Siete prófugos británicos han sido detenidos en la provincia de Málaga en tan solo tres semanas como resultado de operaciones conjuntas entre la Agencia Nacional del Crimen británica (NCA), por sus siglas en inglés) y la Policía Nacional.

Los fugitivos, todos hombres, son buscados en el Reino Unido por varios delitos no relacionados, incluido el suministro de drogas de Clase A y B, el suministro de armas de fuego, causar heridas con intención y conspiración para robar.

La racha de arrestos fue llevada a cabo por la Policía Nacional con el apoyo de la red de agentes de enlace internacional de la NCA, Interpol Manchester y socios policiales del Reino Unido.

«Siete arrestos en solo tres semanas es el resultado de un trabajo muy duro de la Agencia con nuestros socios españoles, que han asignado recursos decisivos y operado rápidamente para asegurar estos arrestos», dijo Dave Hucker, jefe de Operaciones Europeas de la NCA.

«Los prófugos deben saber que la NCA trabaja mano a mano con socios internacionales encargados de hacer cumplir la ley y que, por lo tanto, tenemos un alcance significativo. En nuestro país y en el extranjero, nunca dejaremos de encontrar delincuentes que hayan huido de la justicia», agregó.

Los agentes de enlace internacional de la NCA trabajaron con sus socios españoles y la británica Fiscalía de la Corona para ejecutar los arrestos, algunos bajo órdenes de arresto europeas preexistentes y otros bajo órdenes nuevas del Acuerdo de Comercio y Cooperación con la Unión Europea.

A finales de junio, un sospechoso de 45 años fue detenido en Estepona. La NCA lo buscaba en relación con una conspiración por traficar con 40 kilos de cocaína.

En la madrugada del 4 de julio, un hombre de 27 años buscado por la policía del Gran Manchester fue detenido en Marbella por supuestamente causar heridas de manera intencionada.

Otro ciudadano británico buscado por la policía de West Midlands fue detenido el 5 de julio en Fuengirola bajo la sospecha de suministrar cocaína y armas de fuego.

El 6 de julio fueron detenidos en Alicante dos hermanos de 37 y 35 años, también buscados por GMP, por supuestamente suministrar cocaína.

Al día siguiente, un hombre de 36 años buscado por la policía de Merseyside fue arrestado en Estepona por supuestamente suministrar armas de fuego y drogas de clase A y B.

Y el 12 de julio, un hombre de 26 años buscado por la policía del Gran Manchester fue detenido en Fuengirola en relación con una pelea con un machete. Los sospechosos permanecen detenidos a la espera de los procedimientos de extradición.

El ministro de Universidades, Manuel Castells, y el rector de la UNED, Ricardo Mairal Usón, han presentado este lunes en la sede de la Universidad Nacional a Distancia de Ponferrada (León) el centro de innovación y emprendimiento en el territorio (CEIT), un que forma parte de la Cátedra de Territorios Sostenibles y Desarrollo Local .

Este centro se ha diseñado para aprovechar la sinergia generada por las distintas infraestructuras tecnológicos ya existentes en León y la investigación, innovación y transferencia del conocimiento de la universidad, y busca convertir a Ponferrada y la comarca de El Bierzo en un núcleo de oferta tecnológica especializada en obtención y tratamiento de datos.

Una actividad dirigida a sectores en entornos diversos, como agricultura, patrimonio, salud o digitalización de servicios al ciudadano.

Se tra de una iniciativa de colaboración público-privada, que nació a propuesta del Ayuntamiento de Ponferrada ya que el alcalde, Olegario Ramón Fernández, es el presidente de la Junta Rectora leonesa de la UNED, y que está concebida para crear empleo de alta calidad y cualificación que permita retener y atraer talento y población, además de generar actividad económica y empleo con una base tecnológica en este territorio.

Tanto el rector Mairal como el ministro de Universidades han coincidido en que para poner en marcha el CEIT es imprescindible una inversión permanente en tecnología al tiempo que Castells ha asegurado que se están «implementando programas en los que la universidad sea un actor del desarrollo local a partir de la transferencia del conocimiento y un generador de los mecanismos de innovación en el tejido productivo».

Por su parte, en rector de la UNED ha subrayado la importancia del proyecto de Ponferrada y El Bierzo, una experiencia piloto dentro de la estrategia La UNED y el territorio, «basado en la colaboración, como todos los grandes proyectos».

Asimismo, ha destacado la colaboración del director de la UNED en Ponferrada, Jorge Vega, y del director de la Cátedra, José Luis Calvo, y la armonía de todos los agentes -ayuntamiento, diputación, comunidad autónoma e instituciones y empresas privadas- para «afrontar el desafío de la despoblación con los recursos propios y el conocimiento que aporta la universidad».

«Nos preocupan las cifras de desempleo y trabajamos para dotar a nuestros estudiantes de una formación que les lleve al empleo y el emprendimiento tecnológico», ha aseverado Mairal, quien ha explicado que el CIET «tiene un gran potencial» a lo que ha añadido se va «hacia la generación de gemelos digitales, que permitirán simular la realidad de las empresas y las instituciones para evitar errores».

La Cátedra de Territorios Sostenibles y Desarrollo Local se asienta sobre cuatro ejes de actuación como son el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y su aplicación en el desarrollo territorial; el fomento del emprendimiento; la puesta en valor del patrimonio cultural y natural disponible en cada territorio; y el convencimiento del papel crucial de la mujer en el desarrollo rural.

A ellos se unen el estudio, la investigación y observación de modelos económicos y sociales como el turismo sostenible, el consumo responsable o los recursos de producción local.

Asimismo, esta Cátedra está en sintonía con el gobierno de la nación, en la transformación digital y ecológica como factores de desarrollo territorial y su actividad, que incluye ya medio centenar de empresas privadas que han firmado contratos de adhesión, se ha basado en la diplomacia cultural, científica e institucional, en la colaboración abierta, y en conseguir el equilibrio adecuado entre el interés general, el lucro privado y el beneficio social.

Sus objetivos han sido conocer y valorar los recursos propios del territorio y aplicarlos a la generación de actividad capaz de promocionar un modelo de desarrollo sostenible económica, medioambiental y socialmente.

Sus éxitos se han ido sucediendo como el convenio suscrito con el Ayuntamiento de Ponferrada para desarrollar entre 2019 y 2021 el proyecto Tebaida Berciana y su medio rural o el proyecto Emprendimiento Social y Desarrollo Local, liderado por la Diputación de León y basado en el fomento de un Territorio Sostenible a través de la puesta en valor de sus recursos naturales, forestales y patrimoniales y el emprendimiento social en núcleos rurales.

