La Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria (SEMPSPGS) ha aprobado el nombramiento del director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, como socio de honor de la sociedad, cuya propuesta ya había sido aceptada previamente por el homenajeado.

De esta manera, los especialistas en Medicina Preventiva y Salud Pública quieren agradecerle su trabajo durante la pandemia por SARS-CoV-2 y su implicación para que se reconozca el valor de la Medicina Preventiva y la Salud Pública.

El nombramiento se ha llevado a cabo durante la Asamblea General de Socios de su XXI Congreso Nacional y X Internacional, celebrado la semana pasada en Santander, y que ya había sido inaugurado por el propio Simón.

En este sentido, durante el Congreso, Simón instó a los preventivistas a empoderarse y defender su especialidad ante otros profesionales sanitarios y ante la sociedad.

CAMBIO DE NOMBRE DE LA SOCIEDAD

Por otro lado, también durante la celebración de la Asamblea General de Socios se ha aprobado el cambio de nombre de la entidad; acuerdo por el que la conocida hasta ahora como Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH) pasa a llamarse Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria (SEMPSPGS).

Este cambio responde a que gestionar significa "aportar los recursos donde más necesarios son en cada momento, midiendo la actividad con indicadores de validez interna y externa y con una construcción epidemiológica y de la asistencia sanitaria adecuadas, y son los especialistas en Medicina Preventiva y Salud Pública los que están formados para ello", sostienen desde la sociedad científica. "Se trata, también, de reconocer una parte importante del trabajo que desarrollan a diario estos especialistas", añaden.

EL CONGRESO

Un total de 400 médicos especialistas en Medicina Preventiva y Salud Pública y personal de enfermería que trabaja a diario en esta especialidad han participado presencialmente en este Congreso.

En él, se ha puesto en evidencia la importancia y la necesidad de repensar las estrategias sanitarias centradas en la curación en lugar de en la prevención, en cuanto el futuro y la sostenibilidad del sistema sanitario pasan por la implementación de políticas basadas en la prevención, incluyendo las vacunas.

El elevado nivel científico demostrado por los ponentes ha quedado reforzado con las más de 300 comunicaciones presentadas por los congresistas sobre temas tan diversos como relevante para la especialidad.

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha destacado que Navarra es "un territorio referente" en lo relativo a la ciencia y la innovación y ha resaltado que la Comunidad foral cuenta con leyes y normas que "van a inspirar las leyes y las normas de nuestro país".

"Estamos en pleno trabajo con la nueva ley de Ciencia e Innovación, una ley que por supuesto no va a colisionar con vuestras leyes y normas porque compartimos competencias y, además, como Navarra es un territorio referente, España va a aprender de vuestras buenas prácticas en políticas de I+D+i", ha enfatizado.

Así lo ha señalado Diana Morant en una rueda de prensa que ha ofrecido este jueves junto a la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, tras mantener ambas un encuentro institucional en Pamplona, donde la ministra va a cerrar el congreso de biotecnología Biospain 2021.

La responsable del Ministerio de Ciencia e Innovación ha puesto en valor que Navarra es la tercera comunidad de España que invierte más en I+D. Según ha indicado, "prueba de este impulso es que en los últimos ocho años el ministerio ha destinado ayudas a entidades navarras por valor de más de 400 millones de euros, que están muy por encima de lo que se hace en otras comunidades y el peso poblacional de la comunidad". "Eso es un indicativo clarísimo de que hacéis las cosas muy bien", ha resaltado.

Se ha referido también a los centros de investigación públicos con los que cuenta Navarra como el Centro de Agrobiotecnología y ha garantizado que "sigue el compromiso firme del ministerio de invertir 9 millones de euros para hacer posible que tenga un centro propio". "Esperamos agilizar los trámites todo lo posible", ha aseverado.

También ha mencionado Morant el Centro Nacional de Energías Renovables y ha destacado que su ministerio "ha incrementado un 20% la financiación de este centro en este año, pasando de 4 a 5 millones de euros".

En este punto, la ministra ha resaltado la importancia que tiene ahora mismo la estrategia en energías renovables ante la "preocupación" por el aumento del precio de la luz. Y ha remarcado que "cada vez más tenemos que incorporar nuevas tecnologías, ciencia, investigación e innovación en las soluciones de los problemas de los ciudadanos y una de las soluciones de este país pasan precisamente por tener nuevas formas de energía".

En opinión de Morant, "la investigación científica en energías más eficientes nos puede ayudar a controlar el precio de la electricidad porque seremos menos dependientes de otras fuentes de energía que a día de hoy están sometidas a precios del mercado". "Cuanto más independientes seamos y más tecnologías alternativas tengamos, menos padeceremos la subida de la luz. Y en eso Navarra también es un tractor de todo el país y toda España", ha aseverado.

En cuanto a la Comunidad foral, también ha destacado que estará presente en dos planes complementarios en los que trabaja el Ministerio de Ciencia e Innovación, unos planes que suponen "un nuevo instrumento de colaboración entre el ministerio y las comunidades".

Asimismo, Morant ha resaltado que "desde nuestro país y también acompañados por comunidades como Navarra que se lo creen, vamos a trabajar por un plan por el talento", ya que, según ha indicado, "no podemos permitir que nuestros investigadores se vayan de este país porque no tengan una oportunidad de trabajo en nuestro país". "El futuro lo van a escribir nuestros científicos y tecnólogos porque o lo escriben ellos o no habrá futuro", ha subrayado.

"ELEMENTO NUCLEAR EN EL DESARROLLO"

Por su parte, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha compartido con la ministra que la ciencia y la investigación "deben ser elementos nucleares de nuestro modelo de desarrollo y también garantía de futuro". Y ha apostado por "seguir trabajando de manera colaborativa y cooperando" entre administraciones y también con la iniciativa privada para "llegar lejos" en este ámbito.

Chivite ha destacado que el Gobierno foral "ha desplegado la ley de Ciencia y Tecnología, aprobada en 2019, la cumplimos e incluso superamos los requerimientos de inversión establecidos en la propia ley. "Navarra es la tercera comunidad que más invierte alcanzando el 1,67, sobre todo gracias a que la iniciativa privada aporta dos tercios de esa inversión", ha precisado.

Sobre el talento, ha avanzado que la próxima semana el Ejecutivo foral va a presentar el plan de acciones que aborda la atracción, retención y retorno del talento en el marco de la excelencia científica y tecnológica. Y ha expresado la voluntad de su Ejecutivo de "trabajar con el Ministerio para que este objetivo lo abordemos desde todas las instituciones".

También ha hablado Chivite sobre la medicina personalizada y de precisión y ha puesto en valor que Navarra es la primera comunidad en contar con una estrategia integral en este ámbito. "Somos pioneros a nivel nacional y estamos convencidos y comprometidos con situar a nuestra comunidad como referente", ha afirmado.

Finalmente, sobre los PERTE, ha destacado que uno se centrará precisamente en la salud de vanguardia, donde Navarra tiene "un tejido empresarial importante", además de centros hospitalarios de "acreditado prestigio". Sobre este PERTE, la ministra ha avanzado que será el siguiente que se va a presentar.

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha anunciado este jueves 30 de septiembre en el Congreso de los Diputados que espera contar para este mes de octubre con la trasposición de la directiva europea sobre Derechos de Autor y, para finales de 2022, con la reforma de la nueva Ley del Cine.

Iceta ha repasado en una comparecencia a petición propia las líneas principales de su sector y los retos que deberán afrontar, entre los que ha incluido varias medidas legislativa pendientes. Entre ellas, la de la Ley del Cine y los derechos del autor, ya cuentan con fecha prevista para salir adelante.

"Queremos una nueva Ley del Cine que siga preservando el cine como un arte destinado a todo tipo de públicos. Es imprescindible alinear mejor la regulación con los criterios europeos en materia de ayudas públicas", ha señalado Iceta aludiendo a la "necesaria revisión" de la normativa.

Durante el pasado mes de julio se llevó a cabo una consulta previa y ahora el Ministerio espera "agilizar todos los trámites e interlocución" con el sector para elevar el anteproyecto de ley al Consejo de Ministros antes de que acabe este año. "El objetivo comprometido con el Plan de Recuperación es que la reforma esté aprobada a finales de 2022", ha apuntado el ministro.

En este campo, también ha avanzado que el próximo martes 5 de octubre se elevará al Consejo de Ministros el Real Decreto de ayudas extraordinarias destinadas al mantenimiento de las estructuras e infraestructuras de las salas de cine. "Como saben, el sector de la exhibición ha sido uno de los más golpeados por los efectos de las medidas sanitarias", ha añadido.

El Ministerio de Cultura y Deporte ha redactado un proyecto de Real Decreto que contempla la concesión de 10,2 millones de euros en ayudas directas a las salas de cine. En el texto, se recuerda que el subsector de la exhibición cinematográfica se vio obligado al cierre completo de las salas por fuerza mayor durante buena parte del año 2020, y posteriormente, ha afrontado la reanudación de su actividad empresarial "con importantes limitaciones de los aforos".

Además, Iceta ha afirmado que uno de los ámbitos en que Cultura "actuará de inmediato" será el de los derechos de autor. Así, a lo largo del mes de octubre espera tramitar el Real Decreto Ley sobre los derechos de propiedad intelectual en el Mercado Único Digital europeo.

El objetivo de esta norma es transponer simultáneamente al ordenamiento jurídico español dos Directivas relativas a los derechos de autor. Aunque el plazo de transposición de estas Directivas finalizó el pasado 7 de junio, "debido a las circunstancias de la pandemia, muy pocos Estados de la UE lo han hecho en plazo", ha aclarado.

LEY DE MECENAZGO Y AFOROS

El ministro ha detallado también otros proyectos legislativos pendientes para su departamento, aunque sin dar fechas en este caso. Por ejemplo, ha destacado que la aprobación de una Ley de Mecenazgo "sería clave para dar visibilidad e impulsar" el mecenazgo cultural en España.

"Vamos a trabajar con el Ministerio de Hacienda y Función Pública para poder disponer de un texto que podamos compartir con el sector y llevar al Consejo de Ministros", ha defendido. También ha aludido a la "necesidad" de una nueva Ley de Patrimonio y su compromiso para desarrollar "una norma del siglo XXI" que incorpore nuevos tipos de patrimonio como el inmaterial, audiovisual y cinematográfico, el industrial, los paisajes culturales y el patrimonio subacuático.

Por otra parte, Iceta ha abordado el tema de las restricciones de aforo en eventos culturales. "Somos conscientes de que algunos sectores, como el de los grandes eventos multitudinarios o los conciertos en las salas de música, siguen todavía muy afectados por las restricciones. Pero confiamos que poco a poco los elevados índices de vacunación permitan a las comunidades autónomas mejorar esos aforos y recuperar todas las actividades en los próximos meses", ha concluido.

AYUDAS CULTURALES HASTA 2022

A todas estas medidas, el ministro ha sumado la nueva prórroga incluida en el Real Decreto-Ley de los ERTE, que llevará hasta el 28 de febrero de 2022 las prestaciones para los artistas en espectáculos públicos, personal técnico y auxiliar del sector de la cultura y profesionales taurinos.

Iceta ha anunciado también "especial atención" al nuevo Plan de Fomento de la Lectura, que estará listo "antes de que acabe el año". Según el ministro, se está haciendo "una apuesta por la función central de las bibliotecas públicas proveyéndolas de libros en formato digital y de libros en papel con fondos del Plan de Recuperación".

Canarias ha registrado 95 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, por lo que el total acumulado en el archipiélago se eleva a 95.101, mientras que las muertes se sitúan en 985 óbitos al fallecer una persona en Gran Canaria, según datos de la Consejería de Sanidad del Gobierno canario.

Así del total de casos, 1.561 están activos (-54), de los que 34 permanecen ingresados en UCI, 174 están hospitalizados (-5) y 1.353 están en sus domicilios (-49). Además 92.555 personas han superado la enfermedad en lo que va de pandemia en el archipiélago tras recibir el alta hospitalaria 148 personas en las últimas horas.

