingerir comidas ligeras y regulares, ricas en agua y sales minerales, como frutas y hortalizas; beber frecuentemente agua o líquidos; vestir con ropa de colores claros, cubriendo la mayor superficie de piel posible y la cabeza; evitar ejercicios físicos prolongados en las horas centrales del día; o interesarse por las personas mayores y enfermas, y aquéllas que vivan solas o aisladas, entre otros consejos.

Para prevenir incendios forestales, pide prestar especial atención a las normas de la Comunidad Autónoma sobre prevención de incendios y periodos autorizados para realizar quemas de rastrojos; evitar arrojar cigarrillos, basuras y, especialmente, botellas de vidrio que hacen efecto lupa con el sol ya que las negligencias provocan gran parte de incendios forestales; o no encender fuegos u hogueras en el monte y terrenos próximos.

Además, recomienda acampar sólo en zonas autorizadas, puesto que éstas cuentan con medidas de protección frente a un posible incendio y es más fácil la evacuación; si se descubre el fuego en su inicio, avisar al 112 inmediatamente; en caso de verse sorprendido por un incendio, evitar penetrar en el monte o bosque e ir siempre por zonas de gran visibilidad y libres de combustible. En caso de emergencia por incendio forestal, hay que atender siempre las indicaciones de las autoridades competentes.

Andalucía registra este viernes 13 de agosto un total de 3.687 casos de coronavirus, inferior a lo 4.651 del mismo día de la semana pasada, según los datos consultados del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que contabiliza 14 fallecidos tras tres días consecutivos con más de 20 decesos (22 el jueves, 24 el miércoles y 28 el martes).

Por otro lado, la tasa de incidencia acumulada de la comunidad ha bajado por décima vez tras encadenar 33 días de subidas consecutivas y se sitúa en 510,4 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, 17 puntos menos en 24 horas y 71,3 puntos menos en un semana.

Los 3.687 positivos de este viernes se registran tras los 3.669 del jueves, los 3.059 del miércoles, los 3.418 del martes, los 4.184 del lunes y domingo, los 4.360 del sábado y los 4.651 del viernes pasado.

Por provincias, Sevilla continúa nuevamente como la que más casos suma con 927, seguida de Málaga con 810, Cádiz con 482, Granada con 347, Jaén con 326, Huelva con 273, Córdoba 266, Almería con 256.

En cuanto a los 14 fallecidos, Málaga y Cádiz han registrado cuatro muertes cada una, seguidas por Córdoba con dos, y Almería, Granada, Jaén y Sevilla con una en cada provincia. Huelva es la única provincia andaluza que no ha sumado decesos.

LOS HOSPITALIZADOS BAJAN 24 EN UN DÍA

Andalucía ha registrado una bajada de hospitalizados hasta un total de 1.410, 24 menos en un día, pero 74 más que hace siete días, mientras que los pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) bajan por tercer día seguido hasta 248, uno menos en un día y cuatro menos en una semana.

Málaga es la provincia con más hospitalizados con 441 y 81 pacientes en UCI, seguida de Sevilla con 270 y 48 en UCI, Cádiz con 186 y 28 en UCI, Granada con 150 y 23 en UCI, Córdoba con 121 y 20 en UCI, Jaén con 90 y nueve en UCI, Almería con 87 y 24 en UCI, y Huelva con 65 y 15 en UCI.

De acuerdo con los datos de la Consejería de Salud y Familias, Andalucía ha registrado desde el inicio de la pandemia 755.816 casos confirmados --3.687 en 24 horas-- y ha alcanzado las 10.546 muertes, 14 más. Por su parte, la cifra acumulada de hospitalizados sube hasta los 53.755, 117 más. La cifra de pacientes que han pasado por UCI alcanza los 5.899 --nueve más--, y el número de curados es de 653.279, después de añadirse 3.102.

En cuanto a los datos provincializados acumulados, de los 10.546 fallecidos desde el inicio de la pandemia --14 más--, Sevilla con 2.089 se mantiene como la provincia con más muertes --uno más--, seguida por Granada con 1.823 --uno más--, Málaga con 1.800--cuatro más--, Cádiz con 1.532 --cuatro más--, Jaén con 1.021 --uno más--, Córdoba con 1.011 --dos más--, Almería con 868 --uno más-- y Huelva con 396.

Por su parte, los casos confirmados por PCR o test rápidos de antígenos alcanzan los 755.816 desde el inicio de la pandemia --3.687 más--, liderados por Sevilla con 162.465 --927 más--, seguida de Málaga con 145.126 --810 más--, Cádiz con 106.544 --482 más--, Granada con 104.466 --347 más--, Córdoba con 68.926 --266 más--, Almería con 65.529 --256 más--, Jaén con 60.990 --326 más-- y Huelva con 41.770 --273 más--.

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización son 53.755 --117 más en 24 horas--, con Sevilla a la cabeza con 11.844 --17 más--, seguida por Málaga con 9.818 --32 más--, Granada con 8.864 --24 más--, Cádiz con 6.368 --siete más--, Córdoba con 5.076 --diez más--, Jaén con 5.000 --siete más--, Almería con 4.193 --ocho más-- y Huelva con 2.592 --doce más--.

CUATRO PROVINCIAS SIN NUEVOS INGRESOS EN UCI

De ellos, 5.899 han pasado por la UCI en Andalucía --nueve más--, con la provincia de Sevilla a la cabeza que se mantiene en 1.154, seguida de Granada con 1.132, Málaga con 936 --cuatro más--, Almería con 714, Cádiz con 674 --dos más--, Córdoba con 628 --dos más--, Jaén con 468 --uno más-- y Huelva con 193.

Finalmente, la cifra de curados alcanza los 653.279 en toda la región, 3.102 más en 24 horas, con Sevilla a la cabeza con 140.784 --568 más--, seguida de Málaga con 120.293 --1.025 más--, Granada con 94.906 --310 más--, Cádiz con 90.058 --624 más--, Córdoba con 59.676 --243 más--, Almería con 57.638 --187 más--, Jaén con 54.686 --42 más-- y Huelva con 35.238 --103 más--.

HUELVA SUPERA A MÁLAGA EN TASA COVID

Según los datos consultados en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), la incidencia acumulada en los últimos 14 días se sitúa de media en la región en 510,4 casos por cada 100.000 habitantes, con la provincia de Huelva a la cabeza con 592,2. Detrás se sitúan Málaga con 576,1; Jaén con 566,7; Cádiz con 511,2; Almería con 508,3; Sevilla con 492,2; Córdoba con 447,1 y Granada con 398,9.

El PNV no quiere valorar "globos sonda" como el planteamiento de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, de crear una empresa pública de Energía que aglutine las concesiones hidroeléctricas cuando termine la gestión privada. Ribera realizó esta propuesta en un momento en el que el precio de la luz sigue alcanzado nuevos máximos históricos.

En numerosas ocasiones, la formación jeltzale ha calificado de "parches" las medidas que estaba adoptando hasta ahora el Gobierno de Pedro Sánchez para atajar el problema de la subida en el precio de la luz --como la rebaja del IVA del 21% al 10%--, y ha reclamado, entre otras cosas, una reforma del mercado eléctrico con un pacto que beneficie a consumidores y empresas, y que se avance en la transición energética.

De momento, el PNV no quiere opinar sobre el anuncio realizado por ministra para la Transición Ecológica, la socialista Teresa Ribera, que ha abierto la puerta a crear una empresa pública energética, una reivindicación de Unidas Podemos, su socio de Gobierno.

Fuentes jeltzales han señalado que no se pronunciarán sobre "globos sonda", sino que analizarán el asunto cuando haya propuestas sobre la mesa, no solo "una declaración inconcreta".

Durante sus intervenciones en el Congreso, la diputada del PNV Idoia Sagastizabal ha abogado, ante los constantes aumentos en el precio de la electricidad, por avanzar en la transición energética. Para la formación jeltzale, "no hay una fiscalidad verde ni una reforma del mercado de trabajo y mucho menos una política estratégica energética de luces largas, que permita tener un precio mucho más ajustado de electricidad".

Sagastizabal ha denunciado que, hasta ahora, solo ha habido regulación y únicamente se ha recurrido a "parches" desde el año 1998. Aunque ha entendido necesario adoptar medidas temporales para contener los precios en la factura de la luz, en su opinión, habría que ir más allá de la regulación, y ha advertido de la situación que se generaría cuando decaigan las bajadas fiscales. También recordó el impacto que tenía el incremento del precio de la electricidad en la competitividad de las empresas.

