La Unión Profesional de Médicos de Ejercicio Libre (Unipromel) se muestra «en contra» del concepto de ‘violencia obstétrica’, incluido en la Ley 17/2020, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 5/2008, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista.

En un comunicado, señalan que según les «consta por los medios de comunicación», este concepto será incorporado y desarrollado en la próxima reforma de la Ley del aborto, ya que «la violencia obstétrica, como forma de violencia machista, se recoge en el artículo 4.2.d de la Ley 5/2008, el cual dice que consiste en impedir o dificultar el acceso a una información veraz, necesaria para la toma de decisiones autónomas e informadas y que puede afectar a los diferentes ámbitos de la salud física y mental de la mujer, incluyendo la salud sexual y reproductiva».

«Por ejemplo, el impedir o dificultar a las mujeres la toma de decisiones sobre sus prácticas y preferencias sexuales, y sobre la reproducción y las condiciones en que se lleva a cabo, de acuerdo con los supuestos incluidos en la legislación sectorial aplicable», añaden desde la asociación.

Además, indican que al final de este precepto se amplía el concepto de referencia, «de una forma vaga», a «las prácticas ginecológicas y obstétricas que no respeten las decisiones, el cuerpo, la salud y los procesos emocionales de la mujer», y aseguran que «la mención genérica e imprecisa que hace el precepto a tales prácticas médicas que no acaten las decisiones, el cuerpo, la salud y los procesos emocionales de la mujer, preocupa a aquellos de nuestros asociados cuya especialidad médica es la Ginecología y Obstetricia, por cuanto la ambigüedad de los términos legales pone el foco de atención en estos especialistas a quienes, de una forma injusta y arbitraria, se les pueden atribuir la realización de actos médicos incursos en prohibición legal», cuando lo que el facultativo «persigue es el máximo beneficio para sus pacientes y, ni mucho menos, ejercer cualquier forma de violencia contra las mismas», según aclara el vocal nacional de Ginecología y Obstetricia de Unipromel, el ginecólogo Mariano Gonzalo García,

Apuntan que el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, CGCM, «ha rechazado que se utilice» el concepto ‘violencia obstétrica’ para describir las prácticas profesionales de asistencia al embarazo, parto y posparto. Mantiene el CGCM que «se trata de un término que no se ajusta a la realidad asistencial y criminaliza el trabajo de los profesionales que actúan bajo el rigor científico y la ética médica, además de crear alarma social y contribuir a erosionar la necesaria confianza entre médico y paciente». En Unipromel «estamos de acuerdo con esta reflexión, que entendemos congruente y acertada», apostillan.

El doctor Gonzalo reconoce que existe «una preocupación» de los asociados de Unipromel, que ejercen la Ginecología y Obstetricia desde un punto de vista ético, científico y cabal en defensa de la Medicina, por «estos equívocos términos legales que ponen en cuestión la práctica de estos profesionales, atribuyéndoles una desconfianza previa a su intervención y haciéndoles preventivamente sospechosos de incurrir en prácticas perniciosas».

«Queremos, pues, hacerles partícipes de la lógica inquietud que existe entre nuestros ginecólogos ante la posibilidad de calificarse de antemano, por parte de pacientes o terceros, como conductas ilícitas y perseguibles legalmente el ejercicio médico en sí. Creemos que estamos ante una problemática de enorme gravedad para aquellos facultativos que ejercen la Medicina y la Obstetricia y cuya lógica demanda es desenvolver su ejercicio médico en un entorno normativo razonable y especialmente seguro. Un entorno legal, decimos, en el que se excluya el prejuicio de pretender que los ginecólogos y obstetras realizan sus prácticas profesionales de una forma deshonesta e ilícita, salvo prueba en contrario. Este no es un contexto confiable para el ejercicio médico, que perjudicaría tanto a la paciente como al médico», afirman.

Desde Unipromel señalan que la ‘violencia obstétrica’, como significación legal y social, «pronto afectará de lleno al ejercicio de la Ginecología y la Obstetricia», por lo que piden a cuantos agentes intervienen en el proceso de la atención médica, aseguradoras, hospitales, médicos, matronas y demás personal sanitario, «una reflexión profunda y juiciosa».

«Como consecuencia de ello se debe establecer un posicionamiento ante los poderes públicos que redunde en que las definiciones legales respecto del concepto a que nos referimos se ajusten a la realidad del ejercicio médico, siempre reconociendo los derechos de las pacientes, y proscribiendo suspicacias, prejuicios y calificaciones arbitrarias y subjetivas», manifiestan.

SOBRE UNIPROMEL

Unipromel es la Asociación Profesional de Médicos mayoritaria, representa a miles de médicos de ejercicio libre, y fue constituida tras la celebración del II Congreso Nacional de Medicina Privada en octubre de 2019 con el apoyo de la práctica totalidad de los vocales provinciales de ejercicio libre de los Colegios Oficiales de Médicos. Tiene la finalidad de ser el vehículo jurídico válido y eficaz a los efectos de defender los intereses de los médicos que ejercen la medicina privada en las cuestiones que les están vetadas por ley a la OMC y a los Colegios Oficiales de Médicos. En la actualidad representa a más de 3000 médicos en toda España.

El futbolista vigués Santi Mina será juzgado en marzo de 2022 en la Audiencia Provincial de Almería en una vista oral en la que se enfrenta a una petición fiscal de ocho años de cárcel tras ser acusado de agredir sexualmente a una mujer en junio de 2017 mientras estaba de vacaciones en el municipio de Mojácar.

El juicio, que ha recaído en la Sección Tercera, se ha señalado para los días 28, 30 y 31 de marzo de 2022 y junto a Mina será enjuiciado el también futbolista David Goldar, para quien el Ministerio Público solicitó sobreseimiento aunque no la acusación particular, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La Fiscalía de Almería acusa a Santi Mina por un presunto delito de agresión sexual e interesa para él, al margen de la pena de prisión, que se le imponga medida de libertad vigilada durante de diez años y que se le prohíba acercarse a menos de 500 metros a la víctima o comunicarse con ella por el mismo periodo de tiempo.

El escrito de calificación provisional del Ministerio Público recoge que Mina, quien milita en la actualidad en el Real Club Celta de Vigo, accedió en la madrugada del 16 de junio de 2017 a una caravana estacionada en las proximidades de una conocida discoteca de Mojácar y en cuyo interior estaban «su amigo», el también futbolista gallego David Goldar, y la mujer.

Según han informado fuentes judiciales, la Fiscalía sostiene que habría entrado «completamente desnudo» y que, «con ánimo libidinoso para satisfacer su apetito sexual y a pesar de la manifiesta voluntad contraria de la víctima», se habría dirigido a ella diciéndole: ‘Mira, chica, tú me gustas mucho y creo que deberíamos hacer algo’.

Cuando la mujer le contestó que se había ido a la caravana «con David», el escrito recoge que el procesado habría salido «un minuto» para volver a entrar y, tras decirle que «le había gustado mucho», presuntamente perpetró la agresión sexual.

Además de lesiones físicas «a consecuencia» del ataque que el Ministerio Público imputa a Mina, la víctima sufre sintomatología ansiosa «grave» relacionada con los hechos, por solicita que se le indemnice con 50.000 euros, según han precisado las mismas fuentes.

Subraya que las secuelas que padece han supuesto que se vea «muy afectada su vida cotidiana» ya que sufre «trastorno de estrés postraumático crónico directamente relacionado» con la agresión sexual que se va a enjuiciar.

Aunque el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vera (Almería) acordó en un auto de noviembre de 2019 continuar el procedimiento penal también con David Goldar, la Fiscalía no ha formulado acusación contra él y propone que declare como testigo en la vista oral.

La directora general del Libro y Fomento de la Lectura, María José Gálvez, ha explicado este martes que el proyecto del Gobierno para los fondos europeos NextGeneration dirigidos al sector literario, dotado con 25,2 millones de euros, priorizará el «ecosistema» editorial.

En una ponencia en el VI Forum Edita de Barcelona, organizado por el Gremi d’Editors de Cataluña y la UPF School of Management, Gálvez ha asegurado que se entiende el sector como un círculo cerrado formado por creadores –escritores, traductores e ilustradores–, editores, productores e impresores, distribuidores, libreros y lectores.