Se trata de proyecto a tres años (2020-2022) para el que ya está en marcha iniciativas innovadoras como el Curso de Experto Profesional en Técnicas de Extracción de Resina que está formando a treinta y dos personas en esta actividad, tanto en sus competencias profesionales como en el acompañamiento hacia el emprendimiento.

Son ejemplos de puesta en valor de los recursos patrimoniales y naturales teniendo como base la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) centrada en el fomento del emprendimiento, utilizando el enfoque de la sostenibilidad y adaptando el conjunto a las estrategias tecnológicas europeas, de manera que se promueva el desarrollo local y la economía circular como ejes transversales que deben servir de catalizador a todo el proceso de reactivación socioeconómica del territorio.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha devuelto al juez que instruye el caso ‘Voloh’ la parte de la causa que afecta al diputado de Junts Francesc Dalmases «al no concretarse indicios relevantes contra él».

En un auto, la Sala Civil y Penal del TSJC insta al instructor a «completar» la investigación y citar a Dalmases para que tenga la oportunidad de declarar sobre los hechos que se le imputan.

Los magistrados señalan que no pueden admitir la causa por «el estado embrionario de la investigación judicial y ante la falta de concreción e individualización de las conductas del aforado», y destacan que en el escrito del instructor no hay referencias al presunto tráfico de influencias.

Reprochan que la investigación no ha individualizado los actos de Dalmases para atribuirle un presunto delito de malversación, y sostienen que el juez no ha practicado las diligencias necesarias para confirmar los atestados policiales.

El Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona pidió al TSJC que continuara la investigación a Dalmases porque es aforado del Parlament, y también propuso citar a las personas que «podrían haber participado en connivencia con el aforado» en los presuntos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias.

En concreto, mencionaba al presidente de Catmon, Víctor Terradellas, y otros responsables de la fundación; al tesorero y la secretaria de Igman, y el instructor sostiene que están relacionados porque todos tenían cargos en las mismas entidades, todos emitieron y cobraron facturas por servicios a Catmon e Igman y «algunas fueron pagadas con anterioridad a la emisión de la factura, como se da en el caso de Dalmases».

El líder del PP, Pablo Casado, ha avisado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que acudirá de nuevo a Bruselas si cambia las reglas del juego para rebajar las mayorías parlamentarias con objetivo de poder renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como quiere Podemos. Tras asegurar que ese paso pondría en riesgo los fondos europeos, ha subrayado que PP no va a permitir que haya «más politización» y ha instado al Gobierno a «sacar sus manos del Poder Judicial».

«Si Podemos vuelve a hacer que el Gobierno de España intente cambiar las mayorías de elección del CGPJ en España, acudiremos otra vez a Bruselas. Y aviso que Sánchez será responsable de perder los fondos europeos porque Europa ya ha dicho que, o se respeta la independencia judicial y la separación de poderes, o habrá una infracción clara al Estado de Derecho que pondrá en riesgo la llegada de la ayuda europea», ha advertido.

Casado, que ha participado en una jornada sobre ‘Concordia, Constitución y Patriotismo’ en Ávila organizada por la Fundación Concordia y Libertad, se ha referido así a la información de ‘El País’ acerca de que Podemos presiona al Gobierno para salvar el bloqueo judicial planteando renovar el Consejo con mayoría absoluta de grupos y diputados.

Ante la posibilidad de que el Gobierno al final se pueda plantear cambiar ese sistema, ha afirmado que el PP no puede permitir que se «politice aún más» porque su «responsabilidad sería mayúscula». «Con las noticias hoy, al ver que una vez más el Gobierno se plantea cambiar las reglas del juego para hacer una Justicia más dependiente, es algo que me preocupa», ha recalcado.

Casado ha insistido en que ese cambio para hacer una Justicia «más dependiente» pondría en riesgo los fondos europeos que va a recibir España. «¿Cómo vamos a hacer en plena recepción de los fondos un riesgo de ataque al Estado de Derecho para que se active un procedimiento del artículo 2 de los Tratados como se está haciendo en Polonia o en Hungría o se pide hacer en Malta y Eslovaquia? ¿Cómo vamos a hacer esto? No podemos hacerlo», ha avisado.

RECHAZA QUE EL PP BLOQUEE ESA RENOVACIÓN

El jefe de la oposición ha rechazado de plano que su partido «bloquee» la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) porque, según ha dicho, defiende lo que establece la Constitución y «pide Europa».

En este punto, ha afirmado que «le preocupa» que se intente «responsabilizar» al PP del «bloqueo» de esa renovación cuando su partido lleva meses pidiendo una Justicia «independiente» porque «lo marca la Constitución» y «recientemente lo ha exigido Europa».

«Vuelvo a decir lo que llevo diciendo desde hace tres años: el PP no bloquea la renovación de las instituciones constitucionales, todo lo contrario, estamos dispuestos a renovarlas mañana mismo siempre que se cumpla con el mandato de la Constitución y de la Unión Europea», ha aseverado.

«PRISAS» DE SÁNCHEZ PARA «COLOCAR» A «UN JUEZ AFÍN»

En su discurso, Casado ha dicho que tendía la «mano» al Gobierno para renovar los órganos constitucionales pero «si se respeta la separación de poderes» y lo que «dice la Constitución». «Pero ¿por qué los políticos quieren nombrar a 12 vocales del Consejo que la Constitución dice claramente que tienen que ser elegidos directamente por los jueces?», se ha preguntado.

Casado ha achacado las «prisas» de Sánchez en la renovación a que quiere «colocar al frente del CGPJ un juez afín». «A lo mejor porque sabía que iba a tener que dar los indultos y quería que el Poder Judicial dijera amén», ha enfatizado, para reclamar al Ejecutivo que «saque sus manos» del Poder Judicial.

Dicho esto, ha denunciado que el Partido Popular lleva «tres años aguantando una campaña de deslegitimación» que es «absolutamente insoportable». «Este eclipse moral ha de acabar. Ya está bien», ha proclamado.

«A NOSOTROS NO NOS PRESIONA NADIE»

Tras dejar claro que el PP no se va a «mover de sus principios y de la legalidad», se ha preguntado por qué el PP «se tiene que mover de la Constitución y la Unión Europea».»Qué vuelvan a la Constitución y a la UE los que han salido para permanecer en el poder», ha aseverado, para solicitar al Gobierno que deje «engañar a la gente» porque es «muy claro» lo que dice la Carta Magna y lo que reclama Europa.

Casado ha insistido en que el PP es un partido «con las ideas muy claras». «A nosotros no nos presiona nadie, más que la Constitución, la ley y los españoles», ha asegurado, cosechando un aplauso de los asistentes a este foro.