Castilla y León ha notificado este viernes 765 nuevos positivos de COVID-19 --48 más que ayer--, para sumar un total de 290.653 desde el inicio de la pandemia, ocho más en los hospitales de la Comunidad para un total de 5.940 y 47 nuevas altas médicas, 32.165 en total, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad.

En total, se han diagnosticado ya en la Comunidad 290.653 positivos de COVID-19 en los distintos tipos de pruebas, después de sumar 765 más en la última jornada. De ese total, 284.166 positivos han sido confirmados en test PCR y de antígenos.

En cuanto a los brotes activos, se contabilizan 544, 20 menos, con un total de 2.973 casos a ellos vinculados, cinco más.

BURGOS SUMA 246 CONTAGIOS

Por provincias, Burgos es la que más positivos ha notificado desde la jornada anterior, con 246 casos más para un total de 49.770; le sigue Valladolid, con 145 nuevos y en total 64.215; Ávila, con 94 y 15.893; León, con 86 nuevos y un total de 49.670; Zamora, con 50 y 17.279; Segovia, con 45 y 20.317; Palencia, con 40 y 23.908; Soria, con 33 nuevos y un total de 12.004; y Salamanca, con 26 y 37.597.

Respecto al número de fallecidos en hospitales con diagnóstico COVID, la cifra se incrementa hasta los 5.940, después de que se hayan registrado ocho nuevos decesos, de ellos tres en Burgos, dos en León, dos en Zamora y uno en Valladolid.

Del total, 1.207 corresponden a Valladolid; seguida por León, con 1.187; Salamanca, que tiene 848; Burgos, 750; Palencia, 482; Zamora, con 448; Segovia, con 374; Ávila, con 353, y Soria, con 291.

En el caso de las altas hospitalarias, éstas suman un total de 32.165, 47 más desde el anterior parte. De ellas, se han computado 7.861 en Valladolid; 5.540 en León; en Burgos, 4.702; en Salamanca, 4.223; en Palencia, 2.476; en Zamora, 2.114; en Segovia, 2.011; en Ávila, 1.852, y en Soria, 1.386.

DISMINUYEN LOS INGRESOS HOSPITALARIOS

Según la última actualización, los hospitales de la Comunidad albergan 395 pacientes con COVID-19, 16 menos que en la jornada anterior. De ellos, 90 están hospitalizados en unidades de críticos (UCI), uno menos que en el último parte, mientras que en planta se encuentran ingresados 305, 15 menos.

Los pacientes con COVID-19 en UCI se encuentran repartidos en once hospitales de las distintas provincias --todos los que tienen unidades de este tipo-- y ocupan un 27 por ciento de las camas inicialmente habilitadas en unidades de críticos, idéntico porcentaje que el día anterior.

Así, se informa de 18 ingresados en el Complejo Universitario de Burgos; 13 en el Río Hortega en Valladolid; 11 en el Hospital Clínico Universitario de la misma ciudad y el Complejo Asistencial de Palencia; siete en el Complejo de León; seis en el Hospital de El Bierzo y en el de Ávila; cinco en los complejo de Segovia y Soria; y cuatro en los de Salamanca y Zamora.

CUATRO MUERTOS EN RESIDENCIAS.

En cuanto a las residencias de mayores, centros de personas con discapacidad y viviendas tuteladas, según los datos facilitados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades la cifra de fallecidos relacionados con el COVID-19 asciende a 4.092 en los 1.214 centros de personas mayores tanto públicas como privadas y centros públicos de discapacidad. Esto supone cuatro fallecidos más que en el último parte facilitado.

De los fallecidos, 2.987 corresponden a casos de positivos confirmados por COVID-19, cuatro más, y otras 1.105 residentes han fallecido con síntomas compatibles con el virus, sin cambios desde el mes de junio de 2020.

En la estadística difundida por la Junta se notifican 14 residentes aislados con síntomas compatibles con la COVID-19, dos más, y 349 se encuentran en esa situación de forma preventiva pero sin síntomas, diez menos que en el último registro.

En cuanto a los centros bajo la tutela de la Junta de Castilla y León, la cifra de fallecimientos se mantiene en 300, de ellos 183 con positivo confirmado, mientras que otros 117 han sido con síntomas compatibles.

Además, se encuentran hospitalizados 16 residentes, dos más que en el anterior parte, y se eleva a 1.015 el número de los usuarios con positivo en COVID-19 confirmado, dos más. Actualmente no hay residentes en aislamiento con síntomas compatibles con el COVID-19 ni aislados de forma preventiva sin síntomas.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha autorizado la limitación a un máximo de 10 personas de las reuniones sociales y familiares y la restricción de la movilidad nocturna entre la 01.00 y las 06.00 horas en 68 localidades de más de 5.000 habitantes que presentan un mayor riesgo epidemiológico por Covid-19.

De estas localidades, 32 se encuentran en la provincia de Valencia, 27 en la de Alicante y 9 municipios pertenecientes a Castellón.

En concreto, en la provincia de Alicante son l'Alfàs del Pi, Alicante, Almoradí, Altea, Aspe, Benidorm, Calp, Campello, Cocentaina, Dénia, Dolores, Finestrat, La Nucia, Monforte del Cid, Monóvar, Mutxamel, Novelda, Onil, Pedreguer, Pego, Santa Pola, San Vicente del Raspeig, Sax, Teulada, la Vila Joiosa, Villena y Xàbia.

En la demarcación de Castellón figuran Alcalà de Xivert, Alcora, Benicarló, Benicasim, Castellón de la Plana, Oropesa del Mar, Peñíscola, Segorbe y Vall d'Uixó.

Finalmente, en la provincia de Valencia son los siguientes: Alboraya, Alcúdia de Crespins, Alfafar, Alginet, Almussafes, Benaguasil, Benetússer, Benigánim, Buñol, Canals, Cheste, Gandia, Godella, Guadassuar, L'Eliana, L'Olleria, Manises, Massanassa, Mislata, Montserrat, Picassent, Rafelbuñol, Requena, Riba-roja de Túria, Sagunto, Sueca, Torrent, Turís, València, Vilamarxant, Villanueva de Castellón y Xirivella.

Estas medidas estarán activas desde el 17 de agosto hasta el 6 de septiembre, según el escrito presentado ante el Tribunal este miércoles 10 de agosto por la Conselleria de Sanidad Universal, detalla el ato tribunal en un comunicado.

La resolución llega después de que en la mañana de este viernes la Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana hiciera público que no se opone a las nuevas restricciones y prórroga de medidas que ha solicitado la Generalitat Valenciana para controlar la pandemia, es decir prolongar el toque de queda --entre las 01.00 y las 06.00 horas-- pero reduciéndolo de 77 a 68 municipios, donde se aplicaría, además, la limitación de reunión a diez personas.

La Sala considera que la adopción de las medidas solicitadas supone el mantenimiento de un control "aún necesario" en función del criterio de proporcionalidad y añade que "no existe una medida más moderada que con la misma eficacia consiga el propósito de limitar los denominados 'botellones' y aglomeraciones de personas". Lo mismo entiende respecto de la limitación del número de personas en reuniones familiares o sociales, que implican "los mayores brotes epidémicos, que afectan no solo a personas jóvenes sino a todos los miembros del grupo".

El auto, que cuenta con el voto particular discrepante de uno de los magistrados --que cuestiona, no las medidas, sino la competencia de la Consellería de Sanidad para dictar resoluciones de limitan los derechos fundamentales sin la cobertura de un estado de alarma-- y que puede ser recurrido en casación, alude a la expansión de la variante Delta del coronavirus, al aumento de hospitalizaciones y defunciones, al crecimiento en la positividad de las pruebas diagnósticas y al incremento de la socialización y la movilidad.

Del mismo modo, el Tribunal recuerda que actualmente los grupos de edad más afectados son los más jóvenes, en los que "la enfermedad suele ser leve y presentan pocas comorbilidades", aunque estos contagios impactan "especialmente en la Atención Primaria". Añade la resolución que existe el riesgo de aparición de una variante que pueda afectar a la protección de las vacunas y de la infección previa.

