El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha puesto en marcha el Plan para la Protección del Borde Litoral del Mar Menor, una herramienta fundamental para identificar las presiones que existen en este tramo de costa y establecer medidas para su protección y recuperación.

Así lo ha anunciado este viernes el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en una reunión telemática mantenida con el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia, Antonio Luengo. Durante la videoconferencia se han tratado otros asuntos para asegurar la protección del Mar Menor, una prioridad del Gobierno con la comunidad autónoma.

El objetivo de este plan de protección, cuyo ámbito geográfico de actuación incluye el Mar Menor y el tramo de costa mediterránea que va desde el puerto de Pilar de la Horadada hasta Cabo de Palos, es mejorar la situación y el uso de esta franja litoral, teniendo en cuenta todos los condicionantes físicos, humanos y medioambientales del territorio, según informaron fuentes del Ministerio en un comunicado.

El plan recoge toda una serie de estudios sobre los condicionantes ambientales, los criterios de zonificación, los efectos del cambio climático y los objetivos y principios generales de actuación. Además, incluye la identificación de las medidas a adoptar para la mejora de la costa, su priorización y las fases de actuación a llevar a cabo por la Dirección General de la Costa y el Mar, según el Ministerio.

También se proponen como acciones prioritarias la revisión y, donde corresponda, la redefinición del dominio público marítimo terrestre y la recuperación de ocupaciones ilegales.

PARTICIPACIÓN PÚBLICA

La aprobación del plan es el resultado de un exhaustivo trabajo que ha contado con la colaboración de todos los actores interesados en la recuperación del Mar Menor, desde administraciones hasta organizaciones no gubernamentales y asociaciones de la sociedad civil. En concreto, este documento fue sometido a consulta pública durante los meses de verano de 2020, recibiendo una serie de alegaciones esenciales para completar su redacción.

Gracias a este proceso de participación y colaboración, el plan ha incorporado, además de las anteriormente citadas, medidas centradas en la restauración dunar, la recuperación de los arenales y actuaciones que, en general, mejoran las condiciones de uso de estas playas.

La puesta en marcha de este plan supone un paso más dentro de la Hoja de Ruta del Mar Menor, una guía puesta en marcha en octubre de 2019 con el doble objetivo de frenar el deterioro de la laguna salada, única por su alto valor ecológico, y contribuir a la recuperación de su dinámica natural.

Las actuaciones en la franja litoral de la laguna son solo una parte de las medidas que las administraciones competentes deben abordar para la recuperación ambiental del Mar Menor. Tal y como concluyó el informe del Instituto Español de Oceanografía (IEO), que analizó el estado actual del Mar Menor, las causas de su deterioro y las posibles soluciones, la recuperación de la laguna pasa por atajar la entrada de sedimentos y nutrientes, provenientes tanto de los centros urbanos ribereños como de la erosión de los suelos agrícolas.

ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA COSTA

En la redacción del plan, el Ministerio destaca que se han tenido en cuenta las directrices de la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la Costa Española elaborada por la Dirección General de la Costa y del Mar para incrementar la resiliencia de la costa española al cambio climático y a la variabilidad climática e integrar las medidas de adaptación en la planificación y gestión del litoral.

El documento se puede consultar en la página web del MITECO.

La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 42 años y medio de cárcel y prisión permanente revisable para un hombre que mató a sus padres y abuelo adoptivos en el municipio tinerfeño de Guaza.

El suceso, que tuvo lugar en el domicilio familiar en el que todos ellos residían, ocurrió la madrugada del 23 de marzo de 2018 mientras toda la familia dormía.

El condenado planteó recurso al Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que confirmó a su vez la sentencia inicial de un tribunal del jurado de la Audiencia de Tenerife, alegando que debía serle aplicado una eximente por trastorno mental transitorio.

Su defensa aportaba como soporte que el técnico sanitario que le atendió dijo que estaba en estado de shock, con las pupilas dilatadas y la piel pálida, y que un policía local que acudió al lugar de los hechos aseveró que estaba muy nervioso e hiperventilando.

El alto tribunal, en cambio, desestima esa pretensión y explica que en los hechos declarados probados en la sentencia de instancia, mantenidos en la de apelación, no aparece ningún hecho en el que pueda basarse la existencia de un trastorno mental en el momento de ocurrir los hechos ni elementos que permitan su apreciación ni como eximente completa ni como incompleta.

«En el caso, todos los datos disponibles conducen a afirmar que el recurrente mantenía el control de su voluntad y que sus facultades no estaban alteradas de forma relevante para disminuir su capacidad de culpabilidad», señalan los magistrados del Supremo.

