El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes la nueva Ley de Memoria Democrática mediante la que se extinguirán las fundaciones que, como la dedicada al dictador Francisco Franco, ensalcen a dirigentes de la dictadura y lo hagan «con menosprecio a las víctimas» del golpe de estado de 1936, la Guerra Civil o el franquismo. Con este nueva redacción, el Gobierno recoge las sugerencias realizadas a este punto del anteproyecto por el Consejo General del Poder Judicial.

Así lo ha explicado el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, quien ha avanzado que también se han incorporado las aportaciones que hizo en su informe el Consejo Fiscal para perfilar con más exactitud las funciones de la Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática.

Así, la norma que sustituye y amplía la conocida como Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007 bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, fijará como causa de extinción de las fundaciones que éstas no persigan fines de carácter general o hagan actividades contrarias a los mismos.

APOLOGÍA DEL FRANQUISMO

El anteproyecto ya establecía como «contrario al interés general» la «apología del franquismo», pero, en su informe, el CGPJ alertó de que este concepto «sin el requisito adicional de menosprecio o humillación de las víctimas» suponía la expresión de ideas respecto de un régimen político contrario a los valores democráticos proclamados en nuestra Constitución, pero amparadas por la libertad ideológica y de expresión.

Así, el CGPJ concluía que la referencia a la apología del franquismo invadía «claramente el derecho a la libertad ideológica consagrada en la Constitución que, como se ha declarado reiteradamente, no impone un modelo de democracia militante y que tales ideas o creencias, en la medida que no comporten ‘incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, por su condición de tales’, no pueden servir para la extinción de una fundación o asociación».

Por eso ahora, en el proyecto que el Gobierno enviará al Congreso para su tramitación, se especifica que se considerará apología del franquismo «que se ensalce el golpe de Estado y la dictadura o se enaltezca a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de la víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo».

Este supuesto será aplicable, por ejemplo, a la Fundación Francisco Franco que, al enaltecer al dictador, quedará extinguida cuando se apruebe la ley una vez finalice su tramitación parlamentaria.

RESIGNIFICACIÓN DEL VALLE

La norma también contempla la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, mediante la derogación del decreto de agosto de 1957 por el que se la nombraba titular y administradora del lugar, que ahora será resignificado.

Ese decreto franquista, que continuaba vigente, recogía la creación de un convenio entre la fundación y la Abadía Benedictina de Silos, que fue promulgado un año después. Tanto la fundación como ese acuerdo quedarán derogados cuando se apruebe la ley y se pondrá fin a las funciones de la abadía en el Valle.

Una vez quede extinguida esta fundación y considerando que los monjes benedictinos ya no podrán seguir regentando el lugar, el Gobierno deberá aprobar un nuevo real decreto que establezca la organización, funcionamiento y régimen patrimonial de todo el complejo, una norma que se quiere negociar con la Iglesia. Mientras ese acuerdo llega, Patrimonio Nacional tomará las riendas de todo el Valle.

NUEVA FISCALÍA ESPECIALIZADA

Además de atender la opinión del CGPJ, el Gobierno ha incorporado también las sugerencias del Consejo Fiscal que hizo un informe favorable al anteproyecto, pero pidió que se perfilaran mejor las funciones del nuevo fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática.

Según ha explicado el secretario de Estado, el proyecto incluye en este sentido una modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para dejar claras las competencias de esta nueva figura que se encargará de investigar los hechos que constituyan violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario y a la que también se atribuirán funciones de impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas de los hechos investigados, en coordinación con los órganos de las distintas administraciones con competencias sobre esta materia.

Por otra parte, el Gobierno ha modificado el anteproyecto en los puntos relativos a la inclusión de la historia de la democracia en los planes de estudio de manera que, además de en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y el Bachillerato, también se estudie memoria democrática en Formación Profesional, además de en la formación inicial y continua del profesorado.

El Consejo de Estado ha pedido al Gobierno emprender una labor de «compilación» de las disposiciones sobre la protección de las víctimas o de las normas de protección integral frente a todo tipo de violencias de género, sin perjuicio de las especialidades que se deban contemplar en cada caso, para evitar solapamientos.

Así lo pone de manifiesto en el dictamen emitido con motivo de la Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual, conocida como Ley del ‘solo sí es sí’ que el Gobierno aprobó y remitió al Congreso de los Diputados el pasado 5 de julio.

El Consejo de Estado entiende, «sin que ello implique un desvalor» de las medidas contenidas en el articulado del mencionado anteproyecto, que «gran parte» de las mismas «ya existen en el ordenamiento jurídico español, que en los últimos años se ha venido dotando de distintos cuerpos normativos tendentes a la protección de las víctimas de delitos violentos, y de las mujeres frente a conductas violentas de todo tipo, en particular en el ámbito íntimo o familiar».