"JUICIO CONSTITUCIONAL DE PROPORCIONALIDAD"

Con estas premisas, detalladas en el informe de evolución epidemiológica que la Administración ha adjuntado a su solicitud, la Sala concluye que las medidas propuestas por la Conselleria de Sanidad suponen un mantenimiento del control "aún necesario" y que cumple el "juicio constitucional de proporcionalidad", tal y como ha determinado la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ en anteriores resoluciones.

En el auto, se examina, además, la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 14 de julio que declara inconstitucional el confinamiento general decretado por el Gobierno central con el primer estado de alarma al tratarse de una suspensión del derecho a la libre circulación.

A diferencia de aquella situación, la Sala entiende que el toque de queda "no implican una suspensión, sino una mera limitación de tales derechos, consistentes en restringir en cinco horas y en horario nocturno la libertad deambulatoria". Del mismo modo, la Sala nombra la sentencia del Tribunal Supremo del 2 de agosto en la que el Alto Tribunal determina directa y positivamente que con la legislación vigente cabe el toque de queda siempre que lo justifique el principio de proporcionalidad.

Un total de 1.444.407 vascos han finalizado ya la pauta de vacunación, lo que representa el 73% de la población mayor de doce años, mientras que el 80,6% ha recibido al menos una dosis.

Según el boletín de vacunación, difundido por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco en la jornada de este viernes, en Euskadi se ha administrado el 97,4% de las 2.949.700 vacunas recibidas.

En concreto, se han recibido hasta la fecha 2.092.950 vacunas de Pfizer (el 96,1% administradas), 301.700 de Moderna (el 97,2% inoculadas), 110.850 de Janssen (el 83,8% administradas) y 444.200 de AstraZeneca (el 107% puestas). De estas últimas se puede obtener hasta once dosis de los viales, de tal forma que se podrían poner hasta el 110% de las vacunas recibidas.

Así, 1.444.407 vascos han concluido ya la pauta de vacunación contra la covid-19, lo que supone un 73% de la población mayor de doce años, mientras que 1.549.495, el 80,6%, han recibido al menos una dosis. Un 2% tiene alguna contraindicación o se ha negado a recibir el suero.

POR EDADES

Por edades, han recibido la primera dosis de la vacuna el 95,2% de los mayores de 100 años, el 93,1% de los vascos de 90 a 99 años, y el 97,1% de los que tienen entre 80 y 89 años. Entre la franja de 70 a 79 años, el porcentaje alcanza el 95,7%, entre la población de 60 a 69 años es del 92,9% y asciende al 91,7% entre las personas de 50 a 59 años.

También han sido ya vacunados con una primera dosis el 86,8% de la población de 40 a 49 años, el 72,6% de las personas de 30 a 39 años, el 53,7% de los de 20 a 29 años, un 48,2% de la franja de edad de 16 a 19 años y un 21,5% de los menores de 12 a 15 años.

INMUNIZACIÓN COMPLETA

La tasa de personas con vacunación completa alcanza el 94,3% entre los mayores de 100 años, el 93% entre las personas de 90 a 99 años y el 96,7% en la franja mayores de 80 a 89 años. Este porcentaje es del 95,5% en las personas de 70 a 79 años, mientras que en el colectivo de 60 a 69 años la tasa es del 92,5% y en el de 50 a 59 años del 89,9%.

Además, ya han recibido la segunda dosis el 85,3% de las personas de 40 a 49 años, el 59,8% de la franja de edad de 30 a 39 años, el 25,5% del colectivo de 20 a 29 años, el 12,5% de la franja de edad de 16 a 19 años y el 2,7% de los jóvenes de 12 a 15 años.

Los jóvenes españoles valoran positivamente vivir en el medio rural, aunque demandan mejoras en los servicios. Esta es una de las conclusiones de la encuesta realizada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Red Rural Nacional (RRN), para conocer la percepción que tienen los jóvenes a cerca del medio rural español, sus propuestas y necesidades para mejorar la vida en los territorios, y de qué modo consideran que la RRN puede contribuir a hacerles frente.

En general, los jóvenes menores de 41 años que han participado en la encuesta han valorado con un 8,87/10 la satisfacción de vivir en el medio rural. Respecto a qué es lo que más les gusta de vivir en el medio rural, los datos muestran que el contacto con la naturaleza y espacios menos contaminados (3,87/5), la cercanía, el rimo de vida y el tipo de vida (3,68/5) y poder trabajar en lo que gusta (2,52/5)

Respecto a las necesidades que demandan los jóvenes para querer quedarse a vivir en núcleos rurales, el 32 % de las respuestas están orientadas a tener empleo y mayores oportunidades laborales. Un 22,74 % de los encuestados dan importancia al autoempleo y emprendimiento, por lo que reclaman formación específica al respecto.

Asimismo, un 15% de los jóvenes han manifestado la necesidad de mejorar la calidad y el acceso a los servicios básicos, entre los que destacan los servicios de educación y sanitarios (más del 30%), y la mejora de infraestructuras que conecten con otros núcleos de población. En este ámbito, un 14% reclama una apuesta por la digitalización y el acceso a internet de calidad.

Además, un 12% reclama un mayor apoyo de las administraciones públicas, donde se incluye la petición de más ayudas económicas y facilidades para el acceso a la tierra y a la vivienda.

Ante la pregunta de cómo puede ayudar la RRN para que las zonas rurales sean más atractivas, los jóvenes se decantan por temas de trabajo relacionados con el acceso al empleo (56,4%), el emprendimiento (49,5%) y la innovación y digitalización (40,7%).

Durante los 15 días que estuvo abierta la encuesta se recibieron 1.053 aportaciones, procedentes principalmente de jóvenes menores de 41 años (83,5%), de los que más de la mitad son menores de 31 años. El 54% del total de las personas que han respondido son mujeres.

Casi el 40% de los encuestados vive en municipios de menos de 1.000 habitantes; y más del 70%, en municipios de 5.000 habitantes. Por lugar de residencia, las comunidades autónomas con mayor participación han sido Aragón (20,51%) y Castilla La Mancha (20,32%), seguidas de Asturias (12,82%), Castilla-León (11,30%), y Andalucía (9,02%).

Euskadi ha registrado este pasado jueves 891 nuevos casos de covid-19, 36 menos que el día anterior, mientras que la tasa de positivos ha bajado cuatro décimas, hasta el 12,1%. Asimismo, la incidencia acumulada en 14 días también continúa su tendencia descendente y se sitúa en 584,12 y también disminuyen los ingresados en las UCI, un total de 62, lo que supone dos menos.

Según el último boletín hecho público por el Departamento vasco de Salud, a lo largo del jueves se han practicado 7.369 test diagnósticos, con 182 positivos en Álava (siete más), 466 en Bizkaia (16 menos), 220 en Gipuzkoa (30 menos), y 23 en personas con residencia fuera de Euskadi, tres más.

Estos 891 casos suponen una tasa de positivos en relación a las pruebas efectuadas del 12,1%. La trazabilidad de los casos baja una décima, hasta el 33,5%, porcentaje de positivos detectados por ser contactos de otros casos, frente al frente al 36,4% de positivos que se realizaron las pruebas por presentar síntomas de covid.

En esta jornada, los indicadores de razón de tasas de incidencia (que compara la tasa de incidencia acumulada en 14 días actual con la de hace una semana) se eleva una décima hasta el 0,78, al igual que sucede con el índice de reproductividad (que mide a cuántas personas contagia cada caso positivo) que se sitúa en el 0,89.

Por su parte, la tasa de incidencia acumulada en 14 días por cada 100.000 habitantes registra un nuevo descenso, de 19,28 puntos, y ya se sitúa por debajo de los 600 (en concreto 584,12 casos).

Por Territorios, Bizkaia supera la media vasca, con una tasa de 618,78, mientras que Gipuzkoa presenta la tasa más baja de los territorios vascos con 499,27. Álava, por su parte, registra un nuevo incremento de su incidencia, hasta los 552,98 casos (15,44 puntos más).

Tal y como recoge el boletín, el en caso de Bizkaia se han identificado en las últimas 24 horas 466 casos, lo que supone 16 menos que una jornada antes. Los municipios con mayores datos son Bilbao con 147, Getxo con 46, Barakaldo con 28, Leioa con 24, Portugalete con 21 y Santurtzi con 20.