«Nos hemos basado en comprender que todas las acciones que debíamos construir no iban dirigidas de forma independiente a uno solo de los subsectores del libro», ha ilustrado.

Por ejemplo, para los lectores, se han destinado 10 millones de euros para la compra de 500.000 libros para las bibliotecas públicas, 3 millones a la compra de libros digitales y 3 más a la recuperación y preservación del patrimonio bibliográfico.

Pero en lo referente a la digitalización, uno de los ejes del proyecto, la directora general del libro ha destacado que afectará a varios elementos del ecosistema: «Digitalizar es mucho más que el e-book. Estamos hablando de digitalización de procesos de producción. De enseñar qué se está editando. De librerías y formas y comercio, de medios de distribución y logística», ha listado.

Gálvez ha enumerado que los objetivos globales a dos años vista, desde el punto de vista del impacto esperado de los fondos, pasan por incrementar la competitividad, la variabilidad a largo plazo y la resiliencia corporativa, mejorando la contabilidad, incrementando los beneficios, con refuerzos estructurales y buscando un crecimiento inteligente y sostenible.

Asimismo se perseguirán procesos más eficientes y una producción sostenible que impacte en la transición ecológica, actualizando los procesos y con la digitalización.

FERIA DE FRÁNCFORT

En la mesa anterior, la comisaria del proyecto ‘España Invitado de Honor en la Feria del Libro de Fráncfort 2022’, Elvira Marco, ha destacado que la invitación al certamen alemán, el mayor del mundo, es una «excelente oportunidad para mostrar el talento y la creatividad» del sector literario español.

Ha asegurado que la cancelación de la edición de 2020 por la pandemia de Covid-19 ha supuesto una «oportunidad» para ganar tiempo en invertir en acciones de internacionalización y ayudas a la traducción, y en aprender del nuevo entorno digital.

En este sentido, ha destacado que se está trabajando en un programa híbrido «muy cuidado, con una producción audiovisual previa», con lecturas de poesía en lenguas cooficiales, diálogos entre autores de varias generaciones, conversaciones temáticas y encuentros entre artistas y escritores.

Habrá 70 participantes, algunos de los cuales se desplazarán presencialmente a Alemania, y se han doblado las mesas enfocadas al sector profesional con respecto a 2020, que versarán sobre temas como las adaptaciones literarias, los nuevos formatos digitales y audiolibros, o el impacto de la pandemia en la edición.

Fernando Valladares, biólogo del Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, considera que la ley española de cambio climático es «imprescindible pero insuficiente». A su juicio, la norma «ha nacido 10 años tarde y muy corta de ambiciones».

Así lo ha manifestado el experto en la materia este martes en el Palacio de la Magdalena de Santander, donde ha comparecido como director de la Escuela de biodiversidad y cambio climático, parte de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Ante los medios ha tratado la Ley de Cambio Climático española, de la que ha opinado que «es imprescindible pero insuficiente, ha nacido diez años tarde y corta de ambiciones».

En este sentido, ha comparado el objetivo del 23 por ciento de reducción de emisiones con otras normativas europeas como las de «la Unión Europea, que habla de un 55%, el Reino Unido que se va al 70%» e incluso «Estados Unidos, en torno al 55% también».

A pesar de ello, Valladares afirma que la ley «va en la buena línea» y destaca que los mecanismos de revisión «sólo los contempla al alza, no se pueden bajar las previsiones de reducción. Hay que aprender a quererla», ha comentado.

En relación con esta norma, el divulgador ha mencionado la situación del Mar Menor. «Con haber cumplido la ley, no estaría como está» ha sentenciado.

Además, ha comparado la protección del medio ambiente con el feminismo en cuanto a que «es un cambio de percepción de los derechos de la naturaleza y su reconocimiento».

Sobre la tardanza de esta norma, el biólogo del CSIC ha explicado cómo es necesario pedirle a las empresas «que no se ciñan a la ley». «Cumplen la ley por los pelos, y miran exactamente hasta dónde pueden contaminar».

Lo óptimo son «empresas 2.0 que no se dediquen al greenwashing sino que vayan por delante de la ley, que ha tardado 10 años en sacarse», ha expuesto.

El científico se ha referido también a la reciente filtración de los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) por parte de un grupo de científicos por temor a que los propios gobiernos se encarguen de diluirlo.

Para Valladares esto lo que demuestra es que «el cambio climático importa y que hay gente que quiere saber». Además, el profesor opina que la filtración tiene «una dimensión más» relacionada con evitar que «se suavicen los datos».

CURSO

Bajo el título ‘Cambio climático, de la ciencia a la acción’, el curso busca revisar las últimas evidencias científicas nos esperan en relación con la crisis climática y medioambiental.

En concreto, comienza definiendo conceptos y herramientas para cuantificar la injerencia humana en los procesos naturales. Incluye también una mirada social y el papel de la comunicación y formación ambiental de la sociedad, partiendo de la formación en las escuelas incluyendo a los más pequeños.

Por último, cuenta con un apartado sobre las herramientas democráticas para hacer frente al desafío climático, donde ha vuelto a poner de ejemplo «la iniciativa legislativa popular» como una forma de democracia directa para «dotar al Mar Menor de entidad jurídica».

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, ha aconsejado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, «que no tenga tanta prisa en ponerse la camiseta de Vox» y ha pedido «unidad» a todos los grupos políticos tras el ataque homófobo perpetrado este domingo en Malasaña.

«Hago un llamamiento desde el Grupo Municipal Socialista a la unidad de todos los grupos políticos para que, más allá de los discursos, declaraciones y la frasecita final, estemos todos unidos en la solución», ha declarado tras reunirse con el director del Observatorio LGTBI de Madrid.

Preguntada por las declaraciones del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, quien ayer apuntaba que considera «excesivo» señalar que Vox «puede estar detrás» de agresiones al colectivo LGTBI debido a sus «mensajes», la portavoz socialista ha subrayado que «nadie está acusando» a la formación que abandera Javier Ortega Smith en el Ayuntamiento «de ser los que estén propiciando este tipo de agresiones».

«De lo que sí culpo a Vox directamente es de no estar en la solución del problema y cuando no se está en la solución del problema se está en el problema», ha argumentado. A Almeida le ha aconsejado «que no tenga tanta prisa en ponerse la camiseta de Vox».

«Ahora que parece que le van las cosas bien, que ha cuajado y cuadrado todo, que no tenga tanta prisa en ponerse la camiseta de Vox, que no tenga miedo, que su partido sí que ha reconocido este tipo de agresiones» como homófobas, ha apostillado.

EL OBSERVATORIO CREE QUE ALMEIDA TEME HABLAR DE AGRESIÓN HOMÓFOBA

El director del Observatorio LGTBI de Madrid, Rubén López, ha trasladado a la prensa que le preocupan las declaraciones del alcalde porque «no se atrevió a declarar la agresión como homófoba, que hasta sus aliados de Vox sí lo hicieron y él se frenó». «Parece que tiene miedo de hablar de agresión homófoba cuando han escrito ‘maricón’ en el glúteo de una víctima», ha lamentado.

Rubén López coincide con Almeida es que «la vinculación directa (entre agresión y Vox) no se puede hacer». «Nadie habla de vinculación directa pero sí de que el intolerante se siente algo legitimado con esta ruptura de consensos que han hecho en todas las instituciones este partido político», ha argumentado.

«Hemos pasado de que en 2016, 2017 y 2018 hablábamos del desarrollo de la ley LGTB en la Comunidad y la aprobación en muchas comunidades y de lo que se habla ahora es de tratar de anularlas. En mayo, (la presidenta regional, Isabel Díaz) Ayuso también habló de quitar varios puntos en la ley. El retroceso político sí lo estamos viendo y habrá que ver de dónde viene eso, que es de Vox», ha indicado el presidente del Observatorio.

«Consternados» por la agresión homófoba en Malasaña, Rubén López ha remarcado que la colaboración con las administraciones «es imprescindible». «Necesitamos la implicación del Ayuntamiento, ver cómo nos organizamos. Y todo nos pilla en un momento en el que la relación con el Ayuntamiento está en un nivel muy bajo», ha lamentado.

