Los nacimientos en España han descendido a «niveles no vistos desde hace varios siglos», según ha alertado el Observatorio Demográfico CEU, adscrito a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo.

El observatorio avisa de que la evolución demográfica de España resulta «cada vez más preocupante», con un «grave problema de falta de nacimientos y envejecimiento social que está deteriorando progresivamente su salud demográfica».

Según precisa, la tasa de natalidad «insuficiente y a la baja» aboca a «una sociedad muy envejecida, con pérdida continua de población española».

El Observatorio, liderado por el político, economista y demógrafo Joaquín Leguina Herrán, en coordinación con el ingeniero, consultor y analista demográfico Alejandro Macarrón Larumbe, considera preocupantes datos como que el índice sintético de fecundidad se situó en 2020 por debajo de 1,20 hijos por mujer, «más de un 40% inferior al nivel de reemplazo».

Según añade, en 1858 (primer año en el que hay estadísticas modernas de nacimientos en España) se estima que nacieron unos 546.000 niños, cuando la población era de unos 15,5 millones de habitantes, mientras que «las cifras actuales indican que los nacimientos rozaron los 340.000 en 2020 para una población de 47,35 millones de personas».

Además, advierte de que «todas las previsiones apuntan a una disminución del número medio de personas por hogar». Según indica, «un 30% de los menores de 25 años en España viven sin ningún hermano, y solo el 20% de los menores de 25 años conviven con dos hermanos o más».

CAMBIO CULTURAL PRO-NATALIDAD Y PRO-FAMILIA

Desde el Observatorio señalan que la solución pasa por «propiciar un gran cambio cultural pro-natalidad y pro-familia de los valores sociales mayoritarios, en relación con estas cuestiones».

«Si la gran mayoría de la gente no quiere tener más hijos, formar familias estables para concebirlos y criarlos, y todo ello a edades más tempranas que en las últimas dos o tres décadas, por más incentivos económicos que se den a la natalidad –en todo caso deseables, y muy insuficientes actualmente en España–, poco se conseguirá», apuntan.

A esta situación no ayuda, según indican, la tardía incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo. El informe ‘Demografía y mercado laboral en España’ recoge un «notable crecimiento en el envejecimiento de la fuerza laboral española, principalmente debido a la caída de los nacimientos experimentada desde 1976, en paralelo al envejecimiento general de la población española».

Por ello, el Observatorio subraya la necesidad de emprender políticas que mejoren la situación de los jóvenes, tanto «en el mercado laboral, reduciendo la precariedad y contribuyendo al alza de los salarios» como «en el acceso a la vivienda».

Esta advertencia del Observatorio ha coincidido con el anuncio por parte de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, de algunas medidas en el marco de la futura ley de diversidad familiar y apoyo a las familias.

En concreto, la ministra ha avanzado que quieren aprobar una prestación universal por crianza que no dependa de la renta de las familias y, por otro lado, ha dicho que están trabajando con el Ministerio de Igualdad para ampliar el permiso de maternidad y paternidad de 4 a 6 meses.

El patronato del Teatro Real ha reelegido este miércoles, a propuesta del nuevo ministro de Cultura y Deporte, Miguel Iceta, con el apoyo de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, a Gregorio Marañón como presidente de la institución por un nuevo mandato de cinco años.

El presidente, que ha agradecido especialmente al ministro su presencia en el que es su primer acto tras su toma de posesión, ha puesto de relieve la posición alcanzada por el Teatro Real nacional e internacionalmente y ha destacado que se abre una «nueva y ambiciosa etapa de recuperación de la normalidad perdida por causa de la pandemia», según informa el coliseo madrileño.

En su intervención, el titular de Cultura ha considerado que debía ser Marañón quien presidiera esta nueva etapa de recuperación, «no solo por lo que ha hecho sino por lo que queda por hacer», y así lo ha propuesto a los miembros del Patronato. Tanto el alcalde como la presidenta de la Comunidad de Madrid y los demás patronos presentes y representados han apoyado la resolución, que ha sido aprobada por unanimidad.

Iceta ha revelado que si ha habido un nombre que le han repetido en los dos días «que lleva en el cargo» ha sido el del presidente del Patronato del Teatro Real: «No lo perdáis», asegura que le han dicho desde distintos ámbitos e instituciones.

El titular de Cultura y Deporte ha destacado «la diligencia» del Teatro Real en reabrir sus puertas «en un momento más que difícil», en el que más se necesita «luz y esperanza. «El Teatro Real está a la altura», ha añadido.

Por su parte, Marañón ha subrayado ante el Patronato que el camino de la recuperación de la normalidad será también «una oportunidad de crecimiento y mejora, aprovechando al máximo los fondos europeos para modernizar y digitalizar» las estructuras del Teatro, poniendo el foco en el desarrollo tecnológico y audiovisual y en la consolidación como espacio abierto a los jóvenes, la diversidad y la sostenibilidad.

Según destaca el Teatro Real, desde su incorporación al patronato en 2008, Marañón ha dedicado su trabajo a la reforma del modelo del modelo institucional del Teatro Real, que debió afrontar justamente en aquel año la crisis económica con la drástica reducción de las subvenciones públicas -que ahora representan la mitad de lo que eran entonces-, así como las dificultades y retos que ha planteado la pandemia.

Durante la reunión, y a propuesta de Gregorio Marañón, el Patronato ha encomendado al director general, Ignacio García-Belenguer, la redacción de un nuevo plan estratégico a cinco años con las medidas que permitan adaptarse a la nueva normalidad, mantener la excelencia artística de sus producciones y asumir nuevos retos, un plan que se presentará en octubre en una nueva sesión del Patronato.