Esta última sentencia considera que «la forma de preparación de sus actos, poniéndose previamente unos guantes de látex y utilizando un cuchillo adecuado» o «la forma del ataque a su familia adoptiva, aprovechando que su padre dormía» son hechos que desmontan el recurso del condenado.

En esa misma dirección citan los magistrados del Supremo «los lugares del cuerpo donde dirigió todos los golpes; la existencia de recuerdos coherentes de lo sucedido; la llamada al 112 comunicando que un ladrón había entrado en la casa y había causado las muertes; y el estado que presentaba poco después de los hechos, pues la médico-forense señaló que llegó al lugar aproximadamente una hora y media después del despliegue del operativo y encontró al acusado tranquilo, orientado y consciente».

Todo ello, añaden, «coincide con la apreciación de los agentes policiales que se entrevistaron con él y acordaron su traslado a dependencias policiales».

El PP pedirá explicaciones en el Congreso sobre el viaje que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha realizado esta semana a Estados Unidos con el objetivo de saber «su coste económico» y «qué ganan los españoles» con esta gira en la que no ha mantenido ningún contacto político con la Administración de Joe Biden.

Así lo ha adelantado la portavoz de Asuntos Exteriores del PP en el Congreso, Valentina Martínez, quien considera que este viaje es «un paso más en la estrategia de bochorno» a la que Sánchez y su Gobierno someten a España en política exterior, después del paseo de «29 segundos» con Biden en el marco de la cumbre de OTAN.

Ante la agenda de reuniones del presidente, la diputada gallega ha afirmado que parece la gira de «un lobbista o del presidente de una confederación de empresarios». «En cualquier caso no es la agenda propia de un presidente de Gobierno de la cuarta economía del euro», ha enfatizado.

En este sentido, ha subrayado que hay asuntos que afectan a empresas españolas que deberían ser tratados «a nivel político» con la administración Biden. A su entender, la ausencia de agenda política en Washington y el hecho de que Sánchez haya sido «incapaz de cerrar una agenda propia de presidente de Gobierno» visualiza «la altura a la que está colocando la política exterior española».

«Ha ido a buscar inversiones. ¿Alguien sabe el fruto que han dado cada una de esas conversaciones?», se ha preguntado Martínez, para anunciar que el Grupo Popular emplazará al Gobierno a rendir cuentas en el Parlamento de este viaje.

En concreto, ha indicado que el PP pedirá explicaciones sobre «el coste económico» y preguntará además «qué es lo que ganan los españoles» con esta gira. «Queremos saber cuánto le ha costado a los españoles este viaje. Tenemos derecho a saberlo y qué es lo que vamos a recibir a cambio», ha aseverado.

LAS DUDAS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN DE EEUU

La dirigente del PP ha señalado que cuando viajas para cerrar inversiones hay que «cerrarlas de verdad» pero no puede ser que el presidente vaya a Estados Unidos «como un visitador médico, para ver si hay alguien interesado». «Parece un viaje excusa», ha proclamado.

Tras la reunión de Sánchez con fondos de inversión de Estados Unidos, ha subrayado que aquellos con los que se sentó «no se creen lo que el Gobierno cuenta» y «por eso tienen dudas sobre la reforma laboral y la Ley de Vivienda.

«Es lógico que las tengan porque en un mundo globalizado todo el mundo sabe lo que hace, a pesar de que Sánchez mienta, contando una cosa en Madrid y otra en EEUU. Tiene versiones en distintas lenguas», ha exclamado.

«LA OPOSICIÓN EN ESPAÑA NO GRITA»

La también secretaria de Internacional del PP ha criticado que Sánchez acuse al PP «chillar» en sus declaraciones desde Estados Unidos, algo que, a su entender, «perjudica» la imagen de España en el exterior. «La oposición en España no grita sino que pide que se le trate al nivel que España y los españoles merecen ser tratados».

Es más, ha recalcado que Sánchez «confunde» lo que son gritos con la petición de explicaciones y la exigencia de que el Gobierno «deje de mentir». «No es un grito, es un clamor de los españoles para que el Gobierno cuente la verdad de las cosas que hace como, por ejemplo, por qué no se atreven a decir que Cuba es una dictadura», ha concluido.

El Papa Francisco «se está recuperando de la reciente intervención» y, finalmente, no participará en la misa de este domingo 25 de julio cuando la Iglesia católica celebra la primera Jornada dedicada a los abuelos, según han confirmado fuentes de la oficina de prensa de la Santa Sede.