El Gobierno ha obviado la propuesta del presidente del PP, Pablo Casado, de reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) antes de renovar a sus consejeros, que llevan más de mil días con el mandato caducado: «¡Basta ya de excusas!», ha exclamado la ministra Portavoz, Isabel Rodríguez,

Frente las la palabras de Casado, ofreciendo una reunión «inmediata» con Pedro Sánchez para pactar la reforma del sistema de elección, la ministra ha querido ser «rotunda» y desdeñar la oferta, subrayando la necesidad de cumplir con la previsión constitucional.

«Basta ya de excusas –ha replicado–. No hay excusas que valgan para tener bloqueado el órgano de gobierno de los jueces durante más de 1.000 días. No hay excusas».

Preguntada cuál será el siguiente paso del Gobierno, además de expresar indignación, la ministra ha insistido en que «no caben excusas» ya que se trata del «cumplimiento estricto de la Constitución y de la legislación».

SÓLO HAY UN CULPABLE: EL PP

Isabel Rodríguez ha evitado pronunciarse sobre la posibilidad de forzar la dimisión del Consejo y ha insistido en culpar sólo al PP de la situación porque «este bloqueo no es anónimo» y «sólo hay un partido que se está bloqueando la negociación».

Ni siquiera ve opción a que el presidente Sánchez llame a Pablo Casado ara tratar de reconducir el tena: «Nadie tiene que llamar a ningún español para cumplir la Constitución. Todos estamos obligados, y Casado también», ha señalado, recordando que el PP también ha estado en el Gobierno.

«El Gobierno reitera que no hay excusas, que hay que cumplir la ley y que este bloqueo es insostenible», ha remarcado, haciendo un llamamiento a «no permitir estos comportamientos que se saltan a la torera los mandatos constitucionales».

Por ultimo, y al ser preguntado por la palabras del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, cuestionando los argumentos del gobierno para conceder a los presos del procés, la ministra de política Territorial ha afirmado que el Gobierno respeta todas las opiniones, pero que en España hay una separación de poderes

Climate Acción Network (CAN), plataforma que agrupa a 1.500 organizaciones de la sociedad civil de 130 países, ha reclamado este martes 7 de septiembre que se posponga la 26 Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático (COP26) que se va a celebrar en Glasgow (Reino Unido) a principios del mes de noviembre. La COP26 ya fue pospuesta el año pasado debido al coronavirus.

«A falta de dos meses para su celebración, es evidente que una conferencia del clima segura, inclusiva y justa es imposible debido a los fallos para apoyar el acceso a las vacunas de millones de personas en los países pobres, los elevados costes de alojamiento y transporte, y la falta de previsión respecto a la evolución de la pandemia de Covid-19», subraya CAN en un comunicado.

En este sentido, alertan de que una COP presencial a principios de noviembre excluiría a muchos delegados gubernamentales, activistas de la sociedad civil y periodistas, en concreto de los países del sur, muchos de los cuales se encuentran en la «lista roja» de Covid19 del Reino Unido.

MÁS DESEQUILIBRIO DE PODER

El director ejecutivo de la CAN, Tasneem Essop, ha mostrado su preocupación por que los países que sufren desigualdades frente al Covid19 se queden sin voz en la COP26. «Siempre ha habido un desequilibrio de poder inherente en las conversaciones sobre el clima de la ONU y ahora se ve agravado por la crisis sanitaria. Al observar el cronograma actual para la COP26, es difícil imaginar que pueda haber una participación justa del sur del globo en condiciones seguras y, por lo tanto, debería posponerse», ha advertido.

A juicio de CAN, la exclusión de ciertos países supone implicaciones «serias y duraderas» para los temas que serán objeto de deliberación en esta COP26 y que son de vital importancia para los países en desarrollo, incluyendo la financiación climática, las pérdidas y daños y las reglas del mercado de carbono, entre otros. Por ello, insisten en que la representación plena y significativa de quienes se encuentran en primera línea de la emergencia climática es «fundamental» para que la COP26 cumpla su función.

Además, denuncian que, aunque la Presidencia de la COP26 del Reino Unido prometió acelerar las vacunas para los delegados que las necesitasen, «los que las solicitaron aún no han recibido ni las primeras dosis». Y aunque han anunciado que los delegados serán vacunados esta semana, para el director del grupo de expertos ‘Power Shift Africa’, Mohamed Adow, «el Reino Unido ha sido demasiado lento en la entrega de su apoyo a las vacunas a los delegados en países vulnerables y sus requisitos de cuarentena vienen con algunos costos de hotel exorbitantes».

«Si la COP26 sigue adelante como está planeado actualmente, me temo que solo los países ricos y las ONG de esos países podrían asistir. Esto va en contra de los principios del proceso de la ONU y abre la puerta a una unión de naciones ricas en las conversaciones. Una cumbre climática sin las voces de los más afectados por el cambio climático no es adecuada para su propósito», ha añadido.

Por su parte, la directora ejecutiva de Greenpeace Internacional, Jennifer Morgan, reconoce que «existen auténticas soluciones climáticas, pero lo que falta es una auténtica solidaridad». «Al igual que la pandemia, la emergencia climática y de la biodiversidad no conoce fronteras ni nacionalidades, pero los menos responsables son los más afectados», agrega.

CAN asegura que posponer la COP26 no implica de ninguna manera un aplazamiento de la acción climática urgente o un boicot a las conversaciones climáticas al tiempo que asegura que continuarán con las presiones a los líderes políticos para que se alcancen objetivos ambiciosos para el clima, cumplan con sus responsabilidades en el financiamiento climático, se eliminen gradualmente los combustibles fósiles y por último, se aborden las necesidades de las personas más desprotegidas que sufren pérdidas y daños.

Un total de 102 médicos han participado durante 2020 en las labores de cooperación internacional para el desarrollo y la acción humanitaria en países en vías de desarrollo, siendo Latinoamérica y África los continentes que cuentan con mayor número de profesionales médicos españoles desplazados, según la Fundación para la Cooperación Internacional de la Organización Médica Colegial (FCOMCI) y Mutual Médica.

Con el convenio firmado por ambas entidades, los médicos cooperantes y voluntarios que se desplacen a otros países para ejercer labores sanitarias contarán, a partir de ahora, con coberturas que les aseguren en caso de enfermedad o fallecimiento durante su estancia fuera de España.

El perfil del cooperante, de acuerdo con los datos del Registro de la FCOMCI, es el de una mujer de entre 35 y 45 años, aunque también se aprecian tanto médicos jubilados como residentes que deciden hacer labores sanitarias.

Las especialidades más demandadas son cirugía, traumatología, anestesia, pediatría, ginecología, dermatología y oftalmología. En cuanto a la metodología de trabajo, el médico se desplaza mayoritariamente junto a un equipo médico-sanitario que de forma recurrente se trasladan en las mismas fechas y al mismo país.

Asimismo, los destinos a los que se desplazan el mayor número de cooperantes médicos españoles en el continente latinoamericano son Guatemala, Honduras, El Salvador, Perú y Bolivia, mientras que en África los principales países son Argelia (campamentos saharauis de Tinduf), Mozambique, Etiopía, Tanzania y Benín.

Desde hace 10 años, la FCOMCI apoya el voluntariado médico con el objetivo fundamental de facilitar la labor en el extranjero de los médicos cooperantes y voluntarios en el desarrollo de su actividad que se ve en riesgo por aspectos como los conflictos armados, las enfermedades tropicales o la falta de recursos de países en vías de desarrollo.

«La Fundación de Cooperación de los Colegios de Médicos ha tenido desde sus inicios marcadas como líneas de trabajo fundamentales la seguridad y protección de nuestros compañeros, su formación y capacitación y un asesoramiento continuo. Este es un nuevo e importante paso para todos aquellos profesionales que salen a terreno», asegura el presidente de la FCOMCI, el doctor Tomás Cobo.

De acuerdo con el convenio entre la FCOMCI y Mutual Médica, los cooperantes cuentan con un seguro gratuito que cubre la asistencia en viaje incluyendo gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización en España y en el extranjero, envío urgente de medicamentos, traslado de enfermos y heridos, billetes y gastos de hotel para un familiar, pérdida de equipaje por estancia en el extranjero, regreso asegurado en caso de fallecimiento de un familiar y colaboraciones con ONGs, entre otros puntos.