Unidas Podemos ha criticado este miércoles que el informe que presentará mañana el Parlamento Europeo sobre la gestión de Frontex en las fronteras exteriores de la UE evita señalar a la agencia como responsable de las violaciones de los derechos de migrantes y solicitantes de asilo, asegurando que la institución será «cómplice» de prácticas como las devoluciones en caliente.

En una rueda de prensa un día antes de que la investigación llevada a cabo por la Eurocámara vea la luz, el grupo de la Izquierda, en el que se encuadra el partido ‘morado’, ha lamentado la falta de voluntad política para denunciar la gestión de Frontex, evitando en todo momento apuntar la responsabilidad de su director ejecutivo Fabrice Leggeri, cuya dimisión ven como «necesaria» y un «punto de partida» para tratar esta cuestión.

«El informe no señala ninguna responsabilidad, ni siquiera aparece nombrado el director como responsable ni se plantea su dimisión. Somos más exigentes y creemos que hay reconsiderar el trabajo de Frontex y plantearse la gobernanza de la agencia», ha criticado la eurodiputada Sira Rego.

La parlamentaria de IU ha indicado que la gravedad del asunto deriva en que con este informe la Eurocámara pasará a ser «complice» de «la política de vulneración de Derechos Humanos de Frontex».

Rego ha achacado a la derecha y la ultraderecha la falta de ambición de la investigación y les ha acusado dejar de lado testimonios como los de las asociaciones que trabajan en el terreno o los propios migrantes que sufren devoluciones en caliente. Todo, según la Izquierda, para «no llegar a conclusiones».

Una vez se presente en la Comisión de Libertades, el grupo intentará que el informe sea debatido en el pleno de la Eurocamara y que, de esta forma, trascienda la investigación sobre Frontex y haya un pronunciamiento por parte de los parlamentarios a nivel general.

LEGGERI, CUESTIONADO POR BRUSELAS

El director ejecutivo de la agencia lleva tiempo en la cuerda floja después de que se cuestionara desde distintas instancias, incluida la Comisión Europea, su gestión de la agencia, en especial sobre los esfuerzos para supervisar el respeto de los Derechos fundamentales en las misiones llevadas a cabo.

Como telón de fondo está la supuesta connivencia de Frontex con expulsiones en caliente llevadas a cabo en el mar Egeo para evitar que demandantes de asilo llegaran a Grecia desde Turquía.

La propia comisaria de Interior, Ylva Johannson, en una carta acusó a Leggeri de dar explicaciones «engañosas» sobre estos casos y planteó dudas sobre retrasos y bloqueos en la puesta en marcha del mecanismo interno de Frontex para el control en esta materia.

Los periodistas Manuel Jabois e Ignacio Peyró, las escritoras Marta Sanz y Laura Ferrero y el actor Eduardo Noriega consideran que, en el mundo de la ficción, ha habido en los últimos años avances a la hora de abordar el tema de los trastornos mentales pero creen que aún hay «dificultades» y «reparos» a la hora de abordar este tema, algo que, a su juicio, no ocurre con las dolencias físicas.

Así lo han puesto de manifiesto en un desayuno informativo, enmarcado en el ciclo ‘Salud mental y otras formas de ficción’ que se ha celebrado estos días dentro de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en el que han hablado de la visibilización de la salud mental y su relación con la ficción.

En este desayuno, los cinco han destacado los avances sociales conseguidos en los últimos años en términos de sensibilización. «Antes era algo de lo que no se hablaba, y que incluso se escondía, pero esto ha ido cambiando poco a poco», ha opinado Jabois, quien, sin embargo, considera que aún sigue habiendo «cierto estigma».

Por ello, han emplazado a las Administraciones a realizar campañas que contribuyan a una mayor comprensión de su alcance.

Por su parte, el actor Eduardo Noriega ha opinado que un claro ejemplo del cambio de paradigma a la hora que ha venido produciéndose en los últimos años en el abordaje de los trastornos mentales en la ficción ha sido la película ‘El padre’, del cineasta francés Florian Zeller y protagonizada por Anthony Hopkins.

«Por primera vez ha tratado la demencia desde la perspectiva del afectado y a mí, por lo menos, me ha ayudado a comprender mejor a quienes lo padecen», ha afirmado.

Tanto Ignacio Peyró como la moderadora del debate, Helena de Carlos,directora de Comunicación de la Fundación Manantial, han llamado a realizar una mayor inversión en campañas de concienciación en torno a la salud mental, mientras que la escritora Marta Sanz ha afirmado que la ficción no puede asumir el papel que debe tener la Administración como referencia de este ámbito.

«Una cosa es que la literatura y el cine incidan en la manera de ver el mundo y otra que tengan que ser siempre edificantes y traducirse en posturas ético-sociales o humanas de las que las personas vayan a aprender algo en positivo. Eso es darle una responsabilidad que deberían tener las Administraciones en un momento de evaluación absoluta de la salud pública», ha indicado.

FICCIÓN Y PANDEMIA

En otro orden de cosas, la escritora Laura Ferrero ha puesto en valor el papel de la ficción durante el confinamiento como vía deevasión y como forma de seguir en contacto con la realidad en un momento en el que, a su juicio, la gente necesitaba «transportarse a otros lugares».

Respecto a la creación y producción de relatos con la pandemia como telón de fondo, Jabois y Ferrero han opinado que «todavía se necesita distancia y algunos años para escribir una novela que interese».

Y en referencia a la falta de éxito de los diarios de cuarentena han indicado que «la gente no quería leer sobre algo que acababa de vivir».

Un último asunto sobre el que se ha pronunciado el periodista gallego ha sido el tratamiento mediático del suicidio, una cuestión de la que, a su modo de ver, «no se informa lo suficiente» y que «contribuiría a ayudar a quienes lo necesitan a través de artículos y reportajes de profundidad».

