La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España, Ione Belarra, ha asegurado este jueves en Pamplona que «para que haya justicia social debe haber justicia fiscal» y ha hecho hincapié en «la importancia de sacar adelante los Presupuestos para 2022» pero ha incidido en que «es necesaria una reforma fiscal integral».

Belarra ha participado en la mesa de debate ‘Pobreza y desigualdad en España ¿hacia dónde vamos?’ enmarcado en el foro ‘El Futuro de la Desigualdad y la Pobreza’ que se celebra estos días en el Palacio del Condestable de Pamplona, junto con Miguel Laparra, profesor de Política Social de la UPNA, y Oriol Aspachs, director de Economía Española en CaixaBank Research, y moderada por María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE.

«Creemos que con los Presupuestos para 2022 hemos empezado a centrarnos en esto con ese impuesto mínimo efectivo del 15% en el Impuesto de Sociedades para que las grandes empresas empiecen a pagar lo que les toca, pero queda por delante una reforma fiscal integral», ha declarado Belarra en su primera intervención.

La ministra ha puesto en valor el trabajo de su Gobierno en la recuperación tras la crisis sanitaria y económica por la Covid-19. «En la crisis anterior se mandó el mensaje de que había que apretarse el cinturón, que no había más remedio que aplicar políticas de recortes. En esta crisis hemos demostrado que se podía proteger a la gente y que además es más eficiente a nivel económico y los datos lo demuestran», ha asegurado.

Belarra ha comparado la recuperación que vive en este momento el país con la de la anterior crisis: «En la última costó doce años recuperar los niveles de cotización a la Seguridad Social y en esta ocasión en año y tres meses, gracias a ese escudo social y el despliegue de los ERTE, hemos demostrado que se podía gestionar de forma diferente, contando con la gente», ha afirmado.

Sobre la creación de empleo, Belarra ha apuntado que es importante que se recuperen los niveles de empleo, pero ha remarcado que «no cualquier empleo, sino empleo de calidad». «Este Gobierno está centrado en eso, por eso pusimos en marcha la subida del SMI. Aumenta la recaudación de la Seguridad Social, y permite que las familias más pobres hayan incrementado sus ingresos en más de 200 euros», ha destacado además de afirmar que «hay un compromiso de derogar la reforma laboral».

Además de la importancia de lograr un empleo de calidad, Belarra ha mostrado su interés por «limitar la precariedad, que es mayoritaria en mujeres». La ministra cree que la creación de empleo «no es la única herramienta para luchar contra la pobreza, también el feminismo». Belarra ha asegurado que existe «una parte del trabajo que es invisible, los cuidados». «Esto abre una brecha entre hombres y mujeres. Tenemos que avanzar hacia una corresponsabilidad, tiene que existir una corresponsabilidad entre los servicios públicos y las personas, porque si no, cuando se retira el Estado, se quedan las mujeres», ha añadido.

Antes de concluir su intervención, preguntada por un deseo para 2022, ha afirmado que le gustaría que «el Ingreso Mínimo Vital estuviera funcionando a pleno rendimiento y que llegue a todas las personas que lo necesiten».

«UTILIZAR MEJOR LOS RECURSOS»

Miguel Laparra, profesor de política social de la UPNA, ha asegurado que «si utilizáramos mejor nuestros recursos, como lo hacen otros países europeos, lo haríamos mucho mejor. Creo que ahí tenemos una ventana de oportunidad importante», ha declarado porque cree que «si seguimos haciendo lo mismo, los resultados van a ser los mismos, tendremos las tasas más altas de Europa de pobreza».

Oriol Aspachs, director de Economía Española en CaixaBank Research, ha puesto el foco sobre la disponibilidad de información. «España es el primer país que tiene indicadores de seguimiento de la pobreza en tiempo real. Esto puede ayudar a afinar las políticas y también a evaluar el impacto de las políticas. Si utilizamos bien toda esta información, los resultados pueden ser muy muy grandes», ha afirmado.

La Delegación contra la Violencia de Género ha hecho públicas este jueves las cifras registradas en los servicios de atención 016 a las víctimas de violencia machista, destacando que, si bien han bajado las que se han realizado a través de llamadas y whatsapps, con respecto al mes de agosto, han aumentado las que se han hecho a través del correo.

Por segunda vez en la historia de este servicio, que comenzó en 2007, el número de llamadas al 016 ha superado el millón. En total, según ha explicado en rueda de prensa la delegada del Gobierno contra esta lacra, Victoria Rosell, en el mes de septiembre se han contabilizado 1.012.034 llamadas pertinentes.

Esta cifra supone un aumento de un 23,3% con respecto al mismo mes de 2020, y un ligero descenso (de un 5,4%) en comparación con las cifras del mes pasado, cuando por primera vez se superó el millón de llamadas.

También caen con respecto a agosto de 2021 las consultas a través del servicio de atención por whatsapp, que fueron 494 entre el 1 y 30 de septiembre de este año. Un mes antes se habían contabilizado un 14,5% más.

Sin embargo, las consultas online, a través de la dirección de correo 016-online@igualdad.gob.es han crecido. Según ha indicado Rosell, se han contabilizado 129 consultas en septiembre, lo que supone un 20,5% más que un mes antes.

Además, Igualdad destaca que, en el mes de septiembre, hubo 147.326 visitas a la web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, con un promedio de 4.910 visitas diarias. Las dos páginas más visitadas fueron la de información del servicio 016 (8.882 visitas) y la de Pacto de Estado contra la Violencia de Género (con 6.158 visitas).

En la rueda de prensa, Rosell también ha hecho un balance de las víctimas de violencia de género en septiembre y lo que va de octubre, que han sido tres, y que han elevado a 36 las estadísticas de víctimas mortales por esta lacra en 2021. En las cuentas globales, que se recogen desde 2003, las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas llegan a las 1.114.

Del mismo modo, Rosell ha señalado que, desde el 1 hasta el 30 de septiembre de 2021, 3 menores quedaron huérfanos por violencia de género y 2 en lo que va del mes de octubre. En lo que va de año, esta cifra sube así a los 21 huérfanos en 2021 y se han contabilizado 325 desde 2013.

En este sentido, la delegada del Gobierno ha informado de que en los próximos días estará disponible en el portal estadístico una revisión conjunta de toda la serie histórica de datos sobre violencia de género, cotejados por la propia Delegación, el Consejo General del Poder Judicial, Viogén y la Fiscalía, por lo que estas cifras podrían haber sufrido algún cambio debido a sentencias que resulten condenatorias o absolutorias.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una condena a once años y un día de cárcel, impuesta por a Audiencia de Sevilla a un varón como autor de un delito continuado de abusos sexuales sobre su propia hija cuando la misma contaba 12 años de edad.

En una sentencia emitida el pasado 7 de octubre, difundida por la Oficina de Comunicación del TSJA, el Alto tribunal andaluz aborda un recurso de apelación de un varón, contra una sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla que le condena a once años y un día de cárcel como autor de un delito continuado de abusos sexuales sobre su propia hija.

