El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado este viernes que el Ejecutivo autonómico estudiará «bien» la norma planteada por el Gobierno central para la vuelta del público a los estadios deportivos y ha abogado por llevar a cabo una «apertura progresiva» y «no disruptiva». Ha resaltado que se debe «garantizar la seguridad» frente a la pandemia de la Covid-19.

Puig se ha pronunciado así tras reunirse en Vallibona (Castellón) con su alcalde, Juan José Palomo, y con vecinos, preguntado por el regreso del público a estos espacios después de que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, avanzara este jueves que se podrá volver a los estadios de fútbol y de baloncesto porque se suprime el artículo 15.2 de la Ley de Nueva Normalidad que lo impedía aunque señaló que serán las autoridades autonómicas las que determinen el aforo.

«En estos momentos aún no puedo avanzar» nada, ha dicho Ximo Puig, que ha aseverado tras ello que se va a estudiar este asunto. «Lo vamos a estudiar. Vamos a estudiar bien la norma que ha planteado el Estado», ha añadido.

No obstante, el responsable autonómico ha declarado que su apuesta es una «apertura progresiva». «En cualquier caso, ya digo que nosotros vamos a seguir esa apertura progresiva, no disruptiva», ha expuesto, a la vez que ha subrayado que la idea «es intentar garantizar la seguridad».

El presidente ha aludido, a continuación, al uso de la mascarilla y ha destacado que es «absolutamente imprescindible» en las aglomeraciones, además de insistir en la necesidad de ser prudentes para seguir frenando la Covid-19.

«En cualquier caso, creo que en estos momentos el uso de la mascarilla en lugares de aglomeración es absolutamente imprescindible todavía», ha dicho. Puig ha pedido «mantener la prudencia» y ha explicado que «hay que tener en cuenta que la no obligatoriedad de la mascarilla en los espacios al aire libre», a partir de este sábado «viene condicionada también» por el mantenimiento de «la distancia» social.

Así, el jefe del Consell ha aseverado que «cuando haya alguna duda, hay que llevar la mascarilla», un elemento que «ha salvado miles y miles y miles de vidas». «Hay que continuar siendo conscientes de que está ahí» el virus, «entre nosotros», ha agregado.

Ximo Puig ha advertido, igualmente, de que «hay muchas personas jóvenes que en estos últimos días están siendo infectadas y contagiadas» y de que «aún no hemos superado la pandemia» aunque se vaya «mejor» por la «vacunación».

«CIRCUNSTANCIAS EN LAS QUE HAYA SEGURIDAD»

«Nos gustaría a todos que mañana fuera el día del adiós definitivo a la mascarilla, pero no lo es. Es el adiós a la mascarilla en circunstancias muy determinadas», ha insistido.

El presidente de la Generalitat ha indicado que podrá dejar de usarse «en las circunstancias en las que haya seguridad: al lado de la playa, en un espacio natural fundamentalmente y al aire libre siempre que no se tenga contacto». «Pero cuando hay aglomeraciones, cuando no hay distancia suficiente, hay que llevar mascarilla todavía. Aún nos jugamos que muchas personas acaben en el hospital», ha expuesto.

El Gobierno tramitará en un único texto las leyes Trans y LGTBI en el que se ha incluido, finalmente, la autodeterminación, de forma que las personas trans podrán registrarse en el Registro Civil sin necesidad de informes médicos, ni terceras personas.

Aún así, el Ejecutivo se refiere en todo momento en la norma a la realización de un cambio registral de sexo, y no de género, como pedían los socialistas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado este viernes desde Bruselas que la norma se llevará al Consejo de Ministros del martes 29 de junio. Finalmente, el texto se tramitará bajo el nombre de Anteproyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas Trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.

Fuentes de Igualdad han explicado que la autodeterminación, a la que se oponía el PSOE, está incluida en la ley tal y como se recogía en la última propuesta que el equipo de Irene Montero realizó al Ministerio de Justicia.

El anteproyecto recoge que el proceso para la rectificación registral de la mención relativa al sexo se iniciará mediante la comparecencia de la persona legitimada en la Oficina del Registro Civil en la que haya obtenido cita previa y que allí se le hará entrega del formulario que recogerá su manifestación de disconformidad con el sexo mencionado en su inscripción de nacimiento y su solicitud de que se proceda a la correspondiente rectificación.

SE INFORMARÁ DE LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS

En este documento se deberá incluir la elección de un nuevo nombre propio, salvo cuando la persona quiera conservar el que ostente y ello sea conforme a los principios de libre elección del nombre propio previstos en la normativa reguladora del Registro Civil.

En esta comparecencia inicial, la persona encargada del Registro Civil informará a la persona solicitante de las consecuencias jurídicas de la rectificación pretendida, incluido el régimen de reversión, así como de la existencia de las medidas voluntarias de apoyo que estén a disposición de la persona solicitante a lo largo del procedimiento, incluyendo medidas de protección contra la discriminación, promoción del respeto y fomento de la igualdad de trato.

Igualmente, pondrá en conocimiento de la persona legitimada la existencia de asociaciones y otras organizaciones de protección de los derechos en este ámbito a las que puede acudir.

En el caso de los menores entre 14 y 18 años, todos los intervinientes en el procedimiento deberán tener en consideración en todo momento el interés superior de la persona menor. El texto indica, en este sentido, que la persona encargada del Registro Civil le facilitará la información sobre las consecuencias jurídicas en un lenguaje claro, accesible y adaptado a sus necesidades.

UN PLAZO MÁXIMO DE CUATRO MESES

Tras suscribir la persona solicitante que está conforme, deberá ser citada de nuevo en un plazo máximo de tres meses para comparecer de nuevo en el Registro Civil y ratificar la solicitud, aseverando la persistencia de su decisión.

Firmada y presentada la solicitud se dictará resolución sobre la rectificación registral solicitada dentro del plazo máximo de un mes a contar desde la fecha de la segunda comparecencia. Es decir, el proceso completo para el cambio de sexo duraría un máximo de cuatro meses.

Las mismas fuentes del Ministerio han destacado también la inclusión de medidas en la norma para garantizar los derechos de las personas intersexuales, o que las parejas lesbianas no necesiten estar casadas para aparecer ambas mujeres como madres de un bebé. Del mismo modo, lamentan que no se haya aceptado por parte del PSOE la inclusión de una tercera casilla para el género no binario, ni siquiera la disposición que aparecí en los primeros borradores de la norma por la que se debía estudiar esta posibilidad en un plazo de un año.