Por su parte, Gipuzkoa anota 20 casos menos, hasta un total de 220. San Sebastián con 40 contagios, Irún con 20, Pasaia con 17, Rentería (15) y Eibar (13) son las localidades con más positivos en esta jornada.

INCREMENTO EN ÁLAVA

En el caso de Álava, el Territorio sigue la dinámica de incremento de casos de las últimas jornadas, con siete más que el día anterior, hasta un total de 182 positivos, de los que la gran mayoría, 143, corresponden a Vitoria.

Otras localidades alavesas que han sumado positivos en las últimas horas han sido Amurrio, con 8 casos, Llodio, que ha sumado cuatro nuevos positivos, y Salvatierra (3).

Por su parte, los contagios detectados en personas con residencia fuera de Euskadi, un total de 23, suponen un incremento en tres casos respecto al último balance.

Con estos datos, se mantienen en 59 los municipios de más de 5.000 habitantes superan los 400 casos de incidencia acumulada en 14 días por cada 100.000 habitantes, incluidas las tres capitales vascas. De ellos, 31 son vizcaínos, 25 guipuzcoanos y tres alaveses.

POR GRUPOS DE EDAD

Por grupos de edad, destacan de nuevo los contagios en la franja de edad de entre 20 y 29 años, con 248 casos, y de entre 10 a 19 años, con 210 positivos. En estos colectivos, la tasa de incidencia acumulada en 14 días es de 11733,16 y 1245,36, respectivamente.

Se sitúa en un centenar de contagios el colectivo de 30 a 39 años. Asimismo, se han dado 97 casos en personas de entre 40 y 49 años, 74 en la franja de 50 a 59 años, 61 en menores de nueve años, 42 de personas de 60 a 69 años, 27 en la población de 80 a 89 años y 22 en la franja de 70 a 79 años, así como ocho casos en mayores de 90 años.

SITUACIÓN EN LOS HOSPITALES

En los hospitales vascos, han ingresado en planta este jueves 47 personas con covid, 12 menos que el miércoles. Sin embargo, el total de pacientes hospitalizados en planta, 281 personas, representa doce más que el día anterior.

A ellos se le suman los 62 enfermos de coronavirus que hay actualmente en las Unidades de Cuidados Intensivos, dos pacientes menos que miércoles.

El exjefe de ETA José Antonio Urrutikoetxea, alias 'Josu Ternera', goza de nuevos beneficios penitenciarios concedidos por la Justicia francesa. En concreto, según adelanta La Razón, se le ha retirado la pulsera telemática con la que era controlado dado que permanece en libertad provisional.

Tras este alivio penitenciario, Urrutikoetxea se ha trasladado con su familia desde su residencia en París --donde vivía desde que en julio de 2020 se acordó que permaneciera en régimen de arresto domiciliario con una pulsera electrónica por motivos de salud-- a la localidad de Anglet, cerca de la frontera con el País Vasco. A pesar de la retirada de ese control telemático, sigue sujeto a medidas cautelares por lo que debe presentarse tres veces a la semana en dependencias policiales.

El etarra, de 70 años, fue detenido en mayo de 2019 en Sallanches, en los Alpes franceses, tras permanecer casi 17 años en la clandestinidad. En junio de ese año, el Tribunal de Apelaciones francés le puso en libertad provisional por motivos de salud, pero cuando abandonaba la prisión de La Santé fue retenido después de que las autoridades francesas se cercioraran de que la Audiencia Nacional le requería por varias causas.

Precisamente en julio, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó su procesamiento por una de ellas, la del atentado cometido en 1987 contra la casa cuartel de Zaragoza, que dejó once muertos, incluidos seis niños.

Este procesamiento llegaba después de que la Corte de Casación de París autorizara en noviembre de 2020 su entrega definitiva a España por este atentado. El tribunal galo rechazó en su decisión un recurso presentado por la defensa de Josu Tenera contra un fallo de la Cámara de Instrucción del Tribunal de Apelaciones de París que ordenaba repatriarlo.

La Corte de Casación también acordó la entrega definitiva de Josu Ternera a España por la causa sobre la financiación de la organización terrorista a través de las 'herriko tabernas', mientras que el Tribunal de Apelaciones dio luz verde a su extradición por el asesinato del entonces directivo de Michelin Luis María Hergueta el 25 de junio de 1980 en Vitoria.

Sobre ese asesinato, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz anuló en mayo su procesamiento, con el respaldo de la Fiscalía, al comprobar que en esa fecha Josu Ternera no formaba parte de ETA político-militar, quienes reivindicaron ese atentado.

La Audiencia Nacional también reclamaba al etarra por una causa sobre delitos de lesa humanidad en la que hay procesados otros ex dirigentes de la organización terrorista, pero en este caso las autoridades francesas denegaron la devolución a España.

EL JUICIO DE SEPTIEMBRE

La entrega a España deberá esperar no obstante a que se celebre en septiembre el último juicio que tiene programado Josu Ternera en Francia, tras él, las autoridades galas deberán decidir si entregan temporalmente al exjefe de ETA.

Esa vista que debía celebrarse en el Tribunal de Apelaciones --programada anteriormente para febrero de 2021-- por hechos ocurridos entre 2002 y 2005, fue aplazada al no poder acudir varios testigos debido a razones sanitarias.

Por estos hechos, 'Josu Ternera' fue condenado en primera instancia a cinco años de prisión, que se convirtieron en siete años en apelación, por cargos de 'asociación de malhechores terroristas'. Sin embargo, como fue sentenciado 'in absentia', solicitó que se le juzgara de nuevo en persona. Sus huellas aparecieron en dos zulos de ETA hallados en 2002 en Lourdes y Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), así como en un vehículo.

El Gobierno gallego ya ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) la solicitud de autorización judicial para poder exigir el certificado covid para acceder a locales de hostelería en los municipios con niveles alto y máximo de incidencia del virus, así como en el ocio nocturno en los niveles medio y bajo --en los de mayor incidencia los interiores están cerrados--.

La Consejería de Sanidad ha ratificado el paso en la misma jornada en la que el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido, en declaraciones realizadas en Telecinco, que su Ejecutivo "va a respetar" los autos emitidos por el TSJG, pero se ha reafirmado en que la Xunta veía avalada la medida por la legislación gallega sin necesidad de recurrir previamente a la Justicia.

De hecho, el presidente gallego ha asegurado que en el escrito que la Xunta presenta ante la Justicia se "acreditará" que la ley de pandemias gallega --como se refiere a la reforma de la ley de salud autonómica-- "legitima" a la Comunidad para establecer esta exigencia sin necesidad de autorización judicial previa.

"Esto lo hacemos por varias razones: primero porque la mayoría de países europeos lo están haciendo; segundo, porque más del 70% de la población gallega tiene la pauta vacunal completa; y tercero, porque nos parece la forma más segura para ayudar a la hostelería a trabajar sin limitaciones y también para consumir en locales de localidades con incidencias altas", ha manifestado.

Frente a las críticas de parte de la hostelería por exigir este documento, Feijóo se ha reafirmado en que "mucho peor" sería "tener que cerrar" en municipios con incidencia muy alta. "Lo que interesa a ciudadanos y a hosteleros es que se pueda abrir el interior de todos los restaurantes", ha subrayado.

"NO HAY LEGISLACIÓN"

Más allá, ha defendido la medida y ha recordado que en España "hay 18 millones de personas inmunizadas". Así las cosas, ha recalcado que el objetivo del pasaporte covid "no es viajar" o coger un avión, si no favorecer que se puedan utilizar los establecimientos de ocio "de forma segura para el conjunto de la comunidad".

Asimismo, a la espera de lo que diga el TSJG, ha vuelto a lamentar que se "acredite" una vez más "que no hay legislación" en España. Feijóo, que ya se había quejado de la "judicialización" de la pandemia, ha esgrimido que "el Gobierno ha decidido no hacer nada", con lo que las comunidades intentan buscar el respaldo a sus medidas en sus respectivos tribunales superiores.

Esta situación, ha remarcado, desemboca a veces en decisiones contradictorias por territorios ante supuestos similares. No en vano, ha hecho hincapié en que se han autorizado cierres en lugares con menos incidencia del virus que en otros en los que el alto tribunal en cuestión dijo que no.

VACUNACIÓN EN RESIDENCIAS Y SANITARIOS

Feijóo, quien defendió la vacunación obligatoria para sanitarios y cuidadores de mayores en residencias en una entrevista, se ha reafirmado en su postura. Bajo su punto de vista, es "imprescindible" hacerlo.

