La Audiencia Provincial de Madrid juzgará el próximo 8 de febrero a Juan Mendoza Jiménez, conocido como Juanín, por matar en junio de 2019 a sus cuñadas y herir de gravedad a su suegra con una escopeta en venganza hacia su mujer, han informado fuentes jurídicas.

El acusado se enfrenta a una petición fiscal de 64 años de cárcel, mientras que una de las acusaciones particulares reclama la prisión permanente revisable.

El fiscal le acusa de dos delitos de asesinato, por los que pide 25 años de cárcel por cada uno de ellos; de un intento de asesinato, por el que reclama trece años de prisión; y de tenencia ilícita de armas con la agravante de reincidencia, por el que pide un año de cárcel.

Solo una de las tres acusaciones particulares, la que representa a la mujer de 23 años fallecida, solicita que se le condena a prisión permanente revisable y de forma subsidiaria a 76 años de prisión, como piden otras de las dos acusaciones, la que defiende a la mujer de 35 años fallecida y a la representa a la suegra del acusado.

En el juicio de febrero se tendrá que dirimir quién fue la persona que le entregó el arma al acusado para llevar a cabo el plan que ideó para vengarse de su mujer por romper la relación e irse con sus hijas fuera de Aranjuez.

En su declaración en la instructor, el acusado alegó ante el juez que actuó en defensa propia después de que su excuñado le disparase, echando la culpa a su mujer de la tensión con su familia política.

VENGANZA

Ese día, Juanín disparó desde la ventana de su casa a varios familiares de su mujer, matando a dos cuñadas, de 35 y 23 años, e hiriendo en una pierna a su exsuegra. Juan Mendoza planeó vengarse por una supuesta infidelidad «haciendo daño a las mujeres de su familia política», un plan que ejecutó ese 9 de junio.

En el escrito de acusación de una de las víctimas, se relata que la mujer de Juanín decidió poner fin «a la relación, iniciando una nueva relación sentimental con tercera persona y abandonando la localidad de Aranjuez con su nueva pareja y dos de las hijas comunes».

Con ánimo de venganza, idealizó «un plan que llevo a la práctica el 9 de junio de 2019». Para ello, según consta en otro de los escritos, se hizo con «una escopeta del Calibre 12 Paralela, con número de serie 1380 – 66233, arma reglamentada de 3ª categoría, así como abundantes cartuchos para munición de la escopeta». Todo ello a pesar de que no tenía licencia de armas.

Pasadas las 21.00 horas, se encerró y se asomó a la ventana de la galería junto a la cocina de su vivienda que da al patio interior abierto del bloque de edificios, y «efectuó con la escopeta un primer disparo al aire para conseguir llamar la atención de los parientes de su mujer».

Tras ello, apareció una de las víctimas que le recriminó el disparo que había realizado y le advirtió de la existencia de niños jugando en el patio. Fue entonces, cuando sacó nuevamente al exterior la escopeta y la realizó un disparó mortal.

Inmediatamente, efectuó dos o tres disparos más, apuntando a la hermana de la anterior. A continuación, disparó a su suegra, que la hirió de gravedad. Las mujeres fueron trasladadas al hospital. Solo una de ellas pudo sobrevivir.

Tras estos disparos, Juan Mendoza realizó una llamada al 091 con la finalidad exclusiva de ser rescatado de su vivienda por la policía ante su temor a la reacción de los vecinos y familiares de las víctimas. Tras entregarse éste a la policía, la escopeta fue encontrada en la vivienda y estaba la escopeta montada, cerrada y en posición de disparo, con dos cartuchos en la recámara.

PENAS SOLICITADAS

El abogado de los familiares de la víctima más joven reclama que sea condenado a prisión permanente revisable, así como a quince años de cárcel por la tentativa se asesinato y a un año de cárcel por la tenencia ilícita de armas.

La acusación particular que representa a la familia de L.F.J. solicita que se le imponga la pena de 30 años de cárcel por cada uno de los asesinatos, así como la medida de libertad vigilada una vez que cumpla las penas.

También reclama que se le condene a catorce años por el intento de asesinato de la suegra del acusado y un año de prisión por la tenencia ilícita de armas.

De igual modo, el abogado de la suegra de Juanín reclama 30 años de cárcel por el asesinato de sus hijas; quince años de prisión por su intento de asesinato; y uno por la tenencia ilícita de armas.