CRÍTICAS DE LAS ORGANIZACIONES TRANS

Este anteproyecto recoge, aunque no completamente, algunas de las medidas que la Federación Estatal de Gais, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), la Fundación Triángulo y ‘Chrysallis’, asociación de familias de menores trans, trasladaron al Gobierno en una reunión que mantuvieron a principios de este mes de junio.

Tal y como explicaron a los medios en rueda de prensa, se propuso, como seguridad jurídica a la autodeterminación, establecer un plazo máximo de tres meses para completar el proceso de cambio registral (que en la actualidad es de unos tres años), así como que la autodeterminación fuera posible para menores hasta los 12 años, mientras que los niños con menos edad pasaría por una primera fase de cambio de nombre únicamente.

Además, no se oponían a la unión de las dos normas, como proponía el PSOE, siempre que se mantuviera el «nombre de las personas trans por delante».

En una posición muy diferente se encuentran las organizaciones trans, que considera que el Ejecutivo se ha «cargado» la ley que garantizaba los derechos de su colectivo y pedían que se tramitara de forma individual.

Tal y como ha denunciado la Federación Plataforma Trans, el Gobierno está «incumpliendo» su acuerdo, que hablaba de desarrollar dos leyes y considera que han «dejando en el limbo a las personas trans» y a los menores, al «excluir» a los de menos de 14 años de la posibilidad de realizar el cambio registral, así como al colectivo de no binaries, o a las personas trans migrantes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prepara su reunión con el presidente catalán, Pere Aragonés, del próximo martes con el objetivo de comenzar a trabajar de nuevo en la Agenda para el Reencuentro que ya planteó hace más de un año, y que se compone de propuestas sobre inversiones, financiación y otros asuntos que responden a reclamaciones dentro de la legalidad de anteriores gobiernos catalanes.

Así lo ha puesto de manifiesto a preguntas de los medios durante la rueda de prensa que ha ofrecido en Bruselas tras participar en el Consejo Europeo, y en la que ha defendido que, tras haber escuchado ya las «proclamas» y las «reclamaciones de Aragonés y los partidos independentistas que conforman el Govern, ahora es momento de ponerse a trabajar ya sobre propuestas que sí respeten el pacto constitucional en la mesa de diálogo que se retomará próximamente.

«A partir de ahí podemos hablar», ha afirmado, tras recalcar que «el Gobierno siempre va a salvaguardar el cumplimiento de esa legalidad» y que, por ello, en su encuentro con Aragonés volverá a plantearle su Agenda para el Reencuentro, que elaboró el Ejecutivo central en febrero de 2020 tras hacer «el ejercicio de saber cuáles eran las reclamaciones que habían hecho los presidentes catalanes dentro de la legalidad».

Esa agenda, que Sánchez le entregó en persona al entonces presidente de la Generalitat Quim Torra, sirvió de punto de partida para la mesa de diálogo que se constituyó ese mismo mes de febrero de 2020, con una primera y única reunión. Sánchez y Aragonés abordarán también en su reunión del martes cómo y cuándo reanudar esa foro de diálogo.

En aquel documento, con 44 puntos, el Gobierno se comprometía entre otras cosas a estudiar las propuestas tributarias de la Generalitat; una senda de déficit «más transitable»; atender las demandas sobre textos legislativos pendientes de recurso o sentencia; descentralizar ayudas y subvenciones; negociar la unidad de mercado; incluir en la Ley de Educación la normativa que afecta al modelo de escuela catalana e invertir en ferrocarril, puertos y El Prat.

En concreto, aquella propuesta se estructuraba en seis ejes, el primero de los cuales se refería al diálogo político y a la regeneración institucional. En este apartado, Sánchez planteó ya la necesidad de «evitar la judicialización de la política», asumiendo que las soluciones que se busquen en la mesa de diálogo habrán de situarse «en el marco de la ley y el respeto a la seguridad jurídica».

«MUCHO QUE HABLAR Y MUCHAS DIFERENCIAS POR RESOLVER» CON ARAGONÉS

En su comparecencia de este viernes, Sánchez ha reconocido que «con Aragonés hay mucho que hablar» y «muchas diferencias que resolver», y también ha admitido que cada cual tiene derecho a tener sus ideas y a defender sus «proclamas», en relación a las aspiraciones independentistas de ERC y Junts y sus exigencias de celebrar un referéndum de autodeterminación.

No obstante, ha señalado que esas reclamaciones ya son de sobra conocidas por «todos», y que el objetivo en la nueva etapa de diálogo que se abre con Cataluña debe ser trabajar en base a propuestas que respeten la legalidad, como las que recabó el Gobierno en esa Agenda para el Reencuentro.

«Ya he escuchado sus proclamas y reclamaciones, las sabemos todos. La democracia española integra, no excluye, respeta todas las ideas. El único límite que tenemos es el pacto constitucional, el respeto a la legalidad, cada cual puede defender sus ideas dentro del pacto constitucional», ha recalcado.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo ha recordado por ejemplo que esa Agenda para el Reencuentro se basa por ejemplo en las 23 propuestas que el expresidente catalán Artur Mas le trasladó al Gobierno en 2014 cuando Mariano Rajoy estaba en Moncloa.

«Hicimos un ejercicio de ver cuáles eran las reclamaciones que se ajustaban a la legalidad, como inversiones, financiación, reconocimiento de algunas reparaciones, que el Gobierno de España durante esta legislatura ha ido aplicando, como con Lluís Companys», ha señalado, en referencia al declaración de rechazo a la condena a muerte al que fuera presidente de la Generalitat de 1934 a 1940.

En cuanto a los indultos que el martes aprobó el Gobierno para los condenados por el procés, Sánchez ha señalado que ningún líder europeo le ha preguntado durante el Consejo por este asunto, lo que demuestra, a su juicio, que Europa entiende que España es capaz de resolver por sí misma sus problemas. «Ese es el mensaje que se traslada al no plantearse esta cuestión ni formal ni informalmente», ha asegurado.