«Claramente se está recuperando de la reciente intervención. Pura rutina post operatoria», han referido estas mismas fuentes.

Francisco fue operado de un problema en el colon debido a una diverticulitis grave. Estuvo hospitalizado durante diez días en el hospital Policlínico Gemelli de Roma y le dieron el alta el pasado 14 de julio.

Su agenda preveía la celebración de una eucaristía en la basílica de San Pedro, pero sus médicos han decidido que era mejor dispensarlo de este empeño para su correcta recuperación.

La intervención quirúrgica estaba programada desde hacía tiempo, según confirmó el Vaticano, y coincidió con el mes en el que el Papa suele reducir su agenda de citas públicas.

Por ejemplo, Francisco ha suspendido las audiencias de los miércoles y tampoco recibe a jefes de Estado o de Gobierno en el Vaticano o a grupos eclesiales o sociales, si bien continuará con ciertas actividades laborales como la lectura y la revisión de textos con un ritmo más pausado como ha hecho todos los veranos anteriores.

Desde que fue elegido pontífice, Francisco ha renunciado a pasar los meses de julio y agosto en la imponente villa pontificia de Castel Gandolfo, un palacio fortificado del siglo XVII, a orillas del Lago Albano. Permanecerá todo el verano en la habitación 201 del segundo piso de Casa Santa Marta, donde reside habitualmente.

A sus 84 años, Jorge Mario Bergoglio conserva algunas de las costumbres de cuando era cardenal en Buenos Aires y no hará las maletas para irse a descansar –como sí hacían sus predecesores– sino que sólo reducirá la carga de su agenda.

De hecho, el complejo estival pontificio (situado a unos 40 kilómetros de la capital italiana) fue transformado en un museo para los turistas, aunque sólo están abiertas al público unas cuantas salas que albergan vitrinas con los ornamentos litúrgicos pertenecientes a anteriores pontífices, así como sus retratos.

La asociación EZAE, que engloba a las salas de cine privadas y de gestión privada de Euskadi, ha mostrado indignación con las nuevas restricciones impuestas por el LABI que, según advierten «abocan al cierre a muchas salas». EZAE considera así «incomprensible» reducir el aforo de las salas al 35%, un porcentaje que no han tenido en ningún momento de la pandemia, y más aún cuando no se ha producido ningún brote en sus instalaciones desde el comienzo de la crisis sanitaria.

El Consejo Asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI), presidido por el Lehendakari, reunido ayer jueves, estableció nuevas restricciones para la Comunidad Autónoma Vasca, entre ellas, la obligatoriedad del uso de la mascarilla en entornos urbanos transitados, el cierre de todas las actividades, entre ellas la hostelería, a la una de la madrugada, así como la reducción de los aforos.

Las salas consideran inviable mantener su actividad con las nuevas restricciones y, además, temen que con unos aforos tan reducidos tengan dificultades para acceder a películas de estreno. De hecho, algunos cines socios de EZAE han decidido ya cerrar sus salas a partir de lunes, han anunciado.

En un comunicado, la Asociación de salas de cine de Euskadi ha destacado que durante las últimas semanas la mayor parte de las salas habían realizado «importantes esfuerzos» para recuperar sus horarios habituales, con los cines abiertos los siete días de la semana y sacando del ERTE a sus plantillas.

«Sin embargo, las nuevas restricciones van a hacer imposible sostener estos avances, con lo que se avecinan nuevos ERTE, cierres de cine y restricciones de horarios», han añadido.

Los socios de EZAE han reclamado así al Gobierno Vasco que rectifique y permita a las salas seguir en las mismas condiciones que hasta ahora, con un aforo del 60%, ya que «no se ha demostrado que en las salas de cine se haya producido ningún foco de contagio». «Hay que recordar que el uso de la mascarilla es obligatorio en estos espacios, y que se aplica estrictamente el distanciamiento social y el lavado de manos», han añadido.

Asimismo, han advertido que en 2020 las salas vascas acumularon unas pérdidas en su cuenta de resultados de 10 millones de euros con respecto al mismo periodo de 2019. De hecho, el número de espectadores que fue al cine en Euskadi en 2020 se redujo en más de un 65% respecto a 2019.

«Ante una situación tan crítica, las ayudas institucionales recibidas han sido claramente insuficientes», han incidido, para añadir que todos los esfuerzos realizados por los cines en los últimos meses estaban teniendo como objetivo ir recortando esas pérdidas, «y los datos más recientes eran esperanzadores».