En cuanto a la Incidencia Acumulada (IA) a 7 días en Canarias se sitúa en 27,57 casos por cada 100.000 habitantes y la IA a 14 días está en 55,7 casos por 100.000 habitantes. Asimismo se han realizado un total de 2.134.016 pruebas PCR en las islas, de las que 124.899 resultaron positivas, lo que supone el 5,85 por ciento.

Por islas, Tenerife suma 51 positivos, acumulando 45.492 casos, de los que 850 están activos epidemiológicamente (-38), 563 han fallecido y 44.079 han superado la enfermedad; Gran Canaria cuenta con 36.296 acumulados (+12), de los que 391 son activos (-25), 334 han muerto (+1) y 35.571 recibieron el alta médica.

Por su parte, Lanzarote suma 17 positivos, con 6.724 acumulados, de los que 102 son activos (-1), mientras ha registrado 50 óbitos y 6.724 superaron la enfermedad; Fuerteventura tiene 4.464 casos acumulados (+14), de los que 194 están activos (+12), 17 fallecieron y 4.253 recibieron el alta médica; y La Palma se mantiene y acumula 1.107 casos, de los que 15 están activos (-2), 16 han muerto y 1.076 han recibido el alta médica.

Finalmente, El Hierro suma un caso y acumula 462, de los que ocho están activos, cuatro han fallecido y 450 superaron la enfermedad; mientras que La Gomera se mantiene y acumula 403 casos, de los que uno está activos, uno ha muerto y 401 han recibido el alta médica.

Las comunidades autónomas continúan eliminando restricciones contra la Covid-19 como consecuencia de la baja incidencia acumulada en España, llegando incluso varias regiones a limitar sus medidas exclusivamente al uso de la mascarilla en espacios cerrados y a la recomendación de la distancia interpersonal de 1,5 metros.

Así, España se sitúa prácticamente en la normalidad previa al Covid-19 ya que, según han ido adelantando varias comunidades autónomas, las limitaciones que se mantienen tienen que ver con el uso de mascarilla en espacios cerrados y la distancia interpersonal, y algunos protocolos que relacionados con las residencias y centros educativos.

En cualquier caso, a las 17.00 horas de este jueves 30 de septiembre, así está el mapa de flexibilización de restricciones en cada comunidad autónoma:

ANDALUCÍA

Andalucía recuperó desde la semana pasada prácticamente la normalidad previa a la pandemia del coronavirus con la vuelta de los aforos del cien por cien a los teatros, cines, auditorios, conciertos y en los lugares de culto en zonas con nivel 1. En relación con los establecimientos de ocio nocturno, se iguala el número de comensales en mesas en el interior tanto en nivel 2 como en nivel 1, pasando de 6 a 8 comensales.

ARAGÓN

En Aragón, el ocio nocturno y la hostelería podrán abrir hasta la hora que les permita su licencia municipal, siempre y cuando no se superen las cuatro de la mañana. Los establecimientos de hostelería podían abrir hasta ahora hasta las 00.30 horas. Tanto en este caso, como en el ocio nocturno, se permitirá el acceso de nuevos clientes hasta media hora antes del cierre, a las 3.30 horas en el caso del ocio nocturno.

ASTURIAS

En Asturias, se permite el consumo en la barra de establecimientos hosteleros. No obstante, esta práctica sigue vetada en locales de ocio nocturno, que además tendrán como límite de cierre las 4,00 horas. Aquí, se pueden reunir un máximo de seis personas sentadas o de pie en interiores y diez en el exterior, aunque sigue prohibido bailar. El resto de establecimientos hosteleros ya no tendrán restricciones horarias para el cierre.

BALEARES

Baleares reabrirá el próximo 8 de octubre el ocio nocturno, con un aforo máximo del 75 por ciento, con los clientes sentados en mesa para beber y la obligatoriedad de llevar mascarilla en la pista de baile. El horario máximo de cierre será a las 05.00 horas.

CANARIAS

Canarias publicó la semana pasada un decreto ley que unifica la normativa alrededor del Covid. En concreto, esta norma señala que el ocio nocturno podrá abrir en todas las fases de alerta pero solo para prestar su actividad hostelera, sin que se permita el baile. Además, ha ampliado el horario de los locales de ocio nocturno que decidan exigir el certificado covid.

CASTILLA Y LEÓN

Castilla y León se ha colocado esta semana en una situación de "riesgo controlado", por lo que la Junta ha aprobado que se relajen las medidas restrictivas de modo que se eliminan los aforos y únicamente se mantienen las mascarillas en interior de establecimientos y la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros.

CASTILLA-LA MANCHA

La Junta de Castilla-La Mancha ha eliminado los aforos en espacios públicos y los horarios en los establecimientos de hostelería --donde autoriza el uso de barras y mesas en su totalidad--, permite actividades de baile en locales de ocio nocturno, así como congresos y reuniones, y la presencia de público en actividades deportivas siempre que permanezca sentado. Eso sí, se mantiene el uso de la mascarilla cuando se pueda mantener la distancia de seguridad.

CANTABRIA

Todos los municipios cántabros se han situado ya en un nivel 1, por lo que desde la semana pasada se puede abrir el ocio nocturno en toda la comunidad, aunque aún con alguna limitación. Y es que, según el 'semáforo covid' del Gobierno de Cantabria, en los municipios de nivel 1, el ocio puede abrir con un aforo del 50 por ciento, los clientes deben estar sentados en mesas de un máximo de 6 en interior y de 10 en terraza. Podrán abrir hasta las 3.00 horas.

CATALUÑA

La Generalitat ha aprobado la prórroga hasta el 8 de octubre del grueso de las restricciones para contener el impacto de la pandemia de coronavirus. Se mantiene así la recomendación de limitar las reuniones sociales a un máximo de 10 personas. El Procicat también eliminó la limitación del aforo al 70% en actos y ceremonias civiles y religiosas, entre las que se incluyen bodas, culto y ceremonias fúnebres.

EXTREMADURA

Las restricciones de aforo y horarios que continuaban activas en Extremadura han quedado definitivamente suprimidas este mismo jueves. Así, la comunidad extremeña levanta las medidas del nivel de alerta 1 y elimina todos los horarios y aforos en los establecimientos.

EUSKADI

Desde el pasado sábado, el ocio nocturno en Euskadi abre hasta las tres de la madrugada con una limitación de aforo de hasta el 50%. Además, se pueden utilizar las pistas de baile, pero con uso continuo de mascarilla. Esta flexibilización horaria también se aplica a las actividades culturales, sociales y comerciales, en las que el aforo es ahora del 75%. La semana que viene se estudiarán nuevas flexibilizaciones.

GALICIA

Galicia se mantiene en el nivel mínimo de restricciones. El nuevo protocolo para los locales de ocio nocturno sigue las mismas líneas que el de hostelería, establececiendo dos niveles: en el nivel 1 el aforo será del 50 % en el interior y el 75 % en la terraza y el horario de cierre será a las 3 de la madrugada. En el nivel 2 el aforo se incrementa al 75 % en el interior y el 100 % en la terraza y se podrá cerrar a las 4 de la madrugada. En este nivel en el que se solicitará el certificado covid para poder acceder al local.

LA RIOJA

El Gobierno de La Rioja aprobó este miércoles que la comunidad en su conjunto se sitúe a partir del este viernes en el Nivel 1 del Plan de Medidas según Indicadores. En concreto, en la hostelería y restauración el aforo máximo en interiores es del 75 % y sin restricciones en espacios abiertos, aunque se recomienda un máximo de 10 personas por mesa. El cierre de los locales será según su licencia.

COMUNIDAD DE MADRID

Será a partir del próximo lunes 4 de octubre cuando la Comunidad de Madrid elimine todas las restricciones de aforo para estar prácticamente "a un paso de seguir como antes de la pandemia", según indicó la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Así, se eliminan los aforos en todos los sectores de actividad económica o social, tanto en interior como en exterior.

MURCIA

Según anunció el presidente murciano, las restricciones que afectan a eventos multitudinarios y a prácticas deportivas "se irán eliminando conforme vaya evolucionando la situación epidemiológica", aunque apela a la "prudencia". Eso sí, los conciertos vuelven a la región pudiendo disfrutarse de pie y bailando y sin obligatoriedad de mantener la distancia interpersonal, aunque siempre con mascarilla.

NAVARRA

La Comunidad Foral dejará sin efecto todas las restricciones frente al coronavirus a partir de este viernes 1 de octubre, por lo que se recuperarán los aforos y horarios anteriores a la pandemia. Sin embargo, las medidas preventivas básicas como el uso de la mascarilla en espacios interiores y en espacios al aire libre cuando no se pueda respetar la distancia interpresonal seguirá siendo obligatoria.

COMUNIDAD VALENCIANA

La Comunidad Valenciana eliminará el 9 de octubre las restricciones de horarios y aforos, según anunció el presidente Ximo Puig, si bien aspira a implantar a partir de esa fecha el pasaporte covid en discotecas, festivales o conciertos, para garantizar que todos los asistentes hayan recibido la vacuna contra el coronavirus.

Esquerra (ERC), el PNV y Bildu quieren que el ex comisario José Manuel Villarejo y otros policías implicados en la operación 'Kitchen' vuelvan a comparecer en la comisión del Congreso que investiga esta trama y que la próxima semana debe decidir la que previsiblemente será su última tanda de comparecencias.

Además de Villarejo, los tres grupos son partidarios de que vuelva a desfilar por la Cámara el ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño. ERC y Bildu apuntan además a que habría que interrogar de nuevo al ex jefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas.

En los listados que han registrado en el Congreso, ERC y Bildu incluyen también el nombre del policía en segunda actividad Antonio Giménez Raso y del excomisario Jaime Barrado, a quienes también solicita Junts.

Barrado investigó a Villarejo y organizó el reconocimiento fotográfico en el que la doctora Elisa Pinto le identificó como el hombre que la apuñaló. ERC, de hecho, solicita que se cite a la propia Pinto.

Esquerra pone sobre la mesa para una segunda comparecencia los nombres del investigador de 'Gürtel' Manuel Morocho; del facultativo de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) Miguel Angel Bayo.

Además, ERC quiere volver a escuchar al propio Luis Bárcenas y al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y vuelve a incluir en su listado, como ya hizo al inicio de los trabajos de la comisión, al líder del PP, Pablo Casado, cuya comparecencia ha vuelto a pedir también Unidas Podemos y demanda, asimismo, Junts.

De su lado, Bildu y Junts aspiran a que se convoque a la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y al exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sánz Roldán, al que también reclama el grupo confederal.

MARLASKA Y ZOIDO

Bildu mete también en su lista al ministro del Interior Fernando Grande Marlaska, al exministro del ramo Juan Ignacio Zoido y al exsecretario de Estado Ignacio Ulloa, los dos últimos también solicitados por Junts.

La coalición abertzale también pide a quien fuera jefe de Gabinete de María Dolores de Cospedal como presidenta de Castilla-La Mancha, José Luis Ortiz, al magistrado instructor de la 'Gürtel' Pablo Ruz y el fiscal José Grinda.

Asimismo, los republicanos plantean que se tome declaración en sede parlamentaria al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, al exalcalde de Estepona Antonio Barrientos y al exgerente de este ayuntamiento Pedro López.

Los de Gabriel Rufián solicitan, asimismo, que se convoque ante la comisión quienes fueran dueños de Banca Privada de Andorra Higini y Ramón Cierco.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha saludado este jueves que el Consejo de Europa defienda las tesis de su partido para que "los jueces elijan a los jueces" y ha avisado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que el Partido Popular "no se moverá de posición" porque es algo que piden Europa y los jueces.

Así se ha pronunciado en la cuarta jornada de Convención Nacional del PP que se celebra en Sevilla, en un coloquio junto al expresidente José María Aznar, justo después de que en un informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa, se inste a España a cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y se de "voz" al Poder Judicial.