AVISA A CASADO: «LOS ESPAÑOLES TOMARÁN NOTA»

Asimismo, el presidente ha aprovechado su comparecencia para hacer un llamamiento a todos los partidos, «también al PP», y «a todos los Gobiernos, en particular al de la Generalitat», para afrontar un «desafío» que, a su juicio, «merece la pena», como es el de «construir convivencia».

A este respecto, ha criticado la actitud de rechazo del PP y su líder, Pablo Casado, y ha lamentado que no cuente con su apoyo, cuando él sí apoyó a Rajoy en 2017 cuando tuvo que recurrir al artículo 155 de la Constitución tras el referéndum ilegal y la proclamación unilateral del independencia.

«Eso es algo de lo que los españoles tomarán nota respecto al presente y al futuro», ha avisado, al tiempo que ha insistido en que con los indultos se ha demostrado la «fortaleza» de la democracia española, por su «capacidad de integración y resolución de sus propios conflictos».

«LO ÚTIL AHORA ES EL PERDÓN»

En este sentido, ha asegurado que en esa tarea de construir convivencia, la ciudadanía tiene que entender que lo «útil» ahora es «el perdón». «Si en un momento lo útil fue el castigo, ahora es el perdón», ha enfatizado, al tiempo que ha recordado que los presos indultados ya llevaban «44 meses en prisión».

«Hemos atravesado una pandemia, estamos superándola, hemos iniciado el camino de la recuperación económica y creo que ahora mismo es más útil que nunca contribuir entre todos a la convivencia y la concordia entre partidos y territorios, porque necesitamos a todos arrimando el hombro«, ha ahondado.

Y sobre los mensajes independentistas de los indultados al salir de la cárcel este miércoles, Sánchez ha asegurado que no tiene «nada que decir» porque «la democracia española es tan grande y fuerte que respeta todas las opiniones. Eso sí, ha añadido que se pueden defender las ideas y los proyectos que se quieran, «pero siempre respetando el pacto constitucional y la legalidad democrática».

«Nada que decir a lo que plantearon y simplemente trasladar confianza y certeza al conjunto de la sociedad española de que el Gobierno de España siempre va a garantizar la legalidad democrática», ha recalcado.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha llamado este viernes a los líderes de la UE a no bajar la guardia frente al riesgo de propagación de la variante de coronavirus conocida como ‘Delta’ que es ya la predominante en Reino Unido y podría ser el origen del 90% de los contagios en al UE a final de verano, según el Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades.

«Es una variante ante la que seguir vigilante, necesitamos permanecer muy coordinados en las medidas de restricción», ha indicado al término de una cumbre de la UE la jefa del Ejecutivo comunitario, quien ha celebrado que la vacunación esté siendo efectiva frente a la variante pero ha alertado de la rapidez con la que se propaga.

Von der Leyen ha dicho que en el bloque están «preocupados» por la variante ‘Delta’ porque «si miramos a Reino Unido es la variante dominante, con un 90% de las infecciones, y también avanza rápidamente su propagación aquí».

Con todo, la política alemana ha destacado que la pauta completa de la vacuna «protege muy bien» frente al virus y ya la primera dosis ofrece buenos resultados al evitar que la infección sea «severa».

De acuerdo a los datos ofrecidos por la Comisión Europea, a finales de esta semana el 60% de la población adulta en la Unión Europea habrá recibido al menos la primera dosis de la vacuna. Cerca de un 40% habrá recibido la pauta completa, ha asegurado Von der Leyen.

Las dudas respecto al control de esa variante mantienen a Reino Unido fuera de la lista de países a los que el bloque permite viajar sin más restricciones que un test PCR o cuarentena y que por el momento mantiene reducida a poco más de una decena.

Esta clasificación, sin embargo, es una recomendación que los Veintisiete se han comprometido a respetar pero no es de obligado cumplimiento porque los gobiernos tienen competencias exclusivas sobre sus fronteras, lo que ha permitido a España y Portugal reactivar las rutas con Reino Unido a pesar de los recelos de algunos socios en la UE.

Al término del Consejo europeo de dos días, algunos mandatarios han insistido en su llamada a la necesidad de garantizar la coordinación entre Estados miembros a la hora de abrir sus fronteras a países extracomunitarios, aunque según han indicado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro luso, Antonio Costa, ninguno ha planteado reservas a las estrategias de España y Portugal.

Con todo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha dicho a la prensa al término de la cumbre celebrada en Bruselas que «se impone una coordinación para armonizar las normas» en materia de reapertura de las rutas con países terceros.

En opinión de Macron, de esta coordinación dependerá que el Certificado Covid de la UE que entrará en vigor el próximo julio en todo el territorio común sea «plenamente eficaz» al facilitar la libre circulación de los europeos entre los países de la UE.

Por eso, ha añadido, Francia y Alemania han insistido ante el resto de delegaciones que la coordinación es «indispensable» y también combinar la «prudencia y la vigilancia» con respecto a la evolución de la variante predominante en Reino Unido.

El primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, por su parte, ha explicado que los líderes no entraron en el detalle del control de las variantes porque es un asunto que debe abordarse a nivel de ministros de Salud, al tiempo que ha apuntado que «corresponde a los Estados miembro tomar sus decisiones». Así, ha considerado que le corresponde a los países más «permisivos», entre los que ha nombrado a España, decidir cómo actuar.

La canciller alemana, Angela Merkel, ha advertido que «desafortunadamente» no se puede afirmar todavía que la pandemia ha finalizado, sobre todo a la luz de la propagación de la variante Delta en países como Reino Unido o Israel, que estaban «más avanzados» que la UE en sus campañas de vacunación.

«Hemos progresado gracias a las campañas de vacunación, pero también vemos que en Reino Unido o Israel, que de hecho estaban más avanzados en la vacunación, ha aumentado la incidencia y las hospitalizaciones. También sabemos que tenemos muy pocos menores vacunados», ha avisado.

El líder del PP, Pablo Casado, ha arremetido contra el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, por «amenazar» al Tribunal de Cuentas y ha afirmado que el Gobierno «radical» que dirige Pedro Sánchez «es la única piedra en el camino de la Justicia, el Estado de Derecho y los reguladores».

De esta forma ha respondido al ministro, quien ha asegurado este viernes que las causas ante el Tribunal de Cuentas contra exaltos cargos del Gobierno catalán son «piedras en el camino» en el proceso de diálogo con la Generalitat.