Tras señalar que en los últimos meses habían llegado estrenos atractivos y el público estaba respondiendo, han lamentado que, con las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno Vasco, «se destruye todo lo conseguido durante los últimos meses a base de mucho esfuerzo y se coloca a las salas de Euskadi en el escenario más restrictivo y duro de toda la pandemia, sin causa que lo justifique».

WWF ha lamentado este viernes la «oportunidad perdida» de proteger la Gran Barrera de Coral tras la decisión adoptada por el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO de apoyar la enmienda de Australia para no incluir a este enclave en la lista de Patrimonio Mundial ‘en peligro’. Además, ha calificado de «injustificable» que España haya votado en el mismo sentido que países negacionistas del cambio climático como Hungría o con intereses en el petróleo como Barhéin.

En declaraciones, el responsable de la campaña de Océanos de WWF, José Luis García Vara, lamenta la decisión del Comité y la posición de España, que ha querido valorar el esfuerzo realizado por Australia para proteger la Gran Barrera de Coral a pesar de que ha reconocido la situación de deterioro en la que se encuentra el enclave.

Así, explica que España «ha estado de acuerdo en dar más tiempo al Gobierno australiano» para seguir implantando el programa ‘Gran Reef 2050’, al contrario que otros países como Noruega, que ha expresado que la decisión «no se puede dilatar».

«Es una oportunidad perdida para llamar la atención sobre el estado de deterioro de los últimos años de la gran barrera de coral, que en el último lustro ha sufrido tres episodios de blanqueamiento grave», asegura García Vara.

Por eso, considera que Australia tiene que hacer «mucho más» y ser «más eficaz» en su protección y ha mostrado su sorpresa por que Espñaa apoyara la posición australiana junto a países como Arabia Saudí, Barhéin o Hungría.

A su juicio, España «tiene que liderar el proceso de lucha contra el cambio climático y esto debe ser como un acicate a seguir trabajando nacional e internacionalmente contra el cambio climático».

Respecto a la Gran Barrera ha recordado que aunque su gestión y responsabilidad última dependa de Australia, es Patrimonio Mundial de la Humanidad, de modo que es de importancia «para todos» que no se encuentre en esta situación.

Por ello, ha lamentado la postura española y más aún después de que la semana pasada WWF enviara una carta a los Ministerios de Exteriores y de Transición Ecológica para ponerles atención sobre la trascendencia de la decisión que, en última instancia, «recaía en Exteriores».

De ese modo, lamenta el retraso porque el momento de actuar contra las amenazas a las que está sometida «es ahora».

Por su parte, el secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, ha calificado de «injustificable» la decisión con la que «la diplomacia española se ha lucido» en la UNESCO porque el voto contrario español supondrá un retraso en las medidas para salvar la Gran Barrera de Coral.

Asimismo, el científico y director general de Climate Analytics, Bill Hare, ha calificado de «chocante» que un país «sofisticado como España, un líder climático emergente, se haya dejado manipular por la campaña de Australia».

Pero avisa al Gobierno australiano de que «tarde o temprano» esto se volverá en contra del Ejecutivo de Morrison. «Es una victoria pírrica y a medida que los países se den cuenta de cómo fueron manipulados y que el caso de Australia se construyó sobre nada más que falsas capturas y medias verdades, en febrero del próximo año (la fecha límite acordada para un proceso de evaluación) el Gobierno estará en la misma posición de defender lo indefendible».

El Pleno del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ha aprobado por unanimidad las conclusiones del estudio sobre el pluralismo político en las televisiones autonómicas púbicas andaluzas, que determinan que éstas cumplieron con el principio de reflejar las diferentes corrientes políticas en un año 2020 donde la información de servicio público ofrecida por los gobiernos sobre la pandemia de Covid-19 ha tenido un claro reflejo en el informe y hace inviable la comparación con análisis precedentes.

El CAA ha catalogado para el estudio la programación emitida, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2020, por Canal Sur TV, Andalucía TV, La 1 Andalucía de TVE y las desconexiones provinciales de la RTVA.

Según indica el CAA en un comunicado, el coronavirus ha modificado sustancialmente los contenidos ofrecidos por todos los prestadores durante el pasado año. No obstante, y si bien la oposición alcanza globalmente unos niveles aceptables de apariciones, el Consejo ha detectado una presencia desequilibrada en relación con su representación parlamentaria de VOX en Canal Sur TV, cuyo tiempo de palabra supone el 31,6% de la oposición cuando su peso en el Parlamento Andaluz es del 19,4%, y del PSOE en La 1 Andalucía de TVE, con un porcentaje de intervención del 70,8% y una proporción en la composición de la oposición parlamentaria del 53,2%.