Además, Mutual Médica también cubre con un capital de 10.000 euros, en caso de fallecimiento del asegurado por accidente. «Nuestro objetivo es cuidar del médico durante toda su trayectoria profesional. Por ello, protegerles en su etapa de cooperación y voluntariado altruista debía ser reconocido de una forma especial», explican desde Mutual Médica.

La Guardia Civil ha investigado al presunto responsable un incendio agrícola ocurrido el 23 de agosto en el paraje Los Castañuelos del término municipal de Güéjar Sierra en el que ardieron unos diez mil metros cuadrados de olivar, árboles frutales y matorral. Se trata de un hombre de 70 años con antecedentes policiales.

En la extinción del incendio participaron un helicóptero, un camión motobomba y un equipo del Infoca, así como otro vehículo de los Bomberos de Granada, personal del Ayuntamiento de Güéjar Sierra y Guardia Civil, según ha informado el instituto armado en una nota.

Una vez extinguido, la Guardia Civil de Güéjar Sierra abrió una investigación y descubrió que el incendio fue, al parecer, provocado por un vecino que «previamente había amenazado al propietario que le iba a pegar fuego a la finca que finalmente ardió».

Los investigadores han localizado a un testigo que vio salir corriendo de dicha finca al ahora investigado poco antes de que las llamas se cebaran con los olivos y con los frutales de la víctima.

Este incendio generó una gran alarma social entre los vecinos del pueblo, por una parte por la cercanía a viviendas habitadas, y por otra parte porque es el tercer incendio que sufrían en el municipio a lo largo de este verano.

No obstante, la Guardia Civil ha conseguido identificar y poner a disposición judicial a los tres responsables de estos tres incendios: El primero fue el pasado día 11 de julio en el paraje El Castañar, en el que una quema incontrolada de restos agrícolas provocó un incendio forestal.

El responsable de esta quema fue investigado por el Seprona de la Guardia Civil de Granada. El segundo incendio tuvo lugar el pasado día 2 de agosto en el paraje Cañada de Rojas del término municipal de Güejar Sierra.

La caída de un cable de media tensión en el camino Padules prendió fuego a la vegetación que había justo debajo. El camino quedó cortado por el cable y el incendio avanzó monte arriba quemando a su paso unas diez hectáreas de matorral y chaparros tanto de fincas particulares como del monte comunal.

La Guardia Civil investigó al responsable de la línea de media tensión por omitir las labores de limpieza y desbroce de la vegetación que hay bajo el tendido eléctrico.

Y el último incendio cuyo autor ha sido investigado, ha sido este del que venimos hablando, el ocurrido el pasado día 23 de agosto en el paraje Los Castañuelos. Durante la investigación de estos tres incendios la Guardia Civil ha contado con la colaboración de los agentes de la Brigada de Investigación de Incendios forestales de la Junta de Andalucía.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y la mayoría de los consellers del Govern asistirán a la manifestación de la Diada del sábado convocada por la ANC bajo el lema ‘Luchemos y ganemos la independencia’.

En rueda de prensa posterior al Consell Executiu, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha destacado que Aragonès lleva acudiendo a manifestaciones de la Diada desde que es adolescente y ha puntualizado que el titular de Interior, Joan Ignasi Elena, no estará porque estará trabajando en el centro de coordinación para que la manifestación se desarrolle con normalidad y siendo un «ejemplo de civismo», como cree que han sido siempre las movilizaciones del 11 de septiembre.

También ha anunciado que los actos institucionales de la Diada organizados por la Generalitat y el Parlament estarán dedicados al violonchelista Pau Casals con motivo del 50 aniversario de su intervención en la ONU y tendrá como lema la cita del músico ‘Som fulles d’un mateix arbre i l’arbre es la humanitat’ (Somos hojas de un mismo árbol y el árbol es la humanidad).

Plaja ha destacado que Govern y Parlament quieren que la Diada de este año sea una jornada de autoafirmación de la Cataluña plural y diversa: «Es tiempo de trabajar conjuntamente para construir un país donde absolutamente todo sea posible sin ningún tipo de exclusión».

El primer acto será el jueves a las 20.15 horas en El Vendrell (Tarragona), municipio natal de Casals, donde Aragonès entregará la Medalla d’Or de la Generalitat al activista Arcadi Oliveres a título póstumo y a la oceoneógrafa Josefina Castellví, que recogerán familiares de ambos premiados.

El viernes a las 18.00 horas se celebrará la entrega de la Medalla de Honor del Parlament, que reconocerá a las «víctimas de la represión» del 1-O, y ese mismo día a las 21.00 Aragonès hará el tradicional discurso institucional con motivo de la Diada desde el recinto modernista del Hospital de Sant Pau.

ACTO INSTITUCIONAL

El sábado 11 de septiembre, día de la Diada, los miembros del Govern participarán en la tradicional ofrenda al monumento de Rafael Casanova en Barcelona y a las 22.00 horas se celebrará el acto institucional en las cuatro columnas de Puig i Cadafalch en Montjuïc.

Este acto contará con la dirección artística de la actriz y directora Marta Bayarri, y la dirección musical de Jofre Bardagí, y tendrá como ejes principales «los valores de la paz, la justicia, la libertad de los pueblos, la cultura catalana y la fraternidad» en recuerdo de la intervención de Casals ante la Asamblea General de la ONU.

La portavoz adjunta de los comunes en el Parlament, Susanna Segovia, ha asegurado que la presencia o no del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la mesa de diálogo, que se celebrará la semana del 13 de septiembre, «no tiene por qué afectar ni a los resultados, ni al contenido, ni al futuro de la mesa».

En rueda de prensa este martes al ser preguntada por si no pasaría nada si Sánchez no estuviese presente, ha respondido: «Pasar pasa, pero no nos podemos quedar con quién va quién no va, lo que es importante es de qué se hablará».

Ha destacado que lo importante es que la mesa funcione y se celebre más allá de las personas que la compongan, pero ha reconocido que es «diferente» que haya unas personas y no otras, tras confirmar la presencia de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Segovia también ha explicado que los comuns estarán presentes en todos los actos institucionales de la Diada del 11 de septiembre, también en la entrega de la Medalla del Parlament, aunque ha criticado que la presidenta de la Cámara, Laura Borràs, haya «instrumentalizado esta medalla con un interés partidario y político».

EMNIENDA A LA RGC

La portavoz morada también ha explicado que les ha sorprendido que los grupos parlamentarios de ERC y Junts, que forman el Govern, hayan presentado una enmienda a la totalidad a su proposición de ley para hacer mejoras en la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), y ha acusado a la Generalitat de «vetar» el debate en el Parlament.

«Sorprendentemente el Govern que habla de no dejar a nadie atrás lo que hace es presentar una enmienda e impedir que ni siquiera se debata en Parlament. El plan de choque social de Aragonès es tumbar la mejora de la RGC», ha censurado la portavoz de los comuns.

También ha criticado que este curso se hayan quedado fuera 20.000 estudiantes que se habían inscrito a cursos de Formación Profesional (FP), y ha pedido la comparecencia del conseller de Educación, Josep González-Cambray, porque considera que ha habido una «falta absoluta de previsión del Govern».

Además, Segovia ha pedido rehacer y repensar el nuevo protocolo Covid en las residencias de personas mayores porque considera que discrimina a los residentes, ya que si son contactos estrechos de un caso positivo de coronavirus se tienen que aislar pese a estar vacunados, al contrario que los trabajadores de las residencias.

Sobre el levantamiento de las medidas Covid del Govern, ha asegurado que se debe hacer con asesoramiento técnico, «mantener la prudencia para no volver a vivir una nueva ola y llamar a la vacunación», y ha reclamado que la Generalitat dé una respuesta clara al sector del ocio nocturno.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Universidades, la Ley de Convivencia Universitaria, dando paso así a su tramitación parlamentaria. Esta Ley ya fue presentada, como anteproyecto, el pasado 25 de mayo en Consejo de Ministros.

La futura Ley, que sustituye al Reglamento de disciplina académica de los Centros oficiales de Enseñanza Superior y de Enseñanza Técnica, decreto firmado por Franco en 1954, establece qué tipo de acciones son constitutivas de ser faltas (calificándolas en tres grados de gravedad: muy graves, graves y leves) en el entorno universitario, así como su correspondiente sanción.