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha calificado este lunes de «moderna», «pedagógica» y «europeísta» la oposición de su partido a la renovación del CGPJ, que se encuentra en funciones desde diciembre de 2018 y ha insistido en vincularla al cambio de criterio en la elección de los vocales para que «los jueces elijan a los jueces».

En una entrevista en Onda Cero, Maroto ha rechazado que se trate de una oposición «de bloqueo» y ha reconocido que es su «obligación» como principal partido de la oposición que los órganos consitucionales «estén renovados» aunque ha matizado que eso no quiere decir que lo vayan a hacer «de cualquier manera».

Maroto ha sido cuestionado al respecto a una semana de que el presidente del Tribuanal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, pronuncie su discurso de apertura del año judicial en el que previsiblemente se pronunciará sobre este bloqueo, que está cerca de cumplir tres años. Debido a una norma aprobada este verano, el CGPJ tiene limitadas al máximo sus competencias en funciones lo que mantiene paralizados muchos nombramientos.

El dirigente del PP ha pedido «se acabe eso de que los políticos elijan a los jueces» siguiendo la «recomendación de Europa» que en reiteradas ocasiones ha llamado a España a llevar a cabo la renovación del órgano de gobierno de los jueces y a profundizar en la separación de poderes.

«SANCHEZ PREFIERE QUE LOS POLÍTICOS ELIJAN A LOS JUECES»

En la misma línea Maroto ha insistido en que renovarán el CGPJ cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez «acepte» ese criterio y «entienda que esto es europeísta»; aunque ha asegurado que «no quiere» hacerlo sino que prefiere que sean los políticos quienes «sigan eligiendo a los responsables judiciales».

Por otro lado, al ser cuestionado sobre la posición del PP cuando estaba en el Gobierno, que no llevó a cabo esa reforma, Maroto señaló que el PP «evoluciona con la sociedad» y acorde con lo que esta va «demandando» y que ni la «legislación» ni la manera de «abordar los debates» es ala misma ahora que «hace 10 años».

Finalmente ha afirmado que los ciudadanos que escuchen la posición del PP sobre este asunto la «compartirán» porque «es lo razonable».

La europarlamentaria del PNV, Izaskun Bilbao Baraindica, ha reivindicado que la UE debe «estructurar un cauce adecuado para gestionar debidamente todas las personas afganas que van a llegar a suelo europeo». En este sentido, ha apelado a hacer «una gestión diferente» a anteriores crisis migratorias, de manera que se aplique «correctamente» la legislación internacional sobre asilo y se «construyan los mecanismos para acoger» a estas personas.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, la parlamentaria vasca ha considerado que «lo primero» que debería hacer la UE y el resto de occidente, ante la crisis humanitaria en Afganistán, es «pensar qué es lo que ha ocurrido si, durante 20 años, con todas las aportaciones, la intervención que ha habido, no se ha conseguido construir nada entre todos».

Además, ha incidido en que es preciso «estructurar un cauce adecuado para gestionar debidamente todas las personas afganas que van a llegar a suelo europeo». «Tenemos que hacer una gestión diferente de todas las crisis migratorias que hemos visto hasta ahora», ha emplazado.

De este modo, ha insistido en que se debe aplicar «correctamente» la legislación internacional en materia de asilo y se deben «construir los mecanismos para acoger» a estas personas que huyen del país tras la toma de control por parte de los talibanes. «Es su derecho, estamos en la obligación de hacerlo. Tenemos que construir esa distribución, ese reparto y crear las condiciones adecuadas para que puedan acogerse a ese asilo al que tienen derecho», ha apuntado.

Bilbao ha recordado que además Europa se enfrenta a la migración por motivos económicos y también se producirán migraciones «masivas» debido a la crisis climática. «Y lo que todavía no hemos hecho es construir los mecanismos adecuados», ha remarcado.

La representante del PNV ha lamentado que «al final» siempre surge «el escollo de los estados», algunos de los cuales «no quieren ni oír hablar» del fenómeno migratorio. A su entender, existe una «falta de realismo» y se está en una «campaña electoral constante» en vez de fijarse en «cuestiones importantes».

MIGRACIÓN ORDENADA Y UN TRATO «MÁS HUMANO»

En todo caso, ha advertido a sus responsables de que, «si no lo hacen por voluntad política», se verán obligados «por necesidad porque la migración tienen capacidad de llegar a todos los países europeos».

Además, ha planteado que Europa debería afrontar este asunto «por propio egoísmo» ya que es «una sociedad envejecida» con «problemas de cubrir empleos en muchísimos sectores porque faltan las personas que estamos rechazando en muchas ocasiones».