Entre otras, cita la Ley de protección integral contra la violencia de género, el Estatuto de la víctima del delito, la Ley de ayudas y asistencia a víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual o la reciente ley integral de protección a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia.

En este sentido, advierte de los posibles «indeseables solapamientos, duplicidades regulatorias y dificultades en la comprensión del alcance y la aplicación práctica de las distintas medidas, circunstancias todas ellas que, en último término, pueden mermar su eficacia y que ponen en peligro la seguridad jurídica».

EL CONSENTIMIENTO YA LO APLICAN LOS JUECES

Por otro lado, el órgano valora «positivamente» la ley del ‘sólo sí es sí’, aunque precisa que la formulación adoptada para el consentimiento ya la estaban utilizando los órganos judiciales en sus sentencias recientes.

«La formulación adoptada en relación con la cláusula del consentimiento tampoco se aleja en exceso en la práctica de los criterios interpretativos que emplea la más reciente jurisprudencia para aplicar la llamada ‘intimidación ambiental’ o el consentimiento viciado en el caso de abusos sexuales», precisaba el Consejo de Estado en su dictamen relativo al anteproyecto de la ‘Ley del solo sí es sí’.

La inclusión de la falta de consentimiento como elemento típico que determina la ilicitud penal de la conducta es, por otra parte, según añade el informe, algo habitual en el ordenamiento español, por ejemplo, «en los delitos contra la intimidad y de revelación de secretos».

Además, precisa que «cuando lo que se discute es la existencia o no del consentimiento o de la autorización que convertiría la conducta en perfectamente legítima, el problema probatorio se convierte en el aspecto central».

«Se trata de un problema cotidiano en los procesos penales cuya resolución en ningún caso puede violentar el derecho fundamental a la presunción de inocencia ni permitir la inversión de la carga de la prueba», precisa.

Se señala, de esta forma, que «el problema operativo de las cláusulas de consentimiento, seguirá siendo de naturaleza probatoria».

En sus consideraciones finales, el Consejo de Estado valora «positivamente» la ley «a la luz de la indiscutible necesidad de perseverar en el esfuerzo público de prevención y represión de las violencias contra las mujeres, la sensibilización frente a las mismas y la reparación de las víctimas».

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado este lunes 19 de julio en el Congreso, junto con la Sectorial Española del Cómic, una proposición No de Ley por la que insta al Gobierno a promocionar el cómic español en la Feria de Frankfurt.

De este modo, los socilistas reclaman la promoción del cómic español dentro y fuera de España, incorporando a la representación española de la Feria de Frankfurt obras y autores del cómic españoles; a promover la venta de derechos de editoriales y creadores españoles en el exterior; y a activar la promoción de éstos autores y autoras en la red de librerías y festivales específicos mediante las correspondientes políticas de difusión y la red del Instituto Cervantes, así como con el ICEX.

La iniciativa busca dignificar el sector del cómic y reconocer el valor artístico editorial del cómic y el tebeo en España. Según informan los socialistas, proponen culminar la plena incorporación del cómic a las políticas del libro del Gobierno de España, estudiar la elaboración del primer Libro Blanco del cómic, e incorporar este sector en la mesa de trabajo para el desarrollo y seguimiento del Estatuto del Artista.

La proposición también recoge la creación de planes para fomentar la lectura del cómic, el impulso de un programa de divulgación de las obras españolas de cómic y tebeo a través del Instituto Cervantes en sus sedes, y la promoción de ayudas a la creación, atendiendo a una política de igualdad efectiva para las autoras.

Asimismo, tiene como finalidad fomentar la designación del Día del Cómic y el Tebeo para promover la divulgación de este medio artístico, y estudiar la posibilidad del uso y la creación de cómic como material pedagógico y como herramienta de divulgación científica.

El portavoz de Cultura del Grupo Parlamentario Socialista, Marc Lamuà, ha indicado que el sector del cómic es un sector muy «fuerte» en España. A su juicio, este tipo de iniciativas «son imprescindibles para retener el talento, ser mucho más competitivos en los años venideros y ahondar en el pensamiento de que el cómic es un elemento esencial de la cultura en España».

Por su parte, el secretario ejecutivo de Cultura y Deportes del PSOE, Ibán García del Blanco, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y ha instado al resto de fuerzas políticas a sumarse a esta iniciativa.

El último Pleno del Tribunal Constitucional (TC) previo a las vacaciones de verano de los magistrados volverá a tener sobre la mesa una de las disposiciones del Gobierno de Pedro Sánchez frente a la pandemia recurridas por Vox. Se analizará, concretamente, la constitucionalidad o no de los acuerdos de la Mesa del Congreso que suspendieron el cómputo de los plazos reglamentarios en la cámara baja al inicio del estado de alarma por pandemia de covid.

El asunto, cuya ponencia ha correspondido al magistrado conservador Antonio Narváez, se incluye en el orden del día del Pleno que comenzará este martes y prevé concluir el jueves 22 de julio. El listado de inclusión de asuntos es el mismo que comenzó la semana pasada en el que únicamente pudo tratarse el primero de los puntos, relativos al recurso de los de Santiago Abascal contra el primer decreto de estado de alarma, el de 14 de marzo de 2020.

