Misiones Salesianas ha lanzado la campaña 'Inocencia entre rejas' para denunciar la situación de vulnerabilidad en la que viven más de 1,2 millones de menores privados de libertad en el mundo.

Durante la presentación de la campaña este miércoles, la organización ha puesto el ejemplo de Chennor, que vivió en la calle desde los 6 años y ha estado tres veces en la cárcel, cumpliendo casi cinco años de condena.

En la cárcel, sufrió abusos sexuales. "La primera vez me echaron algo en la comida y me dejaron sin fuerzas, era consciente de todo, pero no podía defenderme", asegura. La segunda, sin embargo, los abusos fueron consentidos. "Tenía tanta hambre que los acepté a cambio de comida", reconoce.

Cuando salió de la cárcel enfermó y acudió a los salesianos. "Me atendieron, me cuidaron, aprendí un oficio. El primer sueldo que gané se lo di al padre Jorge para que ayudara a otros chicos como yo y, desde entonces, estoy con Don Bosco para lo que necesiten y voy a la cárcel para ayudar a los menores inocentes", ha explicado.

Como Chennor, más de 1,2 millones de niños, niñas y jóvenes en todo el mundo se encuentran privados de libertad en comisarías, prisiones o centros de reclusión para menores, según Naciones Unidas. La mayoría no tiene antecedentes y se encuentra entre rejas por deambular por la calle por la noche sin rumbo fijo, según apuntan los misioneros.

Para reflejar cómo es la vida de un niño en la cárcel, Misiones Salesianas lanzará este jueves a las 19:30 horas en su canal de YouTube el documental 'Libertad', dirigido por Raúl de la Fuente.

"En Pademba hay hambre, hay sed, hay mal olor, hay maltrato y hay niños", ha contado el misionero salesiano Jorge Crisafulli que entra todas las semanas en esta prisión para apoyar a los internos, sobre todo, a los menores.

Los misioneros salesianos llevan años entrando en las cárceles de países como Angola, Benín, Brasil, México, Filipinas, Mozambique, El Salvador y Tailandia para atender a los internos, ofrecerles apoyo y formación, con especial interés por los jóvenes y los menores.

Los productores quedarán obligados a cobrar a los consumidores un importe por cada envase que compre y éste depósito podrá ser recuperado posteriormente al devolver el recipiente en un punto de venta que, a su vez, deberá recoger el envase y a abonar el importe previamente depositado por el consumidor, sea su cliente o no.

Así lo proponen Unidas Podemos y PSOE en las enmiendas al presentadas proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que se tramita en el Congreso.

De acuerdo con estas enmiendas, los grupos que apoyan el Gobierno de coalición añaden a la propuesta legislativa una disposición para "aclarar" las normas básicas de funcionamiento del Sistema de Depósito de Devolución y Retorno (SDDR) cuya posibilidad ya recogía el texto normativo en su artículo 37, que prevé la posibilidad de implantar esta vía para los envases de un solo uso, como por ejemplo las latas o las botellas de plástico.

En concreto, la enmienda indica que los productores estarán "obligados" a cobrar a sus clientes, hasta el consumidor final una "cantidad individualizada por cada envase que sea objeto de transacción, independientemente de la modalidad de venta, lo que incluirá la venta a distancia y mediante máquinas expendedoras".

Posteriormente, da el derecho a los consumidores a recuperar su depósito una vez retornen el envase en los puntos de venta u otros puntos que puedan establecerse para su devolución.

Así, cuando se devuelva en el punto de venta, los comerciantes están obligados a la devolución del depósito y a la aceptación de los envases. La propuesta establece que reglamentariamente se podrá limitar la obligación de aceptar envases al tamaño y material que comercialicen.

En cuanto a los establecimientos que vendan a los consumidores finales, se impone la obligación de "informar a los consumidores de forma clara y visible, mediante avisos claramente reconocibles y legibles, sobre la cuantía del depósito, diferenciándolo del precio del producto, y sobre la modalidad de devolución y de recuperación del depósito".

En este contexto, para el diputado portavoz de Transición Ecológica de Unidas Podemos, Juan López de Uralde, mientras el modelo actual del sistema integrado de gestión (SIG), en el que los envasadores de los productos financian la recogida de los envases mediante convenios con los municipios, en el SDDR es el comprador quien paga una parte en concepto de depósito que recupera al devolver el envase.

"Se trata de poner en marcha este sistema de devolución, que es la versión moderna de la tradicional devolución de los cascos de botellas en las tiendas", asegura López de Uralde, convencido de que las enmiendas presentadas mejorarán la futura ley de residuos que tendrá "importantes implicaciones ambientales, económicas y sociales".

Por otro lado, PSOE y Unidas Podemos propone añadir al artículo 18 y a la disposición final tercera medidas para fomentar la venta a granel o el uso de dispositivos reutilizables con el objetivo de reducir la generación de envases de un solo uso.

Para ello, prevé un desarrollo reglamentario que pasa por que, "a más tardar" el 1 de enero de 2023 las tiendas minoristas de alimentación cuya superficie sea de más de 400 metros deberán destinar, "al menos el 20 por ciento" de su área de ventas a ofrecer productos sin embalaje primario, incluida la venta a granel o mediante en envases reutilizables.

Asimismo, "todos" los establecimientos de alimentación que vendan productos frescos y bebidas, así como alimentos cocinados, deberán aceptar el uso de recipientes reutilizables (bolsas, tápers, botellas, entre otros) adecuados para la naturaleza del producto y debidamente higienizados.

LLEVE SU PROPIO ENVASE

Sin embargo, de acuerdo con esta enmienda no recaerá en ellos la responsabilidad de su adecuado acondicionamiento sino los consumidores. De hecho, faculta a los comerciantes a rechazar los recipientes que lleven los clientes si estos están "manifiestamente sucios o no son adecuados". Para ello, el punto de venta deberá informar al consumidor final sobre las "condiciones de limpieza e idoneidad de los envases reutilizables".

LOS RESIDUOS ORGÁNICOS, EN BOLSAS COMPOSTABLES

Por otro lado, propone añadir al proyecto de ley la obligación de que los biorresiduos, como la basura orgánica o el aceite usado, sean recogidos de forma separada en origen sin mezclarlos con otros residuos antes del 1 de julio de 2022, con el fin de dar un periodo transitorio suficiente para que los afectados --administraciones y ciudadanos-- se adapten y puedan cumplir. En el proyecto de ley la fecha prevista era el 31 de diciembre de 2021, pero para entonces es muy poco probable que la ley esté ya en vigor.

Esa fecha, julio de 2022 es la nueva propuesta para la recogida separada de los residuos de demolición, ya que antes se preveía igualmente el 31 de diciembre próximo. Lo mismo ocurre con el amianto, cuyas fechas también se modifican en las enmiendas del gobierno de coalición, y que ahora pasan a un año a partir de la entrada en vigor de la ley como plazo para que los Ayuntamientos elaboren un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto y un calendario de retirada de esta sustancia perjudicial.

El proyecto de ley remitido al Congreso establecía que esto debía ocurrir "antes de 2023", pero ahora se amplía ese plazo en tanto en cuanto la norma ve la luz definitiva. No obstante, las instalaciones o emplazamientos de carácter público con mayor riesgo deberán estar gestionadas antes de 2028.

En este segmento de residuos, fija el porcentaje de impropios máximo permitido en un 20 por ciento desde 2022 y en un 15 por ciento a partir de 2027. De hecho, prevé que la superación de dichos porcentajes tendrá carácter de infracción administrativa y será sancionable por las comunidades autónomas, por lo que las entidades locales deberán establecer mecanismos de control, mediante caracterizaciones periódicas, y reducción de impropios para cada flujo de recogida separada.

PSOE y Unidas Podemos expresan que los biorresiduos representan un porcentaje "muy importante" del total de residuos generados, por lo que contribuyen de manera "decisiva" a cumplir con los objetivos de preparación para reutilización y reciclado establecidos a nivel europeo.

En esa línea sigue una enmienda más, que busca facilitar y mejorar los procesos de tratamiento biológico posterior, plantean que los biorresiduos se recojan de manera específica en bolsas compostables que cumplan con la normativa europea y otros estándares.

Finalmente, otra novedad que plantea el grupo confederal de Unidas Podemos y el PSOE afecta a las cápsulas de café monodosis, que se suman a los textiles, muebles, enseres y plásticos de uso agrario no envases para los que se tendrán que desarrollar regímenes de responsabilidad ampliada del productor. Esta incorporación se debe a que la "mayoría de las cápsulas de café monodosis no cumplen" con la definición jurídica de envases mientras que se registra un "consumo creciente" de este producto que no se recupera en las plantas de clasificación.

La candidatura española presentada por el Ministerio de Sanidad al Comité Permanente de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa ha sido designada favorablemente y el doctor Amós García Rojas representará a España durante los próximos 3 años como miembro del subcomité.

La designación ha salido adelante tras la votación que se ha producido este miércoles en el seno de la 71 sesión del Comité Regional de la OMS Europa que se viene celebrando desde inicios de esta semana.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunciaba la formalización de la candidatura española el pasado mes de durante su participación en la 74 Asamblea Mundial de la Salud; una apuesta que, tal y como adelantó entonces Darias, tiene como objetivo impulsar la participación activa del Gobierno de España en la gobernanza de la organización, así como en la promoción del multilateralismo frente a crisis sanitarias, como la provocada por la COVID-19.

Precisamente, durante su intervención del lunes, la ministra de Sanidad reiteró la necesidad de impulsar una Sanidad global fuerte que sirva para proteger a la ciudadanía del planeta de futuras amenazas para la salud.

Del mismo modo, Carolina Darias mostró la disposición del Gobierno español en la promoción del multilateralismo y la defensa de la Sanidad pública en Europa y todo el mundo, apoyando el liderazgo de la OMS en todos sus ámbitos, especialmente para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

AMÓS GARCÍA ROJAS

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, el doctor Amós García Rojas es un especialista en medicina preventiva y Salud Pública con la especialidad universitaria en vacunas. Actual presidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV), cuenta con un máster en Gestión hospitalaria y Gestión económica sanitaria, y cuenta con una alta cualificación técnica, y un amplio bagaje en el campo de la salud pública, la medicina preventiva, y las vacunas.

García Rojas es premio Profesor Rey Calero, de la Real Academia Nacional de Medicina, al mejor trabajo de sobre Vacunas 2005, y cuenta con más de 30 años de experiencia como profesional de salud pública, principalmente en las áreas de epidemiología y vacunas.

El Consejo Internacional de Coordinación del Programa Man and the Biosphere (MaB) de la Unesco ha aprobado la declaración de la candidatura de la Ribeira Sacra, Serras do Oribio y Courel como nueva Reserva de la Biosfera.

En una sesión celebrada este miércoles en la ciudad nigeriana de Abuja, ha tomado la palabra de forma telemática el secretario del Comité Español del Programa Hombre y Biosfera de la Unesco, Francisco José Cantos Mengs, quien ha agradecido a todos los miembros del consejo por haber aprobado esta nueva reserva.

Según ha señalado, con esta nueva declaración, España refuerza su compromiso con el programa MaB y con la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible. Además, ha precisado que España cuenta ya con 53 reservas de la biosfera, que ocupan el 12% del territorio y en las que viven casi dos millones de personas.

Tras la intervención del secretario del Comité Español del Programa Hombre y Biosfera de la Unesco, la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, que también ha comparecido de forma telemática, ha agradecido la labor de todas las instituciones y personas implicadas en la aprobación de esta declaración.