A ello se ha referido también la moderadora Elena de Carlos, que ha subrayado que hay muchas maneras de aportar y complementar las noticias sobre suicidios», indicando, por ejemplo, cómo puede prevenirse o buscar apoyo

Las alcaldesas socialistas de Alcorcón y Getafe, Natalia de Andrés y Sara Hernández, así como el regidor de Fuenlabrada, Javier Ayala, han lanzado una web y diferentes redes sociales para dar a conocer su proyecto para «rearmar» el PSOE-M.

«Es imprescindible contar con la militancia madrileña y construir un proyecto ganador entre todos y todas. No queremos hablar de nombres, queremos hablar de ideas», ha señalado la regidora alcorconera en el vídeo de presentación.

Un paso más a lo ya anunciado en la rueda de prensa a tres celebrada el pasado de 2 junio tras la publicación en el diario ‘El País’ de una carta conjunta donde proponían precisamente rearmar al PSOE-M «desde la experiencia municipal», y donde quisieron dejar claro que lo importante ahora no son los nombres que lo liderarán sino el proyecto con el que lo harán.

En la web ‘www.rearmarparagobernar.com’, los tres regidores socialistas retoman el análisis de lo sucedido en las elecciones del pasado 4 de mayo, cuando los socialistas de Madrid sufrieron «la mayor derrota electoral» de su historia.

«Es tiempo de abrir un debate sosegado para ganar el Madrid de 2023», ha recalcado Ayala en la presentación. En esta línea, los alcaldes del PSOE recogen en la web posibles estrategias y los instrumentos fundamentales para llevarlo a cabo, entre los que se encuentra el tener al municipalismo como eje vertebrador del proyecto socialista, y la participación de la militancia, ya que tiene que «nacer de abajo a arriba».

Recalcan que tiene que ser un proyecto transversal, joven y moderno «que llegue a todos» y señalan que lo que quieren es escuchar cuáles son las preocupaciones de la ciudadanía y los consejos e ideas de la militancia para cambiar el PSOE-M.

«De esa manera, y con la intención de impulsar una escucha activa, hemos puesto en marcha la página web y las diferentes redes sociales donde queremos que tú seas el protagonista», ha indicado la alcaldesa getafense, Sara Hernández.

Además, en la misma web dan a conocer los diferentes encuentros que han mantenido con militantes de otros municipios como Moraleja de Enmedio, San Fernando de Henares o Fuentidueña de Tajo.

«Solo un proceso que cuente con una amplia participación que ilusione, investirá de legitimidad al equipo que reciba el encargo de dirigir el partido hacia el futuro. Ya lo hemos hecho antes en el PSOE: nuestro modelo es el de 2017. Que hablen las bases y nos den el primer impulso para construir una mayoría en 2023″, concluyen.

El Consejo de Políticas del Juego, órgano de participación y coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas, ha dado luz verde a la propuesta de la Comisión Sectorial para coordinar los registros de personas autoprohibidas de las actividades del juego y apuestas.

Así lo ha dado a conocer este miércoles el Ministerio de Consumo, que ha detallado que este acuerdo permite suscribir convenios específicos entre el citado departamento –competente en juego online y loterías– y las CCAA –competentes en juego presencial– para «establecer mayores niveles de protección a las personas que deciden ser excluidas de esta actividad».

En este sentido, Consumo ha recordado que cuando una persona detecta algún problema derivado del juego, una de las medidas de protección que existen en España es la inscripción en un registro de autoprohibidos, que bloquea su acceso a esta actividad. Al darse de alta, la administración y las empresas prohíben la entrada a portales online donde se puede apostar o participar en juegos de azar. En esta base de datos se pueden inscribir voluntariamente aquellas personas que quieren protegerse a sí mismas y a sus familias de los efectos negativos del juego compulsivo o por sentencia judicial.

En la actualidad, existe un registro de carácter estatal, el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ), y cada comunidad autónoma posee uno propio. El RGIAJ depende del Ministerio de Consumo y ha alcanzado los 60.000 inscritos, 3.700 más que al inicio de este año. En la actualidad, este programa estatal imposibilita el acceso al juego online, mientras que, si una persona se inscribe en el de su comunidad, ve restringida su entrada a los establecimientos físicos de juego que requieran una identificación previa, regulados por las comunidades autónomas

En este contexto, con el acuerdo alcanzado cada comunidad puede optar por integrar su base de datos con el registro estatal o bien interconectar sus registros con el del Ministerio de Consumo, sobre la base del principio de reconocimiento mutuo.

Con este avance, una persona que se haya inscrito en el registro del Ministerio de Consumo no podrá acceder a portales de juego online, que son de competencia estatal, pero tampoco a establecimientos físicos de juego, que son competencia autonómica. De igual forma, una persona que se haya inscrito en el registro autonómico no podrá acceder a un establecimiento de juego en su comunidad, pero tampoco podrá hacerlo en otra distinta a la suya.

El objetivo del acuerdo es que «la inscripción en uno de los registros se extiendan a todos los demás, como forma de potenciar la protección institucional a las personas y familias que más lo necesitan».

Durante su intervención en la reunión del Conejo de Políticas del Juego, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha saludado que los poderes públicos hayan «apartado diferencias» y ofrezcan «una herramienta útil, eficaz, de confianza y de protección global» a las personas afectadas por los trastornos del juego y a sus familias. «Se trata de poner a las personas que más lo necesitan por delante de la burocracia, siempre desde el máximo respeto de los diferentes ámbitos competenciales», ha añadido.