En este caso, y con un tribunal de garantías dividido por seis magistrados frente a cinco, se declaró la inconstitucionalidad de alguno de los puntos del decreto por considerarse que las restricciones a los derechos humanos fueron de tal «intensidad» que para su aplicación debió utilizarse el estado de excepción, que requiere permiso previo del Parlamento y prevé una aplicación muy limitada en el tiempo. La sentencia y sus votos particulares, cuyo contenido fue filtrado, aún no ha sido notificada de modo oficial.

Todo ello hace aventurar que la división quizá se reproduzca en el caso de este segundo recurso de Vox, y ello a pesar de que en realidad únicamente se pararon plazos de preguntas y proposiciones no de Ley entre el 19 de marzo y el 13 de abril.

En la resolución de admisión a trámite el TC ya explicó que, en todo caso, en este recurso concurre una especial trascendencia constitucional y porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto al plantear una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica y porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales.

DEVOLUCIONES POR CLÁUSULAS INDEBIDAS

Pero este no será la única medida del Gobierno cuya constitucionalidad será debatida en el Pleno del TC de esta semana, pues el orden del día incluye también el recurso de inconstitucionalidad presentado por el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú-En Marea contra el decreto ley para la devolución de las cláusulas suelo indebidas, según una providencia publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En este caso se discutirá la ponencia de la progresista María Luisa Balaguer.

La coalición considera que el decreto ley vulnera el principio de igualdad ante la ley (recogida en el artículo 14 de la Constitución), la tutela judicial efectiva (artículo 24), y la protección debida a los consumidores (artículo 51).

Así, critican que el mecanismo extrajudicial «pone a los deudores hipotecarios en una situación de desigualdad frente al banco, que decide cómo, cuándo y dónde devolver lo cobrado indebidamente». Asimismo, entiende que «no establece con carácter obligatorio un sistema de control y sanción sobre las entidades bancarias» ni tampoco cuenta, a su juicio, con todas las garantías judiciales efectivas.

Por otro lado, consideran que la norma es discriminatoria, pues no pueden acogerse a ella las personas jurídicas, y critican que las costas procesales hayan sido «perdonadas» a las entidades bancarias.Este decreto ley recurrido por Unidos Podemos fue aprobado por el Gobierno el pasado 20 de enero y en él se establece un procedimiento extrajudicial para resolver las reclamaciones de los consumidores derivadas de las últimas sentencias judiciales.

BASSA

El orden del día también incluye la revisión de una de las condenas del ‘procés’, la de la exconsejera de Trabajo Dolors Bassa, penada con 12 años de prisión por sedición y malversación por el Tribunal Supremo.

Hasta el momento todas las condenas revisadas han sido confirmadas por el TC -entre ellas las de los también exconsejeros Jordi Turrul y Jospe Rull, y la de los líderes sociales Jordi Sánchez y Jordi Cuixart- con un Pleno de tan sólo 9 magistrados (tras apartarse los magistrados Antonio Narváez y Cándido Conde-Pumpido y teniendo en cuenta la dimisión de Fernando Valdés) y con los votos discrepantes de los magistrados progresistas José Antonio Xiol y María Luisa Balaguer.

Finalmente, el último Pleno del TC antes de las vacaciones estivales también incluye en su Orden del el recurso del contra varios preceptos del artículo 2 de la ley foral de modificación y actualización de la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra o Fuero Nuevo, al considerar que varios aspectos de esta norma invaden competencias que la Constitución define como exclusivas del Estado.

Concretamente, el Gobierno central considera que «se produce una vulneración de la competencia estatal» sobre ordenación de los registros e instrumentos públicos en las leyes 72, 471, 483 y 544 y también se vulnera la competencia estatal sobre las normas para resolver los conflictos de leyes en las leyes 11 y 12 de la norma navarra.

También cree que las leyes 511 y 495 de la norma navarra afectan a la competencia estatal sobre las bases de las obligaciones contractuales, que considera también «competencia estatal exclusiva».

La motivación académica de los estudiantes podría ayudar a entender la brecha de género en España en las denominadas disciplinas STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), según se desprende de la investigación ‘Motivación académica, habilidades no cognitivas y brecha de género en Matemáticas y Ciencias’, publicada por las fundaciones Ramón Areces y Sociedad y Educación.

En este trabajo, la profesora e investigadora Gema Zamarro, catedrática en el Departamento de Reforma Educativa de la Universidad de Arkansas, documenta brechas de género en el rendimiento de los estudiantes de España en las áreas de Matemáticas y Ciencias utilizando datos de PISA 2015 para España, oleada que incluye muestras representativas a nivel nacional y autonómico.