El presidente del PP ha avisado que quién pretenda controlar el Poder Judicial estará cometiendo un «error de desconocimiento e ignorancia absoluta» porque es «independiente». «Y el CGPJ es el órgano de gobierno de los jueces, que no imparte justicia», ha explicado.

Tras asegurar que volver a la elección de los jueces por los jueces es un compromiso electoral del PP, ha recordado que «hace dos meses» la UE dijo además que «no se puede tocar la ley si no hay al menos un 50% de vocales elegidos por los jueces» y, por lo tanto, «no hay más que hablar» ni «más discusión al respecto».

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha dicho este lunes al Partido Popular que no puede presentarse como una formación liberal porque no lo es y que el único partido de ámbito nacional en España que es liberal y que forma parte de esta familia política en Europa es Cs.

Así ha respondido Arrimadas, en rueda de prensa en la sede de Cs tras la reunión del Comité Ejecutivo, a las declaraciones que el secretario general del PP, Teodoro García Egea, hizo este domingo durante la clausura del Congreso del PP de León.

García Egea afirmó que «solo hay un líder del centro derecha», el presidente de los ‘populares’, Pablo Casado, que «ha construido el único proyecto moderado, centrado, liberal y aglutinador» que representa a todos, y que solo él es capaz de ganar en unas elecciones al jefe del Ejecutivo, Pedro Sanchez.

«Uno no es liberal porque diga ‘soy liberal'», sino que «lo eres cuando la familia liberal te reconoce como miembro, cuando en el Parlamento Europeo formas parte de ese espacio liberal», ha replicado Arrimadas. En la Eurocámara, el PP está integrado en el grupo del Partido Popular Europeo, mientras que Cs está en Renew Europe, sucesor del Grupo de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE).

La líder de Ciudadanos ha indicado que «no tiene nada de malo ser el PP ni representar el espacio que representa» este partido «fundamental para España» y que defiende los intereses nacionales en Europa desde el sector de «los conservadores», pero tampoco tiene «nada de liberal».

EL «SANCHISMO» HA «TRASPASADO TODOS LOS LÍMITES»

Tal y como ha dicho este lunes en dos entrevistas, Arrimadas ha defendido que el PP y Cs deben colaborar, «cada uno desde su espacio», para formar «una alternativa plural, que movilice a diferentes electorados» y permita derrotar al PSOE en las próximas elecciones generales y poner fin al «Gobierno sanchista».

Cree que «en esto va a ser fundamental Ciudadanos, el único partido que representa al liberalismo en España» –una idea en la que insistió durante la convención que el partido celebró en Madrid el pasado fin de semana– y que puede «volver a ilusionar a personas que son abstencionistas».

Para la presidenta de la formación naranja, Sánchez «ha convertido en sanchismo lo que antes era el espacio socialdemócrata» representado por el PSOE, y el Ejecutivo de coalición que forma con Unidas Podemos y que se sustenta en los votos de partidos independentistas «ha traspasado todos los límites» y «está socavando las instituciones del Estado».

«Hemos tenido gobiernos del PP y del PSOE que nos han vendido al nacionalismo, que nos han defraudado, pero nunca han hecho lo que ha hecho el señor Pedro Sánchez», ha señalado.

PIDE AL PP QUE «CESE EL ATAQUE» A CIUDADANOS

Por ello, ha dicho al PP que el deseo de Ciudadanos es que ambos puedan «colaborar para hacer una alternativa al Gobierno de Sánchez», además de mantener los ejecutivos de coalición que tienen en Castilla y León, en Andalucía y en distintos Ayuntamientos para «seguir gobernando bien».

En este contexto, le ha reclamado que «cese el ataque» a Ciudadanos y que «evite operaciones chapuceras como la de Granada», donde la alianza del PP y Cs en el Ayuntamiento se rompió cuando los ‘populares’ y dos ediles de Cs salieron del equipo de gobierno y posteriormente el socialista Francisco Cuenca acabó convertido en alcalde.

Arrimadas ha subrayado que sin Ciudadanos «no va a haber alternativa» política a Sánchez que ofrezca «consensos, reformas y modernidad» y que, en todo caso, lo que habría es una «alternancia entre los rojos y los azules, los de un extremo y los del otro».

Lo que no ha precisado es qué haría la formación naranja si, para evitar que Sánchez volviera a la Moncloa, tuviera que aceptar la presencia de Vox en un futuro Ejecutivo. «Lo que no voy a hacer es repartir cargos de gobierno», ha contestado, reiterando que hace falta «una alternativa plural».

«Se tiene que ver que esto no va de izquierdas y de derechas», porque eso «es lo que Sánchez quiere y lo que creo que el PP quiere o está cayendo en la trampa de Sánchez; se tiene que ver que es una España plural indignada contra el sanchismo, que está traspasando todas las líneas rojas, y ahí tiene que haber también muchos socialistas moderados que son del PSOE pero no son de Pedro Sánchez», ha explicado.

PARA DERROTAR A SÁNCHEZ «NO SOBRA NADIE»

En este sentido, ha afirmado que en esa tarea «no sobra nadie» y que hay que colaborar desde «diferentes espacios políticos» y «pensar más en la ciudadanía», para atajar problemas relacionados con el desempleo, la sanidad, la baja natalidad, el cambio climático o las desigualdades sociales a los que el Gobierno actual «no está dando respuesta».

Sobre la relación con Vox ha hablado este lunes el vicesecretario general de Cs y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, en una entrevista en esRadio.«Los liberales no pactamos con los populistas», ha asegurado, encuadrando en ese grupo al partido de Santiago Abascal y destacando que, en el Parlamento Europeo, Cs llega a acuerdos con los ‘populares’ y con los socialdemócratas.

Por último, Arrimadas ha repetido que Albert Rivera ha sido «una persona fundamental» sin la cual Ciudadanos «no habría sido lo que es», porque presidió el partido durante más de trece años, aunque no ha aclarado por qué no lo mencionó en ningún momento durante la convención del pasado fin de semana.

Ha comentado que Rivera fue invitado a participar en ese cónclave, «como no podía ser de otra manera», pero que él mismo dijo, al dimitir tras el hundimiento de Cs en las elecciones generales de noviembre de 2019, que «se iba al sector privado y no iba a participar en eventos políticos de este tipo».

El PNV votará el próximo miércoles en el Congreso de los Diputados a favor del decreto ley de la bajada del IVA de la luz del 21 al 10%, a pesar de considerar que solo se trata de un «parche», según han informado fuentes de la formación jeltzale.

Los jeltzales no han decidido, hasta el momento, cuál será su posición respecto al resto de decretos leyes que se debatirán esa misma jornada en el pleno de la Cámara Baja para decidir su convalidación o derogación, aunque ya están en vigor.

