El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado que la legalidad «no es inmutable» y que el respeto a la voluntad popular «debe encontrar siempre un cauce de aplicación y entronque en el ordenamiento jurídico». Urkullu cree que se debe «alumbrar un nuevo estatus de futuro» y ha defendido un nuevo pacto con el Estado sobre la base de un Concierto político, al que ha pedido que «lea adecuadamente este nuevo tiempo, asumir la diversidad y las voluntades sociales mayoritarias diferenciadas».

Urkullu ha realizado estas manifestaciones en Lehendakaritza, donde ha recibido al alumnado y responsables de los Cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Vitoria.

En su intervención, ha abordado el modelo de autogobierno vasco y ha recordado que Euskadi cuenta con un Estatuto de Autonomía desde 1979, que «ha permitido desarrollar el autogobierno, pero no se ha cumplido de forma íntegra».

El Lehendakari ha señalado que en 2019 el Gobierno Español aprobó, por primera vez, un calendario de compromisos para cumplirlo en su integridad y, según ha subrayado, se ha avanzado y este año se ha acordado el traspaso de cuatro materias, entre ellas instituciones penitenciarias.

«Es cierto también que no se están cumpliendo las previsiones recogidas en el cronograma presentado. Por parte de nuestro Gobierno vamos a seguir trabajando para avanzar en el cumplimiento íntegro de este compromiso, que es Ley», ha indicado Urkullu, que ha insistido en que no ha sido «cumplida la decisión política refrendada por la ciudadanía vasca».

Urkullu ha indicado que hoy se vive un «nuevo tiempo en Euskadi» y existe la oportunidad de «alumbrar un nuevo futuro». «Nos corresponde aplicar y aplicarnos en el consenso. También al Estado le corresponde leer adecuadamente este nuevo tiempo, asumir la diversidad y las voluntades sociales mayoritarias diferenciadas y plantear un nuevo modelo de Estado», ha manifestado.

El Lehendakari ha afirmado que a lo largo de las dos últimas legislaturas el Parlamento Vasco ha trabajado en una Ponencia que analiza el futuro del autogobierno.

Según ha manifestado, están planteando un nuevo estatus de Autogobierno para Euskadi y ha destacado, al respecto, dos premisas desde el punto de vista del marco jurídico y político, por una parte, reconocer la «singularidad de la Nación vasca y asumir el elemento legitimador de los Derechos Históricos».

Por otra parte, según ha señalado, establecer una relación bilateral con el Estado que, desde «el reconocimiento mutuo, extienda la experiencia del Concierto Económico a la relación política; incluyendo un sistema efectivo de garantías para el cumplimiento de lo pactado».

En este sentido, ha recordado que el Concierto Económico Vasco es «un modelo de referencia» y supone un «pacto bilateral con una dimensión jurídica y una significación política de gran valor».

En concreto, ha destacado su carácter de pacto y ha puesto de relieve que el Concierto entronca con los «Fueros o Derechos Históricos y reconoce «la capacidad de Autogobierno de los Territorios Vascos». Según ha indicado, el Concierto «no puede ser modificado unilateralmente» y, la negociación es «imprescindible porque no es posible la imposición de una parte sobre la otra».

También ha aludido a su carácter legal porque el Concierto establece «un modelo de relación cuasiconfederal entre el Estado y Euskadi y sus Territorios Forales, está amparado y forma parte del bloque de constitucionalidad y ha sido respaldado por las instituciones europeas».

Además ha destacado que el Concierto significa solidaridad, ya que «no implica privilegio alguno» y establece «una relación de riesgo unilateral para Euskadi». Asimismo, ha indicado que el Concierto afirma la Bilateralidad «al establecer mecanismos paritarios de coordinación y resolución de conflictos, esto es, un sistema de garantías».

NUEVO ESTATUS DE FUTURO

«Estos cuatro pilares: Pacto, Legalidad, Solidaridad y Bilateralidad sustentan el Concierto Económico como piedra angular del Autogobierno Vasco. Nuestro planteamiento es que este modelo puede constituir la base firme sobre la que articular un nuevo Pacto en las relaciones entre Euskadi y el Estado en términos de Concierto Político, alumbrando un nuevo Estatus de futuro que suponga actualizar y profundizar el Autogobierno Vasco», ha indicado.

Tras señalar que su compromiso de Programa de Gobierno es «más y mejor Autogobierno«, ha señalado que el modelo de futuro del Autogobierno vasco pasa por «un nuevo marco jurídico político de respeto a los consensos básicos y la legalidad».

«Una legalidad que, evidentemente, no es inmutable. Se puede cambiar y debe evolucionar adaptándose a las nuevas realidades porque el respeto a la voluntad popular debe encontrar siempre un cauce de aplicación y entronque en el ordenamiento jurídico», ha afirmado.

NUEVA GOBERNANZA

En relación a la nueva Gobernanza, ha recordado que es su tercera legislatura como Lehendakari, tras ser elegido por primera vez en 2012, y conformar un Gobierno en solitario. Urkullu ha destacado que contaban con 27 de 75 escaños y el «arranque fue difícil» porque no lograron sacar adelante el Presupuesto para 2013 y tuvieron que gestionar un Presupuesto prorrogado.

Sin embargo, ha destacado que, a partir del segundo año, iniciaron un periodo de colaboración con el PSE-EE, que comenzó a ofrecer estabilidad al Gobierno y al conjunto de las instituciones vascas.

Urkullu ha recordado que, tras las elecciones vascas de 2016, conformaron un gobierno de coalición con el PSE-EE, con 37 escaños sobre 75, uno menos que la mayoría absoluta. Según ha subrayado, fue una legislatura en la que tuvieron que «trenzar acuerdos» con el resto de formaciones políticas para sacar adelante los Presupuestos y aprobar las principales leyes. El Lehendakari ha añadido que en las elecciones de julio de 2020 se reeditó el Gobierno de coalición con el PSE-EE y ya cuentan ya con mayoría absoluta.

Urkullu ha indicado que la realidad «multipartita» que existe en Euskadi es «histórica» y explica una «cultura y una forma de gobernar muy centrada en los principios del realismo, la transparencia, el diálogo y el acuerdo».