«Sabíamos que todas estas causas, que no dejan de ser piedras en este camino, estaban ahí. Por lo tanto, nos corresponde ir desempedrando todo este camino, pero hacerlo siempre desde el reconocimiento de los órganos y las instituciones, y dentro de la legalidad», ha dicho textualmente Ábalos en una entrevista en Ser Cataluña.

EL PP PIDE SU COMPARECENCIA EN EL CONGRESO

Casado ha anunciado que el Grupo Popular solicitará la comparecencia en el Congreso del ministro para «exigir responsabilidades» por estas declaraciones porque es «inadmisible que amenacen a los tribunales.

«Este Gobierno radical es la única piedra en el camino de la Justicia, el Estado de Derecho y los reguladores», ha declarado Casado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

Varios cargos del partido han calificado de «intolerables» las declaraciones de Ábalos y han salido en tromba a denunciarlo, exigiendo además la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la concesión de indultos.

Así, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha afirmado que el Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos se dedica a «tocar la independencia de todas las instituciones del Estado».

«Tras los indultos, el Gobierno ataca al Tribunal de Cuentas por reclamar el dinero de los catalanes que malversaron. Creen que el dinero público no es de nadie, o suyo para seguir en Moncloa», ha denunciado en un mensaje en la misma red social.

«DISPUESTOS A TODO CON TAL DE SEGUIR EN EL PODER»

Por su parte, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha afirmado que esas declaraciones del ministro evidencian que «no tienen límites» y «están dispuestos a todo con tal de seguir en el poder.

«Sánchez debe dimitir ya. Los españoles tienen derecho a expresarse en las urnas ante tanta humillación y mentira», ha declarado el dirigente del PP, que ha participado en el distrito de Chamberí en la campaña del partido de recogida de firmas contra los indultos junto a la vicesecretaria de Organización, Ana Beltrán, y el exdirigente de Ciudadanos Toni Cantó.

Un joven de 17 años ha denunciado públicamente, en redes sociales, una presunta agresión homófoba ocurrida en la madrugada del pasado jueves, día de San Juan, en la ciudad de València.

Los hechos ocurrieron en la plaza Honduras, cuando el menor iba cogido de la mano de un amigo y un grupo de hombres empezó a increparles al grito de «maricones», según Levante-EMV, que detalla que le propinaron a la víctima un puñetazo en la cara, le tiraron al suelo y siguieron pegándole, para finalmente robarle el teléfono móvil y marcharse. La otra víctima logró zafarse de los agresores, que ya habían huido a la llegada de la patrulla policial.

El joven ha denunciado lo sucedido en su perfil de Twitter: «Tener que sufrir esto por ser como soy siendo el mes del orgullo… Luego decimos que no hay homofobia». La víctima, que recuerda que los hechos se producen tan solo unos días antes de la conmemoración del Día del Orgullo LGTBI+, acompaña el mensaje con una imagen en la que se puede ver una herida sangrante en su ceja.

Tras conocerse los hechos, el colectivo LGTBI+ Lambda –que ofrece apoyo legal y psicológico a la víctima– ha advertido en declaraciones de un «recrudecimiento de las agresiones». Si bien no cuentan con cifras oficiales, de acuerdo al número de personas que acude a la entidad sí observan un aumento de los incidentes lgtbfóbicos.

Uno de los motivos por los que les resulta difícil contar con cifras concretas, según ha explicado Lambda, es que «se denuncia una mínima parte de las agresiones». «Ocurren muchas más cosas de las que se acaban denunciando», ha alertado. Los motivos pueden ser desde la falta de conocimiento sobre los recursos disponibles hasta la falta de seguridad de las personas, porque «hace falta un empoderamiento y apoyo» a las víctimas.

En esta línea, Lambda ha insistido en que cualquier persona puede denunciar una agresión homófoba, no solo la víctima sino también testigos, y puede acudir a las entidades para acceder a su acompañamiento y recursos». En ocasiones, ha señalado, «la víctima ya tiene suficiente» con lo ocurrido y es necesario que «el resto de la sociedad participemos», pues la lgtbfobia es «un problema que tenemos que resolver entre todos«, ha zanjado la organización.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha señalado este viernes en declaraciones a los medios, que «las fuerzas y cuerpos de seguridad están muy implicados en apoyar y ayudar al colectivo LGBTI» y ha animado a «todas las personas que se sientan agredidas, insultadas y humilladas» a denunciar ante la Policía Nacional, cuyo personal está «muy preparado» y «les ayudará». «No tengan ninguna duda», ha recalcado.

Varios representantes públicos han mostrado su apoyo hacia la víctima a través de redes sociales. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha mostrado «toda su repulsa a la agresión homófoba» que sufrió el joven en València «por su derecho a ser y a vivir». «Una tierra abierta, plural y diversa como la valenciana no tolera ni permite el odio en sus calles. Estamos contigo», ha subrayado.

El alcalde de la ciudad, Joan Ribó, ha remarcado que «agredir a alguien por su orientación sexual y por ir de la mano con otra persona es repugnante y es cobarde». Ha expresado su apoyo al menor y ha manifestado que espera que «caiga el peso de la justicia sobre los agresores». «Que quede claro: en València celebramos la diversidad», ha asegurado.

Para la síndica de Unides Podem, Pilar Lima, «golpear por querer a quien quieres y mostrar afecto no tiene cabida en el mundo que construimos libre de odio». «Es el odio que propaga ya sabéis», ha agregado.

Por su parte, el síndic de Compromís, Fran Ferri, ha llamado a «mostrar el rechazo» ante este tipo de agresiones en la manifestación del Orgullo LGTBI+ el próximo lunes y ha agregado: «Unos hacen discursos de odio desde las instituciones y otros agreden en las calles. Basta de LTGBIfobia».

La vicealcadesa de València y portavoz socialista, Sandra Gómez, ha expresado su «absoluta condena a esta agresión homófoba en València». «En nuestra ciudad no tiene cabida la LGTBIfobia ni ningún tipo de violencia. No pararemos de luchar por una ciudad respetuosa, diversa y abierta», ha insistido.

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de València, Fernando Giner, ha señalado: «Lo repetiré mil veces, toda lucha por los derechos #LGTBI y su visibilidad es poca. Ama a quien quieras. Siéntete como quieras».