Por ello, ha reivindicado «una migración ordenada, una acogida en condiciones, mecanismos y programas para la integración de estas personas», además de un tratamiento «más humano» a los migrantes.

IMPULSAR EL FERROCARRIL DE ALTA VELOCIDAD

En otro orden de cosas, ha recordado que el eje atlántico del ferrocarril de alta velocidad, del que sería parte la ‘Y vasca’, está definido como estratégico a nivel europeo desde 1994. «Hay unos plazos europeos y hay recursos europeos», ha señalado Izaskun Bilbao, que ha recordado que, durante todos estos años, su partido ha demandado «que se cumplan esos plazos y se ejecuten los proyectos».

Del mismo modo, ha incidido en que existe un «compromiso» por parte del Gobierno español con el soterramiento de la llegada de la alta velocidad a Vitoria y Bilbao y, por ello, considera que «no hay provisionalidad que valga».

«Que utilicen los recursos europeos y ejecuten estos proyectos de alta velocidad porque es una exigencia europea –no es una exigencia solamente de un partido político–, que tiene unos plazos concretos que se tienen que cumplir», ha señalado la europarlamentaria, que ha esperado que el Ejecutivo de Sánchez «cumpla su compromiso», se hagan los soterramientos a las capitales vascas y «por fin se pueda tener una conexión».

FONDOS EUROPEOS Y LUZ

Asimismo, se ha mostrado convencida de que existen «mecanismos» en la UE para que «ningún país utilice de manera arbitraria los recursos» procedentes de los fondos europeos de recuperación.

En este sentido, ha señalado que el reglamento aprobado en el Parlamento europeo es «muy exigente y contundente» para que sean «proyectos innovadores» basados en la sostenibilidad, la digitalización y la creación de mano de obra «de calidad», la Comisión Europea analiza si los proyectos son «solventes y serios» y va a seguir habiendo «un control» en la ejecución de los planes por parte de la Comisión y el Parlamento.

Finalmente, preguntada por el debate sobre los elevados precios de la electricidad y la responsabilidad de la UE en este asunto, ha indicado que «lo más fácil es, cuando uno tiene responsabilidades, echarle la culpa a otro». A su entender, lo que se debería hacer es una «reflexión» sobre «cuánta energía consumimos y cuánta producimos», qué planes hay para el futuro y cómo abordar el problema.

Según ha indicado, «el problema es que somos grandes consumidores de energía pero no productores». «Y eso no depende de Europa», ha advertido.

Tras advertir de que proyectos sostenibles están teniendo «dificultades locales» para desarrollarse, ha criticado que «no queremos la energía nuclear, no queremos la energía como la tenemos actualmente, no queremos los parques eólicos porque nos molestan…». «No podemos decir no a todo», ha apuntado.

En este marco, ha incidido en que se puede producir energía sostenible y en Euskadi hay «una estrategia», pero se necesita una reflexión «como sociedad» y «dar confianza a las instituciones para conseguir ser líderes» en esta materia. Según ha advertido, el precio de la energía está costando «muchísimo» a la industria vasca.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha remitido este lunes una carta el jefe del Ejecutivo de la Nación, Pedro Sánchez, en la que le solicita la convocatoria de una reunión, de «manera inmediata», para impulsar actuaciones que contribuyan a revertir el estado del Mar Menor.

En la misiva, López Miras urge a Sánchez a celebrar este encuentro a la mayor brevedad con el fin de concertar y poner en marcha las medidas «imprescindibles y necesarias para la recuperación de este entorno natural», incluyendo «las que exceden de las competencias del Gobierno regional».

«La lucha contra la pandemia nos ha enseñado que es en los momentos más complicados cuando más toca estar unidos y trabajar juntos, por encima de cualquier diferencia, para poder cumplir con eficacia los objetivos planteados», señala López Miras.

Así, el dirigente murciano se muestra convencido de que el Gobierno será «receptivo» a esta «sincera y leal solicitud de colaboración y ayuda» por parte del Ejecutivo de la Región de Murcia, «pues nada podría justificar lo contrario».

Además, en la carta, el presidente murciano se pone a disposición de la Administración central para «hacer todo lo que esté en nuestra mano, y remarco lo de todo», al objeto de «poner así fin a una situación inaceptable que no puede prolongarse ni un día más».

Agrega López Miras que «la defensa y protección del Mar Menor no debe ceñirse únicamente a un conflicto de competencias que no hace sino retrasar la solución a tan grave problema, y en respuesta a las demandas de la ciudadanía, que exige de todas las autoridades responsables una actuación contundente y conjunta».