Por este motivo, el pleno del Consejo Audiovisual de Andalucía ha decidido instar a los prestadores autonómicos públicos a que extremen las medidas para lograr una presencia de los grupos políticos de la oposición más equilibrada con su representación parlamentaria. Se recuerda, asimismo, que las cadenas tienen la obligación de respetar el derecho de la ciudadanía a recibir una información políticamente plural, en cumplimiento de la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía, la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA) y la Ley Audiovisual de Andalucía (LAA).

Respecto a Canal Sur TV, el informe revela que el Gobierno andaluz de coalición (PP-Cs) obtuvo sumando tanto los roles de partido como institucionales un 44,5% (31,4% en 2019) del tiempo de palabra de los informativos, más un 7,5% (13,8% en 2019) de los restantes políticos del PP y un 4,6% (9,1% en 2019) de los demás políticos de Ciudadanos.

Por su parte, el PSOE tuvo un 4,6% (31,9% en 2019), Vox un 3,7% (2,6% en 2019) y Adelante Andalucía un 1,6% (3,5% en el informe anterior). Otras formaciones de ámbito nacional, que no forman parte como tales del Parlamento andaluz, ocuparon un 35,6%, entre las que destaca el 27,4% del Gobierno español de coalición PSOE-UP.

POLÍTICOS CON MÁS TIEMPO DE PALABRA EN CANAL SUR

El CAA ha apuntado que los actores con más tiempo de palabra en Canal Sur TV, teniendo en cuenta la suma de las intervenciones con rol institucional como de partido, fueron: Juan Manuel Moreno Bonilla (Gobierno de Andalucía-PP, 18%, 10% en 2019), Pedro Sánchez (Gobierno de España-PSOE, 14%, 5% en 2019), Elías Bendodo (Gobierno de Andalucía-PP, 8%, 3% el año anterior), Juan Marín (Gob. de Andalucía-Ciudadanos, 7%, 5% en 2019) y Jesús Aguirre (Gobierno de Andalucía, 5% 3% en 2019).

El estudio analiza también las desconexiones provinciales de Canal Sur TV, con los siguientes resultados como promedio: Gobierno andaluz PP-Ciudadanos, 34% (del 25% de Sevilla al 42% de Cádiz); PSOE, 24% (del 15% de Málaga al 51% de Sevilla); PP, 22% (del 7% de Jaén al 37% de Almería); Ciudadanos, 6% (del 1% de Cádiz al 13% de Granada); Gobierno nacional PSOE-UP, 5% (del 1,5% de Granada al 11,5% de Jaén). Los datos muestran así una gran variabilidad entre provincias, no habiendo una pauta común de reparto de los tiempos de los actores políticos.

Los políticos con mayor presencia en cada provincia, teniendo en cuenta tanto su rol institucional como de partido, son Carmen Crespo en Almería (Gobierno de Andalucía PP-Cs, 8,2%), Ana María Mestre (Gobierno de Andalucía, 22%) en Cádiz, José María Bellido (Ayuntamiento PP, 11,8%) en Córdoba, Luis Salvador (Ayuntamiento Cs, 8,7%) en Granada, Rocío Ruiz Domínguez (Gobierno de Andalucía, 8,7%) en Huelva, Francisco Reyes (Diputación PSOE, 9,5%) en Jaén, Patricia Navarro (Gobierno de Andalucía, 9,3%) en Málaga y Juan Espadas (Ayuntamiento PSOE, 17,8%) en Sevilla.

En cuanto a los informativos del segundo canal de la RTVA, Andalucía TV, el Gobierno de coalición PP-Ciudadanos de la Junta obtuvo, sumando tanto los roles de partido como los institucionales, un 37,2% (29,6% en 2019), más el 11,5% (15,8% en 2019) del PP y el 4,8% (7,6% anteriormente) de Ciudadanos. Por su parte, el PSOE contó con un 10,7% (32,6% en 2019), Vox un 4,3% (3,3% en 2019) y Adelante Andalucía un 2,9% (3,4% en 2019). Las formaciones que no están representadas como tales en el Parlamento de Andalucía se reparten el restante 28,6%, destacando el Gobierno de coalición nacional PSOE-UP con un 23,7%.