Entre ellos, se encuentra el de la eliminación de la obligatoriedad de llevar mascarilla en los exteriores cuando hay distancia de seguridad –vigente desde el pasado 26 de junio–, una discusión que se abordará en plena ola juvenil de la covid-19.

Precisamente, este pasado fin de semana el Lehendakari, Iñigo Urkullu, pidió al presidente Pedro Sánchez que reconsidere el uso obligatorio de la mascarilla, y apuntó que la sesión plenaria del día 21 sería «una buena ocasión» para ello.

También en ese pleno extraordinario se debatirá el decreto ley para reducir la temporalidad del sector público por debajo del 8%. En todo el caso, el PNV no ha fijado todavía la postura que mantendrá en estos últimos temas.

Lo que sí ha decidido es votar a favor de la rebaja temporal del IVA de la luz del 21 % al 10 % para los pequeños consumidores, aunque ha reiterado que es «un parche» y así lo expondrá la diputada Idoia Sagastizabal.

El portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Aitor Esteban, calificó de esta manera esta medida, aunque también precisó que, sin embargo, es «probablemente inevitable» para que el precio de la luz no se dispare. En todo caso, afirmó que esto no resuelve el problema de fondo, advirtió de que supondrá, además, una merma en la recaudación del Estado, y apostó por abordar una reforma del mercado eléctrico, algo a lo que se habían comprometido el PSOE y Unidas Podemos.

Las ministras de Defensa y de Sanidad, Margarita Robles y Carolina Darias, han presidido este lunes un homenaje a la sanidad militar por su «batalla» contra el Covid-19 desde marzo de 2019 en una «guerra sin cuartel» en la que se han volcado «con compromiso, solidaridad, entrega y dedicación».

Así lo ha explicado Robles durante el acto, en el que ha asegurado que toda la sanidad militar, incluido su personal civil, «ha escrito una página de oro que España nunca podrá agradecer suficiente». «Queremos reconocerles todo su trabajo y compromiso, su solidaridad, su entrega y dedicación para preservar nuestra salud y hacernos el mundo mejor», ha agradecido.

En estas palabras ha incluido a todo el personal médico, farmacéutico, de enfermería, administrativos o personal de limpieza», que también ha estado incluido en las condecoraciones entregas en el Ministerio.

Muestra de ello ha sido el testimonio del coronel interventor Jesús Barcia, que enfermó gravemente de Covid el pasado enero y ha relatado cómo fue su paso por hospital, durante el que incluso estuvo ingresado en la UVI.

En los peores momentos de la pandemia, las capacidades hospitalarias y de cuidados intensivos del Hospital Gómez Ulla registraron un incremento de camas de un 51% en hospitalización, un 450% en urgencias y un 277% en UCI.

También el Hospital General de Zaragoza registró un aumento de hasta un 72% de su capacidad de atención a pacientes Covid, y colaborando con el Servicio Aragonés de Salud y otros organismos.

NUEVO JEFE DE LA SANIDAD MILITAR

En el mismo acto han tomado posesión de sus nuevos cargos el director de la Academia Central de la Defensa, general de división Antonio Ramón Conde, y el inspector general de Sanidad de la Defensa, general de división y farmacéutico Juan José Sánchez.

«Vivimos en un momento de excelencia para la Sanidad Militar, que puede serlo aún mayor», ha subrayado el general Sánchez, añadiendo que trabajará también en la «colaboración internacional con nuestros aliados con un primera oportunidad en el I Congreso Europeo de Sanidad Militar» que se celebrará entre el 6-9 de octubre.

El acto, al que ha asistido toda la cúpula de Defensa, ha finalizado con la condecoración de trece miembros del personal del Hospital Central de la Defensa ‘Gómez Ulla’ (seis militares y siete civiles), así como la entrega por parte de las dos ministras de un ramo de flores al personal de limpieza del centro sanitario.

El director musical del Gran Teatre del Liceu de Barcelona, Josep Pons, ha explicado este lunes que la institución reforzará su coro y orquesta y potenciará su proyecto de grabaciones audiovisuales.

En rueda de prensa para presentar la reestructuración del Departamento Musical del Liceu y su renovación por cuatro años, Pons ha subrayado que la renovación por cuatro años se produce para acabar el encargo que se le encomendó en 2012: «El trabajo que se me encargó no está concluido», ha subrayado.

El director ha señalado que falta ejecutar los «flecos» del plan musical iniciado y elaborar un plan estratégico para el crecimiento y consolidación de los proyectos del coliseo lírico barcelonés.

Pons ha explicado que en este plan musical se acabará la ampliación de 30 nuevas plazas para la orquesta del Liceu iniciada en la temporada 2014-2015 y de nueve plazas en el coro –para un total de 60 plazas fijas–, con la voluntad de que sea un coro «puntero internacionalmente».

El director ha remarcado que la estructura de un coro de 60 cantantes cubre un «porcentaje altísimo» del repertorio operístico, ha dicho que al teatro le gustaría tener una bolsa propia para aquellas obras que necesitan un mayor número y ha remarcado que el Cor del Liceu también tendrá en breve un relevo generacional, por lo que ha dicho que se inicia un periodo de audiciones.

Josep Pons ha anunciado el acuerdo con la editora Harmonia Mundi France, con la grabación de dos títulos anuales, lo que la convierte en la única orquesta del Estado y que estipula dos títulos anuales, lo que el director ha dicho que dará «visibilidad a nivel internacional.

También ha dicho que el Liceu participará en el proyecto audiovisual de música sinfónica 360º de La Caixa, y que en septiembre el teatro presentará su plataforma digital.

Pons ha subrayado que quiere consolidar el ciclo de Conciertos Sinfónicos en el Liceu y el ciclo de música de cámara, así como el proyecto de giras, e incrementar la participación en en el proyecto social y educativo.

REORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO MUSICAL

El Liceu ha reorganizado el departamento musical, tras la aprobación de la comisión ejecutiva del teatro y la ratificación del patronato de la fundación, por la que Conxita Garcia será adjunta a la dirección musical y con una vinculación al teatro desde hace 18 años.

Hasta ahora había sido en las últimas seis temporadas directora titular del Cor del Liceu, cuyo cargo ahora asumirá el director argentino Pablo Assante, quien ha dicho que para la excelencia «se consigue con trabajo».

En esta nueva estructura del teatro, Antoni Pallès amplía el ámbito de responsabilidad y asume también el LiceuAprèn y el LiceuApropa, quedando como director del Departamento Musical, Educativo y Social, y Josep Maria Armengol queda designado director técnico de Orquestra y Cor.

El juez Daniel González Uriel, hasta ahora titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Vilagarcía de Arousa, se ha incorporado ya a su nuevo puesto de magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción (JCI) Número 6 de la Audiencia Nacional, que dirige Manuel García-Castellón y donde se investigan macrocausas como ‘Tándem’ y ‘Púnica’.