Casado ha señalado que en ese informe el Consejo de Europa "ha vuelto a decir que se tiene que modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial en España para permitir que los jueces elijan a los jueces" y ha resaltado que es "algo que está en la Constitución", pese a la modificación que hizo en 1986 el PSOE.

El líder del PP ha subrayado que la Comisión Europa ha dicho que el modelo tiene que contar con una mayoría elegida por los jueces y el Consejo de Europa se ha pronunciado hoy en esa misma línea. "Nosotros decimos claramente que no vamos a movernos de la posición que decía la Constitución, que pide Europa y que exigen los jueces", ha aseverado.

En este punto, ha avisado que si Sánchez no permite que parte de los vocales sean elegidos directamente por los jueces, en cuanto el PP llegue al Gobierno modificará la ley para que "la independencia judicial y la separación de poderes se refuerce en España".

Además, Casado ha criticado que el Gobierno "ocupe" los órganos reguladores y la Fiscalía General del Estado, pasando un "rodillo institucional por España". Sobre este último, ha subrayado que el Consejo de Europa también ha pedido "imparcialidad", después de que en este momento haya "una ministra socialista al frente".

El líder del PP ha señalado que con el Gobierno de PSOE y Podemos se está viviendo una "grave crisis institucional", en la que ministros del Gobierno "atacan" a las instituciones, como el Rey o el Poder Judicial, al tiempo que se "acalla" al Parlamento "sin permitir que se investiguen los estragos de la pandemia como en otros países o las negligencias clarísimas del Gobierno".

En una mesa bajo el título 'La fortaleza de las instituciones', Casado ha afirmado que "sin instituciones fuertes no hay democracia posible" y ha señalado que la "disolución institucional forma parte de una agenda radical" que el "sanchismo ha retomado con toda su fuerza".

"INTENTOS DE MANIPULACIÓN Y CONTROL EVIDENTES"

Por su parte, Aznar --que también se ha referido al informe del Consejo de Europa-- ha señalado que son "evidentes" los "intentos de manipulación y de control" de la Justicia por parte del Ejecutivo y ha afirmado que se está produciendo un "daño institucional" que afecta en varios sentidos.

En primer lugar, ha dicho que la democracia española "pierde reputación" desde el momento en que uno de los pilares del Estado es puesto en cuestión. En segundo lugar, ha recordado que el primer factor competencial de un país "siguen siendo las instituciones". "Ese es uno de los problemas que tienen los países iberoamericanos y España en ese sentido cada vez más se está latinoamericanizando en el mal sentido".

El tercer factor que provoca, ha proseguido, es la "inseguridad jurídica". A su entender, un país que transmite inseguridad jurídica "deja saber que su Estado de Derecho es regular y que sus factores y posibilidades de competitividad y crecimiento son decrecientes".

"UN JUEZ QUE DEJA LA POLÍTICA NO PUEDE VOLVER A SER JUEZ"

Además, Aznar ha subrayado que un juez que abandona la carrera judicial y se dedica a la política "no puede volver a ser juez", una premisa que ha extendido también para los fiscales. A su entender, "las reglas básicas de las instituciones hay que respetarlas".

En este punto, ha dicho que una de las cosas que "más escándalo" le ha producido es la actuación del Gobierno en el caso del "prófugo de la Justicia" Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, con la "utilización de la Abogacía del Estado en Europa en contra del Tribunal Supremo para impedir la extradición de un prófugo que se tenía que haber traído a España". "Esto es un escándalo extraordinario", ha aseverado.

Aznar ha criticado el nivel de funcionamiento en este momento del Parlamento y que ante una crisis internacional como la de Afganistán el presidente del Gobierno "no comparezca personalmente en el Congresoo de los Diputados a petición propia". "No es posible", ha exclamado, cosechando un aplauso del auditorio.

CASADO ELOGIA LA GESTIÓN DE AZNAR

En su intervención, Casado ha elogiado la gestión de Aznar y su intensa agenda reformista. "A los españoles les fue mejor, España iba bien", ha afirmado, para añadir que recibió de los socialistas un país quebrado y, en solo dos años, logró que España entrara en el"primer vagón" de Europa a la incorporación del euro.

El presidente del PP ha alertado sobre las cinco crisis derivadas de las políticas de Sánchez y sus socios: económica, institucional, internacional, social y territorial. Sobre esta última, ha dicho que esa crisis territorial se está "contagiando" a Baleares, Comunidad Valenciana, el anexionismo vasco sobre Navarra y está debilitando los mecanismos del Estado para reaccionar.

En el plano económico, ha denunciado la escalada del precio de la luz, una inflación que llega ya al 4% y que ha denominado como el "impuesto de los pobres, "los cinco millones de desempleados y una deuda pública cercana al 130%".

Casado ha afirmado además que el PP siempre estará con las víctimas del terrorismo, frente a un Pedro Sánchez que, según ha dicho, negocia con el "hombre de paz" Arnaldo Otegi, quien secuestró al embajador Javier Rupérez, que ha participado en la jornada de este jueves en la Convención el PP.

Finalmente, el líder del PP ha indicado que uno de los grandes éxitos de las legislaturas de Aznar fue acabar con el llamado 'Plan Ibarretxe' y tipificar el delito de referéndum ilegal, que posteriormente derogó el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. "Nuestro compromiso es volver a tipificarlo", ha garantizado.

La consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, Olga García, ha asegurado este jueves que el Ejecutivo regional no dispuso de "información previa a los desembalses" por parte de las eléctricas, que a su juicio han realizado una "gestión inaceptable a todas luces".

Una gestión que "con la modificación de la Ley de Aguas no debe volver a producirse", ya que según ha reafirmado, se implementan "límites mensuales de desembalsado y volúmenes mínimos de reserva", ha señalado Olga García.

De esta forma se ha pronunciado Olga García este jueves en la Asamblea de Extremadura, donde ha comparecido a petición de Ciudadanos y Unidas por Extremadura, para informar sobre las comunicaciones que ha realizado Iberdrola a la Junta de Extremadura acerca de las actuaciones en los embalses este verano.

"¿Ustedes creen que si hubiésemos tenido información hubiésemos dado la callada por respuesta? por supuesto que no", ha aseverado la consejera para la Transición Ecológica, quien ha asegurado que en el Gobierno extremeño han estado "preocupados y vigilantes" con la situación de río Tajo en el Parque Nacional de Monfragüe, respecto a la que han solicitado los "informes preceptivos".

Además, han tomado y analizado periódicamente muestras de la calidad del agua del Tajo y han realizado un seguimiento sobre el caudal de los embalses del entorno de Monfragüe, así como sus "potenciales afecciones" a la flora y a la fauna "que aún no se han producido" y ha confiado en que "no se produzcan", ha señalado Olga García.

En su intervención, García ha explicado que la Junta de Extremadura no ha tenido conocimiento sobre los desembalses de este verano, dado que no es miembro de las comisiones de desembalse de las confederaciones ni tampoco se le ha comunicado como consecuencia de lo que establece la Ley de Pesca, al no estar previstos daños a la fauna acuícola, los cuales "no hay constancia que se hayan producido", ha dicho.

A juicio de la consejera, "la evacuación de agua en los embalses ocurrida en los últimos meses es un ejemplo de malas prácticas", tras lo que ha apuntado que el Ejecutivo extremeño ha actuado "hasta donde permiten las normas", porque son las confederaciones los organismos competentes al tratarse de cuencas compartidas.

En ese sentido, Olga García ha recordado que el RDL 17/2021, que obliga a que las confederaciones al inicio de cada año hidrológico fijen un régimen mínimo y máximo de caudales mensuales a desembalsar en los embalses mayores de 50 hectómetros cúbicos, tanto en situaciones de normalidad hidrológica como de sequía prolongada, así como un régimen de volúmenes mínimos de reservas embalsadas para cada mes.

"Esta introducción de criterios de utilización racional de los recursos hídricos evitará efectos indeseados sobre la flora y la fauna", ha explicado la consejera para la Transición Ecológica, quien ha resaltado que "el Estado debe actuar para proteger los derechos de los usuarios del agua priorizando la satisfacción de las demandas de agua de la población, antes que a las actividades productivas particulares".

PETICIÓN DE MEDIDAS DE CORRECCIÓN

Para garantizar esto, ha explicado que en los últimos meses se han mantenido numerosas reuniones con los presidentes de las confederaciones hidrográficas del Tajo y el Guadiana, solicitando la interrupción de desembalses para evitar problemas en el abastecimiento de diferentes municipios y otros efectos medioambientales.

También se remitió una carta a la ministra para la Transición Ecológica con una petición formal para adoptar medidas de corrección de la gestión de desembalses, y celebró una reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente para reclamarle medidas para que no se repitiese lo sucedido este verano, ha desvelado Olga García.

Respecto al impacto de estos desembalses, la consejera ha señalado que "no se tiene constancia de mortandad de peces ni de ninguna otra especie en las orillas de los embalses y ninguno de los hábitats ni especies catalogadas en el Parque Nacional de Monfragüe se ha visto afectada por los desembalses".

POSICIÓN DE LOS GRUPOS

Tras la intervención de la consejera para la Transición Ecológica ha tomado la palabra la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha pedido la dimisión de la consejera para la Transición Ecológica, Olga García, por la "imagen que está dando de este gobierno", que está "arrodillado a los intereses de las eléctricas".

Y es que, según ha lamentado De Miguel, la consejera Olga García "o vive en otra realidad o viene aquí a defender los intereses de alguien que no es el pueblo extremeño", ya que según ha reafirmado, sí han existido problemas de abastecimiento de agua y en el caso de los daños ambientales "habrá que estudiarlos".

Irene de Miguel ha criticado el "saqueo y expolio" que sufre Extremadura "verano tras verano" ya que esta situación no es nueva, pero este año "ha sido más descarado", ya que las compañías eléctricas "turbinan nuestros embalses" mientras que el precio de la luz "no deja de subir".

"Esperaba más de usted, mientras Iberdrola realiza un "robo a mano armada" a la región con los desembalses, con un "atropello medioambiental" cuyos efectos todavía siguen en el paso del río Tajo a su paso por el Parque Nacional de Monfragüe, tras lo que ha criticado que la consejera para la Transición Ecológica no haya visitado la zona y reunirse con los alcaldes de la zona.

Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos Fernando Baselga, ha lamentado que la "negligencia" de la consejera puede provocar que fauna de Monfragüe pueda "morir próximamente" debido a la situación provocada en el río Tajo, y ante lo que ha preguntado si ha "pedido responsabilidades a Iberdrola por los daños ecológicos".

El diputado de Cs ha criticado la "mala praxis que se está produciendo en Extremadura en todas estas cuestiones", tras lo que valorado que se hayan aprobado caudales mínimos en la Ley de Aguad, "pero han tenido tiempo de hacerlo antes para que no hubiésemos llegado a esta situación", ha dicho.

Así, el diputado del Grupo Parlamentario Popular, Bibiano Serrano, ha considerado que Olga García como consejera no aprueba, pero como actriz no cuela", ya la Junta de Extremadura intenta "vender" una cosa "pero la realidad es otra"

Bibiano Serrano ha alertado de que la empresa eléctrica "se le ha ido un poquito de las manos, y han turbinado hasta el barro", por lo que "vienen problemas medioambientales", tras lo que ha asegurado que "quién se va a creer que usted no sabía nada", cuando los presidentes de las confederaciones hidrográficas los nombra el Gobierno

El diputado del PP ha considerado que "esto es una farsa montada para que bajaran el precio de la electricidad y no macharan más al Gobierno", tras lo que ha lamentado que la consejera lo "ha consentido absolutamente todo" y "no se ha ido al juzgado" para que se investigue este tema.

Finalmente, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista Carlos Labrador, ha reafirmado que la Comunidad Autónoma no tiene competencia sobre los desembalses, sino que su competencia es estatal, tras lo que ha resaltado que la Junta de Extremadura ha actuado "con responsabilidad y de manera inmediata".