La integrante del Gobierno gallego ha señalado la importancia de esta decisión tanto para los 23 municipios incluidos en la misma --18 de la provincia de Lugo y cinco de la de Oruense, con una población total de 75.000 habitantes--, como para el conjunto de Galicia.

Así, ha recordado que con la incorporación de la séptima reserva de la biosfera, la superficie que cuenta en Galicia con este reconocimiento se incrementa hasta llegar a casi el 35% de todo el territorio, pero también supondrá que el 42% de la Comunidad quede amparado bajo alguna figura de protección, afianzando el reconocimiento y la riqueza del patrimonio natural gallego en todo el mundo.

De hecho, la Reserva de la Biosfera Ribeira Sacra y Serras do Oribio e Courel es la segunda más grande de la Comunidad, ya que abarca una superficie total de 306.534,77 hectáreas que se extiende por los cañones del Sil y por el Río Miño y destaca por su gran belleza natural y por la riqueza cultural y etnográfica que atesora.

De este modo, tras la proclamación este miércoles por parte de la Unesco, este territorio se integra oficialmente en la Red Mundial de Reservas de la Biosfera y se suma a los otros seis que contaban ya en Galicia con este reconocimiento: Terras do Miño; Área de Allariz; Os Ancares Lucenses y Montes de Cervantes, Navia y Becerreá; Río Eo, Oscos y Terras de Burón; Transfronteiriza Gerês-Xurés; y Mariñas Coruñesas-Terras do Mandeo.

Precisamente, la conselleira ha señalado también que, con base en la experiencia adquirida y teniendo en cuenta todas las acciones llevadas a cabo en las otras reservas de la biosfera gallegas, la Xunta lideró un plan de acción que tenía como ejes fundamentales la conservación de la biodiversidad, la restauración y mejora de los ecosistemas, el fomento del uso sostenible de los recursos naturales, la mitigación del cambio climático y la promoción de una sociedad sostenible y plenamente integrada con su entorno.

En la misma línea, ha señalado el carácter participativo del proyecto impulsado a finales del año 2017 para lograr la proclamación de la Reserva de la Biosfera Ribeira Sacra y Serras do Oribioe Courel, un "proyecto de país", ha dicho, que ahora toca poner en práctica y materializar.

Por último, ha resaltado la necesidad de seguir apostando por el mismo modelo participativo para poner en marcha, a futuro, un proyecto que armonice la conservación de este territorio con su imprescindible desarrollo sostenible, tanto desde el punto de vista económico como social.

CASI CUATRO AÑOS DE CANDIDATURA

En un comunicado remitido a los medios, la Consellería de Medio Ambiente ha recordado que la candidatura de este entorno culminó este miércoles un largo camino "impulsado y liderado desde el principio por la Xunta" y que se concretó a inicios del 2019 en una primera propuesta, elaborada con la colaboración del Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural (Ibader) de laUniversidade de Santiago de Compostela y de la Fundación Juana de Vega.

Tras un largo proceso de participación pública y una vez superado el trámite ante el Comité Español del Programa MaB, que en noviembre de 2020 avaló la candidatura por unanimidad y decidió seguir adelante con su tramitación, la propuesta para declarar reserva de la biosfera a la Ribeira Sacra llegó a manos del órgano consultivo internacional de laUnesco hace unos meses, que emitió un informe favorable en el que, además, felicitaba a los por el trabajo realizado y la "excelente" calidad del proyecto.

Casi cuatro años después de que la propuesta gallega echase a andar, la Xunta explica que la declaración oficial de esta nueva reserva de la biosfera por parte del Consejo Internacional de Coordinación del Programa MaB entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial do Estado, al tratarse de un instrumento internacional de protección.

El problema de la adicción al móvil e internet está experimentando un auge preocupante entre los adolescentes y con la pandemia del coronavirus este tipo de casos ha aumentado de forma exponencial, al igual que ha ocurrido con otros trastornos como la ansiedad o la depresión.

La psicóloga clínica del Instituto Brain 360, Cristina Giner, con sede en Barcelona, ha explicado que este centro está detectando casos de adicción a las nuevas tecnologías e Internet en adolescentes de edades cada vez más tempranas. "Si antes el adolescente tenía móvil a los 15 años, ahora lo tiene a los 11, con lo cual este tipo de trastornos se genera antes", ha precisado.

La doctora también ha reconocido la dificultad de identificar este tipo de adicciones. "Es difícil detectar cuándo el uso excesivo del móvil e internet se convierte en una patología, al fin y al cabo, todos somos usuarios", ha apuntado.

Según ha expuesto, "no depende solamente del número de horas que el adolescente está conectado a su dispositivo, sino del momento en que la tecnología empieza a interferir en su vida y hace que descuide sus obligaciones o muestre cambios de conducta, irritación, entre otros", ha informado en una nota de prensa el Instituto Brain 360.

Ha añadido que las nuevas tecnologías son capaces de lo mejor y de lo peor dependiendo del uso que se hace de ellas y están aportando ahora un abordaje innovador a esta entidad para este tipo de trastornos gracias a la estimulación cerebral no invasiva.

"Es una técnica que permite modular la excitabilidad cerebral y hace que determinadas regiones del cerebro que presentan un funcionamiento anómalo puedan normalizar su actividad" y, con esto "se obtiene una mejora de la sintomatología que, además, se mantiene en el tiempo", ha dicho el responsable de la Unidad de Neuroimagen y Neuromodulación del Instituto Brain 360, Diego Redolar, también profesor de Neuropsicología y codirector del grupo de investigación CNIT de la UOC.

PIONERO

El Instituto Brain 360 es pionero en España en el uso de la estimulación cerebral no invasiva, en combinación con otras disciplinas como la psiquiatría, la psicología y la misma neurociencia para los trastornos psiquiátricos y neurológicos.

El tratamiento está avalado por las principales agencias internacionales de medicamentos, como la FDA (US Food and Drug Administration) y la EMA (Agencia Europea del Medicamento) y avalado por las guías clínicas más reputadas --NICE, CANMAT, NIMH, entre otras--.

Dada la magnitud del problema que representa el abuso de las TIC en adolescentes, el centro ha puesto en marcha un programa para ayudar a las escuelas a abordar este y otros trastornos de la salud mental. Con él, se pretende fomentar un uso responsable de las TIC, identificar a jóvenes con problemas de adicción a estas nuevas tecnologías y tratarlos mediante estrategias terapéuticas personalizadas.

El programa, que incluye charlas informativas en colegios y soporte a los equipos de psicopedagogos, no se limita solamente a las adicciones a las TIC, sino que abarca también el tratamiento de otras patologías como el autismo, el síndrome de Asperger, la depresión, o los trastornos de Déficit de Atención.

USO COMPULSIVO

La encuesta realizada por el Plan Nacional sobre Drogas en población escolar de 14 a 18 años, ESTUDES 2016-2017, destaca la presencia de un uso compulsivo de Internet con puntuación superior a 28 en la Compulsive Internet Use Scale (CIUS), en el 21 por ciento de la población escolar encuestada. Este resultado supone el 4,6 por ciento más que la encuesta de 2014.

La psicóloga clínica del Instituto Brain 360, Cristina Giner, ha sostenido que el adolescente "es la población más vulnerable y hay que estar alerta". A su entender, "es importante que familias y docentes cuenten con pautas que les permitan reconocer este tipo de trastornos y actuar ante ellos".

También ha incidido en que las nuevas tecnologías "tienen su parte buena y mala" ya que, por un lado, permiten el acceso "a información inmediata, ocio, aprendizaje o relaciones sociales", pero, por otro, favorecen la aparición de dependencias a las redes o los videojuegos.

El empresario Pedro Romero, peluquero del expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro Eduardo Zaplana, se ha mostrado "indignado" porque le hayan situado en la trama del caso Erial y ha negado haber tenido negocios con el 'expresident', según se ha podido saber.

Romero ha acudido este miércoles a declarar ante el Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, encargado de investigar presuntas irregularidades con las ITV y el Plan Eólico en la época en la que la Generalitat Valenciana estaba presidida por Eduardo Zaplana.

Los investigadores consideran que Romero podría haber colaborado con los "propósitos delictivos" de Zaplana. En concreto, la UCO cree que el 'expresident' se habría valido de la empresa con la que estaba vinculado el peluquero con el objeto de posibilitar la disposición de fondos y bienes en su beneficio y como medio para ocultar la identidad del verdadero titular de los mismos.

Sin embargo, el empresario, durante su comparecencia en el juzgado, ha negado estos extremos. Ha indicado que desconocía los motivos por los que se había visto envuelto en este procedimiento y ha aseverado que no participó en ninguna trama delictiva.

Romero ha señalado que nunca ha firmado nada irregular y ha asegurado sentirse utilizado. Además, ha negado negocios con Zaplana, con quien sí ha admitido una relación profesional, aunque no personal. Al respecto, se le ha preguntado por el motivo por el que entonces lo invitó a la boda de su hija, y el investigado ha señalado que porque también iba el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, y para que no estuviera solo.

Junto a Romero también han acudido a declarar ante el juzgado otros investigados, entre ellos, el exconseller de Industria en el Gobierno de Eduardo Zaplana, Fernando Castelló, y uno de los presuntos testaferros del 'expresident' Joaquín Barceló, quienes se han acogido a su derecho a no prestar declaración.

A Castelló se le investiga por presuntamente recibir una comisión de algo más de 150.000 euros a cambio de adjudicaciones. La UCO considera que el exconseller tuvo un "papel activo" en 2002 en una supuesta trama liderada por Zaplana para obtener beneficios económicos de la concesión del Plan Eólico de la Comunitat a empresarios afines.

LA TRAMA

El caso Erial, en el que está imputado Eduardo Zaplana junto a otros, se abrió para investigar el supuesto cobro de 10,5 millones de euros en comisiones derivadas de las concesiones de ITV y parques e licos en la Comunitat Valenciana, lo que podría constituir delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.

Se trata de un procedimiento que saltó a la luz pública hace alrededor de tres años, cuando en mayo de 2018 se detuvo a Zaplana al considerar que había cobrado comisiones por la adjudicación del servicio de las ITV en la Comunitat, cuya privatización aprobó en 1997, y por el Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, en 2003. Aunque en ese momento ya no estaba en el Consell, se baraja que lo dejó todo hilado para las empresas finalmente adjudicatarias.

Y lo que pudo llevar a los agentes de la Guardia Civil a detener a quien fuera ministro con José María Aznar fueron unos papeles hallados por una persona en un lateral de una caja fuerte de un piso que había alquilado y que había sido propiedad de Zaplana. Por casualidad, el que los encontró había mantenido una relación con el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, autodenomiado 'Yonki del dinero', y se los enseñó.

Se inició entonces una investigación que culminó con varias detenciones y registros, además de con el hallazgo de las agendas personas de Zaplana, con múltiples anotaciones y citas. Tras ello, el exjefe del Consell pasó unos ocho meses en prisión acusado de cohecho, blanqueo, malversación y prevaricación, hasta que consiguió la libertad provisional.

El número de adultos condenados por sentencia firme en 2020 fue de 221.437 personas, lo que supone un descenso del 22,8 por ciento respecto a 2019. Además, según reflejan los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) los delitos más frecuentes en este grupo fueron los relacionados con la seguridad vial (22,7% del total), las lesiones (17,1%) y los hurtos (15,3%).