González Uriel fue designado por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su acuerdo del pasado 8 de julio, a la espera de que el Ministerio de Justicia diera su visto bueno a «efectos económicos», «al suponer la medida que se interesa un aumento del gasto» para la cartera que ahora dirige Pilar Llop.

Según fuentes jurídicas, este escollo ya ha sido superado y González Uriel trabaja junto a García-Castellón desde el pasado 14 de julio realizando exclusivamente «labores de colaboración, asistencia o asesoramiento».

González Uriel desempeñará estas funciones de apoyo en el JCI6 hasta el próximo 31 de diciembre, tras lo cual «deberá producirse el cese del equipo de refuerzo». Durante ese tiempo, el Servicio de Inspección del CGPJ supervisará trimestralmente su trabajo, para lo cual la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional tendrá que informar de la «efectividad» del mismo y de la «evolución» en el órgano judicial.

García-Castellón solicitó en un escrito enviado el pasado 18 de junio al presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, el nombramiento de un nuevo juez de apoyo después de que Alejandro Abascal asumiera de forma interina el mando del Juzgado Central de Instrucción Número 1 hasta que su titular, Luis Francisco de Jorge, regrese a final de año.

DOS JUECES DE APOYO

El Juzgado Central de Instrucción que encabeza García-Castellón ha venido contando con dos jueces de apoyo, Abascal y Joaquín Gadea –que continúa– para ayudarle en la investigación de las causas que han caído en sus manos.

Destaca ‘Tándem’, donde indaga en los negocios oscuros del comisario jubilado José Manuel Villarejo a través de una treintena de piezas separadas que van desde el presunto espionaje al ex tesorero del PP Luis Bárcenas a supuestos encargos de empresas del Ibex 35.

El JCI 6 también ahonda en las corruptelas de ‘Púnica’, conformada por trece piezas –incluida una referida a la presunta financiación ilegal del PP de Madrid–, y en los disturbios desatados durante las protestas que tuvieron lugar en Cataluña contra la sentencia del ‘procés’ apuntando a posibles delitos de terrorismo.

Recientemente, se ha encomendado a este órgano judicial investigar además una estafa que habría ideado la empresa Kuailian a través de un sistema de inversión en criptomonedas (‘kuais’) y que habría dejado un saldo de 65.000 afectados y 500 millones de euros estafados.

La mayoría de los peritos que han declarado en el juicio por los vertidos de Sniace al Saja-Besaya entre 2008 y 2010 han tachado de «pésima» la calidad del mismo y consideran «evidente» su contribución a la «mala calidad» del río, ya que la repercusión fue «muy grande».

Además, han coincido en que los residuos de la empresa de Torrelavega «no se podían verter» al cauce, pues solo tenía autorización para echar sus aguas de refrigeración, no de producción, pese a lo cual ambas «se estaban mezclando» en el caudal hidráulico, que presentaba niveles «altos» de parámetros contaminantes.

Así, en las analíticas existe una diferencia «bastante elevada» de las muestras tomadas aguas arriba y aguas abajo del punto del vertido del complejo fabril, según han manifestado los ocho peritos citados ante el Juzgado de lo Penal número 2 de Santander, que han declarado todos a la vez por decisión de su titular, José Hoya Coromina.

Han comparecido este lunes, después de que la semana pasada lo hicieran los ocho acusados -siete exconsejeros de la compañía, incluido el entonces presidente Blas Mezquita, y el que fuera jefe de operaciones-. Todos ellos se enfrentan a 16 meses de prisión y multa de 6.000 euros que pide la fiscal, por un presunto delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Los procesados alegaron que creían que la Autorización Ambiental Integrada (AAI) autorizada por el Gobierno de Cantabria a Sniace «amparaba» el vertido al río, extremo que negaron los testigos, que comentaron sobre el mismo que era de color «coca-cola» y que en ocasiones emitía unos gases que dificultaban la respiración, según aseguraron los encargados del muestreo.

En la tercera sesión de la vista, que se celebra en el salón de actos del complejo judicial de Las Salesas, han prestado testimonio los peritos propuestos por las acusaciones -también la Abogacía del Estado y Ecologistas en Acción, que ejerce la particular- y las defensas. Se encargaron de evaluar las tomas del vertido y de tasar los daños, limitándose en este último caso a indicar que para el cálculo se aplicó la normativa vigente en el momento de los hechos.

EVIDENTE LA CONTRIBUCIÓN DEL VERTIDO A LA MALA CALIDAD DEL RÍO

La responsable del Instituto Nacional de Toxicología que analizó las muestras recogidas por el Seprona ha asegurado del vertido que su «contribución a la mala calidad del río es evidente», afirmación que ha basado e la presencia de parámetros «altos y perjudiciales» y que «un agua superficial no puede tener». «No es la que debería tener un cauce de esa naturaleza», ha remachado.

A preguntas de la Fiscalía, ha detallado que en los análisis se apreciaron un incremento de materiales sólidos en suspensión o materia orgánica. Esta última requiere oxígeno para su degradación y su disminución afecta a la respiración y por tanto a la vida de especies de fauna -como peces- y flora.

También ha reflexionado que con un vertido «esporádico» o «accidental» el río podría evolucionar de forma positiva, pero no si son reiterados en el tiempo o se hacen sin control, ha comparado esta experta.

Tras su declaración, otra perito -propuesta por las defensas- ha apuntado que los indicadores de materia orgánica «son bastante comunes» y ha añadido que existen otros vertidos en un «punto próximo» al de Sniace, como los procedentes de un matadero.

Asimismo, ha cuestionado muestras tomadas en lugares «muy cercanos» a la orilla o a «poca profundidad», y ha incidido en que no había evaluación previa del Saja-Besaya, por lo que en su opinión no se puede determinar la contribución del vertido a la calidad del río.

Otro técnico, trabajador de la entonces Confederación Hidrográfica del Norte (ahora del Cantábrico), ha corroborado que este organismo revocó en 2006 la autorización de vertidos concedida a Sniace en 2002, y ha precisado que la AAI del Ejecutivo regional otorgada en 2008 sí los permitía, pero a la ría de San Martín.

En cualquier caso, ha contrastado que las muestras tomadas aguas arriba del punto del fluido cumplían «todos» los parámetros, mientras que aguas abajo «siempre» había alguno que no, superando en determinados casos incluso «diez veces más» los niveles establecidos. Y sobre el matadero cercano a la papelera del Besaya, ha manifestado que este vertido «estaba autorizado y se hacía en otra parte».