La norma considera como falta muy grave las novatadas, el plagio de Trabajos de Fin de Grado, de Máster o Tesis Doctoral, o el acoso y acoso sexual, castigando a los infractores con la expulsión de la universidad de entre dos meses y tres años o la pérdida de derechos de matrícula parcial durante un curso o semestre académico.

La discriminación, la falsificación documental, el incumplimiento de las normas de salud pública, la suplantación a un miembro de la comunidad universitaria, o impedir el correcto desarrollo de los procesos electorales de la universidad, también son consideradas faltas muy graves, según el documento.

Según ha indicado la portavoz del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Isabel Rodríguez, el decreto de 1954 estaba «al margen de la nueva arquitectura» de España, por lo que esta Ley viene a ser una actualización de la misma al marco constitucional. La Ley, según ha dicho, «viene a reconocer el ejercicio de las libertades, de los derechos fundamentales, a buscar vías de encuentro y convivencia en el ámbito universitario».

FALTAS GRAVES

Asimismo, se consideran faltas graves acciones como apoderarse indebidamente del contenido de exámenes; deteriorar gravemente los bienes del patrimonio de la universidad; utilizar indebidamente contenidos y/o medios de reproducción y grabación de las actividades universitarias sujetas a derechos de propiedad intelectual; acceder sin autorización a los sistemas informáticos de la universidad; realizar cualquier comportamiento premeditado tendente a falsear los resultados de un examen o trabajo; e impedir la celebración de actividades universitarias.

Para todas estas faltas graves, la sanción sería la expulsión de hasta un mes de la universidad, no pudiéndose aplicar esta expulsión durante los periodos de evaluación y de matriculación, o bien se sancionará con la pérdida de derechos de matrícula o pérdida del derecho a la convocatoria ordinaria durante el curso o semestre académico en el que se comete la falta y respecto de la asignatura en la que se hubiera cometido.

Si bien, las universidades podrán prever «medidas de carácter educativo y recuperador» en sustitución de las sanciones establecidas para las faltas graves, salvo cuando la falta de que se trate implique «actuaciones fraudulentas en cualquiera de los ámbitos relacionados con el proceso de evaluación de los aprendizajes». Dichas medidas podrán consistir en la participación o colaboración en actividades formativas, culturales, de salud pública, deportivas, de extensión universitaria y de relaciones institucionales, u otras similares.

Tanto en el caso de sanciones de faltas muy graves como graves, la ley establece que «la pérdida de derechos de matrícula no podrá afectar a los derechos relativos a las becas en los términos previstos en su normativa de desarrollo».

FALTAS LEVES

Por último, se consideran faltas leves acceder indebidamente a instalaciones universitarias; utilizar los servicios universitarios incumpliendo los requisitos establecidos de general conocimiento; y realizar actos que deterioren de forma no grave los bienes del patrimonio de la universidad. En estos casos, la sanción consistirá en una amonestación privada.

El proyecto de Ley no considerará «actuar para copiar el contenido de exámenes a través de medios fraudulentos que no tengan la consideración de graves o muy graves» como falta leve. Esto sí estaba contemplado en el anteproyecto de mayo.

Con respecto a la prescripción de las faltas y las sanciones, las faltas muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses. Y las sanciones impuestas por faltas muy graves, por faltas graves y por faltas leves, prescribirán, respectivamente, a los tres años, a los dos años y al año.

Tal y como establece el documento, se atribuye a las universidades públicas la potestad de sancionar disciplinariamente las infracciones del estudiantado, sin perjuicio de la responsabilidad de carácter económico o penal que pudiera derivarse de tales infracciones. En este sentido, la persona titular del Rectorado será competente para ejercer la potestad disciplinaria.

MODIFICACIONES EN SU APLICACIÓN

La Ley aprobada este 7 de septiembre en Consejo de Ministros no sólo será de aplicación para los estudiantes (como establecía el anteproyecto, medida que generó críticas entre los estudiantes), sino también al Personal Docente e Investigador (PDI) y el Personal de Administración y Servicios (PAS) de las universidades públicas y sus centros públicos adscritos.

Además, lo dispuesto por la Ley será de aplicación a las universidades públicas del sistema universitario español (y los centros públicos adscritos), pero también a las privadas y sus centros privados adscritos. En su caso, tendrán que desarrollar sus Normas de Convivencia con base en los principios contenidos en la Ley.

Estas Normas de Convivencia deberán garantizar el respeto a la diversidad y la tolerancia, la igualdad y la inclusión de los colectivos vulnerables; la libertad de expresión; el derecho de reunión y asociación; la libertad de enseñanza y la libertad de cátedra; la eliminación de toda forma de violencia, discriminación y/o acoso; la transparencia en el desarrollo de la actividad académica; o la utilización y conservación de los bienes y recursos de la universidad de acuerdo con su función de servicio público, entre otros.

Las universidades, tanto públicas como privadas, incluirán en dichas Normas medidas de prevención y respuesta frente a los casos de violencia, discriminación, y/o acoso, que serán de aplicación al estudiantado, al PDI y PAS.

LA MEDIACIÓN COMO EJE CENTRAL DE LA LEY

Según la Ley, las universidades crearán una Comisión de Convivencia, integrada de manera paritaria por representantes del estudiantado, del PDI y PAS, elegidos por el Claustro a propuesta de cada uno de los sectores, garantizando el principio de composición equilibrada entre mujeres y hombres. Los integrantes del equipo rectoral no podrán formar parte de dicha Comisión.

Esta Comisión será la encargada de canalizar las iniciativas y propuestas para mejorar la convivencia en la universidad, promover la utilización del mecanismo de mediación y, en aquellos casos en que resulte procedente, tramitar el procedimiento de mediación como alternativa al régimen sancionador. La Comisión promoverá la utilización del mecanismo de mediación y podrá realizar sesiones informativas para comunicar a las personas involucradas en un conflicto, su disponibilidad y alcance.

De este modo, la Ley pone en el centro de la convivencia la mediación como vía principal de resolución de conflictos. Así, el régimen disciplinario únicamente entrará en juego en tres supuestos: cuando las partes rechacen acudir al procedimiento de mediación, cuando la conducta sobre la que verse el expediente sancionador esté expresamente excluida de ese procedimiento (como los casos de acoso y violencia de género, el fraude universitario o la destrucción de patrimonio) o cuando las partes no consigan llegar a un acuerdo.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería acoge a partir de este miércoles el juicio con jurado contra J.M.P., el joven acusado de acabar con la vida de su padre de 27 puñaladas en su casa en la calle Alcor de Almería.

Durante la vista con la que arranca el calendario judicial en el Palacio de Justicia, el presunto parricida se enfrenta a 23 años de prisión por un delito de asesinato y por otro contra la salud pública al encontrar en la vivienda en la que vivía varios botes de cristal con diferentes cantidades de cannabis preparadas para su venta, según el escrito provisional de la Fiscalía.

Los hechos tuvieron lugar hacia la medianoche del 13 de octubre de 2019, cuando el acusado acudió a casa de su padre en la zona próxima a Cruz de Caravaca, con el que había convivido hasta fechas recientes.

Según el auto de hechos justiciables, el jurado deberá determinar si el acusado actuó con premeditación al acudir al domicilio con unos guantes de látex y un cuchillo de cocina de unos 15 centrímetros «con intención de causarle la muerte» o si solo acudió a la vivienda a recoger unos enseres personales y una vez allí, se inició una discusión tras ser increpado por su padre.

En este sentido, y en base a las pruebas y declaraciones que se aporten en las tres sesiones previstas, deberán determinar si el acusado habría aprovechado que su padre se encontraba viendo la televisión para efectuar un ataque «por sorpresa» por la espalda, con una primera cuchillada en el pecho, otra en el cuello y después otras 25 tras caer al suelo la víctima o si, por el contrario, previamente se inició una discusión por la que «el padre recibió una puñalada en el corazón».

La Fiscalía sostiene que el supuesto parricida, que confesó los hechos ante la Policía tras su arresto, habría accedido a la casa de su padre con unas llaves cuando la víctima, de 56 años, se encontraba en el salón sentado en un sillón mientras veía un programa de televisión.

Según sostiene el Ministerio Público, el acusado se ubicó a las espaladas de su padre y «con el fin de causarle la muerte, con el cuchillo que portaba, le asestó una primera puñalada en el tórax a la altura del corazón».