Así, ha argumentado que un cuidador no vacunado "mal puede dar garantías" a la persona que cuida, sobre todo "si además tiene una edad elevada y pluripatologías". Ha recordado que en Galicia fueron los primeros colectivos vacunados y que ahora se espera que haya una doctrina científica cerrada sobre si es precisa y cuándo una tercera dosis, para determinar los pasos a dar.

Finalmente, se ha quejado de los criterios de reparto para las dosis de vacunas a mayores anunciadas por Pedro Sánchez. En concreto, ha considerado "simplón" un reparto que solo ajusta en base a las cantidades recibidas previamente por tener más población diana, pero no tiene en cuenta que hay comunidades con más ciudadanos inmunizados porque contrajeron la enfermedad y que requieren, en consecuencia, menos segundas dosis.

"Es un error", ha esgrimido, antes de recordar que en Galicia los jóvenes tienen interés en vacunarse, como demuestra el colapso de la última remesa de autocitas abiertas para personas de entre 16 y 21 años, con "hasta 50.000 peticiones por minuto". "No hemos podido atender a todas las personas", ha zanjado.

La organización Save The Children ha advertido este viernes de que "cualquier repatriación colectiva" de menores migrantes es "ilegal", después de que algunas informaciones hayan señalado que Marruecos y España están trabajando conjuntamente en un protocolo para agilizar la reagrupación familiar de los niños que entran solos en Ceuta.

Save the Children cuestiona el enfoque de esta iniciativa ya que considera "ilegales" los planteamientos que pasen por reagrupaciones colectivas en lugar de analizar caso por caso la situación de cada menor de edad.

"Resulta esencial que, tras la llegada al territorio, las autoridades realicen una evaluación del interés superior de cada niño y niña para determinar cuál es la solución duradera que mejor responde sus necesidades y su bienestar", ha explicado la directora de Incidencia Social y Políticas de Infancia de la ONG, Catalina Perazzo.

A su juicio, las soluciones duraderas que se planteen al menor pueden ser la integración en el país de acogida, el reasentamiento en un tercer país o el retorno al país de origen, ya sea a su familia o al sistema de protección del país de origen.

Además, para que el retorno pueda ser considerado como la solución que mejor garantice los derechos del menor --incluyendo su derecho a la salud, la educación y la integridad física--, Save The Children recuerda que esta decisión debe llevarse a cabo tras una evaluación de su interés superior exhaustiva e individualizada.

Del mismo modo, ve "imprescindible" que su retorno no suponga un riesgo para la integridad física o moral del niño y que se pueda garantizar un seguimiento individualizado y una garantía de reintegración que permita el cumplimiento de todos sus derechos.

"En ningún caso podría ser el resultado de una expulsión colectiva ni, sobre todo, que se realice en contra de la voluntad del propio niño, niña o adolescente", apunta la ONG.

"Los argumentos no fundados en derechos, como lo son los basados en las restricciones generales de la inmigración, no pueden prevalecer sobre las consideraciones fundadas en el interés superior del menor", ha recalcado Perazzo. Según señala, "este tipo de noticias generan además mucho nerviosismo y ansiedad" en los menores, lo que les puede provocar que huyan de los centros en los que se encuentran", aumentando así su vulnerabilidad.

CC.OO. ha decidido llevar al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el proceso admisión del segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato para el próximo curso 2021/2022 en la Dirección de Área Territorial (DAT) de la capital, así como la supresión de "más de 1.300 aulas".

Así, el recurso de alzada previo presentado el 5 de julio, que ha sido desestimado, recoge todas las unidades en las que el número de no admitidos "equivaldría a la mitad de una clase", lo que obliga "a la modificación de la oferta inicial de plazas vacantes y a que se autorice el funcionamiento de las unidades escolares necesarias para atender la demanda conforme al Decreto 29/2013 que, en teoría, garantiza la libre elección de centro", han señalado en un comunicado.

"La libertad de elección de centro ha sido enarbolada por los gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid desde hace años", ha señalado la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. Madrid, Isabel Galvín. Además, ha subrayado que "es parte de su mantra liberal y han usado esa libertad para justificar el crecimiento de la educación concertada a costa de unos recursos públicos que nos pertenecen a todos".

Por ello, ha tildado de "hipocresía" que la DAT Madrid Capital se defienda diciendo que la libertad de centro es "un derecho de trascendencia constitucional" pero que "no es un derecho absoluto", y que su cumplimiento "dependerá de que existan o no plazas vacantes en el centro elegido".

"Traducido: que solo habrá libertad de elección cuando haya plazas. Y dado que ellos recortan plazas, la conclusión es sencilla: no hay libertad", han aseverado desde el sindicato.

Galvín ha subrayado que la libertad de elección solo es un derecho "cuando les conviene a ellos" ya que "pregonan la libertad cuando hay que blindar la concertada y mantener un negocio que en nada beneficia a las familias" pero que, cuando se trata de ofrecer plazaas públicas, "recortan esas plazas para empujar a ese alumnado hacia la educación concertada".

"Como es sabido, es la propia DAT de la Consejería de Educación la que, antes de que las familias manifiesten sus preferencias y elección de centro, ofertan vacantes y abren o cierran unidades, lo que evidencia la enorme falacia y fraude social que supone la libertad de elección de centro cuando de elegir centros públicos se trata", han trasladado desde CC.OO.

En esta línea, han criticado que el Gobierno regional "meta la tijera antes de conocer la demanda" y diga que "no hay plazas en la pública". "Es evidente que el Gobierno de Díaz Ayuso no es amigo de la libertad, sino del monopolio. Para muchísimas familias, en la Comunidad de Madrid de Ayuso no hay elección posible", han censurado.

RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA

"En la resolución emitida como respuesta al recurso de alzada se reconoce que existe muchísima demanda de plazas públicas sin atender, pero responden como si la solución no estuviese en sus manos, escudándose en que no es posible atenderla por falta de espacio o con cualquier otra excusa que sería fácilmente remediable autorizando el funcionamiento de más unidades en centros públicos, ampliándolos o construyéndolos si fuera menester", han continuado.

En la resolución del recurso de alzada, se indica que no procede anular las resoluciones de alumnos admitidos porque "carecen de fundamento legal, al estar sustentada sobre datos erróneos que confunden el ejercicio de libertad de elección de centros educativos" y no constatar "ninguna irregularidad del procedimiento de admisión".

Sin embargo, desde CC.OO. han informado de que solo en Madrid-Capital han quedado sin atender 179 solicitudes para primero de ESO en el IES San Isidro, 155 para el mismo curso en el Tirso de Molina, 123 en el IES Las Musas e igual cifra en el Príncipe Felipe, 122 en el instituto Madrid Sur, 110 en el Blas de Otero, 108 en el IES Gran Capitán, 105 en el Cervantes y 97 en el Alfredo Krauss, y en primero de Bachillerato 342 en el IES Ramiro de Maeztu, entre otros.

Por último, han justificado que ante esta "gran mentira que es la libertad en Madrid", CC.OO. ha decidido interponer un recurso ante el TSJM para obligar a Ayuso a garantizar la libertad de elección. "Un concepto del que quieren apropiarse, pero cuyo significado desconocen", han apostillado.

"NO SE SUSTENTA" CUANDO FINALIZA EL PROCESO DE ADMISIÓN

Por su parte, fuentes de la Consejería de Educación han informado de que todavía no han recibido ningún recurso ante TSJM contra el proceso de admisión del próximo curso 2021/2022 y que, en el caso de que se reciba, los servicios jurídicos estudiarán su posible recurso.

En cualquier caso, han señalado que la crítica de la reducción de aulas y por tanto de plazas educativas es una "crítica habitual" que hacen algunos sindicatos como CC.OO. todos los cursos, pero "no se sustenta cuando finaliza el proceso de admisión y se constatan las cifras oficiales".

"Como suele suceder todos los cursos escolares, el número de aulas que se ofertan en centros públicos aumenta, porque el número de alumnos también lo hace. Es más, durante este curso, casi el 95% de las familias madrileñas han obtenido plaza en el centro elegido como primera opción para escolarizar a sus hijos de 3 años el próximo curso 2021/22, el mejor porcentaje registrado en la región en toda la serie histórica", han apostillado.