ACCEM, Acoge Andalucía, Cáritas, CEAR, CEPAIM y Red Acoge han instado este viernes al Gobierno a reformar el Reglamento de Extranjería para garantizar la protección de las personas migrantes tras la pandemia de la COVID-19.

Así lo han explicado las ONG en un comunicado conjunto, tras una reunión entre el director general de Migraciones, Santiago Yerga, y representantes de las citadas entidades sociales de ámbito estatal, que acompañan a las personas extranjeras residentes en España en sus procesos de inserción y autonomía.

Como han señalado las ONG, la Ley de Extranjería (LOEX) y su Reglamento (RELOEX) establecen «un sistema progresivo de acceso a los derechos y libertades, que reconoce, en todo caso, el derecho de todas las personas extranjeras que viven en España a la libre circulación por territorio nacional, la salud, la educación y la protección social, por ejemplo».

En este contexto, sostienen que en la actualidad «se estima que más de medio millón de personas no pueden ejercer sus derechos» en España, «por el simple hecho de no cumplir con un requisito administrativo, como no tener más de tres años de residencia en España o no contar con un contrato de trabajo de más de un año de duración a jornada completa».

De esta forma, los principales problemas que, en la práctica, han detectado se refieren al desarrollo del RELOEX, que «condiciona la regularidad administrativa al cumplimiento de unos criterios que no responden a la realidad social, laboral y económica», que deja en situación de exclusión «a un alto porcentaje de la población migrante, truncando sus procesos de integración e incorporación a la sociedad española».

«El vigente Reglamento de Extranjería se aprobó en el año 2011. Muchas cosas han cambiado desde entonces en la realidad social, económica, en el escenario laboral y también en la interpretación jurisprudencial de la norma», han puesto de relieve las organizaciones sociales.

Durante la reunión con el director general de Migraciones, según han informado las organizaciones sociales, sus representantes han señalado «la urgencia de simplificar y flexibilizar determinados supuestos del Reglamento para dar respuesta a la creciente desprotección que sufren miles de personas extranjeras, con mayor motivo en el contexto actual de crisis socioeconómica derivada de la pandemia, que está teniendo un impacto mucho más profundo en la población migrante».

A su juicio, esta modificación de la normativa de extranjería es necesaria para adecuar la norma a los estándares de Derechos Humanos y facilitar que las personas extranjeras puedan llegar España desde su país de origen con las autorizaciones de residencia y trabajo necesarias.

También se requiere un cambio normativo a fin de «garantizar que las personas extranjeras que están en el territorio español obtengan las autorizaciones de residencia y trabajo necesarias», y para «asegurar que las personas extranjeras que ya cuentan con las autorizaciones no las pierdan».

De este modo, en el documento de propuestas trasladado por las organizaciones sociales al director general se abordan reformas en cuatro apartados concretos: adecuación de la normativa interna a los estándares internaciones de derechos humanos; el establecimiento de vías legales y seguras; las autorizaciones de residencia y trabajo; y el problema de la irregularidad sobrevenida.

«Este conjunto de propuestas permitiría actualizar la legislación de extranjería conforme a los cambios sociales, económicos, laborales y jurídicos producidos desde 2011. Con ello se facilitaría, además, la resolución, de forma adecuada, de la situación de miles de personas extranjeras que ya están en España y que, al carecer de estas autorizaciones, quedan expuestas a situaciones de explotación laboral, exclusión social y residencial», han argumentado.

Finalmente, las ONG han defendido que «ninguna sociedad puede desarrollar su verdadero potencial cuando hay obstáculos jurídicos o políticos que impiden a sectores enteros de la población contribuir a esa sociedad, como es el caso de la población migrante».

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha acusado este viernes al Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez de «laminar el crédito» del Tribunal Supremo con la concesión de indultos a los líderes del ‘procés’ cuando en España «hubo un golpe de Estado». Tras criticar que ahora además el PNV se apunte a «toda esta fiesta», ha cuestionado cómo llegó el PSOE al poder en 2004 y 2018.

«Es de aurora boreal realmente lo que está pasando. La alternativa a todo eso es el cumplimiento de la ley, la Constitución y el Estado de Derecho. Y es una decisión política de los españoles que, cansados de ser humillados, no están dispuestos a seguir siendo humillados», ha avisado Aznar.

Así se ha pronunciado en la clausura del curso del ‘Aula de Liderazgo’ del Instituto Atlántico de Gobierno y la Universidad Francisco de Vitoria –moderado por el periodista Vicente Vallés– junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que ha puesto como ejemplo de liderazgo.

Además, tras elogiar su modelo basado en la libertad, Aznar ha señalado que las elecciones del 4 de mayo en Madrid han «marcado un camino y es el camino esencial que hay que seguir ahora». «Eso para Pablo Casado es una gran ventaja», ha proclamado.

ALUDE A LAS DECLARACIONES DE EMPRESARIOS Y OBISPOS CATALANES

Aznar ha defendido la posición contraria a los indultos expuesta por Pablo Casado, quien a su juicio, estuvo «en su sitio» en el Circulo de Economía Barcelona cuando lo expuso delante de los empresarios catalanes.

Además, ha indicado que las declaraciones de esos empresarios y de «la Conferencia Episcopal llamada tarraconense» son «días para apuntar», y «para tener en la cabeza y no olvidar». «Pero es que aquí hubo un golpe de Estado y hay una sentencia del Tribunal Supremo. Y esos señores han sido condenados por dar un golpe de Estado», ha afirmado, para añadir que él cree incluso que deberían haber sido condenados también por «rebelión», no solo sedición y malversación.

Dicho esto, ha recalcado que el Ejecutivo de Sánchez se ha dedicado en Europa a «laminar el crédito del Tribunal Supremo de España» y «eliminar el valor jurídico de las sentencias que impone», «actuando en contra del criterio» de este tribunal.

A diferencia de los indultos concedidos en el pasado por otros gobiernos, Aznar ha resaltado que «todos los indultos son diferentes» pero en este caso se está concediendo la medida de gracia a «unos señores que están diciendo que van a repetir el golpe de Estado». Y se está dando ese paso, ha proseguido, porque «conviene» a Pedro Sánchez al ser los que le «mantienen» en el Palacio de la Moncloa.