Según ha subrayado, la mejor prueba es el propio acuerdo de Gobierno y ha añadido que el modelo que tienen es el Desarrollo Humano Sostenible, un modelo de gestión pública alineado con la Estrategia 2020 de la Unión Europea que promueve «un crecimiento inclusivo, sostenible e inteligente», así como con la Agenda 2030 de Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

«Nuestro modelo prima el acuerdo y la colaboración. Este es el significado de «auzolana», el trabajo compartido en pos del bien común», ha destacado Urkullu, que ha subrayado ha sido la primera administración pública en el Estado en reflejar su compromiso con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada por las Naciones Unidas

FUTURO DE EUROPA

Por otra parte, sobre el futuro de Europa, ha recordado que en marzo de 2018 aprobaron el documento «Visión de Futuro de Europa», la contribución del Gobierno Vasco a la reflexión abierta en marzo de 2017 por Jean Claude Juncker con el Libro Blanco.

Urkullu ha añadido que este año han realizado una propuesta formal a la Comisión Europea para fortalecer el papel de las regiones con competencias legislativas y las realidades nacionales singulares, la denominada «Carta RLEG», por la que los gobiernos firmantes solicitan a la Comisión la adopción de las decisiones necesarias para convertir «en realidad efectiva el modelo de gobernanza multinivel y el horizonte de la Europa federal».

Ha subrayado que reclaman «una mayor participación» de los gobiernos en la gobernanza europea y también en las decisiones sobre los Fondos «Next Generation EU».

El vertido contaminante de Sniace al Saja-Besaya entre 2008 y 2010 «no estaba amparado» por la autorización ambiental integrada (AAI) que el Gobierno de Cantabria había concedido a la empresa, que era para que vertiera sus aguas a la ría de San Martín y no al río.

Así lo ha indicado este martes un agente del Seprona encargado de recoger muestras de agua y de inspeccionar también las obras para la evacuación de los fluidos de la fábrica de Torrelavega.

Ha sido durante su declaración, como testigo, en la segunda jornada del juicio a los entonces consejeros de la compañía acusados de un delito medioambiental, por el que se enfrentan a 16 meses de prisión y multa de 6.000 euros que pide la fiscal.

En la sesión también ha testificado el jefe de control de la contaminación de la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, que ha apuntado igualmente que «no se correspondía el vertido con la autorización».

Ante el titular del Juzgado de lo Penal nº 2 de Santander han comparecido, además, el denunciante de los hechos y otros responsables del muestreo del agua, que han señalado respectivamente que los vertidos eran del color de la «coca-cola» y «a veces soltaban unos gases que no se podía respirar».

El jefe de sección del departamento del Ejecutivo ha explicado que a finales de 2009 le encomendaron controlar la AAI concedida en primavera del año anterior a Sniace, comprobando que el vertido industrial que estaba realizando al cauce fluvial «no se correspondía» con la autorización otorgada.

En este sentido, ha puntualizado que la autorización era para verter en el dominio público marítimo-terrestre (ría), no en el hidráulico (río), a través de un colector, que no se conectó al saneamiento hasta abril de 2010 porque la conducción estaba «tapiada» o «cegada», según efectivos de la Benemérita.

Antes, en enero, había entrado en funcionamiento la estación depuradora de aguas residuales industriales construida por la empresa, obra que contó con un plazo de ejecución de 18 meses y una inversión cercana a los 24 millones de euros.

A pesar de que el vertido al río no era competencia de la administración regional -sino del organismo de cuenca-, el encargado del control de la contaminación comprobó en las analíticas -de las que se hicieron «unas 400»- que Sniace había «superado los límites» fijados en la AAI y en «todos» los parámetros además, límites que son «más permisivos» en el dominio marítimo que en el hidráulico.

Así las cosas, y a preguntas de las defensas, este testigo ha señalado que puso la situación en conocimiento de sus superiores, aunque desconoce si se adoptó alguna decisión orientada a pedir al grupo empresarial que parara de verter al Saja-Besaya.

MUCHAS MUESTRAS DURANTE MUCHO TIEMPO

En el juicio, que se desarrolla esta semana y la próxima en el salón de actos del complejo judicial de Las Salesas, también ha prestado declaración el jefe del servicio de gestión ambiental del Centro de Investigación del Medio Ambiente, encargado de la analítica «periódica» del agua en la zona del vertido a petición de la Consejería, a la que se remitían las muestras.

«Se recogió un poco de todo, en muchos puntos y durante mucho tiempo», ha resumido. Por su parte, el jefe del laboratorio del CIMA ha precisado que «casi todas» las muestras las tomaban técnicos de la Dirección General de Obras Hidráulicas y luego se las remitían a ellos para el análisis. Y en cualquier caso, ha subrayado que «no había problemas» para tomarlas por parte de Sniace.

También han sido citados dos guardas fluviales de la entonces Confederación Hidrográfica del Norte (ahora del Cantábrico) que igualmente realizaron muestreos del cauce, semanalmente y de forma puntual, en horas y días aleatorios y en presencia de personal de la fábrica.

Uno de ellos ha detallado que se tomaban cuatro muestras en sendos puntos: en la zona del vertido, a 100 metros aguas arriba del mismo y a 100 y 300 metros aguas abajo. A sus ojos, era un vertido «continuo» y «permanente», que se producía «día y noche». «Nunca he visto el canal seco», ha remachado.

«Te quedabas sin respiración si te acercabas al vertido», ha agregado, antes de indicar que «no se veía mucha vida». En este sentido, ha precisado que «a simple vista» el agua era diferente: «limpia» antes del vertido y «marrón» después.

«Daba a la nariz y a la respirar notabas una especie de picazón», ha corroborado sobre el olor del fluido un compañero suyo, que ha detallado que las muestras se cogían con guantes antiácido y «a veces» también con mascarilla en la zona del residuo, donde también le llamó la atención» la ausencia de aves, anfibios y otras especies: «No se veía absolutamente nada».

Este trabajador del organismo de cuenca también ha manifestado que el vertido de la papelera al Saja-Besaya tenía un caudal «importante», un olor a «químico» y era de color «marronáceo».

Los dos han señalado que las muestras se enviaban la laboratorio que la Confederación tiene en La Fresneda, en Asturias, y uno de ellos ha aseverado a preguntas de los letrados defensores que no recibieron ninguna instrucción de sus superiores para parar los vertidos al río.

GRAN CONTRASTE DE AGUAS

En el plenario también han comparecido dos agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil que realizaron varias muestras, también en puntos distintos, primero por la denuncia de los vertidos y después con motivo de la investigación abierta, y que remitían al Instituto de Toxicología en Madrid.

«No estaba amparado ese vertido al río», ha sentenciado uno de los efectivos del Seprona, remarcando que la AAI no daba «permiso» para que los fluidos fueran al Saja-Besaya. Y ha comparado que el de las viviendas de la zona -en concreto de Duález- era «insignificante» respecto al de la factoría.