En concreto, la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla declaró probado que Rafael M.M.d.R., ya condenado por delito contra la seguridad vial y por delito de amenazas en el ámbito familiar; «desde mayo de 2017 al 29 de agosto del mismo año, para satisfacer sus deseos sexuales, y en el transcurso del régimen de visitas que le correspondía con sus dos hijos, los cuales tenían lugar en una vivienda de Sevilla, y aprovechando los momentos de las noches en los que se encontraba a solas con su hija de 12 años de edad; la tumbaba en el colchón, ubicado en el salón, le tocaba los pechos apretándoselos y tras meterle la mano por dentro de su ropa le tocaba sus genitales; así, como en otras ocasiones le daba besos en la boca y le chupaba los pezones y la vagina».

En una ocasión, según la sentencia inicial condenatoria, el inculpado «le dijo a su hija en voz baja ‘¿no quieres novio?, pues toma novio’, y seguidamente le tocó los pechos e introdujo su mano entre la ropa interior tocándole la vagina».

EN LAS VACACIONES

«Durante los períodos vacacionales que les correspondían al padre y aprovechando aquellos momentos en que se encontraba a solas con su hija, y tras hacerle iguales tocamientos, la desnudaba y se desnudaba él, y colocándose encima de ella empujaba su pene erecto en la entrada de la vagina sin llegar a penetrarla por completo mas allá de la zona vestibular, causándole dolor a la menor quien se lo hacía saber a su padre, que sólo se retiraba para eyacular fuera», incluye el relato de hechos probados, según la cual el condenado decía a la víctima que «no le podía contar a nadie lo que le hacía, ni siquiera a su madre, porque si no él iría a la cárcel y su madre los mataría a los dos».

Merced a tales hechos declarados como probados, Rafael M.M.d.R. fue condenado a once años y un día de cárcel, seis años de libertad vigilada tras cumplir dicha pena, tres años de privación de la patria potestad respecto a la hija víctima de los hechos, 18 años de prohibición de acercarse o comunicarse con la menor y una indemnización de 10.000 euros en favor de la misma.

En su recurso de apelación, el encartado alegaba principalmente que el testimonio de su hija, tenido en cuenta en el procedimiento judicial, «no es fiable» porque «incurre en contradicciones», toda vez que a su entender «tampoco es convincente la declaración prestada por la madre de la menor».

LA «CREDIBILIDAD» DE LA MENOR

Pero el TSJA señala que no se aprecia «motivo alguno para mermar la credibilidad que la Audiencia ha atribuido al testimonio depuesto por» la hija del condenado. «No se conocen ni hay base para recelar de la existencia de motivos espurios que impulsen a la menor primero a denunciar falsamente los hechos origen de esta causa y después a mantener incólume su testimonio incriminatorio frente al acusado», indica el tribunal, señalando que el relato de la chica fue «estable, coherente y sin contradicciones mínimamente relevantes desde su denuncia inicial».

Ello, reforzado por «la declaración de su madre, la cual relata cómo la menor, harta ya de ser víctima de los abusos de su padre, confió entre lágrimas a aquélla el padecimiento sufrido por esta causa en los meses anteriores, proporcionándole detalle de los actos», toda vez que el examen médico practicado a la víctima «deja clara la existencia de dilatación en el himen, con fácil paso de un dedo grueso, y dilatación de unos dos centímetros en introito vaginal, todo ello compatible con una penetración vestibular», circunstancias que en resumen hacen que «la prueba de cargo haya enervado la presunción de inocencia».

Por eso, el TSJA desestima el recurso de apelación del inculpado y confirma plenamente la sentencia condenatoria de la Sección Cuarta de la Audiencia.

El pleno del Consejo de la Agencia Espacial Europea (ESA) ha ratificado este jueves por unanimidad el nombramiento del ingeniero español Javier Benedicto como nuevo director de Programas de Navegación por satélite de la Agencia.

«Este nombramiento supone un reconocimiento al valor profesional de uno de los expertos más valorados a nivel mundial en el ámbito de las telecomunicaciones y cuyo papel ha sido clave, en las últimas décadas, en el desarrollo de los sistemas europeos de navegación por satélite Galileo y EGNOS», destaca el Ministerio de Ciencia e Innovación.

Asimismo, según expone el Ministerio, este nombramiento certifica también el importante papel que continúa jugando España en el ámbito del conocimiento y la industria espacial y su consideración como país socio fiable y de referencia y como uno de los países líderes de los programas espaciales europeos. Anteriormente, España ya había asumido la dirección del programa científico de la ESA durante un periodo de seis años.

Benedicto es actualmente responsable del Departamento del Programa Galileo, dentro de la Dirección de Navegación de la ESA. Inició su carrera profesional en el ámbito académico, trabajando como ingeniero en microondas en la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), y como ingeniero de telecomunicaciones para MIER Comunicaciones, en Barcelona, antes de unirse a la ESA en 1990.

Obtuvo un Máster en Ciencias e Ingeniería de Telecomunicaciones en la UPC y es responsable de más de 100 publicaciones en revistas técnicas y conferencias, además de ser titular de tres patentes internacionales de la ESA y haber sido reconocido y premiado en cinco ocasiones. Según informa la ESA, Benedicto tomará posesión del cargo el 16 de febrero de 2022.

OTROS CARGOS NUEVOS DE LA ESA

Además del nombramiento de Haver Benedicto como director de Programas de Navegación, la ESA ha nombrado otros dos nuevos directores: Simonetta Cheli como directora de Programas de Observación de la Tierra y Géraldine Naja como directora de Comercialización, Industria y Adquisiciones.

Naja, de nacionalidad francesa, se encargará de ayudar a las empresas espaciales europeas para situarlas entre las más grandes y mejores compañías del mundo, contribuyendo con determinación a una recuperación económica más verde y digital. Desde su llegada a la ESA, hace más de tres décadas, ha ocupado diversos cargos en la agencia, entre los que se incluyen el de responsable de Política Industrial y del Departamento de Auditorías, responsable de la Oficina de Relaciones con la UE y responsable de Asuntos Estratégicos e Institucionales en la Oficina de Políticas del director general.

Estudió Ciencias Políticas, especializándose en Relaciones Internacionales y Asuntos Europeos en el Institut d’Études Politiques de París (Science Po), y obtuvo un Máster en Propulsión y Química por la École Nationale Supérieure de Techniques Avancées (ENSTA). Además, se graduó en Ingeniería en la École Polytechnique antes de entrar en la ESA. Entre 2003 y 2004, recibió el apoyo de la ESA para ejercer de asesora estratégica en el gabinete del ministro francés de Enseñanza Superior e Investigación.

Por su parte, Simonetta Cheli sucederá en el cargo a Josef Aschbacher, que pasó a ser director general de la ESA en marzo de 2021. Cheli lleva tres décadas trabajando para la agencia, en la que ha desempeñado varios cargos dentro de la Dirección de Programas de Observación de la Tierra, incluidos el de responsable de la Oficina de Estrategia, Programas y Coordinación, responsable de la Oficina de Coordinación y responsable de la Oficina de Relaciones Públicas e Institucionales.

Estudió Derecho y Economía en la Universidad de Yale antes de cursar un Grado en Ciencias Políticas con especialización en Derecho Internacional en la Escuela de Ciencias Politicas Cesare Alfieri de Florencia. Cheli cuenta, además, con un Diploma de Estudios Avanzados (DEA) que obtuvo en el Centre d’Études Diplomatiques et Stratégiques (CEDS) de París.

Naja tomará posesión del cargo este 1 de noviembre de 2021, mientras que Cheli lo hará el 1 de enero del 2022.

El Comité de Política Monetaria del Banco Central de Turquía ha decidido este jueves reducir en 200 puntos básicos el tipo de interés de referencia para las subastas de refinanciación a una semana, que pasará a ser del 16%, sobrepasando así las expectativas del consenso del mercado, lo que ha provocado una brusca caída de la cotización de la lira turca frente a las principales monedas.

El drástico recorte del tipo de interés de referencia, que ha duplicado la rebaja de 100 puntos básicos implementada hace un mes por el banco central otomano y que era esperada por el mercado, se produce una semana después de la decisión del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, de destituir a tres miembros del Comité de Política Monetaria del Banco Central, incluyendo dos subgobernadores de la institución monetaria.

El pasado mes de marzo, Erdogan ya había cambiado por tercera vez desde 2019 al gobernador del Banco Central de Turquía, al nombrar a Sahap Kavcioglu en lugar de Naci Agbal, quien fue destituido días después de que el instituto emisor otomano subiera el tipo de interés clave al 19% para tratar de controlar la inflación, mientras que el presidente turco ha abogado repetidamente por unos tipos de interés bajos.

A principios de noviembre de 2020, tras semanas de depreciación de la moneda local, la lira, Erdogan había nombrado gobernador a Agbal como sucesor del destituido Murat Uysal, quien había ocupado el cargo apenas durante un año.

En su comunicado, el instituto emisor otomano explica su decisión por el «impacto desacelerador» que el endurecimiento monetario está teniendo en el crédito y la demanda interna, mientras sostiene que el alza de la inflación, que en septiembre escaló al 19,58% en el país, obedece a factores transitorios.

El reciente aumento de la inflación ha sido impulsado por factores del lado de la oferta, como el aumento de los precios de los alimentos y de las importaciones, especialmente en la energía, y las limitaciones de la oferta, el aumento de los precios administrados y la evolución de la demanda debido a la reapertura de la economía, señala la entidad.

«Se evalúa que estos efectos se deben a factores transitorios», defiende el banco central turco, para el que, por otro lado, es apreciable un «impacto desacelerador» del endurecimiento monetario sobre el crédito y la demanda interna.

«El endurecimiento de la postura monetaria ha comenzado a tener un efecto contractivo sobre los préstamos comerciales superior al previsto», añade.

Sin embargo, la institución reconoce que, hasta fin de año, los factores transitorios de la oferta dejan un margen limitado para el ajuste a la baja de la tasa de interés de referencia.

La cotización de la lira frente a las principales monedas reflejaba instantáneamente con descensos el impacto del recorte de tipos superior a lo esperado. De este modo, el dólar pasaba a cambiarse por 9,4867 liras, con un alza del 2,2% en la sesión frente a la moneda turca y del 24% en lo que va de año.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha vuelto a exigir al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que no pacte con Buldu el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 y ha recalcado que «nadie negocia en Europa con grupos políticos que no condenan en terrorismo».

«La moderación, el europeísmo y la socialdemocracia no es pactar con políticos que justifican el asesinato de 850 inocentes, ni con secesionistas que reniegan de la unidad europea, ni con radicales que defienden dictaduras», ha asegurado Casado en Bruselas, a su llegada a la cumbre del Partido Popular Europeo previa al Consejo Europeo.

El líder del PP ha señalado que las declaraciones del coordinador de EH-Bildu, Arnaldo Otegi, vinculando la excarcelación de presos de ETA con el apoyo a los Presupuestos es «algo inaceptable». «También para los estándares europeos», ha recalcado, para añadir que los Gobierno de Francia, Italia o EEUU no negociarían con partidos como Bildu, un grupo político «que no ha condenado el terrorismo».

«PROMETIÓ ROMPER CON BILDU»

En este sentido, Casado ha reclamado a Sánchez que piense su decisión. «No se puede soplar y sorber al mismo tiempo; o estás con los radicales, los batasunos, los independentistas y los comunistas o con la Europa moderada que también representa el PP: aquí gobernamos en coalición», ha manifestado.

Al ser preguntado si peligra la renovación de las instituciones si Sánchez no rompe sus acuerdos con Bildu y las negociaciones para aprobar los Presupuestos, Casado ha afirmado que el presidente del Gobierno «debe romper con Bildu porque es lo que prometió siempre, solemnemente ante todos los españoles».

El presidente del PP ha dicho que se quería acordar de las víctimas de ETA en su visita a Bruselas. «Por algo en Europa se celebra el día de las víctimas cuando lo celebrabamos en España», ha manifestado.

Finalmente, Casado se ha referido a la canciller Angela Merkel, una líder «imprescindible» con quien el PP comparte señas de moderación y de centro reformistas, con unos valores que han hecho que Europa «avance». «Esos principios ahora vuelva a ser urgente, que es la recuperación económica y la creación de empleo, que es lo único que financia el Estado del Bienestar. Lo demás, al final es demagogia», ha indicado.

La ministra Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha asegurado que la investigación que se está llevando a cabo sobre el volcán de La Palma, isla en la que hay más un centenar de científicos de diferentes campos, ayudará a mejorar las respuestas que se den a este tipo de fenómenos en el futuro.

En declaraciones a La Sexta, ha entendido que se trata de un volcán «muy distinto» a los que han erupcionado históricamente en la isla porque las coladas tienen un ancho de hasta tres kilómetros. «Y por lo tanto se está rescribiendo un poco la historia de los volcanes», señaló.

Asimismo, expuso que todas las instituciones están volcadas en la propia emergencia y en garantizar la esperanza a la isla. «De esto nos vamos a recuperar –indicó–. Lo primero que deseamos es que la erupción acabe cuanto antes pero si algo podemos sacar en positivo, y es muy positivo, es que todo el trabajo de coordinación está salvando vidas».

Morant observó aquí que los daños materiales son finalmente reparables y que a tal efecto el Gobierno ya ha puesto en marcha medidas urgentes para favorecer una solución habitacional para las personas que han perdido sus casas, un plan de empleo o un ERTE específico para La Palma.

Por su parte, hizo especial hincapié en el papel de la ciencia, que ha estado antes de la emergencia, está durante la misma y estará una vez concluya la actividad del volcán en la reconstrucción aportando conocimiento y creatividad para que la isla vuelva a «resurgir».

La ministra explicó que la isla está siendo el escenario de «mucha ciencia», ya que la erupción supone de igual modo una oportunidad para la investigación.

Comentó que en el marco del volcán se han establecido dos hitos sin precedente hasta ahora a nivel científico; por una parte nunca se han tenido tantos medios desplegados en una erupción en España. «Hablo de más de 100 científicos con las últimas tecnologías. Nunca se había hecho tanta investigación que servirá para las respuestas de hoy y también para las nuevas generaciones», dijo.

Por otro lado, se refirió a la coordinación existente entre los distintos centros y administraciones que trabajan en La Palma tomando decisiones en el entorno del Puesto de Mando y del Pevolca, añadiendo que se están viviendo un «momento histórico» dentro del drama pero también «sacando el orgullo como país de que en las situaciones peores las personas sacan lo mejor de sí mismas».

Cuestionada por el presupuesto de la ciencia, Morant recordó que la ciencia «salva vidas» y que lo está demostrando en la isla. «A día de hoy –entendió– la ciudadanía se ha hecho militante de la ciencia».

Finalmente, dijo que los científicos tienen que tener unas condiciones para desarrollar su trabajo que estén a su altura profesional y que el Gobierno va a duplicar en dos años el presupuesto destinado a ciencia e innovación.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha considerado este jueves que «el actual modelo educativo garantiza que la educación en euskera llega a todos los niños que así lo elijan independientemente del lugar en el que residan» y ha descartado cambios.

Chivite ha afirmado que todas las localidades disponen ya de una respuesta educativa «adecuada a las solicitudes de modelo lingüístico del alumnado». «Esta es la realidad actual y esta es la que va a seguir siendo», ha asegurado.

Así se ha pronunciado la jefa del Ejecutivo foral en respuesta a una pregunta de Navarra Suma, que ha advertido de que el II Plan Estratégico del Euskera recoge «estudiar la posibilidad de universalizar el conocimiento mínimo del euskera a través de la escolarización, para que todos los niños en su proceso de escolarización tengan relación con el euskera, lengua propia de Navarra».

María Chivite ha afirmado que universalizar no significa «obligar, no son sinónimos», y ha criticado que «nadie ha hecho más daño al euskera» que UPN, al que ha reprochado su posición contraria a distintos avances que se han ido produciendo en la legislación sobre euskera.

Además, la presidenta del Gobierno ha afirmado que el II Plan Estratégico del Euskera es todavía «un documento de trabajo sometido a aportaciones y a alegaciones, y posteriormente a toda esa participación y exposición pública será analizado y aprobado por parte del Consejo Navarro del Euskera y por el Gobierno».

El parlamentario de Navarra Suma Iñaki Iriarte ha destacado que en términos generales los miembros del Gobierno de Navarra no alcanzan el conocimiento «mínimo» del euskera por el que aboga el Plan Estratégico y ha cuestionado que, sin embargo, apuesten por que los niños aprendan una lengua que ellos mismos «no se han preocupado de aprender». «Les invito a todos a aprender euskera, es una lengua bellísima, pero es una invitación. Hay que respetar la voluntad de quien no quiere aprender euskera y no relacionarla con euskarafobia», ha subrayado.

Iñaki Iriarte ha afirmado que «pensar en la posibilidad de que todo el mundo tenga conocimiento del euskera no es algo que vaya a ayudar a disminuir el fracaso escolar». «Imagino que a Bildu le hará una ilusión bárbara que todos los niños de Navarra aprendan a decir kaixo y agur, pero esto del euskera obligatorio, que es lo que están planteando en el Plan Estratégico, no es algo que vaya a ayudar al euskera ni a vertebrar el territorio, sino que es algo que pensamos que va a ser terrible para la convivencia», ha advertido.

El estudiantado universitario, representado por la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas (CREUP), pide eliminar del proyecto de Ley de Convivencia Universitaria los artículos que pudieran afectar al derecho de manifestación de los estudiantes.

Esta es una de los alegaciones que ha presentado la Coordinadora a los grupos parlamentarios ante la futura norma, que ha superado este jueves su primer debate en el Congreso tras rechazar los grupos la enmienda a la totalidad presentada por el PP para devolver el proyecto al Gobierno. De este modo, el texto seguirá su trámite parlamentario en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades en la Cámara Baja, donde los grupos presentarán sus enmiendas de modificación al proyecto.

El proyecto de ley establece como faltas graves y muy graves «impedir la celebración de actividades universitarias de docencia o el desarrollo de procesos electorales», una redacción que, según CREUP, «abre la puerta a interpretaciones diversas en las Universidades, algunas de las cuales suponen la posibilidad de sancionar las manifestaciones y reivindicaciones del estudiantado».

Esta redacción, que los estudiantes consideran «genérica», ha generado diversas críticas entre el estudiantado, así como la petición por parte de CREUP de eliminar por completo los artículos que pudieran afectar al derecho de manifestación del estudiantado.

Asimismo, desde CREUP han reivindicado avanzar hacia un modelo que apueste por la resolución de conflictos, en lugar de hacia el modelo sancionador que plantea el texto propuesto por el Gobierno en algunos puntos.

Por ello, han reclamado la posibilidad de establecer procedimientos de mediación en casos de fraude académico, garantía que niega el proyecto de ley actualmente, y que «es especialmente necesario para aquellas situaciones en las que se produce una confrontación entre los testimonios de profesorado y estudiantes».

En este mismo sentido, han solicitado que las faltas de fraude académico también dispongan de la posibilidad de medidas sustitutivas, favoreciendo la convivencia y la mediación en la comunidad universitaria.

Igualmente, la CREUP reclama mayores garantías en los procesos sancionadores para los estudiantes mediante la eliminación de sanciones ambiguas como la «pérdida de derechos de matrícula» que, según la Coordinadora, tiene «diversas interpretaciones», pudiendo conllevar la pérdida del derecho a asistir a clase, a tutorías académicas o el acceso a servicios universitarios, entre otros. Por ello, consideran que la sanción debe limitarse única y exclusivamente a la pérdida del derecho de convocatoria ordinaria durante el curso académico en el que se ha cometido la falta.

«Sin la aprobación de estas enmiendas no se puede hablar de una Ley de Convivencia Universitaria, sino de un reglamento sancionador al estudiantado que no contará con el apoyo de este colectivo», han advertido.

El Tribunal Constitucional (TC) ya ha fijado los asuntos que abordará en su próximo pleno, programado para el 26 de octubre. Y si bien coincide en tiempo con la negociación entre formaciones políticas para su renovación, fuentes del órgano, no esperan que llegue a suspenderse.

Además, si todo sigue su curso, el Pleno tiene sobre la mesa una gran cantidad de asuntos sobre los que debe votar, y el más urgente de todos –aunque sólo sea porque ha ido en repetidas ocasiones al plenario y no ha dado nunca tiempo a tratarlo– es la sentencia relativa al recurso que impulsó Vox sobre la inconstitucionalidad del segundo estado de alarma que decretó el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Previsiblemente el TC lo declarará inconstitucional, según avanzaba ABC, ya que el magistrado ponente Antonio Narváez acogerá en su sentencia dos de los tres principales argumentos del partido de Santiago Abascal contra ese segundo periodo de estado de alarma que arrancó el 25 de octubre de 2020 y que se extendió por seis meses. De salir adelante, este sería un nuevo revés para el Ejecutivo que ya en julio vio como el tribunal de garantías declaraba la inconstitucionalidad de algunos aspectos del primer estado de alarma.

En este recurso de inconstitucionalidad, Vox sostenía que el segundo de alarma vulneró los artículos 17, 19, 21 y 25 de la Constitución, relativos a los derechos a la libertad y a la seguridad; a la libre circulación; a la reunión y la manifestación pacíficas; y contra las sanciones administrativas que directa o subsidiariamente impliquen privación de libertad.

Vox denunció como inconstitucional además la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de comparecer sólo cada dos meses ante el Pleno de la Cámara para dar cuenta de su evolución. Ese sería uno de los aspectos que acogería el ponente en su resolución dado que se habría dado una falta de control parlamentario al Ejecutivo.

En esta ponencia, previsiblemente el TC dictaminará que para cumplir con la exigencia constitucional de fiscalización del Ejecutivo durante ese periodo de seis meses no fueron suficientes las comparecencias ocasionales que hizo Sánchez en el Congreso, y tampoco aquellas que delegó en el que fuera ministro de Sanidad Salvador Illa, y posteriormente Carolina Darias.

El segundo aspecto que reflejaría esa resolución tiene que ver con el nombramiento de los presidentes autonómicos como autoridad delegada, la denominada como cogobernanza. A juicio de Vox esto generó «un auténtico estado de desconcierto y caos» que abocó a una situación de «inseguridad jurídica» a los ciudadanos.

Cabe recordar que Vox iba contra el Real Decreto de 25 de octubre –por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2–, contra la resolución del Congreso de los Diputados de 29 de octubre de 2020 y contra el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto de 25 de octubre.

EL RECURSO DE FORCADELL

Pero en el pleno del próximo martes, que se celebra con el ruido de fondo sobre los posibles cuatro nuevos magistrados que engrosarán las filas del Constitucional, se abordarán en principio hasta diez sentencias, entre ellas la relativa al recurso de amparo de la ex presidenta del Parlament de Cataluña Carme Forcadell contra la sentencia dictada el 14 de octubre de 2019 por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por su participación en el ‘procés’ independentista catalán, y contra el auto por el que la Sala desestimó todos los incidentes de nulidad presentados por los condenados por el ‘procés’.

También se delibera la sentencia relativa al recurso presentado por el Gobierno por conflicto de competencias contra algunos de los artículos del decreto por el que Canarias impuso su cierre perimetral. Cabe recordar que el TC ya en diciembre de 2020 suspendió las medidas impugnadas en lo que se refiere a los pasajeros procedentes de otro país.

El tribunal de garantías aceptó por unanimidad tramitar la impugnación del Gobierno contra los apartados segundo, tercero, cuarto, octavo (punto 4), noveno y anexo del Decreto 87/2020, de 9 de diciembre, del presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias por el que se declaraba el estado de alarma, al considerar que se había podido vulnerar la competencia del Estado en materia de sanidad exterior.

En esos preceptos se establecía la sustitución de la restricción de entrada por el control sanitario, el mecanismo de control sanitario para acceder al territorio y las exclusiones, como para personas que viajen por «razones imperativas».

LA CUESTIÓN DEL TSJ DE ARAGÓN

Además, se verá la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) por el artículo 10.8 de la Ley que regula la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA).

Dicha ley, en el mencionado artículo, impone que las salas de los Tribunales Superiores de Justicia deben ratificar las decisiones sanitarias de carácter general, como los confinamientos perimetrales de localidades. Lo que cuestionan los magistrados es si el mencionado artículo es acorde a los artículos 106 y 117.3 y 4 de la Constitución Española de 1978.

El artículo cuestionado por los magistrados (10.8 de la LJCA) fue introducido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa el 19 de septiembre de 2020 después de que se aprobara la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

MÁS MADRID Y LEY CELAÁ

Se prevé que entre los asuntos del pleno también esté la sentencia relativa al recurso de amparo que presentó Más Madrid por vulneración de derechos fundamentales en relación al reparto de representantes de la Mesa de la Asamblea como consecuencia del acuerdo de PP, Ciudadanos y Vox. En concreto, se impugnaba el acto del presidente de la Mesa de Edad por el que se proclamó el 11 de junio de 2019 a los miembros de la Mesa de la Asamblea.

También votarán la sentencia, ponencia del magistrado Andrés Ollero, relativa al recurso interpuesto por Vox-Actua Baleares contra los acuerdo de la Mesa del Parlamento balear de 29 de enero de 2020y 19 de febrero de 2020.

Sobre este asunto, el Parlament presentó en mayo de 2021 escrito de alegaciones asegurando que tramitó la petición del grupo para visitar escuelas y negando que hubiera puesto «objeciones, limitaciones o cortapisas al ejercicio del derecho a acceder a dependencias públicas» de los diputados de Vox. El partido de Abascal afirmaba que les habían denegado la posibilidad de realizar estas visitas.

Por otro lado, también prevén votar los magistrados sobre el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Ejecutivo de Sánchez contra el artículo 88 de la Ley de medidas fiscales, financieras y administrativas y del sector público, y de la creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente, aprobada por Parlament catalán.

Como último punto para la deliberación de nuevas sentencias, se contempla tratar el recurso de Vox contra la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

El Tribunal Constitucional estudiará así la constitucionalidad de esa nueva Ley educativa, la LOMLOE, también conocida como Ley Celaá. Cabe recordar que admitió los recursos tanto de Vox como de PP.

El PSOE-A ha denunciado este jueves en el Parlamento que al frente del barómetro de opinión pública del Centro de Estudios Andaluces (Centra), que incluye una encuesta sobre intención de voto, se encuentran «dos empleados» del consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, quien ha defendido la «veracidad» de los estudios realizados por los profesionales.

En comisión parlamentaria, el diputado del PSOE-A Mario Jiménez ha formulado a Bendodo una pregunta sobre la modificación de los Estatutos de la Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces, a lo que el consejero ha respondido que ese proceso se ha hecho de manera «legal y transparente», con el objetivo es potenciar su labor como centro de investigación y que pueda ampliar su ámbito de trabajo, además de fijar su sede administrativa en el Museo de la Autonomía, ubicado en la localidad sevillana de Coria del Río.

Acto seguido, Jiménez le ha planteado si esa modificación estatutaria incluye también convertir al Centra «en el brazo armado demoscópico» del presidente de la Junta, Juanma Moreno, porque, por primera vez en la historia de este ente, «hay dos personas al frente de la elaboración» de los estudios demoscópicos que son «empleados» de Bendodo. «Las encuesta la hacen dos empleados de su gabinete, lo que genera una tranquilidad muy grande al conjunto de la ciudadanía, porque no se va a manipular nada», ha dicho irónicamente Jiménez a Bendodo.

Ha criticado que ya no se saque a concurso público la dirección de los estudios, sino que esa tarea recae en dos «empleados» del consejero de la Presidencia, lo que, sin duda «aporta mucha tranquilidad y seguridad», según ha ironizado.

Jiménez ha lamentado el «desprecio» del Gobierno andaluz al papel de centros como el IESA o el Instituto de Estadística de Andalucía (IEA) porque Bendodo prefiere que los estudios de opinión y las encuestas, que «sólo se los cree» él, los dirija «una empleada suya». «Ese es el nivel del respeto institucional que Moreno le tiene a Andalucía», ha apuntado.

Por su parte, Elías Bendodo ha defendido que el Centra está cargado de profesionales que realizan una importante labor de investigación y en el barómetro se incluyen muchas cuestiones, entre ellas un apartado sobre intención de voto.

«La labor del Centra es pública, todos sus contratos son públicos y quédese tranquilo con la veracidad de los estudios que hacen los profesionales», según ha trasladado Elías Bendodo al diputado del PSOE-A.

Asimismo, ha aprovechado para poner de manifiesto que resulta llamativo que aquellos socialistas que justificaron la necesidad de que Susana Díaz saliera de la Secretaría General del PSOE-A apoyándose en lo que decían las encuestas, ahora digan que no hay que hacer caso a los sondeos. Ha indicado que si a los «neosanchistas» como Mario Jiménez las encuestas le valían «para echar» a Susana Díaz, también les deberían valer ahora.

La Plataforma Soria ¡YA! convoca a todos los sorianos, tanto a nivel particular como a los representantes de instituciones, para que participen en la manifestación del próximo viernes, 29 de octubre, a las 20.00 horas, que tiene como objetivo instar al Gobierno a concretar las ayudas a la fiscalidad diferenciada de las empresas.

La provincia de Soria, junto a Teruel y Cuenca, son las únicas provincias españolas consideradas escasamente pobladas por la Unión Europea, según recuerda Soria ¡YA! En las tres se cumple el criterio de una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.

En abril de 2021, la Comisión Europea, consciente de las desventajas que esa población implica a todos los niveles, autorizó como algo extraordinario que las empresas de estas provincias recibieran ayudas de funcionamiento. Esas ayudas consisten en un 20 por ciento de los costes laborales de las empresas.

Esta reducción supondría un importante atractivo para la inversión y una mejora que en un corto periodo de tiempo podría influir positivamente en la dinámica empresarial y poblacional de Soria.

Sin embargo, en los Presupuestos Generales del Estado no se concretan específicamente estos beneficios fiscales para Soria, Teruel y Cuenca. Tampoco se detalla nada sobre cuándo y cómo se aplicarían.

Este es el motivo por el que Soria ¡YA! considera fundamental aunar las fuerzas de todos los sorianos para exigir la aplicación inmediata y concreta de esta diferenciación fiscal en 2022, para que no caigan en el olvido estas medidas tan necesarias para el futuro de la provincia.

Ante esta situación, la Plataforma Soria ¡Ya! solicita la participación de toda la sociedad soriana en la manifestación del próximo 29 de octubre, bajo el lema «Rotundamente SÍ. Por una fiscalidad diferenciada ¡YA!».

Además, Soria ¡YA! ha enviado una carta a partidos políticos, sindicatos, empresarios, administraciones y asociaciones, invitándolos a participar de forma activa en esta marcha.

La plataforma insta a todos los representantes políticos sorianos a que trabajen juntos por los ciudadanos a los que representan, y que no usen este tema vital para Soria de forma partidista, dejando a un lado sus diferencias por el beneficio de la provincia, sus empresas, trabajadores y a al conjunto de sus habitantes.

Alcanzar la demandada fiscalidad diferenciada para territorios escasamente poblados, como lo es Soria, es una oportunidad de extrema necesidad para el Reto Demográfico y es preocupante que para el Gobierno de España no sea un asunto prioritario.

Las sedes de UGT han acogido este jueves, a las 12.00 horas, concentraciones en protesta por la decisión del Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Castelló de retirar libros de temática relacionada con la diversidad, los derechos humanos y LGTBI, a instancias de Abogados Cristianos, protestas que también se han desallorrado en los centros educativos de la Comunitat Valenciana, según ha informado el sindicato en un comunicado.

Así mismo, el Hospital General de Castelló ha solicitado al Ayuntamiento poder disponer de los libros retirados, mientras que el Ayuntamiento de Torreblanca ha decidido comprar los 32 libros de temática LGTBI.

El sindicato UGT, desde su sector de Educación, ha condenado estos hechos, que han sido calificados por la secretaria del sector, Maite Tarazona, como «una estrategia de persecución contra los derechos humanos, contra cualquiera que defienda la libertad, la igualdad y la diversidad, y un uso perverso del poder judicial al servicio de la agenda política intolerante de la ultraderecha».

Durante las concentraciones se ha leído un manifiesto de condena y en defensa de las libertades, donde se ha recalcado que las medidas cautelares dictadas por la jueza responsable suponen «actuar como si se desconociera la legislación educativa que establece la coeducación, la igualdad de género, la defensa y promoción de la libertad de pensamiento, de la diversidad, y del reconocimiento de las realidades LGTBI como valores y líneas centrales de la tarea docente y educadora».

Según Tarazona, «la libertad de cátedra es también un elemento fundamental de la educación pública», que entiende como «herramienta de igualdad y de emancipación para las personas, como medio para construir una sociedad más justa». El sindicato ha hecho especial hincapié en el riesgo para los valores y conquistas democráticas que suponen estas actitudes «intolerantes» y el «resurgir con violencia del fascismo, bajo nuevas o viejas formas».

PENSAMIENTO LIBRE

«Siempre defenderemos el pensamiento libre y los derechos humanos, más que en ningún sitio en la educación pública, y el fascismo nos tendrá enfrente en su intento de socavar las libertades y la igualdad que hemos conquistado», ha añdido.

UGT ha animado a todos los centros educativos valencianos y a sus afiliados a adquirir los libros «perseguidos» para sus bibliotecas escolares, «porque cuando se intenta acallar voces, ideas y vidas libres, es momento de hacerlas presentes en todas partes», ha manifestado la secretaria de Educación del sindicato.

Por otra parte, la Federación de Enseñanza de CCOO ha manifestado su más «rotundo rechazo» a la medida cautelarísima del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Castelló. Ante esta situación, el sindicato demanda la reunión urgente del Observatorio para la Convivencia Escolar.

CCOO considera que hechos como este «no hacen más que criminalizar de nuevo todas las cuestiones relacionadas con la diversidad afectivo-sexual» y «retrotraen a tiempos que se creían superados».

Estas medidas cautelares impuestas -según el sindicato- «no son más que una muestra de la LGTBIQ+fobia que está emergiendo en ciertos sectores de la sociedad al amparo de determinados discursos de odio lanzados por partidos políticos y asociaciones de una ideología concreta, y son un tentáculo más que pretende aprisionar las libertades y el derecho a amar, ser, identificarse y relacionarse con las personas de modo diferente».

«Solo una mente llena de prejuicios y miedo al diferente puede entender que se aprecie riesgo grave, inminente e irreparable en que alguno de estos libros pudiera ser leído por el alumnado de los institutos castellonenses, y que la identidad no sea un proceso que se va construyendo a lo largo del tiempo y dependa única y exclusivamente de la lectura de un libro», ha apuntado CCOO, que considera que con estas iniciativas no se hace «sino volver a las listas de libros prohibidos y al adoctrinamiento al decidir lo que puede leer o no el alumnado».

DIFERENTES FORMAS DE RELACIONARSE

FECCOO considera que la educación es el instrumento que garantiza la formación de una sociedad inclusiva, plural y solidaria, en la que se respete la diversidad. «El alumnado debe saber y entender que existen diferentes formas de relacionarse entre personas, y que ninguna de ellas supone un motivo de exclusión, rechazo, acoso o escarnio», ha añadido.

«Es necesario garantizar a nuestros hijos e hijas la oportunidad de crecer en libertad, plenitud y actitud positiva ante la vida, sin temor a sufrir discriminación, señalamiento público, rechazo, aislamiento y, sobre todo, a no tener que fingir lo que no se es para poder integrarse en la sociedad», ha subrayado el sindicato.

Desde FECCOO han manifestado su apoyo al Ayuntamiento de Castelló y al personal de los centros educativos afectados. El sindicato exigirá la reunión urgente del Observatorio para la Convivencia Escolar, «pues actuaciones de este tipo son una amenaza para ella y ponen en peligro al alumnado LGTBIQ+ difundiendo discursos de odio».

La ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha señalado este jueves que Logroño acogerá servicios de la Administración del Estado y ha llamado a «cambiar fórmulas» y entender que «todos los territorios son importantes» para acometer la recuperación económica.

En declaraciones a los medios desde la capital de La Rioja Rodríguez ha indicado que se está trabajando en la mejora del Palacio de Justicia de Logroño para que pueda acoger «distintos servicios» de la Administración General del Estado en la comunidad y facilitar así el acceso a la ciudadanía. Esto después de presidir junto a la presidenta autonómica Concha Andreu, la reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Comunidad Autónoma de La Rioja,

Estas declaraciones van en la misma línea de lo expresado en varias ocasiones por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que este mismo lunes insistió en que se tiene que abrir un debate sobre la descentralización para dar oportunidades a distintos territorios y se mostró partidario, no solo de que se instalen en otras comunidades instituciones de nueva creación, sino también de otras ya existentes que «no tiene mucho sentido que estén en Madrid».

Así, Rodríguez ha explicado que «en esta transformación económica es fundamental cambiar fórmulas y entender que todos los territorios son importantes y desde todos ellos debemos atender a la ciudadanía».

QUE LOS FONDOS EUROPEOS SE TRADUZCAN EN INVERSIONES

Además, la ministra se ha referido a los fondos europeos de recuperación económica «que no son inversiones sino fondos transformadores». Nuestro objetivo es que estos Fondos Europeos se traduzcan en inversión pública y que transformen la sociedad», ha defendido.

En esta misma línea ha afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez «está centrado en la recuperación económica» para «transformar y modernizar completamente el país» y con un objetivo claro: «la recuperación justa con cohesión social y territorial».

Previamente, la ministra y portavoz del Gobierno ha recordado que desde 1992 no se celebraba una reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Comunidad Autónoma de La Rioja. «Han pasado muchos años sin que el diálogo se produjera».

Ahora -ha indicado- «hemos cambiado la dinámica por convicción porque desde el Gobierno de España y La Rioja tenemos claro que hay que hablar entre administraciones. El diálogo y la política -ha insistido- ayuda a incrementar el estado de bienestar y, para seguir avanzando, debemos seguir yendo de la mano». Ante ello: «Mi primer compromiso es que el Gobierno de España seguirá de la mano con el Gobierno de La Rioja para atender el bienestar de los riojanos porque juntos somos más fuertes».

COOPERACIÓN Y LEALTAD INSTITUCIONAL

Como ha recordado, en este tiempo de pandemia «hemos implementando la cooperación y la lealtad institucional casi como una necesidad vital porque se tienen resultados positivos y creemos que esta experiencia de cooperación por emergencia ha de traducirse en una cooperación necesaria para avanzar en ese desarrollo del país y de las autonomías».

Así las cosas, la ministra ha afirmado que el Gobierno «está enfocado en la recuperación económica y en la modernización del país» a través de los Fondos Europeos. En este punto, Rodríguez ha querido destacar el esfuerzo de la presidenta del Gobierno regional, Concha Andreu, «para afrontar esa recuperación con el Valle de la Lengua que se concretará en un PERTE para poner en valor el español».

«Es una iniciativa -ha incidido la ministra- que potencia las oportunidades de negocio y de riqueza en algo tan nuestro como la lengua y que permitirá ahondar también en la transformación digital, industrial y de empresas. Son oportunidades para un empleo mejor».

Por todo ello, la ministra ha reiterado que «nuestro objetivo es que estos Fondos Europeos se traduzcan en inversión pública y que transforme la sociedad». En este punto, ha destacado que para La Rioja ya hay asignados 86 millones de euros «que están siendo trabajados con eficacia».

Finalmente, la ministra ha querido reiterar «la puesta en valor de la vuelta al diálogo siempre desde el rigor y con planteamientos serios y estudiados» y, ante ello, ha agradecido la «lealtad que ha mostrado la presidenta del Gobierno de La Rioja por el éxito del país ante una crisis sanitaria que también ha supuesto una crisis económica».

Compromís quiere que el Congreso cite a las infantas Elena y Cristina de Borbón a la comisión encargada de investigar el proceso de vacunación contra el Covid después de que el pasado mes de marzo se conociera que ambas recibieron la inmunización en uno de sus viajes a Abu Dhabi para visitar a su padre Juan Carlos I.

El representante de Compromís, Joan Baldoví, ya ha registrado los seis nombres que quiere que desfilen por esta comisión, que este jueves tiene previsto cerrar su plan de trabajo para los próximos meses.

Pero, además de las hermanas del Rey, el diputado valenciano aspira a que el Congreso llame a declarar a la presidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP, Andrea Levy, y a la presidenta de la Comisión de Ética y Garantías del PSOE y ex ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, después de los diversos casos de políticos de uno y otro partido que se pusieron la vacuna contra el Covid saltándose el orden de prioridad establecido por las autoridades sanitarias.

Y EL OBISPO DE MALLORCA, UNO DE LOS ‘COLONES’

En el listado de comparecientes de Compromís también aparecen el el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, uno de los señalados por ‘colarse’ en el orden de vacunación, así como el presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras, Juan Carrión.

También Ciudadanos quiere que la comisión investigue a los ‘colones’ y pide la comparecencia de una treintena de cargos públicos que se pusieron la vacuna antes lo establecido. Asimismo, propone citar al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, por ser ésta la comunidad que acumula más irregularidades en el proceso de vacunación.

No obstante, la comisión sólo prevé este jueves concretar su plan de trabajo y dejar el listado final de comparecientes para la próxima sesión. Con todo, ni Ciudadanos ni Compromís tienen muchas esperanzas de que los nombres propuestos vayan a recibir el apoyo necesario porque el PSOE y el PP quieren centrar la comisión en investigar el proceso de vacunación y no tanto en las personas que se vacunaron irregularmente.

La Fundación ANAR ha mostrado su preocupación por la «alarma social» provocada por la imitación de conductas violentas de la serie ‘El Juego del Calamar’ por los menores de edad, y ha alertado del «peligro» que supone.

ANAR precisa en un comunicado, que la serie, que se emite desde hace unas semanas en una plataforma digital, es una ficción en la que se pueden ver «conductas violentas y arriesgadas y retos que pueden poner en peligro la vida de quien los realice».

El problema, según alerta ANAR, está cuando este tipo de contenidos llegan a los niños, niñas y adolescentes, que muchas veces «no son capaces de entender que se trata de una ficción» y que «no debe de imitarse los comportamientos» de la serie en la vida real.

«La serie no está destinada a menores de edad, pero cuando este tipo de contenidos violentos llegan a los más pequeños se está produciendo una auténtica alarma social, ya que los menores de edad imitan las conductas violentas y tratan de realizar los peligrosos retos que se aprecian en la serie», ha avisado el director de Programas de Fundación ANAR, Benjamín Ballesteros.

Además, ha advertido de que representa «un grave problema» para los adolescentes, que están «en un momento de su vida en el que buscan sensaciones nuevas y placer, lo que puede llevarles a realizar conductas arriesgadas, poniendo su vida en grave peligro».

Por ello, ANAR ha lanzado este jueves un decálogo con recomendaciones para los padres y madres de menores de edad, como supervisar en todo momento el contenido que están viendo sus hijos e hijas, para que este no suponga un riesgo para ellos.

También proponen a los padres y madres que vean las series con sus hijos, que tengan cuidado para no normalizar la violencia, y les enseñen a resistir la presión social o fomentar el pensamiento crítico.

ANAR precisa que cualquier niño, niña y adolescente podría verse afectado por la influencia de este tipo de contenidos, pero detalla que hay perfiles especialmente vulnerables, como los menores de edad con patologías psicológicas previas, como ansiedad, depresión o que hayan vivido eventos traumáticos; adolescentes enganchados al mundo digital y las redes sociales; menores de edad con un carácter excesivamente impulsivo; o niños introvertidos, tímidos y solitarios.

No es la primera vez que ANAR advierte del riesgo que representan determinadas series o influencias tecnológicas, que han revolucionado el comportamiento de los menores de edad. Si bien, precisa que esto es «especialmente preocupante ahora, cuando los menores de edad aún arrastran las consecuencias psicológicas del confinamiento y del covid-19».

El informe ‘El Teléfono y Chat ANAR en tiempos de COVID-19’ ya alertó del aumento de los problemas psicológicos entre los menores de edad, según las consultas atendidas a través de las Líneas de Ayuda ANAR. En concreto, se incrementaron hasta un 22,2%, respecto al 17,3% del 2019.

SM celebrará el próximo martes 26 de octubre el I Foro Internacional Escuela Católica ‘Una escuela que cuida‘, dirigido a docentes y directores de centros educativos de España e Iberoamérica.

Este congreso, que se celebrará en formato online y en abierto, quiere responder a la convocatoria del Papa Francisco para construir el Pacto Educativo Global y a su deseo de que cada alumno y cada padre que trabaje en un colegio pueda decir que siempre se ha sentido cuidado en la escuela.

SM da continuidad así a las convocatorias presenciales de Foros de la Escuela Católica que ha desarrollado durante años y de forma presencial en varios países de Iberoamérica.

Además, tiene como objetivo «poner en valor el compromiso de la escuela católica en tiempos de pandemia, y apoyar a las escuelas en un momento complejo y de grandes retos de misión y sostenibilidad», según ha informado SM en un comunicado.

El Papa ha enviado una carta al presidente de SM, José Manuel Cidad, con motivo del congreso. «Es necesario que los alumnos hagan experiencia de una escuela que cuida de ellos, lo que les permitirá comprender, apreciar y agradecer lo que significa amar y cuidar», subraya el Pontífice.

Por su parte, José Manuel Cidad ha invitado a participar a través del nuevo lema de SM, ‘Juntos cuidamos la educación‘. «Por eso para nosotros es tan importante ponernos a la escucha, colaborar, reflexionar, trabajar juntos para que nuestras escuelas católicas sean espacios donde nuestros alumnos, sus familias, los profesores, se sientan cuidados», ha observado.

El I Foro Internacional SM Escuela Católica se iniciará con un saludo del presidente de SM, la lectura del mensaje que el Pontífice ha dirigido a los asistentes, y con el saludo del secretario general de la Confederación Interamericana de Educación Católica, Óscar Pérez Sayago.

El profesor y escritor Javier Cortés abordará el significado de la cultura del cuidado, contextualizándola en la situación educativa actual, en la conferencia inaugural ‘Escuela católica, una escuela que cuida.

El resto de los ponentes aportarán claves y propuestas prácticas para llevar a cabo esta cultura del cuidado en la escuela sobre: identidad, tecnología, liderazgo, relaciones humanas y educación religiosa. Los participantes recibirán un documento acreditativo de asistencia por parte de la Universidad Pontificia Comillas y Fundación SM.

El Ministerio de Igualdad sacará a consulta pública este lunes, 25 de octubre, la reforma de la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género, dando así el primer paso iniciar su tramitación. Con esta iniciativa, el departamento que dirige Irene Montero busca blindar el Pacto de Estado –cuyos compromisos económicos expiran en septiembre de 2022– pero no descarta otros «retoques».

La ministra ya había anunciado su intención de hacer permanente el acuerdo contra esta lacra, que se aprobó en el Congreso y en el Senado en 2017 y explicó que lo haría en el marco de la norma contra la violencia de género que lleva vigente desde 2005.

Ahora, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha anunciado en rueda de prensa que este lunes el texto saldrá a consulta pública, durante 15 días naturales, como paso previo a que el Ministerio trabaje en la norma.

Es decir, tal y como ha indicado Rosell, esta consulta se realiza sin perjuicio de la consulta pública por la que pasa la ley en su tramitación tras ser aprobada por el Consejo de Ministros.

AMPLIACIÓN A TODAS LAS VIOLENCIAS

La delegada del Gobierno también ha señalado que ante esta reforma no se debería «perder la oportunidad» para adecuar la ley «por fin» a las exigencias del Convenio de Estambul y que la norma salga del «marco estrecho de la violencia íntima«, es decir, la que se ejerce en el ámbito de la pareja o expareja, y se amplíe «a todas las violencias machistas«.

Rosell también cree que sería una oportunidad para incluir «otras modificaciones» que son «reivindicaciones» del movimiento feminista y de juristas expertas en diferentes materias y también para que la Ley contra la Violencia de Género «alcance la cota de protección» para víctimas que sí se incluyen, por ejemplo en la Ley de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como Ley de ‘solo sí es sí’.

En concreto, se ha referido a medidas para la reparación social o medidas de garantías de no repetición, que se pondrían en marcha, si se aprueba la Ley de ‘solo sí es sí’ en las Cortes y que no se exigen en la norma contra la Violencia de Género.

NO ES UNA REFORMA INTEGRAL

Aún así, la delegada del Gobierno contra esta lacra ha apuntado que esta iniciativa «no se trata de una revisión en su totalidad«. El objetivo principal de esta reforma, ha insistido, es «hacer permanente el Pacto de Estado» en esta materia, aunque, ha insistido, hay «algunos retoques» que pueden suponer «una mejora para todas las víctimas de violencia de género y sus hijos».

Finalmente, Rosell se ha referido a la última campaña lanzada por Igualdad, especifica contra la violencia sexual, con el mensaje de que «no hay que acabar con el miedo, sino con lo que produce el miedo» y ha apuntado que en la actualidad se está rodando la siguiente que es «una apuesta por los buenos tratos».

En este sentido, ha explicado que la intención del Ministerio es lograr que haya una campaña contra todas las violencias machistas durante todo el año como, ha apuntado, propone el Pacto de Estado contra esta lacra.