Los actores con más tiempo de palabra en Andalucía TV fueron: Juan Manuel Moreno Bonilla (Gobierno de Andalucía-PP, 17%, 9% en 2019), Elías Bendodo (Gobierno de Andalucía, 6%, 3% anteriormente), Juan Marín (Gobierno de Andalucía-Ciudadanos, 5%, 3% en 2019), Salvador Illa Roca (Gobierno de España, 4%, irrelevante en 2019), y Fernando Grande-Marlaska Gómez (Gob. de España, 5%, menos de 1% en 2019).

LA 1 DE TVE EN ANDALUCÍA

En los informativos de la desconexión territorial de La 1 de TVE en Andalucía, los datos, según el CAA, revelan un crecimiento de la presencia del Gobierno andaluz en el año de la pandemia, con un lógico ascenso del protagonismo del consejero de Salud, Jesús Aguirre. De esta forma, el Gobierno de coalición de la Junta dispuso de un 41,2% (27,6% en 2019) del tiempo de palabra, más el 8,5% (14,1% en 2019) de los restantes políticos del PP y el 3,1% (6,4% en 2019) de los de Ciudadanos.

Por su parte, el PSOE contó con un 22,2% (35,9% el año anterior), Adelante Andalucía un 6,9% (medio punto más que en 2019) y Vox un 2,3% (4,3% en 2019). Los representantes de formaciones que, como tales, no forman parte del Parlamento andaluz obtuvieron el restante 15,9%, destacando el 9,8% que ostenta la coalición gobernante nacional, PSOE-Unidas Podemos.

En líneas generales, los datos de este ‘Estudio sobre el pluralismo político en las televisiones autonómicas públicas de Andalucía’ muestran la gran preponderancia adquirida por los representantes gubernamentales durante la pandemia, con tiempos de palabra mucho más amplios en el papel institucional que de partido.

ROLES NO POLÍTICOS

El 46% de las voces que aparecieron en los informativos de Canal Sur TV correspondieron a roles no políticos, cuando el año anterior fue un 71%, lo que supone 25 puntos menos. Las personas con más tiempo de palabra fueron así los representantes del Gobierno de Andalucía (24%, 9% en 2019), Gobierno de España (15%, 4% anteriormente), actores ocasionales (9%, 19% en 2019), actoresdeportivos (8%, 11% anteriormente), partidos políticos (7%, 9% en el informe anterior) y personas expertas (7%, sin cambios), destacando claramente el fuerte ascenso de los ejecutivos autonómico y nacional y el descenso paralelo de los actores ocasionales, todo debido a la abundante información institucional debido a la pandemia.

Por su parte, los roles no políticos en los informativos autonómicos de Andalucía TV acapararon un 59% (67% en 2019) del tiempo de las intervenciones, los institucionales un 29% (19% anteriormente) y los de partido un 12% (14% en 2019).

En La 1 Andalucía de TVE, los roles no políticos alcanzaron un 67% (62% anteriormente), los roles políticos de partido un 13% (21% en 2019) y roles políticos institucionales un 20% (17% en 2019) y en las desconexiones provinciales de Canal Sur TV, los roles no políticos concentraron un 70% (67% anteriormente), los roles institucionales un 24% (21% previamente) y los roles de partido un 6% (12% en el informe anterior).

La Fiscalía ha rebajado las penas para el conocido como el ‘clan de los bigotes’, dedicado a la venta de drogas en la Cañada Real, tras llegar a un acuerdo con la acusación después de que reconocieran los hechos.

Tras este pacto de conformidad, será la Audiencia Provincial de Madrid quien decidirá sobre las condenas a los integrantes del clan, muchos de ellos involucrados en varias operaciones contra el tráfico de drogas en 2015 y 2017.

En virtud del acuerdo, el Ministerio Fiscal ha rebajado la petición de penas para los acusados, que sumaban un cómputo total de casi 250 años, además de multa económica por unos 6 millones de euros. Tras el acuerdo de conformidad, la petición de penas se rebaja hasta más de 53 años.

En concreto, para los 22 acusados por el delito contra la salud pública, para los que se pedía seis años de prisión, se ha fijado en el acuerdo una pena de un año y seis meses. En el caso de otros cuatro imputados por este mismo delito la rebaja es de cuatro años y seis meses de prisión al año y seis meses.

Además, para los siete acusados por pertenencia a grupo criminal, con peticiones iniciales de pena de dos años de prisión, queda rebajada a tres meses y diez días para cada uno de ellos. En el caso de otros 15 arrestados para los que se pedía seis meses de prisión, la petición se rebaja a tres meses, la misma petición que se pide en otros cinco casos que se enfrentaban a un año de prisión.

