El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha solicitado al juez que su comparecencia el próximo 18 de enero en la Audiencia Nacional para declarar como imputado por los encargos que la empresa habría hecho al ahora comisario jubilado José Manuel Villarejo se realice por videoconferencia debido a la situación epidemiológica.
Así se recoge en un escrito del pasado 4 de enero, el que Sánchez Galán alude a su pertenencia a un «grupo de riesgo» para solicitar al Juzgado Central de Instrucción Número 6 que su comparecencia se celebre por vía telemática, evitando de esta forma acudir presencialmente a la sede de la Audiencia Nacional en la madrileña Plaza de la Villa de París.
«Consciente de estas circunstancias mi representado (que, no se olvide, tiene su domicilio en Bilbao, localidad en que radica la sede social de Iberdrola y en la que se halla su despacho profesional) ha extremado ya desde hace semanas las medidas de prevención para la preservación de su salud, con limitación al máximo de los desplazamientos y de los encuentros presenciales, que han sido sistemáticamente sustituidos por reuniones telemáticas», recuerda su defensa.
Y, todo ello, a raíz de la variante Ómicron, que «plantea una gran preocupación al estar asociada con una reducción significativa en la efectividad de la vacuna y una mayor probabilidad de reinfecciones», siendo «el riesgo actual de diseminación muy alto» en España y obligando a «evitar los lugares abarrotados o poco ventilados».
VIDEOCONFERENCIA PARA «MINIMIZAR EL RIESGO» ANTE ÓMICRON
Es por eso, sostienen, se deben poner «en marcha actuaciones para reducir de forma significativa el número y la duración de los contactos sociales», recomendando «establecer límites en el número de participantes en eventos públicos y sociales».
En esta línea, la representación de Sánchez Galán insiste en que el «empleo de la videoconferencia permite, en este sentido, compatibilizar la debida atención del requerimiento judicial, con todas las garantías procesales y el respeto a los principios inspiradores del procedimiento penal, según se ha visto antes, con la evitación del desplazamiento a la sede del juzgado».
Su letrado considera que se trata de una medida necesaria en tanto que busca «minimizar el riesgo», especialmente cuando éste aumenta cuando concurren «personas ajenas al círculo familiar directo en un espacio de escasa o nula ventilación». Y, más aún, cuando la Audiencia Nacional «cuenta con los medios técnicos adecuados para la práctica» de la videoconferencia.
RONDA DE DECLARACIONES
El magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6 Joaquín Gadea citó al dirigente de Iberdrola el pasado mes de diciembre. Solo quedaba por fijar fecha después de que el pasado mes de junio el titular de dicho juzgado, Manuel García-Castellón, acordara imputar a Sánchez Galán por presuntos delitos de cohecho activo, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil.
Para esas fechas, el juez Gadea también ha llamado en calidad de investigados a tres ex directivos. Así, el ex presidente de Iberdrola España Fernando Becker está citado para ese mismo 18 de enero, mientras que el ex consejero-director general de Negocios (Business CEO) Francisco Martínez Córcoles y el ex jefe de Gabinete de Presidencia Rafael Orbegozo tendrán que comparecer el 17 de enero. El día será el turno de Iberdrola Renovables.
Al imputar a Sánchez Galán y los tres ex directivos, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, García-Castellón explicó que desde sus respectivos puestos pudieron participar en la contratación de los servicios del comisario cuando aún estaba en activo en el Cuerpo Nacional de Policía, que se manipularon las facturas correspondientes a esos servicios y que se tuvo acceso a datos reservados de las personas sometidas a investigación.
En esta pieza número 17 de ‘Tándem’ –la macrocausa que disecciona los muchos y variados servicios prestados por Villarejo a título privado– se investigan los encargos que la eléctrica habría hecho al comisario entre 2004 y 2017.
CINCO PROYECTOS
Según el relato judicial, el primer proyecto habría sido ‘Arrow’, que habría tenido como objetivo eliminar la oposición municipal y de los ecologistas a la construcción de una central en Arcos de la Frontera (Cádiz).
Entre 2004 y 2005 se habría desarrollado ‘Black Board’ o ‘B-B’ para supuestamente conseguir información comprometedora sobre Manuel Pizarro, presidente en aquellos momentos de Endesa, el gran rival de Iberdrola en el sector eléctrico.
Ya en 2009, a Villarejo se le habrían encomendado ‘Gipsy’ y ‘Posy’. El primero habría consistido en investigar a un directivo de la eléctrica, José María Álvarez, y a un proveedor, Francisco Julián Gutiérrez, al sospechar que pudiera mediar el pago de comisiones ilegales. Con el segundo proyecto, las pesquisas del comisario se habrían extendido a la vinculación de Álvarez con Florentino Pérez, presidente de ACS, para evitar el asalto de la constructora a la eléctrica.
Por último, en 2011, Villarejo se habría dedicado a ‘Wind’ para investigar a la empresa suiza Eólica Dobrogea, a su accionista mayoritario, Chrisopher Kaap, y a su apoderado, Corneliu Dica. Iberdrola Renovables se había aliado con la compañía eólica para desarrollar una serie de proyectos en Rumanía, pero con el tiempo surgieron conflictos que se acabaron resolviendo de forma favorable a la mercantil española en un procedimiento arbitral.
En el auto de imputación, el juez García-Castellón indicó que, por la contabilidad de Iberdrola, se sabe que fueron recibidas y abonadas quince facturas sin pedido emitidas por CENYT, el grupo empresarial de Villarejo, entre 2004 y 2012 por un importe total de 1,04 millones.