RECUERDA CÓMO LLEGÓ EL PSOE AL GOBIERNO EN 2004 Y 2018

Aznar ha subrayado que el PSOE ha llegado al Gobierno en dos ocasiones en circunstancias «muy especiales». En el año 2004, ha proseguido, lo hizo «utilizando unos ataques terroristas para intentar afectar a la credibilidad del Gobierno» y, en 2018 a través de «una moción de censura apoyada por separatistas y exterroristas».

El expresidente ha asegurado que, en «el supuesto de que haya un plan» para construir «un país nuevo», «con la historia no se hacen experimentos». «No se construye un país nuevo prescindiendo de la otra mitad del país, al menos. Imposible. Se destruye un país», ha alertado, para añadir que si ése es el camino eso está «condenado a un gran fracaso».

Al ser preguntado cuál es la alternativa que propone el PP a la vía de diálogo que ha abierto el Gobierno, Aznar ha resaltado que «la cuestión consiste en respetar y cumplir» tanto la ley como el Estado de Derecho.

«¿Cuál es la alternativa a cumplir la ley? ¿Incumplirla? ¿Usted señor empresario si le asaltan su fábrica qué va a hacer? ¿No ir a los tribunales y que no se juzgue a los que han asaltado mi casa o mi empresa?», se ha preguntado.

«LOS EXPERIMENTOS, CON GASEOSA»

El expresidente del Gobierno ha criticado además las recientes declaraciones del PNV que, a su entender, evidencia que «se apuntaba a «toda esta fiesta» al defender que «se reconozca al País Vasco como nación», se establezca una «relación bilateral con el Estado», y que los problemas que pueda haber se resuelvan «políticamente», algo que, a su juicio, supone la «desaparición del Estado de Derecho».

Tras insistir en que no hay otra alternativa que la ley y el Estado de Derecho, ha insistido en que «no hay libertad sin ley, sin responsabilidad, sin autoridad y sin seguridad». «Buscar alternativas a eso es hacer experimentos con lo peor que se puede hacer», para concluir que «los experimentos, con gaseosa».

La emancipación juvenil en España se «hundió» en 2020, el año de la pandemia, marcando el dato más bajo de los últimos 22 años, con un 15,8% de personas jóvenes de 16 a 29 años emancipadas, según los datos de la última edición del Observatorio de Emancipación Juvenil, elaborado por el Consejo de la Juventud de España (CJE) y presentado este viernes en el Congreso de los Diputados.

«Es alarmante, una caída muy brusca, es verdad que la destrucción del empleo ha sido más acentuada, pero que la emancipación haya caído tanto es muy sintomático de lo que está sucediendo», ha subrayado el investigador del estudio Joffre López Oller, durante la presentación de los datos en la Cámara baja.

El estudio recoge la cifra más baja de emancipación juvenil en lo que va de siglo, un «pésimo» dato que desde el Consejo de la Juventud no solo atribuyen a la pandemia sino a «la cronificación de la precariedad».

De acuerdo con el informe, la emancipación juvenil en España acumula 14 años consecutivos de caída. Así, en 2007, el 26,1% de las personas jóvenes se había independizado. Desde entonces, la cifra ha ido disminuyendo, marcando en 2020 el dato más bajo desde 1999.

Estas cifras reflejan, según el Consejo de la Juventud, que «la precariedad socioeconómica» de la juventud española «no encuentra suelo y sigue hundiéndose, con o sin COVID».

Según precisan, la tasa de paro entre los jóvenes al cierre de 2020 era del 30,2%; un 52% de los jóvenes trabajadores tienen un contrato temporal y el 26,1% tiene contratos parciales. Además, denuncian los bajos salarios de los jóvenes que cobran 11.643 euros brutos al año de media, 970 euros al mes.

En este sentido, desde el advierten de que la baja calidad del empleo joven y los bajos salarios hacen que una persona joven tenga que destinar «el 91%» de su salario al alquiler de una vivienda si quiere vivir en solitario.

Frente a esta realidad, el vicepresidente del Consejo de la Juventud, Adrià Junyent Martínez, ha propuesto «reformar la ley laboral, la subida del salario mínimo como la mejor política feminista y de juventud o la regulación del precio del alquiler».

Además de las dificultades que tienen las personas jóvenes para emanciparse en España, el Consejo de la Juventud avisa de las «elevadas» tasas de pobreza juvenil, que alcanza el 31,7%. Así, en España unos 3 millones de personas entre 16 y 35 años está en una situación de riesgo de pobreza o exclusión social.

¿ES JUSTO EL IMV CON LOS JÓVENES?

Atendiendo a estas cifras, el CJE lamenta que «apenas un 2%» de la juventud en situación de pobreza ha recibido el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Esto es así porque, como señala el Informe ‘Ingreso Mínimo Vital: ¿Es justo con la Juventud?’, elaborado por el CJE, el IMV «restringe el acceso al IMV a las personas jóvenes, discriminando y vulnerando los derechos de la juventud de manera arbitraria».

Por ello, exigen a los grupos parlamentarios que aprueben las enmiendas presentadas al IMV por parte del CJE en la negociación de la ley, para que la población joven pueda optar a esta ayuda. Igualmente, consideran necesario realizar una reforma laboral que acabe con la temporalidad y dualidad del mercado de trabajo español; y reclaman un uso eficiente de los Fondos de Recuperación europeos.

CRIMINALIZACIÓN DE LA JUVENTUD EN LA PANDEMIA

Asimismo, la vicepresidenta del Consejo de la Juventud Margarita del Cisne ha lamentado la «criminalización» de los jóvenes durante la pandemia, siendo «culpados» de los «rebrotes» o de los «botellones» y ha pedido que, en su lugar, se visibilice el «rol positivo» que han jugado, por ejemplo, «para proteger a los más vulnerables» durante la emergencia sanitaria.

«El hilo conductor durante la pandemia ha sido la criminalización de la juventud, con tres momentos cumbre en los que se ha puesto a los jóvenes en la diana, se culpó a la juventud de los rebrotes, se la vinculó a los episodios de violencia en las movilizaciones de solidaridad con Pablo Hassel y, en el fin del Estado de Alarma, se les puso en la diana con esos macrobotellones en los que había gente de todas las edades», ha indicado Del Cisne.