En la nota de prensa facilitada por el organismo público se destaca además que la mayor parte de los condenados en 2020 tenía nacionalidad española (74,9% frente al 75,0% del año anterior). Pero matiza que, atendiendo a la tasa de condenados por cada 1.000 habitantes, la de los condenados de nacionalidad extranjera (12,6) fue superior en 2,6 veces a la de los de nacionalidad española (4,8).

Por otro lado, el número de adultos condenados por delitos sexuales descendió en 2020 --año en el que irrumpió la pandemia y se produjo un confinamiento generalizado de la sociedad durante el primer estado de alarma-- un 12,3 por ciento (2.374 personas) respecto a 2019. Y que cuando más subieron en general los delitos, al menos respecto al año anterior fue en los meses de enero, febrero y julio.

Además, las estadísticas arrojan que el 80,5 por ciento de las personas condenadas en 2020 eran varones frente al 19,5 por ciento que eran mujeres. Por sexos, las condenas cayeron un 21,7% en hombres y un 27,1% en mujeres.

Estos datos arrojan que la tasa de personas condenadas por cada 1.000 habitantes de 18 y más años fue de 5,7, siendo en los hombres de 9,4 y en las mujeres de 2,1. En cuanto a la edad media de los condenados, se ubica en los 37,7 años, si bien el grupo más frecuente, analizando las tasas por 1.000 habitantes de las personas condenadas por sexo y edad, es el de 18 a 20 años tanto en el caso de los varones como en el de las mujeres.

PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD

En el Registro Central de Penados consta además que se impusieron 592.957 penas en sentencias firmes dictadas, un 22,9 por ciento menos que en 2019. El 48,1% de las penas, tanto principales como accesorias,fueron privativas de otros derechos mientras que el 32,6% fueron de multa y el 19,1% privativas de libertad.

Entre las penas privativas de otros derechos, la más frecuente fue la inhabilitación especial para empleo (15,1% del total). Y entre las privativas de libertad, la más común fue la de prisión (18,4%).

Destaca que por nacionalidad del infractor, las penas privativas de libertad fueron más frecuentes entre condenados extranjeros (20,3% del total, frente a 18,8% de los españoles). En particular, lapena de prisión supuso el 19,8% del total en los extranjeros y el 18,0% en los españoles.

Con todo, de las 109.344 penas de prisión que se impusieron, sólo el 6,7% fue de una duración de entre dos y cinco años y el 1,5% conuna duración de más de cinco años. Se refleja además que más de 30 por ciento de las penas recayeron sobre delitos relativos al patrimonio y orden socioeconómico, el 17,1 por ciento sobre delitos relativos a la seguridad colectiva y el 11,5 sobre delitos de lesiones.

TIPOLOGÍA DEL DELITO

El INE refleja que en 2020 se inscribieron 311.271 delitos cometidos (un 24,6% menos que en el año anterior), y atendiendo a su tipología, los que tuvieron mayor incidencia fueron los delitos contra la seguridad vial (22,7% del total), los de lesiones (17,1%) y los de hurtos (15,3%).

Después de estos tres, van muy por debajo los delitos de defraudación, robo, amenaza, quebrantamiento de condena, atentado contra la autoridad, contra la salud pública, daños, tortura e integridad moral, falsedad documental o contra los deberes y derechos de los familiares.

Por comunidades autónomas, la que inscribió más personas condenadas en 2020 fue Andalucía, con un 19,2 por ciento del total, le siguieron Cataluña (15,9%) y la Comunidad Valenciana (12,9%). Además destaca que la catalana fue la comunidad con más condenados extranjeros (25,6% del total) seguida de Comunidad de Madrid (16,3%) y Comunidad Valenciana (13,2%).

En cuanto a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, indica que registraron las tasas de condenados inscritos por 1.000 habitantes más elevadas (12,2 y 10,6, respectivamente). Por el contrario, Castilla y León (3,6) y Castilla-La Mancha (3,7) presentaron las tasas más bajas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonès, tienen previsto saludar a las delegaciones de sus respectivos gobiernos tras su encuentro a solas para reactivar la mesa de diálogo y, después, dejarán trabajando a los equipos, en la que será la segunda reunión de esta jornada.

De este modo, según informan fuentes de ambos Ejecutivos, los dos mandatarios no se van a sentar como tal en la mesa en la que los ministros y consejeros comenzará a trabajar en el detalle de los contenidos. No obstante, las fuentes consultadas defienden que la mesa de diálogo no sólo abarca esa segunda reunión, sino que ha comenzado con el encuentro previo entre los presidentes.

Así, Sánchez y Aragonès han sido los encargados de fijar la metodología y los contenidos del diálogo en su encuentro a solas que ha comenzado a las 15.00 horas, y del que darán cuenta ante los medios de comunicación en las comparecencias que harán después, por separado.

Antes de esas comparecencias, los dos presidentes saludarán a sus respectivos equipos en el Patio de los Naranjos del Palacio de la Generalitat, y posarán para una foto. Después, las delegaciones comenzarán su reunión, ya sin Sánchez y Aragonès.

El presidente del Gobierno ha llegado al Palacio Generalitat a las 15.00 horas para reiniciar junto al presidente catalán la mesa de diálogo que lleva más de un año en suspenso, tras el primer intento fallido que hubo de impulsar este instrumento en febrero de 2020.

Aragonès le ha recibido a las puertas del Palau de la Generalitat, ya en el interior, donde se han saludado chocando los puños, y han pasado revista a la guardia de gala de los Mossos d'Esquadra en el Patio de los Carruajes. Tras ello, han mantenido una breve charla durante unos minutos y han posado ante los fotógrafos.

Por parte del Gobierno, además de Sánchez, asisten a la mesa el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, encargado de coordinar los trabajos; la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz; la portavoz y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y el de Cultura, Miquel Iceta, mientras que la delegación catalana está compuesta por Aragonès y los consellers Laura Vilagrà y Roger Torrent, después de que el presidente catalán dejara fuera a Junts de la mesa al rechazar su propuesta de nombres.

El Rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantendrán este jueves sendos encuentros con el presidente de Colombia, Iván Duque, con motivo de su visita oficial a España, en la que también está previsto un encuentro con empresarios.

El mandatario colombiano será recibido a primera hora de la mañana por Don Felipe en el Palacio de la Zarzuela, antes del encuentro previsto con Sánchez en la Moncloa.

A mediodía, los Reyes ofrecerán un almuerzo en honor de Duque en el Palacio Real, al que asistirán el presidente del Gobierno y otros altos cargos del Estado, como suele ser habitual en este tipo de ocasiones.

Ya el viernes, el presidente colombiano tiene previsto participar en un acto empresarial organizado por el ICEX junto a la Cámara de Comercio de España y la CEOE, en colaboración con la Embajada de Colombia en España, ProColombia y Casa de América.

El objetivo del encuentro, según la organización, es dar a conocer la situación actual del mercado colombiano y las oportunidades de negocio para las empresas en sectores como las infraestructuras, energías renovables, telecomunicaciones, transformación digital, turismo, desarrollo urbano y agroindustria, en un momento de crecimiento sustancial de la economía colombiana.

El presidente también acudirá el viernes por la tarde a la Feria de Emprendimiento y Colombianidad organizada por el Consulado General Central de Colombia en Madrid, con el apoyo de Procolombia, lo que le permitirá reunirse con miembros de la colonia colombiana en España.

Asimismo, Duque tiene previsto realizar una visita durante su estancia en Madrid a la Feria del Libro, que en su 80 edición tiene a Colombia como país invitado.

DIVISIÓN EN LA COALICIÓN

La visita de Duque ha generado división en el Gobierno de coalición, toda vez que Unidas Podemos se ha mostrado muy crítica con la gestión de este en Colombia. De hecho, el partido ha organizado este miércoles en el Congreso de los Diputados una jornada sobre la "gravísima crisis política y de derechos sociales" en Colombia.

Desde Unidas Podemos critican en particular la "violencia y la brutal represión" de las protestas iniciadas en abril en el marco del Paro Nacional que dejaron al menos 51 fallecidos, más de mil heridos y cientos de desaparecidos.

Asimismo, el socio menor de la coalición había expresado su rechazo a que Duque fuera condecorado durante su visita con la Gran Cruz de Isabel la Católica. Durante una manifestación contra la visita el pasado domingo, la responsable del área Internacional de Podemos y eurodiputada, Idoia Villanueva, dijo "alto y claro" que su partido era contrario a conceder "ninguna medalla de una orden del Rey a aquel que impuso el manto de la impunidad mientras asesinaban a su pueblo".

Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, ha confirmado este jueves que el mandatario colombiano sí que recibirá esta distinción "siguiendo con la tradición de todos los presidentes de Colombia" poco antes de que abandonen el poder. Duque terminará su mandato en 2022, ya que en Colombia no es posible la reelección.

Fuentes diplomáticas explican que es habitual que durante visitas de Estado o visitas oficiales de mandatarios extranjeros se les otorgue algún tipo de condecoración. Así ocurrió en el pasado con los expresidentes colombianos Andrés Pastrana, que recibió esta misma condecoración durante su visita a España en 1999; Álvaro Uribe, en 2005, y José Manuel Santos, en 2015.

La Orden de Isabel la Católica premia aquellos comportamientos extraordinarios de carácter civil, realizados por personas españolas y extranjeras, que redunden en beneficio de la nación o que contribuyan, de modo relevante, a favorecer las relaciones de amistad y cooperación" de España con el resto del mundo.

El Rey ejerce como gran maestre de la orden, por lo que todas las condecoraciones se dan en su nombre, pero es el Ministerio de Asuntos Exteriores el encargado de hacer la propuesta de la concesión. Existen distintos tipos de insignias, entre ellas el collar, que será la distinción que se concederá a Duque.

La secretaria general de Investigación y presidenta de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Raquel Yotti, y la presidenta de la Fundación Alemana para la Investigación (DFG), Katja Becker, han firmado este miércoles en la Embajada de España en Alemania un Memorando de Entendimiento (MoU) con el principal objetivo de fortalecer aún más la cooperación científica entre ambos países.

Con este MoU, ambas entidades buscarán estrechar la colaboración entre el personal investigador y las instituciones de investigación ubicadas en Alemania y en España en todos los campos de la investigación científica y técnica (ciencias y humanidades), así como estudiarán el lanzamiento de actividades conjuntas de investigación y capacitación desarrolladas en Alemania y en España, así como de intercambio de buenas prácticas de gestión y de apoyo a la ciencia.

La AEI es el principal organismo público de España encargado del fomento de la investigación científico y técnica en todas las áreas del saber. En 2021, la AEI ha duplicado los compromisos para ayudas directas respecto al año anterior, ya que pasan de los 747 a los 1.523 millones de euros.

Además, se encarga de la financiación, evaluación, gestión y seguimiento de la actividad de investigación científica y técnica, así como de ofrecer apoyo a las distintas etapas de la carrera investigadora, ya sean candidatos a doctorado o investigadores de gran experiencia.

Entre los principios básicos de actuación de la AEI destaca la cooperación interinstitucional, buscando las sinergias con otras Administraciones, agentes e instituciones, públicas o privadas, nacionales e internacionales para el fomento del conocimiento en todos sus ámbitos.

Por su parte, la Fundación Alemana para la Investigación es la organización central de financiación de la investigación autónoma en Alemania. Sirve a todas las ramas de la ciencia y las humanidades y promueve especialmente la cooperación interdisciplinaria entre investigadores. La DFG concede financiación a los mejores investigadores y, al mismo tiempo, les da los medios y la libertad necesarios para una investigación exitosa.