A ello, las mismas fuentes han añadido que el saldo de creación de aulas en la Comunidad de Madrid es "siempre positivo", por lo que la eliminación "no tiene sentido en un sistema educativo, como el madrileño, que continúa creciendo". Tan sólo este curso, aumentó en 16.488 alumnos, de los que 13.385 fueron alumnos de la educación pública.

En cuanto a los docentes, han apuntado que el Gobierno autonómico realizará el próximo curso escolar 2021/22 "el mayor plan de refuerzo de la historia en los centros educativos de la región con la contratación extraordinaria, para su incorporación a las aulas en septiembre, de 2.931 profesores y otros profesionales". A estos se sumarán los 3.700 nuevos docentes que también se incorporarán al inicio del curso en los institutos madrileños, en Secundaria y Formación Profesional, tras las oposiciones celebradas con el mayor número de plazas ofertada en la Comunidad de Madrid.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Granada, ha acordado ratificar el toque de queda nocturno solicitado por la Junta de Andalucía para Bailén (Jaén), así como la prórroga de esta medida en Mengíbar, donde está activa desde el 7 de agosto.

En concreto, ha avalado las medidas sanitarias urgentes adoptadas por la Delegación Territorial de Salud y Familias en Jaén, consistentes en la limitación de la libertad de circulación de las personas en vías y espacios públicos entre las 2,00 y las 7,00 horas.

Se ratifica por un periodo de siete días naturales desde las 00,00 horas del día siguiente al de la publicación de la Resolución en el BOJA, haciendo pública su autorización judicial, según ha informado este viernes el Alto Tribunal andaluz.

En el caso de Mengíbar, además, se han tenido en cuenta "los datos de contagio producidos en el municipio, que han aumentado respecto a la medida anterior", que fue ratificada por el auto emitido el 6 de agosto. De hecho, este miércoles, cuando la Junta planteó mantener el toque de queda, presentaba una tasa de incidencia acumulada de 2.180,7 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, 760,3 puntos más que una semana antes.

Este viernes, la tasa ha bajado en la localidad, aunque se mantiene como la más alta de la provincia de Jaén: es de 1.910,6, según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía.

En cuanto a Bailén, la tasa se sitúa en 1.185,3 por cada 100.000 habitantes en 14 días. De este modo, ha aumentado con respecto a los 1.054,3 que registraba el miércoles, día que en la Junta solicitó aplicar el toque de queda en el municipio.

En ambos casos, la sala entiende que la orden alcanza un "necesario equilibrio o proporción entre las medidas que impone y la razón última que las justifica", más aún atendiendo "al importante número de personas que se congregan generalmente en ese tramo horario para lo que se conoce como 'botellón', y a la edad de los asistentes, jóvenes que aún no han tenido acceso a la primera dosis de la vacuna o a su pauta completa".

Por ello, concluye que la medida incluida en la orden es "justificada y proporcionada --y, hemos de añadir, necesaria-- para la consecución del fin que se pretende, esto es, la protección de la vida, salud e integridad física, al amparo de los artículos 15 y 43 de la CE, sin que quepa predicar una lesión de derechos fundamentales de tal entidad que deba entenderse desproporcionada o injustificada, respecto del concreto objeto de la solicitud de ratificación que nos ocupa".

Los autos emitidos por la Sala de lo Contencioso consideran que, "a la vista del informe de la evaluación específica de riesgo para covid-19" en Bailén y Mengíbar, así como "de la justificación" ofrecida por la letrada de la Junta de Andalucía en su solicitud, la medida es "idónea y necesaria para proteger la salud pública de la población", y especialmente la de los municipio afectados, en un contexto de pandemia provocada por el virus.

MEDIDA PROPORCIONADA

Entiende, además, que "proporcionada a la restricción del precitado derecho fundamental a la libertad personal, atendidos los datos de contagio producidos" en las localidades y "los relativos a la presión hospitalaria de la provincia de Jaén, con alto porcentaje de ocupación de camas UCI".

Y ello, sin que, "la restricción de la movilidad durante las cinco horas centrales de la madrugada, durante siete días naturales, obste gravemente al ejercicio de otros derechos individuales, a la vista de las excepciones que la Orden establece, siendo en cambio beneficiosa para el control y menor contagio de la enfermedad".

La medida de limitación de la libertad de circulación solicitada por la Junta de Andalucía tanto para Bailén como para Mengíbar ha contado con el informe favorable del ministerio, según ha concluido el TSJA.

Vox ha solicitado la comparecencia en el Congreso de la ministra de Igualdad y dirigente de Podemos, Irene Montero, para que explique los "presuntos cobros ilegales" que su partido podría haber estado recibiendo de la Embajada de Ecuador en España.

La formación presidida por Santiago Abascal ha registrado una petición en la Cámara Baja para que Montero informe, en la Comisión de Asuntos Exteriores, sobre "los supuestos contratos celebrados entre la Embajada ecuatoriana" y ella misma "al objeto de evitar los desahucios de ciudadanos ecuatorianos en España".

El portavoz de VOX en dicha Comisión, Víctor González Coello de Portugal, cree que tanto Montero como su compañero Rafa Mayoral, miembros de la dirección estatal de Podemos, deberían rendir cuentas "urgentemente" y "presentar su dimisión si no son capaces de explicar las gravísimas acusaciones" del nuevo embajador de Ecuador en Madrid, Pascual del Cioppo.

ACUSACIONES DEL NUEVO EMBAJADOR DE ECUADOR EN ESPAÑA

Del Cioppo, que accedió al puesto este mes de agosto tras ser designado por el Gobierno de Guillermo Lasso, aludió este jueves, en una entrevista en TC Televisión, a unos contratos por los cuales la Embajada pagaba servicios de asesoría destinados a ecuatorianos residentes en España que no podían pagar sus hipotecas y créditos.

El embajador indicó que al frente de la cooperativa Kinema está el diputado Rafa Mayoral y que en otra participa Irene Montero. "Llegaron (a cobrar) hasta 1,2 millones de euros por año, y en pandemia, el año pasado, se tuvo la osadía de firmar un contrato anual de 725.000 euros", aseguró, añadiendo que el actual presidente de Ecuador ordenó "de inmediato" la suspensión de esos contratos y que no se abonaran las cuotas de junio y julio.

Del Cioppo añadió que no sabe de qué defendían los asesores a los ciudadanos ecuatorianos, ya que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó un decreto el año pasado para suspender temporalmente los desahucios y los lanzamientos para hogares vulnerables que no tengan alternativa habitacional.

En relación con estas afirmaciones, González ha señalado que el embajador "ha denunciado públicamente una fuente de financiación ilícita y probablemente ilegal de Podemos". "En Vox no pararemos hasta conocer con total transparencia" el destino del dinero público de los ecuatorianos, ha advertido el diputado, que cree que también los españoles tienen derecho a que "se depuren las responsabilidades políticas y judiciales" que correspondan.

Por otro lado, Vox ha registrado dos preguntas parlamentarias para saber si el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos cree que esos contratos "comprometen su imparcialidad" a la hora de "defender los intereses nacionales" y si va a realizar alguna investigación "para comprobar la veracidad de las declaraciones del embajador ecuatoriano, al ser éstas dañinas para la imagen exterior" de España.

La Policía Judicial concluye que la presunta trama encabezada por el productor de televisión José Luis Moreno llegó a gestionar "hasta 130 sociedades" que se encontraban "repartidas por toda la geografía nacional" para conseguir financiación y "ocultar y desviar los beneficios obtenidos ilegalmente".

Así consta en un oficio de 21 junio, que ha sido remitido al Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, donde el magistrado Ismael Moreno dirige la investigación que llevó a la detención del ventrílocuo en el marco de la 'Operación Titella'.

Los investigadores sostienen que el centenar de sociedades carecían en su mayoría de actividad real y que eran "administradas por hombres de paja" que "han permitido que los verdaderos administradores permanecieran ocultos y en el anonimato, lucrándose con impunidad".

Los agentes empezaron a investigar a Moreno y a sus socios el 18 de septiembre de 2018 a petición del Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid, a raíz de una querella presentada por Abanca por un presunto delito de estafa. De forma paralela, la Policía Nacional ya estaba investigando denuncias presentadas por dos empresarios y había tramitado también el aviso de un empleado de ING Direct que daba cuenta de una serie de estafas a través del "peloteo de pagarés".