Al igual que otros testigos, ha remarcado que el «contraste era muy grande» entre aguas arriba y aguas abajo del punto del vertido; una «gran diferencia» que también apreció el hombre que interpuso la primera denuncia por estos hechos, en marzo de 2008, a la que siguieron otras tres más.

El Parlamento de Galicia ha trasladado su repulsa por el «vil asesinato», cometido con «ensañamiento y crueldad», de Samuel Luiz, el joven de 24 años que recibió un paliza mortal en A Coruña el pasado día 3 de julio.

En una declaración institucional leída durante el pleno por el presidente de la Cámara gallega, Miguel Santalices, el Legislativo gallego traslada su solidaridad y apoyo a su familia, a sus amigos y allegados.

En este sentido, condena «cualquier tipo de violencia», sea esta puntual o continuada; explícita o implícita; verbal, psicológica o comportamental; y sea cuál sea su motivación. «La violencia es siempre repulsiva y reprochable». «Porque la violencia solo genera más violencia y porque todos y todas somos parte de una sociedad democrática incompatible con cualquier tipo de expresión violenta o cargada de agresividad», ha indicado.

Además de subrayar que «la tolerancia cero con la violencia es la única manera» para «educar a las nuevas generaciones», la Cámara expresa su reconocimiento al comportamiento heroico de los ciudadanos senegaleses, que «no dudaron en acudir al auxilio de Samuel Luis» e intentar «detener su linchamiento, poniendo en riesgo su propia integridad física».

«El Parlamento de Galicia recomienda que el Gobierno de España, atendiendo al excepcional compromiso cívico mostrado por estos ciudadanos, aborde la regularización de su residencia en España, valorando adecuadamente los méritos que concurren en su persona», señala. Precisamente, el Ejecutivo central anunció el martes su intención de regularizar la situación de estas personas.

El Legislativo traslada también su confianza en las fuerzas y cuerpos de seguridad y en la justicia para aclarar las causas últimas de lo ocurrido y considera necesario que se siga «investigando en profundidad» los hechos para que no queden impunes.

Tras indicar que algunos testigos sostienen que en el asesinato de Samuel se vertieron expresiones homófobas, la Cámara apunta que, con independencia de la cualificación penal de los hechos, quiere «condenar» y recordar la importancia de desterrar de la sociedad «el odio a la diversidad».

«Eliminar desde las violencias más sutiles y normalizadas, como las bromas y expresiones degradantes, hasta cualquier forma de violencia física o psicológica, es una responsabilidad diaria que nos interpela a toda la sociedad», incide.

Por último, se compromete a hacer todo lo que esté en sus manos para contribuir a una sociedad más pacífica en la que la convivencia quede libre del mínimo signo de violencia. «Porque, en definitiva, cualquier de nosotros puede ser Samuel», finaliza.

El PP considera que el fallo del Tribunal Constitucional sobre el primer estado de alarma decretado es un «tremendo varapalo judicial» al Gobierno liderado por Pedro Sánchez que, además, confirma que es necesario aprobar en España una Ley de Pandemias. A su entender, la respuesta jurídica del Ejecutivo a la crisis del Covid-19 ha sido un «completo fracaso».

Así se ha pronunciado el PP después de que el Pleno del Tribunal Constitucional haya estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Vox contra el real decreto por el que el Gobierno declaró el primer estado de alarma. Con una mayoría de 6 a 5 magistrados, el alto tribunal declara inconstitucional la limitación del desplazamiento de personas y vehículos que fijaba la norma, así como la capacidad del Ministerio de Sanidad para modificar y ampliar las medidas de contención en la actividad comercial.

El secretario general del PP, Teorodo García Egea, ha asegurado que el presidente del PP «lo advirtió y el Tribunal Constitucional lo confirma». Como prueba de ello, acompaña su mensaje con las palabras que Pablo Casado espetó a Sánchez durante el debate celebrado entonces en el Pleno del Congreso, cuando le dijo que con su decreto del estado de alarma era el presidente que más poder había recibido de la oposición en toda la historia.

«Le hemos concedido las competencias extraordinarias de un estado de alarma, que ya es más un estado de excepción encubierto, pues afecta a la limitación de derechos fundamentales que no recoge la Constitución en la figura que hoy aprobamos», espetó Casado a Sánchez durante el debate parlamentario.

En esa comparecencia en el Congreso, señaló además que el PP ni siquiera había presentado enmiendas al decreto del Gobierno sobre el estado de alarma, «no porque no sea mejorable, que lo es y mucho, sino porque ya ha excedido con creces su alcance constitucional», según dijo textualmente Casado.

LA RESPUESTA JURÍDICA HA SIDO «UN COMPLETO FRACASO DEL GOBIERNO»

En un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, García Egea ha afirmado que «el estado de alarma fue inconstitucional y las Comunidades Autónomas no saben qué aplicar ahora para luchar contra el virus».

«La respuesta jurídica a la pandemia ha sido un completo fracaso del Gobierno», ha sentenciado el ‘número dos’ de Pablo Casado, que hace hincapié en que el PP ya realizó advertencias en sede parlamentaria en la línea de lo que ahora confirma el Constitucional.

En parecidos términos se ha expresado el secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, quien ha asegurado que el fallo del TC es un «tremendo varapalo judicial» al Gobierno liderado por Pedro Sánchez.

El también consejero madrileño ha recalcado que la decisión del Constitucional «pone de manifiesto que España necesitó y necesita una Ley de Control de Pandemias» como plantea el PP y que «Sánchez fue irresponsable y negligente por no impulsarla».

El Juzgado de Instrucción número 2 de Noia ha decretado el procesamiento de José Enrique Abuin Gey, conocido como ‘El Chicle’ y condenado a prisión permanente revisable por el crimen de Diana Quer, por la supuesta agresión sexual a su cuñada en enero de 2005, cuando ella tenía 17 años.

Según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la jueza indica en el auto que de las diligencias de instrucción practicadas «se desprenden indicios bastantes» de que el investigado realizó «actos atentatorios contra la libertad sexual» de la denunciante.

Así, relata que presuntamente la convenció para llevarla en coche al instituto, pero se desvió del trayecto hasta detener el turismo en un parque del término municipal de Lousame (A Coruña).

Una vez allí, según se desprende de las pruebas practicadas hasta ahora, le cogió su teléfono móvil, cerró el coche, la intimidó con un cuchillo o navaja y la obligó a mantener relaciones sexuales.

Tras la presunta agresión sexual, según el auto, la dejó en las inmediaciones del instituto, «no sin antes advertirle de que, si lo denunciaba, mataría a su hermana, a su hija y luego iría a por ella y a por sus padres».