El trabajador de una empresa requerida por el CIMA, el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente de la Consejería, ha señalado que el control del agua se hizo de forma diaria y continúa durante el vertido, sin que se constatara «ninguna» incidencia grave durante el tiempo analizado.

SE MEZCLABAN LAS AGUAS Y SE INCUMPLÍAN LOS PARÁMETROS

Otra experta, en ciencias ambientales, ha destacado que en el vertido de Sniace al río «se estaban mezclando» las aguas autorizadas (refrigeración) y las que debían ir a la ría (producción), y que en las muestras tomadas «no se cumplía ningún parámetro» de los analizados, como los relacionados con sólidos en suspensión, el zinc -que no estaba «autorizado» verter al río-, el Ph del agua o materia orgánica, cuyos valores eran «bastante» superiores a los permitidos.

«Se incumplen de forma sistemática» los niveles establecidos, ha resumido, para tachar de «pésima» la calidad del vertido y de «mala» la calidad del agua. «Los vertidos a un río de forma continuada y sistemática con valores tan elevados tienen una repercusión muy grande», ha sentenciado.

La pericial sobre el estado y calidad de las masas de agua, que se hizo al final de la misma, cerca del dominio público marítimo-terrestre y a unos 800 metros hacia abajo de la zona del vertido, arrojó igualmente concentraciones de sustancias «muy superiores» a lo permitido, parámetros que sí se cumplían aguas arriba, según ha contrapuesto la responsable del informe.

IMPOSIBILIDAD DE SABER SI HUBO EFECTO NEGATIVO Y DE CUMPLIR LA AAI

Finalmente, las dos peritos propuestas por las defensas han esgrimido que no ha demostrado la calidad del caudal del Saja-Besaya, con lo cual es «imposible saber» si los vertidos tuvieron un «efecto nocivo» en el río.

Una de ellas, ha precisado que el fluido de Sniace no tiene nitrógeno, por lo que «difícilmente» se puede atribuir la presencia de esta sustancia a la empresa. También ha rechazado los niveles de Ph expuestos por compañeros, pues se refieren al vertido, no al río.

Y la otra ha indicado que no consta la presencia de peces en el Saja-Besaya con anterioridad al vertido y por tanto la mortandad de ejemplares.

Para finalizar, se ha referido a la «imposibilidad» de cumplir la AAI y verter a la ría, debido a la ausencia de un colector, con lo que no la empresa no cumplió la AAI por «causas ajenas» a la misma.

En este sentido, ha concluido que la «única» manera de evitar el fluido al río hubiera sido «parar» Sniace, que cerró tiempo después, en febrero de 2020.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha presentado un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para que establezca que no formaba parte del órgano de gobierno de la filial de Renovables cuando ésta habría encargado el proyecto ‘Wind’ al comisario José Manuel Villarejo, uno de los «errores» que ve en un reciente auto del juez Manuel García-Castellón.

Sánchez Galán pidió en un escrito del pasado 11 de julio al magistrado instructor que corrigiera dos «errores materiales» que la defensa había observado en el auto del día 9, por el que imputó a Iberdrola Renovables (IRE) y archivó la querella presentada por Iberdrola contra su ex director de Control de Funciones Corporativas José Antonio del Olmo.

García-Castellón se ha negado al entender que en realidad la petición de Sánchez Galán no busca enmendar un «error material», sino «impugnar el relato fáctico de los hechos», emplazándole a acudir a las vías procesales correspondientes para conseguirlo. Por ello, la defensa ha formulado un recurso de apelación donde solicita a la Sala de lo Penal que resuelva este asunto.

En el recurso, el abogado de Sánchez Galán insiste en que su cliente «no ha ocupado jamás cargo alguno en los órganos de administración de esa empresa», Iberdrola Renovables, por lo que «no es correcto» que fuera su presidente cuando se habría contratado y desarrollado el proyecto ‘Wind’.

Esta «errónea mención», sostiene la defensa, supone «la artificiosa creación de un vínculo entre nuestro representado y dicha empresa». «Y aun cuando estamos convencidos de que ningún delito será reprochable a IRE, es lo cierto que el señor Sánchez Galán no ha tenido jamás vínculo con el órgano de administración de tal empresa, por lo que este dato objetivo, y no el erróneo, es el que debe figurar en las actuaciones», reclama.

Además, a pesar de que subraya que este extremo «es perfectamente verificable» a través del Registro Mercantil, aporta un certificado emitido por el secretario del Consejo de Administración de IRE que acredita lo expuesto por Sánchez Galán, «con las garantías de fehaciencia correspondientes».

DEL OLMO, INVESTIGADO

El segundo error que aprecia Sánchez Galán es la alusión a Del Olmo como «uno de los testigos clave para sostener la acusación» contra la mercantil como autor de un informe donde expondría irregularidades a raíz de otro supuesto encargo de Iberdrola a Villarejo: ‘Arrow’.

En el auto del 9 de julio, García-Castellón ordenó archivar la querella presentada en 2020 por la eléctrica contra Del Olmo por un presunto delito de falsedad en documento privado acusándole de manipular dicho ‘dossier’ para perjudicar a la compañía. El instructor cree que los hechos han prescrito.

Sánchez Galán señala que, al margen del devenir de la querella –que Iberdrola ha pedido mantener viva en otro recurso de apelación–, Del Olmo consta como investigado por un presunto delito de cohecho en esta pieza separada de ‘Tándem’ desde el pasado mes de noviembre, sin que su situación procesal haya cambiado desde entonces.

«DESCONEXIÓN CON LA REALIDAD»

En este punto, la defensa se muestra muy crítica con García-Castellón al afirmar que «la decisión jurisdiccional, en cuanto resultado de un razonamiento lógico-deductivo incardinado en el ordenamiento jurídico, no puede ser expresión de deseos, intenciones o futuribles», sino que «ha de ser producto de la aplicación del Derecho y de los elementos de juicio objetivos obrantes en la causa al tiempo de su dictado».

Advierte asimismo de que el hecho de que el juez use un tiempo verbal condicional –«podría ser uno de los testigos claves para sostener la acusación»– no le resta importancia a la supuesta equivocación. Por el contrario, aduce, podría revelar «una predeterminación de futuros criterios judiciales, no adoptables ahora por ausencia de los presupuestos precisos al efecto».

«Y (…) esa predeterminación constituye una manifestación de deterioro de la imparcialidad judicial en su vertiente objetiva, de posible trascendencia constitucional», desliza el abogado del presidente de Iberdrola.

Con todo, exige enmendar esos «dos errores manifiestos, cuya no rectificación propicia su constancia en la causa como datos aparentemente objetivos y ciertos, no obstante su desconexión con la realidad».