Labrador ha destacado que en los municipios con problemas de abastecimiento "se ha actuado con urgencia", tras lo que ha resaltado que la Junta de Extremadura se ha reunido con Iberdrola para pedir que cesen los desembalses, lo que "demuestra la implicación en el problema", ha dicho.

"Ahora toca recabar la información y en el caso de que se hubiese producido alguna irregularidad, actuar en consecuencia", ha señalado el diputado socialista, quien ha calificado de "actuación bochornosa" la de las eléctricas, que "no han tenido empatía social con un bien público como es el agua", ha concluido.

La exvicepresidenta Carmen Calvo y el exministro José Luis Ábalos, que salieron del Gobierno en la remodelación del pasado julio, han sido elegidos este jueves nuevos presidentes de las comisiones de Igualdad e Interior del Congreso, respectivamente.

De los ministros cesados en aquella crisis de Gobierno, sólo ellos dos tenían escaño en la Cámara Baja y la nueva dirección del Grupo Socialista, que dirige el canario Héctor Gómez, decidió asignarles una Presidencia de comisión a cada uno.

Así, Calvo ha sido designada presidenta de la Comisión de Igualdad ocupando así la vacante que dejó la socialista gallega Pilar Cancela tras ser nombrada secretaria de Estado de Cooperación Internacional.En la votación ha sumado 19 apoyos frente a 10 abstenciones y cinco votos para la candidata de Vox, Lourdes Méndez.

Calvo ha agradecido al PSOE haber sido propuesta para el cargo, que ya ocupó hace años en una anterior etapa como diputada socialista. A partir de ahí, se ha puesto a disposición de la Cámara para ir gestionando el volumen de trabajo pendiente de la comisión.

CALVO, ANFITRIONA DE MONTERO

La exvicepresidenta siempre ha tenido preferencia por los temas de Igualdad, que dirigió en su primera etapa de Gobierno, antes del pacto con Podemos, y a partir de ahora se convertirá en anfitriona parlamentaria de su sucesora como ministra de Igualdad, Irene Montero, con quien protagonizó algún roce en el Ejecutivo por la redacción de algunas iniciativas legislativas.

De su lado, Ábalos se ha hecho con la Presidencia de la Comisión de Interior, un puesto para que el que Vox propuso a su secretario general, Javier Ortega Smith. Sin embargo, la candidatura de Ábalos cosechó 20 votos a favor frente a los cinco votos que obtuvo Ortega Smith, todos ellos de Vox, y nueve abstenciones.

Nada más ocupar su puesto, Ábalos ha agradecido a sus señorías la confianza depositada en él y ha dicho esperar "estar a la altura" de su compañera y predecesora Ana Botella, la primera ex secretaria de Estado de Interior de Pedro Sánchez, a la que la comisión ha despedido con aplausos. "Trataré, con la mejor intención, de dirigir los debates y tenerles el respeto debido a todos sin distinción", ha manifestado.

ÁBALOS ESPERA ESTAR A LA ALTURA DE SU PREDECESORA

Botella, que ya se despidió el pasado lunes de sus compañeros, pasará ahora presidir la Comisión de Educación, un cargo que desempeñaba el diputado Sergio Gutiérrez, que a su vez será portavoz de Exteriores en sustitución de Héctor Gómez, que fue nombrado nuevo portavoz del Grupo Socialista con el inicio del curso político.

Ábalos se ha estrenado este mismo jueves en el cargo en la Comisión dirigido el debate relativo al nuevo texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Su nombramiento como presidentes de comisión supondrá para Calvo y Ábalos un complemento 'extra' de 1.551,58 euros en su nómina. Así, la exvicepresidenta, que cobra cerca de 4.000 euros entre la asignación constitucional y las dietas por ser diputada por Madrid, pasaría a recibir más de 5.500 euros, mientras que el exministro, que recibe unos 5.000 euros como parlamentario por Valencia, incrementaría su sueldo hasta los 6.500 euros.

El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves la pretensión del PP de parar la reforma del Código Penal destinada a quitar penas de cárcel por los llamados delitos de opinión. Los 'populares han defendido un texto alterativo dirigida a aumentar las penas por enaltecimiento del terrorismo y han recibido los reproches del PSOE, Unidas Podemos y sus socios.

Con su enmienda de totalidad, los 'populares' proponían elevar de tres a cuatro años el castigo máximo por enaltecimiento, dejando el mínimo en un año y, en paralelo, rebajar las multas previstas. Ahora pueden oscilar entre 18 y 24 meses y plantea dejarlas entre 12 y 18.

Tras ser rechazada, lo que seguirá su curso será la reforma que busca despenalizar los llamados delitos de opinión y evitar la cárcel en casos como las injurias a la Corona, los ataques a los símbolos del Estado y el enaltecimiento del terrorismo. Se trata de una proposición de ley que Unidas Podemos registró en febrero tras la condena al rapero 'Pablo Hasél' y con la que pretende derogar los artículos del Código Penal que, a su juicio, atentan contra la libertad de expresión.

En el debate de este jueves, el PP ha defendido que todos los delitos que la reforma de Unidas Podemos pretende retocar o directamente suprimir tienen que seguir tal cual están ahora en el Código Penal.

El diputado del PP Carlos Rojas, que ha sido el encargado de defender la enmienda, ha empezado su intervención advirtiendo que no van a admitir que "actos de apología al terrorismo como el que se pretendía hacer a Henri Parot".

"Quien pretenda humillar a las víctimas del terrorismo se va a encontrar con la ley sin titubeos", ha señalado. En este sentido, ha destacado que lo que pretende Podemos es "garantizar la impunidad" para quienes hacen apología al terrorismo, una postura "absolutamente inaceptable".

Así, Rojas ha enumerado una serie de resoluciones del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo en las que se han establecido "límites" a la libertad de expresión cuando se veían afectados otros derechos, como el derecho al honor o a la intimidad.

El discurso de Rojas no ha logrado convencer al PSOE, Unidas Podemos, EH Bildu, PNV, Junts, ERC, EQUO y UPG, quienes se han mostrado en contra de la iniciativa. Cs se ha mostrado a favor.

"CRIMINALIZACIÓN DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN"

El diputado de Unidas Podemos Enrique Santiago ha sido el primero en criticar al PP por presentar "una enmienda a la totalidad que no aporta nada y carece de la más mínima calidad jurídica" y que, a su juicio, solo pretende retrasar una reforma del Código Penal. "No se puede condenar a ciudadanos por ejercer la libertad de expresión", ha dicho.

Según ha señalado, el PP busca "mantener la criminalización de la libertad de expresión" con más prisión y más multas para el delito de enaltecimiento al terrorismo. Ha insistido en que en la proposición de Unidas Podemos las víctimas del terrorismo tienen protección para que no sean ofendidas y ha reprochado a los 'populares' que no propongan punir la apología del franquismo.

Santiago ha asegurado que "el delito de enaltecimiento solo sirve para condenar a cantantes y raperos que nunca han alentado ninguna acto terrorista", en referencia a Hàsel.

PSOE YA AVISA QUE NO COMPARTE TODA LA PROPUESTA DE PODEMOS

Por el PSOE, el diputado Diego Taibo Monelos ha criticado al PP y ha asegurado que "lo que no pueden ni deben hacer" es "anclarse en el inmovilismo" y "plantear una enmienda para que todo siga igual". Ha pedido a los de Casado que tengan "un talante más constructivo para conseguir acuerdos y consensos para la reforma del Código Penal".

Eso sí, se ha mostrado en contra del apartado de la proposición de Unidas Podemos para suprimir las penas por enaltecimiento al terrorismo. "Ahí no nos van a encontrar", ha señalado, anticipando enmiendas paar recortar el texto de su socio de gobierno.

Taibo Monelos ha reconocido que existe un "conjunto importante" de recomendaciones por parte de entidades internacionales que reclaman una reforma del Código Penal y ha asegurado que el hecho de que España lidere la lista de artistas condenados en Europa "debería hacernos pensar", por lo que considera que hay artículos que se han "quedado desfasados" y que su revisión "no se trata de un capricho".

La diputada Inés Sabanés, de Más País-Equo, ha rechazado la propuesta del PP porque considera que olvida "el principal valor a proteger es la libertad de expresión", mientras que Néstor Rego, del BNG, ha señalado que la enmienda "opta por la tradicional de no cambiar nada para que todo siga igual" y ha asegurado que al PP "le importa poco" la libertad de expresión.

"UN ENCARGO DE LESMES"

Por su parte, el diputado de Junts Josep Pagès ha advertido al PP no va en la "dirección correcta". "La enmienda es una buena muestra de ir en contra de Europa y de los derechos", ha dicho tras sugerir que el texto presentado para "limitar" la libertad de expresión "debe de ser un encargo del señor Lesmes", en referencia al presidente del Consejo General del Poder Judicial.

Desde de Ezquerra, su portavoz adjunta, Carolina Telechea, ha criticado al PP por no traer "nada nuevo", sino una enmienda que, a su juicio, no garantiza la libertad de expresión. Ha avisado que votará en contra. El portavoz adjunto del PNV, Mikel Legarda, tampoco apoya el texto del PP: "Nuestro voto siempre irá dirigido a un examen técnico-jurídico en profundidad", ha señalado.

Asimismo, el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu se ha mostrado en contra de la enmienda, "como no tendría otro sentido". Ha asegurado que el PP en su exposición de motivos se le ha "olvidado" el "castañazo" del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la aplicación del delito de enaltecimiento al terrorismo y ha reprochado la intención de aumentar las penas de prisión.

VOX, CS Y UPN APOYAN AL PP

La propuesta del PP sí ha contado con el apoyo de Vox, Ciudadanos y UPN. En el debate, el diputado de Vox José María Sánchez García ha aprovechado para cargar contra la proposición de Unidas Podemos: "Este es el partido y la ideología que gobierna en coalición con el PSOE", ha subrayado.

La proposición de ley busca derogar el delito contra los sentimientos religiosos al entender que no tienen sentido en un Estado aconfesional, así como la supresión de delitos de injurias a la Corona, al destacar que esta especial protección de la más alta institución política del país constituye "un ataque contra la libertad de expresión". También plantea eliminar el tipo penal de injurias a las instituciones del Estado. En el caso del enaltecimiento del terrorismo, solicita su derogación.

Sánchez García ha criticado que Unidas Podemos defienda la derogación de estos delitos. Según ha señalado, la formación 'morada' pretende incriminar a las activistas provida --en referencia al debate de la semana pasada-- y que no sea delito ni injuriar al Rey ni ultrajear a España. No ha dedicado tiempo al PP.

El diputado de UPN Carlos García Adanero también ha cargado contra Podemos. "Que a ERC le gusta quemar banderas de España, que se pueda. Que la CUP quiere ahorcar figuras del Rey, que se pueda. Que Bildu quiere hacer homenajes a asesinos, que se pueda", ha dicho.

Por Ciudadanos, el diputado Juan Ignacio López-Bas ha asegurado que votarán a favor de la enmienda del PP y en contra de la proposición de Podemos, a quienes ha criticado por confundir la "legítima crítica política con actos que nada tienen que ver con la libertad de expresión".

López-Bas ha explicado que respaldará la iniciativa de los 'populares' porque, a su juicio, los homenajes a terroristas que no muestran arrepentimiento no pueden salir "gratis".

El Rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han llegado este jueves al salón Automovil de Barcelona, donde han posado para una fotografía de autoridades en la que también ha participado el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Roger Torrent. Por el contrario le han dado plantón el presidente catalán Pere Aragonés y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Torrent ha acudido al almuerzo inaugural del salón en representación del Govern y ha permanecido en otro extremo de la sala durante el besamanos, tras lo cual se ha colocado para la fotografía sin saludar al monarca y al presidente en ese momento.