Además, le dijo que la había violado por «chivata», haciendo referencia a que la menor le había contado a su hermana que unos meses antes, en julio de 2004, su marido le había tocado el pecho por encima de la ropa.

AGRESIÓN SEXUAL CON AGRAVANTES DE PREVALIMIENTO

La instructora asegura en el auto de procesamiento que los hechos revisten, salvo ulterior calificación, los caracteres de un delito de agresión sexual con penetración vaginal, con la concurrencia de las agravantes de prevalimiento, pues la víctima era su cuñada y tenía 17 años, y de haber cometido la agresión haciendo uso de arma blanca.

La jueza descarta la prescripción, pues se trata de delitos contra la libertad e indemnidad sexual con víctima menor de edad.

En la resolución, recuerda que el término de la prescripción se computa desde el día en que la afectada alcanzó la mayoría de edad, en 2005, por lo que no estaría prescrito hasta 2020, y las diligencias se reabrieron en 2018.

La jueza, sin embargo, entiende que tanto el delito de abuso sexual presuntamente cometido por el procesado en 2004 sobre su cuñada, así como el de amenazas, derivado de las expresiones de muerte que supuestamente profirió el día de la agresión sexual, prescribieron en 2010.

«INDICIOS CLAROS»

Respecto al delito de agresión sexual, subraya que existen «indicios claros» de la comisión por parte del procesado.

Así, destaca que el relato de la víctima durante todos estos años «ha sido coherente y consistente» y que se ha corroborado «por el resultado de otras diligencias de investigación».

El hecho de que ‘el Chicle’ haya sido condenado por el asesinato de Diana Quer, cometido en agosto de 2016, y por intentar agredir sexualmente a una joven en Boiro en diciembre de 2017, «refuerza los indicios de veracidad» de la denuncia de su cuñada, pues se constata «el mismo modus operandi».

La jueza indica que el procesado «habría ejecutado los hechos en solitario, sin contar con la ayuda de cómplice o coautor alguno, presentando las tres víctimas características físicas similares».

Además, destaca que «se aprecian paralelismos en su forma de actuar, al apoderarse del móvil de las víctimas y hacer uso de algún instrumento peligroso, cuchillo o similar, para amenazarlas y conseguir su propósito».

En el auto, contra el que cabe presentar recurso, requiere al procesado que preste fianza de 10.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que se le pudieran imponer.

La indagatoria tendrá lugar, a través de videoconferencia con el centro penitenciario en el que se encuentra el procesado el próximo 26 de julio.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha inaugurado su etapa al frente del departamento con una visita al Juzgado número 5 de Madrid de Violencia sobre la Mujer, donde se ha reunido con magistrados, jueces y funcionarios.

Llop, que recibió este lunes la cartera de Justicia de manos de Juan Carlos Campo, ha estado acompañada en su visita por la magistrada de este juzgado, Begoña López; la viceconsejera de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Yolanda Ibarrola; la jueza decana de Madrid, María Jesús del Barco; el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso; y el decano del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, Gabriel de Diego.

Este mismo miércoles, la nueva ministra de Justicia ha intervenido en la presentación de la Carta de Derechos Digitales, destacando la relevancia del documento, que «recoge un conjunto de principios y derechos que guiará futuros proyectos normativo».

De igual forma, Llop ha asegurado que la Carta permitirá avanzar hacia «el desarrollo de las políticas públicas», de forma que se garantice «la protección de los derechos individuales y colectivos de la ciudadanía en los nuevos escenarios digitales».

«La transformación digital no es un fin en sí mismo, sino que es un vehículo de altísimo valor para fortalecer el Estado de Derecho», ha resaltado la titular de Justicia, que ha señalado que esta Carta no es solo «un marco normativo innovador» sino que, además, «supone una mirada clara sobre el ejercicio de los derechos de las ciudadanas y ciudadanos en el entorno digital».

LA CARTA SITÚA A ESPAÑA «COMO UN PAÍS DE PROGRESO»

A su juicio, el documento que ha presentado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, «sitúa a España como país de progreso y motor de principios y valores democráticos que también se deben garantizar en esta nueva realidad digital».

Prueba de ello es, según ha aseverado Llop, el reconocimiento de derechos como la identidad en el entorno digital, la protección de datos, el pseudonimato, el derecho de la persona a no ser identificada, la ciberseguridad, la herencia digital y el derecho a la neutralidad de Internet.

Llop, que también se ha referido a «los imprescindibles» derechos a la libertad de expresión y de información, ha explicado que en los procedimientos de transformación digital se aplicará la perspectiva de género y se combatirán las brechas digitales.

Todos estos elementos, ha continuado la ministra, están plenamente alineados con el proceso de transformación digital que su departamento está acometiendo en su ámbito de actuación. «Innovación y calidad son claves en este proceso en el que estamos inmersos en el ámbito de la Administración de Justicia», recoge el comunicado de Justicia, que señala que Llop ha agradecido el apoyo del Ministerio de Calviño en este asunto.

Así las cosas, la ministra ha expuesto que su próximo reto «en materia normativa es, precisamente, el anteproyecto de Ley de eficiencia digital del servicio público de Justicia, cuyo espíritu está plenamente alineado con el de esta Carta». Precisamente, Llop ha sostenido que el documento «servirá como soporte normativo esencial para el proceso de transformación digital de la Administración de Justicia».

VISITA A LA UNIDAD DE ATENCIÓN DE LA FAMILIA Y MUJER

Por otro lado, Llop también ha visitado la Central de Coordinación de Comandancias de Equipos de Mujer y Menores (EMUME), unidades de la Guardia Civil de España que investigan los delitos cometidos contra menores y mujeres así como aquellos en los que participan como autores, prestándoles una atención especializada.

En la visita, la ministra ha estado acompañado por la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, y el Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil, Pablo Salas, entre otros altos mandos de este cuerpo.

Por último, la titular de Justicia ha acudido a la Unidad de Atención de la Familia y Mujer (UFAM), unidades de la Policía Nacionalespecializadas en la prevención y la investigación de las infraccionespenales sobre violencia de género, doméstica y sexual.

El director general de la Policía, Francisco Pardo, y el jefe superior de la Policía de Madrid, Jorge Manuel Martí, entre otras autoridades policiales, han acompañado a Llop en la visita.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Vox contra el real decreto por el que el Gobierno declaró el primer estado de alarma, que entró en vigor el 14 de marzo de 2020. Con una mayoría de 6 a 5 magistrados, el tribunal de garantías ha declarado inconstitucional el confinamiento, es decir la limitación del circulación de personas y vehículos en espacios y vías públicas que fijaba la norma, así como la capacidad del Ministerio de Sanidad para modificar y ampliar las medidas de contención en la actividad comercial.