Según explican en el informe, la operativa fraudulenta consistía en firmar pagarés --que cargaban a cuentas de las sociedades que la presunta trama tenía en otras entidades bancarias-- sin que existiese una deuda real para así llevar a cabo la "disposición inmediata de fondos antes de cumplirse el plazo de devolución interbancario".

De esta manera, las empresas conseguían fondos a corto plazo antes de emitir el pagaré en favor de la siguiente sociedad de la organización. Según los agentes, lo harían con el objeto de "obtener una financiación irregular" y "cubrir las compensaciones de cheques/pagarés".

UNA TRAMA, DOS ORGANIZACIONES

Tras tres años de pesquisas, la Policía Judicial divide la presunta trama en dos organizaciones: una liderada por José Luis Moreno, Antonio Aguilera y Antonio Salazar, dedicada desde 2017 al "fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados", "a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés" y al "blanqueo de capitales"; y otra, encabezada por Carlos Brambilla, que "tiene presuntamente como actividad principal el tráfico internacional de drogas" y que utiliza a la supuesta organización en la que figura Moreno para "blanquear el dinero" obtenido del narcotráfico.

Los agentes subrayan que las conversaciones telefónicas intervenidas reflejan que "ambas organizaciones movían grandes cantidades de dinero en efectivo". "Como prueba de ello tenemos el SMS remitido (...) el 11/11/2020 en el que hay una fotografía en la que se aprecia una cantidad de unos 500.000 euros en fajos de billetes", añaden.

UN MILLÓN CADA 15 DÍAS

Los investigadores aseguran que los sospechosos movían "grandes cantidades de dinero en efectivo de manera regular, aproximando estas cantidades al millón de euros cada 15 o 20 días".

Según un escrito enviado al juzgado el pasado octubre, la Fiscalía de la Audiencia Nacional cifra en 85 millones de euros el dinero presuntamente estafado a diferentes entidades bancarias por la supuesta trama encabezada por Moreno.

La Policía Judicial asegura en su informe que se trataría de "una organización criminal muy activa con gran movilidad, con muchas ramificaciones, y que opera tanto a nivel nacional como internacional".

La trama --precisan los agentes-- dispone de "numerosas propiedades inmobiliarias" que utilizan para dotar de activos a las sociedades pantallas y para "ocultar los frutos y efectos" de su negocio, "lo que conlleva gran dificultad a la hora de poder localizarlos".

Ante los "sustanciosos beneficios" que los miembros de la presunta organización consiguieron con la actividad desarrollada desde 2017, los investigadores -ocho días antes de que tuvieran lugar las detenciones y registros-- no descartaban la "existencia de riesgo de fuga de los investigados si llegasen a tener conocimiento" de la operación.

La Rioja no ha registrado este viernes nuevos fallecidos por coronavirus, según los últimos datos emitidos por el Gobierno regional. Además, se constata un día más la bajada de la incidencia acumulada a 14 días de los 618,60 casos por cada 100.000 habitantes de ayer a los 594,53 de este viernes (unos 24 puntos menos) mientras que los casos activos han subido de 1.252 a 1.285 (33 más).

De acuerdo con las cifras de Salud, desde que comenzó la pandemia, un total de 808 personas han fallecido por la enfermedad, 323 de ellos residentes de centros de mayores en nuestra comunidad autónoma.

En cuanto a la presión asistencial, hay 52 personas ingresadas en los diferentes centros hospitalarios riojanos (seis menos que ayer). Así, el hospital San Pedro de Logroño cuenta con 39 personas ingresadas en planta (cuatro menos que ayer) con 2 ingresos y 10 altas. Por su parte, en la UCI, hay 10 pacientes covid (un paciente menos que ayer).

En la actualidad, y ante la evolución del virus en la región, el Gobierno riojano cuenta en el Hospital San Pedro con 43 camas UCI. De este modo, sumando a los ingresados por patologías no-COVID (13 a día de hoy, también igual que ayer), la UCI riojana tiene 23 pacientes (uno menos que ayer) y se encuentra al 53,49 por ciento (dos puntos menos que hace 24 horas).

Por su parte, la Fundación Hospital de Calahorra registra tres pacientes ingresados en planta por coronavirus (dos más que ayer), produciéndose dos ingresos y cero altas.

Por lo demás, en cuanto a la Incidencia Acumulada a 14 días, ha bajado de los 618,60 casos por cada 100.000 habitantes de ayer a los 594,53 de este viernes (24 puntos menos), y a siete días también baja al pasar de los 267,57 de ayer a los 248,19 (19 puntos menos). En cuanto a la tasa de positividad, ésta baja ligeramente al 12,93 por ciento, ayer se encontraba al 13,00 por ciento.

Finalmente, hay 13.071 personas en cuarentena frente a las 13.202 personas de ayer y los centros de mayores cuentan con 53 residentes positivos (cuatro menos que ayer) y, según los datos, el virus sigue afectando a cuatro residencias de las 33 contabilizadas en la región.

Los spots publicitarios de concienciación sobre la Covid-19 ofrecen una imagen polarizada de los jóvenes enfatizando modelos positivos y responsables o negativos e inconscientes. Esta es la principal conclusión a la que ha llegado una investigación internacional, liderada por la Universidad de Oviedo, que ha analizado un centenar de campañas publicadas en YouTube dirigidas a concienciar a los jóvenes españoles y latinoamericanos sobre los riesgos de la COVID-19 y la prevención de la transmisión del virus.

La profesora María Esther del Moral, catedrática del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo, destaca que, del análisis de estos cien spots, se sacan dos conclusiones.

La primera, que los factores culturales compartidos entre España y Latinoamérica se plasman en la homogeneidad de las narrativas empleadas, con carácter general, en los spots desde el punto de vista afectivo-emocional. Y, segunda, la representación juvenil está polarizada, con una mayor abundancia de modelos transgresores de las normas o inconscientes.

La investigadora subraya que las consecuencias sociosanitarias y económicas de la Covid-19 llevaron a los distintos países a poner en marcha estrategias comunicativas de carácter preventivo que se publicaron en medios sociales como YouTube con el propósito de amplificar su difusión y llegar a la población diana.

El trabajo de las investigadoras se centró en el análisis de un centenar de vídeos publicados en esta red social entre el 1 de septiembre de 2020 y el 10 de enero de 2021, antes por lo tanto de que la pandemia se extendiera más entre la población más joven.

Las autoras del trabajo estudiaron aspectos tanto cuantitativos -análisis descriptivo de los datos-- como cualitativos --identificación y estudio de variables comunicativas, técnico-narrativas y afectivo-emocionales--.

Los resultados, publicados en la Revista Latina de Comunicación Social, de máximo impacto en el ámbito de la comunicación, revelan que el 69% de los spots interpelan a los jóvenes magnificando el riesgo; el 49% favorece su identificación utilizando personajes de su misma franja de edad; el 33% invita a la reflexión ante situaciones críticas, y el 31% atemoriza a los jóvenes con la muerte de familiares.

La profesora Del Moral señala que el estudio ha permitido también observar algunas diferencias en la forma de contar en España y Latinoamérica. Así, los spots españoles se centran más en la necesidad de evitar reuniones y fiestas, promover el uso de las mascarillas y cumplir las normas sanitarias. Los latinoamericanos inciden en la importancia de la distancia social, los hábitos de higiene y el respeto a la cuarentena.

Ciudadanos anónimos, afectados, cantantes y sanitarios con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años protagonizan los spots españoles, mientras que comunicadores, futbolistas y celebridades de entre 35 y 65 años lo hacen en Latinoamérica. Los spots americanos son además más dramáticos y explícitos con imágenes alusivas a la muerte.

Tras el análisis de este centenar de vídeos, mayoritariamente institucionales, las investigadoras extraen dos enseñanzas. "Los spots que utilizan a jóvenes para sensibilizar a otros jóvenes son más efectivos porque logran un efecto mimético", destaca la profesora Del Moral. Además, de cara al futuro, "es necesario priorizar la difusión de mensajes en redes sociales para llegar a una audiencia juvenil, mucho más acostumbrada a estos formatos que a la prensa o a la televisión", concluye.

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, ha presentado este viernes la campaña 'No caminas sola' que busca dar seguridad a las peregrinas que realizan el Camino de Santiago solas porque cualquier mujer "tiene derecho caminar sola, de día o de noche sin necesidad de sentirse víctima o culpable".