Sánchez y el Rey han entrado juntos al salón donde se celebra el almuerzo inaugural del Salón del Automóvil, en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona, al que han llegado también con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, y el presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), José Vicente de los Mozos.

Han posado después para la foto junto al presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat; el consejero delegado de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga; la presidenta de la Diputación de Barcelona y alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, y el primer teniente de alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni.

También han estado el presidente del salón, Enrique Lacalle; el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; el empresario Luis Conde; el líder del PSC en el Parlament y jefe de la oposición, Salvador Illa; la presidenta de Webhelp, Helena Guardans; el presidente del Grupo Godó, Javier de Godó, y la ceo de SocialCar, Mar Alarcón.

Una vez dentro del salón del almuerzo, el Rey y Sánchez han ocupado sus lugares en la mesa presidencial, junto a De los Mozos, Relat, Lacalle y Godó, y en otra mesa han estado Torrent, Maroto, Marín, Garamendi y el presidente de Seat y Cupra, Wayne Griffiths.

Han acudido también al almuerzo el secretario general de Vicepresidencia, Políticas Digitales y Territorio de la Generalitat, Ricard Font, y el de Empresa y Competitividad, Albert Castellanos; el presidente de Faconauto, Gerardo Pérez; el presidente de Fecavem, el del Gremi del Motor, Jaume Roura, y el teniente de alcalde de Seguridad de Barcelona, Albert Batlle, entre otros.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tenía previsto participar del almuerzo inaugural, pero finalmente lo ha hecho Collboni, ya que la primera edil se ha ausentado debido a un imprevisto personal, según fuentes conocedoras.

RECORRIDO POR EL SALÓN

Tras el almuerzo, está previsto que el Rey y Sánchez, junto a otras autoridades, hagan un recorrido por el salón ---que se celebra hasta el 10 de octubre-- para conocer las últimas novedades del sector.

Esta es la cuarta visita del Rey a la capital catalana en lo que va de año, y no cuenta con Aragonès, que ha justificado su ausencia al coincidir con el Debate de Política General --el Rey y el presidente catalán sí coincidieron en la reunión anual del Círculo de Economía y en el Mobile World Congress (MWC)--.

La Federación de Organizaciones Andaluza de Mayores (FOAM) ha asegurado este jueves que "ya comienzan a notarse" los efectos de la tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19 en las residencias de mayores de Andalucía, ya que "ha bajado gradualmente" tanto el número de fallecidos como de contagiados recientemente, al mismo tiempo que ha contabilizado un total de 93 fallecimientos en residencias durante el mes de septiembre.

"El efecto no se ha hecho esperar", ha indicado en declaraciones el presidente de la FOAM, Martín Durán, quien ha indicado que estas muertes se han debido "a que la vacunación ha comenzado muy tarde", pero que ahora a final de mes "se están viendo los resultados".

"Al día 30 de septiembre, las muertes se han situado en cero y los contagios en tres casos, cuando en ese mismo mes hemos llegado a contabilizar en un día once fallecidos el día 13 y 129 contagiados el día 17", ha destacado en un comunicado.

En este sentido, la FOAM ha indicado que las 93 muertes de septiembre son "una cifra muy lejana" a las seis registradas durante julio. Asimismo, ha señalado que, por provincias, Sevilla es la que más fallecidos ha registrado en con 50, seguida de Huelva con once, Málaga con diez, Granada con nueve, Almería con cinco, Córdoba con cinco y Jaén con tres. Cádiz no ha contabilizado ningún fallecimiento en residencias este mes.

Durán ha exigido "la vacunación obligatoria" para trabajadores de residencias, la pauta completa para las visitas y realizar una prueba diagnóstica de infección activa de Covid-19 de cribado al personal de forma seriada y semanalmente a un tercio de los trabajadores, "de tal forma que cada 21 días se haya realizado el cribado completo a todos".

Del mismo modo, ha pedido realizar pruebas al retorno de trabajadores tras vacaciones y otras ausencias prolongadas, considerando como tal "las superiores a siete días", y continuar con medidas no farmacológicas.

"No podemos descuidarnos porque el virus continua ahí, por lo que hasta que no se encuentre un remedio definitivo que lo esterilice hay que seguir aplicando medidas que ayuden a su contención", ha concluido Durán.

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves un decreto ley en el que incluye un conjunto de diversas rebajas fiscales para los damnificados por la erupción volcánica en La Palma hasta 2026 y aplazamientos tributarios.

El vicepresidente del Gobierno, Román Rodríguez, acompañado por el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, ha detallado en rueda de prensa que habrá 'IGIC cero' para adquisición de viviendas, vehículos, fincas y enseres, y tipo cero también en el impuesto de patrimonio y actos jurídicos documentados para transacciones de vivienda, terrenos y donaciones, lo mismo que con el impuesto de sucesiones y donaciones.

En cuanto a los solares, la norma recoge que el adquirente y el promotor de la vivienda deben ser la misma persona física y ésta ser propietaria, usufructuaria o nuda propietaria, de una vivienda destruida por la lava cuya existencia y titularidad debe acreditarse por cualquier medio de prueba admitido en derecho.

Además, las obras de construcción deben comenzar en el plazo de un año desde la compra, sin sufrir interrupción por causa imputable al sujeto pasivo hasta su terminación, la cual debe tener lugar en cualquier caso dentro del plazo de dos años desde el inicio de las obras.

El tipo 0 del IGIC se aplicará también a los servicios de arrendamientos de apartamentos o viviendas amuebladas en La Palma que se destinen al uso como residencia de las personas desalojadas y a los servicios hoteleros cuando los usuarios hayan sido desalojados como consecuencia del volcán.

El decreto ley extiende la eliminación del IGIC a la compra de vehículos, que sustituyan a los destruidos por la lava, y la entrega de bienes utilizados en las actividades ganaderas y agrícolas de explotaciones palmeras.

Además, los bienes donados hasta el 31 de diciembre de 2022 para las personas afectadas por la erupción o para empresarios y profesionales cuyos establecimientos han quedado destruidos también tendrán tipo cero.

En cuanto a los aplazamientos tributarios, el decreto ley recoge la ampliación de plazo de presentación de la autoliquidación del tercer trimestre de este año del IGIC y de AIEM hasta el 31 de enero de 2022 y se podrán beneficiar aquellos sujetos pasivos con domicilio fiscal o establecimiento permanente principal en La Palma.

Asimismo, los que tengan obligación de presentar autoliquidaciones mensuales podrán presentar la correspondiente a septiembre hasta el 31 de diciembre de 2021 y la de octubre, hasta el 31 de enero de 2022.

La norma también permitirá el aplazamiento de deudas tributarias que se encuentren en período ejecutivo, con las excepciones y condiciones que fija el propio decreto y con independencia de este decreto ley, la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos también prevé incluir en el proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el próximo año 2022 bonificaciones en el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para los afectados.

UNA "RESPUESTA EXCEPCIONAL"

Rodríguez ha comentado que la erupción volcánica exige una "respuesta excepcional" por parte de las instituciones pues hay un "alto impacto en la vida de la gente", sin daños personales pero con importantes daños materiales, y aunque el volcán sigue activo y hay "que seguir esperando" para conocer el balance real de daños, ha destacado que el Gobierno "responde de forma inmediata" con alojamientos y adquisición de viviendas.

Desde el punto de vista administrativo, Olivera ha señalado que el decreto contempla la creación de una comisión interdepartamental de coordinación, dirigida por él mismo y con representantes de cada una de las consejerías.

Integrada por viceconsejeros o directores del Gobierno, sus funciones serán, entre otras, garantizar la coordinación entre departamentos del propio Ejecutivo y con otras administraciones, el impulso de actuaciones para la reparación de daños, la supervisión de la ejecución de esas medidas, y el análisis e informe del Plan Director de Reconstrucción y Reactivación de la Isla.

Al mismo tiempo, ha dicho que se crea una oficina de asistencia a los afectados por el volcán, ubicada en Los Llanos de Aridane y dependiente de la Viceconsejería de Presidencia, cuyo cometido será informar, asistir y apoyar la tramitación de los procedimientos de las personas afectadas, que el decreto ley declara de urgencia y gestión con carácter preferente sin necesidad de autorización previa del Consejo de Gobierno.

"La idea es que todos estemos bien coordinados y la oficina es la conexión con el territorio, es un sistema de gobernanza complejo, pero este es un problema complejo", ha señalado.

Además, ha dicho que el decreto ley también incluye medidas administrativas para facilitar la contratación de obras y suministros de emergencia y tratar de agilizar ayudas y subvenciones. "Queremos que los recursos lleguen rápidamente", ha indicado.

Castilla y León cruza datos con otras comunidades autónomas para comprobar las personas que se hayan podido vacunar fuera de la región y prevé que, una vez que acabe la campaña, se pueda llevar a cabo una estrategia de captación más "activa" para quienes hayan podido quedar rezagados, aunque se haya llegado a un "altísimo" porcentaje de vacunación del 90 por ciento.

Así lo ha explicado la directora general de Salud Pública, Carmen Pacheco, durante su visita al Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, que este jueves cierra como centro de vacunación masiva en la ciudad.

Pacheco ha explicado que hay un porcentaje de entre el 9 y el 10 por ciento de personas sin vacunar y ha concretado que el mayor descenso de las tasas de vacunación se registra en población en las franjas de edad de entre 20 y 29 y 30 a 39.

En este sentido, ha apuntado que creen que muchas personas son de población activa que han podido vacunarse en otras comunidades, motivo por el que se están cruzando datos en el registro nacional (Regvacu) para tratar de depurar las bases de datos y ver qué personas podrían estar vacunadas en otras comunidades, principalmente en Madrid y País Vasco, con los cuales, por proximidad, se tiene "muchas más relación".

Otro porcentaje puede no haberse vacunado por contraindicación o por rechazo de la vacuna, pero cree que "en general las personas que no se han vacunado por no querer es un porcentaje relativamente escaso".

En cualquier caso, ha explicado que cuando se termine de vacunar quizá haya que hacer alguna estrategia de captación "un poco más activa" de aquellas personas que puedan haber quedado "un poquito más rezagadas por la vacunación".

La misma, ha concretado, se haría desde Atención Primaria, la "parte más cercana a los pacientes", de tal forma que ellos podrían hacer una revisión de quienes que no estén vacunados y ver quién está pendiente de recibir dosis o no lo haya podido hacer por alguna circunstancia.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que el rescate y la recuperación de La Palma es "el objetivo número uno y la máxima prioridad" del Ejecutivo por la magnitud de los daños causados por la erupción en Cumbre Vieja, emergencia que sigue produciéndose y cuyas consecuencias aún no se pueden calcular hasta que el volcán pare definitivamente de emitir lava y gases.

Como ya hiciera en la sesión plenaria del pasado martes, Ángel Víctor Torres dijo ser consciente de la relevancia de todas las cuestiones que componen la llamada 'agenda canaria' y se mostró convencido de que tanto los presupuestos estatales para 2022 como los regionales cumplirán con el fuero canario y con los principales preceptos del REF y el Estatuto. Entre otros, con la próxima transferencia de las competencias de Costas.

Sin embargo, el presidente dijo tener claro que, ante una de las situaciones "más difíciles y casi sin precedentes" en la historia reciente de Canarias, "todos los esfuerzos de la Comunidad Autónoma y del resto de administraciones implicadas deben volcarse en los damnificados y en la Isla Bonita en su totalidad para minimizar cuanto antes los efectos del volcán y recuperar la normalidad, algo que costará tiempo, pero que requiere de la máxima voluntad, diligencia, coordinación, unión y agilidad".

En este sentido, el titular del Ejecutivo autonómico destacó el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) específico que el Gobierno central aprobará para toda la isla de La Palma. Asimismo, indicó que el Consejo de Gobierno de hoy seguirá abordando medidas extraordinarias dentro de las competencias regionales, iniciativas que se unen a los 10 millones ya aprobados para viviendas provisionales y enseres, y otros 7 para acciones económicas, con especial hincapié en el subsector agrícola, y sociales. Además, el Consejo de Ministros aprobó el pasado martes otros 10,5 millones para ayudar en la compra de unas 107 primeras casas provisionales durante lo que queda de 2021.