Por su parte, la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, ha indicado que este informe es «una fotografía de los reales escollos a los que la población joven se está enfrentando», desde las «consecuencias de la pasada crisis financiera» hasta el «impacto de la crisis sanitaria» provocada por la pandemia de la Covid-19.

En este contexto, Batet ha subrayado que es preciso actuar sobre la vivienda y el empleo, «los buques insignia de la emancipación», con el objetivo de conseguir una «renovación» con «un mercado laboral que apueste por la senda de la transformación digital y ecológica, por empleos cualificados y que permita un equilibrio entre flexibilidad y seguridad para desarrollar un proyecto vital».

El Gobierno murciano ha aprobado, en su reunión de este viernes, una declaración institucional a favor del Trasvase Tajo-Segura, que es «la infraestructura hidráulica más importante de España, ya que aporta solidaridad y riqueza al conjunto del país».

«Tiene un impacto en el PIB español de más de 3.000 millones de euros; genera 106.000 puestos de trabajo directos y otros 250.000 indirectos; y riega 200.000 hectáreas de cultivos y más de 55 millones de árboles frutales», tal y como ha señalado la portavoz del Ejecutivo, Valle Miguélez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Ha destacado que «esta gran infraestructura, que trae agua desde el río Tajo hasta la cabecera del Segura y la distribuye a las zonas regables, hace posible que más de dos millones y medio de personas de las provincias de Murcia, Almería, Alicante y Albacete puedan disponer de recursos suficientes para atender al consumo doméstico».

«Tal es su importancia que la mitad del agua que se utiliza en los hogares del Sureste español procede del río Tajo, sin olvidar el abastecimiento de la industria», ha subrayado.

En suma, ha ensalzado que el Trasvase Tajo-Segura «lleva 42 años funcionando y permitiendo el crecimiento, la prosperidad y la generación de empleo y riqueza en las comunidades autónomas del Sureste de España».

«Cualquier recorte a la transferencia de caudales hídricos a través del Acueducto Tajo-Segura afecta de manera grave al conjunto de la sociedad, pues repercute en consumidores, agricultores, ganaderos, empresas e industrias», ha aseverado.

Y no sólo por la restricción del agua precisa para cubrir sus necesidades, sino por el encarecimiento del precio para su consumo, que supone un factor de gran desigualdad entre los españoles en el ejercicio de un derecho tan fundamental», tal y como indica la declaración institucional.

Para el Ejecutivo murciano, «todas esas circunstancias no han impedido que en los últimos días el Gobierno de España haya asestado un duro golpe a las bases que sustentan al funcionamiento del Trasvase, modificando las reglas de explotación e imponiendo un decrecimiento paulatino de los caudales enviados al Sureste a partir de criterios exclusivamente políticos encubiertos como supuestas razones medioambientales».

Se trata, añade, de un «recorte que se ve agravado, aún más, por el encarecimiento en la factura a pagar por los usuarios».

«UN ASUNTO DE ESTADO»

Por todo ello, el Gobierno de la Región de Murcia, «consciente del alcance de las medidas anunciadas y del daño que causarán para los intereses del conjunto de los habitantes de esta Comunidad Autónoma», declara que la gestión de los recursos hídricos nacionales «es un asunto de Estado, y que como tal ha de ser abordado y regulado, considerando que en España hay excedentes de agua para llevar de donde sobra a donde hace falta».

Además, el Ejecutivo murciano ha remarcado que la Constitución Española «reconoce tanto la solidaridad entre nacionalidades y regiones como el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, incidiendo en que las diferencias entre los Estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales».

Asimismo, ha subrayado que el Gobierno de España «debe abordar cuanto antes la elaboración de un Plan Hidrológico Nacional que contemple los principios de solidaridad y equilibrio apuntados, y garantice una solución permanente a la situación hidrológica deficitaria que padece la España Seca».

De la misma forma, insta a «llevar a efecto las inversiones precisas en depuración y saneamiento, así como en regadío y abastecimiento, en aquellas comunidades autónomas por donde discurre el río Tajo para evitar la contaminación del mismo y permitir el acceso a sus aguas a los regantes y habitantes de esos territorios, de forma que se satisfagan las demandas de las cuencas cedentes que ahora no son posibles por falta de infraestructuras».

El Gobierno murciano también pide que, «en armonía con todo ello», se garantice «la continuidad del Trasvase Tajo-Segura y se reconozca como infraestructura esencial para el sostenimiento de los sectores productivos del Sureste español y el desarrollo de este territorio, así como para el bienestar de cuantos dependen de su abastecimiento».

Todo ello, «evitando medidas como la modificación de las reglas de explotación o el establecimiento de unos caudales ecológicos en el río Tajo superiores a los necesarios para alcanzar el buen estado de las masas de agua».

También ha pedido «que se establezca un foro de diálogo entre las regiones afectadas y el Gobierno de España para buscar el consenso y los equilibrios adecuados en cada avance que se produzca hacia un Pacto Nacional del Agua, como paso previo al Plan Hidrológico Nacional».

Igualmente, ha demandado que se dejen en suspenso las medidas previstas en el Plan de Cuenca del Tajo «que vayan en detrimento de las actuales reglas de explotación del Acueducto Tajo-Segura, por el perjuicio irreparable que causarían en el Sureste español, tanto en términos de pérdida de empleos como en cuanto a destrucción de riqueza y el retroceso en la lucha contra la desertización, el cambio climático y la despoblación del mundo rural».

Asimismo, ha solicitado que, a la hora de la planificación hidráulica, «se tengan en cuenta la colaboración y las aportaciones de todas las administraciones y de los actores implicados, con el objetivo de alcanzar el mayor consenso posible y aportar las soluciones que beneficien al conjunto de la sociedad».

Finalmente, ha asegurado que el Gobierno regional de Murcia «hará uso de todas las herramientas y cauces legales a su alcance para impedir que se siga avanzando en la destrucción de un modelo productivo que ha prestigiado el nombre de la Región y de España en todo el mundo, y condicionando así el desarrollo presente y futuro de esta Comunidad Autónoma».

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha defendido el apoyo de su partido a la Ley para la Regulación de la Eutanasia, que entra en vigor este viernes, porque, a su juicio, permite ejercer una libertad individual a personas enfermas estableciendo una regulación «garantista» para esta práctica.