DECLARACIÓN DE ZONA CATASTRÓFICA

Por otro lado, López Miras urge en su carta a Sánchez que declare el Mar Menor zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil en el Consejo de Ministros de este martes, por encontrarse entre las zonas que han sufrido catástrofes naturales este verano.

Expone al presidente del Gobierno central que el Mar Menor, que define como «uno de los enclaves naturales de mayor importancia y singularidad medioambiental de Europa», ha sido escenario los últimos días de «diferentes episodios de hipoxia o baja oxigenación de sus aguas».

Una situación, añade, que se debe a «las altas temperaturas registradas, la continua entrada de agua dulce con nutrientes y el resto de factores que amenazan este entorno ecológico único tan vulnerable», y que ha provocado la mortandad miles de peces y otras especies animales.

«Un desastre natural sin paliativos que ha puesto nuevamente de manifiesto la urgente necesidad de que todas las administraciones implicadas adopten las medidas necesarias para la protección y total recuperación del Mar Menor», apunta López Miras, para quien la adopción de medidas «no pueden esperar más».

La familia del vecino de Velilla de San Antonio fallecido en noviembre de 2020 a manos de una paliza solicita una condena de 25 años de cárcel para el agresor Alberto C. por la presunta comisión de un delito de asesinato.

El pasado mes de abril, el instructor de la causa acordó en un auto iniciar los trámites para que el asesinato sea juzgado por un jurado popular de la Audiencia Provincial de Madrid.

El procedimiento penal se encuentra en la fase de presentación de escritos de acusación y defensa de cara a la celebración de la vista oral, que tendrá lugar los próximos meses.

Iván V., de 39 años, murió el pasado 13 de noviembre en el Hospital de La Princesa tras recibir dos días antes una paliza mortal por parte de un joven de 26 años, Alberto J.C. La autopsia calificó la muerte como violenta de tipo homicida.

UNAS PINTADAS CONTRA EL EXMARIDO DE SU PAREJA

La pelea se inició después de que el presunto homicida le recriminara unas pintadas que había hecho en su portal contra el exmarido de su pareja, con quien días antes había roto.

En el escrito de la acusación particular, el abogado José Luis Vegas González pide que se imponga al agresor una pena de veinticinco años de cárcel por de un delito de asesinato, previsto y penado en el artículo 139.1 del Código Penal. También reclama que indemnice a la familia con 200.000 euros.

En el relato de los hechos se expone que la víctima se encontró con un menor de edad en los alrededores del Auditorio de Velilla de San Antonio, donde se encontraba con un grupo de amigos. Fue entonces cuando Iván le recrimina unos hechos que habían ocurrido el día anterior en relación a unas pintadas.

«ENORME AGRESIVIDAD»

Comenzó una pequeña discusión en cuyo transcurso el menor empujó a la víctima hasta en dos ocasiones dado que no portaba mascarilla, lo que provocó que Iván reaccionara cogiendo de la pechera al menor. Acto seguido otras dos personas agredieron a la víctima con patadas en el muslo pero sin llegar a caer al suelo ni causar algún tipo de lesión.

Es en ese momento apareció el acusado, acompañado de su pareja, e interrumpe la discusión para preguntar quién había realizado pintadas en su portal siendo el propio Iván el que se identifica como autor. De forma sorpresiva, el acusado se quitó la chaqueta y se abalanzó sobre la víctima con «una enorme agresividad, propinándole una rápida cadena de golpes inesperados que impidieron cualquier tipo de reacción defensiva por parte de la víctima».

El acusado comienza dando una patada que impacta en el costado izquierdo de la víctima haciendo que pierda el equilibrio y de varios pasos hacia atrás. Tras ello, lo agarró del cuello para sujetarle la cabeza y le da con la mano derecha puñetazos en la cara.

Según el escrito, el golpe provocó que la víctima cayera al suelo entre dos coches quedando totalmente inmóvil, boca abajo, con los pies sobre el bordillo y el resto del cuerpo en el asfalto. Y una vez que la víctima está en el suelo «sin posibilidad de defensa alguna y a merced total del acusado, Alberto J. le propina un pisotón en la cabeza quedando aparentemente sin conocimiento en el suelo».

Finalmente, mientras que la víctima está tendida en el suelo sin aparente conocimiento, el acusado abandona el lugar de los hechos emprendiendo su huida a la carrera en dirección a su domicilio, lo que según el abogado denota «un desprecio total por la vida de esta persona».