Uno de los objetivos clave de DFG es la promoción de la carrera investigadora en sus primeras etapas. Por ello, ofrece programas que brindan el apoyo adecuado en cada fase de la carrera científica.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado este miércoles el "coraje, esfuerzo y espíritu de superación" de los deportistas andaluces en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, tras recibirlos en el Palacio de San Telmo de Sevilla. En este sentido, se ha mostrado orgulloso de su excelente participación. "Habéis escrito una nueva y brillante página en la historia del deporte de Andalucía", ha dicho.

En su intervención, según un comunicado, ha hecho hincapié en el compromiso de estos deportistas con Andalucía, haciendo gala siempre de su origen andaluz, y ha alabado su esfuerzo durante 21 meses difíciles por la pandemia, en los que ha habido muchos más obstáculos que superar. Pese a todo, ha asegurado que más allá de los resultados, "el mayor de los premios es volver a casa sabiendo que cada uno ha dado lo mejor de sí mismo".

Para Moreno, estos 58 atletas han demostrado en la capital japonesa la fuerza del deporte andaluz: ocho medallas y 25 diplomas olímpicos que suponen el mejor resultado de la historia, por detrás del obtenido en Barcelona 92. "Señal inequívoca de que Andalucía tiene un enorme potencial deportivo, en el presente y en el futuro", ha declarado.

En relación con esto último, ha trasladado a los deportistas el "compromiso" de la Junta de Andalucía para seguir incorporando más medios, facilidades y estímulos para la práctica del deporte en la comunidad autónoma. Ejemplo de este impulso es la Fundación Andalucía Olímpica, con más de un millón de euros en becas y premios a deportistas y una inversión que se ha multiplicado por cuatro desde 2019, ha destacado.

Además, ha subrayado las ayudas Olimpus puestas en marcha esta Legislatura para apoyar a los deportistas y el incremento del presupuesto para las federaciones deportivas. También, ha hecho mención del plan de difusión de los valores olímpicos que incluye los programas 'Todos Olímpicos' y 'Mentor 10', para el fomento de la vida saludable y el deporte entre escolares y jóvenes.

Precisamente, en este programa 'Mentor 10' "participáis Fátima Gálvez, Damián Quintero, José Manuel Ruiz y otros grandes deportistas", ha precisado. Asimismo, Moreno ha transmitido la preocupación del Gobierno de Andalucía por sus deportistas durante la pandemia, para lo que ha proporcionado test de antígenos y de anticuerpos a través del Centro Andaluz de Medicina del Deporte.

Igualmente, la reseñado la creación de los Centros Educativos de Excelencia Deportiva de Andalucía, para conciliar educación y deporte.

Por otro lado, ha incidido en el objetivo de la Junta de mejorar las infraestructuras deportivas, desde la creación del Olivo Arena de Jaén hasta la revitalización del Estadio Olímpico de la Cartuja de Sevilla. "Queremos sacarles todo el jugo posible", ha aseverado.Según Moreno, como resultado de todo este gran trabajo que se está llevando a cabo desde su Ejecutivo y gracias al excelente nivel del deporte andaluz, Andalucía ha sido proclamada, por primera vez, Región Europea del Deporte 2021.

Durante la recepción a los deportistas olímpicos y paralímpicos, la cordobesa Fátima Gálvez, oro en tiro olímpico en Tokio, y el también cordobés Alfonso Cabello, oro en ciclismo en pista C4-5 y bronce en velocidad por equipos, se han dirigido a los asistentes para valorar el esfuerzo de todos sus compañeros ante una prueba de gran complejidad como son los Juegos de Tokio, y para agradecer el apoyo de la Junta de Andalucía en materia de deporte.

Del mismo modo, ha participado de forma telemática la onubense Carolina Marín, que no ha podido estar presente a causa de su lesión, para saludar y animar a todos los deportistas en su afán por superar nuevos objetivos. En el acto también han estado presentes el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, y la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, entre otras autoridades.

La Fiscalía pide una condena de tres años de cárcel para el autor del vídeo viral de la Policía entrando en un piso en Palma durante el confinamiento, por presuntos delitos de desobediencia y calumnias. También solicita indemnizaciones en favor de los policías afectados por valor de 3.000 euros.

El Juzgado celebrará en octubre una vista previa al juicio para tratar de alcanzar un acuerdo entre las partes. Por su parte, el sindicato policial Jupol solicita para el acusado, un joven de 27 años, tres años de cárcel y una multa de 5.400 euros por presuntos delitos de desobediencia, contra la intimidad, calumnias e injurias.

Los hechos recogidos en el polémico vídeo tuvieron lugar el 9 de mayo de 2020, cuando Mallorca estaba en la fase 0 del plan de desescalada. Los agentes se personaron en un domicilio por la llamada de una vecina que aseguraba que se estaba celebrando una fiesta, con varias personas que no residían allí. Los agentes y el hombre denunciado ofrecieron versiones contradictorias de cómo se produjo la entrada en el piso.

Los sindicatos policiales aseguran que otra persona que se identificó como residente en el piso había autorizado a los agentes a entrar. En la vivienda estaba el ahora investigado, que grabó lo que ocurría con su móvil y conminó a los agentes a marcharse.

El hombre rechazó identificarse ni dejar de grabar porque defendía que estaba en su derecho. Argumentó que no tenían una orden judicial, y negaba que se les hubiera dado permiso para entrar, por lo que en el vídeo les acusa de haber entrado "por la fuerza". En las imágenes, el hombre dice que llevados meses viviendo en el piso, mientras que los policías mantienen que no es su casa.

LA VERSIÓN DE FISCALÍA

En su escrito, el fiscal defiende que el acusado se hallaba en una vivienda en la que no residía "con pleno conocimiento de que estaba quebrantando las restricciones establecidas" en el Real Decreto del primer Estado de alarma --sobre el que posteriormente se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, declarando inconstitucional parte del texto--.

La Fiscalía recoge que el acusado se encontraba en el piso celebrando la fiesta de cumpleaños de un amigo, el morador de la vivienda, y que éste permitió a los policías pasar. Siguiendo con la versión del fiscal, los agentes encontraron escondido al acusado debajo de una cama, y le pidieron identificarse, pero él se negó y comenzó a grabar con su móvil.

El fiscal añade que en días posteriores el acusado compartió el vídeo, que comenzó a circular en redes sociales. También reseña que el joven concedió entrevistas en varios medios de comunicación acusando a los agentes de haber entrado en el domicilio sin autorización.

Por su parte, el escrito de Jupol, que firma el despacho de abogados Martín Casado, añade que durante el incidente el acusado manifestó ser abogado de forma "vacilante, chulesca y para nada colaboradora".

También señalan que en el vídeo difundido en redes sociales "se podía ver perfectamente el rostro" de los agentes, y que suscitó "todo tipo de debates y comentarios, muchos de ellos calumniosos e injuriosos para los agentes y el Cuerpo Nacional de Policía".

Más de 140 bomberos de Aragón, Navarra, Guipúzcoa y Francia han participado este miércoles, 15 de septiembre, en un simulacro de búsqueda de personas en el entorno del Embalse de Yesa, dentro del proyecto Interreg POCTEFA ALERT, un programa transfronterizo de gestión de situaciones de emergencia cuyos socios son, además del Gobierno de Aragón, el Departamento francés de los Pirineos Atlánticos, el Gobierno de Navarra y la Diputación Foral de Guipúzcoa.

La directora general de Interior y Protección Civil de la comunidad aragonesa, Carmen Sánchez, ha explicado que son territorios limítrofes, con "puntos en común" y "lo que tenemos es que mejorar la coordinación en los equipos de emergencia".

Ha añadido que el simulacro trata de "poner a punto" esa coordinación "y ver de qué manera somos capaces de funcionar de manera conjunta administraciones tan distintas", ha informado el Ejecutivo autonómico en una nota de prensa.

En el ejercicio, se ha simulado la búsqueda de una decena de jóvenes que habían llegado al lugar desde diferentes puntos de Aragón, Navarra, Guipúzcoa y Francia para participar en un programa de actividades durante varios días.

En un momento dado, el monitor del grupo tiene que abandonar el campamento para adquirir material y comida y, al regresar, no encuentra a nadie y al llamarlos por teléfono unos no responden y otros no tienen cobertura.

Ante esta situación, el monitor avisa de la desaparición al Centro de Emergencias 112 SOS Aragón, que activa inicialmente a los Servicios de Bomberos de las Diputaciones Provinciales de Huesca y Zaragoza. Posteriormente, ante la envergadura de la emergencia, se determina la activación de más servicios de emergencia de Aragón y zonas limítrofes.

PARTICIPANTES

Por parte del Gobierno de Aragón, además de técnicos del Servicio de Seguridad y Protección Civil y del Centro de Emergencias 112 SOS Aragón, en el simulacro han participado el Instituto Geográfico de Aragón (IGEAR), el 061 Aragón y la Unidad de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Aragón.

Junto a ellos, en el ejercicio ha estado personal de los otros tres socios del Proyecto Alert --Departamento francés de los Pirineos Atlánticos, el Gobierno de Navarra y la Diputación Foral de Guipúzcoa--, así como efectivos de las Diputaciones Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, Ayuntamiento de Huesca, Cruz Roja, voluntarios de Protección Civil de las agrupaciones de Jacetania, Alto Gállego y la Hoya de Huesca, Guardia Civil y Agentes para la Protección de la Naturaleza.

Uno de los principales objetivos del Proyecto ALERT es la colaboración y el trabajo conjunto de los diferentes servicios de emergencias para mejorar su respuesta ante diferentes situaciones.

Por este motivo, se han formado grupos de acción en función de las tareas que había de desempeñar durante el simulacro, independientemente del origen de los efectivos. En concreto, se han hecho grupos de rescate acuático, de búsqueda con drones, de seguridad, de rescate canino, de atención sanitaria, de búsqueda a pie y de rescate vertical.

Todos ellos coordinados desde el Puesto de Mando Avanzado, instalado en las proximidades del Embalse de Yesa. En el ejercicio, además, se ha practicado la comunicación con el Centro de Emergencias 112 SOS Aragón, con una videoconferencia entre el Puesto de Mando Avanzado y la Sala de Crisis del 112.

PROYECTO ALERT

El proyecto ALERT, acrónimo de Anticipar y Luchar en un Espacio común contra los Riesgos Transfronterizos, se inició en 2018 con el objetivo de promover el intercambio de prácticas en el conjunto de los Pirineos. Tiene como objetivos estratégicos mejorar la protección del medio ambiente en el perímetro transfronterizo y agilizar y coordinar los medios en ambos lados de la frontera.

En este sentido, a nivel operativo, los socios del proyecto apuestan por avanzar en el intercambio de información entre los centros de coordinación y por desarrollar herramientas de intercomunicación operativa y una metodología operacional común.

La participación del Gobierno de Aragón cubre dos aspectos del proyecto. Por una parte, la elaboración y aportación de la cartografía de riesgos de avalancha, deslizamientos, caída de bloques y avenidas torrenciales, desarrollada por el Instituto Geográfico de Aragón (IGEAR) y, por otra, a través del Servicio de Seguridad y Protección Civil, la cooperación operativa transfronteriza permanente para mejorar la cobertura de riesgos sobre personas, bienes y el medio ambiente y afectar en la menor medida posible al buen funcionamiento de las operaciones.

El Pleno Municipal de Gijón ha aprobado este miércoles, por mayoría, instar al Gobierno central a impulsar la tipificación de las corridas de toros como maltrato animal y a que se modifiquen leyes que sean necesarias para ello.