En el caso del delito de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico, la petición de penas para los siete acusados baja de seis años a un año, siete meses y 16 días.

En este caso, además, se enfrentaban a multas por valor de casi cinco millones de euros, que ahora se ven rebajadas a 2,8 millones de euros. En base a este acuerdo, los acusados responderán con inmuebles, coches y cuentas embargadas.

Los dos investigados por un delito de tenencia de armas prohibidas han visto rebajadas sus penas de dos años de prisión a seis meses, mientras que se retira la acusación por el supuesto de delito contra la salud pública de sustancia que no causa grave daño a la salud.

En los últimos años han sido muchas los dispositivos y operación policiales contra las tramas y clanes de venta y transporte de droga en la Cañada Real Galiana, varias de ellas contra este importante clan de la distribución de drogas.

Así, en 2017 fueron arrestadas 29 personas y localizadas seis parcelas donde se distribuía el estupefaciente, todas ellas en la antigua vía pecuaria.

Eran viviendas ‘bunkerizadas’ para eludir la acción policial y contaban con un recinto donde se distribuía el estupefaciente a través de un ventanuco que daba a una estancia donde los toxicómanos esperaban su turno para adquirir la droga. Las seis parcelas fueron derruidas tras los registros.

Además, los agentes se intervinieron un total de siete pistolas, 356 cartuchos, unos 50.000 euros en efectivo, 302 gramos de cocaína, 60 gramos de heroína, 780 gramos de hachís y una plantación de marihuana con 229 plantas.

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha firmado un acuerdo de colaboración con la Fundación Secretariado Gitano (FSG), a través de su sede andaluza, para desarrollar de manera conjunta programas sociales mediante actividades culturales y formativas surgidas del voluntariado de manera altruista y solidaria.

El director territorial de la Fundación Secretariado Gitano, Juan Manuel Reyes, y la directora de la SGAE en Andalucía, Verónica Repiso, han rubricado el convenio en la sede de la entidad en Sevilla. Además, al acto han asistido la coordinadora de la FSG en Sevilla, Antonia Sánchez, y la trabajadora social de SGAE Andalucía, Patricia Vázquez.

Según informan ambas asociaciones, en el marco de este acuerdo, la SGAE aportará de «manera altruista» profesionales de la música, las artes escénicas o el audiovisual que potenciarán la promoción social, educativa y laboral de la comunidad gitana añadiendo que los creadores intervendrán en talleres, encuentros musicales, actividades culturales y cursos, sin recibir remuneración a cambio por parte de la entidad colaboradora.

Asimismo, el convenio contempla ceder el uso puntual de espacios culturales gestionados por la SGAE para la realización de conciertos y otros eventos relacionados y difundir el resultado de los proyectos desarrollados por la FSG.

En este sentido, la SGAE incluirá el acuerdo dentro de su red de colaboraciones e intervenciones solidarias, mientras que la Fundación Secretariado Gitano se asegurará llevar a cabo su misión originaria de promover el cambio social para «permitir el acceso de las personas gitanas a los derechos, servicios, bienes y recursos sociales en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía».

Las entidades destacan que el programa de colaboración se estrenó meses atrás debido a un taller de iniciación a la guitarra flamenca, impartido vía online debido a la crisis sanitaria, para los usuarios del ciclo educativo ‘Promociona’ de la FSG, y ambas añaden que lanzarán otros programas de actuación encaminados a complementar la formación cultural y social de los jóvenes gitanos para mejorar sus capacidades.

La directora de la SGAE en Andalucía, Verónica Repiso, ha valorado este acuerdo destacando la implicación de la comunidad autoral como portavoz de las iniciativas más solidarias. «Este apoyo a la Fundación Secretariado Gitano hace visible el compromiso de los creadores andaluces y aúna los objetivos principales de la entidad: sirve de difusión de la obra de estos profesionales, y defiende el trabajo de autoras y autores que tienen clara su entrega al devolver en forma de actividad cultural mucho de lo que reciben de la sociedad», ha indicado Repiso.

La formación humana no es solo académica y reglada, la cultura y las artes aportan al ser humano una dimensión esencial para situarse en la vida. Estamos en una sociedad donde se forma en el determinismo, la ciencia y la razón, pero es fundamental incorporar las artes en la vida de las personas, nos hacen disfrutar de una vida más plena», ha añadido el director territorial de la Fundación Secretariado Gitano.