El letrado insiste en que «la agresión no solo fue con violencia y buscando el mayor daño posible sin posibilidad de reacción por parte de la víctima, como lo demuestra el hecho que la primera patada fue de forma súbita, sino también un claro ejemplo de que la ahora parte contraria sabía perfectamente cómo hacer daño y donde hacerlo con los golpes en la cabeza y, sobretodo, el pisotón que da en la cabeza cuando la víctima ya estaba en el suelo indefensa por todos los golpes anteriores».

A consecuencia de la agresión, Iván fue trasladado al Hospital del Henares de Coslada. Se le realizó un TAC cerebral donde se objetiva: Hematoma agudo en ganglios basales derechos abierto al sistema ventricular; fractura de la pared medial de la órbita izquierda con hundimiento de la misma y fractura del suelo orbitario izquierdo con probable atrapamiento del recto inferior.

Dada la gravedad de las lesiones ese mismo día es trasladado al Hospital de la Princesa donde ingresó en la Unidad de Cuidado Intensivos (UCI) en estado crítico con pronóstico grave. El día 15 de noviembre de 2020 Iván fallece por muerte encefálica.

Unidas Podemos ha propuesto al PSOE limitar el precio de la energía nuclear y de la hidroeléctrica para bajar la factura de la luz, una medida que a su juicio el Gobierno podría acometer por decreto ley y así conseguir que los ciudadanos se vieran beneficiados a corto plazo.

La idea ya ha sido planteada en el Gobierno por la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y por el titular de Consumo y coordinador de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón. La propuesta está ya en manos del Ministerio para la Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera.

El objetivo de Unidas Podemos, según fuentes de la formación, es lograr que la factura de la luz baje con carácter inmediato y así atender la situación límite que vive España con los máximos históricos de las últimas semanas.

UN AHORRO ANUAL DE 1.500 A 3.200 MILLONES

Por eso, abogan por acometer esta reforma del mercado eléctrico a través de un decreto ley que pudiera entrar en vigor en un periodo de tiempo muy breve y lograr un ahorro de entre 1.500 y 3.200 millones de euros al año para los ciudadanos, según los cálculos aportados por la Unidas Podemos.

En concreto, proponen establecer un precio fijo para la energía nuclear, tal y como ya hace Francia. De esa forma, las comercializadoras podrán adquirir la energía nuclear a este precio de referencia y los consumidores quedarán protegidos frente a subidas en los costes de otras tecnologías que, con el sistema actual, se transfieren a la nuclear en forma de los llamados ‘beneficios caídos del cielo’.

Y en segundo lugar, quieren poner un precio máximo para la energía hidroeléctrica mediante un sistema similar al actualmente utilizado para algunas energías renovables. Así, cuando el precio de otras energías, como el gas, sea muy elevado, éste no podrá encarecer el de otras energías más baratas como la hidroeléctrica.

Según su plan, los precios de ambos tipos de energía serían fijados a través de una auditoría de costes de generación, una labor de la que se encargaría la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

A su juicio, la caída de precios en el mercado regulado provocaría automáticamente un efecto arrastre en el mercado libre, por lo que todos los consumidores se verían beneficiados de bajadas significativas en el precio de la luz.

REFORMAS DENTRO DEL MARCO EUROPEO

Desde Unidas Podemos aseguran que estas reformas se ajustan a la regulación europea y, al mismo tiempo, permitirán la necesaria reducción del precio de la factura de la luz, que ven «cada vez más urgente» tras los precios récord de las últimas semanas.

«El mercado eléctrico es un timo» –ha escrito la formación morada desde su cuenta oficial de Twitter –. Pagamos todas las tecnologías de producción de energía al mismo precio, y ese precio SIEMPRE es el más alto. Por ello eso hablamos de los beneficios caídos del cielo de las eléctricas».

En su opinión, «acabar con los beneficios caídos del cielo supondría miles de millones de euros de ahorro para las familias».

El consejero vasco de Seguridad, Josu Erkoreka, ha denunciado las conductas «intolerables» y «abiertamente delictivas» que se han visto en los altercados registrados en San Sebastián y ha explicado que, con los datos de los que se dispone en este momento, no se puede decir que «obedezcan a una estrategia planificada» o establecer «una asociación» con la ‘kale borroka’.

Un total de 40 personas han sido detenidas y otra veintena investigadas en relación a los incidentes en la capital guipuzcoana durante la última semana, hasta «un número de 62 o 63». Doce arrestos corresponden a los altercados registrados en la noche del sábado al domingo, según ha precisado el consejero en una entrevista concedida a Radio Euskadi.