Este asunto se enmarca en una investigación mucho más amplia donde García-Castellón indaga en los encargos ilícitos que Iberdrola habría hecho a Villarejo a lo largo de los años. Sánchez Galán está imputado por presuntos delitos de cohecho activo, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil.

La Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA) y Radiotelevisión Española (RTVE) han rubricado este lunes el ‘Convenio Compostela’, un acuerdo «histórico e inédito» entre las dos entidades.

Así lo han indicado ambas entidades en un comunicado conjunto, en el que han explicado que el objetivo de este convenio es «compartir conocimiento y maximizar los rendimientos de los diferentes sistemas públicos de comunicación de cara al futuro».

La presidenta de la FORTA, Mar Iglesias, y el presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, han firmado un convenio de colaboración, denominado ‘Convenio Compostela’, pues la ‘Ciudad de la Cultura’ de la capital de Galicia ha sido el espacio elegido para sellar la alianza, que también ha contado con la presencia del secretario general de FORTA, Enrique Laucirica, y el director general de CRTVG, Alfonso Sánchez Izquierdo.

Según han informado FORTA y RTVE, ambas organizaciones «buscan reforzar el posicionamiento de los servicios audiovisuales públicos, en el ámbito nacional, europeo e internacional, en un mercado cada vez más global.

Así, las dos organizaciones se comprometen a la colaboración en el desarrollo de proyectos de producción audiovisual, en cualquier formato, y en la adquisición de contenidos audiovisuales de interés común.

La búsqueda constante de la innovación por parte de los medios públicos es otra de las partes más relevantes de este acuerdo y se prevé también el desarrollo de estrategias en materia de tanto de innovación como de formación, según han detallado.

El acuerdo también contempla la puesta en marcha de proyectos digitales colaborativos «con la aspiración de que los medios públicos sean cada vez más referentes para el conjunto del sector y dar así un mejor servicio a la ciudadanía».

Por otro lado, el documento asume también la búsqueda de un marco de financiación y fiscalidad estable y eficaz, y el desarrollo de estrategias y políticas de gobernanza y comunicación.

«Las radiotelevisiones públicas son herramientas de información de proximidad para los ciudadanos y por ello son tan necesarias. Sin los servicios audiovisuales públicos autonómicos muchos contenidos importantes no tendrían la difusión necesaria a través de la televisión, la radio y los medios digitales de las autonómicas que muestran, además la diversidad de sus territorios con sus contenidos específicos. Durante la pandemia, esta labor ha sido especialmente importante y nuestra tarea continúa, con nuevos retos como la lucha contra la desinformación o el necesario apoyo a la industria audiovisual», ha dicho Iglesias.

Tras la firma del acuerdo, Pérez Tornero ha destacado la importancia del convenio y ha subrayado: «Juntos somos más fuertes». Además, ha puesto en valor que el acuerdo se ha firmado en las cuatro lenguas cooficiales.

La película colombiana ‘El olvido que seremos’, de Fernando Trueba, y la guatemalteca ‘La llorona’, de Jayro Bustamante, son las producciones cinematográficas con más nominaciones entre los finalistas de los Premios Platino, ambas con once candidaturas.

La gala se celebrará el próximo 3 de octubre en Madrid y coronará a la Mejor Película Iberoamericana de Ficción, entre las que parten como nominadas las dos citadas producciones, además de la española ‘Las niñas’ de Pilar Palomero y la mexicana ‘Nuevo orden’ de Michel Franco.

En el caso de la categoría a Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica Iberoamericana, la relación de finalistas la componen la mexicana ‘Alguien tiene que morir’, de Manolo Caro, la española ‘Antidisturbios’, de Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña, la colombiana ‘El robo del siglo’, de Pablo González y Camilo Salazar Prince, y la española ‘Patria’, de Aitor Gabilondo.

Precisamente, en el apartado televisivo, la obra con más nominaciones es la serie española ‘Patria’, que atesora cinco candidaturas, a la que siguen la citada ‘Alguien tiene que morir’, la colombiana ‘El robo del siglo’ y la española ‘La casa de papel’ con cuatro candidaturas.

Por su parte, las actrices finalistas en la categoría de Mejor Interpretación Femenina son Candela Peña por ‘La boda de Rosa’, María Mercedes Coroy por ‘La llorona’, Regina Casé por ‘Três Verões’ y Valeria Lois por ‘Las siamesas’.

Los candidatos a Mejor Interpretación Masculina son Alfredo Castro por ‘Tengo miedo torero’, Diego Peretti por ‘El robo del siglo’, Javier Cámara por ‘El olvido que seremos’ y Miguel Ángel Solá por ‘Crímenes Familia’.

A las nuevas categorías de Mejor Interpretación Masculina de Reparto y Mejor Interpretación Femenina de Reparto, optan, respectivamente, Alfredo Castro por ‘El príncipe’, Diego Boneta por ‘Nuevo orden’, Jorge Román por ‘Matar a un muerto’ y Julio Díaz por ‘La llorona’ en la parte masculina.

Kami Zea por ‘El olvido que seremos’, Nathalie Poza por ‘La boda de Rosa’, Sabrina de la Hoz por ‘La llorona’ y Yanina Ávila por ‘Crímenes de familia’ en el apartado femenino.

En el caso de la candidatura a Mejor Creador en Miniserie o Teleserie concurrirán Aitor Gabilondo por ‘Patria’, Álex de la Iglesia por ’30 monedas’, Álex Pina por ‘La casa de papel’ y Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña por ‘Antidisturbios’.

Por su parte, las candidatas al galardón a Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie son Cecilia Suárez por ‘La casa de las flores’, Elena Irureta por ‘Patria’, Inma Cuesta por ‘El desorden que dejas’ y Marcela Benjumea por ‘El robo del siglo’.

Mientras, los nominados a Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie son Alejandro Speitzer por ‘Alguien tiene que morir’, Álvaro Morte por ‘La casa de papel’, Andrés Parra por ‘El robo del siglo’ y Eduard Fernández por ’30 monedas’.

En la categoría a Mejor Interpretación Masculina de Reparto en Miniserie o Teleserie optan al Premio Platino Christian Tappan por ‘El robo del siglo’, Ernesto Alterio por ‘Alguien tiene que morir’, Patrick Criado por ‘Antidisturbios’ y Rodrigo de la Serna por ‘La casa de papel’.

A Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniserie o Teleserie concurren Ester Expósito por ‘Alguien tiene que morir’, Loreto Mauleón por ‘Patria’, Najwa Nimri por ‘La casa de papel’ y Susana Abaitua por ‘Patria’.