Torres considera muy relevante también el Plan de Empleo Específico para Canarias en el que trabajan distintas instituciones, la oficina única que se abrirá en Los Llanos de Aridane para encauzar todas las ayudas e información a los afectados por las coladas y la creación de la Comisión Mixta Interadministrativa que se reunirá mañana viernes en La Palma.

Tras el consejo de Gobierno de hoy, el presidente de Canarias y otros miembros de su Ejecutivo se desplazarán a La Palma, adonde también llegará hoy el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Se actualizarán los datos de la erupción y se preparará desde hoy la reunión de mañana de la citada Comisión Mixta.

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves, con el rechazo de PP, VOX y Ciudadanos, una iniciativa presentada por Compromís para que el Gobierno "tome las medidas necesarias para hacer efectiva la reciprocidad de todas las cadenas de televisión públicas en el conjunto del Estado" y rinda cuentas "en un máximo de seis meses desde la toma en consideración de dicho acuerdo".

La iniciativa, que ha sido transaccionada con Unidas Podemos y PSOE, ha sido sometida a votación este jueves y ha salido adelante con 182 votos a favor, 153 votos en contra y las 15 abstenciones de ERC. Al texto también se había presentado una enmienda de ERC que, finalmente, ha sido rechazada.

En su defensa de la iniciativa, el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, argumentaba que de los 50 canales de televisión que recibe en la Comunidad Valenciana "sólo dos" hablan "íntegramente" en su lengua, el valenciano.

"De hecho, mi nieto ve los dibujos animados prácticamente todos en castellano", ha subrayado Baldoví, para después pedir al Gobierno que "tome las medidas necesarias" para sea posible la reciprocidad de todas las cadenas. "Vivo en una comunidad autónoma con cinco comunidades limítrofes, Murcia, Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña y, por el mar, Illes Balears. Pero quiero tener la posibilidad de ver las televisiones andaluza, canaria, gallega o la vasca", ha apostillado.

Asimismo, el parlamentario ha explicado que quienes viven fuera de su comunidad y quieren ver su televisión apretando el botón del mando a distancia "o bien tienen que pagar una plataforma o bien tienen que tener una conexión internet". "Hay mucha gente aún en el Estado que no tiene facilidad de tener una conexión a Internet, así que creo que es lógico que la gente pueda ver la información de proximidad de la comunidad donde nació", ha añadido.

Por otro lado, Joan Baldoví ha apuntado que esta iniciativa tiene "otras consideraciones útiles" porque permitiría a los ciudadanos conocer la realidad de otros territorios vecinos y conocer otras lenguas. "Esta es una propuesta razonable, justa y recomendable, avalada por todas las leyes y por todos los tratados", ha recalcado.

En el turno de presentación de enmiendas, la diputada de ERC Marta Rosique ha afirmado que al leer el texto se ha "sorprendido" porque esperaba que pidiera la reciprocidad "de los medios de comunicación audiovisual de un mismo dominio lingüístico", en concreto, en catalán, "porque uno de los retos" para conseguir la pervivencia del catalán "es su uso en el ámbito privado.

Rosique ha aprovechado esta intervención para recalcar que es "importante" la coordinación "para impedir que la Ley Audiovisual estatal ponga obstáculos a la lengua catalana en el sector audiovisual". "La reciprocidad de los medios de comunicación audiovisual en catalán puede ser una realidad si hay una voluntad política. No es una cuestión técnica lo que ustedes plantean. Esta proposición no de ley se puede promover ya en plataformas digitales, pero la urgencia está en conseguir que el uso del catalán en el ámbito privado sea una realidad y cada vez sea mayor", ha zanjado.

Desde Unidas Podemos, la diputada Marisa Saavedra ha dicho que "el PP siempre ha socavado el aprecio, el conocimiento y el uso del valenciano". "En 2011 el PP, tras una persistente persecución judicial y económica, consiguió que nuestras comarcas dejáramos de recibir las emisiones de la radiotelevisión catalana", ha subrayado, para después defender la pertinencia de esta iniciativa.

EL PSOE SE PREGUNTA "QUIÉN NO PUEDE ESTAR DE ACUERDO"

La diputada del PSOE Tamara Raya se ha preguntado "quién no puede estar de acuerdo" con la iniciativa, pero ha recordado que "el marco jurídico actual permite llevar a cabo la emisión del servicio público audiovisual por ondas hertzianas terrestres de una comunidad o ciudad autónoma con otra y limítrofe.

"Ahora bien, esta garantía de reciprocidad también exige que se respeten la planificación del espectro radioeléctrico y se eviten las interferencias técnicas a otros prestadores", ha apostillado, al tiempo que ha agregado que en la actualidad no existe disponibilidad de espectro audiovisual al ya concedido a dichos servicios.

Ya en el turno de portavoces, tanto el diputado de la CUP Albert Botran como la portavoz de EH-Bildu, Mertxe Aizpurua, han adelantado su apoyo a la iniciativa. En concreto, Botran ha asegurado que "de forma política" se ha troceado el espacio lingüístico catalán para favorecer el castellano que "tiene hegemonía en la televisión, la radio, la prensa, las plataformas, el cine". "Aún así van con el discurso de que están perseguidos", ha declarado, para después mantener que "esto lo empezó el PP con el cierre de los repetidores de TV3 en el País Valencià".

Para la parlamentaria de EH-Bildu, la iniciativa contienen un "planteamiento totalmente razonable". Así, ha dicho que es paradójico que "en estos momentos se puede acceder a la programación televisiva de lugares remotos del mundo" a través de plataformas de pago y "sin embargo, las personas del Estado español que quieren ver la programación en otra lengua cooficial del Estado elaborada y programada por las televisiones autonómicas, es decir, públicas, no pueden hacerlo si no es a través de plataformas de pago".

Respecto al anteproyecto de Ley Audiovisual, ha insistido en que va "en contra de lo que reclama el sector audiovisual vasco, que reclama fijar porcentajes obligatorios, una protección especial y garantías concretas para salvaguardar el euskera en el sector audiovisual" también el catalán y el gallego.

Por su parte, el diputado del PNV Joseba Agirretxea considera "loable" el objetivo de la iniciativa, pero ha criticado que no se especifiquen los aspectos técnicos y económica por lo que cree que debería estudiarse "en profundidad cuál es la mejor fórmula para llevar a cabo lo que se propone". "No es nuestra prioridad, pero no nos parece mal", ha concluido.

La diputada del Grupo Parlamentario Ciudadanos María Muñoz Vidal se ha dirigido a Baldoví para asegurar que durante su intervención, le ha hecho cambiar el sentido del voto "hasta en dos ocasiones" porque "le veía ratos como un liberal y a ratos como un nacionalista".

"El verdadero objetivo de Compromís y de los partidos que van a votar a favor de esta iniciativa es seguir regando de dinero público las televisiones autonómicas, unas televisiones que generan división entre los españoles, que generan despilfarro y además una duplicidad con Televisión Española", ha afirmado el diputado de VOX, Manuel Mariscal.

Por parte del PP, Macarena Montesinos ha insistido en la idea de que la normativa estatal ya permite la reciprocidad de todas las cadenas de televisión públicas autonómicas en el conjunto del Estado. "Por mucho que pretendan disfrazar la iniciativa, sólo tiene un objetivo para Compromís y es la expansión colonialista --Sí, señor, Baldoví-- del soberanismo catalán a quién sirve realmente usted y su partido. Y en esa estrategia no nos van a encontrar jamás", ha enfatizado.

"Voy a votar en contra de esta iniciativa porque lo que está en peligro hoy, como secuela de la legislación promovida por el Gobierno de coalición y apoyada por sus socios independentistas, es el uso del castellano, lengua común de todos los españoles", ha finalizado el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca.

La reforma del Reglamento del Congreso para regular la actividad de los 'lobbies' en la Cámara, auspiciada por el PSOE, continuará su tramitación parlamentaria una vez que el Pleno ha rechazado este jueves el texto alternativo a la misma que había propuesto el PP y que ha contado con el apoyo de Vox.

La Cámara aceptó la pasada primavera tramitar la reforma auspiciada por el PSOE, aunque muchos grupos la criticaron por ser excesivamente rígida y ya avisaron de que presentarían numerosas enmiendas para modificarla, un discurso que han repetido este jueves.

Pero el PP optó directamente por presentar una enmienda a la totalidad con un texto alternativo para que el Congreso tramitase su propuesta en lugar de la de los socialistas.

Durante su presentación, el 'popular' Pedro Navarro ha criticado la iniciativa del PSOE por contener, a su juicio, un "régimen sancionador discrecional y abiertamente inconstitucional" y por someter a los diputados al "control subjetivo de la Mesa del Congreso mientras el Gobierno sigue sin control", habida cuenta de que la regulación de las relaciones del Ejecutivo con los grupos de presión no está prevista hasta finales de 2022.

El grueso de los partidos que han intervenido, entre ellos Unidas Podemos y el BNG, se han mostrado favorables a continuar con la tramitación del texto de los socialistas, si bien incidiendo en que intentarán que no se equipare a las plataformas ciudadanas, las ONG o los sindicatos, por ejemplo, con las grandes empresas a la hora de regular su relación con los parlamentarios.

Salvo Vox, que ha apoyado la alternativa del PP. Su diputado Ignacio Gil Lázaro ha coincidido con los 'populares' en que el régimen sancionador planteado por el grupo mayoritario es "bananero, kafkiano e inconstitucional en potencia" porque invita a "la sanción y la denuncia generalizada". "El del PP es un texto sensiblemente mejor que el inmenso bodrio jurídico que la del PSOE", ha sentenciado.

Por su parte, el socialista Julio Navalpotro ha rechazado la propuesta de los de Pablo Casado por considerar que se trata de una reforma "de mínimos" con la que sólo se busca "diluir" la presentada por su formación que es, ha enfatizado, "mucho más ambiciosa".

En sus respectivas iniciativas, los dos partidos mayoritarios plantean la creación de un registro de 'lobbies' en la Cámara, que tendrá carácter público. Pero, mientras el PSOE especifica que se le dará publicidad en la página web del Congreso, el PP no detalla cómo se publicitará.

Según la propuesta del PP, los grupos de interés deberán dejar constancia en ese registro de sus reuniones con diputados o personal adscrito a la labor parlamentaria "acompañando copia de la documentación en formato electrónico de la presentada durante esos encuentros".

Por contra, el PSOE es partidario de que sean los diputados o grupos parlamentarios los que comuniquen el contenido de su interlocución con los 'lobbies', que también se publicará en la web del Congreso. Se difundirá en todo caso la identidad de las personas que han entablado la comunicación, la fecha y las materias en torno a las que se ha ejercido la actividad de influencia", especifican los socialistas.

PP: INFORMACIÓN RESERVADA

En todo caso, el Código de Conducta que obliga a diputados y senadores desde el pasado mes de octubre, establece que los parlamentarios deben hacer pública su agenda institucional en el correspondiente Portal de Transparencia, "incluyendo en todo caso las reuniones mantenidas con los representantes de cualquier entidad que tenga la condición de grupo de interés".

Además, el PP introduce la posibilidad de que "la parte que entregue la documentación" de las reuniones con representantes de estos grupos solicite "que su contenido sea considerado reservado por motivos económicos y comerciales, secreto profesional, propiedad intelectual o industrial o por exigencias normativas", una salvedad que no menciona el PSOE.

El primer partido de la oposición determina que sea la Presidencia de la Cámara, "con el parecer favorable de la Mesa y la Junta de Portavoces", la que evalúe "la conveniencia de la reserva" y adopte "las disposiciones necesarias para garantizar la publicidad del registro, con las garantías suficientes para proteger los datos que deban permanecer reservados".