La iniciativa plenaria, presentada por Podemos-Equo Xixón, ha sumado los apoyos de PSOE e IU --partidos que conforman el Gobierno local--, mientras que el resto, Ciudadanos, Foro, PP y Vox, han votado en contra.

"Las torturas de toros deben acabar", ha defendido la portavoz de la coalición morada y verde, Laura Tuero, quien ha apelado a un "Xixón libre de maltrato animal" y a que no se promocionen los toros como atractivo turístico. Una teoría avalada por la propia alcaldesa gijonesa, Ana González, quien ha asegurado que las corridas taurinas son maltrato animal.

Tuero ha remarcado que hoy no se pueden considerar "razonable" la tortura animal que, según ella, implican las corridas de toros, que, además, cada año baja su número de espectadores. Ha exagerado, unido a ello, con que el canibalismo y la esclavitud es un hecho cultural que no tiene cabida aún, y lo mismo debe ser las corridas de toros, a su juicio.

Y en respuesta a otros grupos municipales, ha señalado que es una "banalidad" el comparar un tema de alimentación humana con algo que es un maltrato animal por diversión. También ha llamado la atención que haya quien defienda que lo que se le hace a un toro sea un hecho cultural, pero si se le hace lo mismo a un perro o un gato, no.

La alcaldesa, por su parte, ha incidido en que a un animal al que se le clavan cosas para llevarle hasta la muerte se le maltrata. "No tiene otro nombre", ha asegurado, al tiempo que ha replicado que las tradiciones pueden cambiarse.

A Foro, especialmente, le ha recordado que la ex alcaldesa Carmen Moriyón, de su partido, impidió que hubiera clases de tauromaquia para niños en 2014. "Yo no prohibí nada", ha dejado claro, con referencia a que lo que hace es no sacar a concurso la concesión de la plaza de toros para programar la feria taurina.

Por parte de Ciudadanos, su portavoz, José Carlos Fernández Sarasola, ha señalado que están dispuestos a debatir todo sobre la tauromaquia, menos su prohibición, si bien ha adelantado que están a favor de no darle subvenciones.

También ha defendido que la decisión sobre su continuidad se adopte en Congreso de los Diputados y no unilateralmente por el Gobierno central.

Sobre esto último, el portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador, ha sostenido que no hay mayoría suficiente en el Congreso que apoye la prohibición de la corrida de toros.

Asimismo, el PP, al igual que Foro y Vox, le han recordado a Podemos-Equo Xixón que ellos forman parte del Gobierno central al que piden que inste el Ayuntamiento con esta propuesta.

Vox, en su caso, ha llamado la atención sobre la actividad económica y de empleo ligada a la tauromaquia. También ha incidido en que unos 200.000 toros bravos viven en dehesas, de los que se sacrifican unos 9.000 al año, mientras que para consumo un total de 850 millones de animales son sacrificados en España cada año.

Para este partido, a Podemos "solo les fastidia los toros", porque quieren "demonimizar y ridiculizar" a la gente que va, haciendo ver que son todos de derecha.

REFORMA DE EL BIBIO

Por otro lado, en el Pleno se ha aprobado también otra proposición, impulsada en este caso por PSOE e IU, para realizar un profundo estudio del estado conservación de la plaza de toros y ver posibles mejores a realizar en el equipamiento, incluida su posible cubrición para celebrar eventos todo el año. Podemos-Equo ha dado su apoyo a los partidos proponentes, mientras que el resto ha votado en contra.

El Gobierno central ha defendido el plan de usos de la plaza de El Bibio que se hizo en su día para evitar la "arbitrariedad" de su cesión en tiempos de Foro, y ve en esta iniciativa una oportunidad de convertir esta plaza en uno de los referentes de la cultura en la ciudad. Ha advertido que, según los técnicos, El Bibio tiene patologías que requieren inversión plurianual.

Todos los partidos de la oposición, excepto Podemos-Equo, han acusado a PSOE e IU de tratar de "maquillar con torpes arrebatos dictatoriales" a través de esta propuesta su decisión de que no haya toros en la ciudad.

Ciudadanos se ha quejado de que el Gobierno local está "condenando a la cultura en esta ciudad a la irrelevancia más absoluta". "No vamos a apoyar ninguna proposición trampa", ha asegurado, al tiempo que ha retado a Pineda a que el PSOE lleve al Congreso la prohibición de los toros, ya que gobierna el país.

Foro ha tildado la propuesta de "intento de lavado de cara", mientras que Vox la ha considerado una iniciativa "trampa" para encubrir la decisión de que no siga celebrándose en ella corridas de toros. Para el PP, es un "escaparatismo" para distraer la atenciónante una decisión "absolutamente arbitraria" de no dar prórroga a la feria taurina.

Por contra, no se ha aprobado una iniciativa plenaria del PP que perseguía defender que se siga celebrando la feria taurina en El Bibio. "Pedimos libertad y respeto a la Ley", han reivindicado los 'populares', quienes han ironizado con si se van a suprimir también las Cabalgatas de Reyes o la hípica alegando maltrato animal.

El portavoz de IU, Aurelio Martín, en nombre del Gobierno local, ha señalado que si bien el tema de los nombres de los toros de la última feria de Begoña, 'Feminista' y 'Nigeriano', fueron "muy desafortunados", ha dejado claro que no es la principal razón para suprimir la prórroga del contrato de la plaza de toros.

Para él, el problema es lo que simbolizan los nombres de los toros, los nombres en sí "Perdieron una gran oportunidad para pedir disculpas", ha lamentado sobre los organizadores de la feria taurina. Aún así, ha incidido en que el principal problema es que hay maltrato animal.

"Parece ser que en este país hay gente que le gusta el maltrato animal hasta la muerte", ha señalado, al tiempo que ha defendido que se acaben "las excepciones" a la hora de decidir lo que es o no maltrato animal, ya sean los toros o el sacrificio de corderos por motivos religiosos.

El Pleno del Congreso ha aprobado este miércoles, con el rechazo de VOX y la abstención del PP, una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el grupo parlamentario socialista para instar al Gobierno a agilizar la tramitación del anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y LGTBI ante el "aumento" de los "ataques" contra el colectivo.

La iniciativa, que ha sido transaccionada con Unidas Podemos, ERC y PNV, ha sido sometida a votación este miércoles y ha salido adelante con la abstención del PP y el voto en contra de VOX. En total, ha recibido 191 votos a favor, 100 abstenciones y 51 votos en contra.

En el texto transaccionado, además de pedir que se agilice la tramitación de la ley LGTBI, se propone cooperar con las comunidades autónomas para realizar campañas de sensibilización y crear unidades específicas contra los delitos de odio en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Asimismo, se pide modificar los currículos educativos para que incluyan contenidos en el respeto a la diversidad sexual y de género, e incluir contenidos en este sentido en la formación del profesorado.

Este martes, durante el debate de la PNL, los grupos en el Congreso, excepto el PP, acusaron a VOX de "fomentar" con su "discurso de odio" las agresiones homófobas.

Durante la defensa de la iniciativa, el diputado del PSOE Arnau Ramírez denunció que los "ultras de VOX" han pronunciado frases que son "discursos de odio" como: 'Si mi hijo fuera homosexual preferiría no tener nietos' o 'en España hemos pasado de dar palizas a los homosexuales a que ahora impongan su ley'.

En este sentido, ha advertido de que estos mensajes "tienen consecuencias". "Sus discursos generan mucho sufrimiento y sí, los discursos de odio generan violencia", ha enfatizado dirigiéndose a los diputados de VOX. En concreto, ha recordado que ha habido 748 denuncias por delitos de odio en el primer semestre de este año, un 9% más que en el mismo periodo de 2019.

Diferentes grupos parlamentarios han recordado "con horror" el asesinato de Samuel en La Coruña, como la diputada del PP Marta González que, al mismo tiempo, ha acusado al Gobierno de "instrumentalizar" otro caso más reciente, el de la denuncia falsa por agresión homófoba de Malasaña.

Por su parte, la diputada de Vox María de la Cabeza Ruiz ha tachado al Gobierno de "oportunista" por "utilizar al colectivo LGTBI como arma arrojadiza", ha vinculado los ataques al colectivo LGTBI con la migración ilegal y ha defendido la enmienda que ha presentado su grupo en la que piden "desvincular" a VOX de los últimos ataques homófobos ocurridos en España.

Si bien, la mayoría de los grupos ha reprochado a la formación que dirige Santiago Abascal que sus mensajes "fomentan" este tipo de agresiones contra el colectivo LGTBI.

"A nadie se le escapa que hay personas que contribuyen a los delitos de odio y los legitiman sin necesidad de dar el puñetazo. En este hemiciclo hay representantes políticos que han hecho de ello su razón de ser", ha afirmado la diputada de Unidas Podemos María del Mar García.

También ha coincidido en este extremo el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, quien ha asegurado que el discurso de VOX "sí fomenta el auge de las agresiones contra el colectivo LGTBI" y ha preguntado a los diputados de esta formación si "han tenido alguna vez miedo de coger de la mano a su pareja" por la calle. También ha afeado al PSOE su "cinismo" y le ha advertido de que "esto no se soluciona con una PNL" sino en el "BOE".

Para la diputada de Más País-Equo Inés Sabanés, España está en "una total emergencia" por el aumento "alarmante" de las agresiones homófobas y ha acusado a VOX de "envenenar" la convivencia con sus "mensajes de odio".

ACUSAN A VOX DE SER ARTÍFICE INTELECTUAL

Por su parte, el diputado del BNG Néstor Rego ha acusado a los miembros de VOX de ser "los artífices intelectuales" del asesinato de Samuel porque "legitiman con su discurso la violencia homófoba".

El diputado del PDeCAT Sergi Miquel i Valentí ha subrayado que la respuesta debe ser "precipitar la aprobación de todas las leyes que protejan al colectivo".

Además, la diputada de Ciudadanos Sara Giménez ha aclarado a los diputados de VOX que "tolerar no es decir 'reconozco que existe la LGTBIfobia pero mejor que a los homosexuales les lleven a terapia'" y les ha reprochado que vinculen los ataques con las personas migrantes.

En la misma línea, el diputado del PNV Joseba Antoni Agirretxea ha apuntado que "según han ido aumentando ciertas posiciones político ideológicas en este Estado, han ido aumentando las agresiones homófobas".

COMISIONADO CONTRA LA LGTBIFOBIA

Por su parte, la diputada de EH Bildu Isabel Pozueta ha mostrado su preocupación por el "repunte" de las agresiones, se ha hecho eco de la petición de las organizaciones LGTBI de crear un comisionado específico contra la LGTBIfobia y se ha sumado a la crítica a los discursos de VOX que "legitiman", a su juicio, estos hechos. Si bien, al mismo tiempo, ha opinado que esta PNL es "una maniobra de puro lavado de cara del PSOE".

Asimismo, la diputada de Coalición Canaria Ana María Oramas ha indicado que esta iniciativa de los socialistas "no supone ni de lejos la solución a este gravísimo problema" y ha pedido que la "lucha contra el odio no entre o salga de la agenda política en función de los intereses partidistas".

Finalmente, la diputada de la CUP Mireia Vehí ha tachado de "absurdo" que VOX "defienda los derechos LGTBI desde el racismo" y ha reivindicado que "las mujeres, las bolleras, los maricas y las trans" quieren "vivir en paz y libertad, no en una sociedad donde haya más policías y más autoritarismo".