El ministro ha pedido «poner todos los esfuerzos para la interconexión de los registros sea completa, accesible y eficaz en todo el país, para juego presencial u online, con la mera inscripción en cualquier registro». Garzón ha anunciado que el Ministerio de Consumo someterá, a partir de mañana, a información pública el proyecto de Real Decreto por el que se regula el desarrollo de entornos más seguro de juego.

Por su parte, la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior de Cantabria, Paula Fernández, ha comentado en su intervención los avances en materia de juego responsable que ha hecho su comunidad en los últimos años, lo que ha hecho que «a día de hoy» cuente con la normativa y los medios técnicos necesarios para crear un modelo compartido con los registros existentes en el país para una mejor protección de las personas con adicciones al juego.

Así, se ha referido al decreto que regula el Servicio de Admisión en los Establecimientos de Juego y el Registro de Interdicciones de Acceso al Juego que endurece las restricciones en el acceso al juego de menores de edad y personas con ludopatías, y que incluye el desarrollo de una aplicación informática para un mejor control de accesos, que está conectada al Registro de interdicción de acceso al juego de Cantabria.

Desde Baleares, que ha votado a favor de la integración de los diferentes ficheros de los autoprohibidos, el director general de Comercio del Govern, Miquel Piñol, ha indicado que la comunidad siempre ha expresado en su voto que la protección de los autoprohibidos está por encima de la pelea competencial y, por tanto, que haya un registro único estatal (o europeo) es mejor que integraciones parciales.

La solución propuesta por el Ministerio es una parte del camino, han señalado fuentes la Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática del Govern balear.

El secretario general para el Reto Demográfico del Ministerio de Transición Ecológica, Francesc Boya, ha resaltado el «encaje perfecto» de las estrategias nacional y regional para hacer frente al despoblamiento en una reunión que ha mantenido este martes con la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno de Cantabria, Paula Fernández.

Los gobiernos de Cantabria y España «compartimos acciones y también la filosofía y el modo de abordar esta problemática», ha dicho Boya tras mantener un encuentro de trabajo en el Ayuntamiento de Valderredible en el que han repasado los proyectos comunes.

Entre ellos, la consejera cántabra ha destacado la participación activa de Cantabria en la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, que será ultimada en la próxima Conferencia de Presidentes autonómicos del 30 de julio para su posterior aprobación definitiva.

Asimismo, se ha interesado por la inclusión en los próximos presupuestos generales del Estado de partidas específicas para favorecer la recuperación de los territorios rurales y hacer posible la estrategia nacional, que incluye 130 medidas de diversa índole.

En el caso de la Estrategia de Cantabria, ha recordado el «compromiso político y presupuestario» que supone para todo el Gobierno autonómico y ha resaltado la importancia de la coordinación y cooperación abierta entre administraciones públicas para un mejor aprovechamiento de los recursos existentes y la estrecha colaboración público y privada para hacer realidad la reactivación de las zonas en declive demográfico.

En este sentido, ha avanzado que su departamento apoyará a los ayuntamientos de Cantabria para impulsar proyectos que puedan ser financiados con las nuevas ayudas que plantea el Gobierno de España, por importe de 16.000 millones, en materia de la lucha frente al despoblamiento.

«PONER DE MODA» LA VIDA RURAL

La consejera de Presidencia ha intervenido también en el Foro sobre La España Vaciada que la Cadena Ser ha celebrado hoy en Valderredible, donde ha demandado un «empujón cultural» para lanzar un «mensaje claro» a la sociedad sobre los beneficios de vivir en los pueblos frente «a la merma de calidad de vida» que supone vivir en ciudades densamente pobladas. «Tenemos que poner de moda la vida rural», ha dicho.

Por otro lado, al igual que el presidente, Miguel Ángel Revilla, cree que para una efectiva cohesión territorial será fundamental que la financiación autonómica atienda al coste efectivo de los servicios y la dispersión geográfica de los territorios.

«No podemos hablar de futuro sin pueblos (…) y sin una financiación justa que ofrezca a cada vecino el acceso a los servicios básicos con independencia de donde viva», ha subrayado la consejera.

Además, ha repasado las acciones que ha desarrollado el Gobierno de Cantabria en esta materia, con la puesta en marcha del Consejo Asesor contra el Despoblamiento, órgano que impulsa y coordina las iniciativas; el Mapa de Municipios afectados, que fija dónde se establecerán las medidas de discriminación positiva; la Estrategia frente al Reto Demográfico, que desarrolla las 334 acciones a desarrollar hasta 2027 en la Comunidad, o la nueva ley regional que pretende «blindar» las políticas de apoyo al mundo rural. «Espero que antes de que finalice la legislatura, Cantabria tenga ya aprobada la norma», ha concluido.

El exdiputado de Convergència i Unió Josep Antoni Duran i Lleida «no ve salida» en el corto plazo a la situación en Cataluña porque ve una «cierta incapacidad» política. Además, cree que los dos principales partidos independentistas, Esquerra Republicana y Junts per Cataluña, «se están mirando de reojo» porque están pensando en que el otro «no le acuse de ‘botifler'».

Así se ha pronunciado Duran i Lleida este miércoles en Valencia, donde ha ofrecido una conferencia en la Asamblea de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), donde ha considerado que «si hubiera un solo interlocutor independentista», el diálogo sería más fácil, pero con «dos que se miran de reojo», lo «pone muy difícil».

En este sentido, ha señalado que «no habrá acuerdo si no hay cesión por ambas partes». No obstante, ve «muchas piedras muy grandes que sortear» y cree que se tardará «muchísimo tiempo» en alcanzar acuerdo».

Durante su intervención, Duran i Lleida ha hecho referencia a las tres transiciones que vive el mundo en este momento: la digital, la ecológica y la del Atlántico al Pacífico, de la que Europa «va a quedar al margen». Por ello, ha defendido que cuanto menos tiempo se pierda en «problemas domésticos», más se podrá trabajar en este contexto global.