INFORME DE HUELLA LEGISLATIVA

Los dos partidos sugieren la creación de un expediente de huella legislativa de cada ley que se tramite en el que se recojan todos los cambios que se produzcan en el texto. Ambos piden que ahí se incluya toda la información aportada por los grupos de interés" sobre la iniciativa correspondiente y los socialistas apuntan también que al registrar cualquier iniciativa los grupos deberán comunicar si ha sido 'inspirada' por un 'lobby'.

Ambos grupos plantean inclusión en el Reglamento de un código de conducta para los 'lobistas' y posibles sanciones, si bien, los socialistas son mucho más precisos porque dividen la infracciones en leves, graves o muy graves y recogen una graduación de sanciones que irán desde el apercibimiento hasta la suspensión de la inscripción en el registro indefinida en el peor de los casos.

El PP también contempla la cancelación de la inscripción del grupo infractor y la prohibición de acceso a la Cámara, pero deja en manos de la Mesa del Congreso la decisión sobre la duración el castigo en función de la gravedad de la infracción.

A diferencia el PSOE, los 'populares' no concretan quién puede iniciar el procedimiento de infracción, una función que los socialistas delegan en un grupo parlamentario, la Mesa del Congreso o de sus comisiones, el secretario general de la Cámara, cuya Secretaría se encargará en todo caso de instruir el procedimiento dando audiencia a los afectados. La Mesa del Congreso será la que imponga la sanción.

CASTIGAR DATOS FALSOS

Por su parte, los socialistas incluyen también sanciones para los diputados y grupos que incumplan las obligaciones relativas a los 'lobbies', pero aprovechan su iniciativa sobre los grupos de interés para plantear castigos a los parlamentarios que incumplan el Código de Conducta de las Cortes, que falseen sus declaraciones de bienes, actividades e intereses económicos, no las presenten u omitan información en las mismas.

En este contexto, apuestan por sanciones que irán desde el apercibimiento y la publicación en la web del Congreso de la infracción cometida por el diputado o el grupo de que se trate hasta la retirada de cargos y complementos salariales del diputado que haya incurrido en infracción, exceptuando los establecidos constitucionalmente, es decir, su 'sueldo' base.

Otra de las especificidades de la iniciativa del PSOE es que, en su código de conducta para los grupos de interés, prohíben ser 'lobistas' a quien haya ostentado diputado, senador o alto cargo del Gobierno central en los cuatro años anteriores, así como quien haya sido inhabilitado judicialmente para ocupar un cargo público.

La reforma constitucional promovida por el Gobierno para sustituir de el término "disminuido" por "persona con discapacidad" ha superado este jueves su primer examen en el Congreso con el rechazo de las enmiendas de totalidad planteadas por el PP y Vox, pero en la votación no se ha alcanzado el listón de 210 diputados que se necesitarán para aprobarla, lo que pone en duda su futuro.

El texto, por tanto, continuará su tramitación pero su aprobación final podría correr peligro teniendo en cuenta que esta modificación puntual de la Constitución necesita un respaldo mínimo de tres quintos de la Cámara (210 votos) y en este primer test sólo ha habido 205 diputados apoyando el texto el Gobierno.

PP Y VOX YA SUMAN 140 DIPUTADOS

Y es que el PP y Vox, más los socios 'populares' de Navarra y Asturias, UPN y Foro Asturias, han sumado 142 votos en contra de reforma constitucional, lo que ya haría imposible llegar a ese mínimo de 210 diputados que se requiere para aprobarla.

La reforma fue impulsada por la Vicepresidencia de Carmen Calvo sobre la base de un texto de cuatro puntos que ya se había consensuado en la Cámara baja en 2018, pero que no se llegó a aprobar al disolverse las Cortes con la convocatoria de elecciones para 2019.

El texto, además del cambio del término 'disminuido', propone destacar "los derechos y deberes previstos" en la Carta Magna "en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva" para este colectivo, sin que "pueda producirse discriminación"; y encomienda a los poderes públicos la puesta en marcha de "políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad".

El PP y Vox defendieron este jueves en el Pleno la devolución de esa reforma por considerar que se aleja del necesario consenso que ésta exige, carece del rigor jurídico necesario y podría abrir una crisis institucional si los aliados del Gobierno aprovechan para exigir otras reivindicaciones.

REPROCHES DEL PSOE, PODEMOS Y CS

Sin embargo, sus argumentos cosecharon un duro reproche del PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos, así como de formaciones minoritarias como Junts, PDeCAT y Compromís, ya que tanto Esquerra Republicana (ERC) (ERC), como PNV y Bildu declinaron participar en este debate.

Mientras que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha confesado que no entendería que no prosperara con una "amplísima" mayoría una iniciativa encaminada a "eliminar discriminaciones, el resto de intervinientes han recriminado a los 'populares' y a los de Santiago Abascal que sean "rehenes" de su política de "tierra quemada" y que estén en "el no a todo" sólo por hacer oposición al Gobierno, y les han pedido que "rectifiquen".

El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha reivindicado el apoyo dado a la Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda Digna y Adecuada impulsada por colectivos sociales y sindicados, dado que es importante la movilización de la sociedad civil para presionar al Ejecutivo cuando hay "problemas" para sacar medidas "avanzadas", como regular el precio del alquiler.

Así lo ha trasladado en un vídeo difundido en redes sociales después de acompañar esta mañana a las organizaciones que han redactado esta normativa, para proceder a su registro en el Congreso de los Diputados mediante su firma y la de otros socios habituales del Ejecutivo, como ERC, EH-Bildu, Más País, Compromís y Nueva Canarias.

"Nosotros tenemos clarísimo con quienes estamos. Estamos con los colectivos en favor del derecho a la vivienda y es muy importante que cuando hay problemas en el Gobierno para sacar medidas avanzadas que garanticen ese derecho, se movilice la sociedad civil y puedan venir al Parlamento leyes que vienen con el apoyo de miles de colectivos", ha subrayado.

Y es que Echenique ha enfatizado que a los gobiernos no solo les deben "presionar" los grandes poderes económicos o fondos de inversión, sino también y "muy especialmente" la sociedad civil para que haya más derechos y leches, que consigan "cambiar cosas" en este país.

El portavoz de Unidas Podemos ha explicado que esta iniciativa legislativa es muy relevante, pues contiene medidas para impedir desahucios sin alternativa habitacional para colectivos vulnerables, garantizar el derecho a la vivienda, regular el precio del alquiler o prohibir cortes de suministros básicos en los hogares.

Finalmente, ha detallado que para Unidas Podemos es muy importante ser una "correa de transmisión de las demandas" de la ciudadanía, pues hay muchísima gente que paga alquileres abusivos o no tienen casas, mientras que por su lado los fondos buitre tienen cientos de miles de pisos.

La citada ley, impulsada por CCOO, UGT y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), entre otros, pretende regular el precio de los alquileres y se adelanta a la Ley de Vivienda prometida por el Ejecutivo, todavía sin acuerdo por la reticencia del PSOE a intervenir los precios.

La mayoría independentista de la Mesa del Parlament ha rechazado --con los votos contrarios de los dos miembros del PSC-- las peticiones de reconsideración presentadas por PSC, Cs, PP y Vox a la propuesta de resolución de la CUP sobre hacer un referéndum de autodeterminación esta legislatura.

Así, esta propuesta de los anticapitalistas se votará en el Pleno del Debate de Política General en la Cámara catalana este jueves por la tarde, aunque no se prevé que salga adelanta porque ni ERC ni Junts la apoyarán.

La aceptación a trámite por parte de la Mesa que preside Laura Borràs podría conllevar acciones judiciales para los miembros independentistas del órgano rector de la Cámara como ya sucedió con sus antecesores.

Fuentes parlamentarias han informado este jueves de que la Mesa también ha rechazado la reconsideración de Vox de la propuesta de resolución de ERC, Junts y CUP para instar al Govern a impulsar un 'Acuerdo Nacional por la autodeterminación'.

Asimismo, Cs ha pedido reconsiderar la propuesta de los 'cupaires' para la retirada de las acusaciones particulares de la Generalitat contra manifestantes y activistas políticos.

En concreto, los naranjas han pedido esta reconsideración por el punto en el que los anticapitalistas proponen al Govern "no colaborar en las batidas racistas de los cuerpos policiales españoles".

En este punto, la CUP ha apostaba por que el Govern desestime "cualquier operativo de los cuerpos y fuerzas de seguridad catalanas que tengan como resultado intencionado o en consecuencia directa la persecución y el encierro de personas en situación administrativa irregular en un Centro de Internamiento de Extranjeros para proceder a su expulsión sin que hayan cometido ningún delito".

Además, la Mesa ha aceptado la reconsideración de la CUP por la que los 'cupaires' han presentado un nuevo texto de su propuesta de resolución sobre retirar distinciones y homenajes a Juan Carlos I.

El texto inicial no se admitió a trámite porque iba dirigido al Congreso y a administraciones municipales, y no al Parlament o al Govern.

La Comunidad de Madrid elimina a partir del lunes 4 de octubre las limitaciones de número y duración de los encuentros de los usuarios en las residencias de mayores con sus seres queridos, con los que volverán a poder tener contacto físico tras más de año y medio prohibido por la pandemia.

El Gobierno regional ha tomado esta y otras medidas gracias a la evolución positiva de los datos de incidencia acumulada y a que, desde el pasado 21 de septiembre, ya se está administrando una tercera dosis de vacuna contra el coronavirus a los residentes.

La actualización del protocolo sobre salidas y visitas de familiares a estos centros, elaborado por la Dirección General de Coordinación Socio-Sanitaria y la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia, actualiza las medidas incluidas en la guía vigente desde el pasado 4 de agosto.

La mayor novedad del texto es que el número de visitas y la duración de las mismas ya no estarán sujetas a ninguna limitación, por lo que los distintos centros de la región retomarán el horario habitual que aplicaban antes de marzo de 2020.

LOS GERIÁTRICOS DEBERÁN DELIMITAR EL AFORO MÁXIMO Y TENER UN REGISTRO

Los residentes vacunados podrán seguir recibiendo a sus seres queridos en sus habitaciones, y los centros deberán facilitar a los familiares la estancia en distintas zonas comunes para realizar las visitas, tal y como sucedía antes de la pandemia, en las que se deberá delimitar un aforo máximo en función de su tamaño.

Como norma general, este aforo máximo será de un tercio de la capacidad habitual del recinto dedicado a facilitar estos encuentro. También como novedad se permite el contacto físico, como cogerse las manos (siempre siguiendo los protocolos de lavado de manos), y los abrazos breves entre personas completamente vacunadas y sin contacto cara a cara.

No obstante, se mantienen las medidas organizativas y de control que permitan conjugar el derecho de los mayores a recibir estas visitas con la seguridad de los residentes y empleados.

Así, los centros deberán mantener un registro de las visitas, que seguirán limitadas a dos personas por residente o tres en caso de que alguno de los familiares que acuden tenga dificultades de movilidad.

La Comunidad de Madrid recomienda también que no acudan menores o personas que aún no tengan completa la pauta de vacunación, y no se permitirá el acceso a visitantes que hayan tenido contacto estrecho con positivos o tengan síntomas, aunque estén vacunados.

En caso de que alguna residencia vea suspendidas las visitas, salidas e ingresos debido a que la autoridad sanitaria declare la existencia de un brote en las instalaciones, deberán facilitar a los residentes los medios para comunicarse a diario con sus familiares.

La actualización del protocolo mantiene la recomendación de que tanto los usuarios como los trabajadores que vuelvan a las instalaciones tras un periodo vacacional de más de 7 días aporten una prueba PCR negativa realizada en las 72 horas previas a su regreso o bien un test de antígenos.

Además, los visitantes deben utilizar en todo momento la mascarilla y mantener la distancia de seguridad con otros residentes y sus familiares y con el personal del centro.