Erekoreka ha denunciado estas «conductas incívicas, insolidarias, irresponsables, que son intolerables e incomprensibles por parte de personas civilizadas en una sociedad avanzada» y ha lamentado que, en la madrugada del sábado al domingo, también se produjeron «conductas abiertamente delictivas», con actos de «destrozos urbanos» y «pillaje» en algunos comercios.

Aunque este hecho supone «en sí una línea roja», ha matizado que habrá que ver «si se repite o no» ese tipo de actuaciones para decir si se ha producido un «salto cualitativo».

El consejero ha precisado que, con los datos que se manejan en este momento, no se puede afirmar que los hechos que se han registrado en la capital guipuzcoana en la última semana «obedezcan a una estrategia planificada, perfectamente coordinada de actuaciones de guerrilla urbana, a un designio social o político claro e incontestable».

En esta línea, ha apuntado no se aprecia «un fenómeno distinto» del que se está produciendo este verano en otras localidades vascas y también en otras comunidades autónomas por parte de personas que «se resistían a cumplir a la normativa de salud pública y se enfrentaban a los agentes de la autoridad» encargados de vigilar el cumplimiento de normas frente a la pandemia.

En cuanto al perfil de las personas que protagonizan estos incidentes, ha explicado que un 60% de los detenidos tienen antecedentes relacionados con delincuencia común o con infracciones de la normativa frente a la covid, pero no hay otro tipo de antecedentes «de manera palpable generalizada».

Según ha indicado, «no se puede decir que, como en otras ocasiones, cuenten con el respaldo, la comprensión o el aplauso de algún colectivo social o político». «En el pasado ha podido existir y ha existido en Euskadi y lo hemos denunciado, pero en este momento, por lo menos, un reconocimiento de apoyo explícito tampoco lo percibimos», ha señalado.

En esta línea, ha manifestado que «no hay información hoy por hoy para establecer una asociación a lo que está sucediendo ahora con la kale borroka o conductas afines a la kale borroka». «Hoy por hoy no tenemos información que pueda permitir alcanzar esa conclusión», ha reiterado el consejero, que ha apuntado a la existencia de «hedonismo insolidario e irresponsable» que, «a partir de ciertos niveles de alcohol, se traduce en este tipo de conductas».

Preguntado si el operativo de la Ertzaintza previsto en San Sebastián este fin de semana era suficiente, ha considerado que sí. Tras precisar que «los operativos no los diseña el consejero de Seguridad ni su equipo político, los diseñan los responsables policiales en función de la disponibilidad de efectivos en cada momento», ha recordado que «un porcentaje plantilla está de vacaciones», si bien ha subrayado que «no es hándicap para que se organicen los dispositivos suficientes para dar respuesta a las situaciones que se puedan generar en una noche».

En todo caso, ha advertido de que «nunca sabes con certeza dónde» se pueden producir altercados porque hay fiestas en muchas localidades y tener «efectivos suficientes en todos los municipios de Euskadi que puedan responder a cualquier eventualidad que se pueda producir a lo largo de la noche en cualquier lugar es imposible».

En su opinión, «no es fácil concluir que con más efectivos se habría podido evitar lo que ocurrido en tal o cual sitio, salvo que llenes las calles de policías».

«¿CON TANQUETAS?»

En esta línea, ha rechazado las críticas de sindicatos que han denunciado que la Ertzaintza está ‘desbordada’ y ha considerado que «en absoluto» es así, aunque «otra cosa es que te encuentres en situaciones más o menos previsibles».

De este modo, ha sostenido que la Policía vasca está «en condiciones de responder a cualquier situación que pueda producirse en Euskadi sin ninguna dificultad, con la planificación y la organización de los recursos propia de cada momento».

También ha rechazado las «acusaciones» que ha recibido por parte del PP y que ha achacado a que «tiene que salir en verano a hacer alguna declaración para recordar a la opinión pública que está ahí».

El consejero ha cuestionado «qué pretende el PP cuando dice que tiene que haber más recursos». «¿Que tenemos que ir, con tanquetas a Donosti, de qué está hablando? Porque los recursos de la Ertzaintza son los que son», ha subrayado.

En este sentido, ha recordado que «la plantilla es la que hay» y no es posible por ley «contratar interinos temporalmente para la campaña de verano». Asimismo, ha incidido en que «el principio de proporcionalidad que debe guiar la actuación de la policía no permite para nada tomar medidas absolutamente desproporcionadas». «Eso también hay que medirlo», ha advertido.