A pesar de dicha agresión, la víctima habría podido levantarse y caminar unos pasos, momento en el que su agresor dio «una segunda puñalada en el cuello, cayendo ya la víctima al suelo». Ante los «síntomas de vida» que aún mostraba la víctima, el acusado le habría asestado «una secuencia de puñaladas por varios puntos del abdomen» hasta un total de 25 cuchilladas para asegurarse de que «había acabado con su vida».

En esta línea, según la acusación, habría tratado posteriormente de limpiar la escena del crimen y sus huellas con varios productos de limpieza y utensilios que encontró en la cocina. Del mismo modo, habría tratado de dejar falsas pistas, para lo que «cogió un cuchillo de unos diez centímetros de hoja, lo impregnó de la sangre del fallecido que se hallaba derramada por el suelo y lo dejó junto al cadáver».

Tras lavarse las manos, el presunto autor del crimen recogió todos los utensilios que usó para dar muerte a su padre como el cuchillo de la agresión, guantes, toallas, papel higiénico y una camiseta, los metió en una bolsa que llevó consigo y abandonó inmediatamente la vivienda, según el relato fiscal.

El joven, que fue detenido apenas una semana después del crimen, guardaba en casa de su abuela útiles y herramientas para la preparación de plantas de marihuana con destino al tráfico ilícito. En dicha residencia la Policía Nacional intervino 12 bolsas de plástico con sustancias en su interior seis envoltorios pequeños y varios botes de cristal con cannabis. En total, 317,8 gramos, que habría alcanzado en el mercado ilícito un valor de 1.612 euros.

Así, la Fiscalía solicita para él dos años de prisión por un delito contra la salud pública, con una multa adicional de 2.000 euros, y otros 21 años por un delito de asesinato, así como otros siete años de libertad vigilada.

«AÑOS DE MALOS TRATOS»

El presunto parricida, detenido pocos días después de la aparición del cadáver, se habría «obcecado» después de mantener una fuerte discusión con su padre la noche de los hechos tras haber soportado «años de malos trato», tanto él como su madre, según la versión dada a la Policía y que el joven habría ofrecido a los agentes poco después de su arresto.

El jurado también deberá ratificar, en caso de que resulte probado, que la relación entre la víctima y el supuesto agresor «nunca había sido buena», que el acusado consume estupefacientes «a diario desde que tenía 16 años» y que presenta un trastorno denominado ‘síndrome amotivacional’, el cual «daña seriamente sus capacidades cognitiva y volitiva», ya que estos aspectos junto con su supuesta confesión, podrían actuar como atenuantes ante una eventual condena e incluso para declarar su no culpabilidad en función del grado de aplicación.

Fuentes de la investigación apuntaron los supuestos maltratos sufridos por el joven, que aún vivía con su padre, y por la madre, con la que ya no convivía. En este sentido, el detenido tampoco aprobaba una relación que su progenitor había iniciado recientemente, lo que habría desencadenado una discusión días atrás.

El joven confesó el crimen en dependencias policiales tras encontrarse ropa en su vivienda con restos de sangre de la víctima. Así, se reveló como uno de los principales sospechosos después de que fuera situado en la escena la noche de los hechos, algo que «en una primera declaración policial negó a los agentes».

Tras un registro «exhaustivo» en la vivienda del presunto parricida, la Policía Nacional halló varias prendas de ropa con restos de sangre de su padre muerto. En este sentido, y durante una segunda declaración en la Comisaría Provincial, el joven «de manera espontánea» confesó «el crimen y su autoría».

Los agentes descubrieron el cadáver del varón en el interior de su vivienda, en posición decúbito prono en el suelo del salón, y sobre un gran charco de sangre. Cerca del finado, los investigadores hallaron un cuchillo de cocina de grandes dimensiones manchado de sangre. A pesar de estos indicios, en un primer momento la muerte se achacó erróneamente a un suicidio.

El cadáver del hombre fue encontrado poco antes de las 9,50 horas del día 13 por la pareja del fallecido, quien alertó a los servicios de emergencias. Según los testigos, el hombre había vuelto solo a su casa la noche anterior tras haber salido.

Vox ha presentado este martes en el Tribunal Constitucional dos recursos a la ley orgánica de protección integral ala infancia y la adolescencia frente a la violencia, así como a la ley que pone fin a la incapacitación judicial de personas con discapacidad, que recogen la prohibición de los padres acusados en delitos de violencia de género de visitar a sus hijos, así como la obligación de que los niños recivan «educación afectivo sexual».

En relación al texto sobre infancia, la formación que preside Santiago Abascal, critica que se incluya la obligatoriedad de que todos los menores reciban «educación afectivo sexual», una medida que, a su juicio, «incorpora normativamente una ideología estatal en la que forzosamente se pretende adoctrinar a los alumnos».

«El Estado impone al alumnado y a sus progenitores una doctrina estatal que se incluye además en el currículo como contenido obligatorio en el que necesariamente habrán de ser evaluados los niños y ello aunque esas convicciones estatales puedan resultar frontalmente opuestas a las de sus progenitores», explica la formación en un comunicado.

El partido apunta que la Constitución reconoce la necesidad de orientar la enseñanza «hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales» y con respeto a las convicciones religiosas, ideológicas y filosóficas de los progenitores. Es por eso que Vox llama a una «necesaria neutralidad ideológica» del Estado en este sentido.

«PARENTALIDAD POSITIVA»

De la Ley contra la Violencia en la Infancia, el partido critica también el concepto incluido en ella de «parentalidad positiva», que recoge la promoción de la corresponsabilidad, medidas para combatir los roles de género, el rechazo de la violencia contra las mujeres y niñas o la educación con enfoque inclusivo, entre otras medidas.

Para la formación de Abascal, «estos preceptos abandonan la línea del constitucionalismo democrático de considerar el espacio familiar como un ámbito privado de libre desarrollo de las relaciones afectivas entre padres e hijos, sin injerencias de los poderes públicos».

Además, cree que, con esta ley, se convierte a la familia «en el objeto de un intenso escrutinio por parte de los poderes públicos recabando, en su caso, datos concretos sobre la vida familiar de las personas».

En el comunicado, Vox también pone el foco en la medida que señala que «no procederá la guarda conjunta cuando cualquiera de los progenitores esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos».

Para Vox, esta medida es «una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión».

RECHAZA LA ANULACIÓN DE VISITAS A PADRES

El mismo argumento utiliza la formación para rechazar una medida similar pero incluida en la Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica: la que anula todo «régimen de visita o estancia respecto del progenitor incurso en un proceso penal iniciado por violencia de género».

Además, de la vulneración del derecho a la tutela, Vox critica que esta medida se incluya en una norma cuyo enunciado «nada tiene que ver» con la finalidad de la misma.

«El deber que la Constitución impone a los poderes públicos de velar por el superior interés y beneficio de los menores de edad no admite períodos de ‘vacatio’, en los que el interés del menor puede sufrir las consecuencias de una decisión automatizada y genérica que prescinde de las circunstancias que, en particular, le afectan», apunta el partido de Abascal.

«En ningún caso, puede considerarse admisible el desamparo de un menor, sólo porque cabe la posibilidad de que no se prolongue en exceso en el tiempo», explica Vox.

Además, denuncian la «privación automática y por efecto de la ley, de la facultad que corresponde al progenitor de poder participar en la toma de decisiones que le incumben en el ejercicio de la patria potestad cuya titularidad le pertenece y sin resolución judicial que le limite o prive de las facultades que leconciernen».

A su juicio, con estas dos nuevas normas «se da un paso más en el recorte de libertades iniciado por el Gobierno Sánchez que afecta, en este caso, a ámbitos tan sensibles como la educación de los niños y el derecho de un padre a ejercer como tal con la presunción de inocencia que la Constitución española reconoce».

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, confía en que este mismo martes, en caso de que el viento «no empeore», se pueda «disminuir el impacto» del incendio de Ribas de Sil (Lugo), que lleva unas 1.000 hectáreas arrasadas desde que se declaró en la noche del domingo.

Preguntado sobre la evolución del fuego, el mayor registrado este año en Galicia, en una visita al nuevo CEIP Plurilingüe Cruceiro de Sanxenxo (Pontevedra), el mandatario autonómico ha confirmado que ya está «controlada la cabeza» de este incendio registrado en una zona escarpada y de una «accesibilidad muy compleja» y que ya se ha extendido al municipio de Quiroga.