El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello, ha animado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a que, antes de opinar sobre las palabras del Papa Francisco, se lea la carta completa en la que pide "perdón" a México por los pecados y acciones que no contribuyeron a la evangelización, pues aseguran que el Pontífice no se refiere a la conquista de América sino a hace 200 años.

Así, al ser preguntado por si lo que quiere decir es que Ayuso se lea la carta completa del Papa Francisco con motivo de la Consumación de la Independencia de México, el portavoz de los obispos ha respondido afirmativamente. "Sí, por eso la hemos ofrecido para que en sus medios pongan un enlace y sea fácil leerla", ha subrayado Argüello este jueves en rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Permanente de la CEE.

Según ha explicado, los obispos españoles han asistido "perplejos" a los comentarios sobre la carta del Papa Francisco, porque consideran que Bergoglio no pide perdón por la conquista de América sino que defienden que la carta se refiere a la independencia de México, a hace 200 años y no 500.

"Hemos asistido a los comentarios de estos días y pensamos que se han hecho desde un titular elaborado sin la lectura del documento, quiero animar a que lean el documento que va dirigido a México porque celebra los 200 años de su independencia y fuera de ese contexto el documento no se entiende, se refiere a los 200 años de la independencia", ha subrayado Argüello.

La misiva efectivamente se remite con motivo de los 200 años de la independencia de México aunque en ella se lee el siguiente texto: "Para fortalecer las raíces es preciso hacer una relectura del pasado, teniendo en cuenta tanto las luces como las sombras que han forjado la historia del país. Esa mirada retrospectiva incluye necesariamente un proceso de purificación de la memoria, es decir, reconocer los errores cometidos en el pasado, que han sido muy dolorosos. Por eso, en diversas ocasiones, tanto mis antecesores como yo mismo, hemos pedido perdón por los pecados personales y sociales, por todas las acciones u omisiones que no contribuyeron a la evangelización".

No especifica el Pontífice el periodo de evangelización al que se refiere cuando menciona los pecados de la Iglesia pero sí habla de que sus predecesores, y él mismo en diversas ocasiones, han pedido perdón. Precisamente, en 2019, el episcopado mexicano respondió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que tres papas han pedido perdón por los pecados cometidos "contra los pueblos originarios", según informó entonces Vatican News, medio oficial del Vaticano.

En aquel año, López Obrador pedía precisamente a los obispos mexicanos que solicitaran al Gobierno español y al Papa Francisco que pidieran perdón por los "abusos, crímenes y atropellos contra los pueblos originarios, teniendo en cuenta que en 2021 se cumplen 500 años de la conquista de la antigua Tenoxtitlan. "España ya le contestó y nuestra Iglesia, en varias ocasiones, sobre todo en torno al año 1992, lo ha hecho", dijeron los prelados mexicanos. Así, Juan Pablo II pidió perdón en 1992, Benedicto XVI lo hizo en 2007 y Francisco en 2015.

"Y quiero ser muy claro, como lo fue San Juan Pablo II: Pido humildemente perdón, no sólo por las ofensas de la propia Iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América. Y junto a este pedido de perdón, para ser justos, también quiero que recordemos a millares de sacerdotes, obispos, que se opusieron fuertemente a la lógica de la espada con la fuerza de la cruz", dijo entonces Francisco.

El portavoz de los obispos ha precisado que el Papa habla de una mirada retrospectiva y de un proceso de purificación de la memoria y "para facilitar esa propuesta de revisión de las propias raíces, dice que 'la Iglesia' y cita a sus antecesores, 'ha pedido repetidas veces perdón', porque en su actuar, no solo en América solo sino en cualquier lugar del mundo, la Iglesia, en su tarea de evangelización hace cosas bien y mal".

"Hacer desde ahí el tipo de titulares, de comentarios editoriales, uno se asombra porque dice, si está clarito, si son 200 años, si la única referencia que se hace a 500 años es la belleza de Guadalupe, la belleza del mestizaje", ha subrayado.

Preguntado por si esto puede responder a una campaña para atacar al Papa Francisco, Argüello no ha querido entrar a decir si estos comentarios sobre la carta del Papa a México "responden a una estrategia de decir este Papa, en determinados ámbitos nos gusta más o menos". "No quiero entrar", ha zanjado.

En todo caso, el Papa Francisco ya ha pedido antes perdón por la conquista de América. Lo hizo en 2015 en Bolivia cuando dijo: "Quiero ser muy claro, como lo fue San Juan Pablo II: Pido humildemente perdón, no sólo por las ofensas de la propia Iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América". Según recordaba el diario oficial del Vaticano Vatican News en marzo de 2019, tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI y Francisco han pedido perdón por los pecados cometidos contra los pueblos originarios.

PRESENTAN A ALEGRÍA UN CURRÍCULO DE RELIGIÓN

Por otro lado, el portavoz de los obispos ha informado de que se han reunido con la ministra de Educación, Pilar Alegría, y le han presentado una propuesta de currículo para la clase de Religión, que próximamente harán pública para recibir sugerencias de la comunidad educativa.

Si bien, Argüello ha reconocido que se han "tirado a la piscina" porque lo han elaborado sin tener antes el decreto del Ministerio de Educación que dé marco a ese currículo.

El obispo también ha mostrado su preocupación por la propuesta de la directora del Instituto de la Mujer, Toni Morillas, de "promover una educación sexual que normalice el aborto". "No podemos estar de acuerdo, reivindicamos la libertad de los padres", ha subrayado.

Por otro lado, preguntado por la renuncia del obispo de Solsona, Xavier Novell, el obispo portavoz ha indicado que tendrá el tratamiento que recibe "cualquier obispo emérito"; y sobre las terapias a personas homosexuales, ha dicho que "no" las aprueban aunque reivindican "la posibilidad de acompañar a las personas cualquiera sea su situación, desde el respeto a la persona".

Entre otros temas, los obispos también han querido expresar su "cercanía" a los habitantes de La Palma que han perdido techo, tierra y trabajo a causa de la erupción del volcán Cumbre Vieja, han asegurado su ayuda a través de Cáritas, y han hecho un llamamiento a las instituciones locales, autonómicas y estatales para que las ayudas "se concreten".

La presidenta del PP de Asturias, Teresa Mallada, ha anunciado este jueves que su grupo parlamentario presentará una iniciativa parlamentaria instando a la Junta General del Principado a que repruebe a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, por su decisión de incluir el lobo en el listado de especies silvestres de especial protección (Lespre). Según Mallada, se trata de "un nuevo ataque de una ministra obsesionada con hacer daño a Asturias".

Así lo ha adelantado Mallada en una rueda de prensa esta mañana en la que ha estado acompañada por la diputada nacional y portavoz de Agricultura del PP en el Congreso, Milagros Marcos, y representantes de los sindicatos agrarios Asaja, COAG y UCA.

La 'popular' ha cargado contra la decisión adoptada por el Gobierno central y ha criticado al presidente del Principado, Adrián Barbón, por olvidar que son sus compañeros de partido los que han impulsado esta medida "y por aprovechar una vez más la valentía de los presidentes del PP de Galicia y Castilla y León para ir a rebufo de ellos como ya hizo en otras cuestiones como el estatuto de la industria electrointensiva". "Se esconde en el grupo para no dar la cara. Pero es su responsabilidad reprobar a la ministra y defender a los ganaderos asturianos alto y claro. No puede pretender que otros le saquen las castañas del fuego", ha añadido en este sentido.

La presidenta del PP de Asturias ha recordado que es el Secretario de Estado de Medio Ambiente, el asturiano Hugo Morán, el responsable de iniciar "este ataque a los ganaderos abanderando la iniciativa de proteger al lobo".

Así, ha instado a Barbón, como secretario general de la FSA a exigirle que defienda las directrices de los socialistas asturianos si estos defienden con contundencia a los ganaderos.

"O se están oponiendo a esta protección 'solo de boquilla' o tendrían que abrir de manera inmediata un expediente a Morán por su desobediencia a los dictados de su partido con las nefastas consecuencias que esto nos está acarreando a los asturianos".

Mallada ha recordado que el PP propuso incluso en su día declarar al lobo especie cinegética "porque veíamos como año a año se incumplía el Plan del Lobo del Principado en lo relativo a la extracción de ejemplares" por la "negligencia" de los Gobiernos socialistas.

Así, ha asegurado que la situación de los ganaderos asturianos es límite "porque a la pasividad durante todos estos años del Gobierno asturiano se une la protección al lobo impuesta por el Gobierno central".

La 'popular' ha subrayado que los censos oficiales reflejan un aumento de la población lobera "y ya estamos viendo lobos en playas de Oriente y Occidente".

Además, Mallada ha asegurado que las indemnizaciones por daños son insuficientes y llegan con retraso, no cubren el lucro cesante ni el estrés que supone para los ganaderos encontrar a sus animales destrozados.

La 'popular' ha criticado que Ribera hiciera "oídos sordos" a las reivindicaciones del sector ganadero y ha lamentado que Barbón "no haya sido capaz de influir, no sabemos si porque no lo ha intentado convenientemente por no enfrentarse al Pedro Sánchez o porque, como ya nos ha demostrado en tantas ocasiones, no tienen ningún peso en el Gobierno Central".

"El rechazo del Gobierno socialista asturiano a esta decisión de proteger al lobo ha llegado tarde, ha sido a hechos consumados y obligado por la presión de los ganaderos y sus homólogos en otras comunidades. El campo asturiano no se merece esa falta de valentía", ha sentenciado la popular

El Congreso ha tumbado este jueves una proposición no de ley acordada por el PP y Ciudadanos que reclamaba al Gobierno prohibir los homenajes a terroristas de ETA condenados judicialmente y cesar a los delegados del Gobierno en el País Vasco y Navarra en el caso de que los permitan.

La iniciativa ha sido respaldada por 154 votos, entre ellos los del PP, Cs, Vox y los socios electorales de los 'populares' (UPN y Foro Asturias), pero el PSOE, Unidas Podemos y sus aliados han sumado 193 votos y han confirmado su rechazo al texto, como ya adelantaron el pasado martes durante su debate.

En ese debate del martes, pocos días después del intento de homenaje en Mondragón (Guipúzcoa) al terrorista Henri Parot, prácticamente todos los grupos mostraron su repulsa a los conocidos como 'ongi etorris' (bienvenida), pero el PSOE, Unidas Podemos y sus aliados cuestionaron la propuesta original de Ciudadanos al entender que deben ser los jueces los que tienen que examinar cada convocatoria o acto y decidir si se prohíbe o no en cada caso.

Además, los socialistas, a través de su diputado Sonia Ferrer, recordaron que el Ministerio del Interior ya está trabajando en una reforma legal para perseguir estos homenajes por la vía administrativa.

Y, este jueves, el Pleno de la Cámara ha dado la espalda a la propuesta que Ciudadanos acabó acordando con el PP para frenar "cualquier acto de preparación, convocatoria o promoción" de homenajes individuales o colectivos, "así como de apología o exaltación pública, del terrorismo, a los terroristas o a las organizaciones terroristas", y para cesar a los delegados del Gobierno en el País Vasco y Navarra en el caso de que no impidieran su celebración.

OTRAS SOLICITUDES

Además, el texto transaccionado también instaba al Ejecutivo a cumplir de forma "inmediata" con la resolución del Parlamento Europeo de 2020 para proteger a las víctimas del terrorismo de la "humillación" de estos homenajes, así como a modificar la Ley de Seguridad Ciudadana --conocida como Ley Mordaza-- para que estos actos sean considerados infracción siempre que no sean constitutivos de delito.

De la misma forma, Cs y PP buscaban que el Ejecutivo introdujera en la Ley de Memoria Democrática "una mención expresa a las víctimas de cualquier tipo de totalitarismo y acto de terrorismo", y que promoviera la celebración de actos públicos de homenaje a las víctimas del terrorismo, incluido el nombramiento de edificios, calles o espacios de titularidad pública en reconocimiento a las mismas.