Cerca de 900.000 estudiantes recibieron una beca o ayuda al estudio en el curso 2020-2021, un 10,78% más que el año anterior, según los datos facilitados este miércoles por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Ministerio de Universidades en la jornada anual de difusión de becas celebrada con las comunidades autónomas y las universidades implicadas en la gestión de estas ayudas.

El incremento del 37,8% en el presupuesto destinado a las becas entre 2018 y 2021, el aumento de las cuantías fijas en 100 euros y la elevación del umbral 1 de la renta hasta equipararlo casi al de la pobreza, ha posibilitado, según ambos Ministerios, que cada curso crezca el número de alumnos que reciben una beca. Así, el pasado curso recibieron una beca 896.469 estudiantes, un 10,78% más que en 2019-2020 y un 14,3% más que en 2017-2018. Además, muchos de ellos, especialmente los de familias con ingresos más bajos, recibieron una cuantía mayor.

El objetivo de las reformas introducidas por el Gobierno es, según ambos Ministerios, que las becas lleguen a aquellas personas que más las necesitan, garantizar el derecho a la educación de todas y todos y combatir el abandono escolar por motivos económicos.

"Continuamos con el compromiso de mejora del sistema de becas que permita avanzar hacia una educación más inclusiva. La reciente reforma ha ampliado considerablemente el número de becarios que han accedido al umbral 1. En la próxima convocatoria, se hará un esfuerzo importante para adelantar la gestión de las becas que permitan reducir la incertidumbre de los becarios", ha señalado el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana.

En los últimos años se han modificado también los requisitos académicos que permiten acceder a estas ayudas, fijando en un aprobado el acceso a la beca en niveles no universitarios. En esta misma línea, como novedad en la presente convocatoria, la nota mínima para acceder a una beca para un máster habilitante también será un cinco.

"Las medidas tomadas por el Gobierno han hecho posible que se haya duplicado el número de estudiantes universitarios que accedieron a una beca completa por renta, pasando de 90.006 becarios y becarias en el curso 2019-2020 a 172.492 en el curso 2020-2021, lo que supone un aumento de 88.486 estudiantes con cuantía fija ligada a la renta, avanzando así en la igualdad de oportunidades en el derecho a la educación universitaria", ha destacado el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón.

BECAS CURSO 2021-2022

A 15 días del cierre de la convocatoria de 2021-2022, un total de 724.671 estudiantes han solicitado ya una beca para este curso. De ellos, 390.401 pertenecen a niveles no universitarios, cuyo plazo finaliza el 30 de septiembre, y 334.270 a grado o máster, modalidad que permanecerá abierta hasta el 14 de octubre.

La previsión para esta convocatoria, a la que se han destinado 2.038 millones de euros (un 39,6% más que en 2018), es que el número de estudiantes receptores de una beca ronde los 850.000 (sin contar las ayudas para alumnos con necesidades educativas especiales), lo que supone "una cifra récord", según ambos Departamentos.

NOVEDADES BECAS 2022-2023

Durante la jornada, el secretario de Estado de Educación y el secretario general de Universidades han informado además de los avances en la reforma de la gestión administrativa que permitirá adelantar varios meses la solicitud de las becas.

Esta medida, una de las principales novedades en la próxima convocatoria 2022-2023, permitirá a los estudiantes saber antes del inicio del curso si cumplen o no los requisitos económicos para recibir estas ayudas.

Ambos Ministerios trabajan también con las comunidades autónomas en la creación de un portal común que acoja las distintas convocatorias de becas estatales y autonómicas para facilitar a los ciudadanos la búsqueda de estas ayudas al estudio, atendiendo así una reclamación histórica de las asociaciones de estudiantes.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha recibido este miércoles a las puertas del Palau de la Generalitat, ya en el interior, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para reiniciar la mesa de diálogo con la que sus respectivos Gobiernos intentarán buscar una solución al denominado conflicto catalán.

Previamente, a su llegada a la Plaza de Sant Jaume en la que se encuentra la sede de la Generalitat, Sánchez ha sido recibido con honores por el major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.

De este modo, Aragonés estaba ya esperándole en el interior del Palacio, donde se han saludado con el gesto de la mano en el pecho, y han pasado revista a la guardia de gala de los Mossos d'Esquadra en el Patio de los Carruajes. Tras ello, han mantenido una breve charla durante unos minutos y han posado ante los fotógrafos.

El presidente del Gobierno ha llegado al Palacio Generalitat a las 15.00 horas para reiniciar junto al presidente catalán la mesa de diálogo que lleva más de un año en suspenso, tras el primer intento fallido que hubo de impulsar este instrumento en febrero de 2020.

La primera cita de esta jornada es una reunión a solas entre ambos, y posteriormente está previsto que presidan las respectivas delegaciones, aunque su intención es participar en el arranque de la mesa, informar de las conclusiones de su reunión, y dejar después que sigan trabajando los equipos, ya sin su presencia.

Por parte del Gobierno, además de Sánchez, asisten a la mesa el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, encargado de coordinar los trabajos; la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz; la portavoz y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y el de Cultura, Miquel Iceta, mientras que la delegación catalana está compuesta por Aragonès y los consellers Laura Vilagrà y Roger Torrent, después de que el presidente catalán dejara fuera a Junts de la mesa al rechazar su propuesta de nombres.

El Gobierno acude este encuentro con optimismo, convencido de que puede servir para avanzar en su estrategia de "reencuentro", y resta importancia al enfrentamiento que protagonizan los socios del Govern, que ha llevado a Aragonés a sacar a Junts de la mesa de diálogo.

Para el Gobierno, la mesa sigue teniendo plena legitimidad, dado que en ella estará el propio presidente catalán y ERC, el partido con el que idearon este instrumento a cambio de su apoyo a la investidura de Sánchez en enero de 2020, y cuya alianza han reforzado desde entonces.

Aún así, este segundo intento de impulsar la mesa de diálogo no llega en las mejores condiciones, ya que el Govern vive su mayor disputa interna desde su conformación en mayo de este año, tras la decisión de Aragonés de excluir a Junts por el empeño del partido de Carles Puigdent de sentar a la mesa a personas ajenas al Ejecutivo, entre ellos, a dos de los condenados por el procés que fueron después indultados.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que declare nula la pieza separada número 28 de 'Tándem', que indaga en la presunta venta de información en poder del ex agente, porque habría partido de una denuncia falsa y estaría plagada de ilegalidades, advirtiendo de que en caso contrario esa línea de investigación podría acabar contaminando toda la macrocausa.

En un escrito de 106 páginas, Villarejo acusa al dueño de la agencia de detectives Método 3, Francisco Marco, de formular sendas denuncias falsas en junio de 2020 que, al ser validadas por Asuntos Internos, desencadenaron la apertura de dos nuevas piezas de 'Tándem', la 28 y la 27, donde se investiga si el otrora policía fabricó pruebas para forzar el registro de dicha agencia en 2013 y apoderarse así de la información sensible que tenía.

Según Villarejo, Marco estaría "a sueldo del clan Pujol" y la Unidad de Asuntos Internos y el CNI habrían dado cobertura a ese "engaño" por una "venganza" personal contra el comisario. Con ambos organismos mantuvo "las mejores y más profusas relaciones", debido a su trabajo como agente de Inteligencia, hasta que decidió poner por escrito las irregularidades que fue observando, explica.

"El origen de esta causa fue castigar a nuestro defendido, por ser un 'elemento incontrolado' para (el entonces jefe del CNI Félix) Sanz Roldán que, lejos de obediencia ciega, a la mínima duda cuestionaba las órdenes y advertía de los riesgos, y por haberse atrevido a denunciar lo que creía era su obligación, como ante el Tribunal Supremo", sostiene.

SU MUJER Y DOS PRESOS

Villarejo culpa a Marco, Asuntos Internos y el CNI de confeccionar "un relato tóxico y de ficción" para el "montaje" de esta pieza 28, donde se investiga si, estando en prisión provisional, y a través de su mujer, Gemá Alcalá, y con la ayuda de dos presos, ofreció al mejor postor parte de la información que manejaba después de años de servicio en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

De acuerdo con el agente retirado, la denuncia de Marco sería ilegal porque se basaría en información que éste habría obtenido investigando al propio Villarejo, cuando "un detective privado no puede bajo ningún concepto investigar delitos públicos y menos aún cuando ya existe un sumario y un preso".

Y, además, sería "falsa" porque esta "red de venta de secretos" sería "imaginaria" y, en consecuencia, su mujer no podía ser su "coordinadora", explicando en este sentido que las "escasísimas conversaciones" que tuvo con esos dos presos que habrían ejercido de intermediarios fueron para saber cómo estaba su marido en la cárcel.

En todo caso, pone de relieve que dichos reclusos habrían estado teledirigidos por el CNI. Según Villarejo, uno de ellos "fue el encargado por el CNI de permanecer en la misma celda que el general venezolano Hugo Carvajal, viéndose fuera ambos, estando en libertad".

Prueba de que se trata de una "patraña", esgrime, es que "Asuntos Internos, de manera obscena e impresentable, con el falaz argumento de 'problemas técnicos', no las reproduce e incluso con descaro omite durante largo tiempo que existen los 'fallos técnicos' que misteriosamente no se detectaron" en su momento.

UNA INVESTIGACIÓN "PERSECUTORIA"

Así las cosas, Villarejo avisa al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de que esta mácula en el origen de la pieza 28 podría acabar afectando al resto de 'Tándem', la macrocausa dedicada a los muchos y variados negocios del comisario que se desgrana en más de una treintena de piezas separadas.

En este sentido, recuerda que, con la "excusa" de la 28, se hizo un nuevo registro en octubre de 2020 en el que se incautaron otros 13 diarios suyos cuyo contenido ha nutrido al resto de piezas.

De ahí, razona el policía jubilado, que "las ilegalidades del denunciante" y "la complicidad del CNI y, por ende, de Asuntos Internos" repercutan en 'Tándem', que podría "verse contaminada y/o comprometida irremisiblemente".

Además, insiste en que "el verdadero sentido de la 'Operación Tándem' es todo un puro artificio", reprochando a los investigadores que "no se quiere ir al fondo, merodeando siempre por cuestiones colaterales", lo que --a su juicio-- "desdibuja continuamente la verdadera razón que dio origen a esta causa persecutoria".

No obstante, avanza que en el primer juicio de 'Tándem', que comenzará el próximo 13 de octubre por las piezas 'Iron', 'Land' y 'Pintor', "aportará las pruebas que ahora se le niegan", reiterando que ha estado "encarcelado no por el peligro de destruir pruebas, sino por el temor de que pudiera aportarlas y, con ello, se desenmascare a quienes organizaron su prisión para silenciarlo".

A este respecto, subraya que "se ha utilizado la causa 'Tándem' como soterrado campo de enfrentamiento entre miembros del Gobierno actual, de igual manera que ya lo fue en la época del presidente Rajoy".

DECLARACIÓN VOLUNTARIA Y TRES CAREOS

Con todo, el comisario insta a anular la pieza 28, "así como todas y cada una de las consecuencias que ha propiciado el reparto generalizado y gratuito del contenido de los diarios personales". Pero, en el caso de que el juez decida seguir investigando, se ofrece a declarar voluntariamente en la Audiencia Nacional.

En este escrito, fechado el 1 de septiembre, interesa también que Marco declare como investigado y que él pueda interrogarlo, así como se que se analicen sus teléfonos, ordenadores y otros dispositivos para "probar sus contactos con el independentismo, el CNI y Asuntos Internos".