Esta transición «conlleva incertidumbre y genera miedos», que crean el «calvo de cultivo» para los populismos, que son «una lacra a tener en cuenta y a combatir».

En el plano internacional, ha indicado que España debe «recuperar el peso perdido» en política exterior, tanto en la Unión Europea como en América Latina y el Mediterráneo.

RETOS PARA ESPAÑA

En cuanto a la situación de España, ha identificado varios «retos importantísimos», entre los que se encuentran «ganar la batalla al virus», hacer un buen uso de los fondos de recuperación, para lo que la colaboración público-privada es «fundamental». De hecho, ha recordado que estos fondos «no siempre se han gastado bien».

En este sentido, ha pedido que estos fondos no sean una «perdigonada» y que se utilicen para «proyectos que impulsen», y que no se gasten en poner «aceras y farolas en pueblos en zonas donde no hay gente». Además, ha pedido que no sean «beneficiarias exclusivamente las empresas del Ibex», sino que impulsen también a las pymes. «No podemos permitirnos el lujo de malgastar ni un solo euro», ha agregado.

También ha considerado que en España hay «anomalías que corregir» en la democracia española. No obstante, ha considerado que «no está el horno para bollos», por lo que ha pedido a los políticos que «ni se les ocurra plantear un cambio constitucional».

«No son capaces de ponerse de acuerdo para cambios menores, cómo van a serlo para un cambio constitucional», ha agregado. En esta línea, ha considerado que también debería mejorarse la ley electoral, aunque ha insistido en que no ve «capacidad para cambios».

El problema territorial es otro de los retos que afronta España, según Duran i Lleida, el general y el catalán en particular. En este sentido, se ha alineado con el president Ximo Puig en su discurso sobre fiscalidad, y ha pedido que Cataluña y la Comunitat Valenciana tengan una financiación justa para partir de «las mismas condiciones para política fiscal».

«EL EFECTO CAPITALIDAD ES INNEGABLE»

Y es que, el exdiputado ha remarcado que la concentración del peso político y económico «no solo sigue en Madrid, sino que se ha agudizado». «El efecto capitalidad es innegable. Yo no quiero que Madrid deje de ser capital, quiero que se reparta el poder político y económico», ha agregado.

En este sentido, ha apostado por una España que «se aleje de los impulsos secesionistas de Cataluña, pero también de las posiciones centralistas». Precisamente, ha manifestado que el problema catalán «no solo es catalán, sino también español». Así, ha recordado que se mostró favorable a los indultos, pero también ha señalado que «el procés ha comportado la fragmentación de la sociedad», algo que «duele».

También ha considerado que una parte de la sociedad civil en Cataluña «en parte se ha desentendido» del procés, pero también hay quienes «no son conscienten o no quieren aceptar que han sido engañados», y otros han votado creyendo que el independentismo «iba a ayudar a corregir los déficits» que tenía Cataluña. No obstante, también ha remarcado que ha habido «hipocresía e irresponsabilidad», en personas que apoyaban el referéndum pero que decían que «si gana el sí, al día siguiente se iría de Cataluña».

Mientras, ha criticado que ha habido unos líderes políticos que no han racionalizado los sentimientos de la sociedad, sino que «se han subido a caballo, y el caballo se ha desbocado». Respecto al panorama actual, ha considerado que Esquerra Republicana es «la sensata» y de la que «puede venir la solución», aunque «no ve salida».

«AHORA ENVIDIAMOS NOSOTROS»

Por otra parte, Duran i Lleida se ha referido a la relación entre la Comunitat Valenciana y Cataluña. Hablando a los empresarios, ha manifestado: «Hace tiempo aquí envidiaban la situación y la estabilidad que tenía Cataluña y la Comunitat Valenciana no. Ahora somos nosotros los que la envidiamos».

Así, pese a que ha admitido que durante mucho tiempo la relación entre ambos territorios «chirriaba», ahora «es más fácil hacer cosas juntos». «Cataluña se sentía superior y eso lo complicaba, pero ahora no tenemos de qué sentirnos superiores», ha aseverado.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha planteado este miércoles una reforma legal para fijar cuál es la edad máxima para la atención de menores no acompañados al señalar que no es lo mismo un niño de corta de edad que un joven que bordea la mayoría de edad.

En su octava visita a Melilla desde que accedió al liderazgo de los populares, Pablo Casado ha denunciado que «hay miles de menores no acompañados en España que a veces son utilizados por sus familias para luego pedir un reagrupamiento familiar», motivo por el que ha destacado que «no se pueden usar menores para hacer esto».

A su juicio, no es lo mismo un menor de 17 años que otro de 13 porque, en su opinión, no requieren la misma protección del Estado.

«Hay que evaluar cuál es la edad de minoría de edad para ser considerado menor extranjero no acompañado porque no es la misma la autonomía personal y económica en Marruecos de un joven de 17 años desde hace cuatro que un menor de 12 ó 13 años».

Pablo Casado ha añadido que en estas cortas edades, inferiores a 13 años, «lo pasan fatal y tienen no solo un desarraigo familiar, sino también una vulnerabilidad socioeconómica que el Estado español tiene que reforzar en lugares como Ceuta y Melilla, que necesitan en su tratamiento», dado el gran número de menores extranjeros no acompañados que acogen en sus centros oficiales, dependientes de ambas ciudades autónomas.

EFECTO LLAMADA DE SÁNCHEZ

El líder del PP, en materia de inmigración, ha abogado igualmente por «incrementar la dotación de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FyCSE) para preservar la frontera sur europea en las dos ciudades autónomas, con la creación de una unidad específica de la Guardia Civil para cuestiones fronterizas con la colaboración de Frontex» de la Unión Europea.