La resolución ha salido adelante por una ajustada mayoría. Han formulado votos particulares el presidente Juan José González Rivas y los magistrados Andrés Ollero, Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer. En la votación ha sido decisiva la vicepresidenta del tribunal, Encarnación Roca, quien se ha inclinado por la inconstitucionalidad del decreto-ley dictado por el Gobierno.

Aunque este miércoles se ha dado a conocer el fallo del tribunal, habrá que esperar a los próximos días para conocer el contenido de la sentencia y de los votos particulares.

PUNTOS INCONSTITUCIONALES

En concreto, el tribunal de garantías ha declarado inconstitucionales y nulos los puntos 1 y 3 del artículo 7 del decreto-ley, relativos a la libertad de circulación de personas y coches en espacios y vías públicas; así como el punto 5 del mismo artículo, que permitía al Ministerio del Interior acordar el cierre a la circulación de carreteras o tramos por razones de salud pública.

También ha declarado inconstitucional que se habilitara al Ministerio de Sanidad para «modificar» o «ampliar» las medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales y actividades recreativas, así como las actividades de hostelería y restauración.

«En todo lo demás», el tribunal ha acordado desestimar el recurso de inconstitucionalidad presentado por la formación liderada por Santiago Abascal. Desde Vox insistían en que el decreto incluía restricciones de ciertas libertades públicas que no estarían contempladas para ese tipo de estado en la Constitución, dado que –a su juicio– sólo cabrían en la fórmula del estado de excepción.

SOBRE LA ORDEN DE SANIDAD

Este mismo miércoles, el tribunal ha rechazado declarar inconstitucional la Orden de Sanidad de 29 de marzo que prohibía todos los velatorios, tanto en instalaciones públicas como privadas, restringía otras ceremonias fúnebres, independientemente de la causa del fallecimiento, y regulaba algunas de las condiciones de contratación de los servicios funerarios.

En esta orden, el Gobierno justificaba su decisión aludiendo a la evolución de la pandemia en España, que obligaba a la adopción de nuevas medidas extraordinarias para evitar la propagación y contagio relacionados con los velatorios o la celebración de las ceremonias civiles y religiosas vinculadas a los funerales, así como medidas para garantizar la protección de los usuarios de servicios funerarios.

El Ejecutivo argumentaba que, en el marco de las «especiales características que rodean las ceremonias fúnebres», era «difícil asegurar la aplicación de las medidas de contención y distanciamiento con la separación interpersonal de más de un metro necesaria para limitar la propagación del virus».

En este sentido, la orden señalaba que, en el caso del coronavirus, familiares o allegados del fallecido habrían podido ser contactos estrechos, lo que obligaba a los afectados a quedarse en sus casas observando la cuarentena correspondiente.

TRIBUNAL DIVIDIDO

El fallo sobre el estado de alarma tiene lugar después de que los magistrados se reunieran ayer sin llegar a acuerdo para votar la ponencia del magistrado Pedro González-Trevijano. Este miércoles han retomado las deliberaciones y han estimado parcialmente el recurso.

La decisión ha mantenido dividido hasta ahora al tribunal, que ya optó el pasado junio por aplazar el asunto a la convocatoria de esta semana, en la que los jueces han analizado la ponencia que cuestiona la constitucionalidad de algunas medidas de restricción de movilidad –como el confinamiento domiciliario– aplicadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez al inicio de la pandemia.

Este tema estaba pendiente de resolverse en el Constitucional desde mayo de 2020, cuando el asunto fue admitido a trámite en un Pleno que se celebró de manera telemática debido a las propias restricciones por la COVID-19.

El líder del PP, Pablo Casado, ha afirmado este miércoles que Cuba «es una dictadura» y ha emplazado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a aclarar «qué está ocultando» para no referirse así al país caribeño ni «liderar en Europa una respuesta» para exigir libertad y democracia. A su entender, esa actitud evidencia que con tal de permanecer en el poder es «capaz de caer en la inmoralidad de negar un régimen dictatorial como el que asola» desde hace 62 años a la isla.

«Señor Sánchez, repita conmigo: Cuba es una dictadura. No pasa nada», proclamado Casado desde Melilla, donde ha atendido a los periodistas junto a la valla situada entre la frontera de Beni Ensar y la de Barrio Chino y ha subrayado que «la presión migratoria sigue» con «cifras son muy preocupantes».

Tras enumerar las medidas que propone el PP para la ciudad autónoma, Casado se ha referido al «contencioso» que hay entre los ministros del Ejecutivo a la hora de «definir» lo que está pasando en el país caribeño, a raíz de las declaraciones estos días de las vicepresidenta Yolanda Díaz y Nadia Calviño o la ministra portavoz Isabel Rodríguez, en las que se ha evitado tildar a Cuba de dictadura.

«Lo quiero decir muy claramente, Cuba es una dictadura, no es una democracia. A mi me gustaría preguntarle al señor Sánchez sipara él Cuba es una democracia o una dictadura. Para mí es una dictadura. Señor Sánchez, repita conmigo: Cuba es una dictadura», ha enfatizado.

«DEPENDE DEL APOYO DE PODEMOS PARA SEGUIR EN LA MONCLOA»

Casado ha señalado que hablar de Cuba como dictadura es «lo que haría cualquier persona demócrata que ve que durante 62 años se encarcelan presos políticos, se tortura en las cárceles a inocentes y se reprime con palos en las calles protestas pacíficas pidiendo democracia y libertad».

Según el jefe de la oposición, la pregunta es «por qué Pedro Sánchez se niega a definir a Cuba como una dictadura» y lo ha achacado a que «depende del apoyo de Podemos para seguir en la Moncloa».

«Y Podemos no acepta que los regímenes dictatoriales que les han financiado como partido, como Cuba, Nicaragua y Venezuela, sean definidos como tal por el Gobierno que ocupan, el Gobierno más radical de la historia de España y el más radical que hay en Europa», ha manifestado, para añadir que en la UE «ningún otro gobierno tiene ministros comunistas».

CALVIÑO, LA QUE «SUPUESTAMENTE ES LA MODERADA»

Además, Casado ha criticado las declaraciones de la vicepresidenta primera Nadia Calviño, la que «supuestamente es la moderada», evitando referirse a Cuba como democracia alegando que no hay que poner etiquetas.