Además, usando distintas metodologías innovadoras para la medida de la motivación académica, estudia hasta qué punto la motivación está relacionada con las brechas de género observadas.

Según recuerda el estudio, la motivación estudiantil es un factor importante del éxito educativo y se ha medido tradicionalmente a través de preguntas en cuestionarios. Aunque la variación entre comunidades autónomas en las medidas de motivación es limitada, la autora encuentra diferencias importantes de género en las distintas medidas de motivación consideradas. Los chicos presentan niveles más altos que las chicas en motivación general reportada en el cuestionario, mientras que las chicas, de media, ponen más esfuerzo en la encuesta y en la prueba PISA.

Según el trabajo, las brechas de género en Matemáticas y Ciencias aumentan cuando se tienen en cuenta los distintos niveles de motivación entre chicos y chicas. Además, la autora demuestra que el mayor rendimiento relativo en Lectura por parte de las chicas está asociado con un menor interés por las Ciencias. Los resultados sugieren diferencias de género en el rendimiento en Matemáticas y Ciencias aún mayores de lo que se estima inicialmente, dado que las chicas consiguen compensar parte del menor rendimiento en estas áreas con mayores niveles de esfuerzo.

Tal y como explica la autora, aunque los resultados de este trabajo no se pueden interpretar de manera causal, ya que puede haber variables inobservables, tales como los intereses familiares por las áreas de ciencias u otras características que pueden ayudar a explicar los distintos niveles de motivación y del rendimiento estudiantil, las correlaciones que documenta tienen varias implicaciones importantes.

En primer lugar, sobre el hecho de que la brecha de género en el rendimiento en Matemáticas y Ciencias sea más grande una vez que se corrige por las diferencias de género en motivación y esfuerzo, sugiere que las chicas pueden estar menos preparadas en estas áreas de lo que se piense inicialmente, ya que compensan parte de su falta de conocimiento con un mayor esfuerzo en la prueba. Además, encuentra que el mayor rendimiento en Lectura por parte de las chicas está asociado con un menor interés por las ciencias.

En segundo lugar, los chicos, en general, presentan menores niveles de esfuerzo que las chicas en la prueba y el cuestionario. En la medida en que estas variables sirven como indicadores de los niveles de motivación en el colegio y correlacionan con las tasas de abandono escolar, la autora insta a investigar por qué los chicos no encuentran que las tareas escolares merezcan su atención y su esfuerzo tanto como las chicas. En este sentido, los chicos se podrían beneficiar de intervenciones que promuevan las habilidades no cognitivas, la mentalidad académica y el esfuerzo.

Por otro lado, la mayor capacidad de las chicas para mantener su esfuerzo es una ventaja que se debe reconocer y acentuar más, según la autoria. Finalmente, los chicos sí que presentan mayores niveles de motivación general que las chicas cuando responden a las preguntas: «Quiero ser el mejor en todo lo que hago» y «Yo me veo a mí mismo como una persona ambiciosa». Sin embargo, las chicas que consiguen mayores niveles de motivación general obtienen mejor rendimiento académico que los chicos en Matemáticas y Ciencias.

«Sería interesante investigar hasta qué punto estas preguntas de motivación general capturan estereotipos de género y por qué las chicas que superan estos estereotipos y presentan mayores niveles de motivación general se benefician, en términos de rendimiento, en las áreas de ciencias», señala Gema Zamarro.

En este sentido, la autora considera que aquellas intervenciones que luchen contra los estereotipos asociados con la ambición y la competitividad en las áreas de ciencias podrían ser especialmente beneficiosas para las chicas.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha logrado el compromiso de Alcoa de desbloquear el proceso de venta de la fábrica que la multinacional estadounidense tiene en San Cibrao (Lugo), según ha informado el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

En el marco del viaje de miembros del Gobierno a Estados Unidos, para estrechar lazos comerciales, Maroto se ha reunido este lunes en Pittsburg (Estados Unidos) con el consejero delegado mundial de Alcoa, Roy Harvey, para desbloquear el proceso de venta de la fábrica que la empresa a fin de garantizar las capacidades industriales y los empleos en la comarca de A Mariña.

En concreto, la titular de Industria ha trasladado una propuesta consensuada con la Xunta de Galicia y los sindicatos en la que se exige a la empresa «que evalúe las cuatro ofertas de compra que ha recibido», indicó al finalizar la reunión.

Si bien la ministra ha propuesto acciones que el gobierno podría tomar, Alcoa lamenta que no incluyan una venta directa a SEPI. Durante la reunión, Harvey accedió a revisar la propuesta del gobierno, pero no se comprometió a realizar una venta directa a un tercero.

La empresa está convencida de que la venta de la planta a SEPI es la forma de dar mayor seguridad, tanto a los trabajadores como a la empresa, de que la venta cuenta con el apoyo del Gobierno español.