Al respecto, ha aseverado que «el incremento de inmigración en España por culpa del efecto llamada de Pedro Sánchez nos da unas cifras incuestionables: entraron en 2020 un 30% más de inmigrantes que en 2019 y se incrementaron las pateras un 75%», motivo por el que ha recalcado la necesidad de «una mayor dotación y especialización de las FyCSE en Melilla, presencia de Frontex y una mejora relaciones bilaterales con Marruecos».

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha presentado ante el XXI Pleno del Consejo General de la Formación Profesional, el anteproyecto de la futura Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, donde ha insistido en la vocación de escucha y la búsqueda de consensos. La titular de Educación ha estado acompañada por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en calidad de vicepresidenta del Pleno.

Se trata de la primera reunión del órgano consultivo de participación institucional y asesoramiento del Gobierno en materia de Formación Profesional presidida por la nueva titular de Educación y FP tras su toma de posesión el pasado lunes.

Durante el Pleno, Alegría ha destacado que «la Formación Profesional es para el Gobierno de España una estrategia de país, capaz de desarrollar el talento, la palanca de crecimiento económico y, en definitiva, de bienestar social». Alegría ha subrayado también «la vocación de escucha y la búsqueda de consensos» así como la disposición del equipo del Ministerio para llevar a cabo «una política útil al servicio de la ciudadanía».

Además, ha ensalzado que el anteproyecto de Ley busca «una formación de éxito, asociada al talento, a la innovación, a la empleabilidad y a la mejora de la competitividad» de las empresas, destacando asimismo la inversión que recibirá la FP de la UE, 2.075 millones de euros hasta 2023.

«Debemos conseguir que la buena cualificación de nuestros jóvenes y de las personas trabajadoras sea aprovechada en el ámbito productivo, mejorando las empresas, los servicios públicos, privados o sociales. Mejorando el capital humano y la empleabilidad. Pero también construyendo espíritus críticos, fin superior de cualquier estadio educativo», ha afirmado por su parte Yolanda Díaz.

ANTEPROYECTO DE LEY DE FORMACIÓN PROFESIONAL

El borrador de la futura norma llega al Pleno del Consejo General de la Formación Profesional tras ser presentado al Consejo de Ministros el pasado 15 de junio, en primera lectura.

Desde entonces, el equipo que dirige Pilar Alegría ha continuado recogiendo las aportaciones al texto de las distintas administraciones educativas y de empleo de las comunidades autónomas, resto de ministerios, interlocutores sociales, órganos de participación y entidades del ámbito de la Formación Profesional.

El documento también será tratado en el seno de otros órganos consultivos como el Consejo Escolar del Estado, el Consejo Económico y Social y el Consejo de Estado, antes de su vuelta al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva por el gabinete del Ejecutivo y posterior trámite parlamentario.

Según resalta el Ministerio, la nueva Ley pretende ordenar el sistema de Formación Profesional, haciéndolo más accesible y conectado con el empleo, y facilitando así un itinerario formativo que permita el desarrollo del talento y la actualización de las competencias profesionales a lo largo de la vida.

La futura norma establece una oferta modular y flexible de Formación Profesional dirigida por primera vez a estudiantes y trabajadores (tanto empleados como desempleados), ordenada en itinerarios formativos que permiten la progresión a través de cinco grados ascendentes.

La nueva estructura facilitará el acceso a toda una serie de formaciones de distinta duración y volumen de aprendizajes que será acumulable, y que permitirá a cada persona diseñar su propio itinerario formativo en función de sus necesidades.

Según ha explicado la vicepresidenta segunda del Gobierno, es necesario conseguir que las necesidades formativas y profesionales de las empresas españolas o servicios públicos se vean cubiertas de manera eficaz por los sistemas educativo y formativo. «Se trata de un proceso que, a lo largo de la vida, permite responder a las demandas de la Unión Europea y acometer las transiciones laborales que reclama el sistema productivo», ha añadido.

Tal y como ha recordado Díaz, desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social se está poniendo en marcha una nueva generación de Políticas Activas de Empleo, que implica esta nueva concepción de la formación con itinerarios personalizados y orientados «a la mejora del empleo y de la cualificación profesional de todas las personas trabajadoras, estén ocupadas o desempleadas, sean trabajadoras por cuenta ajena, autónomas o cooperativistas».

Greenpeace ha advertido este miércoles de que «a pesar de los llamativos anuncios de la Comisión Europea, el paquete de propuestas políticas que ha publicado hoy no está a la altura necesaria para contener la crisis climática».

«Celebrar estas políticas es como si un saltador de altura reclamara una medalla por haber saltado por debajo del listón. No se pueden eludir las reglas del juego, al igual que no se puede ignorar la ciencia del clima. Todo este paquete se basa en un objetivo demasiado flojo, que no se sostiene ante la ciencia y que no detendrá la destrucción de los sistemas que mantienen la vida de nuestro planeta», ha declarado el director de Greenpeace en la UE, Jorgo Riss.

Asimismo, ha criticado que «a pesar de todo el bombo y platillo, muchas políticas no entrarán en vigor hasta dentro de diez años o más, como la eliminación progresiva de los coches contaminantes a partir de 2035, mientras que otras en realidad alimentarán el fuego, como etiquetar la quema de árboles como energía renovable».

La ONG sostiene que «mientras el planeta sigue enfrentándose a olas de calor mortales, incendios forestales desbocados y tormentas e inundaciones devastadoras», el objetivo de la UE de reducir las emisiones netas en un 55% para 2030 «se queda muy corto con respecto a lo que la ciencia exige para limitar el calentamiento global a 1,5 ºC y evitar el colapso de la naturaleza, la economía y la sociedad en general.