La Audiencia Nacional ha absuelto a los dos mossos que acompañaban al ex presidente catalán Carles Puigdemont cuando fue detenido en Alemania en 2018, al considerar que los hechos no son constitutivos de un delito de encubrimiento, aunque sí establece que ayudaron al líder independentista siendo «plenamente conscientes» de que contra él pesaba una euroorden.

De esta forma, el titular del Juzgado Central de lo Penal, José Manuel Fernández-Prieto, libra a los dos mossos Carlos de Pedro y Xavier Goicoechea del año y medio de cárcel que el fiscal interesó para cada uno de ellos por un delito de encubrimiento, la mitad de lo que requirió en su acusación inicial.

La sentencia, de 22 páginas, da por probado que el 19 de marzo de ese año los dos mossos, «de mutuo acuerdo», aprovecharon unos días de libranza para viajar a la localidad belga de Waterloo, donde Puigdemont fijó su residencia europea tras huir de España. Según declaró De Pedro en el juicio, estuvieron «ayudando al día de la casa». «Desde montar muebles, ordenar cosas, limpiar o ir a la compra, poca cosa más», remachó Goicoechea.

Conforme al relato de la resolución judicial, el 23 de marzo «una persona no identificada» les pidió que fueran a buscarlo a Estocolmo, donde se encontraba en ese momento, para regresar a Bélgica, donde –según expusieron ambos acusados– se les había dicho que Puigdemont se entregaría a los fiscales belgas en cumplimiento de la euroorden reactivada ese mismo día por el Tribunal Supremo.

Y así lo hicieron, prosigue el fallo, pero fueron interceptados por la Policía alemana en una vía de servicio de Jagel, cerca de la frontera con Dinamarca. Puigdemont fue arrestado debido a la orden europea y los demás ocupantes del coche en el que viajaban todos –los mossos y otras dos personas– quedaron libres pudiendo continuar la ruta. De Pedro y Goicoechea fueron detenidos posteriormente a su regreso a España.

«PLENAMENTE CONSCIENTES»

Con todo, Fernández-Prieto afirma que los mossos ayudaron al ex president siendo «conscientes» de que contra él pesaba una euroorden por hechos constitutivos de un delito de rebelión. «La intención de los acusados era ayudar a Carles Puigdemont a que regresara a Bélgica y evitar su identificación en algún lugar donde pudieran ejecutar la orden europea», sostiene.

Para el juzgador, «resulta del todo inviable e increíble que los dos acusados, miembros del Cuerpo de Policía de los Mossos D’Esquadra, pudieran desconocer los sucesos acaecidos en Cataluña en aquellas fechas y que quien era por entonces presidente de la Generalidad (…) había abandonado con carácter permanente el territorio español sustrayéndose así a la acción de la Justicia española» y dando lugar a la euroorden.

«Por lo que necesariamente ha de inferirse, con arreglo a las normas de la lógica, que al desplazarse a Waterloo para unirse al fugado eran plenamente conscientes que con su apoyo le prestaban, ya adecentando la casa de Waterloo, ya en el anómalo e incómodo viaje por todo Europa (…), y que con él favorecían la permanencia del fugado fuera del territorio de soberanía española» y «dificultaban en grado sumo» que fuera detenido, indica el magistrado.

PERO NO HAY ENCUBRIMIENTO

El juez entiende que «estos hechos sin duda podrían encuadrarse ‘a priori’ en la acción descrita en el artículo 451.3.a del Código Penal», que recoge el delito de encubrimiento, si bien a través de un análisis de los requisitos que exige este delito para poder aplicarse descarta que pueda hacerse en este caso concreto.

Fernández-Prieto explica que se requiere que el hecho encubierto sea constitutivo de una serie de delitos, entre los que se encuentra la rebelión, pero no la sedición. A este respecto, recuerda que, aunque los juzgados por el ‘procés’ fueron acusados de rebelión, finalmente se les condenó por sedición.

Esta calificación tiene «una trascendencia indudable» en la presente causa, dado que «resulta más que improbable que los mismos hechos cometidos por una pluralidad de personas se califiquen como de sedición para unos autores y de rebelión para otros», razona el juez.

Añade además que el segundo requisito que permitiría apreciar encubrimiento supone que sus responsables hayan actuado con «abuso de funciones públicas», algo que desecha igualmente, puesto que De Pedro y Goicoechea estaban disfrutando de unos días de «fiesta» que les correspondían para emprender su periplo europeo.