Durante el acto, presentado por la periodista Elena Sánchez, también se ha presentado en conmemoración del Día de Iberoamérica, efeméride que se celebra cada 19 de julio, el Himno de Iberoamérica promovido por los Premios PLATINO para la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB): una melodía compuesta por el músico Lucas Vidal

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Juan José González Rivas, ha entregado este lunes al Rey Felipe VI la última Memoria de este órgano, correspondiente a 2020, que refleja una notable disminución de la demanda de justicia constitucional consecuencia del impacto de la pandemia de covid 19, según detalla el documento. Se registraron 6.570 nuevos asuntos (1.051 menos que en 2019, un 13,79 por 100).

En cuanto al impacto de los estados de alarma y el confinamiento en sí, la Memoria refleja que el Pleno de este tribunal, por Acuerdo de 16 de marzo de 2020 decretó que «el estado de alarma no interrumpía el funcionamiento del Tribunal» y, «en garantía del sistemaconstitucional», aprobó los criterios de la suspensión de los plazos procesales y administrativos para la tutela procesal-constitucional durante la vigencia del mismo.

Posteriormente, por Acuerdo de 6 de mayo de 2020 del Pleno, se adoptaron las disposiciones para armonizar el cómputo de los plazos en procesos constitucionales al Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas para hacer frente a la crisis de la covid-19 en la administración de justicia.

CAMBIO EN LOS MÉTODOS DE TRABAJO

Al mismo tiempo, se produjo un gran cambio en los métodos e instrumentos de trabajo del Tribunal, pasando casi la totalidad de la plantilla _en la medida que resultaba conciliable con sus tareas_ a operar mediante sistemas remotos de teletrabajo, produciéndose _a suvez_ una aceleración en la desmaterialización de los expedientes y procesos, especialmente en las reuniones de trabajo y deliberaciones.

De este modo, se mantuvo la «normalidad jurisdiccional» en el Tribunal, que siguió cumpliendo con la defensa de la norma fundamental y la alta misión que le es encomendada como intérprete supremo y garante de la Constitución Española. Durante el periodo del estado de alarma (14 de marzo-21 de junio), el Pleno y las Salas dictaron un total de 1.486 resoluciones (1.441 providencias, 25 autos, y 20 sentencias).

No obstante, según refleja la Memoria, se produjo una fuerte caída de las demandas de amparo (6.515 en 2020, frente a 7.554 en 2019; mientras que la cifra de recursos de inconstitucionalidad es similar a la del ejercicio anterior (24 frente a los 27 de 2019).

CAUSAS DE ADMISIÓN

En cuanto a su admisibilidad, la Memoria incorpora un cuadro de sistematización de las causas de admisión de los recursos de amparo estructurada según los criterios empleados en las distintas providencias. Entre las causas de admisión estuvieron la ausencia de doctrina constitucional (en 44 casos) seguida de la oportunidad de aclarar o cambiar la doctrina constitucional como consecuencia de cambios normativos (34 casos); la eventual negativa al acatamiento de la doctrina constitucional por las resoluciones judiciales (21 casos) o el origen normativo de la vulneración (en 9 casos).

En cuanto a las causas de inadmisión, los datos siguen mostrando el predominio de la causa relativa a la insuficiente justificación de la especial trascendencia constitucional (37 por ciento de los casos rechazados, seguida a gran distancia de la relativa falta de este requisito el 27,13 por ciento), de la falta de agotamiento de la vía judicial previa (el 9,49 por ciento), la falta de subsanación de defectos procesales (el 9,58 por ciento) y la falta de justificación de la especial trascendencia constitucional de la demanda (8,74 por ciento).

La mayoría de estos recursos de inconstitucionalidad, un total de 18, han sido planteados por diputados o senadores, doce respecto a leyes estatales y seis frente a leyes autonómicas; mientras que el presidente del Gobierno ha interpuesto 4 frente a normas de las Comunidades Autónomas. Los dos restantes fueron presentados por asambleas legislativas y gobiernos autonómicos frente leyes estatales.

También las cuestiones de inconstitucionalidad han disminuido ligeramente, de 33 en 2019 a 27 en 2020. Asimismo, a lo largo de 2020 se planteado tres conflictos positivos de competencia ( fueron cinco en 2019) y uno negativo. El primer año de la pandemia no se dio ninguna impugnación de disposiciones autonómicas y ningún conflicto entre órganos constitucionales.

MÁS SENTENCIAS DICTADAS

Por contra, a lo largo de 2020 creció el número de sentencias dictadas, 195, frente a las 178 de 2019. De ellas, 170 resolvieron demandas de amparo y 25, procesos de inconstitucionalidad.

A pesar de la pandemia, también ha aumentado aumenta de forma considerable el número resoluciones definitivas, 7.087, frente a las 6.574 de 2019. De este modo, el número de asuntos resueltos es mayor al de nuevo ingreso (6.570).

Un año más, la mayor parte de asuntos de nuevo ingreso fueron demandas de amparo, 6.515 lo que supone un 99,16 por 100. En todo caso, el número de recursos de amparo que se admite a trámite siguió siendo limitado, un total de 180, pese a crecer con respecto a los años anteriores (174 en 2019 y 115 en 2018).

PENDENCIA

Al finalizar 2020 se encontraban admitidos a trámite para dictar sentencia por el Pleno del TC un total de 89 procesos: 43 en recursos de amparo, 32 de inconstitucionalidad, diez cuestiones de inconstitucionalidad y cuatro conflictos positivos de competencia.

La Memoria también refleja que en las dos Salas que integran este tribunal se encontraban pendientes de sentencia 162 procesos de amparo: 64 en la Sala Primera y 98 en la Segunda. Los amparos pendientes de admisibilidad o no ascendían a 3.336.

SENTENCIAS DESTACADAS

Entre otras sentencias y por su interés jurídico-político, la Memoria destaca la que resolvió el recurso de inconstitucional sobre la LeyOrgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, la sentencia que declaró parcialmente inconstitucional el Código tributario de Cataluña y la que anuló plan estratégico de acción exterior de Cataluña con la Unión Europea (2019-2022.

Otra resolución destacada a lo largo de 2020 por parte del Tribunal Constitucional fue la que anuló la facultad del Presidente de Aragón de convocatoria de referéndum para la ratificación de la reforma estatutaria.

En recursos de amparo, sobresalieron el que denegó el derecho a lainformación de un periódico, ponderando el derecho a la propia imagen del afectado, cuando para ilustrar una noticia, aquél tomó una fotografía obtenida de la red social ‘Facebook’ sin elconsentimiento de éste.

En otra resolución (caso del cantante Strawberry) se otorgó el amparo frente a una condena por enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, mediante mensajes en Twitter. Otras sentencias dictadas en 2020 por el TC confirmaron las condenas, por injurias a labandera y por delito contra la libertad religiosa y de proclamación del derecho a una investigación suficiente y eficaz en denuncias de violencia de género.