Según Alcoa, la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la venta de las fábricas de A Coruña y Avilés ha puesto de manifiesto los riesgos de vender plantas «inviables» en las que el vendedor «es el que contribuye económicamente en la transacción, a pesar de contar con la supervisión de todos los actores involucrados en el proceso».

«La inviabilidad de la planta tiene relación directa con la falta de competitividad del marco energético en España, que aún no ha sido resuelto por el Gobierno español», ha remarcado la compañía.

Alcoa asumió el compromiso de un proceso de venta de la planta a SEPI, incluyendo una importante contribución económica, como alternativa a un proceso de despido colectivo, y firmó un acuerdo con el Comité de Empresa para proceder a la venta de la planta con SEPI como compradora inicial.

Alcoa ha insistido en que han trabajado de buena fe para facilitar la venta de la planta de aluminio de San Ciprián y ha realizado las gestiones necesarias para conseguir este objetivo compartido por todas las partes.

Maroto ha incidido en que el Gobierno está dispuesto «a ofrecerles las herramientas de acompañamiento públicas para ayudarles a verificar que el futuro comprador de la planta sea solvente y que lo haga en el menor tiempo posible: nuestro objetivo es que la venta se anuncie como muy tarde el 30 de septiembre».

RESPUESTA EN DOS SEMANAS.

La ministra afirmó que Alcoa «ha sido receptiva a nuestras propuestas y el CEO se ha comprometido a desbloquear el proceso de venta de la planta y a analizar las propuestas que les hemos presentado, y nos dará respuesta en las próximas dos semanas». «Además, el señor Harvey ha reconocido que está dispuesto a vender directamente a terceros», añadió.

La propuesta que ha llevado la ministra Maroto a Pittsburg, dentro de su viaje oficial que está realizando a Estados Unidos, incluye el acompañamiento del Gobierno en los planes industriales y laborales que acuerden las partes compradora y vendedora para asegurar el futuro industrial de la planta, incluidos los posibles riesgos sobrevenidos de la decisión de venta. Este acompañamiento incluiría líneas de ayudas públicas que se pueden aplicar tanto al plan industrial como energético.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunirá este jueves para estudiar, entre otros asuntos, un informe favorable a la última modificación del Reglamento Penitenciario, dirigida a introducir en las prisiones el uso de las nuevas tecnologías, como es la videoconferencia, así como a regular el uso de Internet por los internos. El informe valora que las modificaciones permitan una introducción medida y limitada de su uso, han señalado fuentes del órgano de gobierno de los jueces.

El proyecto del que informa esta semana el CGPJ tiene como objetivo regular la introducción de las nuevas tecnologías como medios facilitadores para el acceso a servicios o prestaciones y ejercicio de derechos en el ámbito penitenciario. Incide, por lo tanto, en las comunicaciones de los internos, su formación y el derecho a recibir información incidiendo, por tanto, en el ejercicio de los derechos de los internos, y de forma específica en sus comunicaciones, tratamiento, formación, y derecho a recibir información.

La reforma está integrada por un preámbulo, dos artículos, el segundo de los cuales se divide en cuatro apartados, y una disposición final única. Permitirá que las comunicaciones reguladas puedan llevarse a cabo mediante el uso de nuevas tecnologías y sistemas de videoconferencia, en función de las posibilidades materiales y técnicas de cada centro penitenciario.

Como novedad de calado, la reforma supondrá permitir el acceso a Internet y las redes de comunicación a las personas privadas de libertad, un acceso que se supone controlado y restringido. Finalmente, introduce la distinción Concepción Arenal al Periodismo Penitenciario, para la persona o medio de comunicación que destaque por su especial dedicación al medio penitenciario, manifestada a través de una trayectoria sostenida en el tiempo o mediante la realización de uno o varios trabajos de investigación de contrastada calidad informativa.

El CGPJ valora que la reforma regule el derecho de los presos a comunicarse con familiares, amigos, allegados, abogado defensor, etc., el derecho a la formación como parte del tratamiento, así como el derecho a recibir información mediante instrumentos que, con la debida regulación de su uso concreto, pueden tener cabida en las nuevas tecnologías. Se trata de instrumentos que, como la videoconferencia, que hasta ahora no se contemplaban ni en la Ley Orgánica penitenciaria ni en el Reglamento que la desarrolla.

Y ello porque la regulación actual es limitada y restrictiva enrelación con el uso de la videoconferencia por los internos paracomunicaciones personales, e inexistente para comunicaciones conabogados o para fines educativos y de tratamiento, así como en relacióncon otras nuevas tecnologías.

El informe que se someterá a estudio, según las fuentes consultadas, considera que la reforma proyectada se inserta adecuadamente en el marco normativo de referencia, y haberse optado no por modificar el tenor de los artículos, sino por adicionar nuevos párrafos a determinados preceptos del Reglamento Penitenciario, permitiendo así una introducción medida y limitada del uso de las nuevas tecnologías en los centros penitenciarios.