«¡Que se lo digan a los presos políticos y a las familias de los asesinados! ¿Qué pensaríamos si en los años 70 no se definiera a España como una dictadura o en los años 80 no se definiera a Chile como una dictadura?», se ha preguntado.

Por eso, ha emplazado al presidente del Gobierno a aclarar por qué no define a Cuba como una dictadura y «qué está haciendo» o «qué está ocultando para no hacerlo ni liderar en Europa una respuesta para exigir la libertad y la democracia».

En este punto, el presidente del PP se ha preguntado por qué lo que se pide para España, Francia o Alemania no se puede pedir para el pueblo cubano o el pueblo venezolano. «¿Es que aquí permitiríamos que torturaran o violaran a jóvenes en las cárceles o que salieran a la calle los matones del régimen a dar palizas a los que se manifiestan? ¿Se permitiría eso en España?», se ha preguntado.

Casado ha criticado de nuevo que el Gobierno «no censure» lo que está pasando en Cuba y ha insistido en que es «algo que tiene que explicar ya» porque si no «estaría dando un mensaje muy peligroso», de forma que «con tal de permanecer en el poder» es «capaz de caer en la inmoralidad de negar un régimen dictatorial como el que asola Cuba desde hace 62 años».

El comité de empresa de Radio Televisión Madrid (RTVM) ha censurado este miércoles la elección del expresidente RTVE José Antonio Sánchez como administrador provisional del ente público madrileño y ha cuestionado los méritos para ostentar ese cargo de quien dejó «en la ruina» a la corporación durante su anterior etapa al frente de la misma.

«No entendemos cuáles son los méritos profesionales de esta persona para volver a una empresa que dejó en la ruina», con una deuda de 260 millones de euros, ha señalado el comité de empresa sobre quien ya fue director general de Telemadrid bajo los mandatos de los expresidentes Esperanza Aguirre e Ignacio González, durante los años 2011 y 2014.

En un comunicado, los trabajadores de RTVM han vaticinado que su nombramiento al frente de la corporación «no augura nada bueno para los madrileños ni para su radio y televisión pública» y, entre otras, cita además que fue el encargado de ejecutar el ERE que supuso la salida de más de 800 trabajadores.

En el plano de su gestión, el comité de empresa también ha recordado que dejó a RTVM con una audiencia de 3,6%, cuando actualmente se sitúa en el 6,2%, y una deuda de 260 millones de euros, frente al superávit de 4,6 millones actual.

En base a esta gestión durante la anterior etapa al frente de Telemadrid, desde el comité de empresa han hecho hincapié en que es dudoso «que se respete el nuevo modelo» defendido en 2015 por Ayuso y aprobado por PP y Cs. «Dudamos que se aumente la transparencia, pluralidad e independencia, que mejore la audiencia, que la gestión económica sea más eficiente y sea una entidad más despolitizada», ha apostillado.

Así, aunque ha asegurado esperar estar equivocado en su lectura, el comité de empresa ha advertido que si efectivamente se «volviera a poner en poner en duda la viabilidad del servicio público» de la corporación los trabajadores lucharán «hasta el último aliento para impedirlo».

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, ha defendido hoy la «profesionalidad» del recién nombrado administrador provisional de Telemadrid, José Antonio Sánchez, y ha señalado que el ERE que se llevó a cabo en el ente durante su anterior mandato como director general (2011 a 2014) estuvo «justificado».

Así lo ha señalado en rueda de prensa el consejero de Educación, Universidades y Ciencia, y portavoz del Ejecutivo regional, Enrique Ossorio, tras anunciar que el nombramiento del periodista ha sido aprobado finalmente en el Consejo de Gobierno celebrado este miércoles. Este tendrá que ser ratificado en septiembre por la Asamblea de Madrid.

El consejero de Hacienda, Economía y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, ha insistido en que desde la Comunidad de Madrid se oponen de manera radical al «atropello» de reforma fiscal que quiere impulsar el Gobierno central y ha avisado que la intentarán frenar por todos lo medios políticos y legales.

Así lo ha expuesto en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, en la que se ha conocido el informe sobre el sistema tributario que el Ejecutivo madrileño ha enviado al Ministerio de Hacienda y que supone su aportación al Comité de Expertos para la elaboración del Libro Blanco de la reforma fiscal.

«Llevamos muy sólidas razones jurídicas, económicas y tributarias por las cuales es un atropello», ha expuesto. A su parecer, buscan «pasar por encima» de la autonomía de la región y que los impuestos de los madrileños se decidan «en cónclaves de consejeros de Hacienda socialistas o, aún peor, en la mesa de negociación con los independentistas de Cataluña».

Lasquetty ha remarcado que no van a dejar de hablar de esta cuestión porque no quieren que se apruebe «entre tinieblas como le gusta hacer» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Así, ha incidido en que obligarán a que haya «focos encendidos».

PROBLEMAS DE REFORMA «MAL PENSADA»

El titular de Hacienda ha desgranado que el informe que empieza analizando los problemas que puede acarrear una reforma «mal pensada, diseñada sobre bases equivocadas o mal ejecutada» y que podría tener «un efecto destructivo para la recuperación y creación de empleo en España». Además, recoge los efectos de contar con impuestos bajos, se detiene en la defensa de la autonomía fiscal y, en concreto, en la situación de Madrid.

«Es una pormenorizada manera de desmontar argumentos falsos sobre la fiscalidad de la Comunidad de Madrid», ha dicho, al tiempo que ha indicado que la primera que lanza argumentos que en este sentido es la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Así, ha vuelto a defender que la región «no hace ‘dumping fiscal’ porque tienen la mismas reglas que todos los demás, que Madrid no se beneficia de ser capital, porque lo ha sido durante siglos», que no hay insolidaridad porque son la región que más aporta y que no absorbe todo «sino que más bien genera crecimiento económico».

CERCA DE 30 EXPERTOS

El documento elaborado por el Gobierno regional ha contado con la participación de estudios y análisis de cerca de 30 expertos de distintos ámbitos, que remarcan la relación entre los impuestos bajos y la creación de empresas, la atracción de inversiones y el crecimiento del PIB.

Así, se recogen las aportaciones de profesionales del mundo académico, como Salomón Aguado Manzanares (Universidad a Distancia de Madrid), Luis Manuel Alonso González (Universidad de Barcelona), Santiago Álvarez García (Universidad de Oviedo), Mikel Buesa (Universidad Complutense de Madrid), César García Novoa (Universidad de Santiago de Compostela), Juan José Rubio Guerrero (Universidad de Castilla La Mancha), Jorge Sainz (Universidad Rey Juan Carlos) y José Félix Sanz Sanz (Universidad Complutense de Madrid).