De este modo, ha explicado que hay que llevar las llamas «hasta el río» para que así el fuego «se muera allí» y luego trabajar «en las partes altas» del mismo.

Precisamente, en el mediodía de este martes la cuenta de Twitter de la Consellería do Medio Rural para informar sobre los incendios ha asegurado que, «gracias al esfuerzo y profesionalidad» de los efectivos, el fuego «evoluciona de modo favorable».

Además, Feijóo ha desvelado que en la noche del lunes, sobre las 22,30 horas, recibió una llamada del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien agradeció «la coordinación» de los medios de extinción con la Unidad Militar de Emergencias (UME) desplegada en la zona.

«PAUTA HABITUAL DE LOS INCENDIARIOS»

El presidente de la Xunta también ha recalcado la intencionalidad de este gran incendio: «Todo acredita que la pasada noche del domingo, una vez que los medios ya no pueden volar, hubo un foco que posteriormente se amplió con dos focos más. Y eso suele ser la pauta habitual de los incendiarios».

De hecho, Feijóo ha vuelto a pedir «colaboración ciudadana para detectar cualquier conducta sospechosa» y «ponerla en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad».

Y se ha dirigido a los «criminales incendiarios» para advertirles que no solo se están jugando «penas privativas de libertad» por provocar el incendio, sino que sus conductas también pueden «producir homicidios» en las parroquias afectadas.

«Yo pido un mínimo de moral y de ética a las gentes que creen que un fuego no es más que un problema forestal. No, un fuego es un atentado medioambiental, pero también puede provocar la muerte de personas inocentes», ha agregado.

SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, MESES «COMPLEJOS»

Asimismo, el presidente gallego ha reconocido que la tendencia de «los últimos años» es la de que los incendios se desplazan desde los meses de julio y agosto a septiembre y octubre,

«Por tanto, no podemos en ningún caso cantar victoria y estamos en un mes muy complejo, este septiembre», ha reflexionado Feijóo, para seguidamente avisar de que octubre también puede complicarse «si no hay precipitaciones».

Un total de siete miembros del Consejo Ciudadano de Podemos han presentado su dimisión del máximo órgano de dirección del partido entre críticas a la secretaria general de la formación en la Comunitat Valenciana, Pilar Lima, a quien acusan de «falta de diálogo», de «vaciar de competencias» de este órgano, «incumplir el proyecto» con el que se presentó e incluso de «vulnerar derechos laborales».

Ante esta situación, los siete consejeros y consejeras ciudadanas de Podemos –que firman Cristian Santiago, María García Sandoval, Rafael Mercader, Anabel Mateu, Moisés García, Ainhoa Alberola y Noelia Olivares– han presentado una carta de dimisión en la que señalan que no serán partícipes del «destrozo político de Podem». «No podemos ser cómplices del derrumbe interno político y ético que están llevando a cabo desde la actual dirección», subrayan.

Entre las razones de su dimisión, los consejeros y consejeras ciudadanas explican que la tercera asamblea ciudadana de Podemos mandó un «mensaje muy claro: unidad y reconocimiento a los liderazgos en las tres patas que conformaban nuestro espacio político». Pilar Lima ganó la Secretaría General con el 44,7% de los votos.

«Más del 55% de la militancia no respaldó a la actual coordinadora general y pese a los intentos para que Lima incluyera a ese 55% del partido restante, su primera decisión fue hacer una ejecutiva monocolor, contraria a la unidad y la integración que exigía la militancia. 38 votos no pueden expulsar a 2.200 inscritos», señalan en su misiva, en alusión los 38 apoyos de diferencia con los que Lima se impuso en junio del pasado año a Naiara Davó, entonces portavoz parlamentaria, en la III Asamblea Ciudadana Valenciana.

Según añaden, a lo largo de estos meses, han intentado «trabajar por esa unidad para estabilizar y fortalecer el partido». Así recuerdan que precisamente Naiara Davó, cuando aún ostentaba el cargo de síndica, incorporó a Pilar Lima como portavoz adjunta en Les Corts.

Davó fue sustituida posteriormente por esta última el pasado mes de enero, con la aprobación de 27 votos en el Consejo Ciudadano, en una votación en la que no participó un tercio de los consejeros por «cuestiones de forma» y por considerar entonces que «iba en contra de lo que las y los inscritos dijeron en la asamblea de la formación, según explicó en su momento Davó.

Los consejeros dimitidos señalan, en este conexto, que, «a pesar de ello, la Coordinadora General, renunciando al diálogo y el acuerdo, ha incumplido el proyecto que presentó a la militancia y su palabra de no expulsar a los otros dos dirigentes: a Naiara Davó, cesada hace 8 meses de la sindicatura de Les Corts, y ahora a Rubén Martínez Dalmau de la Vicepresidencia», lamentan en alusión a la marcha del conseller de Vivienda del Gobierno Valenciano, una decisión que comunicó a finales de agosto al ‘president’, Ximo Puig, y que será efectiva el próximo viernes con su relevo por Héctor Illueca.

En su opinión de estos consejeros, esto ha generado «un daño irreparable para la unidad, la fortaleza y la reputación» del partido. Dalmau deja su cargo sin aludir públicamente a diferencias en el seno de Podem ni con Lima.

«CRUZANDO LÍNEAS ROJAS»

Según la carta de dimisión, aseguran que, en lo orgánico, la expulsión de Davó se «extendió» a los equipos técnicos, trabajadores y trabajadoras del partido. En este sentido denuncian que «la actual dirección ha cruzado líneas rojas en materia de vulneración de derechos laborales, algo inasumible para un espacio político que enarbola la defensa de los mismos».

En cuanto a los órganos de dirección, apuntan a la «ineficacia» del Consejo Ciudadano Valenciano, «vaciado de sus competencias», como otro de los motivos de su decisión. Según sostienen, «el que debiera ser el máximo órgano de toma de decisiones carece de tal cometido al ser el último espacio en conocer las acciones de la Coordinación General».

En materia feminista, estos consejeros y consejeras aseguran que «se vuelven a incumplir nuestros documentos al no respetar las cuotas de representación de mujeres en puestos de responsabilidad» y sospechan «que tampoco se están cumpliendo en la contratación de personal de la organización».

Desde su punto de vista, «la imposibilidad de debate, la falta de transparencia y el incumplimiento de los acuerdo están llevando al partido a la inanimidad y provocando el desencanto de la militancia. La deriva ya se percibe imparable», advierten. Y aunque dicen haber «intentado todo lo posible revertirla, actualmente no hay ninguna opción real de detenerla».

Los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid (PP, Más Madrid, PSOE, Vox y Unidas Podemos) han mostrado este martes su repulsa unánime ante la agresión homófoba en Malasaña que sufrió un joven por ocho encapuchados.

En rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, todos los grupos han trasladado su intención de acudir a la manifestación en contra de este tipo de agresiones, convocada por algunos colectivos para este sábado, menos Vox, que ha dejado en el aire si finalmente irá o no.

La portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso, ha lamentado lo sucedido y ha avanzado que presentarán una iniciativa de «agresiones cero» en el próximo pleno de la Asamblea de Madrid. Así, ha acusado a Vox de que con este tipo de discursos de odio son como «los talibanes españoles» con la «complicidad» de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

«Hemos visto manifestaciones lgtbifóbicas por parte de políticos de la extremaderecha con la complicidad de Ayuso y nos sorprende la dejadez del Gobierno de la Comunidad de Madrid», ha lanzado Alonso.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha condenado también «enérgicamente» la «horrible agresión» y cree que es obligatorio que se reaccione «con mano firme y contundente». Así, ha sugerido que se deje de pactar con «aquellos que emiten discursos de odio» que son los que «cristalizan» este tipo de agresiones, no pactar.

En esta línea, la portavoz del PSOE, Hana Jalloul, ha sugerido a Vox que modere su lenguaje y aunque ve bien que condene este hecho les ha pedido que no incidan en «un cambio de la ley LGTBI». «Expresamos nuestra más firme condena y los discursos de odio siempre conllevan delitos de odio aparejados. Hay que seguir luchando porque estas cosas no sucedan en la Comunidad de Madrid», ha defendido.