Además, al no concretarse las tecnologías que pudieran ser empleadas, se permite que el legislador futuro no se vea en la obligación de realizar continuas reformas y adaptaciones del texto.

El informe preliminar del CGPJ valora además que el uso de las nuevastecnologías no se configure en si mismo como un derecho, y adecue sus limitaciones en función de las posibilidades de cada centro penitenciario, sin perjuicio de la responsabilidad de la Administración Penitenciaria de dotar de medios suficientes.

Se entienden incluidas también, además de las videoconferencias, las comunicaciones vía ‘email’ con familiares y amigos como complemento del correo postal, así como la incorporación de puntos de acceso a redes de información en las bibliotecas.

La Junta Ordinaria de Fiscales Jefes Provinciales de Galicia ha acordado adoptar las «medidas necesarias» para garantizar el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos.

Así lo ha informado en un comunicado la Fiscalía Superior de Galicia en relación a la Junta Ordinaria de Fiscales Jefes Provinciales presidida por el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes.

Entre las cuestiones «de relevancia» tratadas en la reunión Fiscalía destaca la relativa a la «cláusula de protección de datos personales» y las recomendaciones al respecto elaboradas por el delegado de Protección de Datos del Ministerio Fiscal.

En este sentido, incide la Fiscalía Superior de Galicia, se acordó «tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos».

Por otra parte, se «estimó pertinente», añaden las mismas fuentes, «recordar que en los asuntos relacionados con menores de edad y de materias sensibles, no está permitido aportar ningún dato que directa o indirectamente permita su identificación».

LEYES DE DISCAPACIDAD E INFANCIA

Finalmente, en la junta también se abordó el estudio de la incidencia teórica y práctica de las modificaciones legislativas recientes de las leyes de discapacidad e infancia y adolescencia «con objeto de establecer unos criterios de actuación que garanticen de forma eficaz su protección», indica Fiscalía.

A la reunión, que tuvo lugar en la sede la Fiscalía de Galicia, asistieron los responsables del Ministerio Publico en A Coruña, Javier Rey; Lugo, Roberto Brezmes; Pontevedra, Juan Carlos Aladro; y Ourense, Eva Regueiro.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha ratificado la condena de 27 años de cárcel que la Audiencia Provincial impuso al autor del crimen machista de enero de 2019 en Laredo, el primero del año en España.

Así lo ha resuelto la Sala de lo Penal del TSJC en una sentencia que ha desestimado el recurso de la defensa contra el fallo de la Sección Primera de la AP, conforme al veredicto del jurado que enjuició los hechos.

El magistrado impuso al acusado 24 años por asesinato, por acabar con la vida de la joven que hasta entonces había sido su pareja, aplicando las agravantes de parentesco y de género, y 3 años más por amenazas a las compañeras de piso de la víctima que intentaron, en vano, frenar la agresión. Tuvo lugar en el madrugada del 3 de enero y el implicado asestó 29 puñaladas con dos cuchillos a su exnovia.

En la apelación, el abogado del condenado pedía que se rebajasen de 24 a 20 los años de prisión por el primer delito y de tres a uno los del segundo tipo delictivo, esto es, 21 en total, apreciándose para ello las atenuantes de confesión y entrega y, también, la de reparación del daño, que rechazó el juez.

Asimismo, esta parte se oponía a que su cliente -Tomás Maestre, de 24 años y natural de Ecuador- fuera expulsado de España tras cumplir tres cuartas partes de la condena o alcanzar el tercer grado penitenciario o la libertad condicional, como se acordó en la sentencia.

La Sala de lo Penal del TSJC ha rechazado los argumentos esgrimidos por la defensa, según la sentencia a la que ha tenido acceso esta agencia. Los magistrados se oponen a aplicar la atenuante de confesión del implicado al considerar que estaba perfectamente identificado como autor de los hechos por las dos testigos que los presenciaron, antes de que él se entregara en comisaría, poco después del crimen.

En cuanto a la reparación del daño, con 500 euros consignados justo antes de la celebración del juicio, los jueces consideran que se trata de una aportación pequeña comparada con el perjuicio causado a la familia de la víctima, que tenía una hija en su país. Y es que el procesado fue condenado a indemnizar con 120.000 euros a la pequeña, y con más de 72.000 euros a la madre de la fallecida.

Tras desestimar su recurso de apelación, el letrado defensor ha avanzado su intención de interponer uno de casación ante el Tribunal Supremo, ya que insiste en que se debieron apreciar las atenuantes analógica y de confesión.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado que en cuanto el Partido Popular llegue al Gobierno de España sustituirá la Ley de Memoria Democrática –que previsiblemente se aprobará este martes en el Consejo de Ministros– por una Ley de Concordia, que será una norma «en positivo». Según ha añadido, se trata de hacer que «la concordia rija sobre el revisionismo histórico».