También han colaborado expertos de diversos institutos empresariales y económicos como Lorenzo Bernaldo de Quirós (Freemarket Corporative Intelligence), Daniel Lacalle (Instituto de Empresa e Instituto de Estudios Bursátiles) y Javier Santacruz (Instituto de Estudios Bursátiles). Desde el ámbito jurídico han participado los abogados del Estado José Manuel Otero Novas y Macamen Tejera Gimeno o el asesor legal y tributario Ignacio Ruiz-Jarabo.

Asimismo, el estudio contempla las aportaciones de diversas entidades como Instituto de Estudios Económicos (IEE), la Asociación de la Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM), Asociación Madrileña de Empresa Familiar (AMEF), Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM), Círculo de Empresarios y la Fundación Civismo e Instituto de Estudios Económicos (IEE).

La ministra de Igualdad, Irene Montero, tampoco ha querido definir al régimen cubano y ha cargado contra el bloqueo económico «inaceptable» contra el país y que está en la base de su carencia de productos básicos.

También ha desgranado que España ha mantenido «históricamente» unas relaciones «excelentes de amistad» con la nación caribeña y que el Gobierno debe seguir trabajando para que así sea.

Así se ha expresado ante los medios de comunicación tras acudir, junto a la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, al acto ‘Ley de Diversidad Familiar y Apoyo a las Familias: Reconocimiento de la diversidad y protección de todas las familias y la infancia’, en la Casa de América.

Preguntada sobre si piensa o no como la diputada de Unidas Podemos Aina Vidal, que ayer consideró que el Gobierno cubano no era una dictadura, la ministra ha dicho simplemente que aprovechaba para mandar un «mensaje afectuoso» y «toda la complicidad» al pueblo cubano.

Y es que Montero ha resaltado que Cuba es un país «hermano» que padece un bloqueo económico «inaceptable», como también opina Naciones Unidas, y que motiva que sufra carencia de medicamentos y material sanitario para hacer frente a los efectos de la crisis del Covid-19.

«Creo que es muy importante que es muy importante que reconozcamos ese bloqueo inaceptable, al que Cuba está siendo sometido desde hace décadas y que está en la base de la carencia de los productos más fundamentales para garantizar la vida digna de todos sus ciudadanos», ha zanjado.

BELARRA: ESTE DEBATE «NO AYUDA» Y SOLO LO QUIERE LA OPOSICIÓN

Por su parte y en declaraciones a La Sexta, la titular de Derechos Sociales ha reiterado que el debate sobre el Gobierno cubano «no ayuda» a solucionar la situación, que es «evidente y nadie niega» que es de «absoluta excepcionalidad internacional« derivada de casi seis décadas de bloqueo económico por parte de Estados Unidos.

También ha relatado que la última asamblea general de Naciones Unidas fue «muy clara» sobre la necesidad de levantar este embargo comercial y económico, que es lo que contribuiría a aportar una solución.

Por tanto, ha dicho que este debate solo interesa a la oposición, que trata de hacer una cuestión nacional algo que es «un tema internacional» y una situación límite «dolorolísima» para el pueblo cubano. «A mí no me van a encontrar haciendo política doméstica con un tema de semejante calado», ha zanjado.

Más País-Equo, Compromís y los partidos independentistas del Congreso han pedido que la Cámara cree una comisión de investigación relativa a la «neutralidad política» en el desempeño de la función de enjuiciamiento de la responsabilidad contable por parte del Tribunal de Cuentas, es decir, de la sección del fiscalizador encargada de las investigaciones abiertas contra ex altos cargos de la Generalitat catalana por la consulta independentista de 2014 o el conocido como ‘Diplocat’.

La iniciativa, que lleva la firma de ERC, Junts, el PDeCAT, el BNG, la CUP y Bildu, además de la de los partidos ya citados, busca que la Cámara abra pesquisas sobre «las preguntas irregularidades cometidas» por este órgano en su función de enjuiciamiento de la responsabilidad contable.

Así, demandan que se aclaren las «conexiones y vinculaciones personales de los consejeros y su incidencia sobre el principio de independencia», así como la «naturaleza política de las acusaciones» que, a su parecer, se han dirigido contra los independentistas catalanes.

En definitiva, buscan que el Congreso determine si el Tribunal tiene «legitimidad» y «competencia» para llevar a cabo estos procedimientos por responsabilidad contable y con qué «límites» debe desarrollar su función jurisdiccional.

SÓLO ACTÚAN CONTRA EL INDEPENDENTISMO

En la exposición de motivos de la iniciativa, estos ocho partidos denuncian que, pese a que el Tribunal de Cuentas constata «irregularidades» de variada índole en sus distintas fiscalizaciones, después no exige «responsabilidad» por ellas, y se limita a «recomendar mayor diligencia en materia de planificación, contratación, seguimiento o control» por parte de las entidades que analiza.

Para los firmantes de la petición, «esta situación contrasta» con la actuación llevada a cabo por el órgano que preside María José de la Fuente en relación con los procesos judiciales y causas policiales contra el independentismo catalán.

En este contexto, recuerdan que hasta ahora ya se han abonado más de 15 millones de euros en concepto de fianzas –«algunas de ellas duplicadas», según apuntan– en el marco de procedimientos derivados de la consulta del 9 de noviembre de 2014 y el referéndum ilegal de octubre 2017.

SESGO IDEOLÓGICO

«El sesgo ideológico que se desprende de este patrón de comportamiento es del todo incompatible con los principios propios de un Estado de Derecho como el de imparcialidad», argumentan.

A la vez inciden en que el hecho de que éste no sea un auténtico órgano jurisdiccional no «le habilita a quebrantar la neutralidad política que se le exige a cualquier instancia depuradora de responsabilidades», máxime teniendo en cuenta que el enjuiciamiento de la responsabilidad contable que realiza «tiene una dimensión política incuestionable pues se proyecta sobre la gestión de los fondos públicos»

Teniendo en cuenta todas estas denuncias, estas formaciones piden que el Congreso investiguen las «causas de abstención de los consejeros que concurrían en los procesos contra el independentismo catalán y no fueron planteadas, en infracción», a su juicio, del principio de imparcialidad».

Otro de los puntos que quieren que se esclarezca es si dichos procedimientos se están ejecutando con todas las «garantías procesales» previstas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Los firmantes denuncian las «naturaleza confiscatoria y disuasoria» de las fianzas exigidas a los cargos independentistas y plantean que la Cámara se pronuncie sobre ello, así como acerca de la «incidencia» de la actuación del tribunal sobre el ejercicio de la libertad de expresión, la libertad ideológica y el pluralismo político.