En esta línea, Greenpeace insta al Gobierno de España a revisar «de forma inmediata» sus objetivos climáticos y los eleve hasta una reducción de al menos el 55% de las emisiones en 2030 respecto a 1990, ante el insuficiente 23% que adopta en la actualidad. «Esto requiere transformar rápidamente los sectores más responsables del cambio climático entre los que se encuentran el eléctrico y energético, la agricultura y la ganadería, el transporte y el sector industrial», ha manifestado.

Por otro lado, Greenpeace también llama la atención sobre el destino de los fondos de recuperación, en especial tras la aprobación ayer del primer PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) dedicado al vehículo eléctrico y conectado.

Según la ONG, «la dotación de este plan es acaparada una vez más por las grandes empresas del automóvil, con la intención de promover una renovación tecnológica basada en fabricar cada vez más vehículos, pero sin abordar un cambio sistémico necesario para lograr una sociedad más equitativa y justa».

El líder del PP, Pablo Casado, ha pedido este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, recomponer relaciones con Marruecos tras el cese de la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, un paso que, a su entender, da la «razón» a su formación y confirma que la política exterior del Gobierno ha sido un «desastre».

Así se ha pronunciado el jefe de la oposición desde Melilla, donde ha atendido a los periodistas junto a la valla situada entre la frontera de Beni Ensar y la de Barrio Chino. Allí ha subrayado que «la presión migratoria sigue» con cifras que «son muy preocupantes» y ha culpado al Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos del «efecto llamada».

Casado ha señalado que con «la purga» que Sánchez ha hecho en su gabinete y que incluye el cese de Laya ha lanzado el «mensaje claro» de que su «política exterior fue un desastre». «Si ha cesado a Laya es porque nos da la razón y la política con Marruecos del Gobierno fue un fracaso», ha enfatizado.

DEFENDER LA ESPAÑOLIDAD DE CEUTA Y MEILLA

En este punto, ha recordado que su formación lleva pidiendo desde hace tres años que «hay que mantener una buena relación diplomática» con el país vecino pero «con la firmeza de defender la españolidad de Ceuta y Melilla» y la «integridad» de las fronteras españolas.

«En esa política exterior hay que mejorar las relaciones bilaterales con Marruecos que afectan además a la aduana de Melilla y que afectan también al tránsito de mercancías en las dos ciudades autónomas», ha manifestado.

Además, el presidente del PP Casado ha indicado que esa relación con Rabat debe recuperarse en temas como la política pesquera y agrícola, así como en la política de cooperación frente al terrorismo internacional, el narcotráfico y la trata de seres humanos que, según ha dicho, es la «esclavitud del siglo XXI.

UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LAS CIUDADES AUTÓNOMAS

En su comparecencia, Casado se ha comprometido a poner en marcha si llega al Gobierno de España un plan Eestratégico de Ceuta y Melilla, que apueste por una mayor presencia del Estado, un reforzamiento de las fronteras, mayor dotación social, y un régimen fiscal y económico especial con un tratamiento europeo de región ultraperiférica.

También ha apostado por incrementar la dotación de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para preservar la frontera sur europea en las dos ciudades autónomas, con la creación de una unidad específica de la Guardia Civil para cuestiones fronterizas con la colaboración de Frontex.

En materia de infraestructuras, el presidente de los ‘populares’ –que ha estado acompañado por el presidente del partido en la ciudad autónoma, Juan José Imbroda– ha defendido el incremento de inversiones portuarias y ha solicitado mejorar las conexiones aéreas con una mayor frecuencia de vuelos con el resto de España, así como modernizar las interconexiones energéticas, de gestión de residuos y de depuración de agua.

Asimismo, Casado ha reclamado un régimen específico fiscal en Melilla que utilice el enclave estratégico «para que se atraiga la deslocalización de empresas online y de personas que ahora pueden teletrabajar».

El líder del PP se ha mostrado partidario de que se retire la exención a Schengen de Ceuta y Melilla, «algo clave que va a permitir que todo el combate contra la inmigración irregular y la inseguridad ciudadana se convierta en una política europea, porque España es Europa y Ceuta y Melilla es España». También ha pedido que se evalúe la posibilidad de que la OTAN incluya a las dos ciudades autónomas dentro de su paraguas defensivo como parte «indisociable» de España.

El Juzgado de Instrucción número 4 de València, que investiga un presunto fraude de subvenciones a las empresas de Francis Puig y sus socios, ha pedido a las entidades Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions para que aporten una documentación requerida por Fiscalía en un informe reciente.

El pasado 1 de junio el magistrado instructor pidió a la entidad Canal Maestrat S.L, ante la voluntad manifestada por esta empresa, que presentara en el plazo de diez días las facturas físicas relacionadas para la obtención de las subvenciones recibidas de la Generalitat Valenciana y de la Cataluña, correspondientes a los años 2015 a 2018, ambos inclusive.

Más recientemente, en una providencia del día 22 de ese mes, y ante el informe del fiscal, amplió el requerimiento anterior a las entidades Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions S.L. para que aporten igualmente las facturas.

En el informe, el fiscal señala que pidió que se aportaran al proceso notas registrales de dos sociedades de los Adell Bover, una proveedora de servicios a las empresas de Francis Puig y que declaró ventas a Comunicacions dels Ports en 2017 y 2018, a Canal Maestrat en 2017 y a Kriol en 2016 y 2017.

En la medida en que se trata de esclarecer si las empresa investigadas incurrieron en los gastos subvencionados o si fueron simulados para obtener las ayudas, Fiscalía entendía necesario examinar qué servicios recibieron o contrataron con terceros para poder acreditar la realidad de la actividad. En este caso, el ministerio público seleccionó a una de las empresas al ser proveedor recurrente en la mayoría de las empresas.