Villarejo quiere asimismo que comparezcan los agentes de Asuntos Internos implicados y propone tres careos: uno con esos dos presos; otro con "los ex altos cargos del Ministerio de Interior que han mentido a cambio de no ser acusados" y un tercero con los responsables del CNI que han trabajado con él.

Aprovecha además para volver a pedir que se le devuelvan sus agendas y el resto del material incautado, si bien aclara que "va a seguir colaborando, pese al daño moral, mental y físico sufrido por los años gratuitamente encarcelado y las importantes secuelas causadas por ello, de las que jamás podrá recuperarse".

El Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla ha resuelto incluir en la condición de investigados al que fuera presidente de la multinacional tecnológica Abengoa entre 1991 y 2015, Felipe Benjumea; a Jesús Ángel García-Quílez por su papel como director financiero de la entidad y a Gonzalo Gómez García como director general de la filial de la empresa Instalaciones Inabensa; en la investigación incoada por presuntas irregularidades y delitos en el desarrollo del proyecto Ave Meca-Medina.

En un auto emitido el pasado 7 de septiembre, avanzado por El Confidencial, difundido por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla aborda las actuaciones derivadas de una querella promovida por la Asociación de Perjudicados de Abengoa, una multinacional actualmente en concurso voluntario de acreedores tras no prosperar su última operación de reestructuración, al acumular a cierre de 2019 una deuda global de aproximadamente 6.000 millones de euros.

La mencionada querella de la Asociación de Perjudicados de Abengoa, según precisa el juzgado, señala presuntos delitos de falsedad de las cuentas de las entidades Abeinsa Ingeniería y Construcción Industrial e Instalaciones Inabensa, ambas filiales de la multinacional sevillana, "afirmando que se habrían manipulado de forma deliberada los márgenes de los proyectos y los costos incurridos en los mismos", avisando en paralelo de posibles delitos derivados de la "emisión de facturas ficticias en las contratos simulados y un delito de alteración o manipulación del flujo de caja con el mismo fin de ocultar la realidad económica real".

Según el juzgado, el "objeto real" de la causa es "el esclarecimiento de sí ha existido manipulación o falseamiento de las cuentas de las entidades a las que se refiere la denuncia, relacionadas con los proyectos del Ave Meca-Medina, realizados por el departamento de Ferroviaria y que habría tenido como objeto la instalación de cableado de catenaria, para la alimentación del tren Ave Meca-Medina; y la construcción de subestaciones eléctricas para transformar la alimentación suministrada a la catenaria" y otras instalaciones del mencionado tren.

LAS FACTURAS DE NICSA

Igualmente, la investigación está destinada a comprobar "si hubiera existido alguna simulación relacionada con las facturas emitidas por la empresa Nicsa, que a su vez es también filial del grupo Abengoa".

En el marco de dicha investigación judicial, la acusación particular ejercida por la Asociación de Perjudicados de Abengoa solicitó el pasado 2 de septiembre la inclusión como investigados del expresidente ejecutivo de Abengoa Felipe Benjumea; del exdirector financiero de la entidad Jesús Ángel García-Quílez y de Gonzalo Gómez García como director general de Instalaciones Inabensa; reclamando además la práctica de una serie de diligencias de investigación.

Ante ello, el Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla considera que "no resulta exótico o improcedente que pueda igualmente trasladarse la condición de investigados a los tres responsables ejecutivos de las mercantiles Abengoa e Inabensa a los que se refiere la solicitud, evitando de esta forma que puedan efectuarse alegaciones incriminatorias por testigos u otros implicados de los que no tengan ocasión de defenderse".

INVESTIGADOS LOS TRES

Es por ello que mediante este auto, dicha instancia judicial acuerda "dar traslado" a Bemjumea, Jesús Ángel García-Quílez y Gonzalo Gómez García, "de su condición de investigados por su participación en un presunto delito societario de falseamiento de cuentas en relación con las irregularidades en las que se hubiera incurrido en el desarrollo del proyecto Ave Meca-Medina".

El señalamiento de sus citaciones, no obstante, se subordina a "la elaboración del informe pericial acordado a fin de tener una completa delimitación de las irregularidades objeto de denuncia, sin perjuicio de que puedan antes instar voluntariamente su comparecencia".

De otro lado, el juzgado no acepta la mayoría de las pruebas solicitadas por la Asociación de Perjudicados, salvo la testifical de una persona responsable de la auditoría interna de Abengoa, a quien se le cita como testigo el 26 de noviembre de 2021 a las 9,30 horas, "a fin de que pueda ser interrogada sobre las actuaciones emprendidas desde el departamento de Auditoría Interna de Abengoa, con relación a la investigación interna derivada de la denuncia del testigo L.M.V.".

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha proclamado el "éxito clínico y jurídico sin precedentes" al obtener la primera sentencia del Tribunal Supremo que avala el uso del certificado covid-19, algo que ha atribuido a la "documentación y acreditación" adecuadas y a la "correcta" delimitación del "territorio exigible".

En este nuevo escenario, Feijóo ha esperado que ahora el Gobierno central, contra el que ha arremetido por no atender esta petición de Galicia con anterioridad, "incorpore a la legislación la exigencia del certificado covid en los momentos de contagios superiores o determinadas actividades para que se hagan sin límite y volver a la actividad económica" plena.

De hecho, el mandatario autonómico ha reconocido que la incidencia de la covid-19 actual en Galicia no es la que se correspondería con la exigencia del certificado, pero ha avanzado que se estudiará cómo aplicar la sentencia que "avala al mil por cien" la postura de la Xunta.

"Aplicaremos la sentencia en el caso de que vuelvan a subir los índices de contagio en aquellos territorios donde los índices estén altos", ha explicado Feijóo, quien ha recordado que en Galicia ahora "no hay un índice suficiente" para ejercitar esta petición.

En su intervención ante los medios, Feijóo ha remarcado que la sentencia "es muy clara" y "considera la exigencia del certificado covid en momentos de incremento de contagio y lugares de incremento de contagio" como la "solución más necesaria, proporcionada y más idónea que las autoridades pueden implementar".

"El TS viene a dar la razón a los que hemos creído que el certificado covid no solo vale para subirse a un avión y, por lo tanto, ha de servir para otras muchas finalidades, para acreditar seguridad sanitaria, tanto para las personas que entran en una sala abierta al público como las personas que trabajan" en ellos, o en un hotel o restaurante.

CRÍTICAS AL GOBIERNO

Feijóo ha lamentado que la Xunta "no ha tenido el acompañamiento del Gobierno" y que en la última conferencia de presidentes celebrada en Salamanca, cuando él mismo defendió su uso --y obtuvo el respaldo de varias comunidades--, el Gobierno lo "rechazó por entender que perjudicaba a la población". "Acredita que el Gobierno, una vez más, se ha equivocado en lo que a legislación se refiere", ha apostillado.

"Lo que viene a decir (el TS) es que los beneficios superan mucho las dificultades de obtener el certificado", ha apuntado, a lo que ha añadido que además se incorporaba también la posibilidad de encontrarse en situación de inmunización natural (por haber superado la covid) o poder presentar un test negativo.

"Si esto lo hubiésemos tenido en España en el último año, la hostelería española hubiese recuperado miles de millones de euros y el turismo español hubiese atraído mucha más gente durante la temporada estival", ha deducido Feijóo. "Si en vez de perjudicarnos, nos hubiese ayudado a gestionar la pandemia, sin duda hoy por hoy España tendría muchísimas más divisas y muchísimo más turismo", ha remarcado.

RUEDA SUGIERE EL OCIO NOCTURNO

Por su parte, el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó también el "respaldo" a la tesis del Gobierno autonómico que decía que "en determinadas circunstancias", el certificado covid es "una herramienta útil y procedente".

Además, ha considerado que es una "herramienta "útil para las negociaciones que están en marcha" con respecto al ocio nocturno, por ello ha apuntado que la Xunta va a estudiar "hasta qué punto se puede usar y hasta qué punto es procedente". "Vamos a ver qué uso más amplio, especialmente en protocolos que están por cerrar", ha apostillado, sugiriendo un posible uso para el ocio nocturno a estudiar.

El Pleno del Congreso ha rechazado este miércoles la moción de Vox que proponía prohibir los indultos a los condenados por rebelión y sedición después de que el Ejecutivo concediera la medida de gracia a los presos del 'procés'. La iniciativa, que ha contado con el apoyo del PP, ha sido desestimada con los votos del PSOE y Unidas Podemos, las formaciones independentistas, Más País, Compromís y el BNG.

El diputado de Vox Javier Ortega Smith ha defendido la moción desde la tribuna para pedir una reforma del Código Penal y de la Ley del Indulto, entre otras cosas, para que la violencia y el alzamiento tumultuario fuesen agravante del delito de sedición --en lugar de condicionante-- y para que los condenados por este tipo de delito no pudiesen ser beneficiados con la medida de gracia.

También ha pedido incluir en la lista a los condenados por delitos de terrorismo, de financiación ilegal de los partidos políticos, o delitos contra la Administración Pública, la Administración de Justicia, la Hacienda Pública y la Seguridad Social, así como delitos contra a la Constitución, las instituciones del Estado, la Comunidad Internacional; de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional.

En el marco de su moción, Vox además ha defendido eliminar los beneficios penitenciarios --como permisos de salida y calificaciones de tercer grado-- a quienes cumplieran penas por delitos de sedición y rebelión.

"MOCIÓN DE HUMO"

En un debate marcado por la mesa de diálogo sobre Cataluña que se celebra este miércoles, desde Unidas Podemos el diputado de En Comú Joan Mena Arco ha tachado de "moción de humo de la ultraderecha" la iniciativa presentada por Vox.

Ha defendido la decisión del Ejecutivo de indultar a los condenados del 'procés' y ha asegurado que esta medida de gracia es la "expresión más clara y contundente de que el diálogo es la única vía posible" para "recuperar la convivencia territorial".

El diputado del PSC José Zaragoza ha acusado a Vox de querer "volver al régimen franquista y cambiar la Constitución de facto". Según ha dicho, el partido liderado por Santiago Abascal no quiere justicia, sino "venganza para continuar con la espiral del odio".

"La ley contempla los indultos", ha dicho tras insistir en que desde el PSOE defienden "cumplir con la Constitución entera". "No somos unos insumisos constitucionales como el señor (Pablo) Casado", ha señalado en referencia a la negativa del PP a renovar el Consejo General del Poder Judicial.

"LOS INDULTOS NO RESUELVEN EL CONFLICTO"

Junts y ERC han criticado abiertamente la moción. Ante la pregunta de cuáles son los "motivos reales" de los indultos concedidos por el Gobierno, el diputado Josep Pagès, de Junts, ha defendido que responden a la decisión de la Justicia alemana de no entregar al expresidente catalán Carles Puigdemont y al informe del Consejo de Europa sobre España. "Se deben a la necesidad del gobierno español de salvar la cara del poder judicial español", ha señalado.

En el marco de su intervención, la diputada de ERC Montserrat Bassa ha remarcado que "los indultos no resuelven el conflicto con Cataluña" y que son un "gesto" y un "reconocimiento de que las penas fueron injustas". Así, ha avisado de que este tipo de medidas no serán una solución mientras "haya manifestantes a los que se le aplique una Ley Mordaza" y un Tribunal de Cuentas que "persigue" a los líderes independentistas o mientras Puigdemont y sus exconsellers permanezcan en el "exilio".