«Y esa Ley de Concordia, que tenemos ya hecha, solo en el preámbulo cuantifica en 16.000 millones de euros desde año 75 lo que el Estado, no solo Gobierno de la nación sino autonomías, diputaciones y entidades locales han ido dando a las familias republicanas desde que hay democracia en España», ha afirmado.

En una jornada sobre ‘Concordia, Constitución y Patriotismo’ en Ávila organizada por la Fundación Concordia y Libertad, Casado ha señalado que la Ley de Concordia del PP es «muy completa» y «en positivo, que aborda el ámbito de lo público, del funcionariado, la educación, la Justicia o el Ejército».

Durante su intervención, Casado ha recordado la figura de Adolfo Suárez y ha señalado que el 3 de julio de hace 45 años el Rey «encomendó a un joven político la constitución de un Gobierno». «En esos 45 años estamos orgullosos de todo lo que los españoles han hecho. Recordando a Julián Marías, fueron capaces de devolver España a los españoles», ha proclamado.

Casado se ha centrado en explicar lo que es la concordia, que es a su juicio «defender las instituciones y aceptar pactos que propone la oposición y que piden la mayoría sensata de España». «Concordia son los seis pactos que venimos ofreciendo desde hace ya unos meses al presidente del Gobierno, sin que recibamos otra respuesta que elinsulto o las fake news», se ha quejado.

DENUNCIA QUE NO SE HAYAN CUMPLIDO LOS PACTOS DE RECONSTRUCCIÓN

Durante su intervención, el presidente del PP se ha quejado de que casi un año después de haber finalizado la Comisión de Reconstrucción que se creó en el Congreso no se haya cumplido ni tramitado ninguna de las conclusiones.

«No se ha hecho nada, era todo un parapeto, un trampantojopara ganar tiempo», ha criticado duramente el jefe de la oposición, que se ha hecho eco de la información publicada sobre este asunto por el diario ‘El Mundo’.

Según Casado, el Gobierno «ocultó y fracasó gestionando la pandemia, la usó para incrementar su poder a costa de libertades vetando denuncias de sanitarios y víctimas en Fiscalía». «Ni cumplen lo pactado ni aceptan una ley de pandemias. Una Comisión de Investigación analizará tanta negligencia», ha señalado también en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

LAS ENCUESTAS QUE SITÚAN AL PP EN CABEZA

Durante su discurso en Ávila, Casado se ha referido también las encuestas que sitúan al PP en cabeza, por encima del PSOE, y ha aludido a la «esperanza» de que en las próximas generales consiga ser la «fuerza mayoritaria» y «forme un gobierno de salvación nacional que recupere el futuro de España».

En este punto, ha destacado que para la Convención Nacional de octubre, el PP ya está redactando textos legales que se aplicarán cuando el Partido Popular llegue al Gobierno y ha puesto como ejemplo lo que hizo el Gobierno de Aznar en el 1996, cuando en cien días se aprobaron 10 reales decretos, sin los cuales no se hubiera entrado en el euro ni se hubiera salido de la recesión. «Tenemos que estarpreparados para desfibrilar España», ha resaltado.

Colillas, pañuelos usados, fragmentos de paquetes de tabaco, envoltorios de snacks y mascarillas quirúrgicas son los residuos abandonados más comunes que han encontrado voluntarios del Proyecto Libera en el primer ‘Camino al revés’, cuyo objetivo es concienciar a los peregrinos a Santiago de Compostela contra el abandono de basuraleza.

‘El Camino al revés’ ha terminado este lunes en Sobrado de los Monjes (La Coruña), tras partir el pasado sábado de la Catedral de Santiago en la Plaza del Obradoiro. En estas jornadas, los voluntarios han realizado dos etapas por el camino francés y una más por el camino del norte, en las que han concienciado a los peregrinos, a quienes han repartido bolsas amarillas con las que les invitan a recoger residuos abandonados en su marcha a la capital gallega.

La iniciativa forma parte de la iniciativa ‘El Camino del Reciclaje’, en la que voluntarios de Proyecto ‘LIBERA, unidos con la basuraleza’ –que desarrollan de manera conjunta Ecoembes y SEO/BirdLife–.

Los voluntarios han recogido residuos a su paso para conseguir que el Jacobeo 2021-2022 se recuerde como año Santo más comprometido con el medio ambiente y el reciclaje, contribuir al buen estado de este itinerario y a que sea el Camino el que deje huella en los peregrinos y no al revés.

En la iniciativa ha participado el experto del Camino de Santiago y premio Aymeric Picaud Manuel F. Rodríguez, que opina que ‘El Camino al revés’ es una iniciativa «novedosa y útil» para fomentar el cuidado medioambiental de la ruta jacobea.

Si bien, ha relatado que «la inmensa mayoría» de los peregrinos camina con un «alto nivel de respeto» al entorno, lo cierto es que sobre todo en los períodos de mayor acumulación de personas en el Camino, como en verano, en su experiencia como peregrino «no es difícil encontrar aquí y allá algún envase de bebida abandonado o caído de alguna mochila, pequeños fragmentos de celofán, restos de papel, colillas de cigarros, etc».