El secretario general y portavoz del Comité Ejecutivo de Ciudadanos, Edmundo Bal, considera «inaceptable» que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, justifique en un acuerdo bilateral con Marruecos la devolución de menores desde España al país magrebí y ha afirmado que deberá dimitir si la Justicia se pronuncia en contra de esta actuación del Gobierno.

En una entrevista en RNE, le han preguntado a Bal si Grande-Marlaska debería asumir responsabilidades políticas en el caso de que los jueces de Ceuta que analizan los recursos presentados por supuestas vulneraciones de derechos de algunos de los menores decidan suspender su repatriación.

El dirigente de Cs ha respondido que, «evidentemente», el ministro deberá dejar su cargo si eso ocurre, y ha añadido que Grande-Marlaska ha acumulado «innumerables desaciertos» desde el comienzo de su mandato.

Concretamente, ha mencionado su postura ante el acoso a políticos de Ciudadanos en la manifestación del Orgullo LGTBI de 2019 en Madrid, el cese ilegal del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, el acercamiento de presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco, «no hacer nada para impedir» los homenajes a etarras.

INCUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Lo de los menores marroquíes «es la gota que colma el vaso», ha concluido Bal, que cree que ha habido «infracciones de los procedimientos administrativos» y ha criticado que Grande-Marlaska pretenda «quitarse el problema de en medio echándole la culpa» al Gobierno de Ceuta. «¿La repatriación de personas en el ámbito nacional va a ser competencia de una ciudad autónoma? ¿Pero a quién pretenden engañar?», ha preguntado.

Además, ha calificado de «aberrante» e «inaceptable» que el ministro dé una explicación «absolutamente peregrina» defendiendo que la expulsión de España esos niños y adolescentes que entraron masivamente y de forma irregular en Ceuta el pasado mayo está respaldada por un acuerdo con Marruecos.

Esto implica decir que ese acuerdo «permite las devoluciones a lo bruto», pero si fuera así, «sería inconstitucional», ha advertido el también portavoz adjunto de Cs en el Congreso de los Diputados. Tras recordar que España tiene un sistema jurídico avanzado que reconoce «el derecho a la tutela efectiva y el interés superior de la protección del menor», ha rechazado la interpretación «completamente interesada y absolutamente errónea» del Ministerio.

«Es irrisorio que traten de convencernos de que es posible, mediante un convenio internacional, expulsar a personas sin darles derecho a audiencia, sin intentar encontrar a sus familiares, sin nombrar a un defensor judicial en el caso de que haya que proteger el interés del menor porque sea contradictorio con el de sus familiares, sin informes de los servicios de protección social y sin intervención del Ministerio Fiscal», ha manifestado.

CONOCER LA POSICIÓN DE ESPAÑA EN LA RELACIÓN CON MARRUECOS

En cuanto la crisis diplomática que se produjo con Marruecos en relación con este asunto y con la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, Bal ha censurado la «opacidad» del Gobierno de Pedro Sánchez y ha lamentado que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se haya limitado a decir que tendrá un diálogo sincero con Rabat sobre Ceuta y Melilla y sobre el Sáhara Occidental.

A su juicio, el Ejecutivo debería detallar en el Congreso «cuál va a ser la posición de España» respecto «al necesario diálogo y la relación de buena vecindad» que debe haber entre ambos países, y contar con las opiniones de los partidos de la oposición.

En general, el secretario general de Ciudadanos ha reprochado al Gobierno que, pese a la relevancia de los distintos temas que han ocupado la actualidad este verano, parece que «no ha tenido ganas de trabajar» y dar cuenta de su actuación.

COMPARECENCIA DE SÁNCHEZ EN EL CONGRESO SOBRE AFGANISTÁN

Sobre la situación en Afganistán, donde los talibán se han hecho con el poder tras la retirada de las fuerzas internacionales y España y otros países están evacuando a sus nacionales y a afganos que se encuentran en peligro, ha afirmado que Sánchez debería comparecer ante el Pleno de la Cámara Baja y así lo reclamará Cs el próximo miércoles en la Diputación Permanente.

«Nos parece completamente inconcebible que el presidente del Gobierno, en una situación tan grave, no comparezca para explicar a los ciudadanos qué está pasando en Afganistán y qué esta haciendo España», ha declarado, afeándole también que tardara varios días en hablar públicamente ante los medios de comunicación.