Bassa ha asegurado que "la represión no va a poner fin al independentismo" y ha hecho un llamamiento para que se "pongan las urnas" en Cataluña. "O referéndum o desobediencia civil masiva contra el Estado", ha dicho.

Por su parte, el diputado del PDeCAT Genis Boadella ha insistido en que los indultos son una forma de hacer política y que son "la vía necesaria" para poder "hablar".

"SÁNCHEZ HUBIESE VOTADO A FAVOR"

El diputado del PP Carlos Rojas García ha tomado la palabra para insistir en que los indultos a los presos del 'procés' "están fuera de la ley" porque "no son morales ni legales" y ha asegurado que los actos de violencia en Cataluña son "fruto" de la "sensación de impunidad" derivada de la medida de gracia concedida por el Ejecutivo.

Desde Ciudadanos, el diputado Edmundo Bal ha aprovechado su intervención para recordar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo en campaña que no iba a conceder la medida de gracia a los líderes independentistas. "Me ofende grandemente los indultos cuando se ataca a jueces y fiscales que han sido el último dique de contención", ha dicho.

El diputado de UPN Carlos García Adanero se ha mostrado en favor de la iniciativa y ha asegurado si esta moción la hubiese presentado Vox antes de las elecciones, "Sánchez la hubiese votado a favor".

LA INICIATIVA

El debate ha tenido lugar este miércoles después de que Vox presentara ante el Congreso el pasado 24 de junio su moción consecuencia de interpelación urgente sobre "los motivos reales en virtud de los cuales se conceden los indultos a los condenado por la sentencia firme 459/2019 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo sin concurrir las causas legales para ello".

El partido liderado por Santiago Abascal sostiene que los "motivos reales" de la concesión de los indultos son de "puro interés personal y político del Gobierno" y que pretenden "asegurar el mandato" del presidente Pedro Sánchez "a cualquier precio", así como "lograr que sus medidas e iniciativas tengan el apoyo parlamentario con sus socios de investidura".

En este sentido, Ortega Smith ha recordado el informe presentado por el Tribunal Supremo sobre la propuesta del Ejecutivo de conceder los indultos. Asimismo, ha hecho reprochado la actuación del Gobierno en la mesa de negociación con Cataluña. "Después de 40 años de concesiones, qué más se puede ceder con quienes abiertamente han dicho que volverán a pisotear la Constitución", ha dicho.

Los diputados de PP, Ciudadanos, Foro Asturias y UPN también se han manifestado en contra de la reunión de este miércoles.

La dirección nacional del PP se volcará en mostrar su rechazo al homenaje que va a recibir el sábado el etarra Henri Parot con su presencia en un acto en Arrasate (Güipúzcoa) de apoyo a las víctimas organizado por el PP vasco. Ese mismo día, diferentes miembros del partido darán su apoyo a la Asociación de Víctimas del Terrorismo en los homenajes a víctimas de ese preso de ETA que van a realizar en diferentes ciudades, como Madrid, San Sebastián, Zaragoza y Granada.

En concreto, el PP vasco está organizando en la localidad guipuzcoana un "acto de desagravio" a las víctimas del Terrorismo ante el "homenaje de los batasunos" a Parot, convocado por la red ciudadana Sare. El acto consistirá en una concentración en la fábrica en la que estuvo secuestrado el funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara.

A esta convocatoria acudirán la vicesecretaria de Organización del partido y presidenta del PP de Navarra, Ana Beltrán, y el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, que arroparán a una treintena de cargos públicos del PP en esta región. También asistirá la presidenta nacional de NNGG y diputada nacional del PP, Beatriz Fanjul.

En declaraciones, Beltrán ha señalado que el PP nacional no puede "mirar para otro lado" ante la "humillación que supone el homenaje a Parot, "asesino de 39 personas", y que "atenta contra la memoria de las víctimas del terrorismo y los cimientos de la democracia".

La dirigente del PP ha subrayado que su partido "nunca va a dejar solas a las víctimas ni va a olvidar lo que la banda terrorista les ha hecho". "Y un partido como Bildu-Batasuna sigue amparando los asesinatos. No se puede consentir estos homenajes que ya se realizan con muchísima frecuencia", ha enfatizado.

En este punto, ha indicado que el PP ha solicitado en muchas ocasiones en el Congreso al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que busque la "fórmula para que dejen de producirse esos homenajes" a presos de ETA.

"No se puede estar cruzado de brazos, viendo como día tras día se humilla a quien tanto dolor y sufrimiento llevan padecido por haber sido víctimas de la banda terrorista", ha manifestado, para añadir que tanto en Navarra como en el País Vasco son frecuentes esos homenajes a etarras que "siguen estando orgullosos de serlo y son recibidos como héroes".

MÁS ACTOS EN OTRAS CIUDADES

Ese mismo día 18 de septiembre, los diputados y víctimas del terrorismo Jaime Mateu y Teresa Jiménez Becerril, participarán en Madrid en la ofrenda floral de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). A este homenaje a las víctimas de Parot también acudiría la portavoz de Interior del PP en el Congreso, Ana Vázquez, y la presidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP, Andrea Levy.

Paralelamente, desde las direcciones regionales del PP se respaldarán las ofrendas y actividades que ese mismo día organizará la AVT en otras ciudades como Zaragoza, Granada y San Sebastián, según han informado fuentes 'populares'.

Seo/BirdLife ha presentado este miércoles 15 de septiembre la 'Guía de Aves de Cortijo Guadiana', en la que documenta hasta 114 especies de aves de distintos ambientes tras siete años de trabajos de seguimiento científico en las casi 1.800 hectáreas de olivar, monte y ribera en la finca Cortijo Guadiana, en la provincia de Jaén.

La guía, elaborada en colaboración con la empresa productora de Aove Castillo de Canena, muestra indicaciones referidas al momento del año y la zona donde es más probable la observación de cada especie, mapas de distribución de las mismas, un código ético del observador de aves y 230 ilustraciones del artista de naturaleza Juan Varela, ha indicado la ONG.

La organización considera "sorprendente" el potencial del olivar para albergar tantas especies, ya que la cifra representa más del 85 por ciento de las especies que conviven en el Parque Nacional de Guadarrama, o más del 60 por ciento de todas las especies de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas.

Concretamente, la finca cuenta con un considerable número de especies reproductoras que instalan sus nidos en las ramas de los olivos, como es el caso de verderones, verdecillos y jilgueros; de mochuelos, abubillas y carboneros; o de perdices, chotacabras, buitrones y cogujadas.

Además, durante el otoño, en el olivar aparecen especies de aves migratorias como los mosquiteros, alcaudones, papamoscas y currucas. También aparecen las primeras aves invernantes, como la curruca capirotada, el petirrojo, el estornino pinto y el zorzal, la lavandera blanca o el bisbita común. El gavilán o diferentes aves rapaces acuden también a los olivares, aseguran desde SEO/BirdLife.

Igualmente, en el olivar conviven diferentes especies relacionadas con la vegetación fluvial como los zarceros, las tarabillas, las oropéndolas o los autillos; otras de mayor tamaño como el cormorán grande, la garcilla bueyera, la garza real o el azulón, u otras que buscan cobijo en los cortijos o en otras construcciones. Además de contar con varias especies amenazadas como alzacola rojizo, el alcaudón real y la tórtola europea.

Además, de esta biodiversidad la empresa colaboradora ha destacado que la presencia de estas aves hacen que la materia prima (aceituna) tenga una calidad ambiental, que según AOVE "resulta ser un excelente alimento, sano y nutritivo, libre de residuos tóxicos".

La directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, ha subrayado que la guía "es un extraordinario ejemplo de que es posible, rentable y necesario, desarrollar alianzas y acuerdos con agricultores y empresarios. "Trabajar para conseguir olivares más vivos es avanzar por conseguir mejores aceites, más sanos, más sabrosos, más sostenibles, tejiendo una red que vincula productores orgullosos de su labor en pro de un entorno más saludable, consumidores más satisfechos y más aves", ha dicho.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado buscan actualmente por el extrarradio de Madrid a un menor de 15 años de edad vecino de Morón de la Frontera (Sevilla) y que sufre una discapacidad física, después de que su madre saliese de viaje llevándole consigo y fuese localizada en la provincia de Segovia "desorientada", dando explicaciones "inconexas".

Según fuentes cercanas a la investigación, la madre, en pleno brote psicótico derivado de la grave enfermedad mental que sufre, habría dicho a los agentes que su hijo "se le murió" y que por eso "lo tiró a un contenedor" en algún punto de la Comunidad de Madrid que no ha sabido o querido concretar.

El asunto gira en torno a un matrimonio de Morón con dos hijos a su cargo, una joven de 18 años, a la que habría echado de casa hace unos días, y un adolescente de 15, el ahora desaparecido, que padece una discapacidad y va en silla de ruedas. Los miembros del matrimonio se habrían separado, contando la mujer al comienzo de la separación con la custodia de los dos hijos.

El asunto se destapó cuando esta mujer detuvo su coche el lunes por una avería tras quedarse sin gasolina en el kilómetro 130 de la A-1, en la provincia de Segovia. El operario de la grúa que llegó al lugar comprobó el grave estado mental por el que pasaba, por lo que llamó a la Guardia Civil. Los agentes al encontraron "desorientada" y manifestando declaraciones "inconexas" a los funcionarios.

Entonces, llamaron a su familia, que les confirmó que padecía una enfermedad psiquiátrica, por lo que deducen que hacía tiempo que no tomaba la documentación. Inmediatamente, preguntaron por su hijo adolescente, pero no estaba con ella. Sí llevaba en la silla adaptada en su coche y alguna ropa y enseres de él. Tras las preguntas, la madre aseguró a los guardias que "se le había muerto y que había tirado su cuerpo a un contenedor de Madrid".

A cuenta del estado de la mujer, fue trasladada a un centro hospitalario de Segovia para recibir asistencia médica, contactando la Guardia Civil con el padre del mejor y expareja de la mujer, para interesarse por el paradero del chico.

VISTOS EN UN HOTEL

Ante el relato de la mujer, el padre acudió el mismo lunes a la comisaría de la Policía Nacional de Morón para formular una denuncia por la desaparición del chico. La familia no cree que matara al chaval porque era "el centro de la vida" de su madre y le quería mucho.

Fruto de todo ello, policías nacionales de Morón visitaron la vivienda de la mujer, averiguando que la misma se habría deshecho de enseres y se habría marchado el pasado domingo por la tarde de la localidad sevillana llevando al chico con ella.

A partir de ahí, y según las pesquisas de los agentes, habrían pasado la noche del domingo en un hotel de Talavera de la Reina (Toledo), donde ambos fueron vistos y reconocido claramente por el gerente de ese establecimiento, que no vio cómo ni el momento concreto en el que dejaron la habitación.

En teoría, desde allí habrían proseguido su viaje hacia Madrid. Por ello, los agentes han iniciado un rastreo de la zona de la A-5 por la que la mujer podría haber llegado a la capital. Concretamente, han revisado zonas cercanas a esa autovía por Móstoles y Alcorcón.

Asimismo, han revisado varias cámaras de videovigilancia, aunque con la dificultad añadida de que el vehículo de la madre tiene los cristales posteriores tintados. Asimismo, están analizando el geoposicionamiento de su teléfono móvil esos días.

Aunque no creen la totalidad del testimonio de la progenitora, a la vista de que han pasado ya varios días desde la desaparición, esperan una cierta recuperación en el hospital para poder sacarla temporalmente y pueda dar a los agentes 'in situ' pistas de lo ocurrido para localizar al menor discapacitado.