«No es, en mi opinión, una visión frecuente y preocupante, pero incluso estas pequeñas agresiones deben evitarse por quienes realizan el Camino, pues hay alternativas fáciles y prácticas para poder hacerlo», ha manifestado.

La responsable del Camino del Reciclaje, Carolina Martín, ha agradecido a todos los voluntarios su colaboración para poder transmitir el mensaje a todos los peregrinos de que lo importante es «que el Camino deje huella en ellos y no al revés».

«Ha sido muy emocionante escuchar cómo nos daban las gracias, e incluso nos aplaudían, muchísimos de los peregrinos con los que nos cruzamos. Y es que no nos vamos a cansar de poner en marcha acciones que ayuden a concienciar de la importancia de reciclar a lo largo de las etapas y tener un Camino libre de basuraleza, especialmente en el Xacobeo 21-22, que queremos que se recuerden por ser los Años Santos más comprometidos con el reciclaje y el medio ambiente de la historia», ha expresado.

El Proyecto del Camino del Reciclaje comenzó en 2015 para facilitar la separación y el reciclaje de los distintos residuos que se generan en cada etapa y evitando así la basuraleza (residuos generados por el ser humano y abandonados en la naturaleza).

De este modo, la iniciativa está presente en Castilla León, Asturias, La Rioja, Navarra y Galicia, donde suman ya casi 400 ecoalbergues a lo largo de cinco Caminos (francés, inglés, portugués, norte y primitivo).

Durante este año se repartirá a los peregrinos más de 142.000 bolsas reutilizables, realizadas con PET reciclado, para evitar la basuraleza y «Compostelas del Ecoperegrino», con las que se ayudará a repoblar con árboles autóctonos diferentes zonas por donde pasa el Camino de Santiago en Galicia y Asturias. Con esta iniciativa, en febrero de 2020 se plantaron más e 650 árboles autóctonos en una hectárea de Caldas de Reis (Pontevedra).

Durante 2021 más de una decena de oficinas de turismo en Galicia han sido equipadas con carteles didácticos, papeleras y unos mapas con código BIDI para encontrar de forma fácil todos los hospedajes que colaboran en el proyecto.

El director general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Leonardo Marcos, ha presidido una reunión para la constitución de la Comisión Técnica sobre el riesgo de maremotos, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3.2 del Plan Estatal de Protección Civil ante este Riesgo, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros el pasado 18 de mayo.

Esta Comisión, cuya creación estaba prevista en la Directriz Básica de planificación del riesgo de maremotos, constituye un órgano técnico de consulta y su misión principal es el asesoramiento a los órganos de dirección del Plan Estatal y, en su caso, de las comunidades autónomas, como detalla la institución.

En la reunión se han abordado tres cuestiones que son responsabilidad de los órganos estatales: la elaboración de un programa permanente de información y sensibilización a la población; el diseño de un sistema único de señalización en las zonas de riesgo; y la elaboración de una guía técnica de análisis del riesgo de maremotos, que será de gran utilidad para la elaboración de los correspondientes planes de actuación por parte de las comunidades autónomas y ayuntamientos implicados.

Estas iniciativas han tenido una buena acogida por parte de los representantes de los Organismos asistentes, que han manifestado su deseo de participar en los correspondientes Grupos de Trabajo que se crearán ‘ad hoc’, con mayor implicación en aquéllos que se ajusten más a su especialidad.

Por su parte, los representantes de las Universidades de Cantabria y Málaga han expuesto diversos trabajos y proyectos europeos y de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO en los que colaboran y que pueden resultar de utilidad para las iniciativas planteadas.

Marcos ha recordado que, en materia de información a la población, ya se dispone de bastante material que se podrá actualizar y seguir avanzando. Igualmente, ha señalado que la Dirección General junto con el Instituto Geográfico Nacional están trabajando en una publicación divulgativa del Plan que verá la luz próximamente.

Además, ha recordado los trabajos que se están llevando a cabo para la implementación de un Sistema de alertas públicas (Public Warning System, PWS) que sirva para enviar avisos masivos e inmediatos a la población en caso de grandes catástrofes y emergencias inminentes o en curso en todo el territorio español, y que constituirá una importante herramienta, junto con el Sistema Nacional de Alerta de Maremotos (SINAM), previsto en el Plan Estatal.

A la reunión, por parte del Ministerio de Defensa, han asistido representantes del Real Instituto y Observatorio de la Armada y del Instituto Hidrográfico de la Marina; y por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha asistido una representación del Instituto Geográfico Nacional, de la Dirección General de la Marina Mercante y del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX).

En representación del Ministerio de Ciencia en Innovación han participado representantes del Instituto Geológico y Minero de España, de la Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Instituto Español de Oceanografía. Asimismo, se ha contado con la presencia de dos expertos del Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria, y de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga.