La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha aclarado que la reducción de cuarentenas de 7 a 4 o 5 días es un tema todavía "absolutamente inmaduro", ya que, ha subrayado, en el momento actual hay "una incidencia elevada".

Así se ha expresado la ministra en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, aclarando que "solo un consejero" ha reclamado "la posibilidad de estudiar o de ver" la reducción de las cuarentenas. "Solo se ha expresado en estos términos", ha asegurado Darias, para añadir que el resto de consejeros no ha hecho ninguna consideración al respecto.

"Tenemos que ser muy conscientes de la situación en la que estamos", ha aseverado. "En cualquier caso, siempre hay un proceso de revisión continua de la situación, pero es verdad que tenemos todavía una incidencia elevada", ha recordado.

Así, ha hecho hincapié en que las cuarentenas se mantendrán "mientras que las personas técnicas que asesoran no planteen otra cosa, que hasta el momento no lo han hecho".

Con todo, pese al elevado número de casos, Darias ha destacado el "descenso suave" que se está produciendo en la incidencia, "tras 11 semanas consecutivas de crecimiento". "Esta tendencia se observa en todos grupos edad, salvo en los menores de 12 años, que están en proceso de vacunación, y los menores de 5", ha precisado, para añadir que "los más vulnerables, los mayores de 60, son los que registran menos incidencia".

Aunque la incidencia actual es 7 veces superior a la de hace un año, con la tercera ola, la ministra ha destacado que los indicadores de gravedad se han mantenido en una tendencia descendente desde la segunda quincena de octubre.

"La probabilidad de hospitalización se ha reducido 7 veces en ese período, pasando de un 6,5 de la tercera ola al 0,9 actual. La de ingreso en UCI y letalidad se ha reducido más de 12 veces, pasando del 0,9 al 0,07 por ciento", ha detallado Darias. Las cifras de hospitalizaciones son de un 15 por ciento, al igual que en la misma fecha hace un año, y en UCI se han reducido a un 22 por ciento (frente al 40% hace un año).

Así, ha reiterado que, como las altas coberturas de vacunación, así como la prevalencia actual de Ómicron (que ya ocupa el 86% del territorio) están cambiando progresivamente la epidemiología de la Covid-19, "estamos trabajando con los consejeros en la necesidad de ir avanzando hacia un nuevo sistema de vigilancia, acorde con las características epidemiológicas de la situación actual".

En cuanto al sublinaje de Ómicron BA.2, detectado en Dinamarca, Darias ha informado del primer caso detectado en España, si bien ha mandado un mensaje de tranquilidad, señalando que, según la información proporcionada por este país, la BA.2 no tendría un comportamiento muy diferente de la BA.1, la mayoritaria en España y en el resto de Europa.

Las comunidades autónomas han unido sus fuerzas para pedir a la Unión Europea más apoyo para las zonas rurales y han reclamado "voluntad política" de todos los niveles de gobierno y ciudadanos para hacer frente a sus desafíos, como el envejecimiento de la población y los bajos niveles de renta hasta el aumento de la brecha digital y el impacto del cambio climático.

Así lo han expresado durante la sesión plenaria de este miércoles del Comité Europeo de las Regiones (CDR), en cuya orden del día ha destacado un debate sobre zonas rurales con Dubravka SUICA, vicepresidenta de la Comisión europea para la Democracia y Demografía con el comisario de Agricultura Janusz WOJCIECHOWSKI.

Según ha informado el Comité Europeo de las Regiones a través de un comunicado, el debate ha precedido la adopción de un dictamen sobre el futuro de las zonas rurales cuyo ponente es el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Durante la presentación del informe, Moreno ha destacado que los actores locales y regionales son "esenciales" para poner en marcha el Pacto Rural presentado por la Comisión Europea a finales del pasado mes de diciembre.

"La agricultura, la movilidad, la conectividad digital y las energías renovables son los ámbitos estratégicos que deben sustentar el desarrollo rural dado su potencial para aportar soluciones prácticas y medios de apoyo para frenar el despoblamiento, facilitar el relevo generacional y generar oportunidades sociales y económicas ligadas al Pacto Verde", ha dicho.

El presidente de la Junta de Andalucía también ha reclamado "una simplificación de los fondos europeos, mejoras en la forma en que se combinan y un cambio hacia un modelo de fondos múltiples que integre a las zonas rurales en todas las políticas" resaltando que "las regiones europeas estamos deseando trabajar codo con codo con la Comisión Europea en la implementación de la 'Visión a largo plazo para las zonas rurales".

En este contexto, su homólogo en Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha reiterado que la lucha contra la despoblación "no es únicamente un objetivo de los que viven en el medio rural", sino del conjunto de europeos. "Con motivo de la pandemia, la Europa de las grandes ciudades descubrió a la otra Europa rural que es la que le da de comer, por lo que el reto demográfico es cosa de todos", ha enfatizado el dirigente socialista.

El presidente de la Junta de Extremadura ha destacado que, para fijar la población al territorio en el medio rural, es imprescindible que haya oportunidades de empleo "decente" para los ciudadanos que viven ese esas zonas. Por ello, ha instado a que en el proceso de reindustrialización de Europa se tenga en cuenta a los núcleos rurales y se lleve la industria al medio rural.

Además, Fernández Vara ha considerado fundamental el acceso a una vivienda digna y accesible, para que los ciudadanos del medio rural puedan desarrollar un proyecto de vida y de familia.

En esta clave, la presidente de La Rioja, Concha Andreu, también ha intervenido durante el debate, resaltando ante los representantes europeos en la "necesidad de dotar a las políticas europeas de la dimensión rural. Andreu ha señalado que "las zonas rurales son espacios llenos de oportunidades a los que debemos ofrecer modelos económicos alternativos".

"Necesitan herramientas legislativas y financieras que les permitan aprovechar al máximo su potencial y enfrentarse a desafíos como el cambio demográfico, la conectividad, el riesgo de pobreza o el acceso limitado a los servicios", ha añadido.

La directora General de Asuntos Europeos del Gobierno de Castilla-La Mancha, Virginia Marco Cárcel, ha puesto en valor que los fondos 'Next Generation EU' tengan en cuenta la densidad de población para su asignación. Sin embargo, también considera necesario "que todos los fondos europeos tengan como criterio de reparto una atención prioritaria a las zonas despobladas".

"Debemos delimitar las zonas rurales exactas con problema de la despoblación, y sería de utilidad la clasificación europea de zonas despobladas inferiores a la demarcación de zona NUT3", ha propuesto la representante de Castilla-La Mancha, al tiempo que ha asegurado que "es fundamental que la aplicación de los fondos europeos sea más flexible en el ámbito rural para facilitar su ejecución por parte de administraciones y entidades muy pequeñas".

"Es fundamental que la Comisión afronte el reto demográfico de forma transversal en todas las políticas, para atraer empresas y población", ha insistido.

PROPUESTAS CONCRETAS

El dictamen aprobado por el Pleno destacaba la urgencia de poner en marcha propuestas concretas para la inmediata acción, acompañada de recursos y objetivos cuantitativos, para apoyar la visión a largo plazo y garantizar su eficacia implementación. Además, los miembros del CDR pidieron a todos los niveles de gobierno que alinearan todas las futuras políticas y medidas legislativas.

La Comisión Europea lanzó el pasado 20 de diciembre el Pacto Rural, una iniciativa incluida en la visión a largo plazo cuyo objetivo es movilizar a las autoridades públicas y las partes interesadas para que actúen sobre las necesidades y aspiraciones de las comunidades rurales.

Este proyecto tiene como objetivo proporcionar un marco común para involucrar y cooperar entre las partes interesadas a nivel de la UE, nacional, regional y local nivel. Además, el CDR contribuirá activamente al Pacto Rural y desarrollará sugerencias a corto y largo plazo.

El Ministerio de Justicia ha señalado este miércoles a última hora de la tarde que la huelga convocada por la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) para hoy ha tenido un seguimiento del 30,34% de los letrados. Desde la asociación, que reclama al departamento de Pilar Llop una negociación colectiva propia y la adecuación salarial, aseguran que el seguimiento ha sido del 70%.

En un breve comunicado, el Ministerio destaca que según datos de las 30 provincias, las comunidades autónomas con mayor seguimiento de la huelga son La Rioja con un 65,63%; la Región de Murcia con un 58,46%; Melilla con un 47,37%; Castilla y León con un 44,72% y Cataluña con un 36,07%.

En la Comunidad de Madrid el seguimiento de los LAJs de la huelga se cifra en un 25,51% mientras que en los órganos centrales --Audiencia Nacional y Tribunal Supremo-- la han secundado un 14,75%.

Por su parte, en Andalucía ha tenido un seguimiento del 25,27%, en Aragón del 30,89%, en la Comunidad Foral de Navarra del 18,52%, en Castilla-La Mancha del 24,70%, en Extremadura del 25,49%, en Asturias del 23,48% y en Ceuta del 7,14%.

En el resto de comunidades el seguimiento ha rondado entre el 20 y el 30 por ciento. Así, en la Comunidad Valenciana ha sido del 24,79%; en Canarias del 34,95%; en Cantabria del 28,81%; en Galicia del 32,75%; en las Islas Baleares del 34,91% y en País Vasco del 23,38%. Desde el Ministerio señalan que estos datos no incluyen los servicios mínimos.

Desde la asociación han emitido también un comunicado en el que han presentado las cifras que manejan. "Según nuestras primeras estimaciones la huelga convocada por la Unión Progresista de la Administración de Justicia ha tenido un seguimiento global en toda España del 70%", han señalado.

Este mismo miércoles, el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, ha calificado la huelga de "política" y ha apuntado que no es seria porque, a su juicio, no defiende los intereses de los LAJs. "A día de hoy quien mas defiende los intereses de los letrados de la Administración de Justicia es el propio Ministerio", ha apostillado.

Al hilo, ha echado en cara a la UPSJ que quieren llevarse el merito de convocarle una huelga al ministerio, y ha añadido que se trata de una huelga interna entre asociaciones "por un claro juego de desconfianza y de poder entre ellas".

"Es una huelga de descrédito para desprestigiar al Colegio de Letrados (...), es una huelga hipócrita y falaz porque nada de cierto les han transmitido a los asociados, y eso es mentir, manipular al cuerpo de letrados", ha apuntado, para luego añadir que "es una huelga tapadera porque tapan sus vergüenzas ante la falta de estrategia mas allá del día de hoy y de sus incoherencias en sus propuestas".

LAS RECLAMACIONES DE UPSJ

Por su parte, la asociación convocante pide el "pago inmediato de los 195 euros fijados en el vergonzoso acuerdo alcanzado con los sindicatos" generalistas, pacto que --a su juicio-- se negoció "contra los intereses de los letrados de la Administración de Justicia". Dicho monto, ha indicado, lo aceptan "únicamente" como "pago primero y parcial de la adecuación salarial a la que obliga la ley".

Fuentes de la negociación ya avanzaron que el Consejo de Ministros aprobará el próximo 1 de febrero esa adecuación del salario del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia que se acordó en la Mesa Sectorial de Justicia sobre el incremento del complemento específico del personal de Justicia y que supondrá un aumento retributivo de 195 euros al mes. La UPSJ, sin embargo, ha asegurado que este 5,26% "está muy lejos del objetivo de restablecer el equilibrio entre las obligaciones y derechos".

En el marco sus peticiones, la asociación exige que se llevan a cabo las reformas legislativas necesarias para reconocer el derecho a una negociación propia a los Letrados de la Administración de Justicia. Algo a lo que desde el departamento de Llop se niegan.

RESPALDO DE LAS ASOCIACIONES

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha respaldado públicamente la convocatoria de este miércoles. Según ha dicho, esta huelga viene a "poner de manifiesto" la situación de "desigualdad" en la que se encuentran determinados cuerpos de la Administración de Justicia. En un comunicado, ha asegurado que en la última década el Ministerio de Justicia "ha desdeñado sistemáticamente el papel que los profesionales más cualificados de la Administración de Justicia desempeñan".

Así, ha insistido en que es "necesario" un "cambio de actitud" por parte del departamento ahora dirigido por Pilar Llop para "reconducir" esta situación. Y ha defendido que "a falta de voluntad, las medidas de conflicto colectivo están justificadas".

Foro Judicial Independiente (FJI) también se ha pronunciado este miércoles para respaldar la convocatoria de la UPSJ y asegurar que "hay motivos más que sobrados para la huelga". En su cuenta de Twitter, ha indicado que los profesionales de la Administración de Justicia "han sido siempre los grandes olvidados" y ha subrayado que comparte el "sentimiento de impotencia y abandono por parte del Ministerio".

JUSTICIA, ABIERTA A NEGOCIAR

Fuentes de Justicia señalaron en vísperas de la huelga que desde el Ministerio hay interés y están abiertos a negociar reivindicaciones para el Cuerpo.

Las mismas fuentes precisaron que dicha negociación ha de llegar en un ambiente de distensión. De ahí que desde Justicia se solicitara a la Unión que desconvocara la huelga. Pese a la decisión de la asociación de seguir adelante con la huelga, las fuentes consultadas han asegurado que en el Ministerio seguirán trabajando por el acuerdo.

Así las cosas, han destacado que se han sacado adelante oposiciones en un corto periodo de tiempo, que se ha visto el problema del concurso de traslados y que se ha ofrecido la revisión de los sueldos mas bajos de categorías inferiores.

En este sentido, han indicado que hay intención de seguir escuchando y atendiendo a las demandas de los Letrados de la Administración de Justicia, pero siempre en condiciones de lealtad, tranquilidad y colaboración.

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, entregará este jueves 27 de enero, al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia católica en España.

El acto de entrega tendrá lugar a las 11:30 horas en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias y, de esta forma, podrá "iniciarse" el "proceso de regularización" de dichos bienes "con el apoyo de los Ayuntamientos", según informa la FEMP.

Este encuentro entre Félix Bolaños y Abel Caballero se produce unos días después de la reunión que mantuvieron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan José Omella, en la casa de los obispos, a la que acudía por primera vez en democracia un presidente del Gobierno.

En aquella reunión, según la versión del Gobierno, llegaron a un acuerdo con la Iglesia por el que esta reconoce que hay 1.000 bienes indebidamente inmatriculados, mientras que la Iglesia asegura que lo que hizo el lunes fue entregar al Ejecutivo un informe con 1.000 registros erróneos, es decir, bienes atribuidos erróneamente a la Iglesia pero que no son suyos y que, por lo tanto, no puede devolver.

Según precisó el ministro, el acuerdo reconoce "un millar de bienes que fueron inmatriculados de manera indebida" por la Iglesia y ahora van a "poner esos bienes a disposición de los ayuntamientos para que sus legítimos titulares, los propios ayuntamientos o terceros puedan recuperarlos".

En este sentido, ya avanzó que este jueves se reuniría con el presidente de la FEMP para entregarle el listado de bienes, de forma que sean los municipios los que busquen "quiénes son los legítimos propietarios" para iniciar el proceso de "regularización".

Por su parte, la Conferencia Episcopal Española asegura que lo que han entregado al Gobierno es un informe con "un millar de errores", es decir, en torno a mil bienes que habrían sido adjudicados erróneamente a la Iglesia y que, por lo tanto, no pueden devolver.

NO PUEDE DEVOLVERLOS PORQUE NO SON SUYOS

Así lo ha explicado el director de la oficina de información de la CEE, José Gabriel Vera, en un vídeo: "Esos casi mil bienes, decimos que la titularidad no pertenece a la Iglesia y, por tanto, no los puede devolver la Iglesia, son problemas del registro".

También se ha pronunciado al respecto el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, quien enfatizó, en una entrevista en la COPE, que "nunca se habla de devolución" en la nota acordada por la CEE y el Gobierno tras la reunión.

En concreto, según el informe de la Conferencia Episcopal entregado al Gobierno, la Iglesia ha detectado 2.575 errores en el listado, es decir, de los 34.976 registros, las diócesis han verificado como correctos un total de 32.401.

Entre estas más de 2.500 incidencias, en torno a un millar, en concreto, 949 son bienes sobre los que la Iglesia afirma que no son o nunca han sido de su propiedad: bienes sobre los que faltan datos para su identificación (608); sobre los que no consta inmatriculación (31); sobre los que se detectan errores o no consta información sobre los mismos (28); que no son propiedad de la Iglesia por estar vendidos, donados, expropiados, por pertenecer a ayuntamientos o por error de inscripción de propiedad (276); o que pertenecen a otras confesiones religiosas, como los judíos o los evangélicos (6).

Asimismo, la Iglesia ha detectado 78 bienes del listado del Gobierno que pertenecen a comunidades religiosas u otras entidades religiosas; 111 bienes duplicados; 746 que fueron inmatriculados o adquiridos por otros títulos anteriores al periodo 1998-2015; y 691 bienes que se adquirieron por métodos diferentes a la certificación (compraventa, donación, permuta, herencia).

También han encontrado "casos curiosos de algunos templos que están actualmente bajo pantanos y por eso no forman parte de la propiedad ni de los ciudadanos ni de la Iglesia", según Argüello.

¿QUÉ OCURRE CON EL RESTO DE LOS 35.000 BIENES INMATRICULADOS?

Más allá de estos 1.000 bienes de los que llevan hablando desde el pasado lunes el Gobierno y la Iglesia, falta por saber qué ocurrirá con el resto de los casi 35.000 bienes inmatriculados que aparecen en el listado publicado hace un año por el Gobierno.

Si se restaran las 2.500 incidencias detectadas por las diócesis --1.000 de ellas referidas a la titularidad--, aún quedarían unos 32.500 bienes que la Iglesia inmatriculó en el periodo de 1998 y 2015, de acuerdo a la legalidad vigente, es decir, según la reforma de la Ley Hipotecaria de José María Aznar, que permitía a un obispo inmatricular un bien, con solo ir al registro con un papel expedido por el diocesano en el que dijera que aquella casa o templo era suyo.

Según el listado remitido por el Gobierno al Congreso el 16 de febrero de 2021 --que venía a dar cumplimiento a un mandato del Congreso cuyo origen es una proposición no de Ley del PSOE-- la Iglesia católica de España inmatriculó 34.961 bienes desde 1998 hasta 2015.

De ellas, 20.014 corresponden a templos de la Iglesia católica o dependencias complementarias que tienen que ver con el culto o la tarea educativa y 14.947 que no se relacionan con estos usos: terrenos, solares, viviendas o locales.

LA VÍA ADMINISTRATIVA O JUDICIAL PARA RECUPERARLOS

El documento redactado por el Ejecutivo establecía ya el íter procedimental a seguir para la recuperación de bienes "de considerar que cierto inmueble inmatriculado a favor de la Iglesia pertenece al Estado" estableciendo la vía adminsitrativa y la judicial.

La primera, que se iniciará de oficio, por iniciativa propia o denuncia, corresponde al director general del Patrimonio del Estado de oficio y, si efectuado el examen oportuno se considerara suficientemente acreditada la titularidad de la Administración General del Estado sobre el bien, se declarará así en la resolución que ponga fin al procedimiento. Una vez declarado, corresponderá reclamar la declaración judicial de titularidad.

En todo caso, se precisa que el Estado carecerá de legitimación activa para el ejercicio de la acción con respecto a inmuebles cuya titularidad no pueda demostrar o corresponda a un tercero, aunque estén inmatriculados a favor de la Iglesia y aun en el caso de que un particular pretenda reivindicarlos para sí. Además, recuerda que el demandado puede oponer la titularidad por usucupación (adquisición de la propiedad por posesión de la cosa durante un tiempo determinado).

El Ejecutivo también señala que la inclusión de un bien en el patrimonio histórico español no determina su titularidad en favor de ninguna Administración Pública y, por lo tanto, ningún derecho le corresponde a estas para reclamar dichos bienes ante su privación contraria a Derecho por un tercero si no demuestran la titularidad del mismo por mucho que el bien tenga la consideración de bien perteneciente al patrimonio histórico-artístico.

MEZQUITA CATEDRAL O LA GIRALDA

Entre los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica recogidos en el listado de casi 35.000, se encuentran la Mezquita Catedral de Córdoba, cuyo titular es la Diócesis de Córdoba, la Giralda de Sevilla, cuyo titular es el Cabildo de la Catedral, o la Catedral de Santa María de Toledo.

También figuran las catedrales de Barcelona, Lleida y Tarragona, la de Santiago de Compostela, Guadix, Málaga, las de Palma de Mallorca, Menorca e Ibiza, la Basílica Catedral de Segorbe, la de Valencia, las de Santander, Ciudad Real, Ávila, Burgos, Astorga, León, Palencia, Zamora, la Catedral Vieja y la Catedral Nueva de Salamanca o la Catedral Metropolitana de Valladolid, entre otras.

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortesy Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha señalado este miércoles que una modificación de la reforma laboral durante su tramitación parlamentaria "sería un mal mensaje", ya que es el resultado del acuerdo entre el Gobierno, los sindicatos y los empresarios.

"La reforma laboral es equilibrada, y por eso es virtuosa. No es de unos o de otros, de un partido o de un agente social: es una reforma laboral de Estado, un proyecto de país, que merece el máximo apoyo parlamentario", ha dicho Bolaños durante su presentación del Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para 2022 (PAN-22) ante el Consejo Económico y Social (CES).

El ministro de la Presidencia también ha agradecido a los empresarios y a los sindicatos su "capacidad de ceder" en sus posiciones en "defensa del interés general".

Bolaños también ha hecho un balance "muy positivo" de la mitad de la legislatura y de la gestión de la pandemia, lo que demuestra, en su opinión, "una saludable estabilidad política" y "una creciente recuperación económica".

Respecto al PAN-22, el ministro de la Presidencia se ha referido, de manera particular, a la Ley de Vivienda, la de equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, la ley de Industria, la de Ciencia, la ley de Movilidad Sostenible o la de Evaluación de Políticas Públicas.

"Tenemos la voluntad política de emprender las reformas, una agenda legislativa bien definida, la estabilidad política suficiente para sacarla adelante y los recursos económicos para implementarla con éxito", ha concluido Bolaños ante el CES.

El PP quiere que el Congreso investigue por qué el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias ha tenido acceso, horas antes de que se hiciera pública, a la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre las elecciones autonómicas de Castilla y León y que se asuman responsabilidades políticas por esa filtración.

El también ex secretario general de Podemos ha publicado a las 08.04 horas de este martes en su canal de Telegran un mensaje en el que aseguraba que tenía datos de ese sondeo. "Nos dan entre 3 a 5 escaños", decía sobre Unidas Podemos, destacando, asimismo, que les otorgaba un 11% de intención de voto en la provincia de Valladolid.

"La cocina vete a saber y ya sabes que el CIS es raro pero son los que más recursos tienen. Mis sensaciones son buenas", confesaba en el mensaje, que ha borrado a los pocos minutos. "¿Quién no ha mandado un privado al canal?", ha añadido después, aclarando que había enviado el primer mensaje por error.

"UN ESCÁNDALO"

La portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que este hecho demuestra que "el CIS está al servicio del PSOE y Podemos", lo que considera "un escándalo" y ha vuelto a pedir la dimisión del presidente del organismo demoscópico, José Félix Tezanos.

"Como venimos denunciando, todos los instrumentos del Estado están al servicio de Pedro Sánchez en vez de al servicio del interés general", ha denunciado Gamarra, en declaraciones a Europa Press.

En este contexto, los 'populares' han registrado unas preguntas en el Congreso para pedir cuentas al Gobierno y que explique cómo es posible que Iglesias pudiera conocer el resultado de esa encuesta electoral horas antes de su publicación.

También exigen al Ejecutivo que le especifique qué miembros de los partidos del Gobierno tienen acceso a los estudios del CIS antes de que se difundan.

"¿Asume el Gobierno la cocina y la rareza de los sondeos del CIS, tal y como lo ha calificado el ex vicepresidente primero Pablo Iglesias, y lo considera de la misma forma una buena parte de la opinión pública?", reza la tercera pregunta presentada por los 'populares'.

ESTO ES "CORRUPCIÓN"

Esta circunstancia también ha provocado la denuncia de Ciudadanos. "¿Quién es Pablo Iglesias para tener los datos de una encuesta del CIS antes de que se publique? ¿Va a investigarlo el Gobierno? Es gravísimo", ha escrito en Twitter el vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal, para quien "este manejo de información es corrupción", por lo que ha exigido explicaciones al Ejecutivo así como "la dimisión inmediata" de Tezanos.

Por este asunto también ha pedido cuentas el ex diputado de Ciudadanos Pablo Cambronero, ahora adscrito al Grupo Mixto del Congreso, al considerar "extremadamente grave" que una persona que no ostenta cargos públicos haya tenido acceso a los datos del CIS cuando la propia naturaleza del organismo demoscópico obliga a no usarlo "con fines partidistas".

Así las cosas, Cambronero quiere que el Gobierno aclare si el exvicepresidente tiene acceso privilegiado a los estudios del CIS y, en ese caso, si también puede "manipular" los datos. "¿Cómo es posible que conozca los datos del estudio preelectoral de Castilla y León antes de su publicación?", reza otro de los interrogantes.

El presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), Lluís Comerón Graupera, falleció de forma inesperada este martes 25 de enero, según informa el Consejo en un comunicado.

El CSCAE ha suspendido todos los actos programados para esta semana en señal de duelo y reconocimiento a su labor, y sus consejeros y trabajadores han trasladado su intención de acompañar a la familia, amigos y compañeros en su pérdida.

Nacido en Mataró en 1960, Comerón era arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB) y desarrolló una carrera como docente asociado en la ETSAB y como codirector en la Escuela del Vallés (ETSAV).

Desarrolló una práctica profesional diversa en su estudio de arquitectura, tanto para administraciones públicas como para el sector privado. En el ámbito público, destacó su desarrollo de proyectos de equipamientos escolares, sanitarios, penitenciarios, culturales y espacios públicos.

Fue presidente de la demarcación de Barcelona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (2006-2010) y decano de dicha institución (2010-2018). Además, fue presidente del Institut Tècnic de l' Edificació de Catalunya-ITeC y vicepresidente de Unión Profesional.

Preocupado por el calentamiento global, la dificultad del acceso a la vivienda, la adaptación del parque edificado de España a los estándares europeos y la mejora de la calidad de vida de las personas, impulsó la creación del Observatorio 2030 del CSCAE, la primera mesa de trabajo sectorial permanente para la búsqueda conjunta de soluciones ante los desafíos de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles.

El informe de la Conferencia Episcopal Española (CEE) sobre los bienes inmatriculados por la Iglesia, entregado el pasado lunes al Gobierno, identifica en Baleares un total de 15 incidencias referidas a la titularidad y otras 24 que no se refieren a la titularidad.

En el documento, la CEE revisa el listado remitido por el Gobierno al Congreso de los Diputados en cumplimiento de una propuesta no legislativa de 2017.

Cabe recordar que en 1998, durante el Gobierno de José María Aznar, se aprobó un Real Decreto por el que las diócesis inscribieron en los registros de la propiedad diversos bienes, que según la CEE "venían siendo de la Iglesia desde tiempo inmemorial".

Esto concluyó en 2015 con la reforma de la Ley Hipotecaria, que suprimió facilidades excesivas y endureció los requisitos de las inmatriculaciones, para evitar que se perjudicasen bienes de dominio público no inscritos o se lesionasen derechos de otros titulares.

Así, en el informe entregado al Gobierno aparecen 219 bienes inmatriculados en Baleares, de los cuales 180 corresponden al periodo 1998-2015 y los han verificado las diócesis respectivas. El resto de registros son los que presentan algún tipo de incidencia.

De los 15 bienes en Baleares sobre los que constan incidencias que sí se refieren a la titularidad, uno es por pertenecer a las religiosas concepcionistas franciscanas, la casa convento e iglesia que tienen en Mahón.

Otros 11 son bienes que aparecían en el listado elaborado por el Gobierno pero que a la Iglesia no le consta que sean de su titularidad, ya sea porque faltan datos o porque el registro de la propiedad no identifica bien la parcela.

Aquí se incluyen, en Ibiza, una casa (Can Rabell) y una parcela, que no figuran en los archivos; y en Mallorca, una vivienda en Artà, el oratorio de la Inmaculada Concepción de Felanitx; un solar colindante a un templo en Llucmajor; un solar, dos viviendas, un edificio y una iglesia inscritos en registros de Palma; y un templo parroquial con sacristía y edificaciones anexas inscrito en un registro de Inca.

Por último, el informe recoge otros tres bienes más en Baleares que fueron de la Iglesia en algún momento pero actualmente ya no lo son --porque fueron donados, vendidos o expropiados-- pero siguen apareciendo en el registro.

Se trata de la Iglesia de San Diego en Alaior (Menorca), vendido al Ayuntamiento de Alaior; y otros dos inmuebles vinculados a la Parroquia de la Mare de Déu dels Àngels de Pollença cuya inscripción fue cancelada. Según ha aclarado el abogado del Obispado de Mallorca, Víctor Gómez, el caso de Pollença fueron inscripciones por "error" y se subsanaron en el año 2016.

El director de la oficina de información de la CEE, José Gabriel Vera, indica en el vídeo explicativo difundido por la Conferencia Episcopal que se trata de bienes que "no los puede devolver la Iglesia" porque "no son suyos" sino que responden a un "problema del registro".

INCIDENCIAS DISTINTAS A LA TITULARIDAD

Por otro lado, un total de 20 de los bienes que aparecen en el informe en Baleares no fueron inmatriculados en el periodo que abarca el Real Decreto de 1998 que concluyó con la reforma de la Ley Hipotecaria en 2015.

En este apartado figura, en Mallorca, un solar en Llucmajor -aparece como "posible ubicación de la parroquia de S'Estanyol"- con una escritura notarial anterior a 1998.

En Ibiza, constan un edificio -'casa de la Iglesia'-, comprado en 1971; dos jardines inmatriculados en 1929, uno de ellos destinado a las religiosas canonesas agustinas; un local procedente de una herencia en 1949; la casa-habitación del reverendo de la iglesia de Santo Domingo, una porción de tierra y bosque (Sa Ciutada des Puigs des Masons, en Sant Joan) y el palacio episcopal, inmatriculados en 1929; un complejo escolar adjudicado en 1990; un solar con escritura de 1991; y un terreno con colegio en Sant Antoni, con escrituras de 1977.

En Menorca, como adquisiciones distintas al periodo 1998-2015 constan una casa en Ciutadella; la rectoría de la Parroquía de Fornells; la rectoría y vicaría de la Parroquia de Sant Martí; una casa destinada a rectoría en Es Migjorn; otra rectoría en Ferreries; la casa rectoral de la Parroquia de Sant Climent; un edificio junto a la Iglesia de la Concepción en Mahón y la rectoría de la Parroquia de Santa María de Mahón.

Paralelamente, otros cuatro bienes en Baleares que sí están dentro del periodo 1998-2015 no fueron inmatriculados por certificación, sino adquiridos por otras vías --compraventa, herencias, donaciones, etc-- y, por tanto, según la CEE no deberían estar incluidos en el listado elaborado por el Gobierno. Se trata de dos bienes en Ibiza y otros dos en Mallorca.

En concreto, son las dependencias de San Salvador, adquiridas por el Obispado de Ibiza y Formentera --señala que físicamente están dentro del templo--, y un templo en Sant Antoni, por compraventa --señala que no está declarada obra nueva del templo--; y en Sineu, el Convento de la Inmaculada Concepción y la Casa de las Mandaderas de la misma congregación, donados en 2009 y de los que el Obispado tiene solamente la nuda propiedad.

PLAZAS EN MANCOR DE LA VALL

Al margen de los bienes recogidos en el informe, desde el Obispado de Mallorca han informado de que mantienen conversaciones con el Ayuntamiento de Mancor de la Vall para regularizar la titularidad de dos plazas.

El abogado del Obispado ha defendido la plena predisposición de la diócesis "para arreglar cualquier discrepancia o error que se haya cometido en el tema de las inmatriculaciones". Respecto a los bienes con incidencias que aparecen en el informe, ha declarado que deben analizarlos "uno por uno" para "saber cuáles son los pasos a seguir" e identificar correctamente los registros.

En este sentido, Gómez ha comentado que "iría bien" que "el Gobierno, que tuvo acceso a todos los datos de los registros de la propiedad, pudiera ampliar esta información para facilitar el trabajo" de las diócesis.

EL OBISPADO DE MENORCA RECALCA QUE NO HAY RECLAMACIONES EN LA ISLA

Por su parte, el vicario general de la diócesis de Menorca, Gerard Villalonga, ha insistido en la legalidad de las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia en la Isla.

En Menorca sólo aparece una propiedad en el grupo de bienes con incidencias sobre la titularidad, la Iglesia de San Diego en Alaior. Según ha aclarado, fue vendida al Ayuntamiento, que la utiliza hoy en día como espacio cultural. Por ello, no debería figurar en la lista elaborada por el Gobierno, ha enfatizado.

En cuanto a los bienes en Menorca inmatriculados en el periodo de 1998 a 2015, ha asegurado que esas inmatriculaciones se hicieron "de acuerdo a la ley" y "con la conciencia clarísima de que son propiedad de la Iglesia". Se trata, ha señalado, de bienes que no estaban escriturados porque su posesión es anterior a los registros de la propiedad.

Al margen de estos bienes, Villalonga ha puntualizado que por error figuraban algunas propiedades en Manacor como atribuidas a la diócesis de Menorca.

Así, el vicario general ha remarcado que "todo se ha hecho siempre en la legalidad de cada momento", porque se han inmatriculado bienes de los que la Iglesia "está en pacífica posesión". En esta línea, ha recalcado que en Menorca "no hay ningún bien que esté en discusión" ni tampoco reclamaciones ni pleitos.

El cantautor y compositor Carlos Luengo (Albacete, 1948) ha fallecido en la madrugada del 24 al 25 de enero en Madrid como consecuencia de un cáncer, según ha dado a conocer su familia en un comunicado difundido a la prensa. Su entierro ha tenido lugar este miércoles.

Luengo comenzó su carrera en los años 70, en el programa de TVE 'La Gran Ocasión' donde despuntó como cantautor. Gracias a este éxito, fue fichado por la discográfica Hispavox con la que publicó la mayoría de sus discos y consiguió posicionar varias de sus canciones en los primeros puestos de las listas de éxitos.

Así, por ejemplo, 'Yo te quiero tanto' fue considerado uno de los temas de autor más inspirados de la historia de la música mientras que la canción 'Has dicho que sí' obtuvo el segundo premio del Festival de Benidorm en 1976.

A estas canciones se suman otras como 'Ya se fue', 'A tiritar', 'Hice lo que quise', 'Yo no sé', 'Te tengo o no', 'Las niñas', 'La educación', "Me faltas tú esta noche' o 'Mentirosa', que completan una discografía compuesta por temas que él mismo calificaba como composiciones "a veces románticas, y a veces irónicas".

Carlos Luengo también compuso canciones para muchos de los grandes artistas de música española como Jeanette, Emilio José, José Vélez, Nydia Caro, Mochi, Pepe Domingo Castaño, Clemencia Torres o Iñaki Uranga. También campuso las canciones para el programa infantil de TVE 'El monstruo de Sanchezstein' (1977/78) y fue presentador de varios espacios musicales, algunos con fines didácticos dirigidos a los niños a quienes les enseñaba a amar la música.

El cierre de la discográfica Hispavox afectó a su carrera y desde entonces comenzó a trabajar en el sector del turismo, aunque nunca dejó de componer sus temas y su música, cediendo canciones a otros artistas que las cantaron por él. Tras un largo periodo lejos de los escenarios, Luengo --que también era socio de SGAE-- grabó un nuevo disco en 2014 bajo el título 'Tarde... pero corriendo' con nueve temas inéditos, que presentó en directo en varias ciudades de España.

Salvamento Marítimo ha rescatado durante el mediodía de este miércoles otros 90 inmigrantes que iban a bordo de dos embarcaciones cuando se encontraban en aguas próximas a las islas de Lanzarote y Fuerteventura.

En concreto, la primera embarcación rescatada, con 58 personas a bordo, fue un aviso que la Guardia Civil realizó este martes sobre una patera que habría salido desde Tan-Tan, en el Sahara occidental, pudiendo ser avistada la misma por el avisón Sasemar 101 tras facilitar la posición de la patera una ONG, según han indicado fuentes de Salvamento Marítimo.

Por este motivo se movilizó a la patrullera Canal Bocaina de la Guardia Civil y a la Guardamar Caliope que rescató a 58 personas de origen subsahariano, entre los que había 45 hombres, ocho mujeres y cinco menores, que fueron trasladados hasta el muelle de La Cebolla, en Arrecife (Lanzarote), donde les asistió el dispositivo sanitario, compuesto por el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y Cruz Roja.

Posteriormente, el 112 de Canarias dio un aviso de una segunda patera tras una llamada que procedía del repetidor de Haría, por lo que se movilizó la Salvamar Al Nahir, si bien fue la Guardamar Caliope la que localizó esta embarcación, rescatando entonces 32 personas de origen magrebíes, todos varones, que fueron trasladados hasta el muelle de Puerto del Rosario (Fuerteventura), donde se les ha prestado asistencia.

El precio de la plaza residencial financiada parcialmente por la Comunidad de Madrid se sitúa este año entre los 950 y los 1.632 euros al mes, despendiendo de la situación económica de cada mayor, según la resolución de la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia publicada este miércoles por el Boletín Oficial de la Comunidad (BOCM).

El Decreto 54/2015, de 21 de mayo, por el que se regula el procedimiento para reconocer la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones del sistema para autonomía y atención a la dependencia en la Comunidad de Madrid establece que la participación del beneficiario en las plazas financiadas parcialmente no podrá ser inferior a 950 euros mensuales, IVA incluido, ni superior al 85 por 100 del precio medio de concertación o de contratación de este tipo de plazas en la región.

Asimismo, el apartado octavo de este precepto prevé que el precio medio de concertación o contratación se actualizará al comienzo de cada año natural por el órgano gestor de este tipo de plazas.

Así, mediante certificado de 11 de enero de 2022 de la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, se establece que el precio medio de contratación de las plazas residencias financiadas parcialmente por la Comunidad de Madrid es, durante el presente ejercicio, de 1.920,75 euros al mes, IVA incluido.

La participación mínima del beneficiario en este tipo de plazas se revisa al comienzo de cada año natural por el órgano competente en materia de dependencia, de acuerdo con el incremento del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), actualizándose, igualmente, por el mismo indicador, la participación económica del beneficiario para cada uno de los años en los que se encuentre ingresado en la residencia.

Finalmente, el Consejo de Gobierno ha resuelto que el importe mensual mínimo a aportar por los ocupantes de plazas en residencias para personas mayores, financiadas parcialmente, que no estuviesen ya ingresados a fecha 29 de marzo de 2011 (entrada en vigor de la Orden 141/2011, de 1 de marzo), en la cuantía de 950 euros mensuales, IVA incluido, mientras que sitúa el máximo en los 1.632,64 euros mensuales, IVA incluido.

El obispo emérito de San Sebastián, Juan María Uriarte, ha apelado este miércoles a la reconciliación, que, a su juicio, va más allá del "silencio de las armas" o la convivencia pacífica, porque es "el alma de una paz sólida y estable".

Uriarte ha sido uno de los cuatro galardonados este miércoles por la Diócesis de Bilbao con las Menciones Honoríficas 'Carmelo Etxenagusia'. De esta forma, se ha querido reconocer su aportación en el campo de la fe, la promoción de la cultura y la pacificación.

Antes de ejercer como máximo representante de la Iglesia en San Sebastián, fue obispo auxiliar de Bilbao de 1976 a 1991, y obispo de Zamora entre 1991 y 2000. En el año 1998 participó como intermediario entre el enviado del Gobierno de José María Aznar (PP) y ETA, y cuando accedió al obispado de la Diócesis de Gipuzkoa participó en los prolegómenos del proceso de diálogo entre el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y la banda.

En su discurso, al recoger hoy su galardón en la Sala BBK de la capital vizcaína, Juan María Uriarte ha destacado que sus intervenciones públicas en favor de la paz siempre han ido siempre acompañadas por "un llamamiento reiterado a la reconciliación, que es "el alma" de una pacificación "sólida y estable".

El obispo emérito de San Sebastián ha lamentado que muchos "desechen" o utilicen "con reticencia" este término, mientras lo defienden los mayores especialistas europeos en materia de paz.

Tras asegurar que no es "maniático de las palabras", ha considerado que sí hay algunas que "no son puro envoltorio", sino que "son como la piel adherida a la carne". "Reconciliación no es silencio de las armas sin más, es más. Ni siquiera es sinónimo de convivencia pacífica. Esta expresión dice mucho, pero la reconciliación dice más", ha añadido.

A su juicio, los expertos han sabido "desprenderla de sus connotaciones religiosas", que son "valiosas" para los creyentes, "pero menos acogidas en estos tiempos proclives a la increencia", y ha asegurado que no es "utiopía en el sentido negativo de este término", porque "no confunde lo imposible con lo real posible", en cambio sí es "utopía en el sentido positivo de este término".

"Hay que apuntar más alto de lo posible para alcanzar lo real posible. Unamuno decía que es necesario aspirar a lo imposible para conseguir lo posible. La utopía pura y plena es un imposible, pero es como un poderoso viento de cola que moviliza todas nuestras fuerzas y las condensa en un noble objetivo. Esta fuerza se llama esperanza. La reconciliación es esperanza activa", ha subrayado.

En su opinión, es "más un proceso que una meta". "Consciente de los obstáculos, sujeta a avances y retrocesos, lastrada por una lentitud que pone a prueba nuestra paciencia, es generadora de una sanación individual, familiar y social que va restañando grandes heridas, aunque no sepa evitar su cicatriz", ha admitido.

Monseñor Uriarte también ha puesto en valor que la reconciliación "se empeñe en ir creando confianza allí donde predominan viejas desconfianzas".

"Suscita en grupos diversos y enfrentados un noble reflejo de unión cuando se trata de asuntos graves que afectan a todos. Va preparando poco a poco los arduos caminos que inducen a pedir perdón y perdonar. Va logrando en nuestros barrios y pueblos que adversarios irreductibles, sin renunciar a lo esencial y válido de sus convicciones, compartan los mismos acontecimientos, los mismos lugares de encuentro, los mismos bares, las mismas fiestas y duelos", ha explicado.

Para poner fin a sus palabras, ha querido dejar un pregunta en el aire que, a su entender, reclama una respuesta de todos: "¿A la luz de estas señales, vamos acercándonos a la reconciliación?. ¿Estamos avanzando hacia la reconciliación?".

En el acto, también han sido galardonados con las Menciones Honoríficas 'Carmelo Etxenagusia' Josune Ariztondo (Cultura, educación y patrimonio), Ander Manterola la de Fe (cultura euskaldun y etnografía), y el que fuera vicario general de la Diócesis de Bilbao, Ángel María Unzueta, a título póstumo (Historia, cultura euskaldun y acción pastoral).

La ceremonia ha contado con la presencia del obispo, Joseba Segura, el Lehendakari, Iñigo Urkullu, el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, el consejero de Cultura y Política Lingüística y portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, y el subdelegado del Gobierno en Bizkaia, Vicente Reyes.

El Comité Científico del Pevolca ha propuesto en su última reunión celebrada ayer martes cambiar el semáforo de riesgo volcánico, que actualmente está en color rojo, al color amarillo. Con este color se mantiene la información a la población y las medidas de vigilancia y monitorización de la actividad volcánica y sísmica.

Por ello, este miércoles el Comité Director del Pevolca acordó constituir una comisión mixta que trabaje en el traspaso de la dirección de la gestión de la emergencia del Ejecutivo autonómico al Cabildo de La Palma a partir del lunes, haciéndolo coincidir con el cambio de color del semáforo de riesgo volcánico de rojo a amarillo.

Aunque la gestión pase al Cabildo, la emergencia continuará activa, por lo que las limitaciones permanecerán vigentes y subsistirán hasta que se dé esta por finalizada.

Según el último dictamen del Comité Científico, la actividad volcánica en la zona de Cumbre Vieja se encuentra en fase post-eruptiva desde el pasado 13 de diciembre, y considera que los riesgos que persisten están limitados y controlados con una prohibición de acceso de la población.

No obstante, el dictamen recalca que en esta fase post-eruptiva persisten algunos peligros volcánicos y que continúa registrándose actividad sísmica y geoquímica anómala, sin haberse alcanzado niveles de fondo en los observables.

En este sentido, continúan registrándose elevadas emisiones de gases (principalmente CO2), tanto en Puerto Naos como en La Bombilla, motivo por el que estos dos núcleos vecinales continúan cerrados. En cuanto a la localidad de El Remo, se permite el acceso de personas mediante código QR pero sin pernoctación.

Mientras, en la zona del edificio volcánico se han constatado altas temperaturas e inestabilidades del terreno. Además, en las coladas de lava en las que se está trabajando se han certificado temperaturas que superan los 300 grados centígrados en los bordes de las coladas y hasta 500 grados centígrados en los fragmentos de lava que se han extraído, por lo que estas actuaciones requieren estudios previos que garanticen la seguridad en su ejecución.

Por otra parte, los científicos recomiendan una distancia de seguridad en la navegación en el entorno de los deltas lávicos ya que existen cambios en la profundidad que aún no han sido cartografiados, que debe ser de al menos 250 metros de los frentes de los deltas lávicos y de 500 metros de la línea de costa entre los deltas lávico 4 y el sur del delta lávico 1-2.

Sobre las personas albergadas en hoteles, en estos momentos la cifra se reduce en seis personas respecto al último dato, situándose en 506. De ellas, 315 están en Fuencaliente, 124 en Breña Baja y 67 en Los Llanos de Aridane. Cruz Roja, organización encargada de la gestión, indica que estas personas van regresando a sus hogares a medida que van adecuando la habitabilidad de sus viviendas.

La Comunitat Valenciana ha registrado 39 muertes por coronavirus pero los positivos han bajado a 18.561. Pese a ello, los hospitales tienen solo una persona menos ingresadas que ayer y las mismas cama de UCI ocupadas, según las mismas fuentes.

De este modo, este miércoles se rompe la tendencia de récords de contagios que venía registrando la Comunitat Valenciana desde la víspera de Reyes --con el único alivio del martes 18 de enero en el que también se notificó un descenso-- al contabilizarse 3.455 casos menos que la semana pasada.

De este modo, la cifra total de positivos se sitúa en 1.042.143. Los nuevos casos por provincias son 1.604 en Castellón (129.632 en total), 5.478 en Alicante (369.980), 11.478 en Valencia (542.528) y uno sin asignar, con lo que cifra total de casos no asignados asciende a tres.

Los 39 fallecimientos, todos ellos de la última semana, corresponde a 19 mujeres, de entre 56 y 101 años, y 20 hombres, de entre 53 y 95 años. El total de decesos desde el inicio de la pandemia asciende a 8.480: 967 en la provincia de Castellón, 3.254 en la de Alicante y 4.259 en la de Valencia.

Por otra parte, se han registrado 21.818 altas a pacientes con coronavirus, lo que representa 3.257 más altas que casos. De esta forma, el número de personas que han superado la enfermedad desde que comenzó la pandemia en la Comunitat Valenciana asciende a 837.068 personas. Por provincias, las altas se distribuyen así: 98.582 en Castellón, 299.547 en Alicante y 438.882 en Valencia. El total de altas no asignadas se mantiene en 57.

Los hospitales valencianos tienen, actualmente, 1.860 personas ingresadas, 199 de ellas en la UCI: 259 en la provincia de Castellón, 25 en UCI; 612 en la provincia de Alicante, 68 de ellas en la UCI; y 989 en la provincia de Valencia, 106 en UCI. De acuerdo con los datos registrados, en estos momentos hay 208.036 casos activos, lo que supone un 19,75% del total de positivos.

Cinco comunidades autónomas --Cataluña, Asturias, Cantabria, Galicia y La Rioja --se han abierto a relajar las restricciones que tenían vigentes frente a otras tres autonomías-- Andalucía, Comunidad Valenciana y Navarra-- que han pedido prorrogar las restricciones al Tribunal Superior de Justicia de su comunidad para poner freno a la sexta ola de contagios de coronavirus.

Así lo han ido anunciando los diferentes Gobiernos regionales esta semana en la que la incidencia acumulada ha ido bajando de forma prudente en España viéndose un punto de inflexión o "meseta" en el comportamiento de la misma.

ELIMINAN RESTRICCIONES

En concreto, Cataluña que ya ha levantado el toque de queda, eliminará este viernes 28 de enero el grueso de restricciones menos la del cierre ocio nocturno. Además, el Ejecutivo regional prevé decidir esta semana si mantiene el uso del pasaporte Covid en función del informe de expertos que, por el momento, es obligatorio en el interior de los bares y restaurantes, gimnasios y residencias.

Por otro lado, en Asturias el cierre del ocio nocturno y la exigencia del pasaporte Covid dejarán de estar en vigor este jueves 27 de enero, que era obligatorio para acceder a bares, restaurantes, gimnasios, locales de apuestas, eventos multitudinarios y residencias de ancianos desde el pasado 28 de diciembre.

En Cantabria, desde el pasado miércoles 19 de enero, el pasaporte Covid ya no es obligatorio en hostelería ni en eventos deportivos y culturales aunque el ocio nocturno sigue cerrado en localidades de nivel 3 de alerta.

Por su parte, Galicia ha adelantado la ampliación del nuevo horario de hostelería y la apertura de barras a este finde de semana. De esta manera, decaerá la prohibición de las reuniones entre no convivientes entre las 03.00 y las 06.00 de la madrugada y la hostelería y el ocio nocturno recuperarán los horarios que tenía antes (la 1:00 entre semana y la 1:30 los fines de semana para bares y restaurantes; y las 4:00 entre semana y las 5:00 los fines de semana para pubs y discotecas). Eso sí, se mantiene también el pasaporte Covid en residencias, gimnasios, albergues y acompañantes de pacientes de hospitalización de día e ingresados y visitas en hospitales.

El Gobierno de La Rioja también pondrá fin a las restricciones adoptadas ante la sexta ola --entre ellas el cierre a la 1:00 de los locales de hostelería y ocio nocturno-- el 31 de enero y solo mantendrá, con previo aval judicial, el pasaporte COVID hasta el 14 de febrero.

PIDEN AVAL AL TSJ PARA PRORROGAR MEDIDAS

Por el contrario, Andalucía ha pedido autorización a la Justicia para prorrogar la exigencia del pasaporte Covid para hostelería, ocio nocturno y hospitales hasta el 15 de febrero tanto para aquellas personas que accedan a establecimientos de hostelería y ocio nocturno como para visitas a hospitales y residencias de mayores, actualmente vigente hasta el próximo 31 de enero.

Asimismo, la Comunidad Valenciana ha solicitado al Tribunal Superior autorización para la prórroga del pasaporte Covid, cuya vigencia expira el próximo 31 de enero, y es obligatorio presentarlo en establecimientos de hostelería, ocio, deportivos y sociosanitarios. La medida se aplica desde el pasado 4 de diciembre y el alto tribunal dio el visto bueno al considerarla justificada por los datos de evolución de la pandemia.

De la misma manera, Navarra ha solicitado a la Justicia prorrogar hasta el 14 de febrero las actuales restricciones frente a la Covid-19, entre ellas el cierre de la hostelería y el ocio nocturno a las 01.00 horas de la madrugada. Además, el pasaporte covid es obligatorio para acceder a restaurantes y locales de ocio, salas de conciertos, eventos multitudinarios en interiores -excepto los deportivos- alojamientos turísticos, gimnasios y bingos y salas de juego.

MEDIDAS VIGENTES EN LAS DEMÁS CCAA

En otro punto, cuatro Comunidades Autónomas siguen sin establecer medidas restrictivas tales como Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid y Extremadura donde no existen restricciones de aforo o límites de horarios ni exigencia de pasaporte Covid para acceder a los establecimientos.

Por otro lado, en las demás autonomías continúan las medidas vigentes del mes anterior como en Aragón, donde el pasaporte Covid sigue siendo obligatorio en locales de ocio nocturno con un aforo superior a 50 personas, en hospitales y residencias y en eventos multitudinarios. Además los bares y restaurantes estarán abiertos hasta las 0.00 horas y el ocio nocturno hasta las 02.00 de la mañana.

También en Baleares el pasaporte Covid es obligatorio en todas las islas para el ocio nocturno y establecimientos de hostelería, restauración, deportivos, culturales y sociosanitarios.

En Canarias el pasaporte es obligatorio en aquellas islas que se encuentren en nivel 3 y 4 --todas excepto La Gomera--, para entrar a bares restaurantes y locales de ocio nocturno con aforo de más de 30 personas, cines, gimnasios y hospitales y residencias.

Asimismo, en Murcia sigue siendo obligatorio el pasaporte Covid para entrar en locales de ocio nocturno y voluntario en la restauración para ampliar el aforo al 75%.

Por su parte, el Ejecutivo del País Vasco baraja convocar para este viernes al Consejo Asesor del Plan de Protección Civil (LABI) para decidir si se mantienen o se modifican las actuales medidas preventivas, cuya vigencia expiran ese mismo día, 28 de enero. Por el momento, la hostelería cierra a la una de la madrugada, está prohibido el consumo en barra y el pasaporte Covid es obligatorio para entrar en restaurantes, ocio nocturno, gimnasios, centros hospitalarios y residencias.

En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla el pasaporte Covid es obligatorio para acceder a hospitales, residencias ocio nocturno y restauración de locales, así como en las visitas a centros penitenciarios en el caso de Melilla.