Pero los impulsores de la investigación no se refieren sólo a los procedimientos contra los independentistas y piden que la Cámara investigue sobre «la autoría material de todas las operaciones irregulares» que, a su juicio, «no han sido debidamente enjuiciadas», la «responsabilidad» en la que se ha incurrido por ello y «los perjuicios causados a las arcas públicas» por esa falta de enjuiciamiento.

Los promotores de la iniciativa citan también como objeto de la investigación que quieren que se abra la política de contratación del personal del Tribunal de Cuentas y su compatibilidad con le principio de independencia e imparcialidad.

El director general del Consejo Empresarial del Sector del Juego (CeJuego), Alejandro Landaluce, ha reclamado este miércoles una regulación «justa» del juego privado, «acorde a lo que realmente representa» en el mercado.

Así se ha expresado el director general de la asociación empresarial que representa aproximadamente a un 70% del sector del juego privado en España, tras presentar los resultados de una encuesta realizada entre 1.863 ciudadanos.

«Existe una creencia errónea de que somos un sector poco regulado, cuando somos uno de los que históricamente más hemos cuidado el cumplimiento de la normativa. Abogamos por el juego responsable y cumplimos todas las medidas que se imponen tanto a nivel estatal como por Comunidades Autónomas y lo vamos a seguir haciendo siempre, porque forma parte de nuestra filosofía como empresas», ha afirmado.

Landaluce ha añadido que «el juego privado se practica en su gran mayoría por diversión y ocio, como muestran los datos, y en comparación con el juego público es minoritario». «Consideramos que debe regularse de forma justa, acorde a lo que realmente representa el juego privado en el mercado«, ha subrayado.

Según concluye la encuesta de Sigmados y CeJuego, sobre la percepción y el conocimiento que los españoles tienen del sector, el 75% de los españoles considera que los controles a los juegos de azar públicos y privados deberían igualarse.

En relación con la regulación aplicada al sector del juego, los resultados de este estudio muestran que un 62% de los encuestados afirma que los locales de juego y apuestas no deberían cerrarse, porque «cada uno es libre de ir o no ir».

En este sentido, la investigación de CeJuego indica que un 64% de los españoles se muestra convencido de que si se cierran estos locales, la actividad se trasladaría a otros lugares de manera ilegal.

Por otro lado, el informe muestra que un 73% de los encuestados afirma jugar a la lotería, al tiempo que un 6% de los españoles declara jugar a apuestas deportivas. Por tipo de públicos, los asalariados, empresarios y autónomos son los que más realizan apuestas online (17%), frente a los estudiantes que prefieren las Loterías (31%), Euromillones (14%), juegos de la ONCE, como Cuponazo y Rascas (10%) y las apuestas deportivas online y las apuestas en locales de juego, ambas con un 6%.

Respecto a la variable de volumen de ingresos de los encuestados, el estudio destaca que las personas con ingresos bajos y muy bajos, son las que juegan en mayor porcentaje a los Rascas de la ONCE (13,3%) y quienes menos juegan en locales de apuestas (2%) y en apuestas deportivas online (4%).

Las personas que más ingresos declaran, según este estudio elaborado por CeJuego, invierten en su mayoría a juegos como Euromillones (38%) y la Primitiva (41%), y dedican un 7% de su presupuesto a las apuestas online.

En el caso del juego privado, casi un 68% afirma jugar por diversión y ocio, y por las posibilidades de acertar y solo un 30% por el importe de los premios. En el caso del juego público, el 41% afirma jugar por tradición y costumbre, y un 31% por las posibilidades de acertar, al igual que otro 30% lo hace por el importe de los premios.

El juego público más jugado es la Lotería, a la que juegan el 73% de los encuestados, mientras que el juego privado más practicado son las apuestas deportivas que, según los datos del estudio, alcanza el 6%.

Leonardo Fernández, un historiador y activista cubano que se encuentra en la actualidad en La Habana y que estuvo en prisión durante dos días por «alteración del orden público», tras manifestarse el pasado lunes a las puertas del Instituto Cubano de Radio Y Televisión (ICRT), ha criticado al Gobierno de Cuba por «crear una oleada de violencia». «El gobierno cubano ha hecho una llamada a que cubanos se enfrenten a cubanos y en las cárceles estamos siendo sometidos a maltratos», ha manifestado.

Asimismo, ha pedido a la comunidad internacional que haga un «llamamiento a la conciliación, al diálogo y al cese de la represión» y que «liberen a todos los jóvenes detenidos»

Asimismo, ha detallado la situación que están viviendo muchos «jóvenes detenidos» por manifestarse «pacíficamente». En este sentido, ha recalcado la necesidad de una «reforma constitucional» en Cuba para «poner fin a décadas de autoritarismo y represión».

«RESPUESTA CONTUNDENTE Y UNIFICADA»

Por otra parte, el presidente de la ONG Prisioners Defenders, Javier Larrondo, ha calificado de «máxima urgencia» la situación que atraviesa Cuba, donde se están cometiendo «crímenes de lesa humanidad por parte del Gobierno cubano», y ha pedido al Ejecutivo español que gestione una «respuesta contundente con la UE y con los países democráticos» que sea «eficiente para la protección del pueblo de Cuba».

En este contexto, ha lamentado que España no haya reaccionado con «absoluta urgencia al nivel que requiere la protección de los cubanos» aunque considera que la reacción del Gobierno «es la reacción de un ejecutivo que representa un Estado», por lo que entiende que «se retrase una declaración contundente».

«En este momento estamos en una urgencia absoluta y necesitamos que el Gobierno, la Unión Europea y Naciones Unidas hagan declaraciones. No de la definición de lo que es Cuba o no, sino de lo que necesita el pueblo cubano para ser protegido», ha subrayado Larrondo.

Asimismo, ha afirmado que tiene constancia de que hay «miles de detenidos y desaparecidos». «Tenemos documentados entre 200 y 300 detenidos y desaparecidos, aunque sabemos que hay miles de detenciones porque el bloqueo de internet que el Estado ha impuesto nos impide llegar a apenas un 5% de las personas con las que intentamos conectar», ha detallado.

En la misma línea, ha pedido al Gobierno de España que «se coordine con los países democráticos» para «unificar una respuesta contundente con la UE» y que se tome una «posición conjunta internacional que sea eficiente para la protección del pueblo cubano», ha concluido Larrondo.