«Nosotros somos liberales para defender la libertad individual y somos sensatos para defender una regulación con garantías», ha declarado Arrimadas a los periodistas junto al Congreso de los Diputados, añadiendo que respeta todas las opiniones sobre este asunto porque es algo «muy personal».

Considera que la formación naranja ha contribuido, con su trabajo parlamentario y las enmiendas que presentó, a que la ley que ha entrado en vigor, tras ser aprobada definitivamente por la Cámara Baja el pasado marzo, sea «mucho mejor, mucho más garantista y mucho más sensata que la que entró en la tramitación parlamentaria», impulsada por el PSOE.

Arrimadas subrayó este jueves, en su cuenta de Twitter, que «Ciudadanos es el partido liberal y de centro en España», al comentar la decisión del Partido Popular de presentar un recurso en el Tribunal Constitucional contra la Ley de Eutanasia y recordar que esta formación también recurrió en 2010 la Ley del Aborto e hizo lo mismo en 2005 con la ley que permitió el matrimonio homosexual.

ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY

La Ley de Eutanasia establece que esta práctica se podrá aplicar a pacientes que la soliciten y que se encuentren en un contexto de «padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable».

Después de la primera solicitud, el médico responsable informará al paciente sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, así como sobre posibles cuidados paliativos, asegurándose de que comprende la información que se le facilita». Tras ello, el paciente deberá confirmar su intención.

Aún así, después de la segunda solicitud debe haber una nueva reunión entre ambos. Será este médico quien autorizará el proceso, pidiendo previamente la opinión de un facultativo formado en el ámbito de las patologías que padece el paciente pero que no sea de su mismo equipo del médico. Asimismo, la comisión de evaluación autonómica, cuya formación está especificada también en la norma, deberá elegir a dos expertos (uno de ellos jurista) que evalúen el caso.

Ambos expertos deben de estar de acuerdo en su decisión, ya que, de lo contrario, será el pleno de la comisión quien la tome. Del mismo modo, este texto recoge que los profesionales sanitarios directamente implicados en esta prestación «podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia», un reparo que «deberá manifestarse anticipadamente y por escrito».

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Valladolid ha ratificado hoy la medida adoptada el pasado miércoles consistente en el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido por la muerte violenta de su mujer a cuchilladas.

En la vista, el investigado, que ha comparecido desde la cárcel por videoconferencia, se ha acogido a su derecho a no declarar, según la información del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

El magistrado ha confirmado además el resto de medidas cautelares adoptadas, como son la suspensión del ejercicio de la patria potestad y de la guarda y custodia respecto de la hija menor de edad.

La causa está abierta por un delito de homicidio. Se trata de una calificación provisional. El resultado de las diligencias que se practiquen a lo largo de la instrucción determinará si se le investiga por asesinato.

El miércoles pasado, el sospechoso, que se encontraba en un hospital en aislamiento por razones sanitarias, no pudo prestar declaración ante el juez instructor.

Teniendo en cuenta la excepcionalidad de la situación, el titular del juzgado ordenó ese mismo día su ingreso en la cárcel sin oírle y sin convocar la comparecencia de prisión al amparo del artículo 505.5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según el cual «si por cualquier razón la audiencia no pudiere celebrarse, el juez o tribunal podrá acordar la prisión provisional, si concurrieren los presupuestos del artículo 503, o la libertad provisional con fianza.

No obstante, dentro de las siguientes 72 horas, el juez o tribunal convocará una nueva audiencia, adoptando las medidas a que hubiere lugar por la falta de celebración de la primera audiencia». Esa audiencia prevista en la ley es la que se ha celebrado hoy por videoconferencia.

Los hechos se produjeron el pasado lunes en una vivienda unifamiliar de la calle Montreal de la urbanización de Santa Ana de Valladolid, donde el ahora encarcelado acuchilló en numerosas ocasiones a su esposa, con la que tenía dos hijas de 18 y 16 años. Estaban en trámites de separación y no había habido denuncia previa por malos tratos.

La Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural (AMFAR) ha reclamado iniciativas «reales» para la inclusión femenina en el sector agrario y denuncia que medidas como la titularidad compartida de explotaciones agrarias son «insuficientes» para este fin.

En concreto, han señalado que esta medida, 10 años después de su aprobación, no ha conseguido su objetivo, pues «sólo 862 mujeres» en esta década se han acogido a esta figura legal. «Esta cifra refleja claramente que las medidas son insuficientes», ha insistido la federación.

La titularidad compartida es una opción que se permite a los matrimonios o personas con análoga relación de afectividad, de gestionar de manera conjunta una explotación agraria, compartiendo, no solo el trabajo en la explotación sino también la gestión, los derechos, cuotas y subvenciones.

La directora de la Oficina Nacional de Titularidad Compartida-AGROTC, Mariani Fuentes, ha reconocido que esta figura puede ser una herramienta «perfecta» para combatir la desigualdad en el campo, y también la despoblación de la España vaciada, sin embargo, reconoce que necesita mejoras.

«LAS GRANDES OLVIDADAS»

Del mismo modo, ha criticado los 500.000 euros que contempla el futuro decreto por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión directa de subvenciones a explotaciones agrarias de titularidad compartida de este 2021.

A su juicio, son «escasos» porque «apenas dotará de 500 euros a cada explotación» que, ha explicado, «no cubre ni dos meses de la cuota de autónomos que pagan las trabajadoras del sector».

La responsable de esta materia en AMFAR también ha señalado que actualmente las mujeres rurales siguen siendo «las grandes olvidadas» no sólo por el Ministerio de Agricultura, sino por el resto de administraciones.

En este sentido, ha indicado que «para que funcione realmente la titularidad compartida deberían implicarse el resto de ministerios, el de Trabajo, el de Hacienda, el de Igualdad, de manera que se facilitara realmente la incorporación de las mujeres al sector agrario».

Ante esto, Fuentes ha animado a los responsables del Ministerio de Agricultura a trabajar para dar a conocer el trabajo del sector primario, un sector que, ha señalado, «necesita de jóvenes y de mujeres» y que «no se corresponde con la imagen que tiene de él gran parte de la administración general del Estado». «Se trata de un trabajo sumamente esencial», ha concluido.