Para ello, según el fiscal, no es necesario tener la condición de investigado en el procedimiento si no que basta con constatar la existencia de relaciones comerciales con las investigadas, a título de proveedor, de las que no se tiene ninguna sospecha de ilicitud, y determinar si las entregas de bienes permitieron a las empresas bajo sospecha ejecutar la actividad por la que recibieron subvenciones.

Además, en el informe, se opone a la petición de la defensa de Francis Puig para que la Guardia Civil no investigue un posible delito de blanqueo de capitales y señala que no se puede dirigir a sus efectivos ningún tipo de mandato o advertencia para limitar la investigación a una figura determinada porque el objeto del proceso no es estático.

CONSULTA MOVIMIENTOS CUENTAS

Sí que considera la representante de la Fiscalía que una de las diligencias acordadas por el instructor en uno de los autos sobre consulta de movimientos bancarios de las cuentas de las empresas investigadas no se ejecutó en los términos acordados en esa resolución, porque se hizo la consulta a los ficheros del Sepblac –que no estaba autorizada– y no en la AEAT, que era lo que en realidad se había solicitado.

Fiscalía señala desconocer el motivo de esa consulta, que no constan los mandamientos judiciales para ejecutar ese auto, y si pudo haber algún error en su confección que autorizara a la Guardia Civil a esa comprobación, por lo que pide comprobar esos mandamientos y, en todo caso, esperar a la consulta a la AEAT.

Una vez obtenidos los datos, pide al Juzgado que libre mandamiento a los bancos en las que tengan cuenta abierta y operativa las sociedades Comunicacions, Mas Mut, Kriol, Canal Maestrat y Nova CB para determinar las relaciones mercantiles entre ellas.

Ciudadanos quiere que el Gobierno de Pedro Sánchez aclare si compartió «información privilegiada» sobre los criterios de reparto de los fondos europeos con algunos empresarios catalanes y detalle qué está haciendo para garantizar que no se aprueban proyectos y entregas de dinero «por intereses espurios».

La formación naranja ha registrado este miércoles en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Ejecutivo a raíz de la información publicada por el diario ‘El Confidencial’ sobre David Madí, exdirigente de Convergència que ha sido asesor de Foment del Treball, la patronal catalana, y uno de los principales implicados en la trama Voloh, relativa al presunto desvío de fondos públicos al independentismo catalán.

En una conversación telefónica grabada el pasado octubre, Madí cuenta a Joan Ferrán, directivo de la consultora RSM Spain, que él, como parte de Foment del Treball, se había reunido con el hasta ahora jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo, y que tenía información de primera mano sobre cómo sería el proceso de reparto de los fondos europeos, que en ese momento aún no había sido anunciado por el Gobierno ni tramitado por el Congreso. «Nos lo explicó allá… Eso será una merienda de negros. Los planteamientos son 140.000 millones de euros», dijo Madí.

LOS FONDOS EUROPEOS NO SON «UNA MERIENDA DE NEGROS»

En referencia a esta noticia, la portavoz de Cs en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital, María Muñoz, ha indicado, en un mensaje en Twitter, que los fondos Next Generation EU no son «una merienda de negros», sino que constituyen «una oportunidad histórica» para las empresas españolas y el futuro de España. «Con este mercadeo, el Gobierno pone en peligro la credibilidad de España en Europa», ha advertido.

Ante la posibilidad de que «empresarios cercanos al independentismo catalán» recibieran «información privilegiada» sobre este asunto, la diputada ha lamentado que el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos rechazara la propuesta de Ciudadanos de crear una oficina independiente que aplicara criterios técnicos para repartir los fondos que la UE dará a España para impulsar la recuperación tras la crisis del coronavirus.

En la iniciativa registrada en la Cámara Baja, Muñoz critica que se decidiera «concentrar en manos de la oficina del presidente del Gobierno toda la capacidad de reparto de fondos de forma prácticamente discrecional».

Sostiene que esto quedó patente durante la presentación del primer PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) en público, pues «se hizo incumpliendo los trámites establecidos» en el real decreto ley del 30 de diciembre de 2020 sobre medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

REPARTO «DISCRECIONAL» CON MOTIVACIONES POCO CLARAS

«Este tipo de actuaciones generan incertidumbre entre las empresas y los inversores», pues parece que «sobre el papel los criterios de reparto están establecidos de una determinada manera», pero «posteriormente el Gobierno ignora esos criterios para proceder a un reparto discrecional de acuerdo a otras motivaciones que no están claras», señala en la iniciativa parlamentaria.

La diputada pide al Gobierno que explique cuál fue el contenido de la conversación entre Madí y Redondo y si este último «compartió información privilegiada con algunos empresarios sobre los criterios a seguir a la hora de repartir» el dinero del paquete Next Generation EU, «afectando por tanto a los principios de información y libre concurrencia». También pregunta al Ejecutivo por qué, tras la reunión entre Redondo y Foment del Treball, uno de los empresarios presentes calificó el reparto de fondos europeos como «una merienda de negros».

Según Cs, la charla entre Madí y Ferrán «hace pensar que los criterios de reparto de fondos europeos que existen sobre el papel y sobre los que se han pronunciado la Comisión Europea y, finalmente, el Consejo Europeo pueden no ser realmente los verdaderos criterios a aplicar en el reparto, con el perjuicio que esto puede suponer para las empresas, especialmente las pymes, y para las reformas estructurales» que España tiene pendientes.

Por ello, pregunta al Ejecutivo qué mecanismos está poniendo en marcha «para asegurar el cumplimiento a rajatabla de lo establecido en la legislación» sobre la distribución de estas ayudas y «evitar posibles casos de aprobación de fondos y proyectos por intereses espurios».