Así lo ha puesto de relieve Izquierdo durante la presentación, en el municipio palentino de Villalcázar se Sirga, en plena ruta Jacobea, de esta campaña que surge por iniciativa de las Unidades contra la Violencia de Género de las comunidades por las que discurre el Camino Francés, La Rioja, Navarra, Aragón, Castilla y León y Galicia.

A través de esta campaña, las delegaciones del Gobierno difundirán endiferentes localizaciones de dípticos y carteles con el mensaje 'No caminas sola', que incluyen un QR que enlaza a los teléfonos de atención a las mujeres (016, 062, 091) y a los recursos más cercanos en donde se les atenderá.

En concreto en Castilla y León se están distribuyendo 500 carteles y 9.000 tarjetas entre los albergues del Camino, puestos de Guardia Civil, Policías Locales, Comisarías de Policía Nacional y farmacias.

Durante la presentación, Javier Izquierdo ha explicado que la campaña tiene como finalidad "la protección genérica de los peregrinos" que disfrutan de esta ruta "de manera tranquila y segura" pero hace especial hincapié en ofrecer a las mujeres "recursos y la conciencia de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las instituciones tienen la voluntad de evitar cualquier tipo de agresión, abuso o amenaza, simplemente por el hecho de ser mujer".

Asimismo, el delegado del Gobierno ha asegurado que tanto las mujeres como los hombres pueden moverse solas por donde quieran porque la libre circulación "es un derecho constitucional" a lo que ha añadido que "ninguna mujer comete ninguna imprudencia por viajar sola".

"Lo que tenemos que ofrecerle es la garantía de sentirse protegida y en ningún caso debe ser acusada por viajar sola ni sentirse menos protegida por hacerlo de esa manera", ha insistido Izquierdo, quien ha recalcado que cada uno puede viajar "como le apetezca" y si opta por hacerlo solo "está en su legítimo derecho".

Asimismo, Izquierdo cree que la mejor manera de proteger es "reprobar cualquier conducta que implique una amenaza o un tipo de agresión contra las mujeres porque derecho están en su derecho de caminar solas por donde les plazca, de día o de noche, sin necesidad de sentirse víctimas ni culpables" a lo que ha añadido que hay que poner el foco en quienes puedan ser los presuntos agresores.

OFICINAS MÓVILES.

Por otro lado, en el dispositivo que se ha desplegado este año en el Camino de Santiago se ha incorporado como novedas la puesta en marcha de oficinas móviles de atención a los peregrinos de la Guardia Civil, que en el caso de Castilla y León se encuentra en León y funciona desde el pasado 1 de julio.

Se trata de una iniciativa piloto con la idea de que se pueda extender a toda la Comunidad a partir del próximo año y en estas oficinas se asiste a los peregrinos en la tramitación de alguna denuncia, tramitan de manera inmediata esa denuncia, y ofrecen respuesta policial, además de que se facilita información sobre el Camino de Santiago en general.

El delegado del Gobierno ha estado acompañado del alcalde de Villalcázar de Sirga, Moisés Payo; el subdelegado del Gobierno en Palencia, Ángel Migue; el general jefe de la XII Zona de la Guardia Civil, Luis Antonio del Castillo; el jefe regional de Operaciones de la Policía Nacional en Castilla y León, Jesús del Amo, y el presidente del Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León, Javier Herradón.

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres en Almería como presuntos responsables de efectuar varios disparos contra tres personas con un arma artesanal, en un tiroteo que se saldó con tres heridos con pronóstico moderado el pasado día 10.

Los dos detenidos, de nacionalidad española y con antecedentes policiales, pasarán a disposición judicial a lo largo de la mañana de este viernes por un presunto delito de lesiones, otro de amenazas y otro de tenencia ilícita de armas, según ha explicado la Policía en un comunicado.

Las pruebas e indicios recabados por los investigadores han conducido a la identificación y arresto el 11 de agosto de dos hombres de 47 y 23 años, residentes ambos en el barrio de Pescadería, y presuntos autores de los disparos, además de encontrar con el arma utilizada.

Los hechos, que terminaron con tres heridos leves por arma de fuego durante la madrugada del pasado martes en el barrio almeriense de La Chanca, entre ellos un menor de 17 años, se habrían desencadenado a raíz de una disputa entre vecinos cuando un transeúnte resultó sorprendido cuando orinaba en la vía pública y fuera reprendido por su actitud.

Así lo manifestaban a Europa Press fuentes de la investigación tras la elaboración de las primeras pesquisas en las que los agentes se han entrevistado con testigos e implicados en los hechos para tratar de esclarecer el origen de los disparos.

Durante el transcurso de la investigación, uno de los arrestados ha sufrido en su vivienda un incendio supuestamente provocado y que ha presentado "daños considerables". La Policía Nacional ha abierto otra investigación para averiguar lo ocurrido y la detención de los culpables.

En total, la Policía ha determinado que fueron percutidos cinco cartuchos que hirieron en las piernas, espalda y cabeza a las víctimas que tuvieron que ser asistidos en el Hospital Torrecárdenas, y cuyo pronóstico es favorable.

El vicesecretario de participación del Partido Popular y diputado nacional Jaime de Olano ha calificado de "verdadero disparate" que el Gobierno mencione la opción de contar con una "empresa pública" para atajar el problema de la escalada del precio de la luz, algo que, advierte, "no va a solucionar" con esa medida.

De Olano, en declaraciones a los medios de comunicación, ha criticado que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, se echase este jueves "en brazos de las políticas de Podemos", al referirse a esa alternativa en una entrevista en la Cadena Ser.

"Soluciones como nacionalizar determinadas empresas o crear una nueva empresa estatal para gestionar la producción de energía hidroeléctrica no dejan de ser cortinas de humo y parches, cuando saben que es algo que es absolutamente irrealizable. El propio gobierno decía hace unos meses que eso no iba a solucionar en absoluto el problema", ha asegurado el popular.

Por su parte, el diputado del PP ha constatado que "se cumplen cinco días en los que en España se van batiendo los récords del precio de la energía (...) y por quinto día consecutivo el señor Sánchez da la espantada y no da la cara ante los españoles".

SI NO, "QUE CONVOQUE ELECCIONES"

Así, ha afirmado estar "ante un gobierno falto de ideas, que no tiene propuestas, que no sabe cómo hacer frente a los problemas del país, en este caso la factura eléctrica, el precio de la energía". Se trata, ha ahondado, de un ejecutivo "desbordado, agotado, que es absolutamente incompetente para hacer frente a los problemas de los españoles".

Por eso, y después de que Pedro Sánchez no dijese "ni una sola palabra de este problema que afecta a todos los españoles", y ya que "el Gobierno con más asesores de la historia no tiene una sola propuesta seria para hacer frente a este grave problema", ha exigido que comparezca la vicepresidenta Ribera en el Congreso y que el presidente del Gobierno "dé explicaciones".

QUE CONVOQUE EL DEBATE DEL ESTADO DE LA NACIÓN Y DE EXPLICACIONES

En concreto, le ha reclamado "que convoque para principios de septiembre el debate sobre el estado de la nación". "Si no tienen propuestas ni capacidad para actuar ante las crisis, lo que tiene que hacer es echarse a un lado, disolver las Cortes y convocar elecciones", ha confrontado.

"Cruzarse de brazos no es ninguna solución y demuestra que el proyecto de Sánchez era vacío y que cuando vienen las cosas mal dadas no hay nada detrás", ha incidido.

Por parte del PP, ha recordado la proposición de ley debatida en el Congreso hace un par de meses y ha recriminado que "ni siquiera fueron capaces de apoyar esas propuestas que sí habrían rebajado el precio de los consumidores de la factura de la luz".

En concreto, los populares plantean "que se saque de la factura de la luz todos aquellos costes que no sean derivados de la generación y transporte eléctrico". "Todos esos importes que suman muchos miles de millones a lo largo del año, de forma que los ciudadanos paguen únicamente por la energía consumida y no por otros conceptos como ocurre ahora en más del 60% de la factura", ha subrayado.

Por último, ha llamado la atención sobre los efectos del alto coste de la energía para la industria electrointensiva, en A Mariña de Lugo, con Alcoa "amenazada de cierre por culpa de las políticas del señor Sánchez".