El diputado, que considera que en este asunto debe haber rendición de cuentas del Ejecutivo y unidad política para alcanzar «un acuerdo de Estado», ha indicado que su partido ha sido informado sobre el plan de evacuación por el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños.

Igualmente, cree que lo importante es que esta operación se desarrolle con éxito para sacar de Afganistán a «la mayor cantidad de colaboradores posible», aquellos que han trabajado con las fuerzas españolas que han estado allí desplegadas durante veinte años.

Asimismo, Bal espera que los distintos ministros y ministras traten en la Cámara Baja cuestiones como la devolución de los menores marroquíes o el encarecimiento de la factura eléctrica, un problema ante el cual el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos «no propone ninguna solución que pueda suponer una rebaja».

La Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales (CUBP), la mayor asociación de bomberos profesionales del Estado, ha puesto una denuncia en los Juzgados de Ávila contra la Diputación provincial abulense para que se tomen medidas judiciales tras el mayor incendio que se ha producido en la provincia en los últimos 40 años y que ha arrasado más de 22.000 hectáreas.

La catástrofe medioambiental, a juicio de la CUBP, ha dejado de manifiesto «la precariedad» existente en el Servicio de Prevención y extinción de incendios en la Diputación de Ávila en particular y en Castilla y León en general.

La denuncia de los bomberos básicamente consiste en exigir responsabilidades ante la falta de inmediatez a la hora de extinguir el vehículo que posteriormente provocó el incendio forestal.

Recuerdan que el fuego se inició el pasado 14 de agosto de 2021 a las 10:27 horas en el punto kilométrico 38 de la N-502, cuando un vehículo comienza a arder en el término de Navalacruz, a 40 kilómetros de Ávila.

La voz de alarma se produjo previsiblemente con la llamada a la Sala de Emergencias del 112 correspondiente del propietario del vehículo que informa de que su coche está ardiendo. Sin embargo, por razones que se desconocen, critican que no se actúa de forma inmediata por parte de ningún servicio público de prevención, extinción de incendios y salvamento, ni tampoco la respuesta del sistema de emergencias parece haber sido correcta a tenor de la situación.

Los efectivos que se activan en un primer momento no llegan al lugar de los hechos hasta casi una hora después del aviso, y tras detectar queefectivamente hay un vehículo ardiendo en la zona no se procede a suextinción inmediata. «Si esa actuación hubiera sido inmediata, diligente y adecuada, el fuego podía haberse evitado, apagando el fuego del vehículo con inmediatez, evitando que se extendiera al monte de forma inexorable».

Lo ocurrido, continúa el colectivo denunciante a través de un comunicado, es algo que se venía avisando desde hace años por la Plataforma de Bomberos públicos de Castilla y León, porque lo cierto es que para ofrecer servicio a toda la provincia de Ávila –8.000 kilómetros cuadrados con 100.000 habitantes y 247 municipios– solamente cuentan con un Parque de Bomberos profesional, el del Ayuntamiento de la capital abulense.

Teniendo en cuenta esta cuestión, afirman que los tiempos de respuesta, es decir, el tiempo medio que tarda un servicio de emergencia a un punto en concreto en su zona de actuación, «no son propios de un país desarrollado y que dejan en muy mal lugar a la Junta de CyL, en comparación con otras comunidades autónomas».

Desde el punto de vista de la asociación, hay un claro incumplimiento de la Ley Básica de Régimen Local, (art.36C) que regula la prestación de dicho servicio público como una de las competencias propias de la Diputación.

Recuerda además, y según la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León, se debe desempeñar mediante un servicio de bomberos profesionales y agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.

Recientes sentencias del Juzgado de lo Contencioso Administrativo No3 de León (20/2020) y del TSJCL (275/2020) refuerzan las mencionadas leyes, tanto la autonómica como la estatal, creando jurisprudencia al respecto en Castilla y León.

«Entendemos que ha habido dejación de competencias en materia de prevención y extinción de incendios por parte de la Diputación de Ávila, lo que podría generar responsabilidades penales a la vista de lo acontecido en Navalacruz, con inacción y/o actuación tardía y poco efectiva, además de una importante descoordinación entre las diversas administraciones», añaden.

En la denuncia se ha hecho especial hincapié en que se preserven todas las grabaciones de voz de cualquier tipo, telefónicas, redes de comunicaciones propias…y registros de datos que existan en los Centros de Atención y Despacho de Llamadas de Urgencia 112 de las distintas administraciones intervinientes, no solo Castilla y León.

«Como profesionales, creemos que es el medio para demostrar lo denunciado», concluye.