Desde Vox, su portavoz adjunto, Íñigo Henríquez de Luna, ha condenado estas agresiones y quiere que se castiguen «con la máxima dureza». Si bien ha pedido que se midan todas las agresiones bajo el mismo rasero como, según dice, «la de un grupo de menores extranjeros no acompañados que agredió este fin de semana a una pareja».

«Consideramos que hay que aplicar las leyes que ya existen y este tipo de delitos están penados. Condenamos tajantemente esta agresión y no estamos dispuestos a que se nos criminalice», ha lanzado.

Por último, el portavoz del PP, Alfonso Serrano, ha mostrado también su rechazo ante esta agresión y lamenta que haya grupos como «Más Madrid y Unidas Podemos que responsabilicen a otras formaciones políticas de lo ocurrido».

Además, cree que las agresiones homófobas, «por desgracia», han existido antes del surgimiento de estos partidos y después. «Estamos todos en contra de eso y no me cabe en la cabeza que se justifique o que se aliente», ha zanjado.

La subdirectora de Seguridad del centro penitenciario de Alicante II, en Villena, que ha denunciado la agresión y amenazas que varios encapuchados realizaron ayer en la puerta de su domicilio había recibido desde el pasado 24 de agosto varios mensajes en los que le advertían de que tenía que «cerrar la boca» y «borrar las imágenes» sobre una investigación abierta por la reducción que practicaron tres funcionarios a un preso con problemas de salud mental.

Según explican fuentes de la investigación, estos mensajes con tono amenazante los recibió la alto cargo de la Administración penitenciaria en su teléfono móvil, donde guardaba capturas. Dicho teléfono desapareció en el centro penitenciario el pasado viernes 3 de septiembre.

La subdirectora de Seguridad es funcionaria del Centro de Inserción de Coruña y se encuentra en Villena, en comisión de servicio, desde hace unos meses. Cuando estaba en Galicia se incorporó a un chat de ‘Tu Abandono Me puede Matar’, una asociación muy crítica con la gestión penitenciaria actual.

«TE VAMOS A JODER LA VIDA»

El 24 de agosto recibió un mensaje amenazante desde un número oculto en el grupo de Whatsapp de esta asociación. Le reprochaban su actitud en la investigación abierta por la reducción de este preso, advirtiéndole que no tendrían «miramientos» y que irían a por el director y luego a por ella. «Si tenemos que llevarte por delante, lo haremos. Te vamos a joder la vida por perra», recogía uno de esos textos, según fuentes de la investigación.

«Sabemos que tenéis imágenes, bórralas o atente a las consecuencias», le decían en otro de los mensajes un día después, el 25 de agosto, enviado por SMS a su teléfono, luego extraviado, donde guardaba capturas de pantalla. La subdirectora de Seguridad de la cárcel de Alicante ha presentado ya una denuncia ante la Guardia Civil por la agresión en la puerta de su domicilio, que se suma a la investigación abierta por la reducción del interno con problemas mentales.

Esta alto cargo, que custodia las cámaras de la instalación penitenciaria, no se ha dado de baja tras la agresión de ayer y está citada este martes para declarar en el marco de la investigación abierta sobre la actuación de tres funcionarios en la reducción de un interno, enfermo mental, que tuvo lugar el pasado 16 de agosto en el centro penitenciario.

DENUNCIA EN AGOSTO DE UNA ASOCIACIÓN

La investigación se abrió como consecuencia de la denuncia a mitad de agosto de la plataforma de funcionarios ‘Tu abandono Me Puede Matar’, asegurando que la de Villena es «la prisión más peligrosa de España». En concreto, decían que tres funcionarios habían acabado en el hospital por la agresión de un interno.

Fuentes de la investigación han señalado que, en el marco de la información reservada y con traslado al juzgado de guardia, se visualizaron las cámaras del departamento de aislamiento, sin apreciar que el interno portara ningún palo con el que, de acuerdo a la denuncia de la asociación, se podría haber agredido a los funcionarios.

Este interno con problemas de salud mental accedió a su celda dando varios saltos y, de acuerdo a las cámaras de seguridad, los tres funcionarios, provistos de sus chalecos de intervención y defensas de goma, esperaron al recluso en la puerta de la misma. Cuando este volvió a salir, la emprendieron a palos durante al menos tres minutos.

El interno forma parte del Programa de Atención Integral a Enfermos Mentales (PAIEM). Las grabaciones de las cámaras de seguridad son custodiadas por los subdirectores de seguridad de los centros penitenciarios y resultan un elemento fundamental para esclarecer este tipo de hechos.

APOYO DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

En un comunicado, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha condenado y mostrado su «indignación por el brutal ataque» que sufrió ayer lunes la subdirectora de seguridad de Alicante II en la puerta de su casa. Previamente recibió varios mensajes amenazantes en su teléfono móvil.

Según el relato de Instituciones Penitenciarias, en la mañana de ayer «entre cinco o seis individuos» encapuchados rodearon a la subdirectora cuando salía por la puerta de su domicilio. Tres de ellos la sujetaron por detrás mientras otro le propinó dos fuertes golpes en la cara a la vez que la amenazaba con que mantuviera «la boca cerrada» en la declaración que tenía pendiente para hoy.

Tras el ataque sufrido, la funcionaria de Instituciones Penitenciarias ha denunciado los hechos ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El máximo responsable de la institución dependiente del Ministerio del Interior, Ángel Luis Ortiz, se puso en contacto con ella para interesarse por su estado y mostrarle su «apoyo incondicional y el de toda la Administración penitenciaria».

Ortiz puso también a su disposición todas las herramientas legales necesarias para esclarecer los hechos y detener a los agresores, según ha informado Instituciones Penitenciarias.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este martes duramente contra la futura Ley de Universidades que impulsa el ministro Manuel Castells, al considerarla una «politización morbosa». «La Universidad está en peligro», ha clamado.

En su intervención en el solemne acto de apertura del curso universitario en la Universidad Carlos III de Madrid, ha incidido en que la nueva normativa busca «consagrar la irresponsabilidad de los alumnos al desvincular la concesión de una beca del esfuerzo, olvidando así una ve que donde no se premia el esfuerzo se fomenta la desigualdad». Para Ayuso, «si los méritos académicos valen cada vez menos los que en la vida solo cuentan con su esfuerzo se verán olvidados a favor de los que tengan contactos o dinero».

La dirigente madrileña ha considerado que, además, «se fomenta la irresponsabilidad de los alumnos al ser más permisivos con la falta de honestidad, copiar, el plagio, alejan a los alumnos de ese afán de verdad y honestidad intelectual», se «menoscaba el papel de los rectores» y se «promueve la irresponsabilidad al ser más transigentes con los destrozos del patrimonio universitario, del mobiliario», y con «la libertad de los demás alumnos y el personal docente».

«Sospecho que la nueva ley quiere dar vía libre a la ocupación del campus por parte de grupos extremistas, a la politización morbosa de la vida universitaria», ha manifestado, al tiempo que ha recordado que hace no mucho se asistió «a parodias de refrendos contra las instituciones del Estado en los campus».

Ayuso ha hecho hincapié en que esta «politización abre el camino a los violentos, a los que quieren convertir las universidades en sus propios guetos, como ya mostraron en sus algunos partidos que gobiernan en coalición».

Asimismo, la presidenta cree que «esta politización extrema se manifiesta también en el fomento del innecesario frentismo entre las universidades públicas y privadas, discriminando a estas y poniéndolas bajo sospecha, o cuando se quiere imponer nuevos dogmas ideológicos para minar la libertad de cátedra, extender el miedo y la censura».

«La universidad está en peligro. Se atacan a todas sus bases empezando por la fundamental que es la verdad, al negarse la libertad para buscarla y los instrumentos para convertirla en saber», ha dicho.

También ha mostrado su preocupación por que puedan «atrapar a los jóvenes en la tiranía: en la tiranía del no saber, en la tiranía del no conocer, en la tiranía de no discernir y ser críticos, de no poder sí elegir en libertad, de depender de otros, en la tiranía de no responsabilizar los actos y decisiones».

«Detrás de los ataques a la memoria y el conocimiento no solo hay supuesta innovación, ni ignorancia, sino una amenaza a Occidente. Y no se puede olvidar esto en la Comunidad de Madrid: hay que proteger la institución universitaria desde sus raíces. Hay que defender la autonomía universitaria, pero siempre en libertad», ha concluido.